SALA PLENA


SENTENCIA:                            431/2017.

FECHA:                                Sucre, 6 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        205/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Banco Central de Bolivia (BCB) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.   

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 32 a 38, interpuesta por Banco Central de Bolivia (BCB) representado por Huáscar Gonzales Portal Altamirano y Ana Gabriela Gonzales Pérez, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, pronunciada por Daney David Valdivia Coria en su condición de Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la respuesta de la autoridad demandada cursante de fs. 62 a 66 vta., demás antecedentes del proceso.


  1. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Dentro del proceso coactivo civil seguido contra Willly Marcos Encinas Torrelio, mediante remate judicial, el BCB se adjudicó el inmueble ubicado en la U.V. 66, Manzana 5, lote 25, código catastral Nº 029029025, número de inmueble 36559, registrado bajo la matrícula computarizada 7011060021049; empero, debido al requisito exigido por la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra: NO ADEUDO TRIBUTARIO se impidió al BCB dar inicio con el trámite de registro de transferencia y cambio de nombre en dicha Secretaría.


Al operar la prescripción del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles de las gestiones 1997 al 2011, pidieron la prescripción ante el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; pero, fue negada la prescripción de las gestiones 1997 a 2004, mediante Resolución Administrativa 102/2013 de 28 de febrero, con el argumento de que el inmueble era de Willy Marcos Encinas Torrelio.


En tiempo oportuno, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 102/2013 de 28 de febrero, emitiéndose la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0669/2013 de 23 de agosto, que revocó la Resolución impugnada y, declaró extinguida, por prescripción, los adeudos tributarios de las gestiones 1997 a 2004. Posteriormente, la Administración Municipal Tributaria planteó Recurso Jerárquico que culminó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, que resolvió revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0669/2013 de 23 de agosto, respecto a la prescripción por las gestiones 1997 a 2004, manteniendo firme y subsistente únicamente la prescripción otorgada por la gestión 2005 en la Resolución Administrativa 102/2013 de 28 de febrero. 


I.2. Fundamentos de la demanda.


Sostiene que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, aplicó erróneamente el Decreto Supremo (DS) 27310 al realizar un análisis restrictivo del art. 5 y demás normas concordantes con dicho artículo; omitió pronunciarse sobre las cargas tributarias de las gestiones 1997 al 2004 que pesan sobre el bien inmueble que se adjudicó; no indica cuál es la norma tributaria que resguarda el derecho propietario del adquiriente que le permite levantar los impuestos prescritos; no consideró la legitimación otorgada por el art. 11 de la Ley 2341 y art. 202 del Código Tributario Boliviano (CTB), así como los principios constitucionales de verdad material, seguridad jurídica y jerarquía normativa.


La Autoridad Jerárquica demandada afirma que el BCB carece de facultades para solicitar la prescripción del impuesto de las gestiones 1997 a 2004 porque en dichos periodos el Banco no era dueño del bien inmueble que generó la deuda tributaria; sin embargo, el BCB como adjudicatario y nuevo propietario del bien inmueble, se ve afectado por el registro de deudas impositivas prescritas. Las restricciones de carácter legal sobre la disposición y libre ejercicio del derecho propietario afectan el derecho subjetivo del BCB y, por ende, se encuentra facultado para hacer valer sus derechos a través de los recursos legales, situación que no fue tomada en cuenta por la AGIT.


Revisados las normas de derecho tributario y los fundamentos contenidos en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, se tiene claro que no solucionó la situación en la que se encuentra el BCB. Como actual propietario y directo interesado, ya que no le permiten levantar las cargas prescritas que pesan sobre el inmueble, impidiendo el registro de la transferencia, cambio de nombre y limitando, así, el ejercicio pleno del derecho de propiedad. Agrega, que demostró que las cargas tributarias pesan sobre el inmueble y no sobre el sujeto pasivo.


Citando precedentes del Sistema de Información de Doctrina Tributaria, Resoluciones Jerárquicas: STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008 y STG/RJ/0545/2008, afirma que la prescripción es de interés general y responde a principios de certeza y seguridad jurídica, pilares básicos del ordenamiento jurídico, sostiene que en el caso concreto se produjo la prescripción material de los adeudos tributarios, realizando a continuación el siguiente detalle:



Gestión


Año de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles


Inicio de la prescripción


Tiempo de prescripción


Fecha de la prescripción

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1998

1999

2000

2001

2002

2003

01 enero de 1999

01 enero de 2000

01 enero de 2001

01 enero de 2002

01 enero de 2003

01 enero de 2004

5 años


               5 años

(Ley 1340)

31 diciembre 2003

31 diciembre 2004

31 diciembre 2005

31 diciembre 2006

31 diciembre 2007

31 diciembre 2008

2003

2004

2004

2005

01 enero de 2005

01 enero de 2006

4 años

(Ley 2492)

31 diciembre 2008

31 diciembre 2009

Citando las SSCC 992/2005-R y 1606/2002-R indica que en caso de presentarse vacío legal, el Código Tributario ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas. Asimismo, la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1827/2013 de 7 de octubre, respaldó la aplicación del Código Civil respecto al instituto de la prescripción cuando exista vacío jurídico, situación que no fue valorado por la Autoridad demandada. En ese sentido, señala que el BCB al adquirir el inmueble a través de la venta perfecta se encuentra limitado en el ejercicio de su derecho propietario, puesto que existen cargas tributarias prescritas hace más de 5 años atrás. Agrega, que si bien los adeudos son de carácter personal y corresponden a su anterior propietario; sin embargo, la carga tributaria pesa sobre el inmueble del Banco y no sobre el sujeto pasivo a quien corresponde el cumplimiento de dichas obligaciones.


Finalmente, señala la vulneración de los principios constitucionales de certeza, seguridad jurídica y verdad material, así como el derecho a la propiedad privada y su garantía de ejercicio.


I.3. Petitorio.


Solicita se declare probada la demanda y, en consecuencia, se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre; y, se declare prescritas los impuestos de las gestiones 1997 a 2004.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT, por memorial cursante de fs. 62 a 66 vta., contestó en forma negativa a los términos de la demanda, señalando lo siguiente: a) Esta instancia jerárquica puntualizó que el BCB no es responsable del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997 a 2004, ya que en dichos periodos existía otro titular, siendo el anterior sujeto pasivo quien cuenta con la facultad de solicitar la prescripción; b) No está en discusión el derecho adquirido del BCB sobre el bien inmueble adjudicado mediante venta forzosa; c) La solicitud de prescripción planteada por el BCB corresponde sólo a partir de la gestión 2004, en razón a que en ese año se produjo la adjudicación del bien inmueble y de las anteriores gestiones corresponden al otro titular; d) En aplicación del parágrafo II del artículo 54 del CTB, señaló que la Administración Tributaria no puede negarse a recibir pagos que efectúe el contribuyente, por lo que ya emitió un pronunciamiento sobre la negativa del registro de transferencia y cambio de nombre; e) Por efecto del art. 5 del DS 27310 [de 9 de enero de 2004] se vieron imposibilitados de ingresar al análisis de la prescripción, debido a que el BCB carece de la facultad de pedir la prescripción de las gestiones 1997 a 2004; y, f) El pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de gestiones pendientes no se constituye en un requisito previo para la liquidación del Impuesto Municipal de Transferencia por el inmueble que se registra, citando al efecto la Resolución AGIT-RJ/0083/2010 y 0866/2012 de 25 de septiembre. Asimismo, indica que siguió el mismo razonamiento de la Resolución STG-RJ/0224/2006 de 3 de agosto, reiterado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ/0587/2012 de 3 de agosto, 0146/2011 de 3 de marzo y 0429/2011 de 4 de mayo.

II.1. Petitorio


Con base en lo expuesto, solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa planteada, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre.


Corrida en traslado la respuesta, el BCB haciendo una presentación didáctica ratificó los términos de la demanda, haciendo uso de la réplica (fs. 89 a 95 vta.).


Por escrito presentado el 26 de noviembre de 2014 (fs. 99 a 100), la AGIT presentó dúplica indicando que no se enervó los fundamentos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales que sustentan la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 02163/2013 de 2 de diciembre.


La Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, representada por Fernando Mustafá Iturralde -hoy tercero interesado- no se apersonó ni presentó memorial a pesar de su notificación mediante Provisión Citatoria practicada el 8 de agosto de 2014 (fs. 55).


  1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


En principio se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la presente controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial de legalidad sobre los actos administrativos.


En ese sentido, de la revisión de obrados se advierte lo siguiente:


II.1.        Cursa Acta judicial de adjudicación de remate, de 5 de marzo de 2005, del bien inmueble ubicado en la U.V. 66, manzana 5, lote 25, zona Norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 361.86 m2, registrado bajo la matrícula Nº 7.01.0.06.0021079 a favor de BCB (fs. 9 y vta. del Anexo 1).

       II.1.1. Auto de 14 de abril de 2005, que aprueba la adjudicación realizada a favor de Banco Mercantil S.A., que actúa en representación de BCB (fs. 10 del Anexo 1).


II.2.        Resolución Administrativa Nº 102/2013 de 28 de febrero (fs. 13 a 14 del Anexo 1), que resolvió aceptar la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2005 del inmueble 36559 con código catastral Nº 029029025; y, rechazar la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 porque el sujeto pasivo [de los citados periodos] era Willy Encinas Torrelio, con base en el siguiente razonamiento:


“…Verificado en el sistema y en la documentación se pudo constatar que el inmueble fue adjudicado en fecha 05 de Marzo del año 2005, por lo tanto el Banco Central de Bolivia es propietario del bien inmueble a partir de la gestión 2005”.


II.3.        Con similares argumentos que la demanda contenciosa administrativa, el BCB presenta Recurso de Alzada contra la referida Resolución Administrativa (fs. 16 a 19 del Anexo 1), siendo subsanada el 20 de mayo de ese año (fs. 25 a 26 del Anexo 1). Y, luego de los trámites correspondientes, se pronunció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0669/2013 de 23 de agosto (fs. 73 a 80 del Anexo 1), que determinó revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 102/2013 de 28 de febrero, declarando extinguida por prescripción la deuda tributaria respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 del bien inmueble Nº 36559, con registro catastral Nº 029029025, con base en el siguiente fundamento:


De la legitimidad del Sujeto pasivo.


  1. “(…), si bien es cierto que la obligación Tributaria del IPBI, de las gestiones 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, ocurrió antes que el recurrente se adjudicara el bien inmueble descrito precedentemente, lo cual confirma los argumentos expuestos por la Administración Tributaria Municipal de que el Sujeto Pasivo de esta obligación tributaria es el anterior propietario; sin embargo, la citada Administración no tomó en cuenta lo previsto por el art. 1499 del Código Civil que señala que la `prescripción puede oponerse o invocarse por los acreedores y cualesquiera otros interesados en ella, cuando la parte a quien favorece no la hace valer o ha renunciado a ella”.


  1. “De este análisis se evidencia, que la empresa recurrente cuenta con el derecho de solicitar la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, ante la Administración Tributaria Municipal”.


       De la Prescripción.


  1. “(…), la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de la obligación. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se tiene que los hechos generadores se produjeron durante la vigencia de la Ley 1340 (CTB) y para la gestión 2003 y 2004, sería aplicable la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción contempladas en las citadas Leyes, conforme a lo dispuesto por el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB)”.


  1. “(…) el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 se inició el 1º de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y concluyó a los cinco y cuatro años, conforme se verifica en el siguiente cuadro:”; luego de mostrar un cuadro igual al expuesto en la presente demanda contenciosa administrativa, concluyó: “…al ser inexistentes en el presente proceso las causales de interrupción de prescripción conforme establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTB), respecto a las gestiones 2003 y 2004, por el IPBI, estas se encuentran prescritas”.


  1. “(…) la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, al emitir la Resolución Administrativa Nº 102/2013 de 28 de febrero de 2013, rechazando la prescripción solicitada por el Banco Central de Bolivia, omitió considerar adecuadamente la normativa aplicable respecto del IPBI de las gestiones 1997 a la 2004, del bien inmueble No. 36559, con registro catastral Nº 029029025; en consecuencia al encontrarse prescritas, corresponde a esta instancia otorgar la razón a la empresa recurrente y revocar parcialmente el acto impugnado”.        


II.4.        Fernando Jaime Mustafá Iturralde, en su condición de Secretario de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada mencionada precedentemente señalando que no corresponde aplicar el Código Civil para fundamentar la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones tributarias y que el BCB carece de legitimación para pedir la prescripción (fs. 100 a 104 del Anexo 1); el mencionado recurso fue subsanado por memorial presentado el 2 de octubre de 2013 (fs. 107 del Anexo 1).

 

II.5.        Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre (fs. 138 a 149 vta. del Anexo 1), que resolvió revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0669/2013 de 23 de agosto, en la parte referida a la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,2002, 2003 y 2004; y, mantuvo la prescripción del IPBI de la gestión 2005, otorgada en la Resolución Administrativa Nº 102/2013 de 28 de febrero, con base en lo siguiente:


       Sobre la legitimación activa para la presentación del Recurso de Alzada.


  1. “(…) el Banco Central de Bolivia adquirió a través de un proceso judicial de remate (…) el bien inmueble de propiedad de Willy Marcos Encinas Torrelio, ubicado en la UV. 66, Manzana 5, Lote Nº 25 con Código Catastral Nº 029029025 y número de inmueble 36559 (…) habiéndose en este sentido emitido una Resolución Administrativa que se pronuncia de forma definitiva y pone fin al procedimiento administrativo iniciado por el contribuyente. Consecuentemente, al existir un acto administrativo que niega la solicitud del Banco Central, se concluye que el mismo, conforme establece el Artículo 202 de la Ley Nº 2492 (CTB), goza de legitimación activa para promover los recursos administrativos, elemento que forma parte de su derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, en merito a los cuales las disposiciones normativas prevén la posibilidad de someter a revisión los actos que emitan las Administraciones Tributarias”.


  1. “Ahora bien, esta situación debe distinguirse de la causal por la cual la Administración Tributaria Municipal rechazó a la solicitud de prescripción planteada por el Banco Central de Bolivia; su argumento, se basa en el hecho de que el sujeto pasivo por el IPBI de las gestiones 1997 a 2004 era Willy Marcos Encinas Torrelio, motivo por el cual el BCB carecería de legitimación para solicitar la prescripción, conforme manda el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB)”.


       Respecto a la calidad de Sujeto Pasivo.


  1. “ix. (…) la Administración Tributaria Municipal, para rechazar la prescripción solicitada por el BCB, sustenta su Resolución Administrativa en el argumento de que el Sujeto Pasivo del bien inmueble por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 era Willy Marcos Encinas Torrelio. Al respecto, cabe señalar que las disposiciones tributarias de forma precisa, el citado Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB)- establecen de forma inequívoca que el facultado para plantear la prescripción es el sujeto pasivo y el tercero responsable, no existiendo vacío en relación a dicho aspecto que amerite aplicación de disposición supletoria alguna”.


  1. “ix. (…) las disposiciones tributarias -de forma precisa, el citado Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB)- establecen de forma inequívoca que el facultado para plantear la prescripción es el sujeto pasivo y el tercero responsable, no existiendo vacío en relación a dicho aspecto que amerite aplicación de disposición supletoria alguna”.


  1. “x. Consecuentemente, en relación a que el Artículo 1478 del Código Civil otorga legitimación extraordinaria al tercer adjudicatario para el ejercicio y defensa de todos los derechos que tenía el anterior propietario, cabe aclarar que no se discute el hecho de que -por efecto de la venta forzosa y en materia civil- el BCB haya adquirido derechos sobre el bien inmueble adjudicado, sino el hecho de que, tal como determina de forma categórica la Ley Nº 2492 (CTB), la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal (Artículo 13) e intransmisible, toda vez que la transferencia de la propiedad no implica una pérdida de la condición de sujeto pasivo (Artículo 24), por lo que tratándose de una tercera persona que no constituya sujeto pasivo o tercero responsable, la actuación a nombre de alguno de los dos deberá realizarse a través de mandato expreso (situación que no inhibe el pago que voluntariamente hiciera por la deudas pendientes que desee subrogarse, conforme prevé el Artículo 52 del (CTB)”.


  1. “xii. (…) siendo que en materia del IPBI, el hecho generador está dado por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales (en caso de que no se haya perfeccionado el ciado derecho) al 31 de diciembre de cada año, se observa que el mediante Auto de 14 de abril de 2005, emitido por el Juzgado 9no. de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital Santa Cruz, se aprobó el remate en subasta pública del bien inmueble de propiedad de Willy Marcos Encinas Torrelio Cielo Hurtado Rojas, registrado bajo la matrícula Nº 7.01.1.06.0021049, adjudicándose a favor del Banco Central de Bolivia (fs. 10 vta. del expediente)”.


  1. “xiv. Del referido documento se establece que el BCB adquiere derechos y obligaciones sobre el citado inmueble a partir del 14 de abril de 2005, lo que equivale a decir que en virtud a lo previsto en los Artículos 52 de la Ley Nº 843, 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 24204, es recién a partir de dicha fecha que se convirtió en Sujeto Pasivo de dicho impuesto. De esta forma, siendo que la obligación sobre la cual se encuentra en controversia la procedencia de la prescripción, corresponde al IPBI por las gestiones 1997 a 2004, se establece indubitablemente que el BCB no era el propietario o poseedor del bien inmueble durante dichas gestiones, motivo por el cual no puede considerarse contribuyente sino hasta el 14 de abril de 2005”.


  1. Luego de citar el art. 27 del CTB, indica: “xxi. (…) la solicitud de prescripción planteada por el BCB correspondía sólo a partir de la gestión posterior a la 2004, año en el que se adjudicó el inmueble, siendo que por las gestiones anteriores a la misma se encontraba como titular del inmueble Willy Marcos Encinas Torrelio, es decir, como Sujeto Pasivo del IPBI, por lo que era ella quien tiene la obligación de pago del citado impuesto y por ende la facultad legal para solicitar la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para determinar o cobrar el pago del impuesto, en determinado tiempo; consecuentemente, se advierte que la Administración Municipal de forma acertada rechazó la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2004”.


  1.   “xxiii. De los preceptos legales señalados, se establece que el BCB no se constituye en responsable del IPBI de las gestiones 1997 a 2004, por el inmueble con Registro Nº 36559 y Código Catastral Nº 029029025, por tanto carece de la facultad de solicitar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Municipal por efecto del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), viéndose esta autoridad recursiva imposibilitada para ingresar al análisis de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por dichas gestiones”.


  1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO


Con base en lo descrito y los argumentos expuestos por las partes se advierte que la controversia radica en determinar lo siguiente: 1) Si, el BCB como actual propietario del bien inmueble ubicado en la UV 66, Manzana 5, lote 25, código catastral Nº 029029025, número de inmueble 36559, registrado bajo la matrícula computarizada 7011060021049, cuenta con la facultad legal para pedir la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997 a 2004, que son anteriores a la adquisición de su derecho propietario.


Fijado el thema decidendum y revisados los antecedentes descritos ut supra, corresponde resolver la problemática expuesta.


  1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


IV.1. Consideraciones previas.


IV.1.1. Aclaración sobre el tipo de legitimación en controversia.


Los antecedentes del caso evidencian que para una mejor comprensión del problema es necesario aclarar la distinción entre legitimatio ad causam y legitimatio ad processum, entendida la primera como: “…la condición jurídica en que se halla una persona con relación al concreto derecho que invoca en el proceso, en razón de su titularidad u otra circunstancia que justifica su pretensión…” (Auto Supremo 1132/2015- L de 7 de diciembre; en similar sentido, el Auto Supremo 332/2015-L de 18 de mayo, ambos de la Sala Civil de este Tribunal), mientras que esta última -legitimatio ad processum- es entendida como: “…legitimación procesal está referida a aptitud o idoneidad para intervenir válidamente en el proceso, ya sea de parte del demandante o del demandado o de quienes intervienen en su representación (apoderados); es una cuestión de carácter estrictamente formal;  en tanto que la legitimación ad causam se vincula con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar con la demanda, exige que la demanda sea presentada por quien realmente tenga la titularidad del derecho sustancial que se reclama, es una cuestión que hace al fondo de la pretensión…” (el resaltado es nuestro) (Auto Supremo 568/2014 de 9 de octubre; similar razonamiento fue expuesto en el Auto Supremo 1051/2016 de 6 de septiembre, ambos de la Sala Civil de este Tribunal).


No obstante que la diferenciación expuesta fue abordada con mayor amplitud en el ámbito civil; sin embargo, al formar parte de la Teoría General del Proceso, no impide su aplicación en otros ámbitos del Derecho. Así, en la justicia constitucional se indicó: “…la falta de legitimatio ad processum, se presenta cuando el demandado no es titular de la relación jurídica procesal, relación en la que necesariamente debe fundarse la pretensión, con prescindencia de que la acción cuente o no con el fundamento suficiente…” (SC 0921/2011-R de 22 de junio).


Por lo expuesto, este Tribunal no encuentra impedimento legal ni doctrinal para hacer la distinción de la legitimación antes referida en la resolución del caso particular, tanto en su esfera sustancial como procesal a fin de identificar el tipo de legitimación discutido por la Autoridad demandada. Así, el BCB -hoy demandante- reclama que la Autoridad demandada no consideró que los arts. 11 de la Ley Nº 2341 y 202 del CTB le otorgan legitimación para asumir defensa de sus derechos.


El art. 11 citado -Ley del Procedimiento Administrativo-, indica que: “I. Toda persona individual o colectiva, pública o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectado por una actuación administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad competente para hacer valer sus derechos o intereses, conforme corresponda; II. Cualquier persona podrá intervenir como denunciante, sin necesidad de acreditar interés personal y directo en relación al hecho o acto que motiva su intervención; III. El Defensor del Pueblo, podrá actuar en el procedimiento administrativo, de conformidad a la Constitución Política del Estado y la Ley” (el resaltado nos corresponde). Asimismo, el art. 202 del CTB establece: “Podrán promover los recursos administrativos establecidos por la presente Ley las personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre” (las negrillas fueron añadidas), concluyéndose, que la legitimación a la que hace referencia los artículos citados por el BCB es la legitimatio ad processum, entendida como la aptitud o idoneidad legal para intervenir válidamente en el proceso. Los antecedentes, arrimados al expediente, evidencian que no se limitó o restringió el derecho del BCB a intervenir en el proceso (aspecto formal), por cuanto, ante el rechazo de la solicitud de prescripción de las gestiones 1997 al 2004, presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 102/2013 de 28 de febrero, obteniendo como respuesta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0669/2013 de 23 de agosto. La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de su derecho, presentó recurso jerárquico y, en prosecución de trámites, se pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, misma que hoy -a demanda del BCB- es objeto de control judicial.


La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, luego de analizar el origen del derecho propietario del BCB y advertir la existencia de la Resolución Administrativa Nº 102/2013 de 28 de febrero, precisó: “vi. (…) al existir un acto administrativo que niega la solicitud del Banco Central, se concluye que el mismo conforme establece el Artículo 202 de la Ley Nº 2492 (CTB), goza de legitimación activa para promover los recursos administrativos, elemento que forma parte de su derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, en merito a los cuales las disposiciones normativas prevén la posibilidad de someter a revisión los actos que emitan las Administraciones Tributarias”; consiguientemente, los antecedentes del caso particular evidencian que el derecho del BCB a intervenir en el proceso y impugnar -legitimatio ad processum-, no fue restringido ni está en conflicto, puesto que se aplicó correctamente el art. 11 de la Ley Nº 2341 y 202 del CTB.


La problemática, como bien advierte la Resolución Jerárquica -hoy impugnada-, está en lo siguiente: “vii. (…) esta situación debe distinguirse de la causal por la cual la Administración Tributaria Municipal rechazó a la solicitud de prescripción planteada por el Banco Central de Bolivia; su argumento se basa en el hecho de que el sujeto pasivo por el IPBI de las gestiones 1997 a 2004 era Willy Marcos Encinas Torrelio, motivo por el cual el BCB carecería de legitimación para solicitar la prescripción, conforme manda el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB)”; es decir, la controversia radica en la legitimatio ad causam, referido al ejercicio del derecho del BCB, de pedir la prescripción, en razón a la titularidad del bien inmueble que ostenta -adjudicado vía judicial-, ubicado en la U.V. 66. Manzana 5, lote 25, zona Norte con una superficie de 361.86 m2, registrado bajo la matrícula Nº 7.01.0.06.0021079.


Aclarado que la disputa está en el derecho a solicitar la prescripción de las gestiones 1997 al 2004 en razón a la titularidad -legitimación ad causam-, corresponde analizar la veracidad de los argumentos empleados en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, que indicó que el BCB carece de legitimación para pedir la prescripción de las citadas gestiones porque no era aún propietario del bien inmueble adjudicado.


IV.1.2. En cuanto a la negativa de la Administración Tributaria Municipal de recibir los documentos presentados por el BCB para el trámite de transferencia


De la misma forma, cabe aclarar que la negativa de la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra de recibir, proseguir y concluir el trámite de transferencia iniciado por el demandante fue resuelto en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, cuando indicó lo siguiente: “xxii. (…) cabe dejar en claro, que en aplicación de lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 54 de la Ley Nº 2492 (CTB), la Administración Tributaria no podrá condicionar al sujeto pasivo, el pago del Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT), al previo pago del IPBI, siendo que bajo responsabilidad funcionaria, no puede negarse a recibir pagos que efectúe el contribuyente”.


La previsión del art. 54.II del CTB señala: “En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior”; en ese sentido, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra no puede impedir la recepción de los documentos presentados por el BCB para el pago del Impuesto Municipal a las Transferencias ni está autorizada para condicionarla al previo pago del IPBI debido a que se tratan de obligaciones tributarias diferentes, en cuando al hecho generador y, la imputación de pagos -en primer lugar- está facultada a la elección del deudor, no pudiéndose negar la recepción de pagos.


Consecuentemente, al ser pertinente y legal la aclaración de la Autoridad demandada respecto a la negativa injustificada de la Administración Tributaria Municipal de recibir los documentos presentados, por el BCB para el pago del Impuesto Municipal a las Transferencias, no corresponde realizar un mayor pronunciamiento, quedando facultado el actor, en caso de persistir la obstrucción en la recepción del pago referido, demandar la responsabilidad funcionaria, conforme prevé el art. 54.II del CTB.


IV.2. Si, el BCB como propietario del bien inmueble ubicado en la UV 66, Manzana 5, lote 25, código catastral Nº 029029025, número de inmueble 36559, registrado bajo la matrícula computarizada 7011060021049, cuenta con la facultad legal para pedir la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997 a 2004, que son anteriores a la adquisición de su derecho


Dado que se analizan hechos acaecidos hace más de diez años atrás (gestiones 1997 a 2004) corresponde aplicar la normativa legal prevista para el momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación tributaria. Así, la Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, estableció la creación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), siendo precisado en su objeto y alcance por el Decreto Supremo (DS) 24204 de 23 de diciembre de 1995 (Reglamento del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles); en ese sentido, se tiene lo siguiente: 


IV.2.1. Creación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y sujeto pasivo


El artículo 52 de la Ley Nº 1606 de 22 de diciembre de 1994, en cuanto al objeto y sujeto pasivo del IPBI, señala: “Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo.


Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere” (las negrillas son nuestras). Por su parte, el art. 2 del DS 24204 de 23 de diciembre de 1995 (Reglamento del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles) prevé: “(Hecho generador) El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión” (el resaltado fue añadido); y, en cuanto al sujeto pasivo, el citado Decreto Supremo, indica: Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52° de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995), incluidas las empresas públicas.


Están comprendidas en la definición de sujetos pasivos:


  1. Las personas jurídicas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales, cualquiera sea su extensión.
  2. Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales, cualquiera sea su extensión, excepto lo establecido en el Artículo 11° de este reglamento.
  3. Los donantes a favor de entidades públicas del Estado y los propietarios de bienes inmuebles urbanos y/o rurales expropiados, mientras no se suscriba el documento legal que haga efectiva la donación, o mientras no quede firme la expropiación, respectivamente”.


Asimismo, el artículo 5 del referido DS 24204 señala: “Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre el en los registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes”.


En ese contexto, al haberse demostrado que BCB se adjudicó, el 5 de marzo de 2005, -mediante subasta y remate-, el bien inmueble ubicado en la U.V. 66, manzana 5, lote 25, zona Norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con una superficie de 361.86 m2, registrado bajo el folio real Nº 7.01.0.06.0021079 se cumple el supuesto previsto en la norma precedentemente citada referido a la calidad de propietario del referido bien; y, por ende, BCB se constituye en el sujeto pasivo del IPBI, ya que el hecho generador de la obligación tributaria está fundado por el ejercicio del derecho propietario, conforme manda el art. 2.a) del DS 24204 de 23 de diciembre de 1995.


Si bien es verdad que no está en discusión el derecho propietario del BCB ni el derecho a pedir la prescripción del IPBI del inmueble, descrito ut supra, desde el día en que fue adquirida, mediante subasta judicial el 5 de marzo de 2005, aprobada mediante Auto de 14 de abril de 2005 (fs. 10 del Anexo 1); sin embargo, la controversia está en determinar si puede ejercer derechos anteriores a la adquisición de su derecho propietario, en cuanto al IPBI de los periodos 1997 al 2004. En efecto, la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante Resolución Administrativa Nº 102/2013 de 28 de febrero y, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, reconocen que el BCB tiene legitimación para solicitar la prescripción del IPBI de la gestión 2005 del inmueble 36559 con código catastral Nº 029029025, ubicado en la U.V. 66, manzana 5, lote 25, zona Norte del inmueble tantas veces mencionado; obligación que surge en razón a su condición de propietario, conforme se describió en los puntos II.2 y II.5 del presente fallo judicial; empero, si dicho derecho es extensible a las gestiones anteriores, es precisamente el tema en discusión contenido en la demanda contenciosa administrativa.


Así, la autoridad hoy demandada, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, sostiene que el BCB carece de legitimación para solicitar la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, sobre el bien inmueble adjudicado y tantas veces descrito, debido a que la obligación tributaria es de carácter personal e intransmisible, siendo el facultado para ejercer dicho derecho -a decir de la AGIT- únicamente Willy Marcos Encinas Torrelio, por ser el anterior propietario. La autoridad demandada afirma: “xiv. (…) el BCB no era propietario o poseedor del bien inmueble durante dichas gestiones, motivo por el cual no puede considerarse contribuyente sino hasta el 14 de abril de 2005”. Si bien es cierto que el art. 13 del CTB establece que: “La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por Ley especial” (las negrillas fueron añadidas) y, ésta surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos (SC 1058/2013 de 12 de julio), indicando el art. 24 del citado Código: “No perderá su condición de sujeto pasivo, quien según la norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la obligación tributaria a otras personas”; sin embargo, bajo el principio de legalidad (Reserva de Ley), previsto en los arts. 5.4 y 6.1 del CTB, la Ley puede designar al sujeto pasivo que está encargado del cumplimiento de las obligaciones tributarias, constituyéndose en fuente directa del Derecho Tributario.


Por la riqueza doctrinal que se recoge, este Tribunal ve pertinente rescatar el análisis jurídico realizado por el Tribunal Constitucional de los diez años, en una acción de inconstitucionalidad concreta, en el que se reclamó que por determinación de la Ley, personas que no tienen el carácter de contribuyentes, según los arts. 27 y 28 del CTb de 28 de mayo de 1992, son considerados responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la SC 0081/2006 de 18 de octubre, abordó el análisis sobre a quien se considera Responsable de la obligación tributaria, indicando: “…en el ámbito Tributario, surge la relación bilateral que se produce entre el Estado  u otros entes públicos y los particulares, en el que el Estado, a través de sus entidades respectivas, se constituye en el acreedor del tributo por lo que es el sujeto activo de la relación tributaria, y los particulares se constituyen en los deudores del tributo como sujetos pasivos(las negrillas son nuestras). Analizando al Sujeto pasivo de obligación tributaria, el citado fallo agregó: “…el término sujeto pasivo engloba a dos diferentes sujetos que intervienen en la relación tributaria y que se constituyen en los sujetos pasivos de la obligación tributaria; ellos son, por una parte, los contribuyentes y por otra, los responsables(el subrayado es nuestro). Precisando, aún más, las categorías de contribuyente y responsables, dijo: “De acuerdo con la doctrina del Derecho Tributario los contribuyentes también son conocidos como los responsables por deuda propia; en consecuencia, son aquellas personas naturales o jurídicas contra quienes se ha verificado el hecho imponible previsto en la norma legal y, en consecuencia, resultan deudores a título personal de la obligación tributaria(el resaltado nos corresponde) y, [los responsables] “Según la doctrina, son conocidos como los responsables por deuda ajena, ello debido a que la Ley tributaria llama a cumplir la obligación junto con el contribuyente o en su lugar, al ser también sujeto pasivo de la obligación tributaria, aunque no esté revestido del carácter de contribuyente”. Con base en ello, concluyó: “…tanto el contribuyente, o sea, la persona sobre la cual se produce el hecho generador (deudor por cuenta propia), así como el responsable, la persona que por prescripción de la ley debe cumplir las obligaciones atribuidas al contribuyente (deudor por obligación ajena) deben cumplir con las obligaciones tributarias, por cuanto ambos -se reitera- son sujetos pasivos de la obligación tributaria”. En el caso relatado, declararon la constitucionalidad de los artículos cuestionados (arts. 27 y 28 del CTb de 28 de mayo de 1992).


Nuestro actual Código Tributario Boliviano no es ajeno al análisis doctrinal referido a la categoría del sujeto pasivo de la obligación tributaria, por cuanto también prevé la figura jurídica del Contribuyente (art. 23 del CTB) y de los Terceros Responsables (art. 27 del CTB); siguiendo el razonamiento del fallo constitucional precedentemente citado la legislación tributaria actual nos habla de la coexistencia del Responsable por deuda propia y del Responsable por deuda ajena. De esta manera, el art. 27 del CTB establece la convivencia de los Terceros Responsables al indicar: “Son terceros responsables las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes(el resaltado es nuestro). En armonía con la doctrina y el Código Tributario Boliviano, el art. 4 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, establece: “Son responsables de la obligación tributaria: a) El sujeto pasivo en calidad de contribuyente o su sustituto en los términos definidos en la Ley Nº 2492; b) Los terceros responsables por representación o por sucesión, conforme a lo previsto en la Ley citada y los responsables establecidos en la Ley Nº 1990 y su reglamento” (el subrayado fue añadido). La sucesión puede producirse por efecto de los contratos y/o negocios jurídicos o por causa del fallecimiento de la persona. De ahí, que el art. 27 in fine del CTB establezca que el carácter de tercero responsable se asume por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes, configurándose la venta judicial en una sucesión de obligaciones de carácter oneroso.


En ese contexto, el BCB respecto al pago del IPBI de las gestiones 1997 al 2004 no se constituye en Contribuyente (Responsable por deuda propia) sino en Tercero Responsable (Responsable por deuda ajena), que está obligado, por disposición de la Ley (art. 27 del CTB), al pago del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, sobre el inmueble ubicado en la UV 66, Manzana 5, lote 25, código catastral Nº 029029025, número de inmueble 36559, registrado bajo el folio real 7011060021049.


No se puede perder de vista que la imposición de obligaciones tributarias -ex lege- trae consigo la existencia de derechos; los derechos están estrechamente relacionados con las obligaciones, lo que en el ámbito jurídico se denomina Correlación entre Deberes y Derechos. En ese sentido, el BCB -hoy demandante- no sólo está obligado al pago del IPBI de las gestiones 1997 al 2004, como Tercero Responsable [por deuda ajena] sino que también cuenta con el derecho de oponer la prescripción. Así, el art. 5 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, establece: “El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción en sede administrativa como judicial en la etapa de ejecución tributaria” (las negrillas son nuestras); consiguientemente, se tiene que el BCB tiene legitimación -legitimatio ad causam- para pedir la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (anteriores a la adquisición de su derecho propietario) que recae sobre el bien inmueble adjudicado, ubicado en la UV 66, Manzana 5, lote 25, código catastral Nº 029029025, número de inmueble 36559, registrado bajo la matrícula computarizada 7011060021049, por las razones explicadas ut supra, siendo ilegal e irrazonable el juicio expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2163/2013 de 2 de diciembre, que indica que únicamente Willy Marcos Encinas Torrelio (anterior propietario del bien inmueble adjudicado), en su condición de sujeto pasivo del IPBI, tenga la facultad de pedir la prescripción de la obligación tributaria, puesto que suprime la existencia de los Terceros Responsables, que por disposición de la Ley, están obligados al pago de las obligaciones tributarias y cuentan con la facultad de pedir la prescripción (art. 5 del DS 27310).


Por lo expuesto, el Banco Central de Bolivia ha demostrado el interés legítimo que le asiste para invocar la prescripción del IBPI respecto al inmueble citado, en razón a que se encuentra directamente afectado con la limitación a su derecho de propiedad, pues al ser un impuesto de naturaleza real, el inmueble se encuentra reatado a dicho impuesto, máxime si el art. 11 de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria por mandato del art. 74-I del Código Tributario, establece que toda persona individual o colectiva, pública o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectado por una actuación administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad administrativa para hacer valer sus derechos.


Consiguientemente, al no habérsele reconocido legitimación activa para solicitar la prescripción de gestiones 1998 al 2004, en las cuales no tenía la calidad de sujeto pasivo, empero, por la transmisión onerosa del bien inmueble adquirió la calidad de tercero responsable de indicadas gestiones, se ha vulnerado el derecho al ejercicio de la propiedad privada, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva establecidas en los arts. 56-I y II, 178-I y 115 de la Constitución Política del Estado.


La argumentación precedente, permite concluir que el Banco Central de Bolivia goza de legitimación activa, por lo que corresponde acoger favorablemente la pretensión de la entidad demandante; empero, toda vez que la Autoridad General de Impugnación Tributaria centró su fallo en la falta de legitimación activa del demandante, sin pronunciarse sobre si se operó o no la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 al 2004, corresponde a dicha instancia administrativa, emitir nueva Resolución de Recurso Jerárquico, ingresando al análisis de la prescripción del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por dichas gestiones.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda de fs. 32 a 38, interpuesta por el Banco Central de Bolivia y por consiguiente ANULA la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 2163/2013 de 2 de diciembre, y dispone que la Autoridad General de Impugnación Tributaria emita nueva Resolución Jerárquica atendiendo los fundamentos de la presente sentencia.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena