SALA PLENA


SENTENCIA:                            422/2017.

FECHA:                                Sucre, 6 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        253/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa ARCHER DLS CORPORATION contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADA RELATORA:        Norka Natalia Mercado Guzmán.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fs. 146 a 153 vta., impugnando las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ No. 0069/2013, AGIT-RJ No. 0062/2013, AGIT-RJ No. 0071/2013, AGIT RJ No. 070/2013, AGIT-RJ No. 0045/2013 y AGIT-RJ No. 0072/2013, todas de 21 de enero de 2013, (fs. 61 a 144), el memorial de contestación de fs. 161 a 165, la réplica de fs. 190 a 192, dúplica de fs. 195 a 195 vta., los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.


I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1.- Antecedentes de hecho de la demanda.


Que, Marcelo Guillermo Rodríguez, en representación legal de ARCHER DLS Corporation, se apersonó por memorial de fs. 146 a 153 vta., manifestando que mediante Órdenes de Verificación Nos. 7810OVE00032, 7810OVE00033, 7810OVE00034, 7810OVE00035, 7810OVE00036 y 7810OVE00037, notificadas el 11 de noviembre de 2010, se dio inicio a seis procedimientos de verificación para determinar el Débito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos diciembre de 2006 a noviembre de 2007.

Indica que durante el procedimiento de verificación, ARCHER presentó la documentación requerida, asimismo adjuntó las Boletas de Pago Formularios 1000, a través de los cuales canceló el monto del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, el 10 de noviembre de 2010, es decir, antes del inicio del procedimiento de verificación. Añade que, en 9 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación, aplicando la multa de UFV 300.-por cada impuesto y periodo, y el 19 de octubre de 2011, se les notificó con las Vistas de Cargos CITE: SIN/GSH/DF/VC/0094/2012, SIN/GSH/DF/VC/0095/2012, SIN/GSH/DF/VC/0096/2012, SIN/GSH/DF/VC/0097/2012, SIN/GSH/DF/VC/0098/2012 y SIN/GSH/DF/VC/0099/2012 (debió decir /2011), las cuales establecen una deuda tributaria consistente en la sanción por Omisión de Pago correspondiente al IVA, más el tributo omitido del IT y la multa por incumplimiento de deberes formales.


Continúa señalando que pese a los descargos presentado por ARCHER, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN (GSH) emitió las Resoluciones Determinativas Nos. 17-000635-11, 17-000636-11, 17-000637-11, 17-000638-11, 17-000-638-11, 17-000639-11 y 17-000640-11, de 29 de diciembre de 2011, que ratificaron los importes establecidos en las Vistas de Cargo, incluyendo las sanciones por omisión y multa por incumplimiento a los deberes formales.


Refiere que impugnó las referidas Resoluciones Determinativas a través de seis recursos de alzada, que fueron resueltos el 13 de abril de 2012, mediante seis Resoluciones de Recurso de Alzada, las cuales resolvieron revocar parcialmente la Resolución Determinativa, dejando sin efecto el 100% de la sanción por omisión de pago y manteniendo las multas por incumplimiento a los deberes formales, dichas resoluciones a su vez fueron objeto de seis recursos jerárquicos interpuestos por la Administración Tributaria, siendo resueltos el 24 de julio de 2012, mediante seis Resoluciones de Recurso Jerárquico, las cuales anularon las Resoluciones de Alzada   manifestando que se produjeron vicios al emitir la Vista de Cargo N° 00114/2012 de 3 de octubre, por concepto de IVA e IT, correspondiente a los períodos fiscales de abril, mayo y junio de 2008.


Luego, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional de Santa Cruz, procedió a emitir las nuevas Resoluciones de Recurso de Alzada Nos. ARIT-SCZ/RA 0362/2012, ARIT-SCZ/RA 0363/2012, ARIT-SCZ/RA 0365/2012, ARIT-SCZ/RA 0364/2012, ARIT-SCZ/RA 0367/2012 y ARIT-SCZ/RA 0366/2012, las cuales confirmaron las Resoluciones Determinativas impugnadas.


Expresó que contra estas Resoluciones ARCHER interpuso seis recursos jerárquicos, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ No. 0069/2013, AGIT-RJ No. 0062/2013, AGIT-RJ No. 0071/2013, AGIT RJ No. 070/2013, AGIT-RJ No. 0045/2013 y AGIT-RJ No. 0072/2013, todas de 21 de enero de 2013, que resolvieron revocar parcialmente las citadas Resoluciones de Alzada modificando el importe de la sanción por Omisión de Pago al 20%, dejando sin efecto la multa por Incumplimiento a los Deberes Formales (1.200 UFV por cada periodo e impuesto), por la presentación de las Declaraciones Juradas y manteniendo firme la multa de 3.000 UFV por incumplimiento al deber formal generado por el Procedimiento de Determinación No. 15831.


I.2. Fundamentos de la demanda.


I.2.1.- Invocando los arts. 5 del DS 27310 (RCTB), 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 124 de la Constitución Política del Estado, la Sentencia No. 189/2011 de 4 de junio, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Constitucional No. 0028/2005 de 28 de abril, señala que en materia de contravenciones tributarias, corresponde aplicar con carácter retroactivo los términos de prescripción más breves que de alguna manera beneficien al contribuyente, premisa que en nuestro ordenamiento jurídico se presenta inequívoca en el presente caso debido a que la Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el sistema de cómputo de la prescripción establecido en el art. 60 de la Ley 2492 con efectos sobre el art. 154 del mismo cuerpo legal, determinando que en el supuesto 3 del parágrafo I del art. 59 (también modificado), referido a la prescripción de la acción de la Administración Tributaria “para imponer sanciones”, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, es decir, esta norma cambió la regla general que tenía la Ley 2492 que establecía que el cómputo se iniciaba a partir del primer día hábil del año siguiente a la fecha de comisión del ilícito (vencimiento de pago); modificación que tiene efectos en el presente caso sobre la aplicación de la sanción por omisión de pago de los periodos diciembre 2006 a noviembre de 2007 del IVA e IT, pues si se aplica adecuadamente la Ley 291, la prescripción de la acción para imponer sanciones por el periodo diciembre 2006, habría acaecido el 1 de febrero de 2010, el periodo enero 2007, prescribió el 1 de marzo de 2011, el periodo febrero 2007 prescribió el 1 de abril de 2011, el periodo marzo 2007 prescribió el 1 de mayo de 2011, el periodo abril 2007 prescribió el 1 de junio de 2011, el periodo mayo 2007 prescribió el 1 de julio de 2011, el periodo junio de 2007 prescribió el 1 de agosto de 2011, el periodo julio de 2011 prescribió el 1 de septiembre de 2011, el periodo agosto de 2011 prescribió el 1 de octubre de 2011, el periodo septiembre de 2007 prescribió el 1 de noviembre de 2011, el periodo octubre 2007 prescribió el 1 de diciembre de 2011, en consecuencia la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas de los periodos diciembre 2006 a octubre de 2007 prescribieron durante el 2011 hasta el 1 de diciembre de 2011, al no haberse producido ninguna de las causales de suspensión ni de interrupción del cómputo previstas por los arts. 61 y 62 del Código Tributario Boliviano, ya que no existió notificación con las Resoluciones Determinativas, reconocimiento del ilícito o solicitud de facilidades de pago, tampoco notificación con Órdenes de Fiscalización sobre los periodos diciembre 2008 a noviembre de 2007, sino únicamente con Órdenes de Verificación que por su objeto y alcance son distintas.


Aclara que la prescripción de la sanción fue solicitada por ARCHER durante los recursos jerárquicos, en aplicación de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que se encontraba vigente en ese momento, sin embargo la autoridad demandada desconoció la aplicación de dicha norma, con el argumento que a momento de emitir resolución no se encontraba vigente, por cuanto la citada Disposición Adicional Quinta fue dejada sin efecto por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, reponiendo el cómputo de prescripción vigente a momento de la comisión de la contravención imputada al contribuyente, sin considerar que ARCHER invocó formalmente la aplicación de la Ley 291 cuando esta se encontraba en plena vigencia, habiendo generado derechos adquiridos que no pueden ser eliminados de forma arbitraria en mérito al principio de seguridad jurídica y de ultractividad de la norma. Añadió que la línea jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de la Sentencia 0124/2004-R, indica que la ultractividad es una excepción al principio de irretroactividad que determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria, por otra parte aduce que dicha normativa también corresponde aplicar en observancia al principio de favorabilidad, cuyos efectos favorables no pueden ser enervados por una apresurada derogatoria, por lo que corresponde declarar la prescripción de la acción de la Administración para imponer la sanción administrativa de Omisión de Pago de los periodos diciembre 2006 a octubre 2007. 


I.2.2.- Indica también que, durante el procedimiento administrativo, solicitó la aplicación del Arrepentimiento Eficaz con la reducción del 100% de la sanción, al haber pagado la totalidad de la deuda tributaria antes de la notificación con las Órdenes de Verificación, conforme dispone el art. 157 del Código Tributario Boliviano, sin embargo la autoridad jerárquica deslegitimó esta situación indicando que se procedió al pago del tributo omitido y sus recargos una vez anoticiado del inicio de la verificación por efecto del aviso de visita, es decir, cuando ya hubo actuación de la Administración, por lo que no puede acceder a dicho beneficio.


Realizando una transcripción de los arts. 157 de la Ley Nº 2492 (CTB) 39 y 8 de su Reglamento (RCTB) concluye que para la aplicación del Arrepentimiento Eficaz, debe cumplirse con dos requisitos 1) el pago de la totalidad de la deuda y 2) que el pago se realice antes de cualquier actuación de la administración; por lo que sostiene que ARCHER cumplió a cabalidad el primer requisito pagando el tributo omitido actualizado a la fecha de pago, no correspondiendo el pago de multa conforme se estableció en las Resoluciones de Recurso Jerárquico, y con relación al segundo requisito señala que también fue cumplido, en atención a que se procedió al pago en 9 de noviembre de 2010, antes de la notificación con la Orden de Verificación, la misma que recién fue notificada el 11 de noviembre de 2010. Añadió que la autoridad jerárquica pretende deslegitimar esta situación atribuyéndole a un simple aviso de visita la calidad de acto administrativo, cuando dicha actuación se refiere sólo a una actividad y no a un acto en sí mismo, pues los únicos que surten efectos respecto a los administrados son los actos administrativos, por lo que un aviso de visita no reviste las formalidades de un acto administrativo, es sólo un anuncio previo a practicar la notificación de una Orden de Verificación, sin establecer el alcance la misma, ni el periodo ni el impuesto que se pretende verificar, en consecuencia correspondía aplicar el Arrepentimiento Eficaz establecido en el art. 157 de la Ley Nº 2492 y declarar extinguido el 100% de la sanción pecuniaria por Omisión de Pago. 


I.2.3.- Se refirió también a un inadecuado cálculo de la sanción en las Resoluciones de Recurso Jerárquico, al mantener la base de cálculo de la sanción adoptada en las Resoluciones Determinativas que cuantificaron una multa de manera exorbitante, transgrediendo todo criterio de racionalidad y proporcionalidad, estableciendo la multa de más del 10.000%, remarcó que la sanción no puede ser establecida sobre el total del tributo omitido sino únicamente sobre las diferencias encontradas, más aún cuando se pagó el tributo en sujeción al arrepentimiento eficaz tal como dispone el art. 39 del RCTB, de la misma manera la Circular No. 12-0096-12 de 24 de abril de 2012, emitida por el SIN estableció: “Si la Administración Tributaria dentro de los procesos de fiscalización o verificación determina reparos por emisión de facturas fuera de plazo establecido para el efecto (diferimiento en la facturación), aplicará la sanción por Omisión de Pago, solamente por el importe del reparo, es decir por el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, conforme lo dispone el Artículo 165 del Código Tributario”; razón por la cual aduce que en el supuesto de corresponder una sanción por omisión de pago, debería determinarse sólo sobre el monto del tributo omitido (reparo por actualización) y no sobre la totalidad del impuesto declarado.


I.2.4.- Sobre la aplicación del principio de no reformatio in peius, aclaró que si bien las Resoluciones impugnadas establecieron la reducción de la sanción del 100% al 20% y la eliminación de la multa por incumplimiento a los deberes formales, la demanda interpuesta sólo reclama la revisión de dicho 20% de sanción residual, no correspondiendo modificar el acto impugnado que agrave la situación actual del contribuyente.


I.3.- Petitorio.


Concluyó el memorial solicitando que en virtud de los fundamentos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, emita sentencia declarando probada la demanda, dejando sin efecto los reparos subsistentes en las Resoluciones de Recurso Jerárquico impugnadas.


II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


Que, por providencia de fs. 155 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Cumplida la diligencia de notificación, se apersonó y contestó a la demanda Ernesto E. Mariño Borquez en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria. En el memorial de contestación negativa a la demanda de fs. 161 a 165, luego de una relación de los argumentos expuestos por el demandante, la autoridad demandada señaló que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, le corresponde remarcar y precisar lo siguiente:


II.1.- Indicó que si bien el marco normativo vigente en materia tributaria referido a la aplicación de las leyes en el tiempo, contenido en los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley No. 2492, en la que se ampara el demandante para oponer la prescripción y respalda su petitorio en la aplicación de la Ley No. 291 de 22 de septiembre de 2012 que modificó el cómputo de la prescripción, aclaró que si bien esa instancia se ha pronunciado en numerosas situaciones a favor de la aplicación retroactiva de la norma en materia de ilícitos tributarios; sin embargo la disposición invocada no se encuentra vigente, toda vez que la Ley No. 317 de 11 de diciembre de 2012,  dejó sin efecto la citada Disposición en relación a la modificación efectuada al art. 60 de la Ley 2492, reponiendo el cómputo de prescripción vigente a momento de la comisión de la contravención imputada al contribuyente, en ese entendido, al efectuar el cómputo de la prescripción conforme a las disposiciones vigentes, se evidencia que las sanciones y multas no han prescrito; agrega además que si bien la aplicación retroactiva de la norma se encuentra prevista en materia de ilícitos tributarios, no existe previsión alguna que disponga situación contraria, es decir la aplicación ultra-activa de la misma como pretende el contribuyente sustentado en una norma derogada, prolongando una vigencia en el tiempo sólo a efectos de que ésta se aplique de manera retroactiva, por lo que el argumento del demandante carece de fundamento.


II.2.- En referencia al arrepentimiento eficaz, expresó que el art. 157 de la Ley Nº 2492 exige como requisito sine quanon, que el pago del contribuyente sea realizado antes de cualquier actuación o acto de la Administración y no antes de un acto administrativo el cual es definido por el art. 27 de la Ley Nº 2341 como toda declaración, disposición o decisión de la Administración, el cual debe reunir los requisitos previstos en el art. 28 de la misma Ley, que se reputará como válido a partir de la fecha de su legal notificación o publicación, en cambio las actuaciones administrativas no revisten estas formalidades y son parte del quehacer propio de la Administración Pública.


Reiteró que el pago se efectivizó con posterioridad a la primera actuación de la Administración Tributaria, toda vez que el primer aviso de visita -primera actuación- para la notificación con la Orden de Verificación data del 9 de noviembre de 2010 y la cancelación del monto del 10 de noviembre del mismo año, es decir ya iniciado el procedimiento de notificación consignado en el art. 85 de la Ley Nº 2492, previsto para los casos en los cuales, el contribuyente no fuese habido en el domicilio declarado, en consecuencia procedió al pago de la totalidad del tributo omitido y sus recargos tras haberse anoticiado del inicio de verificación por efecto del aviso de visita y por tanto no cumplió con los requisitos previstos para acceder al beneficio del arrepentimiento eficaz.


II.3.- En relación a la diferencia supuestamente encontrada, aclara que la Administración Tributaria realizó el cálculo del Impuesto Omitido Diferido, y procedió al cálculo de los accesorios por mantenimiento de valor desde la fecha de vencimiento por impuesto y por periodo, hasta la fecha de pago de las Declaraciones Juradas posteriores en los que se habría declarado los importes diferidos por impuesto y por periodo, estableciendo diferencias por mantenimiento de valor, además de realizar el cálculo del interés del tiempo comprendido entre la fecha de vencimiento de la deuda y la fecha de presentación de la declaración jurada de los periodos en los que se realizó la declaración de los ingresos diferidos y como resultado determinó el total de la deuda tributaria donde considera la multa por incumplimiento a los deberes formales, posteriormente realizó la liquidación considerando los pagos realizados en Boletas de Pago F 1000, pagos de 10 de noviembre de 2010 direccionados a los impuestos y periodos sujetos a verificación, estableciéndose una deuda tributaria no pagada, importe que corresponde a la multa por incumplimiento a deberes formales a la cual no se encontraba obligado, sin embargo, al efectuarla, si bien es cierto que cubrió la deuda total establecida -sin incluir la multa por incumplimiento a deberes formales- mediante Boletas de Pago, el mismo fue posterior a la primera actuación de la Administración Tributaria.


Precisó que la sanción por omisión de pago se aplica por el efecto del no pago o pago de menos de la deuda tributaria, correspondiendo una multa igual al 100% de la deuda tributaria, por lo que no corresponde considerar como base de la sanción a la diferencia entre el tributo omitido y los pagos a cuenta realizados hasta la fecha de imposición de la misma, sin embargo, aclara que la AGIT actuó con imparcialidad al tomar en cuenta que los pagos fueron efectuados con posterioridad al inicio a la determinación de oficio pero con anterioridad a la emisión de la Resolución Determinativa, razón por la cual, se aplicó el numeral 1 del art. 156 de la Ley Nº 2492, aplicando sólo el 20% de la multa por omisión de pago.


Sostuvo que las resoluciones impugnadas fueron emitidas en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, concluyéndose que la demanda interpuesta carece de sustento jurídico-tributario, no existiendo agravio ni lesión que le hubieren causado con la emisión de las resoluciones impugnadas.


II.4.- Petitorio.


Concluyó el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, se emita sentencia declarando improbada la demanda interpuesta por la Empresa ARCHER DLS Corporation.


III.- ACUMULACIÓN.


Que la Sala Plena de este Supremo Tribunal de Justicia, sorteados que fueron los expedientes Nos. 253/ 2013, 265/2013, 266/2013, 267/2013, 268/2013, 269/2013, 270/2013, emitió la Resolución Nº 64/2016 de 13 de julio, mediante la cual dejó sin efecto el sorteo y dispuso la acumulación de los procesos signados con los Nos. 265/2013, 266/2013, 267/2013, 268/2013, 269/2013, 270/2013 seguidos por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al expediente No. 153/2013 seguido por la Empresa ARCHER DLS Corporation contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, cuya demanda y contestación se resumió precedentemente, consiguientemente, corresponde relacionar la pretensión contenida en las demandas planteadas por GRACO Santa Cruz del SIN.


IV.- CONTENIDO DE LA DEMANDA (Exp. 265/2013).


IV.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Administración Tributaria con memorial de fs. 97 a 104 vta. se apersona e interpone demanda contencioso administrativa manifestando que la ex Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa No. 17-000640-11 de 29 de diciembre de 2011, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente ARCHER DLS Corporation, que asciende a un monto total de UFV 1.554.201, equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa a Bs. 2.669.573.-, correspondiente a la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a deberes formales relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos octubre 2007 y noviembre 2007, y que ante los resultados adversos de la resolución de alzada, ARCHER interpuso recurso jerárquico, resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0072/2013 de 21 de enero, la cual resolvió revocar parcialmente la resolución de alzada.


IV.2. Fundamentos de la demanda. 


Sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz acusó que la autoridad jerárquica no realizó una correcta valoración de los cargos presentados y debidamente fundamentados por la Administración Tributaria, porque de acuerdo al art. 47 de la Ley Nº 2492 concordante con los arts. 8 y 9 del DS No. 27310, la Deuda Tributaria se encuentra conformada por el Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo.


Refiere que las ventas declaradas en los formularios 200 (IVA) de los periodos objetos de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que fueron facturados en periodos posteriores en el cual se perfección el hecho generador, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en la normativa, por lo que una vez realizado el pago por el contribuyente quedó pendiente conformar una parte del Tributo Omitido (Mantenimiento de Valor), intereses y multa por incumplimiento a deberes formales de la Deuda Tributaria determinada, conforme a lo establecido en el art. 8 del DS 27310, y considerando que los accesorios se originan desde el primer día siguiente de vencido el plazo para el pago de los impuestos correspondiente, el pago del impuesto realizado por el contribuyente en los periodos facturados, corresponde únicamente al pago parcial o pago a cuenta del tributo omitido (sin mantenimiento de valor), lo propio ocurrió con el impuesto a las transacciones, pues el contribuyente procedió a la presentación de declaraciones juradas de los periodos facturados (diciembre 2007 y enero 2008) procediendo al pago de los importes correspondiente al Impuesto Determinado (Tributo Omitido) en moneda nacional, sin considerar el incremento (mantenimiento de valor) originado por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda por el tiempo transcurrido entre la fecha del vencimiento de los periodos efectivos de venta y la fecha de pago; asimismo las ventas declaradas por el contribuyente en los formularios 400 (IT) de los periodos objeto de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que las mismas fueron facturadas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones previstas en normas establecidas para el efecto.


Asimismo, citó el parágrafo I del art. 162 de la Ley Nº 2492 y 40 del DS 27310, indicando que el Incumplimiento de los Deberes Formales establecidos en la normativa tributaria, constituyen conductas contraventoras a ser sancionadas con una multa que se establecerá mediante norma reglamentaria dentro de los límites mínimo y máximo establecidos. Añadió que la verificación y control de cumplimiento a los deberes formales a efectos de la determinación de la deuda tributaria se realizó en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del art. 29 del DS No. 27310 y art. 69 de la Ley Nº 2492, que estipula que la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria, por tanto cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención.


Realizando una transcripción del art. 18 de la RND No. 10.0037.07, refiere que producto de la verificación al IVA y su efecto en el IT respecto a las ventas o servicios facturados en los periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, se estableció la contravención por el Incumplimiento al Deber Formal relacionado con la presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, al haber evidenciado que las declaraciones juradas del periodo octubre y noviembre 2007 no reflejan la verdad, debido a que el importe declarado por ventas o servicios facturados en los periodos observados, no corresponden a los importes de las ventas efectivamente realizadas, que se origina por la emisión de facturas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfecciona el hecho generador, por lo que infringió lo previsto en el art. 78 de la Ley No. 2492, que establece que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración, en la forma, medios, plazos y lugares establecidos en los reglamentos, se presumen fiel reflejo de la verdad, sancionándose con una multa de UFV 300 por cada periodo e impuesto, conforme establece el numeral 2.1. inc. A del Anexo consolidado de la RND No. 10-0021-04, incumplimiento que fue formalizado mediante F-7013 Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 28873, 28874, 28875 y 28876.   


Continuó señalando que mediante nota Cite: DLS/GG/ADM/273-10, el contribuyente comunicó a la Administración que los pagos realizados de manera voluntaria a través de boletas de pago F-1000 corresponden a posibles accesorios que pudieran ser generados, adjuntando el detalle de las notas fiscales y los importes base considerados para la determinación de los pagos realizados, evidenciándose que el 10 de noviembre de 2010, mediante Boletas de Pago F-1000, el contribuyente efectuó en efectivo pagos parciales a cuenta de la Deuda Tributaria, por tributo omitido actualizado e intereses, quedando pendiente de pago la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, por consiguiente de acuerdo a los numerales 1 y 11 del art. 70, art. 78, ambos de la Ley No. 2492 y la RND 10-0021-04 en su art. 20,  el deber formal de presentación de la declaración jurada, no sólo se limita a presentarlas en el plazo, forma, medios y lugares establecidos por la Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera correcta, lo cual implica que la forma de presentación no solamente se refiere a los formularios utilizados para el efecto, sino que los mismos deben reflejar los datos realizados de las operaciones del contribuyente. A ello agrega que, el numeral 5 del art. 60 de la Ley Nº 2492 clasifica como contravención tributaria el Incumplimiento de otros Deberes Formales, el art. 62 de la citada ley establece los límites de la sanción, y el segundo párrafo del mismo artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador prevista en la misma norma, la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la normativa emanada de la Administración Tributaria, en ese sentido, al reconocer el contribuyente que los montos a cancelar son diferentes a los consignados en su Declaración Jurada original, reconoció tácitamente que las declaraciones presentadas en tiempo no reflejan lo real, poniendo en evidencia su actuar ilícito, por lo que la autoridad jerárquica al emitir su resolución parcializada, dio crédito al acto ilícito cometido por el contribuyente, por otro lado, era de conocimiento del recurrente que también debió haber cancelado las multas por este concepto, es decir, por haber cancelado importes diferentes a los consignados, las cuales se encuentran previstas en el numeral 2.1. inc. A del Anexo Consolidado de la RND No. 10-0021-04. 


Sobre la sanción por omisión de pago alegó que la Resolución Jerárquica determinó el pago del 20% conforme al art. 156 de la Ley No. 2492, siendo que corresponde el 100% de acuerdo al art. 165 del mismo cuerpo legal, en virtud al ilícito cometido por el contribuyente, pues al cancelar con Boleta de Pago F:1000 el impuesto determinado correspondiente a las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación, importe que difiere al determinado por el mismo contribuyente en sus Declaraciones Juradas, efectuó un reconocimiento tácito no solo de la deuda con el fisco, sino que el monto por concepto de ventas inicialmente consignado en sus DDJJ, no era el correcto, por tanto reconoció que dichas DDJJ, no fueron presentadas en la forma, al declarar la existencia de operaciones relacionadas con la presentación de servicios y/o venta de bienes que configuran el hecho generador del IVA e IT que no fueron facturadas ni  declaradas en dicho periodo, sino que las facturas fueron emitidas y declaradas en periodos posteriores, contraviniendo lo previsto en el art. 78 de la Ley No. 2492. Añade que, la Resolución de Recurso Jerárquico señaló que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales no forman parte de la deuda tributaria por no ser de aplicación directa al no tratarse de la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, sin embargo, se tiene demostrado con absoluta fundamentación que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales impuestas al contribuyente forman parte de la Deuda Tributaria por ser de aplicación directa, por consiguiente ratifica su determinación en el 100% del tributo omitido conforme establece el art. 154 de la Ley Nº 2492.


Refiriéndose al argumento de la autoridad jerárquica sobre la falta de tipicidad en la imposición de la multa por Incumplimiento a deberes formales, sostuvo que si bien el contribuyente determinó su deuda tributaria para las facturas observadas, sin embargo se trataban de facturas diferidas cuya obligación de declaración no se cumplió en la forma, medios y plazos establecidos por la Administración Tributaria, pues como resultado de la verificación se estableció que por los servicios prestados en octubre de 2007, se emitieron facturas en periodos posteriores, es decir en diciembre de 2007 y para el periodo noviembre 2007, se emitieron facturas en periodos posteriores, enero 2008, es decir que se efectuó un pago diferido para dichos periodos. Sobre el punto reiteró que la Deuda Tributaria se encuentra conformada por impuesto omitido actualizado, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo, por tanto se estableció como pendiente el pago de la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, puesto que el contribuyente declaró el hecho generador de la obligación tributaria de manera posterior al periodo al que se encontraba gravado sin considerar la Multa que forma parte de la Deuda Tributaria, incumpliendo así su deber formal que generó una Multa que debió ser cancelada junto con los demás componentes de la Deuda Tributaria. Remarcó que los pagos efectuados por el sujeto pasivo, llegaron a cubrir el tributo omitido actualizado e intereses, pero al no haber cancelado el tributo en el plazo establecido, adecuó su conducta a la contravención por omisión de pago por lo que corresponde el cobro de la sanción en el 100% del tributo omitido.


Por todo lo expuesto, pidió se mantenga firme el cobro de la sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales en el importe de UFV 1.553.001, por concepto de IVA e IT y la suma de 1.200 UFV correspondiente a la Multa por Incumplimiento de Deber Formal, en razón a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no efectuó una correcta interpretación a la normativa, a los descargos oportunamente presentados, validando los ilícitos cometidos por el contribuyente.


IV.3. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare probada la demanda contencioso administrativa y se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0072/2013 y en definitiva se mantenga la Resolución Determinativa No. 17-000640-11.


V. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 16 de septiembre de 2013, que cursa de fs. 116 a 118, señalando que, no obstante que la resolución impugnada está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, le corresponde remarcar y precisar lo siguiente:


La Administración Tributaria realizó el cálculo del Impuesto Omitido Diferido, y procedió al cálculo de los accesorios por mantenimiento de valor desde la fecha de vencimiento por impuestos IVA e IT y por periodo (octubre y noviembre de 2007), hasta la fecha de pago de las Declaraciones Juradas posteriores en las que se habría declarado los importes diferidos por impuesto y por los periodos citados, estableciendo diferencias por mantenimiento de valor, además de realizar el cálculo del interés del tiempo comprendido entre la fecha de vencimiento de la deuda y la fecha de presentación de la declaración jurada de los periodos en los que realizó la declaración de los ingresos diferidos, resultado de ello, determinó el total de la Deuda Tributaria donde considera la Multa por Incumplimiento a los deberes formales; posteriormente realizó la liquidación considerando los pagos realizados en Boletas F-1000 de 10 de noviembre de 2010, direccionados a los impuestos y periodos sujetos a verificación, a los que hizo referencia el contribuyente, estableciendo una deuda tributaria no pagada, importe que corresponde a la Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales, por lo que evidenció que el contribuyente no se encontraba obligado al pago de la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, sin embargo al realizarlo, si bien es cierto que se cubrió la deuda total establecida por la Administración Tributaria, sin incluir la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, mediante pagos en Boletas F-1000, el mismo se realizó en forma posterior a una actuación de la Administración Tributaria, es así que la sanción de Omisión de Pago” se aplicó por el efecto del no pago o pago de menos de la deuda tributaria correspondiendo la multa del 100% de la deuda tributaria, sin embargo, tomando en cuenta que los pagos fueron efectuados con posterioridad al inicio a la determinación de oficio pero con anterioridad a la emisión de la Resolución Determinativa, se debe aplicar el numeral 1) del art. 156 de la Ley 2492, que prevé el régimen de reducción de sanciones, aplicándose sólo el 20% de la multa por Omisión de Pago, correspondiente a los periodos octubre y noviembre de 2007.


Aclaró que la Administración Tributaria confundió una obligación administrativa con el incumplimiento de la obligación tributaria, ya que no existe normativa que determine que la declaración de un monto menor para la base imponible del impuesto dará lugar a un tributo omitido constituya un incumplimiento a la Forma con relación a la presentación de la declaración, sostiene que no sólo el accionar del contribuyente no se adecua al tipo previsto en el numeral 2.1. del inc. A de la RND No. 10-0021-04, sino que a su vez se pretendería sancionarlo con una multa por incumplimiento a deber formal sin que exista un tipo contravencional que califique como ilícito la presentación de declaraciones juradas que establezcan un importe menor al correspondiente a la obligación tributaria, conducta calificada como omisión de pago conforme al art. 165 de la Ley 2492, razón por la cual, las multas aplicadas en virtud a la Actas por Contravenciones antes mencionadas, carecen de sustento legal.

Concluyó señalando que la demanda contencioso administrativa incoada, carece de sustento jurídico-tributario, siendo evidente que no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubiere causado con la Resolución de Recurso Jerárquico.


V.1. Petitorio. 


La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.


VI.- CONTENIDO DE LA DEMANDA (Exp. 266/2013).


VI.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Administración Tributaria con memorial de fs. 104 a 111 vta. se apersona e interpone demanda contencioso administrativa manifestando que la ex Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa No. 17-000639-11 de 29 de diciembre de 2011, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente ARCHER DLS Corporation, que asciende a un monto total de UFV 1.702.708, equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa a Bs. 2.924.656.-, correspondiente a la sanción por omisión de pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos agosto 2007 y septiembre 2007, y que ante los resultados adversos de la resolución de alzada, ARCHER interpuso recurso jerárquico, resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0045/2013 de 21 de enero, la cual resolvió revocar parcialmente la resolución de alzada.


VI.2. Fundamentos de la demanda. 


Sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz acusó que la autoridad jerárquica no realizó una correcta valoración de los cargos presentados y debidamente fundamentados por la Administración Tributaria, porque de acuerdo al art. 47 de la Ley Nº 2492 concordante con los arts. 8 y 9 del DS No. 27310, la Deuda Tributaria se encuentra conformada por el Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo.


Refiere que las ventas declaradas en los formularios 200 (IVA) de los periodos objetos de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que fueron facturados en periodos posteriores en el cual se perfeccionó el hecho generador, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en la normativa, por lo que una vez realizado el pago por el contribuyente quedó pendiente conformar una parte del Tributo Omitido (Mantenimiento de Valor), intereses y multa por incumplimiento a deberes formales de la Deuda Tributaria determinada, conforme a lo establecido en el art. 8 del DS 27310, y considerando que los accesorios se originan desde el primer día siguiente de vencido el plazo para el pago de los impuestos correspondiente, el pago del impuesto realizado por el contribuyente en los periodos facturados, corresponde únicamente al pago parcial o pago a cuenta del tributo omitido (sin mantenimiento de valor), lo propio ocurrió con el impuesto a las transacciones, pues el contribuyente procedió a la presentación de declaraciones juradas de los periodos facturados procediendo al pago de los importes correspondiente al Impuesto Determinado (Tributo Omitido) en moneda nacional, sin considerar el incremento (mantenimiento de valor) originado por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda por el tiempo transcurrido entre la fecha del vencimiento de los periodos efectivos de venta y la fecha de pago; asimismo las ventas declaradas por el contribuyente en los formularios 400 (IT) de los periodos objeto de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que las mismas fueron facturadas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones previstas en normas establecidas para el efecto.


Asimismo, citó el parágrafo I del art. 162 de la Ley Nº 2492 y 40 del DS 27310, indicando que el incumplimiento de los deberes formales establecidos en la normativa tributaria, constituyen conductas contraventoras a ser sancionadas con una multa que se establecerá mediante norma reglamentaria dentro de los límites mínimo y máximo establecidos. Añadió que la verificación y control de cumplimiento a los deberes formales a efectos de la determinación de la deuda tributaria se realizó en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del art. 29 del DS No. 27310 y art. 69 de la Ley Nº 2492, que estipula que la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria, por tanto cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención.


Realizando una transcripción del art. 18 de la RND No. 10.0037.07, refiere que producto de la verificación al IVA y su efecto en el IT respecto a las ventas o servicios facturados en los periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, se estableció la contravención por el Incumplimiento al Deber Formal relacionado con la presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, al haber evidenciado que las declaraciones juradas del periodo agosto y septiembre 2007 no reflejan la verdad, debido a que el importe declarado por ventas o servicios facturados en los periodos observados, no corresponden a los importes de las ventas efectivamente realizadas, que se origina por la emisión de facturas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfecciona el hecho generador, por lo que se infringió lo previsto en el art. 78 de la Ley 2492, que establece que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración, en la forma, medios, plazos y lugares establecidos en los reglamentos, se presumen fiel reflejo de la verdad, sancionándose con una multa de UFV 300 por cada periodo e impuesto, conforme establece el numeral 2.1. inc. A del Anexo consolidado de la RND No. 10-0021-04, incumplimiento que fue formalizado mediante F-7013 Acta por Contravenciones Tributarias Vinculas al Procedimiento de Determinación No. 28868, 28870, 28875 y 28872.  

Continuó señalando que mediante nota Cite: DLS/GG/ADM/273-10, el contribuyente comunicó a la Administración que los pagos realizados de manera voluntaria a través de boletas de pago F-1000 corresponden a posibles accesorios que pudieran ser generados, adjuntando el detalle de las notas fiscales y los importes base considerados para la determinación de los pagos realizados, evidenciándose que el 10 de noviembre de 2010 mediante Boletas de Pago F-1000 el contribuyente efectuó en efectivo pagos parciales a cuenta de la Deuda Tributaria, por tributo omitido actualizado e intereses, quedando pendiente de pago la multa por incumplimiento a deberes formales, por consiguiente de acuerdo a los numerales 1 y 11 del art. 70, art. 78, ambos de la Ley Nº 2492 y la RND 10-0021-04 en su art. 20, se debe entender que el deber formal de presentación de la declaración jurada, no sólo se limita a presentarlas en el plazo, forma, medios y lugares establecidos por la Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera correcta, lo cual implica que la forma de presentación no solamente se refiere a los formularios utilizados para el efecto, sino que los mismos deben reflejar los datos realizados de las operaciones del contribuyente. A ello agrega que, el numeral 5 del art. 60 de la Ley Nº 2492 clasifica como contravención tributaria el Incumplimiento de otros Deberes Formales, el art. 62 de la citada ley establece los límites de la sanción, y el segundo párrafo del mismo artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador prevista en la misma norma, la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la normativa emanada de la Administración Tributaria, en ese sentido, al reconocer el contribuyente que los montos a cancelar son diferentes a los consignados en su Declaración Jurada original, reconoció tácitamente que las declaraciones presentadas en tiempo no reflejan lo real, poniendo en evidencia su actuar ilícito, por lo que la autoridad jerárquica al emitir su resolución parcializada, dio crédito al acto ilícito cometido por el contribuyente, por otro lado, era de conocimiento del recurrente que también debió haber cancelado las multas por este concepto, es decir, por haber cancelado importes a los consignados, las cuales se encuentran previstas en el numeral 2.1. inc. A del Anexo Consolidado de la RND No. 10-0021-04. 


Sobre la sanción por omisión de pago alegó que la Resolución Jerárquica determinó el pago del 20% conforme al art. 156 de la Ley Nº 2492, siendo que corresponde el 100% de acuerdo al art. 165 del mismo cuerpo legal, en virtud al ilícito cometido por el contribuyente, pues al cancelar con Boleta de Pago F:1000 el impuesto determinado correspondiente a las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación, importe que difiere al determinado por el mismo contribuyente en sus Declaraciones Juradas, efectuó un reconocimiento tácito no solo de la deuda con el fisco, sino que el monto por concepto de ventas inicialmente consignado en sus DDJJ, no era el correcto, por tanto reconoció que dichas DDJJ, no fueron presentadas en la forma, al declarar la existencia de operaciones relacionadas con la presentación de servicios y/o venta de bienes que configuran el hecho generador del IVA e IT que no fueron facturadas ni  declaradas en dicho periodo, sino que las facturas fueron emitidas y declaradas en periodos posteriores, contraviniendo lo previsto en el art. 78 de la Ley No. 2492. Añade que, la Resolución de Recurso Jerárquico señaló que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales no forman parte de la deuda tributaria por no ser de aplicación directa al no tratarse de la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, sin embargo, se tiene demostrado con absoluta fundamentación que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales impuestas al contribuyente forman parte de la Deuda Tributaria por ser de aplicación directa, por consiguiente ratifica su determinación en el 100% del tributo omitido conforme establece el art. 154 de la Ley Nº 2492.


Refiriéndose al argumento de la autoridad jerárquica respecto a la falta de tipicidad en la imposición de la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, sostuvo que si bien el contribuyente determinó su deuda tributaria para las facturas observadas, sin embargo se trataban de facturas diferidas cuya obligación de declaración no se cumplió en la forma, medios y plazos establecidos por la Administración Tributaria, pues como resultado de la verificación se estableció que por los servicios prestados en agosto de 2007, se emitieron facturas en periodos posteriores, es decir en septiembre y octubre de 2007 y para el periodo septiembre 2007, se emitieron facturas en periodos posteriores, octubre y diciembre 2007, es decir que se efectuó un pago diferido para dichos periodos. Sobre el punto reiteró que la Deuda Tributaria se encuentra conformada por impuesto omitido actualizado, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo, por tanto se estableció como pendiente el pago de la Multa por Incumplimiento a deberes formales, puesto que el contribuyente declaró el hecho generador de la obligación tributaria de manera posterior al periodo al que se encontraba gravado sin considerar la Multa que forma parte de la Deuda Tributaria, incumpliendo así su deber formal que generó una multa que debió ser cancelada junto con los demás componentes de la Deuda Tributaria. Remarcó que los pagos efectuados por el sujeto pasivo, llegaron a cubrir el tributo omitido actualizado e intereses, pero al no haber cancelado el tributo en el plazo establecido, adecuó su conducta a la contravención por omisión de pago por lo que corresponde el cobro de la sanción en el 100% del tributo omitido.


Por todo lo expuesto, pidió se mantenga firme el cobro de la sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales en el importe de UFV 1.701.508, por concepto de IVA e IT y la suma de 1.200 UFV correspondiente a la Multa por Incumplimiento de Deber Formal, en razón a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no efectuó una correcta interpretación a la normativa, a los descargos oportunamente presentados, validando los ilícitos cometidos por el contribuyente.


VI.3. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare probada la demanda contencioso administrativa y se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0045/2013 y en definitiva se mantenga la Resolución Determinativa No. 17-000639-11.


VII. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 20 de agosto de 2013, que cursa de fs. 119 a 122 vta., señalando que, no obstante que la resolución impugnada está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, le corresponde remarcar y precisar lo siguiente:


Que la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, contiene un régimen de sanciones por incumplimiento a deberes formales, dentro del cual se determina, en el numeral 2.1. del inciso A), que el incumplimiento a la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones fijadas en normas emitidas para el efecto, será sancionado con la multa de 300 UFV para personas jurídicas. Al respecto, alega que de la revisión de las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 28869, 28870, 28871 y 28872, las mismas fueron elaboradas por el incumplimiento al deber formal de presentación de declaraciones juradas IVA e IT, respecto a la forma, medios y condiciones establecidas en normas específicas emitidas al efecto, evidenciándose también que dichas actas no refieren que el contribuyente haya incumplido los plazos de presentación de los formularios impositivos, sino que el incumplimiento específico tiene relación con la Forma de presentación de servicios y/o venta de bienes que configuran el hecho generador del IVA e IT que no fueron facturadas ni declaradas en dicho periodo, que considera constituyen un incumplimiento en la forma de presentación de las declaraciones juradas; al respecto, en materia tributaria, la tipicidad debe ser entendida como la adecuación de una conducta determinada en la descripción que hace una ley tributaria como punible, por lo que la acción u omisión del sujeto pasivo para ser considerada como ilícito y por consiguiente pasible de sanción, debe adecuarse a la conducta prevista de forma previa en la norma, no pudiendo recurrirse a la analogía para la aplicación del tipo sancionatorio a otras conductas similares.


Señala que de acuerdo al art. 3 de la RND No. 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, emitida por el SIN, los deberes formales constituyen obligaciones administrativas con independencia al cumplimiento de la obligación tributaria, motivo por el cual, la Administración Tributaria incurrió en error al calificar un pago diferido (que resulta una omisión de tributo) como incumplimiento al deber formal de presentar declaraciones juradas en cuanto a la Forma confundiendo una obligación administrativa con el incumplimiento de la obligación tributaria, siendo ésta última un vínculo de carácter personal cuyo cumplimiento se asegura mediante garantía real, mientras aquella consiste en una mera obligación administrativa, por lo que no existe previsión normativa alguna que determine que la declaración de un monto menor para la base imponible del impuesto constituya como tal un incumplimiento a la Forma con relación a la presentación de la declaración, por lo que sostiene que no sólo el accionar del contribuyente no se adecua al tipo previsto en el numeral 2.1. del inc. A de la RND No. 10-0021-04, sino que a su vez se pretendería sancionarlo con una multa por incumplimiento a deber formal sin que exista un tipo contravencional que califique como ilícito la presentación de declaraciones juradas que establezcan un importe menor al correspondiente a la obligación tributaria, conducta calificada como omisión de pago conforme al art. 165 de la Ley 2492, razón por la cual, las multas aplicadas en virtud a la Actas por Contravenciones antes mencionadas, carecen de sustento legal.


Continuó señalando que en el hipotético caso no consentido, de que el diferimiento de pago deba ser considerado como un incumplimiento al deber formal de presentar declaraciones juradas en cuanto a la forma, tipificación que según el SIN se encontraría en el numeral 2.1, Anexo A de la RND 10-0021-04, no es de aplicación directa, pues según prevé el art. 62-II de la Ley No. 2492, aplicable por disposición del art. 410 de la CPE ante cualquier otra Resolución de menor jerarquía como es el art. 20 de la RND 10-0021-04, la aplicación de sanciones en forma directa se da en los casos: “1) Falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, situación que no ocurre en el presente caso, toda vez que el SIN cuestiona la presentación de la DD.JJ. por la forma y no por el plazo. Más aún, la aplicación de la sanción en forma directa, no implica que la multa determinada sea considerada directamente un Título de Ejecución Tributaria, sino que la aplicación de la sanción deberá estar consignada directa y necesariamente en un acto administrativo definitivo (auto de multa u otros), que podrá ser sujeto de impugnación en la vía judicial o administrativa; es decir, que no es necesario iniciar un sumario contravencional que decrete la apertura de término de prueba, sino que directamente se impone la sanción por autoridad competente; todo lo señalado tiene su respaldo en la RND No. 10-0017-09 de 16 de diciembre, aplicable plenamente por estar vigente a la fecha de la notificación de la respectiva Orden de Verificación el 10 de noviembre de 2012, normativa que en su art. 1 modificó el art. 25 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre,  determinando que verificada la falta de presentación de declaraciones juradas en plazos establecidos, así como la presentación de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado, la Administración Tributaria emitirá periódicamente el Auto de Multa, el mismo que contendrá como mínimo, entre otros, los siguientes requisitos: j) Sanción establecida, señalando la norma específica infringida, k) Plazo y recursos que tiene el sujeto pasivo o tercero responsable para impugnar el Auto de Multa.


Concluyó señalando que la demanda contencioso administrativa incoada, carece de sustento jurídico-tributario, siendo evidente que no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubiere causado con la Resolución de Recurso Jerárquico.


VII.1. Petitorio. 


La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.

VIII.- CONTENIDO DE LA DEMANDA (Exp. 267/2013).


VIII.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Administración Tributaria con memorial de fs. 89 a 96 vta. se apersonó e interpuso demanda contencioso administrativa manifestando que la ex Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa No. 17-000638-11 de 29 de diciembre de 2011, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente ARCHER DLS Corporation, que asciende a un monto total de UFV 1.718.125, equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa a Bs. 2.951.137.-, correspondiente a la sanción por omisión de pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos junio 2007 y julio 2007, y que ante los resultados adversos de la resolución de alzada, ARCHER interpuso recurso jerárquico, resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0070/2013 de 21 de enero, la cual resolvió revocar parcialmente la resolución de alzada.



VI.2. Fundamentos de la demanda.

Sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz acusó que la autoridad jerárquica no realizó una correcta valoración de los cargos presentados y debidamente fundamentados por la Administración Tributaria, porque de acuerdo al art. 47 de la Ley Nº 2492 concordante con los arts. 8 y 9 del DS No. 27310, la Deuda Tributaria se encuentra conformada por el Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo.


Refiere que las ventas declaradas en los formularios 200 (IVA) de los periodos objetos de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que fueron facturados en periodos posteriores en el cual se perfeccionó el hecho generador, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en la normativa, por lo que una vez realizado el pago por el contribuyente quedó pendiente conformar una parte del Tributo Omitido (Mantenimiento de Valor), intereses y multa por incumplimiento a deberes formales de la Deuda Tributaria determinada, conforme a lo establecido en el art. 8 del DS 27310, y considerando que los accesorios se originan desde el primer día siguiente de vencido el plazo para el pago de los impuestos correspondiente, el pago del impuesto realizado por el contribuyente en los periodos facturados, corresponde únicamente al pago parcial o pago a cuenta del tributo omitido (sin mantenimiento de valor), lo propio ocurrió con el impuesto a las transacciones, pues el contribuyente procedió a la presentación de declaraciones juradas de los periodos facturados procediendo al pago de los importes correspondiente al Impuesto Determinado (Tributo Omitido) en moneda nacional, sin considerar el incremento (mantenimiento de valor) originado por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda por el tiempo transcurrido entre la fecha del vencimiento de los periodos efectivos de venta y la fecha de pago; asimismo las ventas declaradas por el contribuyente en los formularios 400 (IT) de los periodos objeto de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que las mismas fueron facturadas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones previstas en normas establecidas para el efecto.


Asimismo, citó el parágrafo I del art. 162 de la Ley Nº 2492 y 40 del DS 27310, indicando que el incumplimiento de los deberes formales establecidos en la normativa tributaria, constituyen conductas contraventoras a ser sancionadas con una multa que se establecerá mediante norma reglamentaria dentro de los límites mínimo y máximo establecidos. Añadió que la verificación y control de cumplimiento a los deberes formales a efectos de la determinación de la deuda tributaria se realizó en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del art. 29 del DS No. 27310 y art. 69 de la Ley 2492, que estipula que la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria, por tanto cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención.


Realizando una transcripción del art. 18 de la RND No. 10.0037.07, refiere que producto de la verificación al IVA y su efecto en el IT respecto a las ventas o servicios facturados en los periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, se estableció la contravención por el Incumplimiento al Deber Formal relacionado con la presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, al haber evidenciado que las declaraciones juradas del periodo junio y julio 2007 no reflejan la verdad, debido a que el importe declarado por ventas o servicios facturados en los periodos observados, no corresponden a los importes de las ventas efectivamente realizadas, que se origina por la emisión de facturas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfecciona el hecho generador, por lo que se infringió lo previsto en el art. 78 de la Ley 2492, que establece que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración, en la forma, medios, plazos y lugares establecidos en los reglamentos, se presumen fiel reflejo de la verdad, sancionándose con una multa de UFV 300 por cada periodo e impuesto, conforme establece el numeral 2.1. inc. A del Anexo consolidado de la RND No. 10-0021-04, incumplimiento que fue formalizado mediante F-7013 Acta por Contravenciones Tributarias Vinculas al Procedimiento de Determinación No. 28865, 28866, 28867 y 28868.   


Continuó señalando que mediante nota Cite: DLS/GG/ADM/273-10, el contribuyente comunicó a la Administración que los pagos realizados de manera voluntaria a través de boletas de pago F-1000 corresponden a posibles accesorios que pudieran ser generados, adjuntando el detalle de las notas fiscales y los importes base considerados para la determinación de los pagos realizados, evidenciándose que el 10 de noviembre de 2010, mediante Boletas de Pago F-1000, el contribuyente efectuó en efectivo pagos parciales a cuenta de la Deuda Tributaria, por tributo omitido actualizado e intereses, quedando pendiente de pago la multa por incumplimiento a deberes formales, por consiguiente de acuerdo a los numerales 1 y 11 del art. 70, art. 78, ambos de la Ley Nº 2492 y la RND 10-0021-04 en su art. 20, el deber formal de presentación de la declaración jurada, no sólo se limita a presentarlas en el plazo, forma, medios y lugares establecidos por la Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera correcta, lo cual implica que la forma de presentación no solamente se refiere a los formularios utilizados para el efecto, sino que los mismos deben reflejar los datos realizados de las operaciones del contribuyente. A ello agrega que, el numeral 5 del art. 60 de la Ley No. 2492 clasifica como contravención tributaria el Incumplimiento de otros Deberes Formales, el art. 62 de la citada ley establece los límites de la sanción, y el segundo párrafo del mismo artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador prevista en la misma norma, la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la normativa emanada de la Administración Tributaria, en ese sentido, al reconocer el contribuyente que los montos a cancelar son diferentes a los consignados en su Declaración Jurada original, reconoció tácitamente que las declaraciones presentadas en tiempo no reflejan lo real, poniendo en evidencia su actuar ilícito, por lo que la autoridad jerárquica al emitir su resolución parcializada, dio crédito al acto ilícito cometido por el contribuyente, por otro lado, era de conocimiento del recurrente que también debió haber cancelado las multas por este concepto, es decir, por haber cancelado importes a los consignados, las cuales se encuentran previstas en el numeral 2.1. inc. A del Anexo Consolidado de la RND No. 10-0021-04. 


Sobre la sanción por omisión de pago alegó que la Resolución Jerárquica determinó el pago del 20% conforme al art. 156 de la Ley No. 2492, siendo que corresponde el 100% de acuerdo al art. 165 del mismo cuerpo legal, en virtud al ilícito cometido por el contribuyente, pues al cancelar con Boleta de Pago F:1000 el impuesto determinado correspondiente a las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación, importe que difiere al determinado por el mismo contribuyente en sus Declaraciones Juradas, efectuó un reconocimiento tácito no solo de la deuda con el fisco, sino que el monto por concepto de ventas inicialmente consignado en sus DDJJ, no era el correcto, por tanto reconoció que dichas DDJJ, no fueron presentadas en la forma, al declarar la existencia de operaciones relacionadas con la presentación de servicios y/o venta de bienes que configuran el hecho generador del IVA e IT que no fueron facturadas ni  declaradas en dicho periodo, sino que las facturas fueron emitidas y declaradas en periodos posteriores, contraviniendo lo previsto en el art. 78 de la Ley No. 2492. Añade que, la Resolución de Recurso Jerárquico señaló que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales no forman parte de la deuda tributaria por no ser de aplicación directa al no tratarse de la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, sin embargo, se tiene demostrado con absoluta fundamentación que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales impuestas al contribuyente forman parte de la Deuda Tributaria por ser de aplicación directa, por consiguiente ratifica su determinación en el 100% del tributo omitido conforme establece el art. 154 de la Ley Nº 2492.


Refiriéndose al argumento de la autoridad jerárquica respecto a la falta de tipicidad en la imposición de la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, sostuvo que si bien el contribuyente determinó su deuda tributaria para las facturas observadas, sin embargo se trataban de facturas diferidas cuya obligación de declaración no se cumplió en la forma, medios y plazos establecidos por la Administración Tributaria, pues como resultado de la verificación se estableció que por los servicios prestados en los periodos junio y julio de 2007, se emitieron facturas en periodos posteriores, es decir en mayo, junio y agosto de 2007, es decir que se efectuó un pago diferido para dichos periodos. Sobre el punto reiteró que la Deuda Tributaria se encuentra conformada por impuesto omitido actualizado, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo, por tanto se estableció como pendiente el pago de la Multa por Incumplimiento a deberes formales, puesto que el contribuyente declaró el hecho generador de la obligación tributaria de manera posterior al periodo al que se encontraba gravado sin considerar la Multa que forma parte de la Deuda Tributaria, incumpliendo así su deber formal que generó una multa que debió ser cancelada junto con los demás componentes de la Deuda Tributaria. Remarcó que los pagos efectuados por el sujeto pasivo, llegaron a cubrir el tributo omitido actualizado e intereses, pero al no haber cancelado el tributo en el plazo establecido, adecuó su conducta a la contravención por omisión de pago por lo que corresponde el cobro de la sanción en el 100% del tributo omitido.


Por todo lo expuesto, pidió se mantenga firme el cobro de la sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales en el importe de UFV 1.718.125, por concepto de IVA e IT y la suma de 1.200 UFV correspondiente a la Multa por Incumplimiento de Deber Formal, en razón a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no efectuó una correcta interpretación a la normativa, a los descargos oportunamente presentados, validando los ilícitos cometidos por el contribuyente.


VIII.3. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare probada la demanda contencioso administrativa y se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0070/2013 y en definitiva se mantenga la Resolución Determinativa No. 17-000638-11.


IX. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 20 de agosto de 2013, que cursa de fs. 111 a 114, reiterando los mismos argumentos del memorial de contestación contenido en el Numeral VII de la presente resolución.


IX.1. Petitorio.


La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.


X.- CONTENIDO DE LA DEMANDA (Exp. 268/2013).


X.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria con memorial de fs. 111 a 118 vta. interpuso demanda contencioso administrativa manifestando que la ex Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa No. 17-000636-11 de 29 de diciembre de 2011, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente ARCHER DLS Corporation, que asciende a un monto total de UFV 1.505.910, equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa a Bs. 2.650.045.-, correspondiente a la sanción por omisión de pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos febrero 2007 y marzo 2007, y que ante los resultados adversos de la resolución de alzada, ARCHER interpuso recurso jerárquico, resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0062/2013 de 21 de enero, la cual resolvió revocar parcialmente la resolución de alzada.


X.2. Fundamentos de la demanda. 


Sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz acusó que la autoridad jerárquica no realizó una correcta valoración de los cargos presentados y debidamente fundamentados por la Administración Tributaria, porque de acuerdo al art. 47 de la Ley Nº 2492 concordante con los arts. 8 y 9 del DS No. 27310, la Deuda Tributaria se encuentra conformada por el Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo.


Refiere que las ventas declaradas en los formularios 200 (IVA) de los periodos objetos de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que fueron facturados en periodos posteriores en el cual se perfeccionó el hecho generador, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en la normativa, por lo que una vez realizado el pago por el contribuyente quedó pendiente conformar una parte del Tributo Omitido (Mantenimiento de Valor), intereses y multa por incumplimiento a deberes formales de la Deuda Tributaria determinada, conforme a lo establecido en el art. 8 del DS 27310, y considerando que los accesorios se originan desde el primer día siguiente de vencido el plazo para el pago de los impuestos correspondiente, el pago del impuesto realizado por el contribuyente en los periodos facturados, corresponde únicamente al pago parcial o pago a cuenta del tributo omitido (sin mantenimiento de valor), lo propio ocurrió con el impuesto a las transacciones, pues el contribuyente procedió a la presentación de declaraciones juradas de los periodos facturados procediendo al pago de los importes correspondiente al Impuesto Determinado (Tributo Omitido) en moneda nacional, sin considerar el incremento (mantenimiento de valor) originado por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda por el tiempo transcurrido entre la fecha del vencimiento de los periodos efectivos de venta y la fecha de pago; asimismo las ventas declaradas por el contribuyente en los formularios 400 (IT) de los periodos objeto de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que las mismas fueron facturadas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones previstas en normas establecidas para el efecto.


Asimismo, citó el parágrafo I del art. 162 de la Ley Nº 2492 y 40 del DS 27310, indicando que el incumplimiento de los deberes formales establecidos en la normativa tributaria, constituyen conductas contraventoras a ser sancionadas con una multa que se establecerá mediante norma reglamentaria dentro de los límites mínimo y máximo establecidos. Añadió que la verificación y control de cumplimiento a los deberes formales a efectos de la determinación de la deuda tributaria se realizó en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del art. 29 del DS No. 27310 y art. 69 de la Ley Nº 2492, que estipula que la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria, por tanto cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención.


Realizando una transcripción del art. 18 de la RND No. 10.0037.07, refiere que producto de la verificación al IVA y su efecto en el IT respecto a las ventas o servicios facturados en los periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, se estableció la contravención por el Incumplimiento al Deber Formal relacionado con la presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, al haber evidenciado que las declaraciones juradas del periodo febrero y marzo 2007 no reflejan la verdad, debido a que el importe declarado por ventas o servicios facturados en los periodos observados, no corresponden a los importes de las ventas efectivamente realizadas, que se origina por la emisión de facturas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfecciona el hecho generador, por lo que se infringió lo previsto en el art. 78 de la Ley Nº 2492, que establece que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración, en la forma, medios, plazos y lugares establecidos en los reglamentos, se presumen fiel reflejo de la verdad, sancionándose con una multa de UFV 300 por cada periodo e impuesto, conforme establece el numeral 2.1. inc. A del Anexo consolidado de la RND No. 10-0021-04, incumplimiento que fue formalizado mediante F-7013 Acta por Contravenciones Tributarias Vinculas al Procedimiento de Determinación No. 28857, 28858, 28859 y 28860.   


Continuó señalando que mediante nota Cite: DLS/GG/ADM/273-10, el contribuyente comunicó a la Administración que los pagos realizados de manera voluntaria a través de boletas de pago F-1000 corresponden a posibles accesorios que pudieran ser generados, adjuntando el detalle de las notas fiscales y los importes base considerados para la determinación de los pagos realizados, evidenciándose que el 10 de noviembre de 2010, mediante Boletas de Pago F-1000, el contribuyente efectuó en efectivo pagos parciales a cuenta de la Deuda Tributaria, por tributo omitido actualizado e intereses, quedando pendiente de pago la multa por incumplimiento a deberes formales, por consiguiente de acuerdo a los numerales 1 y 11 del art. 70, art. 78, ambos de la Ley Nº 2492 y la RND 10-0021-04 en su art. 20, se debe entender que el deber formal de presentación de la declaración jurada, no sólo se limita a presentarlas en el plazo, forma, medios y lugares establecidos por la Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera correcta, lo cual implica que la forma de presentación no solamente se refiere a los formularios utilizados para el efecto, sino que los mismos deben reflejar los datos realizados de las operaciones del contribuyente. A ello agrega que, el numeral 5 del art. 60 de la Ley Nº 2492 clasifica como contravención tributaria el Incumplimiento de otros Deberes Formales, el art. 62 de la citada ley establece los límites de la sanción, y el segundo párrafo del mismo artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador prevista en la misma norma, la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la normativa emanada de la Administración Tributaria, en ese sentido, al reconocer el contribuyente que los montos a cancelar son diferentes a los consignados en su Declaración Jurada original, reconoció tácitamente que las declaraciones presentadas en tiempo no reflejan lo real, poniendo en evidencia su actuar ilícito, por lo que la autoridad jerárquica al emitir su resolución parcializada, dio crédito al acto ilícito cometido por el contribuyente, por otro lado, era de conocimiento del recurrente que también debió haber cancelado las multas por este concepto, es decir, por haber cancelado importes a los consignados, las cuales se encuentran previstas en el numeral 2.1. inc. A del Anexo Consolidado de la RND No. 10-0021-04. 


Sobre la sanción por omisión de pago alegó que la Resolución Jerárquica determinó el pago del 20% conforme al art. 156 de la Ley No. 2492, siendo que corresponde el 100% de acuerdo al art. 165 del mismo cuerpo legal, en virtud al ilícito cometido por el contribuyente, pues al cancelar con Boleta de Pago F:1000 el impuesto determinado correspondiente a las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación, importe que difiere al determinado por el mismo contribuyente en sus Declaraciones Juradas, efectuó un reconocimiento tácito no solo de la deuda con el fisco, sino que el monto por concepto de ventas inicialmente consignado en sus DDJJ, no era el correcto, por tanto reconoció que dichas DDJJ, no fueron presentadas en la forma, al declarar la existencia de operaciones relacionadas con la presentación de servicios y/o venta de bienes que configuran el hecho generador del IVA e IT que no fueron facturadas ni  declaradas en dicho periodo, sino que las facturas fueron emitidas y declaradas en periodos posteriores, contraviniendo lo previsto en el art. 78 de la Ley No. 2492. Añade que, la Resolución de Recurso Jerárquico señaló que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales no forman parte de la deuda tributaria por no ser de aplicación directa al no tratarse de la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, sin embargo, se tiene demostrado con absoluta fundamentación que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales impuestas al contribuyente forman parte de la Deuda Tributaria por ser de aplicación directa, por consiguiente ratifica su determinación en el 100% del tributo omitido conforme establece el art. 154 de la Ley Nº 2492.


Refiriéndose al argumento de la autoridad jerárquica respecto a la falta de tipicidad en la imposición de la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, sostuvo que si bien el contribuyente determinó su deuda tributaria para las facturas observadas, sin embargo se trataban de facturas diferidas cuya obligación de declaración no se cumplió en la forma, medios y plazos establecidos por la Administración Tributaria, pues como resultado de la verificación se estableció que por los servicios prestados en los periodos febrero y marzo de 2007, se emitieron facturas en periodos posteriores, es decir en marzo, abril, mayo y junio de 2007, es decir que se efectuó un pago diferido para dichos periodos. Sobre el punto reiteró que la Deuda Tributaria se encuentra conformada por impuesto omitido actualizado, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo, por tanto se estableció como pendiente el pago de la Multa por Incumplimiento a deberes formales, puesto que el contribuyente declaró el hecho generador de la obligación tributaria de manera posterior al periodo al que se encontraba gravado sin considerar la Multa que forma parte de la Deuda Tributaria, incumpliendo así su deber formal que generó una multa que debió ser cancelada junto con los demás componentes de la Deuda Tributaria. Remarcó que los pagos efectuados por el sujeto pasivo, llegaron a cubrir el tributo omitido actualizado e intereses, pero al no haber cancelado el tributo en el plazo establecido, adecuó su conducta a la contravención por omisión de pago por lo que corresponde el cobro de la sanción en el 100% del tributo omitido.


Por todo lo expuesto, pidió se mantenga firme el cobro de la sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales en el importe de UFV 1.504.710, por concepto de IVA e IT y la suma de 1.200 UFV correspondiente a la Multa por Incumplimiento de Deber Formal, en razón a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no efectuó una correcta interpretación a la normativa, a los descargos oportunamente presentados, validando los ilícitos cometidos por el contribuyente.


X.3. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare probada la demanda contencioso administrativa y se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0062/2013 y en definitiva se mantenga la Resolución Determinativa No. 17-000636-11.


XI. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 20 de agosto de 2013, que cursa de fs. 127 a 130 vta., reiterando los mismos argumentos del memorial de contestación contenido en el Numeral VII de la presente resolución.


XI.1. Petitorio.

La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.


XII.- CONTENIDO DE LA DEMANDA (Exp. 269/2013).


XII.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Administración Tributaria con memorial de fs. 90 a 97 vta. se apersonó e interpuso demanda contencioso administrativa manifestando que la ex Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa No. 17-000637-11 de 29 de diciembre de 2011, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente ARCHER DLS Corporation, que asciende a un monto total de UFV 1.542.832,  correspondiente a la sanción por omisión de pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos abril 2007 y mayo 2007, y que ante los resultados adversos de la resolución de alzada, ARCHER interpuso recurso jerárquico, resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0071/2013 de 21 de enero, la cual resolvió revocar parcialmente la resolución de alzada.


XII.2. Fundamentos de la demanda. 


Sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz acusó que la autoridad jerárquica no realizó una correcta valoración de los cargos presentados y debidamente fundamentados por la Administración Tributaria, porque de acuerdo al art. 47 de la Ley Nº 2492 concordante con los arts. 8 y 9 del DS No. 27310, la Deuda Tributaria se encuentra conformada por el Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo.


Refiere que las ventas declaradas en los formularios 200 (IVA) de los periodos objetos de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que fueron facturados en periodos posteriores en el cual se perfeccionó el hecho generador, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en la normativa, por lo que una vez realizado el pago por el contribuyente quedó pendiente conformar una parte del Tributo Omitido (Mantenimiento de Valor), intereses y multa por incumplimiento a deberes formales de la Deuda Tributaria determinada, conforme a lo establecido en el art. 8 del DS 27310, y considerando que los accesorios se originan desde el primer día siguiente de vencido el plazo para el pago de los impuestos correspondiente, el pago del impuesto realizado por el contribuyente en los periodos facturados, corresponde únicamente al pago parcial o pago a cuenta del tributo omitido (sin mantenimiento de valor), lo propio ocurrió con el impuesto a las transacciones, pues el contribuyente procedió a la presentación de declaraciones juradas de los periodos facturados procediendo al pago de los importes correspondiente al Impuesto Determinado (Tributo Omitido) en moneda nacional, sin considerar el incremento (mantenimiento de valor) originado por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda por el tiempo transcurrido entre la fecha del vencimiento de los periodos efectivos de venta y la fecha de pago; asimismo las ventas declaradas por el contribuyente en los formularios 400 (IT) de los periodos objeto de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que las mismas fueron facturadas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones previstas en normas establecidas para el efecto.


Asimismo, citó el parágrafo I del art. 162 de la Ley Nº 2492 y 40 del DS 27310, indicando que el incumplimiento de los deberes formales establecidos en la normativa tributaria, constituyen conductas contraventoras a ser sancionadas con una multa que se establecerá mediante norma reglamentaria dentro de los límites mínimo y máximo establecidos. Añadió que la verificación y control de cumplimiento a los deberes formales a efectos de la determinación de la deuda tributaria se realizó en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del art. 29 del DS No. 27310 y art. 69 de la Ley 2492, que estipula que la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria, por tanto cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención.


Realizando una transcripción del art. 18 de la RND No. 10.0037.07, refiere que producto de la verificación al IVA y su efecto en el IT respecto a las ventas o servicios facturados en los periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, se estableció la contravención por el Incumplimiento al Deber Formal relacionado con la presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, al haber evidenciado que las declaraciones juradas del periodo abril y mayo de 2007 no reflejan la verdad, debido a que el importe declarado por ventas o servicios facturados en los periodos observados, no corresponden a los importes de las ventas efectivamente realizadas, que se origina por la emisión de facturas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfecciona el hecho generador, por lo que se infringió lo previsto en el art. 78 de la Ley Nº 2492, que establece que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración, en la forma, medios, plazos y lugares establecidos en los reglamentos, se presumen fiel reflejo de la verdad, sancionándose con una multa de UFV 300 por cada periodo e impuesto, conforme establece el numeral 2.1. inc. A del Anexo consolidado de la RND No. 10-0021-04, incumplimiento que fue formalizado mediante F-7013 Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 28861, 28862, 28863 y 28864. 

 

Continuó señalando que mediante nota Cite: DLS/GG/ADM/273-10, el contribuyente comunicó a la Administración que los pagos realizados de manera voluntaria a través de boletas de pago F-1000 corresponden a posibles accesorios que pudieran ser generados, adjuntando el detalle de las notas fiscales y los importes base considerados para la determinación de los pagos realizados, evidenciándose que el 10 de noviembre de 2010, mediante Boletas de Pago F-1000, el contribuyente efectuó en efectivo pagos parciales a cuenta de la Deuda Tributaria, por tributo omitido actualizado e intereses, quedando pendiente de pago la multa por incumplimiento a deberes formales, por consiguiente de acuerdo a los numerales 1 y 11 del art. 70, art. 78, ambos de la Ley Nº 2492 y la RND 10-0021-04 en su art. 20,  el deber formal de presentación de la declaración jurada, no sólo se limita a presentarlas en el plazo, forma, medios y lugares establecidos por la Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera correcta, lo cual implica que la forma de presentación no solamente se refiere a los formularios utilizados para el efecto, sino que los mismos deben reflejar los datos realizados de las operaciones del contribuyente. A ello agrega que, el numeral 5 del art. 60 de la Ley No. 2492 clasifica como contravención tributaria el Incumplimiento de otros Deberes Formales, el art. 62 de la citada ley establece los límites de la sanción, y el segundo párrafo del mismo artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador prevista en la misma norma, la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la normativa emanada de la Administración Tributaria, en ese sentido, al reconocer el contribuyente que los montos a cancelar son diferentes a los consignados en su Declaración Jurada original, reconoció tácitamente que las declaraciones presentadas en tiempo no reflejan lo real, poniendo en evidencia su actuar ilícito, por lo que la autoridad jerárquica al emitir su resolución parcializada, dio crédito al acto ilícito cometido por el contribuyente, por otro lado, era de conocimiento del recurrente que también debió haber cancelado las multas por este concepto, es decir, por haber cancelado importes a los consignados, las cuales se encuentran previstas en el numeral 2.1. inc. A del Anexo Consolidado de la RND No. 10-0021-04. 


Sobre la sanción por omisión de pago alegó que la Resolución Jerárquica determinó el pago del 20% conforme al art. 156 de la Ley Nº 2492, siendo que corresponde el 100% de acuerdo al art. 165 del mismo cuerpo legal, en virtud al ilícito cometido por el contribuyente, pues al cancelar con Boleta de Pago F:1000 el impuesto determinado correspondiente a las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación, importe que difiere al determinado por el mismo contribuyente en sus Declaraciones Juradas, efectuó un reconocimiento tácito no solo de la deuda con el fisco, sino que el monto por concepto de ventas inicialmente consignado en sus DDJJ, no era el correcto, por tanto reconoció que dichas DDJJ, no fueron presentadas en la forma, al declarar la existencia de operaciones relacionadas con la presentación de servicios y/o venta de bienes que configuran el hecho generador del IVA e IT que no fueron facturadas ni  declaradas en dicho periodo, sino que las facturas fueron emitidas y declaradas en periodos posteriores, contraviniendo lo previsto en el art. 78 de la Ley No. 2492. Añade que, la Resolución de Recurso Jerárquico señaló que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales no forman parte de la deuda tributaria por no ser de aplicación directa al no tratarse de la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, sin embargo, se tiene demostrado con absoluta fundamentación que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales impuestas al contribuyente forman parte de la Deuda Tributaria por ser de aplicación directa, por consiguiente ratifica su determinación en el 100% del tributo omitido conforme establece el art. 154 de la Ley Nº 2492.


Refiriéndose al argumento de la autoridad jerárquica respecto a la falta de tipicidad en la imposición de la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, sostuvo que si bien el contribuyente determinó su deuda tributaria para las facturas observadas, sin embargo se trataban de facturas diferidas cuya obligación de declaración no se cumplió en la forma, medios y plazos establecidos por la Administración Tributaria, pues como resultado de la verificación se estableció que por los servicios prestados en los periodos abril y mayo de 2007, se emitieron facturas en periodos posteriores, es decir en mayo, junio y agosto de 2007, es decir que se efectuó un pago diferido para dichos periodos. Sobre el punto reiteró que la Deuda Tributaria se encuentra conformada por impuesto omitido actualizado, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo, por tanto se estableció como pendiente el pago de la Multa por Incumplimiento a deberes formales, puesto que el contribuyente declaró el hecho generador de la obligación tributaria de manera posterior al periodo al que se encontraba gravado sin considerar la Multa que forma parte de la Deuda Tributaria, incumpliendo así su deber formal que generó una multa que debió ser cancelada junto con los demás componentes de la Deuda Tributaria. Remarcó que los pagos efectuados por el sujeto pasivo, llegaron a cubrir el tributo omitido actualizado e intereses, pero al no haber cancelado el tributo en el plazo establecido, adecuó su conducta a la contravención por omisión de pago por lo que corresponde el cobro de la sanción en el 100% del tributo omitido.


Por todo lo expuesto, pidió se mantenga firme el cobro de la sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales en el importe de UFV 1.541.632, por concepto de IVA e IT y la suma de 1.200 UFV correspondiente a la Multa por Incumplimiento de Deber Formal, en razón a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no efectuó una correcta interpretación a la normativa, a los descargos oportunamente presentados, validando los ilícitos cometidos por el contribuyente.


XII.3. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare probada la demanda contencioso administrativa y se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0071/2013 y en definitiva se mantenga la Resolución Determinativa No. 17-000637-11.


XIII. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 20 de agosto de 2013, que cursa de fs. 105 a 108 vta., reiterando los mismos argumentos del memorial de contestación contenido en el Numeral VII de la presente resolución.


XIII.1. Petitorio.

La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.

XIV.- CONTENIDO DE LA DEMANDA (Exp. 270/2013).


XIV.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Administración Tributaria con memorial de fs. 11 a 108 vta. se apersonó e interpuso demanda contencioso administrativa, manifestando que la ex Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa No. 17-000635-11 de 29 de diciembre de 2011, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente ARCHER DLS Corporation, que asciende a un monto total de UFV 1.611.242, equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa a Bs. 2.767.550.-, correspondiente a la sanción por omisión de pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos diciembre 2006 y enero 2007, y que ante los resultados adversos de la resolución de alzada, ARCHER interpuso recurso jerárquico, resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0069/2013 de 21 de enero, la cual resolvió revocar parcialmente la resolución de alzada.


XIV.2. Fundamentos de la demanda. 


Sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz acusó que la autoridad jerárquica no realizó una correcta valoración de los cargos presentados y debidamente fundamentados por la Administración Tributaria, porque de acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 concordante con los arts. 8 y 9 del DS No. 27310, la Deuda Tributaria se encuentra conformada por el Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo.


Refiere que las ventas declaradas en los formularios 200 (IVA) de los periodos objetos de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que fueron facturados en periodos posteriores en el cual se perfeccionó el hecho generador, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en la normativa, por lo que una vez realizado el pago por el contribuyente quedó pendiente conformar una parte del Tributo Omitido (Mantenimiento de Valor), intereses y multa por incumplimiento a deberes formales de la Deuda Tributaria determinada, conforme a lo establecido en el art. 8 del DS 27310, y considerando que los accesorios se originan desde el primer día siguiente de vencido el plazo para el pago de los impuestos correspondiente, el pago del impuesto realizado por el contribuyente en los periodos facturados, corresponde únicamente al pago parcial o pago a cuenta del tributo omitido (sin mantenimiento de valor), lo propio ocurrió con el impuesto a las transacciones, pues el contribuyente procedió a la presentación de declaraciones juradas de los periodos facturados procediendo al pago de los importes correspondiente al Impuesto Determinado (Tributo Omitido) en moneda nacional, sin considerar el incremento (mantenimiento de valor) originado por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda por el tiempo transcurrido entre la fecha del vencimiento de los periodos efectivos de venta y la fecha de pago; asimismo las ventas declaradas por el contribuyente en los formularios 400 (IT) de los periodos objeto de revisión, no guardan relación con las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que las mismas fueron facturadas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, estableciéndose incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones previstas en normas establecidas para el efecto.


Asimismo, citó el parágrafo I del art. 162 de la Ley Nº 2492 y 40 del DS 27310, indicando que el incumplimiento de los deberes formales establecidos en la normativa tributaria, constituyen conductas contraventoras a ser sancionadas con una multa que se establecerá mediante norma reglamentaria dentro de los límites mínimo y máximo establecidos. Añadió que la verificación y control de cumplimiento a los deberes formales a efectos de la determinación de la deuda tributaria se realizó en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del art. 29 del DS No. 27310 y art. 69 de la Ley 2492, que estipula que la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria, por tanto cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención.


Realizando una transcripción del art. 18 de la RND No. 10.0037.07, refiere que producto de la verificación al IVA y su efecto en el IT respecto a las ventas o servicios facturados en los periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, se estableció la contravención por el Incumplimiento al Deber Formal relacionado con la presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, al haber evidenciado que las declaraciones juradas del periodo diciembre 2006 y enero 2007 no reflejan la verdad, debido a que el importe declarado por ventas o servicios facturados en los periodos observados, no corresponden a los importes de las ventas efectivamente realizadas, que se origina por la emisión de facturas en periodos posteriores al periodo en el cual se perfecciona el hecho generador, por lo que se infringió lo previsto en el art. 78 de la Ley Nº 2492, que establece que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración, en la forma, medios, plazos y lugares establecidos en los reglamentos, se presumen fiel reflejo de la verdad, sancionándose con una multa de UFV 300 por cada periodo e impuesto, conforme establece el numeral 2.1. inc. A del Anexo consolidado de la RND No. 10-0021-04, incumplimiento que fue formalizado mediante F-7013 Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 28853, 28854, 28855 y 28856.  

Continuó señalando que mediante nota Cite: DLS/GG/ADM/273-10, el contribuyente comunicó a la Administración que los pagos realizados de manera voluntaria a través de boletas de pago F-1000 corresponden a posibles accesorios que pudieran ser generados, adjuntando el detalle de las notas fiscales y los importes base considerados para la determinación de los pagos realizados, evidenciándose que el 10 de noviembre de 2010, mediante Boletas de Pago F-1000, el contribuyente efectuó en efectivo pagos parciales a cuenta de la Deuda Tributaria, por tributo omitido actualizado e intereses, quedando pendiente de pago la multa por incumplimiento a deberes formales, por consiguiente de acuerdo a los numerales 1 y 11 del art. 70, art. 78, ambos de la Ley Nº 2492 y la RND 10-0021-04 en su art. 20, se debe entender que el deber formal de presentación de la declaración jurada, no sólo se limita a presentarlas en el plazo, forma, medios y lugares establecidos por la Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera correcta, lo cual implica que la forma de presentación no solamente se refiere a los formularios utilizados para el efecto, sino que los mismos deben reflejar los datos realizados de las operaciones del contribuyente. A ello agrega que, el numeral 5 del art. 60 de la Ley Nº 2492 clasifica como contravención tributaria el Incumplimiento de otros Deberes Formales, el art. 62 de la citada ley establece los límites de la sanción, y el segundo párrafo del mismo artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador prevista en la misma norma, la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la normativa emanada de la Administración Tributaria, en ese sentido, al reconocer el contribuyente que los montos a cancelar son diferentes a los consignados en su Declaración Jurada original, reconoció tácitamente que las declaraciones presentadas en tiempo no reflejan lo real, poniendo en evidencia su actuar ilícito, por lo que la autoridad jerárquica al emitir su resolución parcializada, dio crédito al acto ilícito cometido por el contribuyente, por otro lado, era de conocimiento del recurrente que también debió haber cancelado las multas por este concepto, es decir, por haber cancelado importes a los consignados, las cuales se encuentran previstas en el numeral 2.1. inc. A del Anexo Consolidado de la RND No. 10-0021-04. 


Sobre la sanción por omisión de pago alegó que la Resolución Jerárquica determinó el pago del 20% conforme al art. 156 de la Ley No. 2492, siendo que corresponde el 100% de acuerdo al art. 165 del mismo cuerpo legal, en virtud al ilícito cometido por el contribuyente, pues al cancelar con Boleta de Pago F:1000 el impuesto determinado correspondiente a las ventas efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación, importe que difiere al determinado por el mismo contribuyente en sus Declaraciones Juradas, efectuó un reconocimiento tácito no solo de la deuda con el fisco, sino que el monto por concepto de ventas inicialmente consignado en sus DDJJ, no era el correcto, por tanto reconoció que dichas DDJJ, no fueron presentadas en la forma, al declarar la existencia de operaciones relacionadas con la presentación de servicios y/o venta de bienes que configuran el hecho generador del IVA e IT que no fueron facturadas ni  declaradas en dicho periodo, sino que las facturas fueron emitidas y declaradas en periodos posteriores, contraviniendo lo previsto en el art. 78 de la Ley Nº 2492. Añade que, la Resolución de Recurso Jerárquico señaló que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales no forman parte de la deuda tributaria por no ser de aplicación directa al no tratarse de la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, sin embargo, se tiene demostrado con absoluta fundamentación que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales impuestas al contribuyente forman parte de la Deuda Tributaria por ser de aplicación directa, por consiguiente ratifica su determinación en el 100% del tributo omitido conforme establece el art. 154 de la Ley Nº 2492.


Refiriéndose al argumento de la autoridad jerárquica respecto a la falta de tipicidad en la imposición de la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, sostuvo que si bien el contribuyente determinó su deuda tributaria para las facturas observadas, sin embargo se trataban de facturas diferidas cuya obligación de declaración no se cumplió en la forma, medios y plazos establecidos por la Administración Tributaria, pues como resultado de la verificación se estableció que por los servicios prestados en los periodos diciembre 2006 y enero 2007, se emitieron facturas en periodos posteriores, es decir en marzo, abril y mayo de 2007, es decir que se efectuó un pago diferido para dichos periodos. Sobre el punto reiteró que la Deuda Tributaria se encuentra conformada por impuesto omitido actualizado, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales, originados al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación de pagar el impuesto respectivo, por tanto se estableció como pendiente el pago de la Multa por Incumplimiento a deberes formales, puesto que el contribuyente declaró el hecho generador de la obligación tributaria de manera posterior al periodo al que se encontraba gravado sin considerar la Multa que forma parte de la Deuda Tributaria, incumpliendo así su deber formal que generó una multa que debió ser cancelada junto con los demás componentes de la Deuda Tributaria. Remarcó que los pagos efectuados por el sujeto pasivo, llegaron a cubrir el tributo omitido actualizado e intereses, pero al no haber cancelado el tributo en el plazo establecido, adecuó su conducta a la contravención por omisión de pago por lo que corresponde el cobro de la sanción en el 100% del tributo omitido.


Por todo lo expuesto, pidió se mantenga firme el cobro de la sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales en el importe de UFV 1.611.242, por concepto de IVA e IT y la suma de 1.200 UFV correspondiente a la Multa por Incumplimiento de Deber Formal, en razón a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no efectuó una correcta interpretación a la normativa, a los descargos oportunamente presentados, validando los ilícitos cometidos por el contribuyente.


XIV.3. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare probada la demanda contencioso administrativa y se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0069/2013 y en definitiva se mantenga la Resolución Determinativa No. 17-000635-11.


XV. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 20 de agosto de 2013, que cursa de fs. 116 a 119 vta., reiterando los mismos argumentos del memorial de contestación contenido en el Numeral VII de la presente resolución.


XV.1. Petitorio.

La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.


XVI.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


Continuando el trámite de los procesos citados precedentemente, se tiene:


1.- Exp. No. 253/2013.- La empresa demandante ARCHER DLS Corporation presentó la réplica de fs. 190 a 192 y la autoridad demandada presentó la dúplica de fs. 195, por lo que no existiendo nada más que tramitar y siendo el estado de la causa, se decretó Autos para Sentencia.


2.- Exp. No. 265/2013.- La entidad demandante GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales presentó la réplica de fs. 148 a 151 y la autoridad demandada presentó la dúplica de fs. 156 a 156 vta., por lo que no existiendo nada más que tramitar y siendo el estado de la causa, se decretó Autos para Sentencia.


3.- Exp. No. 266/2013.- La entidad demandante GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales presentó la réplica de fs. 147 a 149 vta. y la autoridad demandada presentó la dúplica de fs. 160 a 160 vta., por lo que no existiendo nada más que tramitar y siendo el estado de la causa, se decretó Autos para Sentencia.


4.- Exp. No. 267/2013.- La entidad demandante GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales presentó la réplica de fs. 145 a 147 vta. y la autoridad demandada presentó la dúplica de fs. 155 a 155 vta., por lo que no existiendo nada más que tramitar y siendo el estado de la causa, se decretó Autos para Sentencia.


5.- Exp. No. 268/2013.- La entidad demandante GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales presentó la réplica de fs. 155 a 157 vta. y la autoridad demandada presentó la dúplica de fs. 161 a 161 vta., por lo que no existiendo nada más que tramitar y siendo el estado de la causa, se decretó Autos para Sentencia.


6.- Exp. No. 269/2013.- La entidad demandante GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales presentó la réplica de fs. 139 a 142 vta. y la autoridad demandada presentó la dúplica de fs. 185 a 185 vta., por lo que no existiendo nada más que tramitar y siendo el estado de la causa, se decretó Autos para Sentencia.


7.- Exp. No. 270/2013.- La entidad demandante GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales presentó la réplica de fs. 152 a 155 y la autoridad demandada presentó la dúplica de fs. 161 a 161 vta., por lo que no existiendo nada más que tramitar y siendo el estado de la causa, se decretó Autos para Sentencia.

Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:


XVI.1.- Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se verifica que la Administración Tributaria el 9 de noviembre de 2010, emitió las Órdenes de Verificación Nos. 7810OVE00032, 7810OVE00033, 7810OVE00034, 7810OVE00035, 7810OVE00036 y 7810OVE00037, notificadas al contribuyente ARCHER DLS Corporation el 11 de noviembre de 2010, a través de las cuales se dio inicio a seis procedimientos de verificación para determinar el Débito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos diciembre 2006 y enero 2007, febrero 2007 y marzo 2007, abril 2007 y mayo 2007, junio 2007 y julio 2007, agosto 2007 y septiembre 2007, octubre 2007 y noviembre de 2007, respectivamente. Asimismo, solicitó información adicional que respalde las transacciones por ventas y/o prestación de servicios, detalle de todos los pagos realizados según Boletas 1000 y los conceptos cancelados, así también información adicional en relación a los pagos realizados en noviembre de 2010 según Boletas 1000.

XVI.2.- El 11 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: SIN/GSH/DF/INF/0549/2011, CITE: SIN/GSH/DF/INF/0552/2011, CITE: SIN/GSH/DF/INF/0551/2011, CITE: SIN/GSH/DF/INF/0550/2011, CITE: SIN/GSH/DF/INF/0548/2011 y CITE: SIN/GSH/DF/INF/0547/2011, estableciendo que las diferencias determinadas a favor del Fisco se originan en el pago diferido del IVA y su efecto en el IT, considerando que al no acreditarse el pago total de la deuda tributaria con anterioridad a las actuaciones de la Administración Tributaria, surge una deuda a favor del fisco.


XVI.3.- Emitidas las Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0094/2011, CITE: SIN/GSH/DF/VC/0095/2011, CITE: SIN/GSH/DF/VC/0096/2011, CITE: SIN/GSH/DF/VC/0097/2011, CITE: SIN/GSH/DF/VC/0098/2011 y CITE: SIN/GSH/DF/VC/0099/2011, todas de 11 de octubre, las cuales liquidan preliminarmente la deuda tributaria por concepto de omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales.


XVI.4.- ARCHER presentó descargos a las Vistas de Cargo, razón por la cual la Administración Tributaria mediante Informes de Conclusiones, procedió a ratificar los importes establecidos en las Vistas de Cargo.


XVI.5.- A continuación, dictadas las Resoluciones Determinativas Nos. 17-000635-11, 17-000636-11, 17-000637-11, 17-000638-11, 17-000-638-11, 17-000639-11 y 17-000640-11, de 29 de diciembre de 2011, ratificaron los importes establecidos en las Vistas de Cargo, correspondiente a las sanciones por omisión de pago y multa por incumplimiento a los deberes formales.


XVI.6.- Las referidas Resoluciones Determinativas fueron impugnadas por ARCHER DLS Corporation, a través de seis recursos de alzada, que fueron resueltos el 13 de abril de 2012, mediante seis Resoluciones de Recurso de Alzada, determinando revocar parcialmente las Resoluciones Determinativas, dejando sin efecto el 100% de la sanción por omisión de pago y manteniendo las multas por incumplimiento a los deberes formales. Resoluciones a su vez, fueron objeto de seis recursos jerárquicos interpuestos por la Administración Tributaria, siendo resueltos mediante seis Resoluciones de Recurso Jerárquico, todas de 24 de julio de 2012, disponiendo la anulación de obrados hasta que la instancia de alzada emita nuevas resoluciones que contengan la decisión expresa y precisa de las cuestiones planteadas por el recurrente.


XVI.7.- El 12 de octubre de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional de Santa Cruz, emitió las Resoluciones de Recurso de Alzada Nos. ARIT-SCZ/RA 0362/2012, ARIT-SCZ/RA 0363/2012, ARIT-SCZ/RA 0365/2012, ARIT-SCZ/RA 0364/2012, ARIT-SCZ/RA 0367/2012 y ARIT-SCZ/RA 0366/2012, las cuales confirmaron las Resoluciones Determinativas impugnadas.


XVI.8.- Contra estas Resoluciones ARCHER interpuso seis recursos jerárquicos, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ No. 0071/2013, AGIT-RJ No. 0072/2013, AGIT-RJ No. 0045/2013, AGIT RJ No. 070/2013, AGIT-RJ No. 0062/2013 y AGIT-RJ No. 0069/2013, todas de 21 de enero de 2013, que resolvieron revocar parcialmente las citadas Resoluciones de Alzada modificando el importe de la sanción por Omisión de Pago al 20%, dejando sin efecto la multa por Incumplimiento a los Deberes Formales (1.200 UFV por cada periodo e impuesto), por la presentación de las Declaraciones Juradas y manteniendo firme la multa de 3.000 UFV, por incumplimiento al deber formal generado por el Procedimiento de Determinación No. 15831.


XVII. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


XVII. 1.- Exp. 253/2013-Contencioso Administrativo seguido por ARCHER DLS contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


Que el motivo de la litis dentro del proceso contencioso administrativo seguido por ARCHER DLS contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido por la Autoridad Jerárquica al pronunciar la Resolución hoy impugnada, de acuerdo con los siguientes supuestos:


a) Si es evidente que se han lesionado los derechos del contribuyente al no haberse declarado la prescripción de la sanción por aplicación retroactiva de la Ley No. 291 de 22 de septiembre de 2012.


b) Si se ha infringido el art. 157 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el art. 39 del Reglamento del Código Tributario al no haber aplicado el beneficio en mérito al arrepentimiento eficaz.


c) Si existió un inadecuado cálculo de la sanción, al haberse determinado sobre la totalidad del impuesto.


XVII. 2.- Expedientes Nos. : 265/2013, 266/2013, 267/2013, 268/2013, 269/2013 y 270/2013-Contenciosos Administrativos seguidos por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Que el motivo de la litis dentro de los procesos contenciosos administrativos seguidos por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, tienen relación con las supuestas infracciones que se hubieran producido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar las Resoluciones ahora impugnadas, de acuerdo a los siguientes puntos:


a) Si es evidente que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no efectuó una correcta interpretación sobre la sanción por omisión de pago al determinar el pago del 20% conforme al art. 156 de la Ley No. 2492, siendo que corresponde el pago del 100% de acuerdo al art. 165 del mismo cuerpo legal.


b) Si es cierto que la autoridad demandada determinó erróneamente la falta de tipicidad en la imposición de la multa por Incumplimiento a Deberes Formales y por consiguiente hubiese vulnerado el numeral 2.1. inc. A del Anexo Consolidado de la RND No. 10-0021-04. 

XVIII. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:


Que, el artículo 59 de la Ley N° 2492, antes de las modificaciones introducidas mediante Ley No. 219 de 22 de septiembre de 2012 y Ley No. 317 de 11 de diciembre de 2012, determinaba que las acciones de la administración, prescribirán en cuatro años, para: 1.- Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2.- Determinar la deuda tributaria. 3.- Imponer sanciones administrativas. 4.- Ejercer su facultad de ejecución tributaria.


Que, la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, en su Disposición Adicional Quinta, modificó la norma antes señalada, asimismo en su Disposición Adicional Sexta modificó el sistema de cómputo de la prescripción previsto en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo lo siguiente:


Artículo 60. (Cómputo).


I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

Adicionalmente la Ley No. 317 de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-Gestión 2013, en su Disposición Adicional Décima Segunda, modificó los parágrafos precedentes, estableciendo:

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En  el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

Por otra parte, el art. 150 del Código Tributario Boliviano, dispone que las normas no tendrán efecto retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.


En ese marco legal, con relación a la aplicación de la normativa antes citada se debe señalar que el sujeto pasivo a tiempo de interponer los recursos jerárquicos contra las Resoluciones de Recurso de Alzada, presentados el 6 de noviembre de 2012, opuso la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer la sanción por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, invocando la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que señala que el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, planteándola como sobreviniente, sin embargo la Autoridad General de Impugnación Tributaria en las Resoluciones de Recurso Jerárquico ahora impugnadas, todas de 21 de enero de 2013, no obstante señalar que si bien la aplicación retroactiva de la norma se encuentra prevista en materia de ilícitos tributarios, señala que no existe disposición alguna que disponga la situación contraria, es decir, la aplicación “ultra-activa” de la misma, considerando que la misma se encuentra derogada parcialmente por Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012.


Nótese en el caso de autos que, cuando el contribuyente se acogió a la prescripción, invocando la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, dicha normativa se encontraba en plena vigencia, en atención a que la modificación realizada mediante Ley No. 317, ocurrió el 11 de diciembre de 2012, es decir, de manera posterior a la solicitud presentada por el sujeto pasivo, en consecuencia la Autoridad General de Impugnación Tributaria con argumento erróneo rechazó indebidamente la aplicación de la citada Ley 291, al considerar que no se puede aplicar la norma de manera ultra-activa, situación que no ocurrió en el presente caso, en atención a que el contribuyente no solicitó la aplicación ultractiva de la norma, sino retroactiva, en razón a que la misma regía al momento de invocarla, todo en virtud a lo dispuesto por el art. 150 del Código Tributario, que prevé que las normas no tendrán efecto retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.


En ese contexto, la ley permite aplicar la excepción de retroactividad de la ley más benigna o la que de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo o tercero responsable, esta excepción se perfila cuando al momento del ilícito tributario se encuentra vigente una ley, pero si al tiempo del procedimiento administrativo o en etapa recursiva se hubiere dictado otra que fuera más favorable al contribuyente, se aplicará ésta última.


En tal sentido, el hecho de que las Resoluciones de Recurso Jerárquico de 21 de enero de 2013, hayan sido emitidas cuando los parágrafos I y II de la Disposición Adicional Sexta de la Ley No. 291 de 22 de septiembre de 2012, ya habían sido modificados por la Ley No. 317 de 11 de diciembre de 2012, reponiendo el cómputo de la prescripción en relación a la modificación efectuada al art. 60 de la Ley 2492, aspecto que de ninguna manera significa que el contribuyente haya solicitado su aplicación ultractiva, en virtud a que en el caso de autos, la citada norma no era anterior al hecho, al contrario, se trata de una norma posterior más beneficiosa o favorable al contribuyente, aplicable al caso concreto por mandato del art. 150 de la Ley 2492, la cual conforme se ha demostrado se encontraba plenamente vigente al momento de la petición de prescripción, y si bien la misma posteriormente dejó de estar en vigor, empero, dicha situación ocurrió después de que fuera invocada por el sujeto pasivo, quien en ningún momento prolongó su vigencia como incorrectamente señaló la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo que corresponde su aplicación en el caso de autos, a fin de brindar seguridad jurídica al sujeto pasivo, máxime si la aplicación ultractiva de la norma tributaria cuestionada no vulnera el principio de legalidad previsto en el art. 164  parágrafo II) de la CPE tampoco existiría aplicación indebida de la Disposición Adicional Sexta de Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, modificada por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, respecto al cómputo de la prescripción, en razón a lo fundamentado precedentemente.

En conclusión, del análisis precedente se concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria AGIT), al pronunciarse a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico, ahora impugnadas, incurrió en conculcación de normas legales, realizando una interpretación errónea en cuanto a la aplicación de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, interpretación que se alza en contra del texto constitucional y contra los más elementales principios que rigen la materia, por lo que corresponde anular las Resoluciones de Recurso Jerárquico a objeto de garantizar el debido proceso y la aplicación correcta de la Ley, disponiendo se emita nueva Resolución de Recurso Jerárquico observando la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, plenamente aplicable respecto al cómputo de la prescripción de acción de la Administración Tributaria para imponer la sanción por omisión de pago y multas, solicitada por el contribuyente, debiendo realizarse el respectivo cómputo de la prescripción con relación a los periodos fiscales motivo de verificación y en su caso determinarla si corresponde.


Se deja expresa constancia que dada la naturaleza del proceso contencioso administrativo, en el cual el Tribunal Supremo de Justicia ejerce el control de legalidad de los actos emitidos por la autoridad jerárquica, y considerando que la determinación es anulatoria, situación que impide a éste Tribunal emitir pronunciamiento respecto a las demás pretensiones contenidas en las demandas deducidas tanto por la empresa contribuyente como por la Administración Tributaria, en mérito a la anulación determinada que deja sin efecto y valor alguno las resoluciones jerárquicas impugnadas.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, ANULA las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ No. 0069/2013, AGIT-RJ No. 0062/2013, AGIT-RJ No. 0071/2013, AGIT RJ No. 070/2013, AGIT-RJ No. 0045/2013 y AGIT-RJ No. 0072/2013, todas de 21 de enero de 2013, y dispone que la Autoridad General de Impugnación Tributaria emita nueva Resolución Jerárquica atendiendo los fundamentos de la presente Sentencia.


No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente. 


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena