SALA PLENA


SENTENCIA:                            400/2017.

FECHA:                                Sucre, 6 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        339/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gobierno Autónomo del Departamento de Chuquisaca contra el ministerio de Medio Ambiente y Agua.

MAGISTRADO RELATOR:        Rómulo Calle Mamani.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs.160 a 165 de obrados, subsanada a fs. 180, impugnando la Resolución Administrativa Medio Ambiente/No. 003, pronunciada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la contestación de fs. 192 a 200 vlta., los antecedentes procesales.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1 Antecedentes de hecho de la demanda.


La entidad demandante mencionó que mediante Resolución Administrativa VMA No. 026/12 de 6 de diciembre se resolvió iniciar Proceso Administrativo sancionatorio al Representante Legal de la Actividad “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Tramo ICLA-CRUZ K´ASA” a cargo del Gobierno Departamental de Chuquisaca, posteriormente se emitió la correspondiente Resolución Administrativa que resolvió imponer Sanción Administrativa de Multa,  contra la cual la entidad demandante interpuso recurso de revocatoria, determinación que fue confirmada por la Autoridad que resolvió el recurso de revocatoria y confirmada en todas sus partes en la instancia jerárquica.

 

I.2 Fundamentos de la demanda.


1.- La entidad demandante señaló que es menester referirse a los extremos contenidos en la resolución que se impugna, se refiere a los hechos y al marco legal expresado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, llegando a la convicción de que la sanción se confirma en todas sus partes, olvidándose del análisis objetivo de la declaratoria de adecuación ambiental (DAA) 010202-010304/DAA/No.2013/12 de 14 de diciembre, documento que contradice toda afirmación y lo extraño que no se valora el documento antes mencionado y que ellos mismo como autoridades competentes la otorgan, como así lo establece la Ley de Medio Ambiente y sus Decretos Reglamentarios, siendo evidente los efectos previstos de toda normativa en actual vigencia, en este caso la acción del Viceministro de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua es nula, ante tal reconocimiento era por demás coherente que la Resolución de Recurso Jerárquico declare la nulidad de la sanción dentro del proceso administrativo sancionatorio, en virtud a la Supremacía Constitucional, es decir, garantizando el derecho a la Seguridad Jurídica tal cual lo establece la Constitución Política del Estado entendida como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, que representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio.


2.- Mencionó también que no obstante de reconocer expresamente la acción de la Administración en virtud a los cuales la Resolución Medio Ambiente No. 003 de 13 de enero de 2014 quedo firme y subsistente inexplicablemente y sin siquiera señalar la norma legal de respaldo real y objetivo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua afirma y que desde ningún punto de vista representa la aceptación o consentimiento respecto a lo resuelto en la Resolución Medio Ambiente No. 003 de 13 de enero de 2014, máxime cuando no existe una valoración real y objetiva de norma legal aplicable que así lo determine, que vulneran el principio de legalidad, imparcialidad y buena fe (art. 4 inc. d), e), f) y g) de la Ley Nº. 2341.


3.- Indico que como se observa al margen de no obrar con la debida objetividad y sometimiento a la ley, al omitir realizar cita de normas legales aplicables, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua pretende justificar su resolución manifestando que se inició la actividad sin contar con la Licencia Ambiental una situación por demás subjetiva; en este marco se evidencia que la Actividad contaba con Decretos Supremos No 0797 y 0798 de Declaratoria de Emergencia y Desastres, y con la declaratoria de adecuación ambiental (DAA) 010202-010304/06/DAA/No2013/12 de 14 de diciembre, que se reconoce de manera t{acita y objetiva, puesto que se otorgó de manera libre y voluntariamente la declaratoria de adecuación ambiental, en el contenido íntegro de la referida declaratoria así lo manifiesta por autoridad competente, consentimiento expreso, empero, cuando realiza esta afirmación no cita ni se refiere a la misma, extrañamente no se toma en cuenta tal Adecuación acto que representa el supuesto consentimiento expreso del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, aspecto que justifica y prevé los antecedentes administrativos prueba que se demuestra expresamente.


En este sentido cabe recordar que el principio de legalidad como elemento esencial del Estado de Derecho, representa la materialización de los valores fundamentales, el principio de legalidad que supone la sumisión de los actos administrativos y jurisdiccionales concretos a las disposiciones vigentes de carácter general, principios fundamentales que establece un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos quienes, en el desempeño de sus funciones no pueden interpretar y aplicar erróneamente las normas, pues de hacerlo estarían abandonando el estado de derecho y pasando a actuar en contravención de los valores supremos y los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho. (S.C. No. 1077/2001-R de 04 de octubre de 2001).


Consiguientemente se constituye en presupuesto básico insoslayable de la administración de justicia, el sometimiento pleno a las disposiciones legales vigentes, por tal razón la conclusión asumida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en su parte resolutiva, carece de validez y asidero legal, por cuanto se funda en disposiciones legales ajenas a toda realidad y no aplicables a las Leyes de Medio Ambiente No. 1333 y la Ley de Procedimiento Administrativo No. 2341 y que la interpretación de las mismas son fruto de la arbitrariedad, aplicando analogías o criterios supletorios como el caso a los Decretos Supremos No 0797 y 0798 con relación a las Leyes No 1333 y No 2341, como consecuencia del proceso administrativo sancionatorio anula toda sanción contra el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.


Por tal razón, con relación a la sanción administrativa por infracción es nula, en virtud a la nota que remite la Declaratoria de Adecuación Ambiental DAA el propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua y por la presentación de documentos de descargos presentados oportunamente por parte de la Gobernación, es menester recordar que dicha declaración de adecuación ambiental-DAA se refiere a que se ha cumplido con lo requerido, misma que tiene carácter eminentemente valido a todas luces y jurisdiccional, acto ajeno al régimen administrativo, en virtud al principio de especificidad. En efecto, la determinación sancionatoria establecida en la Resolución Medio Ambiente No. 033 de 13 de enero de 2014, determina la interposición de la demanda Contencioso Administrativo, provocando únicamente la nulidad de la sanción administrativa, en virtud a que por la vía administrativa se ha impugnado la ilegal Resolución Administrativa VMABCCGDF No. 023/2013 de 7 de junio que a su vez dio lugar a la emisión inaudita parte de la Resolución Medio Ambiente No. 003 de 13 de enero de 2014.   


I.3. Petitorio.


Pide se declare probada la demanda, disponiendo la nulidad de la sanción.


II. De la contestación a la demanda.


Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersono Marco Antonio Gira Paredes, en representación del Ministro de Medio Ambiente y Agua, quien por memorial de fs. 192 a 200 vlta. de obrados, contesta a la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:


1.- La Autoridad demandada mencionó que en fecha 7 de agosto de 2012, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal a partir de ahora Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN), evacúa el Informe Técnico MMAYA-VMA-DGMACC No. 1830/12 MA 2013  por medio de la Unidad de Gestión Ambiental, en el cual recomienda el inicio de proceso administrativo a la Actividad “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes  Tramo “ICLA-CRUZ KASA” por iniciar actividades sin contar con la correspondiente Licencia Ambiental esto en el marco de lo establecido  en el inciso a) Parágrafo II del Artículo 17, del Decreto Supremo No. 28592, tomando en cuenta que el inicio de actividades de ejecución de dicha actividad en fecha 17 de mayo de 2011, sin contar con la respectiva Licencia Ambiental”.


En fecha 6 de diciembre de 2012 la AACN en el marco de sus competencias y atribuciones emite la Resolución Administrativa VMA No. 026/12 determina iniciar proceso administrativo sancionatorio al Representante Legal de la Actividad “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Tramo ICLA-CRUZ KASA”,  a cargo del Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca, señor Esteban Urquizo Cuellar, de conformidad a lo establecido en el Artículo 33 del Decreto Supremo No. 28592 por existir indicios en la comisión de infracción administrativa de impacto ambiental establecidas en el Artículo 17, Parágrafo II, inciso a) del Decreto Supremo No. 28592 de 17 de enero de 2006, como describe “II. Infracciones administrativas de impacto ambiental


a) Iniciar una actividad o implementar una obra o proyecto sin contar con la Licencia Ambiental vigente correspondiente…”


De acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental vigente, la AACN otorgó un plazo de quince días hábiles a la parte interesada para que presente sus descargos correspondientes en relación al proceso administrativo iniciado.


2.- Señaló también que a objeto de descargo se presenta la Gobernación del Departamento de Potosí (sic), argumentando que la actividad “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Tramo ICLA-CRUZ KASA cuenta con Licencia Ambiental Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) 010202-10304/DAA/No 2013/12. La Gobernación alega y reconoce que la omisión en el cumplimiento de la normativa ambiental se debió a la declaratoria de emergencia como consecuencia de las inundaciones, riadas, granizadas, desbordes, deslizamientos y heladas para la realización de los proyectos iniciados sin licencia ambiental, presentando como respaldos la Ley 2140 de 25 de octubre de 2000 y los Decretos Supremos No. 0797 y 0798 para la reposición y/o construcción de infraestructura caminera de la Red Departamental en el Departamento de Chuquisaca, empero estos dos Decretos Supremos y la correspondiente

Ley no son sujeto del proceso administrativo sancionatorio ni de observaciones, ya que su alcance y naturaleza jurídica está claramente definido e identificado, toda vez que estos instrumentos legales sólo permitieron o autorizaron la construcción de caminos de acceso, destinando para ello recursos y otorgando responsabilidades a las Máximas Autoridades Ejecutivas sea Gobernador o Alcalde, según corresponda, siendo que en el presente caso el Gobernador de Chuquisaca quien asumía la responsabilidad para su cumplimiento.


Así mismo señaló que los descargos presentados refieren en el fondo a que los Decretos Supremos referidos, establecen claramente que se autoriza al FPS, en su calidad de entidad ejecutora (D.S. No. 0798), la reposición y/o construcción de infraestructura caminera de la Red departamental en el Departamento de Chuquisaca y a declarar situación de emergencia por la presencia de inundaciones, riadas, granizadas, desbordes, provocadas por la presencia del Fenómeno del Niño 2010-2011, sin embargo estas dos normas tienen un objetivo que es la reconstrucción de vías de acceso de la red vial departamento los referidos decretos supremos no señalan que deben estar exentos del cumplimiento que demanda la normativa ambiental vigente, es decir, el cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente y sus respectivos reglamentos.

Y respecto al principio de interés colectivo o público que rige estas actividades, con el objeto de reducir riesgos y atención de desastres y/o emergencias en la población, es bien cierto y evidente que esta es obligatoria para el Estado, también es obligación de todos los estantes y habitantes del territorio boliviano el iniciar actividad, obra o proyecto muñido de la debida licencia ambiental, caso contrario está cometiendo infracción conforme el D.S. 28592 artículo 17, parágrafo III inciso a), a mayor abundamiento debe tenerse presente lo dispuesto por el Artículo Único del Decreto Supremo No. 0797 de 21 de febrero de 2011, y los Artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Supremo No. 0798 de 21 de 201.


Como puede evidenciarse la AACN actuó conforme al Procedimiento Administrativo sancionador y previsto en el Artículo 33, 34 y 35 del Decreto Supremo No. 28592, ya que los Decretos Supremos nombrados en calidad de descargo por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca autorizan a realizar contrataciones de bienes y servicios que se requieran para la construcción de obras camineras en el Departamento de Chuquisaca y la declaración de situación de emergencia, no es  menos cierto que los mismos no excusan para el cumplimiento de su objetivo y menos permiten la omisión de la tramitación y obtención de la licencia ambiental, siendo esta la autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, a una persona para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme a la Ley y a los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, y en la que se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada; consecuentemente la Licencia Ambiental es el requisito fundamental para el inicio de cualquier actividad obra u proyecto, es decir, el quebrantamiento a este requisito se traduce en el quebrantamiento a este requisito se traduce en el quebrantamiento al ordenamiento jurídico en materia de medio ambiente, bajo ese contexto normativo el recurrente no puede argumentar que por el solo hecho que los Decretos Supremos Nos. 0797 y 0798 permitan a la Gobernación del Departamento de Chuquisaca realizar actividades de construcción, implica la exoneración de la aplicación de la Ley 133 y su Reglamento General, consecuentemente no dar cumplimiento a las normas establecidas en materia de medio ambiente constituyendo su omisión una infracción administrativa tantas veces nombrada, tanto para entidades públicas como privadas.


3.- Finalmente indicó que es cierto y evidente que mediante Ley Nº 2140 de 25 de octubre de 2000, se regulan todas las actividades en el ámbito de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias y, establecer un marco institucional apropiado y eficiente que permite reducir los riesgos de las estructuras sociales y económicas del país frente a los desastres y/o emergencias y, atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas. Asimismo el Artículo 3 de la referida norma señala entre sus principios la obligatoriedad e interés colectivo que señala que la reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias son de interés colectivo y las medidas establecidas para este fin son de cumplimiento obligatorio, empero también es cierto y evidente que en Bolivia rige la Ley Nº 133 de Medio Ambiente que es de cumplimiento obligatorio que tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.


En este sentido, se debe tener presente lo dispuesto en la Ley Nº 1333 de Medio Ambiente que es de cumplimiento obligatorio que tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, tal cual señalan los Artículos 25 y 26 de la referida norma. Ambos articulados de la normativa ambiental vigentes se omitieron por parte del Gobierno Departamental de Chuquisaca, iniciando actividades en ejecución en fecha 17 de mayo de 2011, sin contar con la Licencia Ambiental vigente, para posteriormente iniciar el proceso de licenciamiento ambiental, es decir, inicio las actividades para posteriormente presentar la documentación ambiental correspondiente-IRAP, y de esta forma obtener la Licencia Ambiental, acto que de acuerdo al Artículo 17 parágrafo II inc. a) del Decreto Supremo 28592, se constituye en infracción administrativa de impacto ambiental, se sobreentiende que el Manifiesto Ambiental fue otorgado para que la AOP (Actividad, Obra o Proyecto) de referencia pueda realizar la adecuación de su situación ambiental al marco legal ambiental y esta pueda cumplir con los requerimientos legales de la materia, toda vez que el Manifiesto Ambiental (MA) está orientado a que las actividades que no aplicaron el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) puedan someterse al sistema de Control de Calidad Ambiental (CCA) siendo uno de los componentes de este sistema el MA; lo que no exime a la Gobernación del Departamento de Chuquisaca de asumir responsabilidad por haber iniciado actividades sin contar con la respectiva licencia ambiental, tal cual lo manda el D.S. 28592 en su Artículo 17 parágrafo II inc. a), es necesario recordar que la Ley de Medio Ambiente y sus Decretos Reglamentarios no son aplicados por capricho de la AACN, sino por el hecho, que en el caso de su estricto cumplimiento nos evitaríamos los trastornos, emergencias y desastres naturales que hoy pretende la Gobernación de Chuquisaca, el hecho de hacer caminos, puentes y obras civiles sin cumplir con la normativa ambiental, lo que conllevará en breve otros impactos que en vez de paliar la situación de los habitantes de la zona podrían empeorarla más, por lo que la Resolución 003 de 13 de enero de 2014, ha confirmado la Resolución Administrativa VMABCCGDF No. 023/2013 de 7 de junio de 2013, habida cuenta que la infracción ha sido cometida, habiendo la AACN aplicado la normativa sectorial vigente y de prelación de las mismas se ha aplicado el Decreto Supremo No. 28595 en su Artículo 17, norma de aplicación preferente por tratarse de especial.


II. 1. Petitorio.


Solicita se dicte sentencia, declarando improbada la demanda, consecuentemente se confirme la Resolución/Medio Ambiente/No. 003/2014 de 13 de enero.


III ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Que, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, emitió la Resolución Administrativa VMA No. 026/12 de 6 de junio, por la cual inicia proceso administrativo sancionatorio a la Actividad Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Tramo “ICLA-CRUZ KASA” conforme al Artículo 17 (de las clases de infracciones administrativas) II. Infracciones administrativas de impacto ambiental: a) Iniciar una actividad o implementar una obra o proyecto sin contar con la Licencia Ambiental vigente correspondiente; que conforme lo establece la normativa ambiental vigente la AACN (Autoridad Ambiental Competente Nacional), otorgó un plazo de quince (15) días hábiles a la parte interesada para que presente sus descargos correspondientes en relación al proceso administrativo iniciado, que al no haber podido desvirtuar los cargos expuestos en la Resolución citada líneas arriba, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal resolvió imponer sanción administrativa de multa prevista en el inciso a) Parágrafo I del artículo 18 del Decreto Supremo No. 28592, además instruye al representante legal de la Actividad “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Tramo “ICLA-CRUZ KASA” a depositar el monto económico de la multa en la cuenta correspondiente,  en conocimiento de dicha determinación el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca,  interpuso en contra de dicha Resolución, recurso de revocatoria el cual es resuelto por Resolución Administrativa VMABCCGDF No. 023/2013 de 7 de junio, por la cual rechaza el recurso interpuesto, debidamente notificada la institución sancionada, con dicho actuado, la entidad ahora demandante interpuso en contra de dicha Resolución Recurso Jerárquico, el cual  ha sido de conocimiento del Ministro de Medio Ambiente y Agua, quien por Resolución/Medio Ambiente No. 003 de 13 de enero de 2014DGE/DEN/J-066NN/2013 de septiembre resolvió Confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa VMABCCGDF No. 023/2013 de 7 de junio emitida por el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y Auto Administrativo de 25 de noviembre de 2013, en aplicación a lo establecido en el inciso a) numeral VIII del Artículo 38º del Decreto Supremo Nº 28592 de 17 de enero de 2006., acto administrativo que dio lugar al presente proceso contencioso administrativo.


2. En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil.


3. Concluido el trámite se decretó autos para sentencia.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe al siguiente hecho puntual:



V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


Antes de ingresar a resolver las controversias, corresponde señalar que vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos, en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


1.- Que el motivo de la controversia en el presente proceso, se circunscribe en determinar si el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca contaba o no con la correspondiente Licencia Ambiental al inicio de la actividad “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Tramo ICLA-CRUZ”.


Una vez analizado el contenido de los actos y Resoluciones Administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, corresponde realizar las siguientes precisiones:


El Artículo 25 de la Ley 1333 de Medio Ambiente establece que todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental.


De la revisión de antecedentes que informan la causa se tiene que a fs. 1B del expediente corre la Resolución Administrativa VMA No. 026/12 de 6 de diciembre, la cual resolvió Iniciar Proceso Administrativo Sancionatorio al Representante Legal de la Actividad “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Tramo ICLA-CRUZ KASA” a cargo del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 del Decreto Supremo No. 28592, por existir indicios en la comisión de infracción administrativa de impacto ambiental, establecidas en el artículo 17, parágrafo II inciso a) del Decreto Supremo No. 28592, así mismo dispone abrir un periodo de prueba de quince días hábiles computables a partir de la notificación con la Resolución a objeto de que el Representante Legal de la Actividad asuma defensa y presente los descargos correspondientes, que al no haber desvirtuado el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca la infracción atribuida por medio del proceso administrativo sancionatorio se emitió la Resolución Administrativa VMABCCGDF/No. 005/13 de 19 de febrero que resolvió imponer Sanción Administrativa de Multa prevista en el inciso a) Parágrafo I del artículo 18 del Decreto Supremo No. 28592, dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio seguido al Gobierno Autónomo del Departamento de Chuquisaca representada legalmente por el Sr. Esteban Urquizo Cuellar, por la comisión de la infracción administrativa de impacto ambiental tipificada en el artículo 17, Parágrafo II inciso a) del Decreto Supremo No. 28592 de 17 de enero de 2006, por realizar actividades sin contar con la Licencia Ambiental. Instruir al Representante Legal de la Actividad “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Tramo ICLA-CRUZ KASA”, depositar la suma de Bs. 62.794,76 (Sesenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Cuatro 76/100 Bolivianos) en el plazo de 15 días calendario, impostergablemente, computables a partir desde la notificación con la presente Resolución.


Interpuestos los recursos de revocatoria y jerárquico los mismos fueron resueltos por Resolución Administrativa VMABCCGDF No. 023/13 de 7 de junio y Resolución/Medio Ambiente Nº 003 de 13 de enero de 2014, la primera rechazando el recurso de revocatoria y confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa VMABCCGDF No. 005/2013 de 19 de febrero y la ultima de igual forma rechazó el recurso jerárquico y confirma en todas sus partes la Resolución Administrativa VMABCCGDF No. 023/2013 de 7 de junio.


Relacionados así los hechos suscitados en instancia recursiva corresponde resolver la controversia.


1.- El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en vigencia del termino prueba abierto, dentro del proceso administrativo sancionatorio presentó el memorial de 2 de enero de 2013 cuya suma reza: “Asume Defensa y Presenta descargo” que se halla corriente a fs. 43 a 47 de obrados, en el cual señaló: “en fecha 21 de febrero de 2011 se emite el D.S. 728, que de una larga explicación considerativa dispone en su Art. ARTÍCULO ÚNICO Autorizar al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, en su calidad de entidad ejecutora de los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo y recursos concurrentes asignados, para la reposición y/o construcción de infraestructura caminera de la Red Departamental en el Departamento de Chuquisaca, autorizando a realizar la contratación de bienes y servicios que se requieran para este fin, bajo la modalidad de Contratación Directa, en el marco del Decreto Supremo No. 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es que en ese contexto que el Gobierno Autónomo de Chuquisaca definió la intervención en el tramo Icla-Cruz Kasa, parte de la red Fundamental del Departamento de Chuquisaca a través de la construcción de puentes vehiculares y peatonales y las obras de mejoramiento vial.


Con ese argumento bajo el marco de la normativa vigente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó la asignación de recursos del Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo para la construcción de puentes en el Departamento de Chuquisaca, por lo que se autoriza a la entidad ejecutora aplicar la modalidad de contratación directa por la pronta atención de la población afectada. Es así que se efectúa los procesos de contratación. Es de soslayar que uno de los justificativos y/o argumentos legales para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Icla-Cruz Kasa, fue la Declaratoria de Emergencia Departamental de Chuquisaca en base al Decreto Supremo No. 0797, por los efectos hidrometereológicos y los cambios climáticos que han afectado significativamente a diferentes sectores productivos y sociales. Objeto, por lo que se declara mediante el Decreto aludido situación de emergencia por la presencia de inundaciones, riadas, granizada, desbordes de ríos, deslizamientos y heladas, además de la presencia de sequía en otras regiones, provocadas por la presencia de Fenómeno de La Niña 2010-2011, que al fin tiene como resultado fundamental precautelar el derecho a la vida”.


Además de que en virtud a lo dispuesto por los Decretos Supremos Nos. 0797 y 0798, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca ha quedado liberado de obligaciones sancionatorias.


De lo anotado se tiene entonces que se inició la Actividad ante la eventualidad ocasionada por el fenómeno meteorológico La Niña y que al amparo de los Decretos citados supra no corresponde sanción alguna.


2.- La Autoridad demandada en la respuesta a la demanda, alega que la Gobernación reconoce la omisión en el cumplimiento de la normativa ambiental y que los descargos presentados refieren en el fondo a que los Decretos Supremos Nos. 0797 y 0798 ambos de 2011, establecen claramente que se autoriza al FPS, en su calidad de entidad ejecutora la reposición y/o construcción de infraestructura caminera de la Red Departamental en el Departamento de Chuquisaca y a declarar situación de emergencia, sin embargo estas dos normas tienen un objetivo que es la reconstrucción de vías de acceso de la red vial, tampoco los decretos supremos no señalan que deben estar exentos del cumplimiento que demanda la normativa ambiental vigente y respecto al principio de interés colectivo o público que rige estas actividades, con el objeto de reducir riesgos y atención de desastres y/o emergencias en la población, si bien es cierto  y evidente que esta es obligatoria para el Estado, también es obligación de todos los estantes y habitantes del territorio boliviano el iniciar actividad, obra o proyecto munido de la debida licencia ambiental.


3.- A efecto de contrastar lo alegado por las partes, se hace necesario dejar claramente establecido que de la revisión de actuados realizados en sede administrativa a fs. 1 del expediente cursa la carta fechada en 14 de diciembre de 2012 MMAyA-VMA-DGMACC MA  2013 (b)-Nº6356/12 remitida por el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, de la cual se extrae lo siguiente: “…Por lo expuesto una vez realizada la evaluación técnica del citado documento y de acuerdo al Informe Técnico Legal MMAyA-VMA-DGMACC No. 3574/12 MA 2013(b), la información presentada bajo Declaración Jurada, los lineamientos estipulados en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) así como la recomendación del Organismo Sectorial Competente (OSC) se establece que el documento ambiental cumple con los requisitos mínimos establecidos en la norma ambiental vigente, por lo que se otorga la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA)  No. 010304/06/DAA/Nº2013/12 a la actividad “MEJORAMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE TRAMO ICLA-CRUZ KASA”, la cual desarrolla sus actividades en el Municipio de la Provincia Zudañez del Departamento de Chuquisaca… Finalmente comunicarle que la emisión de la presente Licencia Ambiental, no exime a la AOP del correspondiente proceso administrativo por infracción a la normativa ambiental vigente”.

A fs. 332 a 333 del único anexo cursa el Informe Legal elaborado por la Unidad de Gestión Jurídica, dirigido al Director General de Asuntos Jurídicos de 09 de enero de 2015, el cual en su apartado de análisis refiere: “Tomando en cuenta que en fecha 07 de noviembre de 2014, Gobierno Autónomo del Departamento de Chuquisaca, efectuó el pago de Bs. 62.794,76.- monto que se le impuso por infracción administrativa de impacto ambiental y que fue traspasado a la cuenta de multas de dicho viceministerio; no corresponde iniciar acción legal alguna en contra de la gobernación; y en consecuencia devolver los antecedentes remitidos” y en su apartado de conclusión señala: “En base a lo señalado y tomando en cuenta que el Gobierno Autónomo del Departamento de Chuquisaca, canceló la multa establecida por infracción administrativa de impacto ambiental, corresponde que a través de nota de atención se realice la devolución de los antecedentes adjuntos al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal”. Si bien es cierto que en antecedentes no cursa la boleta de pago a que hace referencia el citado Informe Legal, de lo extractado se puede colegir que la entidad demandante ya cumplió con la determinación asumida en la Resolución Sancionatoria, consecuentemente se tiene que la interposición del presente proceso contencioso administrativo va en contra de la doctrina de los actos propios, para un mejor entendimiento, resulta pertinente referirnos a la teoría de los actos propios, definida la misma por los doctrinarios como : “La doctrina de los actos propios es un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente, cuyo fundamento reposa en el hecho de que resulta inadmisible que un litigante o contratante sostenga su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud opuesta a la tomada anteriormente en otro acto. La teoría de los actos propios prohíbe la sorpresa, la volubilidad en el actuar de las partes preservando el ámbito del litigio judicial, pero también el de las relaciones contractuales, de los cambios bruscos de conducta, sean estos culposos o malintencionados; el Dr. Marcelo J. López Mesa en su obra: La doctrina de los actos propios: esencia y requisitos de aplicación, señala: “Se ha resuelto que la doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se auto contradigan al efectuar un reclamo judicial.”


Por lo expuesto se evidencia que el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca al inicio de la actividad “Mejoramiento de Camino y Construcción de Puentes Tramo ICLA-CRUZ” no contaba con la correspondiente Licencia Ambiental, no siendo necesario hacer mayores consideraciones al respecto.


IV.4. Conclusiones.               

                                                                                                                                                                                                                                          

Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo habiendo verificado los actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, determina que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua al haber pronunciado la Resolución ahora impugnada no ha causado agravios a la entidad demandante por lo que conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la Resolución Jerárquica.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 160 a 165, subsanada a fs. 180, incoada por Jhonny Céspedes Flores, Víctor Ariel Velásquez Llanquipacha, Luis Barrios Pérez, Rosario del Carmen Vargas Berazain y Christian Max Mujica Angulo en representación del Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, declarándose firme y subsistente la Resolución/Medio Ambiente/Nº 003 de 13 de enero de 2014, pronunciada por el Ministro de Medio Ambiente y Agua.


No suscribe el Magistrado Antonio Guido Campero Segovia por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena