SALA PLENA


SENTENCIA:                            384/2017.

FECHA:                                Sucre, 6 de junio de 2017.

EXPEDIENTE:                        323/2014.

PROCESO        :                        Contencioso.

PARTES:        Mirtha Angélica Rojas Peralta y Luis Adolfo Sierra Díaz, en representación de Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) contra Marcos Aras Arostegui, Carlos Paniagua Quinteros, Isaac Ramos Alcocer y Walter Choque Salas (Asociación Accidental Virgen de Urkupiña).

MAGISTRADO RELATOR:        Pastor S. Mamani Villca.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa de fojas 237 a 244 vta., presentada por Mirtha Angélica Rojas Peralta y Luis Adolfo Sierra Díaz, en representación de Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), demandado la nulidad de las transferencias realizadas mediante Licitaciones Públicas Nº GCBIT-003CBBA; GCBIT005CBBA, y, GCBIT008CBBA, y consiguiente cancelación de Derechos Reales del Registro de dichas transferencias y reivindicación de los predios transferidos a favor de, las contestaciones de fojas 528 a 531 vta.; 591 a 597; 1009 a 1014; 1022 a 1027 vta.; 1384 a 1395 vta., antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


A manera de antecedentes, los demandantes señalan que el 16 de diciembre de 1997 ENFE demandó la nulidad de ventas de bienes inmuebles, reivindicación y acción negatoria de derechos sobre un bien inmueble con una superficie de 45.603 Mst2., ubicado en el patio Sur de la Estación Central del Ferrocarril de Cochabamba, que fueron ilegalmente transferidos mediante una licitación pública y concretada mediante escritura pública Nº 277/96 de 12 de diciembre de 1996, a favor de la Asociación Accidental Virgen de Urkupiña, conformada por los ex trabajadores de ENFE, pues no existió ley de la República que autorice dicha transferencia, tal cual manda la Constitución Política del Estado, además, el valor fijado en la Licitación ($us. 28.58) era mucho menor al valor real ($us. 94.20), que se estableció en el Dictamen de la Contraloría, que instruyó acudir a la vías legales para la recuperación del patrimonio propiedad del Estado.


Similar situación se produjo con la extensión de superficie de 4.979 Mts2., que fue sub dividida en 12 lotes, cuya transferencia ilegal consta en el Testimonio Nº 1083/97 de 16 de junio de 1997; de igual manera, la Asociación Virgen de Urkupiña se adjudicó el inmueble con una extensión de superficie de 3.478 Mts2., con las mismas observaciones; es decir, sin ley que autorice la transferencia, con un valor inferior al valor real y esta vez, la transferencia que consolidó mediante el documento privado de 5 de septiembre de 1996, razones por las cuales considera que dichos contratos resultan nulos de pleno derecho.


Con esos antecedentes, manifiesta que la demanda civil supra referida, fue reencausada al presente proceso, en observancia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia contenida en los Autos Supremos 405/2012 y 399/2009, que señalan que este tipo de proceso debe ser tramitado como demanda contenciosa ante el Tribunal Supremo de Justicia.      


I.2. Fundamentos de la demanda. 


Los demandantes, manifiestan que el art. 59 inc. 7) de la anterior CPE, establecía que le correspondía al Poder Legislativo autorizar la transferencia de bienes nacionales, departamentales y de las universidades y todos los que sean de dominio público, y que en el mismo sentido encontramos los arts. 137, 158 parágrafo i) inc. 13) de la actual CPE, y en el caso presente, al no haber existido autorización congresal para las transferencias referidas, operan las causales de nulidad establecidas en el art. 549 inc. 2), 3) y 4) del Código Civil, pues falta en dichos contratos la forma como requisito para su validez, así por ejemplo, el inmueble ubicado en la denominada “curva de Vinto”, fue realizada en documento privado incumpliendo la ley del Notariado que establece que las transferencias que involucren al Estado, deben realizarse mediante instrumento público y existe ilicitud de causa y motivo que impulsó la celebración de los contratos por precios irrisorios, incurriendo de esa manera en la previsión del art. 549 inc. 2), 3) y 4), de ahí que las transferencias efectuadas mediante las licitaciones públicas Nº GCBIT003CBBA, GCBIT005CBBA, y GCBIT008CBBA, son nulas de pleno derecho.


I.3. Petitorio.


Por los hechos y derechos expuestos solicita la nulidad de las transferencias referidas con la consiguiente cancelación de su registro en Derechos Reales del Cercado y de Quillacollo del Departamento de Cochabamba y consiguiente reivindicación a favor de ENFE, bajo conminatoria de desapoderamiento y el pago de daños y perjuicios.


II. De la contestación a la demanda.


Que ante la demanda, Marco Antonio Valda Clavijo, con la facultad que le fue conferida de conformidad al Testimonio de Poder Nº 1581/2014 de 8 de diciembre, por memorial cursante de fs. 591 a 597; Primitivo Vargas Macías (fs. 1912 a 1916); Exaltación Rodolfo Flores Gonzáles, por memorial de fs. 1002 a 1007 vta.; Juan Rojas Vique por memorial de fs. 1009 a 1014, Marcos Aras Aróstegui, Carlos Paniagua Quinteros, Issac Ramos Alcócer y Walter Choque Salas (fs. 1384 a 1395 vta., y adhesión de fs. 1965), estos últimos en su condición de Dirigentes de la Asociación Accidental Urkupiña, con la previa referencia a los antecedentes de las licitaciones públicas y las transferencias cuestionadas, con argumentos similares señalaron: Que las tres transferencias referidas en la demanda fueron realizadas cumpliendo las formalidades establecidas por ley, y que fueron producto de un convenio de los ex trabajadores de ENFE residual con el Gobierno Nacional, aclarando que, ENFE residual, actuó como persona de derecho privado y no público; También hizo referencia al origen de los bienes señalando que fueron adquiridos por la empresa The Antofagasta & Bolivian Railway Company Limited, que luego transfirió su derecho a favor del Estado Boliviano, quien a su vez los traspasa a ENFE, y que estos bienes no fueron afectados al servicio público ferroviario, en cuyo mérito y de acuerdo al Decreto Supremo Nº 24177de 8 de diciembre de 1995, ENFE podía ejercer las acciones legales necesarias para su administración, disposición, conservación y recuperación, de ahí que no son bienes públicos que tengan la característica de inalienable, imprescriptible e inembargable conforme al art. 137 de la anterior CPE; Por otra parte, hizo mención al Convenio de 13 de diciembre de 1995 suscrito por el Gobierno Boliviano y el Sindicato de Trabajadores Ferroviarios, a objeto que se les dote a título oneroso de un terreno en beneficio de sus afiliados; asimismo, el documento de 12 de febrero de 1996, suscrito entre el Gobierno Nacional y ENFE, que fue homologado por Resolución Tri Ministerial Nº 032/96 de 15 de mayo de 1996, sobre adjudicación de terrenos a los trabajadores de ENFE para resolver la crisis habitacional y por la eminente pérdida de su fuente laboral; por otra parte, se tiene la Ley Nº 2399 de 27 de mayo de 2002, que autoriza la disposición de lotes y viviendas en favor de 250 familias de ex trabajadores ferroviarios como justa compensación por los bajos montos percibidos por concepto de beneficios sociales, razones por las cuales las transferencias recibidas no pueden ser consideradas ilícitas, que cancelaron totalmente el precio de los inmuebles transferidos; que no concurren ninguna de las causales de nulidad invocadas en la demanda interpuesta; que por Ley Nº 2399 de 27 de mayo de 2002, además de los 45.603.00 Mst2., se transfirió a favor de la Municipalidad de Cochabamba la superficie de 20.064.00 Mts2., destinados a áreas verdes, empero, llama la atención que solo se demande la nulidad de los 45.603.00 Mts2., como tampoco plantea nulidad de otras transferencias realizadas por ENFE en otras ciudades como Oruro, Santa Cruz o Sucre, esta última, donde ENFE transfirió a título oneroso y en base al valor catastral un inmueble de su propiedad a favor del Órgano Judicial; finalmente señalan que se observó las previsiones legales y constitucionales, muestra de ello es la Ley Nº 2399; además invocan la SC Nº 98/2002 de 22 de noviembre que declaró la constitucionalidad de la Ley Nº 2334 de 19 de febrero de 2002, que benefició a ex trabajadores del Distrito de Oruro.


II.1. Petitorio. 


Solicitan que se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Mirtha Angélica Rojas Peralta y Luis Adolfo Sierra Díaz, en su calidad de representantes de ENFE.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


Que la presente controversia, radica en determinar si las transferencias realizadas de los bienes inmuebles de propiedad de ENFE referidos en las Licitaciones Públicas Nº GCBIT-003CBBA; GCBIT005CBBA, y, GCBIT008CBBA, son nulas de pleno derecho por violación de la previsión contenida en el art. 59 inc. 7) de la anterior CPE, que establecía que le correspondía al Poder Legislativo autorizar la transferencia de bienes nacionales, departamentales y de las universidades y todos los que sean de dominio público, previsión constitucional que también se encuentra prevista en los arts. 137, 158 parágrafo i) inc. 13) de la actual CPE, por cuya razón se ingresa en las causales previstas por el art. 549 inc. 2), 3) y 4) del Código Civil, siendo ése el marco al que se suscribirá la presente Resolución.  


Testimonio 277/96 de 12 de diciembre de 1996, sobre transferencia de terreno suscrita entre ENFE y la Asociación Accidental Urkupiña, respecto a la superficie de 45.603 Mts2., ubicada en el patio Sud de la Ex Estación Central de la ciudad de Cochabamba (fs. 1162 a 1188).


Testimonio Nº 1083 de 16 de marzo de 1998, por el que se transfiere 12.322 Mts2., a favor de la Asociación Accidental Urkupiña, conforme a la Licitación Pública GCBIT 005 CBBA (fs. 40 a 78).


Ley Nº 3320 de 9 de enero de 2006, que de acuerdo a la previsión contenida en el art. 59 atribución 7ª dela CPE autoriza a ENFE a transferir a título oneroso y de acuerdo al valor catastral los inmuebles de 4.984 Mst2. y 2.100 Mts2, ubicados en la ciudad de Cochabamba (fs. 395 a 396).


Convenio Suscrito entre el Sindicato de ENFE y el Gobierno Nacional de 13 de diciembre de 1995, por el que se acuerda que el Gobierno Nacional realizará transferencia de terrenos a título oneroso a favor de los trabajadores de ENFE (fs.1070 a 1071), que luego fue Homologada por Resolución Secretarial Nº 001/96 de 29 de enero de 1996 (fs. 10729.  


Convenio suscrito entre ENFE y los ex trabajadores de ENFE del Distrito de Cochabamba, suscrito el 18 de diciembre de 2001, por el cual se acepta regularizar y consolidar las transferencias de inmuebles realizadas mediante las Licitaciones Públicas GCBIT003CBBA, GCBIT005CBBA, y GCBIT008CBBA (fs. 1073 a 1075).


Sentencia Constitucional Nº 98/2002, que fue emitida dentro de una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 2334 de 19 de febrero de 2002, que autorizó a ENFE la transferencia de bienes inmuebles de su propiedad a favor de los ex trabajadores de ENFE, en cuya parte resolutiva señaló: “El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los artículos 120-1ª CPE, 7 inc.1) y 54 y siguientes de la Ley del Tribunal Constitucional declara la CONSTITUCIONALIDAD de la Ley 2334 de 19 de febrero de 2002” (sic).

Ley Nº 2399 que señala: Artículo 1º “En aplicación de los Artículos 162° y 59° numerales 1) y 2) de la Constitución Política del Estado, concordante con el Decreto Supremo Nº 24177, de fecha 8 de diciembre de 1995, y el numeral 7), del citado Artículo 59°, autorizar la disposición de viviendas y lotes de terrenos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, en favor de 250 familias de ex trabajadores ferroviarios del Distrito de Cochabamba, mediante Licitación Pública Nº GCBIT-008 CBBA, como justa, ecuánime y equitativa compensación a los bajos montos percibidos como pago de beneficios sociales y la evidencia de no haber sido favorecidos con la construcción de viviendas por los ex -- Consejos de Vivienda, CONAVI, ni el vigente Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS), pese al regular aporte efectuado por años, en favor de estas instituciones.

Artículo 2°.- Autorizar a la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, que en cumplimiento a normas del USPA y demás disposiciones que hacen al ordenamiento urbano, sea la Empresa como transferente de viviendas y lotes de terrenos, quien asuma para si las sesiones de 20.064 m2, que representa el 44% del total adjudicado, en favor del Gobierno Municipal destinados a áreas verdes, de equipamiento y las de acceso sin afectar la superficie de metros cuadrados útiles adjudicados a los ex -- trabajadores de ENFE”.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO. 


La problemática legal sujeta a resolución en el presente proceso contencioso se circunscribe en determinar; si las transferencias realizadas de los bienes inmuebles de propiedad de ENFE referidos en las Licitaciones Públicas Nº GCBIT-003CBBA; GCBIT005CBBA, y, GCBIT008CBBA, son nulas de pleno derecho por violación de la previsión contenida en el art. 59 inc. 7) de la anterior CPE, que establecía que le correspondía al Poder Legislativo autorizar la transferencia de bienes nacionales, departamentales y de las universidades y todos los que sean de dominio público, previsión constitucional que también se encuentra prevista en los arts. 137, 158 parágrafo i) inc. 13) de la actual CPE, por cuya razón se ingresa en las causales previstas por el art. 549 inc. 2), 3) y 4) del Código Civil, siendo ése el marco al que se suscribirá la presente Resolución.


En el marco precedentemente descrito, conviene recordar que luego de promulgada la Ley Nº 1544 de 21 de marzo de 1994 (Ley de Capitalización), que comprendía entre otras empresa estatales, a ENFE, se promulgó el DS Nº 24177 de 8 de diciembre de 1995, cuya finalidad estaba orientada a definir el régimen de propiedad aplicable a los bienes que se encontraban bajo propiedad o administración de ENFE, pues conforme reza el mencionado Decreto Supremo, ENFE desde el momento de su creación además de los bienes que le fueron entregados por el Estado, había adquirido otros que a ese momento también constituían parte de su patrimonio, es así que en su artículo Primero señala:


“Son bienes afectados al servicio público ferroviario:


a) Las vías férreas principales y auxiliares, derechos de vía de hasta quince (15) metros a cada lado del eje de vía, estaciones, subestaciones, sus márgenes de seguridad, almacenes, edificios, bodegas, cuadros de estación que sean necesarios para las operaciones ferroviarias de transporte de pasajeros y carga, incluidos andenes, plataformas, espacios para acceso, circulación, espera y obras de arte.


b) Las maestranzas, establecimientos de reparación del material rodante y equipos, edificios necesarios para las operaciones de mantenimiento, espera de reparación y espacios para depósito de materiales.


c) Los bienes destinados a actividades administrativas y auxiliares de las mismas, edificios dedicados a los servicios técnicos de apoyo, terrenos destinados a instalaciones fijas de cualquier tipo, incluso cuando no tengan continuidad con las vías o estaciones.


d) Los bienes consistentes en márgenes de libranza del material rodante, espacios para maniobras de carga y descarga, espacios necesarios para la implantación de todas las instalaciones fijas (de señalización, telecomunicaciones, eléctricas, fuerza motriz, provisión de agua, sanitarias y otras), zanjas de desagüe y servicios conexos, más los espacios reservados para futuras vías adicionales en los tramos de línea que las justifiquen.


e) Los bienes que se prevé serán utilizados en el futuro para la expansión de las actividades ferroviarias o para la reubicación de las mismas.

Artículo 2°.- Constituyen patrimonio del Estado todos los bienes afectados al servicio público ferroviario incluyendo aquellos bienes hasta el presente bajo administración de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

Artículo 3°.- Dispónese la transferencia a título gratuito en favor del Estado, de los bienes de propiedad de ENFE que se encuentren afectados al servicio público ferroviario.

Artículo 4°.- Los bienes del Estado no afectados al servicio público ferroviario, que se encuentren bajo administración de ENFE, continuarán bajo administración de dicha Empresa.

Artículo 5°.- Es deber de toda persona respetar y proteger los bienes afectados al servicio público ferroviario. Dichos bienes son propiedad pública e inviolable y sólo podrán ser enajenados con autorización del Poder Legislativo.

Artículo 6°.- Los bienes de ENFE no afectados al servicio público ferroviario constituyen bienes patrimoniales de esta Empresa, correspondiendo a la misma ejercer las acciones legales necesarias para su administración, disposición, conservación y recuperación.

Artículo 7°.- Para la identificación de los bienes afectados al servicio público ferroviario, ENFE deberá levantar un inventario definitivo, incluyendo su delimitación topográfica, en el plazo de dieciocho meses, contado a partir de la fecha de cierre de la Licitación Pública Internacional para la Capitalización

De la revisión del DS Nº 24177, se establece que el patrimonio de ENFE hasta el momento de la capitalización, estaba compuesto por bienes afectados al servicio público ferroviario y por bienes no afectados al servicio público en cuestión; ahora bien, de ello se puede concluir que los bienes no afectados podían ser dispuestos sin restricción alguna por ENFE y para la enajenación de los bienes afectados al servicio público ferroviario, se requería autorización del Poder Legislativo; es decir, en ambos casos era posible su enajenación, empero en el último caso, se requería de autorización del Poder Legislativo. Asimismo, se establece que debía existir un proceso de identificación de los bienes conforme al art. 7 del mencionado Decreto Supremo.  


Por otra parte, se tiene que como efecto de la Capitalización se produjo una serie de conflictos sociales y laborales, que en el caso concreto motivó la suscripción en la ciudad de Cochabamba del Convenio entre el Sindicato de ENFE y el Gobierno Nacional de 13 de diciembre de 1995, por el que se acuerda que el Gobierno Nacional realizará transferencia de terrenos a título oneroso a favor de los trabajadores de ENFE (fs.1070 a 1071), este Convenio luego fue Homologado por el Ministerio de Trabajo por Resolución Secretarial Nº 001/96 de 29 de enero de 1996; Asimismo, en los antecedentes cursa el Convenio de 18 de diciembre de 2001, suscrito entre ENFE y los ex trabajadores de ENFE, en el que se hace referencia al primer Convenio, que motivó las Licitaciones Públicas GCBIT 008 CBBA; GCBIT 002 CBBA; y GCBIT 005 CBBA, mediante las cuales, los ex trabajadores de ENFE se adjudicaron las superficies de terreno de 45.603 Mts2.; 19.031 Mts2.; y, 4.970 Mts2., en este Convenio se acuerda sanear las transferencias que emergieron de las mencionadas licitaciones, mediante la autorización respectiva del Congreso Nacional en observancia del art. 59 num. 7) de la CPE. Concordante con estos Convenios suscritos cursan otros antecedentes como ser la Resolución Secretarial Nº 315/96 de 11 de julio, que hace mención a los Convenios suscritos y se acuerda determinar previa negociación, requisitos, precios y ubicación de los inmuebles a ser transferidos a favor de los ex trabajadores de ENFE.

   

Como efecto de la Licitación Pública GCBIT 008 CBBA, se tiene el Testimonio 277/96 de 12 de diciembre de 1996, mediante la cual ENFE transfiere a favor de la Asociación Accidental Urkupiña, la superficie de 45.603 Mts2., ubicada en el patio Sud de la Ex Estación Central de la ciudad de Cochabamba, cuyos límites y colindancias se encuentran consignados en la cláusula Tercera; asimismo, encontramos el Testimonio Nº 1083 de 16 de marzo de 1998, por el que ENFE transfiere 12.322 Mts2., a favor de la Asociación Accidental Urkupiña, que de acuerdo a la cláusula Tercera, señala: “El bien inmueble que está siendo enajenado mediante el presente documento, es parte de los 45.603 Mts2., de propiedad de ENFE …” (sic), y están ubicados en el patio Norte de la Ex Estacón Central de la ciudad de Cochabamba.



Resulta necesario a objeto de resolver la presente problemática, determinar conforme a los antecedentes la existencia o no del Inventario Definitivo que fue ordenado en el art. 7 del DS 24177 de 8 de diciembre de 1995, que este Tribunal considera fundamental a objeto de la resolución de la presente causa, pues en el mismo se debía identificar los “bienes afectados al servicio público ferroviario”, con su respectiva delimitación topográfica, y ello resulta relevante si consideramos que los bienes respecto de los que se pudiera establecer esa condición, son los que requerirían de autorización Congresal a objeto de ser transferidos, pues existe otro grupo de bienes denominados “no afectados al servicio público ferroviario”, cuya administración y disposición poseía otras características, y remitiéndonos al tenor íntegro de la demanda y la prueba adjunta a la misma, se establece que no existe exposición argumentativa sobre este aspecto de vital importancia, como tampoco cursa el denominado “Inventario Definitivo”, falencia e imprecisión que impide conocer las características y la ubicación geográfica de los bienes cuyas transferencias hoy se demandan de nulidad, y en esas condiciones no es posible afectar el derecho propietario de los ahora demandados.


Por otra parte, la pretensión de los demandantes tiene como base de sus antecedentes a las Licitaciones Públicas Nº GCBIT003CBBA, GCBIT005CBBA, y GCBIT008CBBA, que son tachadas de nulas, y que dieron origen a las transferencias efectuadas cuya nulidad se pretende; sin embargo, tampoco se encuentran los antecedentes de las mismas, pues solo se adjuntó el Testimonio 277/96 de 12 de diciembre de 1996, que corresponde a la Licitación Pública Nº GCBIT008CBBA, que dio origen a la transferencia de 45.603 Mts2., y el Testimonio 1083/97 de 16 de junio de 1997, que corresponde a la Licitación Pública Nº GCBIT005CBBA, y a la posterior transferencia de 12.322 Mts2.; es decir, no cursa el Testimonio de transferencia respecto a la Licitación Pública Nº GCBIT003CBBA, cuya nulidad también se pretende, impidiendo este aspecto el análisis y resolución sobre la misma, pues no se acompañó los documentos cuya nulidad se pretende.


No obstante las falencias anotadas y en base a las consideraciones precedentes, cabe referirse a la Licitación Pública Nº GCBIT008CBBA, que derivó en la transferencia que se acredita por Testimonio 277/96 de 12 de diciembre de 1996, de cuya revisión se establece que la superficie transferida de 45.603 Mts2., deriva de una superficie inicial de 107.445.25 Mts2 de propiedad de ENFE, y que esta transferencia tiene como base entre otros antecedentes al DS 24177, y específicamente el art. 6, referido a los bienes no afectados al servicio público ferroviario, y dicha transferencia fue autorizada por la Ley 2399, que en su art. 1º señaló: “En aplicación de los Artículos 162° y 59° numerales 1) y 2) de la Constitución Política del Estado, concordante con el Decreto Supremo Nº 24177, de fecha 8 de diciembre de 1995, y el numeral 7), del citado Artículo 59°, autorizar la disposición de viviendas y lotes de terrenos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, en favor de 250 familias de ex trabajadores ferroviarios del Distrito de Cochabamba, mediante Licitación Pública Nº GCBIT-008 CBBA, como justa, ecuánime y equitativa compensación a los bajos montos percibidos como pago de beneficios sociales y la evidencia de no haber sido favorecidos con la construcción de viviendas por los ex -- Consejos de Vivienda, CONAVI, ni el vigente Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS), pese al regular aporte efectuado por años, en favor de estas instituciones”; consecuentemente, al margen de las falencias anotadas en párrafos anteriores, respecto a la falta de definición de la naturaleza de los bienes de propiedad de ENFE, como también la falta de definición de su ubicación geográfica, que permita sobre todo una clara identificación de los mismos, se tiene que, esta transferencia, que fue originada como consecuencia del proceso de capitalización y su posterior Licitación Pública en favor de los ex trabajadores de ENFE, que además tiene como antecedentes una serie de Convenios suscritos entre ENFE y los Trabajadores, al presente posee Autorización del Poder Legislativo, tal como exigía el art. 59 inc. 7) de la CPE de 1967 aplicable al caso de autos, de ahí que el principal argumento en que los demandantes basan su demanda, queda plenamente desvirtuado, en cuyo mérito, corresponde declarar improbada la demanda intentada, pues no se acreditó la existencia de las causales nulidad alegadas como son las previstas en el art. 549 inc. 2, 3, y 4 del Código Civil, que estaban vinculadas a la presunta inobservancia del art. 59 inc. 7) de la CPE de 1967. 


Por otra parte, en cuanto a la transferencia realizada mediante Licitación Pública Nº GCBIT005CBBA, de la superficie de 12.322 Mts2., que consta en el Testimonio 1083/1998 de 16 de marzo de 1998, en su cláusula Tercera, se refiere a la descripción del inmueble que se transfiere, y textualmente señala: “El bien inmueble que está siendo enajenado mediante el presente documento, es parte de los 45.603 metros cuadrados de propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles …” (sic), extremo que genera incertidumbre respecto al origen de esta superficie, pues este documento hace expresamente menciona que se trataría de parte o fracción de los 45.603 Mts2, que fueron objeto de autorización del Poder Legislativo, conforme se evidencia de la Ley 2399, siendo así, se puede deducir que se ha cumplido con el mandato previsto en el art. 59 inc. 7) de la CPE de 1967, razón por la cual se puede afirmar que la transferencia realizada, tampoco ingresa dentro de las causales de nulidad previstas en el art. 549 inc. 2, 3, y 4 del Código Civil, por lo que corresponde declarar improbada la pretendida nulidad de esta transferencia. Sobre este punto, también cabe precisar que además de las falencias anotadas a lo largo de la presente Resolución, no es posible dejar de advertir que en la demanda, al referirse a la Licitación Pública Nº GCBIT005CBBA, se hace referencia a que se hubiera transferido la superficie de 4.970 Mts2., siendo que en el Testimonio 1083/1998 de 16 de marzo de 1998, que corresponder a dicha Licitación, se precisa claramente que la superficie que se transfiere es de 12.322 Mts2., en tal sentido, una vez más aflora el defecto referido a la falta de una precisa identificación, primero de los bienes afectados al servicio público ferroviario y los no afectados al servicio público ferroviario y por otra parte, la exacta ubicación geográfica de las superficies declaradas y definidas en uno u otro sentido, para en su caso o no, poder establecer si se trata o no de las superficies transferidas y que ahora resultan cuestionadas por los demandantes, siendo este otro fundamento para declarar improbada la demanda, y esa falta de precisión y certeza sobre los datos extrañados, impide en consecuencia aprobar la pretensión de la demanda, pues con esa falta de precisión incide también en la afectación del derecho a la defensa y el debido proceso de las personas demandadas, cuyo derecho propietario no es posible que sea afectado en las condiciones anotadas.


Por otra parte, corresponde también declarar improbada la demanda respecto a la Licitación Pública Nº GCBIT-003CBBA, respecto a la transferencia de 3.478 Mts2., según se consigna en la demanda, pues como se advirtió en párrafos precedentes, no existe documentación alguna referida a dicha Licitación ni al Testimonio que evidenciaría tal transferencia.     

         

Finalmente, y al margen de estar definida la presente problemática, corresponde señalar que, en cuanto a la presunta ilicitud de causa y motivo que impulso a la celebración de los contratos, se tiene que los demandantes, con escasa argumentación, pretenden vincular la concurrencia de este motivo de nulidad que se encuentran previstos en el art. 549 inc. 3) del Código Civil, a la subvaluación de los inmuebles adjudicados, que hubieran sido transferidos por precios inferiores a su valor real, extremo que evidencia una confusión respecto al alcance y los motivos que pudieran hacer a la concurrencia de esta causal de nulidad, razón por la cual también carece de mérito. 


V. Conclusiones.


De todo lo expresado se concluye que, la parte no cumplió su deber de demostrar que los bienes transferidos hayan sido declarados bienes afectados al servicio público ferroviario, como sostiene en su demanda, como tampoco demostró la ubicación geográfica exacta de los mismos, pese al mandato establecido en el DS Nº 24177 de 8 de diciembre de 1995, a objeto de su contraste con los bienes que se encontrarían en posesión de los demandados, como tampoco demostró la inobservancia de la previsión contenida en el art. 59 inc. 7) de la CPE de 1967, que contrariamente a lo manifestado en la demanda, se estableció la existencia de la Ley 2399, que autorizó la transferencia de 45.603 Mts2., de los cuales se hubiera disgregado la superficie 12.322 Mts2., conforme al Testimonio 1083/1997, en su Cláusula Tercera.   


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso cursante de fojas 237 a 244 vta., interpuesta por los representantes de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).


No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena