SALA PLENA


SENTENCIA:                            372/2017.

FECHA:                                Sucre, 3 de mayo de 2017.

EXPEDIENTE:                        148/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fojas 48 a 55, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013 de 2 de diciembre (fojas 33 a 46), el memorial de contestación de fojas 84 a 87, la réplica de fojas 98 a 100, la dúplica de fojas 103 y vuelta, el apersonamiento del tercero interesado a través del memorial de fojas 116 y vuelta, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.


I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1.- Antecedentes de hecho de la demanda.


Que, Verónica J. Sandy Tapia, en su condición de Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en virtud de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0594-13 de 31 de diciembre (fojas 47), se apersonó por memorial de fojas 48 a 55, manifestando que al amparo de lo previsto en el artículo 70 de la Ley N° 2341 y en los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente por disposición del numeral 2 del artículo 74 de la Ley N° 2492, interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013 de 15 de diciembre.


Efectuó una larga relación de antecedentes del proceso en sede administrativa, sintetizándose los mismos en los siguientes hechos puntuales:


A.- Resolución Determinativa N° 130/2006.


Que el 19 de abril de 2005 se generó la Orden de Verificación Interna N° 82/2356, respecto del contribuyente Wagner Ramiro Cabrera Fernández, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los períodos marzo, abril y mayo de 2003, habiendo sido notificada de manera personal el 20 de abril de 2005.

Que el 22 de abril de 2007, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 033/2005, al haberse producido el incumplimiento del contribuyente, del deber formal de presentación de la documentación solicitada dentro del plazo previsto, sancionándole con una multa equivalente a UFV 1.000,- de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0021-04.

Que, el 17 de abril de 2006, se emitió la Vista de Cargo N° 40060VI82/2356/013/2006, estableciéndose como resultado de información obtenida por terceros, una deuda tributaria equivalente a UFV 40.116,-


Que, el 19 de junio de 2006, se emitió la Resolución Determinativa N° 130/2006, que determinó una deuda tributaria de UFV 56.831,- por concepto de tributos adeudados e intereses, correspondientes a los períodos marzo, abril y mayo de 2003, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), notificada mediante cédula el 12 de julio de 2006.


A continuación detalló la remisión del expediente a la Unidad de Cobranza Coactiva del Servicio de Impuestos Nacionales para su ejecución, la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución tributaria (PIET), así como la remisión de notas de medidas coactivas el 18 de agosto de 2006, al Organismo Operativo de Tránsito, H. Alcaldía Municipal de Oruro, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, al Registro de Derechos Reales y al Director Departamental de Migración, señalando más adelante también a la Cooperativa de Telecomunicaciones de Oruro (COTEOR).


Refirió que el 22 de abril de 2013, el contribuyente presentó un memorial solicitando la prescripción, el que fue respondido a través del Proveído N° 24-00625-13, expresando que no corresponde la solicitud en etapa de ejecución.


B.- Resolución Determinativa N° 437/2007.


Que el 15 de mayo de 2007 se generó la Orden de Verificación Interna N° 62201519, respecto del contribuyente Wagner Ramiro Cabrera Fernández, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los períodos julio de 2003, así como febrero y abril 2004.


Que el 22 de agosto de 2007, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 177/2007, al haberse producido el incumplimiento del contribuyente, del deber formal de presentación de la documentación solicitada dentro del plazo previsto, sancionándole con una multa equivalente a UFV 1.000,- de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0021-04.


Que, el 22 de agosto de 2007, se emitió la Vista de Cargo N° 000622001591/077/2007, estableciéndose como resultado de información obtenida por terceros, una deuda tributaria equivalente a UFV 71.678,-


Que, el 23 de noviembre de 2007, se emitió la Resolución Determinativa N° 437/2007, que determinó una deuda tributaria de UFV 101.423,- por concepto de tributos adeudados e intereses, correspondientes a los períodos julio 2003, así como febrero y abril de 2004, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), notificada mediante cédula el 12 de diciembre de 2007.


A continuación detalló la remisión del expediente a la Unidad de Cobranza Coactiva del Servicio de Impuestos Nacionales para su ejecución, la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución tributaria (PIET), así como la remisión de notas de medidas coactivas el 18 de abril de 2008, al Organismo Operativo de Tránsito, H. Alcaldía Municipal de Oruro, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, al Registro de Derechos Reales y al Director Departamental de Migración.


Refirió que el 22 de abril de 2013, el contribuyente presentó un memorial solicitando la prescripción, el que fue respondido a través del Proveído N° 24-00625-13, expresando que no corresponde la solicitud en etapa de ejecución.


Que, el 14 de junio de 2013 se notificó a la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales con la interposición de recurso de alzada, impugnando el Proveído N° 24-00625-13, emitiéndose producto de ello, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0893/2013 de 2 de septiembre que revocó parcialmente el proveído impugnado.


Que, deducido recurso jerárquico, se pronunció la Resolución AGIT-RJ 02157/2013 de 2 de diciembre de 2013, confirmando la pronunciada en alzada.


I.2. Fundamentos de la demanda.


I.2.1.- Respecto de la prescripción de los períodos febrero y abril de 2004, citó el sub numeral viii del punto IV.3.3. de la fundamentación jurídica de la resolución jerárquica impugnada, para referirse luego a la analogía y subsidiariedad a que hacen referencia los artículos 5 y 74 de la Ley N° 2492, manifestando que corresponde la aplicación de los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, reiterando que no se produjo la inactividad; es decir, que el sujeto activo no dejó de ejercer su derecho.


Argumentó que no es correcto indicar que las solicitudes de información a diferentes instituciones para que se haga efectivo el cobro coactivo no está establecido en la Ley N° 2492; que una vez que la resolución determinativa adquiere ejecutoria, le sigue otra etapa que es el cobro coactivo, en las condiciones señaladas por el artículo 110 de la Ley N° 2492, preguntándose a continuación, que si no es de ese modo, cuál sería la manera de hacer efectivo el cobro de los adeudos tributarios.


Aclaró que la Administración Tributaria en ningún momento dejó inactivas las acciones de cobro, por lo que los períodos cuyo cobro se persigue en el presente caso, no se encuentran prescritos.


Hizo referencia a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N° 2492, alegando que el cómputo correspondiente a los períodos febrero y abril de 2004, deberá ser realizado considerando la disposición contenida en el artículo 60 de dicha norma, tomando en cuenta el término de la prescripción de 4 años; además, que en este caso, el PIET N° 1560/2008 se encuentra en etapa de remate, por lo que el inmueble con folio real N° 4011010017290 se encuentra con medidas previas a dicho acto, demostrándose que no existe inacción de parte de la Administración Tributaria.


Indicó que la Autoridad Jerárquica, sin realizar la revisión o tener sustento legal, señaló que se encontrarían prescritos los títulos de ejecución tributaria, como la Resolución Determinativa N° 437/2007, pero que el Servicio de Impuestos Nacionales ejerció su derecho al cobro, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N° 2492, además de considerar el artículo 61 del mismo cuerpo normativo.


Redundó sobre las solicitudes de información y las medidas adoptadas a través de la remisión de notas a las instituciones cuyo detalle se describió líneas arriba, además que la condición para que opere la prescripción es la inactividad para efectuar el cobro, lo que en este caso no ocurrió.


I.2.2.- Invocó la aplicación de Ley N° 291, modificatoria del artículo 59 de la Ley N° 2492, según cuyo parágrafo IV, la facultad ejecutar la deuda tributar es imprescriptible; y que siendo que en el presente caso la deuda determinada se encontraba en etapa de ejecución, la facultad de cobro de la Administración Tributaria es imprescriptible.


Del mismo modo, demandó la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, en sentido que no prescribirán las deudas por daño económico al Estado, aplicable por los principios de primacía constitucional y jerarquía normativa de acuerdo con lo que dispone el artículo 410 de la misma.


Agregó que encontrándose el proceso en etapa de ejecución, no puede existir impugnación al Proveído N° 24-00625-13 de 15 de mayo, insistiendo en la aplicación del artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 y de los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, además que la prescripción solo opera frente a la inactividad del acreedor, lo que en el presente caso no sucedió. Que, la obligación tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 437/2007 de 23 de noviembre y en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 01560/2008 de 10 de abril, no prescribió, encontrándose vigente la facultad de cobro y ejecución de la misma. 


Sostuvo que los actos de la Administración Tributaria se desarrollaron sobre la base de la observación de los principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, previstos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, además de respetar los derechos y garantías constitucionales.


I.3. Petitorio.


Concluyó el memorial solicitando que en virtud de los fundamentos expuestos, se pronuncie resolución declarando probada la demanda y en consecuencia se confirme el Proveído N° 25-06258-13 de 15 de mayo, manteniéndolo firme y subsistente.




II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


Que, por providencia de fojas 59 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


Se dispuso asimismo, que se libre orden instruida para la notificación del tercero interesado, Wagner Ramiro Cabrera Fernández, en el domicilio ubicado en “…Avenida del Ejército N° 251 entre Brasil de la ciudad de Oruro…”, comisionando su diligenciamiento a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Oruro.


Cumplida la diligencia de citación a la autoridad demandada, el 7 de mayo de 2014 como consta a fojas 77, fue devuelta la provisión citatoria según se verifica con la nota de fojas 79 y recibida según cargo de la vuelta, disponiéndose por providencia de fojas 80, su arrimo al expediente, con noticia contraria.


Presentado el memorial de contestación a la demanda de fojas a 84 a 87, fue providenciado a fojas 88, disponiendo que se tiene apersonado a Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud de la Resolución Suprema N° 10933 de 7 de noviembre de 2013 (fojas 82), y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado al demandante para la réplica.


En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por la demandante, la autoridad demandada señaló que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, cabe remarcar y precisar lo siguiente:


Manifestó que el memorial de demanda es una reproducción de los fundamentos expuestos en la fase recursiva en instancia administrativa y carente de carga argumentativa.


II.1.- Dijo que la Resolución Determinativa N° 0437/2007 de 23 de noviembre, que establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo por los períodos febrero y abril de 2004, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), fue notificada el 18 de febrero de 2007, siendo evidente que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación dentro de los 4 años que prevé el artículo 59 de la Ley N° 2492.


Que, emitido el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 1560/2008 de 10 de abril, fue notificado el 14 de abril de 2008, iniciándose el cómputo del término de la prescripción para la ejecución tributaria, a partir de ese momento, es decir, desde el 15 de abril de 2008.

Que, por otra parte, es evidente que la Administración Tributaria efectuó las medidas coactivas que señaló en su demanda, mediante la remisión de notas a las instancias que refirió, pero que la Ley N° 2492 no reconoce tales medidas como causales de suspensión o interrupción del cómputo del término de la prescripción, las que se encuentran expresamente establecidas en los artículos 61 y 62 de la norma citada, por lo que en consecuencia, al no haberse hecho efectivo el cobro de la deuda a la fecha, la misma se encuentra prescrita.


II.2.- Respecto de la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, manifestó que en la interpretación de dicha norma, debe considerarse lo que establece la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, que modificó el artículo 59 de la Ley N° 2492, por lo que se infiere que el régimen de la prescripción establecido en la Ley N° 2492, se encuentra plenamente vigente, con la modificación señalada, además de la consideración de la Ley N° 317, determinando que la imprescriptibilidad en materia tributaria, solo está dispuesta respecto de la facultad de ejecutar la deuda determinada, en las condiciones establecidas por las Leyes N° 291 y 317, en vigencia desde el 11 de diciembre de 2012.


Que, en consecuencia, en el caso de autos, se trata de deudas cuya ejecutoriedad se produjo con anterioridad a la vigencia de las modificaciones citadas, no correspondiendo su aplicación. Pero que además, debe tenerse presente que la obligación impositiva no prescribe de oficio, siendo que versa sobre las facultades de la Administración Tributaria como consecuencia del no ejercicio del derecho al cobro durante el tiempo fijado por la norma.


II.3.- En relación con el principio de favorabilidad, manifestó que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley N° 2492 y la Sentencia Constitucional N° 1642/2010-R de 15 de octubre, al existir disposición expresa en cuanto a las reglas de la prescripción en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310, no es procedente lo invocado por el sujeto pasivo, por lo que correspondió a la instancia jerárquica, revocar parcialmente el Proveído N° 24-00625-13 de 15 de mayo, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria de ejecución por los períodos febrero y abril de 2004, manteniendo firme y subsistente el rechazo a la solicitud de prescripción del IVA e IT por los períodos marzo, abril, mayo y julio de 2003.


Sostuvo que la resolución impugnada fue emitida en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, concluyéndose que la endeble demanda interpuesta carece de sustento jurídico-tributario, no existiendo agravio ni lesión que le hubieren causado con la emisión de la resolución impugnada.


II.3.- Petitorio.


Concluyó el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, este Supremo Tribunal de Justicia emita sentencia declarando improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 2157/2013 de 2 de diciembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


Continuando el trámite del proceso, se remitió el memorial de réplica inicialmente vía fax, presentándose luego el original que cursa de fojas 98 a 100, a través del cual se reiteraron los argumentos expresados en la demanda y que fue providenciado a fojas 101, admitiéndose la personería de Verónica Jeannine Sandy Tapia en representación de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en virtud de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0475-14 de 25 de septiembre, (fojas 97) y teniéndosela presentada, se corrió en traslado para la dúplica, cuyo memorial fue presentado a fojas 103 y vuelta, en el que del mismo modo se ratificó lo manifestado en el memorial de contestación a la demanda, en virtud de lo cual, por providencia de fojas 104, se ordenó su reserva hasta la devolución de la orden instruida, debidamente diligencia al tercero interesado.


Devuelta la orden instruida librada para la notificación al tercero interesado, mediante memorial de fojas 125, diligenciada como consta por la notificación de fojas 123, se providenció a fojas 126, disponiendo su arrimo al expediente, con noticia de partes; y siendo el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, a fojas 130 se decretó “autos para sentencia”.


Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:


III.1.- Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se verifica que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 437/2007 de 23 de noviembre (fojas 32 a 36, Anexo 2), habiendo sido notificada al sujeto pasivo mediante cédula, el 18 de diciembre de 2007, como consta a fojas 39 vuelta, Anexo 2).


III.2.- Cursa a fojas 50 del Anexo 2, el Proveído de Ejecución Tributaria N° 1560/2008 de 10 de abril, por el que se dispuso: “…se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el Art. 110° de la Ley N° 2492, por el monto de Bs. 134.912,- cabe aclarar que el mencionado importe será actualizado a momento de cancelar la totalidad de la deuda tributaria.”


III.3.- Por memorial de fojas 91 a 94 del Anexo 2, el sujeto pasivo solicitó la prescripción de la obligación tributaria por los períodos correspondientes a marzo, abril, mayo y julio de 2003, como febrero y abril de 2004, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT).


III.4.- La respuesta a la solicitud referida fue dada a través del Proveído N° 24-00314-11 de 18 de abril (fojas 95, Anexo 2), a través del cual la Administración Tributaria señaló que “…la Resolución Determinativa al ser en (sic) un acto no impugnado, ni pagado, se constituye firme, emitiéndose el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1360/2008, por lo tanto NO HA LUGAR A LO SOLICITADO.” (Sic).


III.5.- Interpuesto recurso de alzada por el sujeto pasivo, mediante memorial de fojas 3 a 7 de antecedentes administrativos (Anexo 1), fue resuelto a través de la Resolución ARIT-LPZ/RA 0893/2013 de 3 de septiembre (fojas 56 a 66, Anexo 1), determinando revocar parcialmente el Proveído N° 24-00625-13 de 15 de mayo, manteniendo en consecuencia firme y subsistente el rechazo a la solicitud de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por los períodos fiscales marzo, abril, mayo y julio de 2003, contenido en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 181/2006 y 1560/2008; y deja sin efecto por prescripción, la ejecución tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los períodos fiscales de febrero y abril de 2004.


III.6.- Como consecuencia de lo anterior, la Administración Tributaria dedujo recurso jerárquico impugnando la resolución pronunciada en alzada, como consta por el memorial de fojas 105 a 107 del Anexo 1, habiendo sido resuelto mediante la Resolución AGIT-RJ 2157/2013 de 2 de diciembre (fojas 158 a 172, Anexo 1), decidiendo confirmar la resolución pronunciada en alzada.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


Que el motivo de la litis dentro del presente proceso, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido por la Autoridad Jerárquica al pronunciar la Resolución hoy impugnada, de acuerdo con el siguiente supuesto: 1) Si es evidente que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al emitir la resolución impugnada confirmando la de alzada, que declaró la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los períodos fiscales febrero y abril de 2004, incurrió en las vulneraciones acusadas.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:


V.1.- Análisis y fundamentación.


En cuanto a lo manifestado por la Autoridad Demandada en el sub numeral viii del punto IV.3.3. de la fundamentación jurídica de la resolución jerárquica impugnada, en relación con lo dispuesto por los artículos 5 y 74 de la Ley N° 2492, sobre la analogía y la subsidiariedad, corresponde el siguiente análisis.


Lo que la autoridad demandada manifestó, es: “Asimismo corresponde puntualizar que si bien es evidente que la Administración Tributaria efectuó medidas coactivas a efecto de ejecutar la deuda tributaria, mediante la remisión de notas, solicitando información sobre los bienes y fondos económicos con los que cuenta el Sujeto Pasivo; inclusive, habría realizado una hipoteca judicial como se señaló precedentemente; sin embargo, la Ley N° 2492 (CTB) no reconoce las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción, las causales se encuentran expresamente establecidas en sus Artículos 61 y 62; por lo que, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 437/2007 que abarca los impuesto IVA e IT de los períodos fiscales febrero y abril de 2004, se encuentra prescrita, al no haberse hecho efectivo el cobro de la deuda tributaria a la fecha.”


Por su parte, el artículo 5 del Código Tributario, regula acerca de la fuente, prelación normativa y derecho supletorio; y el artículo 74 del mismo cuerpo legal, sobre los principios, normas principales y supletorias, en materia tributaria, aclarando que ninguno de los referidos artículos hace alusión a la analogía; instituto que se encuentra descrito y regulado por el artículo 8 de la Ley N° 2492. Sin embargo y pese a la imprecisión de la demandante, el parágrafo III del artículo 8 citado, indica: “La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes.”

Respecto de la subsidiariedad invocada, como sinónimo de supletoriedad, en el presente caso no corresponde la aplicación supletoria de norma alguna, pues el instituto de la prescripción se halla regulado expresamente por la Ley N° 2492, en los artículos 59 al 62, 154 y otros del referido cuerpo normativo, debiéndose aplicar los mismos.

   

Por lo anteriormente expresado, en el presente caso no corresponde la aplicación de los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, que por otra parte se trata de normas generales acerca de la prescripción sobre el efecto extintivo que le es inmanente y el comienzo del cómputo de su término como regla general, por lo que no se encuentra que sea evidente lo señalado por la demandante alegando que la autoridad demandada hubiera declarado la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los periodos febrero y abril de 2004 sin base o fundamento legal, cuando señaló claramente que deben ser aplicados los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492, que regulan claramente las causales de suspensión e interrupción del término de la prescripción en materia tributaria.


En relación con el hecho que las solicitudes de información a diferentes instituciones para que se haga efectivo el cobro coactivo no está establecido en la Ley N° 2492, dicha afirmación es evidente, pues el artículo 110 de la norma citada, que fue invocado por la demandante, no hace ninguna referencia a ello, siendo facultad de la Administración Tributaria ejercer su derecho al cobro, de acuerdo a ley, en observancia de las amplias facultades que la misma le reconoce, de acuerdo con lo que establece el artículo 100 del Código Tributario, sin que corresponda a la autoridad administrativa ni jurisdiccional señalar el modo o la manera de ejecutar sus facultades.


No basta la afirmación de la demandante en sentido que los impuestos y los períodos cuyo cobro se persigue no se encuentran prescritos, debiendo recordar lo dispuesto por el inciso c) del artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable por mandato del artículo 200 del Código Tributario; es decir, que: “La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso.”


En la especie, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 437/2007, el 23 de noviembre de ese año, determinando las obligaciones tributarias del sujeto pasivo por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), correspondientes a los períodos febrero y abril de 2004, notificándole con dicho acto,  mediante cédula, el 18 de diciembre de 2007, como consta a fojas 39 vuelta, Anexo 2, no quedando duda que el Servicio de Impuestos Nacionales ejerció sus facultades de determinación, dentro del plazo de 4 años que determina el artículo 59 del Código Tributario.


En virtud de la determinación efectuada, se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), GDO/DJ/UCC P.E.T. N° 1560/2008 el 10 de abril de 2008, fojas 50 del Anexo 2, que notificado el 14 de abril de 2008 como consta a la vuelta, por lo que el inicio del cómputo del término de la prescripción, se inicia el 15 de abril de 2008, debiendo concluir el 15 de abril de 2012, de acuerdo con lo que dispone el numeral 4 del parágrafo I del artículo 59, en relación con la previsión contenida en el parágrafo II del artículo 60, ambos de la Ley N° 2492.


Debe tenerse presente que el plazo de prescripción como las causas de suspensión e interrupción de su cómputo, son expresas, no pudiendo hacerse interpretaciones extensivas que modifiquen lo que se encuentra dispuesto por la norma; en ese sentido, si no fue cobrado el adeudo tributario hasta el 15 de abril de 2012, el mismo se encuentra prescrito.


Es evidente que la condición para que opere es la inactividad; pero asimismo, existen causas señaladas por ley, que determinan cuál es el tipo de actividad que da lugar a la suspensión o interrupción del cómputo del término de la prescripción, no pudiendo alegarse cualquier actividad al efecto; y específicamente en el caso presente, las notas a las que hizo referencia la demandante, no constituyen causa de suspensión o interrupción del cómputo del término de la prescripción.


V.2.- Sobre la invocación de la Ley N° 291, modificatoria del artículo 59 de la Ley N° 2492, según cuyo parágrafo IV, la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, la norma en cuestión debe aplicarse en relación con el principio de irretroactividad de la norma, como prevé el artículo 123 de la Constitución Política del Estado; es decir, que la Ley N° 291 data de 22 de septiembre de 2012, señalando el parágrafo IV de su Disposición Adicional Quinta, que: “La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” No obstante, ello adquiere eficacia a partir del momento de publicación de la norma en la Gaceta Oficial de Bolivia, por lo que la demandante no debe olvidar que el motivo del presente proceso se refiere al cobro del adeudo tributario correspondiente al IVA e IT, por los periodos febrero y abril de 2004, respecto de los cuales ciertamente no es aplicable.


Respecto de la supuesta vulneración del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, dicha norma no es aplicable en el sentido pretendido por la demandante, pues tal previsión se halla vinculada al daño económico causado al Estado por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o en relación con ella si se diere la participación de particulares con afectación al Estado en el marco de la Ley N° 1178.


En este sentido la Sentencia N° 451/2015 de 7 de octubre, pronunciada por la Sala Plena del Supremo Tribunal de Justicia, entre otras, expresa: “Cuando la norma constitucional señala las deudas por daños económicos, hace referencia a deudas determinadas por diferentes conceptos y cuya recuperación se busca al no haber sido pagadas. Pero además debe tenerse presente el razonamiento desarrollado por este tribunal y expresado a través de su jurisprudencia, que dicho precepto constitucional se entiende relacionando con la responsabilidad por la función pública, es decir, con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado, o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recurso públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco señalado por la Ley Nº 1178.”


Es decir que la previsión constitucional hace referencia al resultado de un ilícito, en el que hubieran participado servidores públicos (elemento esencial) u otros que se beneficien con ese resultado, más no al incumplimiento del sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias, razón por la que tampoco resultan aplicables en este caso, los principios de primacía constitucional y jerarquía normativa desarrollados en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado.


En referencia a la contradicción expresada por la demandante en sentido que encontrándose el proceso en etapa de ejecución, no puede existir impugnación al Proveído N° 24-00625-13 de 15 de mayo, pero que en aplicación del artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 y de los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, la prescripción solo opera frente a la inactividad del acreedor, lo que en el presente caso no sucedió, la norma invocada indica: “El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago.” (Las negrillas son añadidas).


Nótese que la disposición señala que la prescripción podrá ser solicitada por el sujeto pasivo o tercero responsable, aun en etapa de ejecución; y en cuanto al inicio del cómputo de su término, a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo para el pago, el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 es expreso y puntual respecto del inicio del cómputo del término de la prescripción en los casos de ejecución tributaria, precisando que el mismo “…se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. (Las negrillas son añadidas).


Debe tenerse presente que el Decreto Supremo N° 27310 es reglamentario del Código Tributario y que si bien de manera genérica señala que los términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago, en resguardo del principio de jerarquía normativa, corresponde aplicar con preferencia la Ley N° 2492; es decir, que en este caso, se debe computar el término de la prescripción, a partir de la fecha de notificación al sujeto pasivo con el título de ejecución tributaria.


V.3.- Conclusiones.


En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente:


Por lo expuesto, sobre la base de las normas cuya aplicación corresponde, no es evidente que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución AGIT-RJ N° 2157/2013 de 2 de diciembre, confirmando la resolución de alzada, hubiera incurrido en las vulneraciones acusadas de acuerdo con la problemática planteada, detallada en el numeral IV. de la presente resolución, que constituye el objeto del proceso.

Lo que la Administración Tributaria impugnó a través de la presente demanda y puso en tela de juicio, fue la supuesta vulneración de las normas que rigen el instituto de la prescripción en materia tributaria, de acuerdo con la previsión de los artículos 59 al 62 de la Ley N° 2492 y las modificaciones dispuestas por la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, lo que de acuerdo con la fundamentación precedente, no se encuentra que sea evidente.


Del mismo modo, en cuanto a la supuesta vulneración del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, sobre el supuesto daño económico causado al Estado, de acuerdo con la línea jurisprudencial sentada por este Supremo Tribunal de Justicia, se estableció que dicha norma constitucional encuentra aplicación en casos derivados de la responsabilidad por el ejercicio de la función pública en relación con las disposiciones de la Ley N° 1178 sus disposiciones reglamentarias, complementarias y conexas, mas no respecto del incumplimiento por el sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias.


Por ello, de acuerdo con la argumentación desarrollada y los fundamentos expuestos, sobre la base de la correcta interpretación de la normativa que rige la materia, así como de la aplicación de la jurisprudencia sentada por este Supremo Tribunal de Justicia, se estableció que las vulneraciones acusadas, no son ciertas.


Que, del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), al pronunciarse a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013 de 2 de diciembre, no incurrió en ninguna conculcación de normas legales, al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y en los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 48 a 55, interpuesta por Verónica J. Sandy Tapia, en su condición de Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 2157/2013 de 2 de diciembre, pronunciada en recurso jerárquico por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena