SALA PLENA


SENTENCIA:                            370/2017.

FECHA:                                Sucre, 3 de mayo de 2017.

EXPEDIENTE:                        57/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Metalúrgica Vinto contra las Importaciones VECOMAR.

MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa de fojas 66 a 70, subsanada a fs. 75 a 77, la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 179/2014 de 3 de octubre (fs. 51 a 57), emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, la empresa demandada mediante memorial de fs. 96 a 97 vta., opuso excepciones previas de incompetencia, litispendencia e impersoneria, el memorial de contestación a la demanda de fojas 126 a 129, el memorial de respuesta a la excepciones de fs. 133 a 135, los antecedentes procesales, la emisión de la resolución de excepción de fs. 150 a 159 y.


  1. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


Que a (fs. 1 a 2) Felix Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán en su calidad de Gerente General de la Empresa Pública Metalúrgica Vinto, en virtud a la Resolución Suprema Nº 01151 de 18 de julio de 2009, se apersonó por memorial de fs. 66 a 70, manifestando que de conformidad por los arts. 775, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y art. 10 parágrafo I de la Ley 2012 y art. 70 de la Ley 2341, interpone demanda contenciosa, contra la Empresa Unipersonal Importaciones Vecomar, representada por su titular Orlando Mauricio Arandia Roman (Comercial Privada), demandando el pago de Bs. 270.000 (Doscientos Setenta Mil 00/100 Bolivianos).


Que mediante Minuta de Contrato C.Prov. Bs. Nº 0018/2011 de 24 de febrero, la Empresa Metalúrgica Vinto, firma contrato con la Empresa Unipersonal de Importaciones Vecomar para que provea un Puente Grúa Birriel a cable de acero diseñado para operar en la industria de fundición a 3700 m.s.m, que posea los ganchos de elevación con una capacidad de carga de 5 y 10 tn., luz entre apoyos de 25 metros, altura de izajes de 10 metros, carro de traslación diseñado para rodar sobre rieles de 60 x 60 mm. De sección, con comando inalámbrico con alcance aproximado de 100 metros. El plazo estipulado para la construcción fue de 140 días calendario computable a partir de la firma del contrato por un monto total de Bs. 1.350.000 (Un Millón Trescientos Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos).


En fecha 29 de abril de 2011, la Empresa Metalúrgica Vinto aprobó los planos definitivos del Puente Grúa Birriel.

Posteriormente por contrato modificatorio Nº 078-B/2011 de 14 de julio, se modifica la cláusula cuarta del contrato principal con la ampliación de 64 días adicionales haciendo un total de 204 días con fecha de finalización el 16 de septiembre de 2011.


Por Nota CV000133-2011 de 7 de septiembre de 2011, la Empresa Vecomar, solicita una segunda ampliación al plazo de entrega del contrato Nº 18/2011, en la que se menciona que se adjunta una nota de fábrica que explicaría los motivos que les impide realizar la entrega con anterioridad, agregando que según norma se podría optar por un segundo contrato modificatorio.


La Empresa Metalúrgica Vinto, notifica con una carta notariada a Importaciones Vecomar fs. 23, 24 refiriéndole que en lo referente a la cláusula 19.2.1 del contrato de 24 de febrero de 2011, consigna la resolución a requerimiento de la entidad por causas atribuibles al Proveedor inc. b), c) por incumplimiento injustificado de plazo de entrega sin que el Proveedor adopte medidas necesarias y oportunidad para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.


Contra dicha determinación, la empresa Vecomar interpuso Recurso de Revocatoria el 27 de mayo de 2013, la misma que mereció la Resolución EMV-GG-REC de REV. VECOMAR Nº 001/2013 de 28 de junio, corregida mediante auto EMV-GG-REC de REV. VECOMAR Nº 02/2013 de 28 de junio, notificándose a Vecomar, resolución que rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Vecomar, en cumplimiento de sus clausula décimo novena, confirmando en todas sus partes la misma. Finalmente la empresa Vecomar en fecha 11/07/2013, presentó el recurso Jerárquico, remitiendo dicho recurso ante el Ministerio de Minería y Metalurgia quien emitió Resolución de Recurso Jerárquico Nº 179/2013 de 3 de octubre, mediante la cual resuelve confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria  EMV-GG-REC- de REV. Vecomar Nº 001/2013 de 28 de junio, emitida por el Gerente General de la Empresa Metalúrgica Vinto, ratificando la Resolución de Contrato por incumplimiento del proveedor dentro el plazo previsto.


I.2. Fundamentos de la demanda.


I.2.1.- La entidad actora menciona que el contrato de manera general está concebido como todo acuerdo de voluntades generador de obligaciones de contenido patrimonial, en el caso en cuestión nos encontramos frente a un contrato de naturaleza administrativa toda vez que sus suscriptores-contratantes es una entidad estatal o pública y la otra privada, cuyo objetivo era beneficiar a la empresa minera Vinto, por lo que formulan la acción al amparo de los arts. 775 y 778 y siguientes del Código Pdto. Civil, art. 10 parág. I de la Ley Nº 212.


Manifestó que las Convenciones del Contrato Administrativo son de cumplimiento obligatorio para la entidad y para el proveedor, por lo que siendo ratificado en el proceso administrativo el incumplimiento en la entrega del bien, la misma que conlleva a una obligación de devolución del anticipo otorgado y al pago de las multas, previsto en el contrato conforme al art. 568 del Código Civil.


Refirió que en el caso en estudio, la cláusula 19.2.1 del contrato de 24 de febrero de 2011, consigna la resolución a requerimiento de la entidad por causas atribuibles al Proveedor inc. b), c), por incumplimiento injustificado de plazo de entrega sin que el Proveedor adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.


Señaló que las partes, por contrato modificatorio de 14 de julio de 2011, establecieron una ampliación de 64 días, totalizando un plazo de 204 días calendario, computables a partir de la firma del contrato principal con fecha de finalización 16 de septiembre de 2011, habiendo llegado a puertas de la entidad el 6 de febrero de 2012, por lo que se reclamó la sanción de la cláusula correspondiente a la resolución del contrato por causas atribuibles al Proveedor y pide la devolución del 20%, otorgado como anticipo, más el pago de las multas correspondientes, respaldo de los informes técnicos que acreditan que existen observaciones al sistema  de control y operaciones, sistema eléctrico comprendida en el contrato por concepto de demora en la entrega del bien, correspondiendo la devolución del anticipo que alcanza a la suma de Bs. 270.000 (Doscientos setenta mil 00/100 Bolivianos), así como el pago de la morosidad y penalidades por 143 días equivalente a la suma de Bs. 731,700 (Setecientos treinta 00/100 Bolivianos) establecidos por la Gerencia de Operaciones mediante carta EMG-GO-108/2013.

Agregó que a raíz del incumplimiento la Estatal Metalúrgica Vinto, presentó la resolución del contrato administrativo de provisión del puente Grúa, que fue ratificado y posteriormente confirmado por el Ministerio de Minería dentro el recurso jerárquico promovido por Importaciones Vecomar, por cuanto existió responsabilidad por parte de la empresa demandada por incumplimiento de sus obligaciones, siendo el derecho del propio contrato administrativo de 24 de febrero de 2011, que en su cláusula tercera dispuso “por cuanto las obligaciones que nacieron del mismo tienen fuerza de ley al sentir del art. 519 con relación al art. 569 ambos del Código Civil concordante con el art. 32 del DS. 29190, siendo que la resolución de contrato por incumplimiento voluntario imputable al incumplido y sus consecuencias están previstas en el art. 568 del CC”.


I.3. Petitorio.


Concluyó solicitando, pronuncie Sentencia declarando probada la demanda condenando a la empresa demandada al pago de la obligación debida, bajo conminatoria de ejecución coactiva forzosa conforme los arts. 520, 523 y 524 del Código de Procedimiento Civil. 


1.4. DE LAS EXCEPCIONES.


Que, antes de responder a la demanda, se apersonó Orlando Mauricio Arandia Roman, en representación legal de la empresa Importaciones Vecomar, y al amparo del art. 335 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, oponiendo excepciones de incompetencia, impersoneria y litispendencia, las cuales fueron admitidas  mediante decreto de 17 de abril de 2014 de fs. 98 resueltas mediante la Resolución Nº 176/2014 de 1 de septiembre de 2014, (fs. 150 a 159, declarándose IMPROBADAS las excepciones previas de incompetencia e impersoneria y PROBADA la excepción de litispendencia, por cuanto la Empresa Importaciones Vecomar, alegó de la existencia de otro proceso Contencioso Administrativo, signado como expediente Nº 1146/2013, el cual conjuntamente el presente proceso emergen del contrato C. Prov. Bs. Nº 0018/2011 de 24 de febrero de 2011, suscrito entre la Empresa Metalúrgica Vinto y la Empresa  Importaciones Vecomar, resolviéndose que no puede dirimirse la presente demanda hasta la conclusión del proceso Contencioso Administrativo.


Que, el 7 de diciembre de 2015, La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justica, emite la Sentencia Nº 580/2015 dentro el proceso N° 1146/2013 declarando Improbada la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Empresa Unipersonal Vecomar, contra el Ministerio de Minería y Metalurgia en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico N° 179/2013 de 3 de octubre.


II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


Que, se admitió la demanda contenciosa, mediante proveído de 24 de febrero de 2014 (fs. 78), corriéndose en traslado a la empresa demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma sea citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.


Presentado el memorial de contestación negativa a la demanda de fojas 126 a 129, se tuvo apersonado a Orlando Mauricio Aranda Román en representación de la Empresa de Importaciones Vecomar, y teniéndose por respondida la demanda, se calificó el proceso como de puro derecho corriéndose traslado al demandante para la réplica, conforme prevé en el parágrafo II del art. 354 del Código de Procedimiento Civil.


En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por la empresa demandante, se remarcó y precisó lo siguiente: Que el puente Grúa Birriel entregado por Importaciones Vecomar a la Empresa Metalúrgica Vinto, cumple con las especificaciones técnicas y con los planos aprobados y que realizando una comparación de las características solicitadas y las ofertadas, así como del contenido del Documento Base de Contratación (DBC), de la Licitación Publica Nº CDM-0015/2010 (denominado termino base de contratación)  del que resultó el contrato C.Prov. Bs. N° 0018/2011, se advierte que las observaciones técnicas no guardarían coherencia y no se enmarcaran en los requisitos técnicos contemplados en el contrato.


Refiere que lo resuelto en sede Administrativa, mediante Resolución de Recurso Jerárquico Nº 179/2013 de 3 de octubre, emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, mediante la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria EMV-GG-Rec de Rev. VECOMAR Nº 011/2013 emitida por el Gerente General de la EMV; dicha situación se habría impugnado mediante demanda contencioso administrativo presentada en 29 de noviembre de 2013 y admitida el 12 de febrero de 2014 Expediente 1146/2013.


Indicó que la resolución de contrato, se realizó después de más de un año de entregado el bien y no fue sustentada en el incumplimiento a las especificaciones técnicas, habiendo sido mencionado dicho extremo recién el Recurso de Revocatoria EMG-GG- Rec de Rev. Vecomar Nº 001/2013, prueba de ello es que las cartas EMV-GG-N° 0135/2013 y EMV-GG-0178/2013 de fechas 16 de abril y 9 de mayo ambas de 2013, emitidas por la Empresa Metalúrgica Vinto, señalan que se procedió a resolver el Contrato por las clausulas b) y c) del num. 19.2.1 del contrato C Prov. Bs. N° 0018/2011, sin referir incumplimiento de especificaciones técnicas, sino por incumplimiento de plazo y porcentaje de la multa respecto al monto del contrato.


Expreso que, por otro lado, la no existencia de documentación de recepción del Puente Grúa Birriel, se debió a que después de haber entregado dicho bien, funcionarios de la Empresa Metalúrgica Vinto realizaron observaciones, mismas que no estaban enmarcadas en las especificaciones técnicas.


Continuó señalando que en sede administrativa, luego de la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico N° 197/2013 de 3 de octubre, interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la misma  que fue presentada el 29 de noviembre de 2013 y admitida el 12 de febrero de 2014, Expediente N° 1146/2013, es decir la legalidad o ilegalidad de la resolución del Contrato C. Prov. Bs. Nº 0018/2011, estaría pendiente de resolución, por lo que no puede pretender el demandante exigir la devolución del anticipo y el pago de las multas. Argumentó que efectuada la solicitud de ampliación de plazo para la entrega del Puente Grúa, la Empresa Metalúrgica Vinta (EMV), no respondió por escrito; no obstante, aseveró que la ampliación del plazo estaba autorizada, faltando únicamente su formalización en el contrato modificatorio.


Señaló que entre el 17 de septiembre de 2011 (día siguiente del vencimiento del plazo contractual) y el 6 de febrero de 2012 (día en que se efectuó la entrega del Puente Grúa Birriel), no se produjo acto alguno de la EMV que instruya suspender la provisión, ni intención de resolución del contrato, porque se acordó una segunda ampliación de plazo. Manifiesto que igualmente, en aplicación de la cláusula vigésima quinta del contrato, si el plazo de entrega vencía el 16 de septiembre de 2011, al día siguiente debió iniciarse la aplicación de multas, de manera tal que el 14 de noviembre de 2011 debió iniciar el proceso de resolución del contrato, al superar las multas el 20% del monto total contratado, y si no se lo hizo, fue porque la ampliación del plazo estaba autorizada.


Alega que habiéndose entregado el Puente Grúa Birriel el 6 de febrero de 2012, de acuerdo con el numeral 33. 3 de la cláusula trigésima del Contrato C.Prov. Bs. Nº 0018/2011 de 24 de febrero, la verificación del equipo debió realizarse en un plazo de 30 días, sin que hasta el 16 de abril la EMV se hubiera manifestado; y que de acuerdo con el numeral 33.5 de la misma cláusula, la falta de rechazo dentro del plazo comprometido, implica la aceptación por parte de la contratante.


Indicó asimismo, que no existen razones para aplicar multas, y que consecuentemente la resolución del contrato C. Prov. Bs. N° 0018/2011 es ilegal y no responde a la verdad material de los hechos.


Que la no existencia de un documento de recepción del Puente Grúa Birriel, se debe a que después de la entrega se hicieron observaciones, pero que las mismas no se encontraban enmarcadas en las especificaciones técnicas, elaboradas por la contratante, de acuerdo con los planos por ella aprobados, aclarando que el trámite de resolución del contrato no fue sustentado en el incumplimiento de las especificaciones técnicas, aspecto que recién fue mencionado en el recurso de revocatoria, detallando a continuación las especificaciones del equipo de acuerdo con lo solicitado y lo entregado, siendo responsabilidad de la EMV que el Puente Grúa sea inservible, puesto que la misma fue la que definió las características y especificaciones técnicas, obligando a la entrega de un bien de acuerdo con lo estipulado en el contrato, las especificaciones técnicas y los planos aprobados, evidenciándose que la empresa proveedora VECOMAR, cumplió con ello.


Finalmente refiere que mediante cartas con CITE VCO18-012 de 13 de febrero de 2012 y CITE VCO36-012 de 11 de abril de 2012, Importaciones Vecomar, solicitó el pago contractual, a la cual no existió rechazo, objeción u observación alguna por parte de la empresa demandante.


II.4.- Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda Contenciosa, interpuesta por la Empresa Metalúrgica Vinto.


III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


Continuando con el trámite del proceso, se advierte que tanto la entidad demandante como la empresa Importaciones Vecomar, no presentaron memoriales de réplica ni dúplica respectivamente, en virtud de lo cual, por providencia de fojas 170, siendo el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, se decretó “autos para sentencia”.


Que el proceso contencioso reglado por el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, está previsto para los casos en los que hubiere contención emergente de contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones de la Constitución Política del Estado. En autos, la controversia consiste, precisamente, en la pretensión del cobro del 20% otorgado en calidad de anticipo  por parte de la Empresa Metalúrgica Vinto a la empresa Vecomnar, mediante contrato de prestación de servicios, así como el pago de daños, multas y perjuicios por lo que el análisis se concentra en los antecedentes de su suscripción y el contraste con el marco jurídico aplicable, por lo que se constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos.

En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".


Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso, corresponde analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por La Empresa Metalúrgica Vinto en la resolución de recurso de revocatoria así como por el Ministerio de Minería y Metalurgia en la Resolución de Recurso Jerárquico. En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:


III.1.- Que el 24 de febrero de 2011, la Empresa Metalúrgica Vinto, firma un contrato con la Empresa Unipersonal de Importaciones Vecomar C. Prov. Bs. N° 0018/2011, para que provea un Puente Grúa Birriel a cable de acero diseñado para operar en la industria de fundición a 3.700 m.s.m., que posea dos ganchos de elevación y otras características. El plazo para el referido trabajo fue de 140 días calendario computable a partir de la firma del contrato, por un monto total de Bs. 1.350.000.


III.2.- Posteriormente por contrato modificatorio Nº 078-B/2011 de 14 de julio de 2011, se modifica la cláusula cuarta del contrato principal con la ampliación de 64 días adicionales haciendo un total de 204 días con fecha de finalización el 16 de septiembre de 2011.


III.3.- Que, se observa la Nota CV000133-2011 de 7 de septiembre de 2011, de la Empresa Vecomar, en la cual solicitó una segunda ampliación al plazo de entrega del contrato Nº 18/2011, en la que se menciona que se adjunta una nota de fábrica que explicaría los motivos que les impide realizar la entrega con anterioridad, agregando que según norma se podría optar por un segundo contrato modificatorio.


III.4.- En fecha 6 de febrero de 2012, llega a la Empresa Metalúrgica Vinto contenedores y accesorios del puente grúa, después de 4 meses y 21 días, por lo que no se procedió a la recepción provincial ni definitiva por parte de técnicos de la EMV, quienes realizaron observaciones técnicas que fueron comunicadas a la empresa Vecomar, referidas a los sistemas de control y operaciones, sistema eléctrico, llegando a la conclusión de que el puente grúa fue montado in situ con un  retraso de 6 meses lo cual no estaría conforme a la adenda del contrato.


III.5.- Que, hasta la fecha de la demanda, la EMV, no suscribió el acta de entrega provisional ni definitiva, por observaciones técnicas, por lo que se comunicó la resolución de contrato, mediante cartas de EMV-GG-0135/2013 de 16 de abril y EMV-GG-0178/2013 de 9 de mayo, por su parte la empresa Vecomar interpuso Recurso de Revocatoria el 27 de mayo de 2013, mismo que mereció la Resolución EMV-GG-REC de REV. VECOMAR Nº 001/2013 de 28 de junio de 2013, corregida mediante auto EMV-GG-REC de REV. VECOMAR Nº 02/2013 de 28 de junio, resolución que rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Vecomar, en cumplimiento de sus clausula décimo novena, confirmando en todas sus partes la misma.


III.6.- Posteriormente la empresa Vecomar en fecha 11 de julio 2013, presentó el recurso Jerárquico, el cual fue remitido ante el Ministerio de Minería y Metalurgia donde se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 179/2013 de 3 de octubre, mediante la cual se resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria EMV-GG-REC- de REV. Vecomar Nº 001/2013 de 28 de junio, emitida por el Gerente General de la Empresa Metalúrgica Vinto, ratificando al Resolución de Contrato por incumplimiento del proveedor dentro el plazo previsto.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se genera en el hecho de establecer la legalidad o ilegalidad de la resolución del contrato C. Prov. Bs. N° 0018/2011 de 24 de febrero, suscrito entre la empresa Pública Metalurgica Vinto y la empresa Importaciones Vecomar y la consiguiente devolución del anticipo del 20% otorgado más pago de multas daños y perjuicios.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:


V.1.- Análisis y fundamentación.


En consideración a la argumentación de la parte demandante, en función de la estructura de su memorial de demanda, esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia pasa a resolver los agravios identificados conforme los fundamentos y razonamientos que a continuación se expresan:


Al respecto revisado todo lo obrado y la prueba adjuntada al proceso, se evidencia que las Empresas Metalurgica Vinto y Unipersonal Vecomar, suscribieron el Contrato Administrativo C. Prov. Bs. N° 0018/2011 de fecha 24 de febrero, cursante de fs. 7 a 15 de obrados, cuyo objeto y causa es la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción de un Puente Grúa Birriel a cable de acero, diseñado para operar en la industria de fundición a 3700 m.s.m, que posea los ganchos de elevación con una capacidad de carga de 5 y 10 tn. luz entre apoyos de 25 metros, altura de izajes de 10 metros, carro de traslación diseñado  para rodar sobre rieles de 60 x 60 m.m. de sección, con comando inalámbrico con alcance aproximado de 100 metros, su montaje y puesta en marcha. El plazo estipulado para la construcción fue de 140 días calendario computable a partir de la firma del contrato por un monto total de Bs. 1.350.000 (Un Millón Trescientos Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), hasta su acabado completo, con sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características establecidas en el contrato y en los documentos parte del instrumento legal; estableciéndose el monto total y aceptado por ambas partes, para la ejecución del contrato, monto que debía cancelarse de acuerdo al progreso de la obra, previa presentación de una planilla con los respaldos del supervisor, estableciendo en la cláusula Decima Novena (Terminación del Contrato).


El parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato, indica “El plazo de adquisición de los bienes, establecido en la presente clausula, podrá ser ampliado cuando la entidad mediante el procedimiento establecido en este mismo contrato, incremente la cantidad de los bienes a ser provistos y ello repercuta en el plazo total o cuando por demora en el pago de las partidas entregadas o de las causales previstas en este contrato y documentos que forman parte del mismo, el proveedor efectué el reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por la entidad para luego suscribir el respectivo contrato modificatorio que establezca la ampliación del plazo”.


Así mismo la cláusula décima octava del merituado contrato refiere a (las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito). “Con el fin de exceptuar al Proveedor de determinadas responsabilidades de mora durante la vigencia del presente contrato, la entidad tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y o caso fortuito, que pudieron tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente contrato.


Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña en el hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).


Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debió ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).


Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de adquisición o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega, dando lugar a retraso en la entrega, de modo inexcusable e imprescriptible en cada caso, el Proveedor deberá recabar un certificado de constancia de la dependencia pública pertinente del lugar donde se suscitó el hecho que acredite la existencia del impedimento, dentro de los (5) cinco días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la Entidad, por escrito dentro el plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades. En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante un Contrato Modificatorio conforme se ha estipulado en la cláusula vigésima cuarta del presente contrato”. Sic.


Con posterioridad mediante Contrato Modificatorio C. Modif. de Prov. Nº 078-B/2011 de 14 de julio (a fs. 16 a 18) de obrados, se efectúa la ampliación del contrato por 64 días adicionales, es decir hasta el 16 de septiembre de 2011. Sin embargo según relato de la Empresa Vecomar el 7 de septiembre de 2011, justamente a días de cumplirse el Contrato Modificatorio mediante (CITE VCO00133-011), solicita una segunda ampliación al plazo para la entrega del Puente Grúa, aparentemente se adjuntaría una nota de fábrica en el cual se menciona los motivos que les impide realizar la entrega con anterioridad y por lo tanto la instalación, no constando evidencia de dicho extremo, tampoco se observa el plazo para una segunda ampliación, menos la recepción por parte de la empresa Metalúrgica Vinto, tampoco se  evidencia si la solicitud de ampliación fue efectuada dentro de los 5 días hábiles de haberse producido la imposibilidad  conforme a la cláusula décimo octava del contrato.


Por lo que se evidencia que no existe documento que demuestre que la segunda ampliación se produjo con la firma de un contrato modificatorio, no obstante de ello la empresa Vecomar alega que la ampliación del plazo contractual era un hecho acordado entre partes y que solo faltaba su regularización, es decir que se habría acordado de manera informal un segundo contrato ampliatorio al margen de lo estipulado en la cláusula principal, lo que desde todo punto de vista es ilegal, por cuanto el acuerdo de ampliación de un contrato debe plasmarse obligatoriamente en un documento que exprese el plazo de manera específica, no pudiendo existir un contrato ampliatorio de manera indefinida. Por lo que siendo el contrato de naturaleza jurídica un instrumento legal que regula la relación contractual entre la entidad contratante y el proveedor, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la provisión de bienes, construcción de obras, prestación de servicios, elaborado en base a un modelo de contrato estándar, aprobado por el Órgano rector, que contiene cláusulas de relación contractual entre las entidades públicas  y los proveedores y que forma parte del modelo DBC, en este entendido el contrato suscrito es de cumplimiento obligatorio para las partes y cuyo incumplimiento genera responsabilidades, cualquier ampliación o modificación al contrato Nº 0018/2011 de 24 de febrero, necesariamente debió producirse en vigencia  del mismo y cumpliendo procedimiento, en ese entendido mal puede alegar la empresa demandada que existió una prorroga tácita al contrato, por cuanto el ultimo parágrafo de la cláusula decima Octava del contrato principal establece de manera por demás clara que en caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante contrato modificatorio.


En ese entendido se pudo constatar de manera objetiva y documental la firma de un contrato ampliatorio C. Modif. De Prov. De Bs. Nº 078-B/2011 al contrato principal C.Prov. Bs. Nº 0018/2011 en el que se otorgó un plazo adicional de 64 días, es decir hasta el 16 de septiembre de 2011, para que la empresa ahora demandada proceda a la entrega de los bienes objeto del presente contrato, no pudiendo constatarse que exista un segundo contrato ampliatorio.


En ese entendido, en el Contrato C. Prov. Bs. N° 0018/2011 de 24 de febrero prevé, las causas o modalidades para proceder a la resolución del contrato, ya sea a requerimiento de la entidad por causales atribuibles a requerimiento del contratista por causales atribuibles a la entidad, establecidas en el punto 19.2.1 inc. b) y c), las reglas aplicables a la resolución a requerimiento de la entidad, por causales atribuibles al Proveedor, donde se determina que para proceder a la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la entidad o el contratista darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el contrato, estableciendo claramente la causal que aduce.        


Sobre el tema en cuestión, la Empresa Metalúrgica Vinto, mediante Carta EMV-GG Nº 0135/2013 el 16 de abril cursante a fs. 23 de obrados, dirigida a la empresa contratista, en base a los Informes Técnicos de no haberse entregado el equipo solicitado y habiéndose vencido superabundantemente el plazo, le comunicó la intención de resolución del Contrato C. Prov. Bs. Nº 0018/2011, de 24 de febrero, por la causal establecida en la Cláusula Decima Novena terminación del Contrato numeral 19.2.1., Resolución a requerimiento de la Entidad por causas atribuibles al proveedor en los incisos b) y c) del citado contrato, nota que fue notificada al representante legal de la empresa demandada, mediante cartas EMV-GG-0135/2013 de 16 de abril y EMV-GG-0178/2013 de 9 de mayo, conforme se evidencia a fs.  23 y 24 de obrados.


Contra esta determinación la empresa Vecomar interpuso Recurso de Revocatoria el 27 de mayo de 2013, el mismo que mereció la Resolución EMV-GG-REC de REV. VECOMAR Nº 001/2013 de 28 de junio, corregida mediante auto EMV-GG-REC de REV. VECOMAR Nº 02/2013 de 28 de junio, notificándose a Vecomar, la resolución que rechaza el recurso de revocatoria  interpuesto por la empresa Vecomar, en cumplimiento de sus clausula décimo novena, confirmando en todas sus partes la misma, posteriormente la empresa Vecomar en fecha 11 de julio de 2013, presentó el recurso Jerárquico, el cual fue remitido ante el Ministerio de Minería y Metalurgia quien emitió la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 179/2013 de 3 de octubre, mediante la cual resolvió confirmar la Resolución de Recurso de revocatoria  EMV-GG-REC- de REV. Vecomar Nº 001/2013 de 28 de junio, emitida por el Gerente General de la Empresa Metalúrgica Vinto, ratificando al Resolución de Contrato por incumplimiento del proveedor dentro el plazo previsto.


Por tal razón se concluye que lo determinado por la institución demandante, en sentido de que el Proveedor incumplió la cláusula estableciendo en la cláusula 19.2.1 inc. b) y c), (terminación del Contrato), las reglas aplicables a la resolución a requerimiento de la entidad, por causales atribuibles al Proveedor, donde se determina que para proceder a la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la entidad o el contratista darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el contrato, estableciendo claramente la causal que aduce, fue la correcta.


Por otra parte, en cuanto al sustento de la empresa demandando respecto de que el cumplimiento del contrato no estaría supeditado al cumplimiento de solo una de sus cláusulas, sino todas deben interpretarse una por medio de las otras atribuyendo a cada una el sentido que resulta del conjunto del acto de acuerdo a lo dispuesto el art. 514 del Código Civil, que si bien no figuraría en la cláusula de legislación aplicable al contrato, resulta aplicable por permisión del art. 451 de dicho código.


En esa misma línea, es necesario referirnos que en el caso de autos no se trató de un contrato civil, sino de un administrativo, cuya diferencia radica fundamentalmente, en que el contrato administrativo es de adhesión y contiene la llamada cláusula exorbitante, es decir que el contratante (Empresa Vinto) es el Estado a través de sus diferentes instancias o empresas que fijan las condiciones a las que el administrado voluntariamente se adhiere y compromete a cumplir,  por otra parte la cláusula decima octava trata de una previsión que exime de responsabilidad al Proveedor, en cuanto al incumplimiento del plazo acordado, si surgieran causas de fuerza mayor caso fortuito, las que deben ser demostradas y probadas, previendo dicha situación la misma deberá ser autorizada a través de un contrato modificatorio, lo cual no existió, por lo que la aseveración de la empresa demandada no tiene sustento legal.


El caso en estudio debe estar regido bajo el principio de verdad material, por cuanto el análisis se circunscribe a la documentación adjuntada al cuaderno procesal administrativo arrimada al expediente, dicho principio no excluye la consideración y cumplimiento de procesos administrativos y requisitos legales que deben ser observados tanto por el comprador como por el proveedor; en el caso de autos, que se trata de la provisión de un bien, en los hechos es necesario la verdad formal, que sustenta en la existencia de documentos, sea el reflejo de la verdad material, que se sustenta en los hechos; es decir que exista coherencia entre una y otra cosa, sin que necesariamente signifique la aplicación de la verdad material, la negación o el desconocimiento de la verdad formal.


El Tribunal Constitucional Plurinacional, expreso a través de su Sentencia Nº 1662/2012 de 1 de octubre, que la verdad material se trata “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano o de definir sus derechos y obligaciones dando lugar a una decisión injusta  que no responda a los principios y valores éticos consagrados en la Norma Suprema  de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran  impedidos de dar aplicación, entre ellas el principio de verdad material por sobre la limitada verdad formal”. En ese sentido a efectos de determinar la verdad material en oposición a la verdad formal, esta última deberá significar una restricción o distorsión de los hechos que derive en una situación injusta y que no responda a principios de valores que sustenten la Constitución y las Leyes. En el caso en estudio, se trata de la consideración de existencia de un contrato de provisión de un bien con el código C. Prov. Nº 0018/2011 referente a la provisión de Puente Grúa Birriel en fecha 24 de febrero de 2011, el mismo que fue modificado con otro Contrato Modificatorio C. Modif. De Prov. De Bs. Nº 078-B/2011 de 14 de julio,  en el que debieron cumplirse prestaciones reciprocas, sujetas a cumplimiento de determinadas  condiciones que de ninguna manera pueden ser desconocidas  a partir del momento en que Metalurgia Vinto lanza la propuesta  o licitación, las especificaciones  a que debe sujetar tanto en el ámbito legal, administrativo, técnico y financiero hasta la entrega del bien o servicio, tomando en cuenta que el contrato constituye ley entre partes, por lo que no resulta evidente dicha afirmación.


En relación a los argumentos realizados por la empresa demandada Vecomar respecto a que lo que se habría resuelto en sede Administrativa, con Resolución de Recurso Jerárquico Nº 179/2013 de 3 de octubre, emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, mediante la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria EMV-GG-Rec de Rev. VECOMAR Nº 011/2013 emitida por el Gerente General de la EMV; dichas resoluciones fueron impugnadas mediante otra demanda contencioso administrativo presentada en 29 de noviembre de 2013 y admitida el 12 de febrero de 2014, expediente 1146/2013.


En lo que respecta a este punto, se apersonó Orlando Mauricio Arandia Roman, en representación legal de la empresa Importaciones Vecomar, y al amparo del art. 335 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, oponiendo excepciones de incompetencia, impersonaria y litispendencia, las cuales fueron admitidas  mediante decreto de 17 de abril de 2014 de fs. 98, mereciendo la Resolución Nº 176/2014 de 1 de septiembre, mediante la cual el Tribunal Supremo de Justicia declaró IMPROBADAS las excepciones previas de incompetencia e impersoneria en el demandante y PROBADA la excepción de litispendencia, por cuanto la Empresa Importaciones Vecomar,  alegó de la existencia de otro proceso Contencioso Administrativo, signado como expediente Nº 1146/2013 interpuesto el 29 de noviembre de 2013, admitido el 12 de febrero de 2014 contra el Ministerio de Minería y Metalurgia, como tercero interesado de la empresa Metalúrgica Vinto, solicitaron la Revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 179/2013 de 3 de octubre, en el caso en estudio, ambos procesos emergen del contrato C. Prov. Bs. Nº 0018/2011 de 24 de febrero, suscrito por la Empresa Metalúrgica Vinto e Importaciones Vecomar. Que, el 7 de diciembre de 2015, La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justica, emite la Sentencia Nº 580/2015 dentro el proceso N° 1146/2013, declarando Improbada la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Empresa Unipersonal Vecomar, contra el Ministerio de Minería y Metalurgia en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico N° 179/2013 de 3 de octubre.


En lo referente a la supuesta entrega del Puente Grúa Birriel el 6 de febrero de 2012, que aduce la empresa demandada de acuerdo con el numeral 33.3 de la cláusula trigésima, debiendo haberse efectuado la verificación del equipo en un plazo de 30 días, sin que hasta el 16 de abril la empresa Metalúrgica Vinto se hubiera manifestado; además de acuerdo con el numeral 33.5 de la misma clausula, la falta de rechazo dentro del plazo comprendido, implicaría la aceptación por parte de la contratante; que no existen razones para aplicar multas y tampoco la resolución del contrato C. Prov. Bs. Nº 0018/2011 es ilegal, por cuanto la no entrega del puente Grúa Birriel, se debería a que después de la entrega se hicieron observaciones, pero que las mismas no se encuentran enmarcadas en las especificaciones técnicas elaboradas por la empresa demandante.


La empresa demandada alegó que 17 de septiembre de 2011 (día siguiente del vencimiento del plazo contractual) y el 6 de febrero de 2012 (día en que se efectuó la entrega del Puente Grúa Birriel), no se produjo acto alguno de la EMV que instruya suspender la provisión, ni intención de resolución del contrato, porque se acordó una segunda ampliación de plazo y que en aplicación de la cláusula vigésima quinta del contrato, si el plazo de entrega vencía el 16 de septiembre de 2011, al día siguiente debió iniciarse la aplicación de multas, de manera tal que el 14 de noviembre de 2011 debió iniciase el proceso de resolución del contrato, al superar las multas el 20% del monto total contratado, siendo evidente que al no haberse operado de esta manera, es porque la ampliación del plazo estaba autorizada, debe tenerse presente que ya se expresó líneas arriba en sentido que la única forma de autorizar la ampliación del plazo para el cumplimiento de la obligación por el proveedor, es la suscripción de un contrato ampliatorio o complementario, lo que en la especie no ocurrió.


En ese sentido, si bien la empresa Vecomar aduce que se produjo la supuesta entrega del Puente Grúa Birriel el 6 de febrero de 2012, de acuerdo con el numeral 33.3 de la cláusula trigésima; la contratante Vinto no la recepcionó oficialmente, por lo que la no existencia de un documento de recepción del Puente Grúa Birriel, se debió a que los técnicos de la EMV hicieron observaciones, las mismas se encontraban enmarcadas  fundamentalmente en las especificaciones técnicas y al desfase respecto al plazo de entrega, elaboradas por el contratante, de acuerdo con los planos aprobados por el contratista; conforme a la cláusula cuarta del contrato modificatorio C. Modif. De Prov. de Bs. Nº 078-B/2011, que indica: “El proveedor entregara los bienes en estricto apego a la propuesta adjudicada y a las especificaciones técnicas con las salvedades determinadas y señaladas a lo largo del presente contrato con la ampliación de sesenta y cuatro días más el plazo señalado en el contrato principal, por lo que la entrega de los bienes se lo hará en el plazo de doscientos cuatro días calendario, que serán computados a partir de la firma del contrato principal, con fecha de finalización el 16 de septiembre de 2011”.  Por lo que el trámite de resolución del contrato fue sustentado tanto por el plazo de entrega como por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con lo solicitado y lo ofrecido y por tales circunstancias según lo alegado por el Gerente de la EMV el Puente Grúa no les servía.


En cuanto a la inexistencia física (formal) del contrato modificatorio en relación con la aplicación del principio de verdad material, se reitera que en los hechos, lo que es necesario que suceda, es que la verdad formal que se sustenta en la existencia de documentos, sea un reflejo de la verdad material, que se sustenta en hechos, constituyéndose en elementos probatorios además de la expresión del cumplimiento de requisitos legales, técnicos, administrativos, financieros, etc.; es decir, que exista coherencia entre una y otra, sin que necesariamente signifique la aplicación de la verdad material, la negación o el desconocimiento de la verdad formal.


Finalmente el Tribunal Supremo de Justicia ha constatado documentalmente la firma de un contrato ampliatorio (C Modif. De Prov. De Bs. Nº 078-B/2011) al contrato principal (C.Prov. Bs. Nº 0018/2011), en el que se otorgó un plazo adicional de 64 días es decir hasta el 16 de septiembre de 2011, para que la empresa Vecomar proceda a la entrega de los bienes objeto del contrato, no se ha constatado la existencia de un segundo contrato ampliatorio por lo que la empresa Vecomar tenía la obligación de cumplir con la entrega del bien máximo hasta el 16 de septiembre de 2011, siendo que pasada esta fecha se activan las multas y que optativamente también podrían generar la resolución del contrato si alcanza el 10% y de manera obligatoria se alcanza el 20%.


De donde se concluye que lo determinado por la institución demandante, en sentido que el proveedor incumplió el plazo de entrega del bien, lo cual subsume su accionar en la cláusula decima Novena punto 19.2.1 inc. b) y c), del contrato de 24 de febrero de 2011, suscrito entre la empresa metalúrgica Vinto con la empresa Importaciones Vecomar, cursante de fs 7 a 15 de obrados, fue correcta.


V.5.- Conclusiones.


En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente: Por lo expuesto, sobre la base de las normas cuya aplicación corresponde, no es evidente, que la resolución del contrato C. Prov. Bs. N° 0018/2011 de 24 de febrero, suscrito entre la Empresa Pública Metalúrgica Vinto e Importaciones Vecomar, y la consiguiente devolución del anticipo del 20% otorgado, más pago de multas daños y perjuicios, sea ilegal y arbitraria, al contrario al emitir las cartas notariadas de Resolución de Contrato EMV-GG-0135/2013 de 16 de abril y EMV-GG-0178/2013 de 9 de mayo de que fueron notificadas al Proveedor legalmente y enmarcadas en las normas en vigencia, situación respaldada por la Resolución EMV-GG-REC de REV. VECOMAR Nº 001/2013 de 28 de junio de 2013, corregida mediante auto EMV-GG-REC de REV. VECOMAR Nº 02/2013 de 28 de junio y confirmada por la Resolución de Recurso de revocatoria EMV-GG-REC- de REV. Vecomar Nº 001/2013 de 28 de junio, emitida por el Gerente General de la Empresa Metalúrgica Vinto, ratificando al Resolución de Contrato por incumplimiento del proveedor dentro el plazo previsto.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los artículos 775 al 777 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa de fojas 66 a 70, subsanada de fs. 75 a 77, interpuesta por la Empresa Metalúrgica Vinto, representada por Félix Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, contra Importaciones Vecomar representada por Orlando Mauricio Arana Román; en consecuencia, la demandada deberá cancelar el importe del 20 % recibido en calidad de anticipo de la obra antes mencionada que asciende a un total de Bs. 270.000 (Doscientos Setenta Mil 00/100 Bolivianos), más el pago de multas a ser determinadas en ejecución de Sentencia.


No suscriben la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina, el Magistrado Pastor S. Mamani Villca por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena