SALA PLENA


SENTENCIA:                            336/2017.

FECHA:                                Sucre, 3 de mayo de 2017.

EXPEDIENTE:                        179/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Antonio Guido Campero Segovia.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 17 a 21, en la que la Gerencia Distrital la Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Cristina Ortiz Herrera, impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2231/2013 de 23 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fojas 71 a 74 vuelta, réplica de fojas 85 a 87 vuelta, duplica de fojas 90 a 91 y vuelta, notificación del tercero interesado de fojas 131, , decreto de fojas 134, antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Que, Cristina Ortiz Herrera, acreditando personería a nombre y representación de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Resolución Administrativa Nº 03-0080-14 de 12 de febrero de 2014 (fojas 16), manifestó que el 31 de diciembre de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, notificó a la Administración que representa con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2231/2013 de 23 de diciembre de 2013, por lo que al amparo del art. 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo y arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa contra la mencionada Resolución Jerárquica, solicitando confirmar la Resolución Determinativa con CITE; SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 de fecha 24 de mayo de 2013.


I.1.        Antecedentes de hecho de la demanda.


La entidad demandante señala que conforme a la potestad que posee, en fecha 29 de noviembre de 2012, emitió la Vista de Cargo con Nº de Orden 203021809, mediante la cual se intimó al contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani apersonarse ante la Administración Tributaria en el plazo de treinta (30) días computables a partir de su notificación, a objeto de exhibir el duplicado a la presentación de la Declaración Jurada (DD.JJ) Formulario 143, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal febrero 2004, en mérito a que en la base de datos de la Administración Tributaria no existe constancia de su presentación., por lo que en dicho acto, en aplicación del numeral 2 del art. 44 de la Ley Nº 2492., concordante con el parágrafo II del art 34 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310 y numeral 3) del art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nª 10.0024 de 25 de julio de 2008, se liquidó la deuda tributaria que asciende a la suma total de 2.456 UFVs, equivalente a Bs. 4.405 al 29 de noviembre de 2012, suma que contempla tributo omitido, intereses y la sanción por la contravención de omisión de pago


Que dentro del plazo de los treinta días concedido en la Vista de Cargo, el contribuyente no presentó descargos, por lo que se emitió el Informe CITE:  SIN/GDLPZ/DRE/CDF/INF/00015/2013 de 2 de enero, recomendando la emisión y notificación de la Resolución Determinativa, por lo que la Administración Tributaria el 24 de mayo de 2013, emitió la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013, resolviendo determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente por no presentación de la Declaración Jurada, calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, intimar al contribuyente para que en los términos establecidos por Ley deposite el total de la deuda tributaria que asciende a la suma de 2.309 UFVs, equivalentes a 4.241 Bs., importe que comprende el tributo omitido, intereses y la sanción o, en su caso, interponer los recursos que le franquee la Ley.


Interpuesto el Recurso de Alzada por el contribuyente, la ARIT La Paz, pronunció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA/0976/2013 de 13 de septiembre, revocando totalmente la Resolución Determinativa impugnada, por lo que la Gerencia del SIN La Paz I planteó Recurso Jerárquico que fue resuelto por la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 2231/2013 de 23 de diciembre, resolviendo confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 


I.2.        Fundamentos de la demanda. 


       La entidad demandante expresó que con la Resolución de la Autoridad General de Impugnación Tributaria sufrió los siguientes agravios:


  1. La Resolución del Recurso Jerárquico no se ajustó a los preceptos legales de la Resolución Determinativa, existiendo una aplicación errónea de la normativa legal respecto de la prescripción (sic) y respecto al IVA del periodo fiscal febrero 2004, debido a que el contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani fue notificado personalmente con la Vista de Cargo y el plazo de 30 días para la presentación de los descargos, no habiendo presentado ninguno en este periodo, teniendo conocimiento de la deuda con el SIN La Paz, aceptando con su silencio los cargos atribuidos en dicho acto administrativo y dejando que la Administración Tributaria emita la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013, por la que se determinó formalmente la deuda tributaria de dicho contribuyente.


  1. Agregó que la determinación de la deuda se produjo en vigencia del art. 59 del Código Tributario, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que en su parágrafo IV señala que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, por lo que en el presente caso, al existir una deuda tributaria determinada goza de imprescriptibilidad, motivo por el que, la autoridad demandada debió confirmar la Resolución Determinativa, sobre todo tomando en cuenta que a partir de la vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado, el tema de la prescripción se encuentra supeditado al art. 324 constitucional, razón por la que, la Administración Tributaria aplicó de manera preferente la norma de mayor jerarquía, tomando en cuenta además que se trata de cobro de una deuda con el Estado Nacional. Citó al efecto la Sentencia Constitucional Nº 1110/202 de septiembre que definió que los valores supremos son el parámetro y el límite para la interpretación de las leyes.


  1. Refirió que en el nuevo marco constitucional, se pronunció la Ley Nº 154, “Ley de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la reacción y/o modificación   de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos”, cuyo art. 3º establecía el ejercicio de la potestad tributaria y el cumplimiento obligatorio e imprescriptibilidad de los impuestos, entendiéndose que dicha imprescriptibilidad es aplicable también a la sanción por omisión de pago, por lo que solicita se confirme la Resolución Determinativa.


  1. Señaló que la autoridad demandada en la Resolución que resolvió el Recurso Jerárquico, actuó ultra petita, en vista que el contribuyente, en el Recurso de Alzada textual-,  no fue claro con su petición, cuando solicita la prescripción por que transcurrieron dos años, empero, la AGIT, de manera ultra petita y de oficio sin el debido análisis y fundamento resolvió una prescripción oscura y errada solicitada por el sujeto pasivo, lo que está fuera de sus facultades y atribuciones claramente establecidas (sic), transgrediendo además el Principio de Congruencia que no es otra cosa que la conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes, “estipulando al respecto los arts. 198-I inciso e) y 211-I de la Ley 3092 que los recursos de alzada y jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide”  -textual-


  1. Manifestó que la Resolución hoy impugnada dejó de lado precedentes judiciales como el Auto Supremo 194 de 12 de abril de 2007 que dispone sobre el Principio de Congruencia, así como tampoco consideró precedentes administrativos como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/135/2011 de 26 de febrero que realiza una interpretación de la resolución ultra petita.


  1. Finalmente refirió que la Administración Tributaria fue situada en estado de indefensión cuando la AGIT emitió su fallo ultra petita, toda vez que no pudo asumir defensa sobre ese punto (no indica a qué punto se refiere), entendiendo que la indefensión es aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso, conforme ocurrió en el caso de la Resolución del Recurso Jerárquico que no consideró la previsión del art. 115-II de la Constitución Política del Estado. Reiteró que la decisión ultra petita atentó también al Principio de Congruencia.


I.3. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare probada la demanda y la revocatoria total de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2231/2013 de 23 de diciembre de 2013 y mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa con CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013.


II.        De la contestación a la demanda.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 10 de julio de 2014, que cursa de fojas 71 a 74 vuelta, señalando que, no obstante que la resolución pronunciada está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, cabe remarcar y precisar lo siguiente:


Que el 29 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani con la Vista de Cargo emitida por la omisión en la presentación de la DD.JJ correspondiente al IVA febrero/2004, quién el plazo concedido al efecto, no presentó descargo alguno, emitiéndose la Resolución Determinativa de 24 de mayo de 2013, en la que se realizó la Determinación de la base imponible sobre base presunta para el impuesto y periodo indicados, resolución que fue notificada personalmente el 19 de junio de 2013.


Que, del detalle precedente se pudo identificar que el plazo para el pago del IVA correspondiente al periodo febrero 2004, conforme al art. 60 de la Ley Nº 2492, cuyo vencimiento de pago debía efectuarse en marzo de 2004, se inició el 1º de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, hecho que revela que la Resolución Determinativa de 24 de mayo de 2013 fue emitida y notificada cuando las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributara e imponer sanciones para el IVA del periodo febrero 2004 se encontraban prescritas, de conformidad al art. 59-I de la Ley 2492, anterior a su modificación, sin que existan causales de interrupción ni de suspensión de la prescripción.


Indicó respecto al art. 324 constitucional, que no puede realizarse una interpretación de dicha norma, sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, por lo que fue publicada la Ley Nº 291 de modificación al Presupuesto General del Estado 2012, cuya Disposición Transitoria Quinta modifica el art. 59 de la Ley Nº 2492 en cuanto al término de la prescripción para las acciones de la Administración Tributaria. Así también continúa la respuesta-, se publicó la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, que en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima Segunda prevé sobre las reglas de prescripción, estableciendo la vigencia plena del régimen de la prescripción establecido en la Ley Nº 2492 con las respectivas modificaciones realizada por las disposiciones legales citadas.


Agregó que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad del ejecutar la deuda tributaria determinada, tal como lo establece el art. 59-IV del Código Tributario Boliviano, aspecto diferente al objeto del presente caso, en el que se trata de la facultad para sancionar el incumplimiento de un deber formal sobre a que recae la figura de la prescripción. 


Por último la autoridad demandada, se refirió al Sistema de Doctrina Tributaria SIDOT V-2- anotando las Resoluciones AGIT-RJ/0594/2011, AGIT-RJ/0040/2013, AGIT-RJ/496/2011; AGIT-RJ/038/2013, referidas todas al instituto de la prescripción y su forma de operar, así como el cómputo para determinar su presencia y el Auto Supremo Nº 276/2012 de 15 de noviembre  y la Sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 396/2013 de 18 de septiembre, resoluciones que establecen que la inactividad de la Administración Tributaria para la determinación de una deuda tributaria y hacer efectivo su cobro, no puede ser atribuida al sujeto pasivo de la relación tributaria.

II.1.        Petitorio. 


La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.


III. DE LA NOTIFICACION AL TERCERO INTERESADO.


Conforme consta en la diligencia de fojas 131, Wilfredo Maidana Lugarnai fue legalmente notificado con la orden instruida de fojas 95 a 130, en su condición de tercero interesado, a efecto de que asuma conocimiento de la demanda contencioso administrativa, sin que se haya apersonado al proceso.


IV.        ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Revisados los antecedentes administrativos que dieron lugar a la interposición de la demanda en análisis, se verifica que se cumplieron los siguientes actos:


1.- La Administración Tributaria en uso de las atribuciones que le confiere los arts. 66, 100, 101 y 104 de la Ley Nº 2492, 29 y 32 del DS Nº 27310, en fecha 29 de noviembre de 2012, emitió la Vista de Cargo con Nº de Orden 203021809, mediante la cual se intimó al contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani a objeto de que se apersonarse ante la Administración Tributaria en el plazo de treinta (30) días computables a partir de su notificación, con el fin de exhibir el duplicado a la presentación de la Declaración Jurada (DD.JJ) Formulario 143, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal febrero 2004, en mérito a que en la base de datos de la Administración Tributaria no existe constancia de su presentación, por lo que en dicho acto, en aplicación del numeral 2 del art. 44 de la Ley Nº 2492., concordante con el parágrafo II del art 34 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310 y numeral 3) del art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nª 10.0024 de 25 de julio de 2008, se liquidó la deuda tributaria que asciende a la suma total de 2.456 UFVs, equivalente a Bs. 4.405 al 29 de noviembre de 2012, suma que contempla tributo omitido, intereses y la sanción por la contravención de omisión de pago (fojas 1 del anexo 1)


2.- El 2 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/CDF/INF/00015/2013, concluyendo que, en cumplimiento de la disposición contenida en el art. 99 del Código Tributario Boliviano, se deberá pronunciar la Resolución Determinativa, considerando además que el contribuyente en el periodo otorgado para la presentación de descargos a la Vista de Cargo, no presentó ningún documento que pudiera hacer valer a su favor (fojas 5 Anexo 1).


3.- La Administración Tributaria en virtud al informe descrito precedentemente,  el 24 de mayo de 2013, emitió la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013, resolviendo determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente por no presentación de la Declaración Jurada, calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, intimar al contribuyente para que en los términos establecidos por Ley deposite el total de la deuda tributaria que asciende a la suma de 2.309 UFVs, equivalentes a 4.241 Bs., importe que comprende el tributo omitido, intereses y la sanción o, en su caso, interponer los recursos que le franquee la Ley (fojas 10-12 del anexo 1).


4.- El contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani, una vez notificado con la Resolución Determinativa, interpuso Recurso de Alzada en los términos del memorial que discurre a fojas 9 y vuelta del anexo Nº 1, que fue resuelto con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA/0976/2013 de 13 de septiembre, en la que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, revocó totalmente la Resolución Determinativa impugnada, con el fundamento que la acciones o facultades de la Administración Tributaria se extinguieron por el transcurso del tiempo, al comprobar la negligencia de las actuaciones para determinar el adeudo tributario e imponer las sanciones administrativas en el plazo de cinco años, habiéndose operado la prescripción (fojas  54 a 63 vuelta del anexo Nª 1).


5.- La Gerencia del SIN La Paz I planteó Recurso Jerárquico conforme consta a fojas 79 a 83 del anexo Nº 1, subsanado a fojas 96 y vuelta del mismo anexo, que fue resuelto por la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 2231/2013 de 23 de diciembre, resolviendo confirmar la Resolución del Recurso de Alzada con similares fundamentos que la resolución inferior, declaró prescrita la facultad de determinación y cobro del IVA correspondiente al periodo fiscal febrero 2004 (fojas 128 a 138 vuelta del anexo Nº 1, reiterada a fojas 3-13 vuelta del expediente). 


6.- La resolución antedicha originó el proceso contencioso administrativo en estudio, mismo que fue tramitado como ordinario de puro derecho conforme la previsión de los arts. 781 y 354 - II y III del Código de Procedimiento Civil, habiéndose notificado al contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani como a tercero interesado, quién no se apersonó al proceso. Presentadas la réplica de fojas 85 a 87 vuelta, duplica de fojas 90 a 91 y vuelta, a fojas 134 se decretó Autos para Resolución.


IV.- DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Con carácter previo a identificar la controversia traída ante este Tribunal, corresponde tener presente que el procedimiento Contencioso Administrativo constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del poder público a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos logrando el restablecimiento de los derechos que hubiesen sido lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos llevados a cabo en sede administrativa. El art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que “El Proceso Contencioso Administrativo procederá en los actos en que hubiese oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente el acto administrativo y agotando ante ese poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiera afectado”.


Establecida como se encuentra la naturaleza jurídica del procedimiento contencioso administrativo, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para el conocimiento y resolución de la presente controversia por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características  de juicio ordinario de puro derecho, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias del reclamo conceder si corresponde o,  negar en su caso la tutela solicitada por la demandante, en consideración a que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas las instancias con el pronunciamiento de la Resolución del Recurso Jerárquico, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, analizar si fueron debida y correctamente aplicadas las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la demandante y efectuar el control de judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En este contexto y analizados los antecedentes acaecidos en sede administrativa, en primer término debe decirse que en el caso de autos, la entidad demandante no debate la decisión asumida por la AGIT en relación a la deuda tributaria del IUE de la gestión fiscal concluida a marzo de 2008,  emergente de otra Resolución Determinativa signada con el número 300/2013, también de 24 de mayo, habida cuenta que ésta fue favorable a la entidad demandante y no ser materia de autos, circunscribiéndose el reclamo de la Administración Tributaria, únicamente a la decisión de la autoridad demandada en relación a la prescripción determinada sobre el IVA del periodo fiscal febrero 2004.


En este contexto y analizados los antecedentes acaecidos en sede administrativa, se identifican los siguientes puntos de controversia:


1.- Si se operó la prescripción para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de determinación y cobro del IVA correspondiente al periodo fiscal febrero 2004 del contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani, habiendo la autoridad demandada efectuado una mala interpretación del art. 59 del Código Tributario Boliviano.


2.- Si la decisión de la AGIT, se constituye en una decisión ultra petita.





V.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


V.1.- En relación al primer punto de controversia.


La entidad demandante argumentó que la AGIT realizó una errónea aplicación de la normativa respecto al instituto jurídico de la prescripción, sin tomar en cuenta que a partir de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, en su art. 324 se prevé la imprescriptibilidad de las deudas con el Estado, como tampoco se tomó en cuenta que la determinación de la deuda tributaria fue realizada en vigencia del art. 59 de la Ley Nº 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291 que dispone que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible y por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012.


Por su parte, la autoridad demandada, en contraposición a dicho argumento, manifestó que al tratarse de la determinación de una deuda tributaria que emerge del IVA correspondiente al periodo fiscal febrero 2004, efectuando el cómputo del plazo según el art. 60 del Código Tributario Boliviano, se habría operado la prescripción prevista por el art. 59 de dicha normativa, habida cuenta que pese a la promulgación de las leyes Nos 291 y 317, este artículo se encuentra plenamente vigente.


Ahora bien, a fin de resolver este punto de la Litis, debe tenerse en cuenta que, la Administración Tributaria en su demanda de manera equivocada afirma “(…)Habiendo esta administración determinado la deuda tributaria mediante Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 en la vigencia del art. 59 del Código Tributario, modificado por la Disposición Final Quinta de la Ley Nº 291 la cual en su parágrafo IV señala que la FACULTAD DE EJECUTAR LA DEUDA TRIBUTARIA DETERMINADA ES IMPRESCRIPTIBLE (…)”, pues, la presente causa no versa sobre la “Facultad de la Administración Tributaria para Ejecutar la deuda tributaria”, sino tiene que ver  con la “Facultad de la Administración Tributaria para Determinar la deuda tributaria”, es decir, que Determinar la deuda es un acto y ejecutarla es otro.


Efectuada la digresión anterior, definitivamente se afirma que se resolverá sobre la prescripción en los actos de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria en relación a la obligación del sujeto pasivo de la relación tributaria, respecto al IVA del periodo fiscal febrero 2004, ello en mérito a que no existía constancia de la presentación de la DDJJ correspondiente.


En consideración a que la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas, constituyéndose en una firma de extinción de la obligación tributaria y al fin antes indicado, se hace necesario el análisis del art. 59 parágrafo I de la Ley Nº 2492 que señala: “(Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria” (negrillas y subrayado han sido añadidas).

Así también, debe tenerse en cuenta la disposición contenida en el art. 60 I de la Ley citada, que prevé “(Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo”. (Negrillas y subrayado fueron añadidas).


Consecuentemente, en virtud a la disposición de las normas glosadas precedentemente y compulsando los antecedentes administrativos venidos a este Tribunal, se tiene que la Administración Tributaria, notificó personalmente a Wilfredo Maidana Lugarani con la Vista de Cargo con Nº de Orden 203021809 a horas 15 y 30 del día 29 de noviembre de 2012 (fojas 2 anexo 1), pronunciada en vista que dicho contribuyente no presentó la DDJJ correspondiente al IVA periodo febrero 2004,  en la que se estableció preliminarmente un adeudo tributario sobre base presunta de 2.465 UFVs.


El sujeto pasivo de la relación tributaria no presentó descargos en el plazo ce los 30 días concedido en la Vista de Cargo, por lo que se emitió la Resolución Determinativa RD 410/2013 de 24 de mayo de 2013 con la que fue notificado personalmente a horas 15:00 del día 19 de junio de 2013 conforme se establece de la diligencia de citación personal de fojas 14 del anexo 1.


En consideración a que el vencimiento del pago del IVA del periodo febrero 2004, vencía en marzo 2004 por tratarse de un impuesto que se paga mensualmente según disposición del art. 10 de la Ley Nº 843, el plazo computado de conformidad al art. 60 de la Ley Nº 2492, se inició el 1º de enero de 2005, venciendo los cuatro (4) años en los que la Administración Tributaria podía ejercer las facultades previstas en el art. 100 de la Ley citada el 31 de diciembre de 2008, habiendo sido pronunciada la Resolución Determinativa como se dijo-, en 24 de mayo de 2013 siendo notificada recién el 19 de junio de 2013, es decir cuatro años y seis meses después que venció el plazo para que opere la prescripción, sin que haya existido ningún acto de los previstos en el art. 61 de la Ley Nº 2492 a través del cual se pueda alegar interrupción de la prescripción.


Respecto a lo alegado por la entidad demandante en sentido que el art. 59 de Ley Nº 2492 fue modificado por la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012 que dispone que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible y por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, no corresponde mayor análisis, en virtud a que los hechos generadores de la obligación tributaria tienen una data anterior (febrero 2004) a la fecha de promulgación de estas leyes, no pudiendo ser aplicadas retroactivamente cual es la pretensión del demandante, por propia disposición del art. 123 de la Carta Fundamental del Estado Boliviano.


Por último, en relación a la alegada imprescriptibilidad de las deudas con el Estado prevista en el art. 324 de la CPE, este Tribunal ha sentado línea jurisprudencial en sentido que tal imprescriptibilidad es aplicable a las deudas causadas por funcionarios o servidores públicos que en el ejercicio de sus cargos causen daño económico al Estado, situación diferente a la presentada en el caso de autos. En consecuencia se concluye que únicamente gozan del carácter de imprescriptibilidad los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado conforme establece el art. 123 constitucional antes citado.


V.2.- Respecto al segundo punto de controversia.


La misma entidad demandante refirió que la decisión de la AGIT, “(…) se constituye en una decisión ultra petita, porque sin el respectivo análisis y fundamento la AGIT resolvió una prescripción oscura y cerrada solicitada por el sujeto pasivo (...), es decir, que la propia entidad recaudadora del Estado, reconoce en su demanda que la prescripción fue solicitada por el contribuyente, resultando un contrasentido o contradicción que primero afirme que la prescripción fue solicitada por el contribuyente y luego referir que la resolución de la AGIT al pronunciarse sobre la prescripción se constituye en una decisión ultra petita.


Revisados los antecedentes, fluye del memorial de interposición del Recurso de Alzada que discurre a fojas 9 y vuelta del anexo Nº 1,  que la prescripción fue expresamente solicitada por el sujeto pasivo de la relación tributaria, habiendo sido debidamente respondida por la ARIT La Paz, en el punto Primero de la Resolución de Recurso de Alzada 0976/2013 en el que revocó totalmente la Resolución Determinativa  de la Administración Tributaria, declarando extinguida por prescripción la facultad de esta Administración para el cobro de la deuda tributaria relativa al IVA del periodo fiscal febrero 2004, decisión que fue confirmada por la AGIT a momento de resolver el Recurso Jerárquico deducido por el ahora demandante.


En consecuencia, resolver sobre el tema de la prescripción no fue un acto “de oficio”, menos ultra petita de la AGIT como pretende hacer ver el demandante, sino que, emergió a raíz de una petición expresa del contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani, resuelta por la ARIT primero y confirmada por la AGIT luego.


VI. CONCLUSION.


El análisis y fundamentación precedente,  permiten concluir a este Tribunal Supremo de Justicia, que efectivamente la prescripción operó en los actos de la administración tributaria para la determinación de la deuda tributaria del periodo fiscal febrero 2004 en elación al IVA y que la resolución de la AGIT impugnada judicialmente por la Administración Tributaria no puede ser calificado como una decisión ultra petita y por ello, la entidad demandante no posee razón en su pretensión, debiendo declararse improbada la demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fojas 17 a 21 y en su mérito, firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2231/2013 emitida el 23 de diciembre de 2013 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena