SALA PLENA


SENTENCIA:                            318/2017.

FECHA:                                Sucre, 3 de mayo de 2017

EXPEDIENTE:                        142/2014

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo

PARTES:        BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria

MAGISTRADO RELATOR:         Jorge I. von Borries Méndez

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 49 a 59, el memorial de subsana la demanda de fs. 122 a 124, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1950/2013, de 28 de octubre (fs. 1 a 13) y el Auto Motivado AGIT-RJ 0144/2013 de 13 de noviembre (fs. 12 a 14); el memorial de contestación de fs. 154 a 158, la réplica de fs. 163 a 169, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1.- Antecedentes de hecho de la demanda.

Que, Alberto Ernesto Emilio Lema Cavour, en su condición de representante legal de la empresa Bolivian Oil Services Ltda. (BOLSER LTDA.), en virtud del Testimonio de Poder 2553/2013 (fs. 83 a 84), se apersonó por memorial de fs. 49 a 59, subsanado de fs. 122 a 124), manifestando que al amparo del art. 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo Ley 2341 y en los arts. 327, 778, 779 y 780 del Código de procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1950/2013 de 28 de octubre, y el Auto Motivado AGIT-RJ 0144/2013 de 13 de noviembre.

Manifiesta que se pretende validar las 9 Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Administración Tributaria, sin que se haya considerado los descargos presentados por la empresa mediante nota 181/2012 en la que se hizo referencia al por qué no correspondían las sanciones impuestas por la Administración Tributaria; empero haciendo caso omiso, fundamentó las resoluciones sancionatorias basada en un acto tributario referido a un plan de pagos que no corresponde al presente caso; actos equívocos que más adelante fueron justificados por la Autoridad de Impugnación Tributaria, que valoró los descargos e hizo la labor de la Administración Tributaria que no le correspondía, confirmando las resoluciones sancionatorias impugnadas, hechos que implican vulneración a sus derechos, pues considera que si el ente fiscal hubiera valorado correctamente los descargos, la empresa hubiera cambiado el objeto del recurso o en su defecto se habrían acogido a su derecho de oportunidad de pago de un 40%, como lo establece el art. 156 de la Ley 2491.

1.- Ante la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria Regional de la Paz, emitió Proveídos de ejecución  Tributaria  Nº 109/2010, 110/2010, 11/2010, 112/2010, 113/2010, 114/2010, 115/2010, 116/2010 y 117/2010, correspondientes a los periodos fiscales enero a septiembre de 2008 por el Impuesto a las Transacciones (IT), por pagos en defecto a las declaraciones juradas presentadas; proveídos que fueron objeto de un plan de pagos otorgado mediante Resolución Administrativa Nº 26/210; sin embargo, sin considerar los pagos efectuados en dicho plan de pagos, el 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó a la empresa demandante con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 25-03621-12, 25-03622-12, 25-03626-12, 25-03625-12, 25-03719-12, 25-03720-12, 25-03721-12 y 25-03620, todos de 13 de noviembre de 2012; emitiendo posteriormente, 9 Resoluciones Sancionatorias identificadas con los números 18-1010-12, 18-1011-12, 18-1012-12, 18-1013-12, 18-1013-12, 18-1014-12, 18-1015-12, 18-1016-12, 18-1017-12, 18-1009-12 de 21 de diciembre de 2012.

Manifiesta que, en calidad de descargo y dentro del término legal establecido, la empresa BOLSER SRL., presentó la Nota FGA-BCE Nº 181/2012 de 18 de diciembre, en la que hizo alusión a los pagos efectuados: al respecto señala que de corresponder una sanción, la misma no puede recaer sobre el total, sino que se deben considerar los pagos efectuados y solamente el saldo ser sometido a un tratamiento sancionatorio. Sin embargo, la Administración Tributaria (AT) a través de las resoluciones sancionatorias mencionadas, afirmó inicialmente, que no se habrían presentado descargos, y contradictoriamente más adelante, refiere que los descargos presentados por el sujeto pasivo son insuficientes, fundamentando el rechazo, sobre la base de la Resolución Administrativa Nº 26/2008 referida a un plan de pagos de la gestión 2007, siendo que en el caso presente, el proceso sancionador está relacionado con los periodos enero a diciembre de 2008, que están plasmados en la Resolución Administrativa de Plan de Pagos Nº 26/2010.

2.- Ante la Autoridad de Impugnación Tributaria.

Por las razones señaladas, el 17 de enero de 2013, BOLSER SRL., interpuso recurso de alzada alegando que el ente fiscal no valoró correctamente los descargos presentados mediante Nota FGA-BCE Nº 181/2012 de 18 de diciembre, lo que considera que vició de nulidad los actos de la Administración Tributaria y vulneró el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de la empresa; vulneraciones que a su criterio, tampoco fueron valorados por la autoridad de alzada, y producto de ello, confirmó y aceptó los actos de la Administración Tributaria, efectuando una nueva valoración de los descargos.

3.- Ante la instancia jerárquica

Ante el fallo de alzada, BOLSER SRL., dedujo recurso jerárquico, adjuntando pruebas de reciente obtención, consistentes en fotocopia legalizada obtenida de la Administración Tributaria, de la Nota FGA-BCE Nº 181/2012 de 18 de diciembre y la Resolución Administrativa de Plan de Pagos Nº 26/2010, señalando sobre esta última que es la que debió valorar la Administración Tributaria y no así la Administrativa Nº 26/2008, como erróneamente fue considerada en los hechos.

Que sin atender sus reclamos, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se limitó a confirmar la resolución de alzada justificando el error de la Administración Tributaria, señalando que se habría producido una confusión en el objeto de la valoración, pretendiendo de esta manera, dar validez a actos que debieron ser valorados correctamente por en el ente fiscal, en virtud de los descargos presentados en etapa probatoria, y no como se pretende, que sea la AIT que, fungiendo como Administración Tributaria, emita criterio  y resuelva a favor del SIN, justificando sus errores.

I.2.- Fundamentos de la demanda.

1.- Manifiesta que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), siguiendo el lineamiento de la autoridad de alzada, hizo referencia a la prueba presentada ante la Administración Tributaria, además de la aportada mediante juramento de reciente obtención  (Nota FGA-BCE Nº 181/2012); empero, lo que le causa extrañeza es que en el punto IV de la resolución de alzada, de manera equivocada, sin que le corresponda, la Autoridad de Impugnación Tributaria valoró esos descargos, arrogándose el rol de la Administración Tributaria, siendo que en base a los antecedentes, debió simplemente limitarse a juzgar sobre lo obrado, porque cualquier valoración de la prueba, le correspondía únicamente a la Administración Tributaria en virtud a lo dispuesto por el art. 168 de la Ley 2492, la Ley 2341 y la Constitución Política del Estado, y  al evidenciar que el ente fiscal incurrió en error, debió anular obrados y ordenar que valoren los descargos presentados como corresponde, ya que lo contrario significaría la usurpación de funciones por parte de la AIT, tomando en cuenta que conforme al procedimiento, una vez presentados los descargos de acuerdo al art. 168 de la Ley 2492, es la Administración Tributaria la que en observancia de la norma citada, la Ley 2341 y la Constitución Política del Estado, debe valorar correctamente la prueba de descargo, aspecto que en su criterio, vulnera su derecho al debido proceso, en su elemento del derecho a la legítima defensa, pues de haber tenido respuesta en base a la valoración correcta de los descargos por parte de la Administración Tributaria, y en caso que la empresa hubiese querido impugnar, serían otros los argumentos empleados, limitando incluso el derecho a la oportunidad de pago, por cuanto si la Administración Tributaria hubiera fundamentado correctamente el rechazo de su descargo, se hubieran acogido a lo establecido  en el art. 156 de la Ley 2492, relativo a la reducción de sanciones.

Señala que los aspectos confirmados por la autoridad jerárquica, están relacionados con las irregularidades cometidas por el ente fiscal al emitir 9 resoluciones sancionatorias, manifestando que el primer vicio está relacionado con las contradicciones en los mismos actos, toda vez que el ente fiscal, inicialmente señaló en su primer considerando, que el contribuyente no presentó descargo alguno dentro del término establecido, ni tampoco comprobante del pago total de la sanción notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional; no obstante y de manera contradictoria, en el segundo considerando, señaló que dentro del término establecido por el art. 168 del Código Tributario Boliviano, Bolivian Oil Services Ltd., presentó carta solicitando se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03621-12.

Que esta contradicción se repite en las nueve resoluciones sancionatorias, lo que demuestra que el ente fiscal, no tuvo cuidado de verificar el contenido de esos actos definitivos, y emitió 9 resoluciones sancionatorias con contradicciones e incongruencias, que constituyen vicios de nulidad que deben ser saneados por la misma autoridad que las emitió, no pudiendo ser subsanados por otra autoridad, mucho menos si esta última tiene las características de un juez imparcial.

2.- Refiere que la fundamentación de la resolución impugnada es errónea, porque valida actos que debieron ser advertidos por el propio ente fiscal, aspecto que va en desmedro del debido proceso y la seguridad jurídica, además del principio de formalismo y congruencia, ya que la fundamentación empleada en las 9 resoluciones sancionatorias, está fundada en un acto que no guarda relación con el objeto de los descargos, motivo por el que correspondía la nulidad de obrados, y se ordene a la Administración Tributaria, que valore correctamente los descargos, considerando no solamente los actos correctos conforme a los periodos fiscales en discusión, sino la existencia de pagos efectuados.

Que, de haber analizado correctamente los descargos presentados, la fundamentación de las resoluciones sancionatorias hubiera merecido la atención y discriminación de todos los pagos efectuados por los períodos fiscales que dieron lugar al proceso sancionatorio, sin embargo la AIT confirmó las resoluciones sancionatorias, empleando como justificativo que incluso analizando los documentos correctos, la esencia del acto no cambiaría, y procedió al análisis de la prueba, realizando la labor de la AT, con lo que a su criterio, coartó su derecho a la defensa pues de haber obtenido una respuesta motivada de la Administración Tributaria en relación con los descargos presentados, el contenido de su recurso de impugnación hubiera estado dirigido al fondo del asunto, o caso contrario, hubieran hecho uso de su derecho de oportunidad de pago, es decir, cancelar el 40% como sanción, conforme a lo dispuesto por el art. 156 de la Ley 2492, derechos que fueron suprimidos por el fallo de la AIT, al realizar un labor que no le correspondía.

Refiere que en etapa probatoria, se produjo prueba consistente en fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa SIN/GSH/DJTC/UTJ/RAFP Nº 026/2010 20-000012-10 de 26 de noviembre, relativa al plan de facilidades de pago solicitado por la empresa, en relación con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nº 109/2010, 110//2010, 111/2010, 112/2010, 113/2010, 114/2010, 115/2010, 116/2010, 117/2010, correspondientes a los periodos fiscales enero a septiembre de 2008, por concepto de Impuesto a las Transacciones (IT), y señala que la prueba mencionada acredita la existencia de un pago inicial de Bs. 295.662, equivalente al 15% de la deuda total, que incluye los periodos de enero y febrero de 2010, además de la existencia de pagos efectuados, cuyos comprobantes se adjuntaron en calidad de prueba (No señala cuáles).

Asimismo indica que se adjuntó fotocopia legalizada del Informe Técnico Cite: SIN/GGS/DGRE/FAP/INF/0354/2012 de 2 de agosto, relativo a un plan de pagos que no fue objeto de descargos, y que aparentemente es el documento que llevó al error al ente fiscal, por cuanto la Administración Tributaria se basó en el mencionado informe para establecer la responsabilidad de la empresa, y la Resolución Administrativa Nº GSH-DTJC Nº 026/2008 de 19 de diciembre, cuya valoración resulta impertinente por cuanto este plan de pagos pertenece a períodos de la gestión 2007, por reestructuración de empresas, en virtud a la Ley 2495; siendo que el documento que debió valorar es la Resolución Administrativa de Plan de Pagos SIN/GSH/DJTC/UTJ/RAFP Nº 26/2010 20-000012-10 de 26 de noviembre  que hace referencia a los periodos de enero a septiembre de 2008.

3.- Otra circunstancia obviada por la Autoridad de Impugnación Tributaria, es que teniendo los elementos suficientes para establecer la nulidad de obrados, simplemente procedió a justificar el error de la Administración Tributaria y valoró los descargos, aun siendo esta, una labor privativa del ente fiscal, además analizó prueba no concerniente al presente caso, lo que en su entender, vicia de nulidad las resoluciones sancionatorias.

A continuación cita los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado, contenidos en el art. 115.II y 117.I, 119, I y II, además del art. 68, numerales 1, 6 y 7 de la Ley 2492, señalando que los mismos fueron afectados por la resolución de alzada impugnada, toda vez que esta, confirmó la mala praxis de la Administración Tributaria, al no percatarse que la motivación equívoca plasmada en las resoluciones sancionatorias, refleja que los descargos presentados, nunca fueron valorados.

Argumenta que al no ser claro lo dispuesto por los art. 36 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables en materia tributaria, en virtud del numeral 1, del art. 74 de la Ley 2492 y del art. 201 de la Ley 3092, la Administración Tributaria debió valorar la prueba aportada dentro del término establecido por el art. 168 de la Ley 2492, y que al no haberlo hecho, corresponde determinar la nulidad de obrados por las incongruencias identificadas.

Luego de hacer un análisis doctrinal respecto a la motivación de los fallos, señala que si bien las resoluciones sancionatorias, contienen una motivación de rechazo, esta fue realizada sin valorar correctamente la prueba aportada  y que no resulta suficiente señalar, como lo hizo la autoridad jerárquica, que el valorar la prueba pertinente al caso, no cambiaría la esencia de los actos impugnados y el resultado de los mismos, máxime si se demostró también ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, los pagos efectuados por la empresa referentes al impuesto omitido, aspecto que también debe ser valorado necesariamente por la Administración Tributaria.

A continuación, cita en calidad de jurisprudencia, las Sentencias Constitucionales N° 0752/2002-R de 25 de junio, N° 1365/2005-R de 31 de octubre y N° 2227/2010-R.

Reitera que la Autoridad de Impugnación Tributaria, asumió las funciones que le correspondían privativamente a la Administración Tributaria, y pretende corregir los errores en que incurrió esa entidad valorando los descargos presentados por la empresa demandante, siendo que la Autoridad de Impugnación Tributaria, simplemente debe pronunciarse sobre aspectos recurridos por las partes; en el caso presente, sobre la nulidad de obrados originada en la valoración errónea de la prueba.

Finalmente manifiesta que la Autoridad de Impugnación Tributaria, al percatarse de la confusión en que incurrió la Administración Tributaria, debió ordenar a esta entidad, que se pronuncie sobre la RA 026/2010 y no atribuirse la corrección de ese error, pues a criterio suyo, no es una labor que le compete; violando con ese accionar, el derecho al debido proceso en sus elementos de legítima defensa y seguridad jurídica, porque no se dio la oportunidad al sujeto pasivo de ejercitar su derecho a la oportunidad de pago, en conformidad con lo que dispone el art. 156 de la Ley 2492, ni a una defensa sobre los aspectos que tendrían que contener las resoluciones sancionatorias, en el caso que el ente fiscal hubiera realizado una correcta valoración de los descargos presentados.

I.3. Petitorio.

Concluye el memorial solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, falle declarando probada la demanda contenciosa administrativa y anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la Administración Tributaria (Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN), emita nuevamente las 4 Resoluciones Sancionatorias siguientes: Nº 18-01059-12, 18-01061-12, 18-01060-12 y 18-01080-12, considerando los respectivos descargos, que son de conocimiento tanto del ente fiscal como de la autoridad jerárquica.

I.4. Que por memorial de 21 de marzo de 2014, la empresa BOLSER SRL., subsanó las observaciones efectuadas por proveído de fs. 62, solicitando en el otrosí, se considere el error involuntario incurrido en el petitorio del memorial de demanda, en el que se solicitó la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que la administración tributaria emita nuevamente 4 Resoluciones Sancionatorias Nº 18-01059-12, 18-01061-12, 18-01060-12, 18-0108012; siendo que el petitorio correcto es que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la Administración Tributaria GRACO Santa Cruz, emita nuevamente las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12. (El subrayado es añadido).

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que luego de presentado el memorial subsanando la demanda, corriente de fs. 122 a 124, por providencia de fojas 125 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma sea citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Se dispuso asimismo, que se ponga la demanda en conocimiento de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, en calidad de tercero interesado, mediante provisión citatoria, comisionando su ejecución al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Cumplida la diligencia de citación a la autoridad demandada, el 2 de julio de 2014 como consta a fs. 148, fue devuelta la provisión citatoria según se verifica con la nota de fs. 149 y recibida de acuerdo con el cargo de fs. 149 vuelta, disponiéndose por providencia de fojas 150, su arrimo al expediente.

Por otra parte, presentado el memorial de contestación a la demanda de fs. 154 a 158, fue providenciado a fs. 160, teniéndose apersonado a Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado al demandante para la réplica.

En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por la entidad demandante, la autoridad demandada manifestó que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, cabe precisar lo siguiente:

1.- Que el expediente concerniente a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1950/2013 de 28 de octubre de 2013, impugnada por el demandante, es el caratulado como AGIT/1515/2013/SCZ-0157/2013 y no así el expediente AGIT/1514/2013//SCZ-0154/2013, ya que este último expediente corresponde a la Resolución AGIT-RJ 1949/2013 de 28 de octubre de 2013, el que ya fue presentado ante las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (Exp. 143/2014), interpuesta por Bolivian Oil Services Ltda. (BOLSER LTDA).

Que el demandante pretende adjuntar nuevas pruebas que no fueron de conocimiento de la instancia jerárquica, que tampoco pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo, en virtud al principio de congruencia, debiendo ser rechazadas in limine.

2.- Respecto a lo señalado por el demandante en el numeral 1 del memorial de demanda, en cuanto a que la empresa BOLSER Ltda., presentó en calidad de descargo la Nota FGA-BCE Nº 181/2012 de 18 de diciembre de 2012, señala que la instancia jerárquica respondió con los argumentos expuestos en los numerales xiii, xiv, xv y xvi, de la resolución impugnada, cuyo contenido transcribe, señalando a continuación que en la resolución jerárquica, se estableció de manera clara que el plan de facilidades de pago fue incumplido; es decir, que existiría incumplimiento de la Resolución Administrativa Nº 26/2010, la que no habría sido pagada en su integridad, no siendo evidente lo afirmado por el contribuyente respecto de la existencia un plan de pagos pendiente, por lo que el argumento expresado mediante nota FGA-BCE Nº 181/2012, carece de sustento, y no desvirtúa los cargos de la Administración.

3.- Respecto de lo señalado en el numeral 2 de la demanda, manifiesta que el demandante menciona repetitivamente que se trataría de varios descargos; empero se trata únicamente de la nota FGA-BCE Nº 181/2012 de 18 de diciembre, la que evidentemente, fue valorada no solo en etapa recursiva, sino también sede administrativa.

Menciona que en ninguna parte de la demanda se señala en forma clara que hubiera cumplió el plan de pagos; tampoco hace mención a cuántas cuotas fueron canceladas y cuántas no, dejando que sea la Administración Tributaria, así como la instancia de alzada y jerárquica, las que verifiquen ese aspecto en base al principio de verdad material, de ahí que la instancia jerárquica y a efectos de obtener mayores elementos de convicción, conforme a las facultades otorgadas por el art. 200 de la Ley Nº 2492, mediante  nota AGIT-2009/2013 de 16 de septiembre de 2013, solicitó a GRACO Santa Cruz, información respecto al plan de pagos otorgado mediante Resolución Administrativa Nº 26/2010 y la remisión del informe SIN/DGRE/FAP/INF/00386/2012, por el que se evidenció que la Resolución Administrativa Nº 26/2010, no había sido pagada en su integridad.

4.- En relación con el numeral 3 de la demanda, refiere que por mandato del art. 197 de la Ley 2492, la Autoridad de Impugnación Tributaria, tiene competencia para conocer los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el recurso de alzada, cuando estos hayan sido emitidos por una entidad pública que cumpla funciones de Administración Tributaria, relativos a cualquier tributo nacional; que por tanto, de ningún modo la AIT, usurpó funciones tal como considera el demandante.

5.- Señala que el demandante basó todo el argumento de la demanda en la Nota FGA-BCE Nº 181/2012 de 18 de diciembre, manifestando al respecto que la instancia jerárquica, desvirtuó por completo dichos argumentos puntualizando lo expuesto en los numerales xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv de su resolución, cuyo contenido trascribe íntegramente, afirmando a continuación que con esos argumentos se demuestra que la empresa recurrente no cumplió con el plan de pagos suscrito, en consecuencia, ante tal hecho, se inició el procedimiento sancionador por la contravención de omisión de pago, con una multa del 100% del tributo omitido, conforme establece el art. 165 de la Ley 2492.

Finaliza señalando que en virtud a lo expuesto, los argumentos del demandante no son evidentes, de modo que la resolución impugnada, fue dictada en sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratifican en los fundamentos de la resolución jerárquica.

II.1. Petitorio.

Concluye el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, se declare improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1950/2013 de 28 de octubre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Continuando con el trámite del proceso, se presentó el memorial de réplica que cursa de fs. 163 a 169, el mismo que fue providenciado a fs. 90, señalando que se tiene por renunciado su derecho al no haber respondido al traslado de fs. 160 en el plazo establecido por ley, reservándose el decreto de autos para sentencia, hasta la devolución de la orden instruida debidamente diligenciada al tercero interesado.

De fs. 174 a 178, corre memorial presentado por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, en su calidad de tercero interesado, que fue providenciado a fs. 179. Más adelante y con la presentación de la orden instruida de notificación al tercero interesado, por providencia de fs. 207, se decretó autos para sentencia.

Que el procedimiento contencioso administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:

III.1. Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se evidencia que la Administración Tributaria notificó mediante cédula, el 13 de octubre de 2010 a la empresa BOLSER LTDA., con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nº 24-000216-10, 24-000217-12, 24-000218-10, 24-000219-10, 24-000220-10, 24-000221-10, 2-000222-10, 24-000223-10, 2-000224-10, de 8 de octubre de 2010, otorgándole el plazo de 3 días para su pago, bajo conminatoria de adoptar las medidas coactivas correspondientes.

III.2. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la empresa BOLSER LTDA., con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nº  25-03620-12, 25-03621-12, 25-03222-12, 25-03623-12, 25-03625-12, 25-03626-12, 25-03719-12, 25-03720-12 y 25-03721-12, de 13 de noviembre de 2012, por la contravención tributaria de omisión de pago al haber evidenciado que no realizó el pago de la deuda tributaria correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos enero a septiembre de 2008, otorgándole el plazo de 20 días, para que presente pruebas de descargo o pague la multa establecida.

III.3. Mediante nota FGA-BCE Nº 181/2012 de 18 de diciembre de 2012 (fs. 31, Anexo 6), la empresa BOLSER LTDA., observó que en la emisión de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, no se consideró la existencia de un plan de pagos que consigna los períodos y los impuestos por los cuales se estaría sancionando, como tampoco los pagos que disminuirían el monto establecido.

III.4. El 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la empresa BOLSER LTDA, con las Resoluciones Sancionatorias  Nº 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 de 21 de diciembre, las cuales resuelven sancionar al contribuyente por la contravención tributaria de omisión de pago, al evidenciar que no realizó el pago de la deuda tributaria de las Declaraciones Juradas Form. 400, con Nº de Orden 7831303485, 7831303506, 7831303558, 7831303580, 7831303610, 7831303637, 7831303662, 7831303696 y 7831303725, correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT), por los periodos enero a septiembre de la gestión 2008.

III.5. El 17 de enero de 2013, Arturo Ramiro Cabrera Vildoso, en representación de la empresa Bolivian Oil Services Ltda., mediante memorial de fs. 60 a 65 del Anexo 1, interpuso recurso de alzada en contra de las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 de 21 de diciembre de 2012, que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0392/2013 de 20 de mayo, que resolvió confirmar las Resoluciones Sancionatorias impugnadas

III. 6. En virtud de lo anterior, el representante legal de la empresa BOLSER LTDA., dedujo recurso jerárquico contra la resolución pronunciada en alzada, que fue resuelto mediante Resolución AGIT-RJ 1950/2013 de 28 de octubre, que confirmó la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0392/2013 de 20 de mayo, manteniendo en consecuencia, firmes y subsistentes la Resoluciones Sancionatorias Nº 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 de 21 de diciembre de 2012.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PANTEADA.

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece que el motivo de controversia dentro del presente proceso, se circunscribe a determinar: 1) Si es evidente que la Autoridad Jerárquica al emitir la resolución impugnada, confirmando la Resolución de Alzada y validando la corrección de los defectos en que incurrió la Administración Tributaria al emitir las 9 resoluciones sancionatorias que dieron origen al desarrollo del proceso, usurpó funciones y vulneró normativa que rige la materia. 2) Si es evidente que la contradicción y falta de congruencia en los considerandos I y II de las resoluciones sancionatorias emitidas por la Administración Tributaria, dan lugar a la nulidad de obrados. 3) Si es evidente que se presentaron descargos y si los mismos fueron valorados por la autoridad y en la oportunidad correspondiente. 4) Si es evidente que se produjo la vulneración del derecho del sujeto pasivo al debido proceso en sus elementos del derecho a la legítima defensa y a la seguridad jurídica.

V.1.- Análisis y fundamentación.

Al presente, concluido el trámite en la vía administrativa, se abrió la vía jurisdiccional para el contencioso administrativo, teniendo el Supremo Tribunal de Justicia, la facultad de conocer la causa, a objeto de realizar el control judicial de legalidad y verificar si lo afirmado en la demanda es evidente; finalmente establecer si existió infracción de disposiciones legales, como derechos lesionados con la emisión de la resolución jerárquica.

Con la finalidad de tener una noción clara de los antecedentes que se suscitaron y motivaron la presente demanda, es conveniente inicialmente presentar un sumario de los hechos: 

El contribuyente, empresa Bolivian Oil Services Ltda. (BOLSER LTDA.), presentó declaraciones Juradas F-400 de los periodos enero a septiembre de la gestión 2008, correspondientes al Impuesto a las Transacciones, con saldo a favor del fisco; al respecto, la Administración Tributaria al haber evidenciado que el contribuyente no realizó el pago de la deuda tributaria determinada por el mismo sujeto pasivo, emitió 9 Autos Iniciales de Sumario Contravencional, correspondientes a los periodos enero a septiembre de 2008, tipificando su conducta  como contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 y en el art. 42 del DS. 27310, que impone la sanción del 100% del tributo omitido, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), determinando en cada uno de ellos, el monto de la obligación correspondiente a cada periodo, y concediendo al contribuyente, el plazo de 20 días a partir de su notificación para que formule descargos por escrito y ofrezca prueba, o en su caso efectúe el pago del importe de la multa.

Vencido el plazo señalado, ante el incumplimiento del sujeto pasivo, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias N° 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 de 21 de diciembre, que bajo el mismo tenor,  determinaron sancionar al contribuyente BOLSER SRL., por haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago, al presentar las Declaraciones Juradas F-400, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), del periodo enero a septiembre de 2008, sin realizar el pago del impuesto auto determinado, cuya sanción según la normativa, corresponde  al 100% del tributo omitido, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).

Al respecto, de la revisión de obrados, se constata que la empresa BOLSER LTDA., mediante nota FGA-BCE Nº 181/2012, presentada ante el Servicio de Impuestos Nacionales GRACO Santa Cruz, en fecha 18 de diciembre de 2012, en respuesta a la notificación de fecha 28 de noviembre de 2012, con los 9 Autos Iniciales de Sumario Contravencional, manifestó a la Autoridad Tributaria que para la emisión de las mencionadas actuaciones “…no se ha considerado dos aspectos importantes que le hacemos conocer al tenor del art. 168 de la Ley 2492 y que hacen que estos actos sean nulos de pleno derecho: el primero referido íntegramente a que en la actualidad existe un plan de pago otorgado por ustedes y el cual consigna los periodos e impuestos por los cuales se estaría sancionando a la empresa que represento de manera injusta,  el segundo referido a que existen pagos efectuados que evidentemente disminuyen de suyo el monto inicial y plasmado en la Resolución Administrativa SIN/GSH/DJTC/UTJ/RAFP Nº 26/2010, mediante la cual además se establece de un pago inicial que debe añadirse al pago de la subsiguientes cuotas canceladas en número de once. Asimismo se consideren los pagos que dan lugar a los AISC Nº 25-03913-12, 25-03905-12, 25-03906-12 y 25-03903-12”


La cita presente, deja ver que la empresa BOLSER LTDA., luego de haber sido notificada con los 9 Autos de Inicio de Sumario Contravencional, manifestó su desacuerdo con las mismas, advirtiendo a la Administración Tributaria, respecto de la existencia de la Resolución Administrativa Nº 26/2010, por la que se otorgó a la empresa demandante un plan de facilidades de pago, correspondiente al Impuesto a las Transacciones por los periodos enero a septiembre de 2008, así como enero y febrero de 2010 (fs. 92 a 94, Anexo I)

No obstante, la Administración Tributaria, prosiguió con el proceso sancionatorio, emitiendo las 9 resoluciones sancionatorias. Ahora bien, las Resoluciones Sancionatorias referidas, que con el mismo tenor, en el primer considerando señalan: “Que, el contribuyente no presentó descargo alguno dentro del término establecido en el artículo 168 del Código Tributario Boliviano (Ley 2492), así como tampoco realizó el pago total de la sanción notificada en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que corresponde proseguir con la emisión de la Resolución Sancionatoria, de conformidad al numeral 3 del artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07”. (Las negrillas son añadidas).

Sin embargo, en el segundo considerando refiere: Referente  a los descargos que anteceden es necesario aclarar al contribuyente, que si bien es cierto que la Administración Tributaria le otorgó la Facilidad de Pago a través de la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidad de Pago N° 26/2008 por el plazo de 158 meses (158 cuotas mensuales) pagaderos mensualmente, la cual se encuentra incumplida, de acuerdo al Informe Técnico Cite: SIN/GGSC/DGRE/FAP/INF/0354/2012 de fecha 02 de agosto de 2012, emitido por el Departamento de Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia GRACO Santa Cruz, el mismo que respecto al acogimiento del contribuyente BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA. BOLSER LTDA., con NIT 1015565025, señala que: Considerando lo establecido en la Resolución Administrativa GSH-DTJC N°026/2008 y la Resolución Administrativa N° 23-000002-12, que aclara y complementa los plazos de cancelación de Facilidad de Pago antes indicada y al amparo de lo dispuesto por la RND N° 10.0041.05 de 25 de noviembre de 2005, el contribuyente BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA. BOLSER LTDA., HA INCUMPLIDO, la Facilidad de Pago otorgada con las condiciones de la Ley 2495 (Ley de Reestructuración Voluntaria)” (Las negrillas son añadidas).

Ahora bien, la Autoridad de Impugnación Tributaria, reconoció que la Administración Tributaria, incurrió en el error denunciado por el contribuyente, sin embargo, consideró que tal situación, no merecía la nulidad de obrados y haciendo referencia al art. 168 de la Ley 2492, señaló: “…cabe indicar que la norma no ha previsto sancionar con la anulación del acto o la actuación ante la evidencia de algún incumplimiento referido a este hecho, toda vez que no agrava la situación tributaria de la empresa recurrente, y mucho menos existe constancia de que se le hubiera causado indefensión, ya que si bien es evidente que se incurre en ese error, ello no es por sí solo un vicio de nulidad que deba corregirse, considerando que el acto administrativo identifica correctamente el objeto y causa que lo motivaron, resultando que se trate de una incidencia que no tiene efecto negativo sobre la empresa recurrente o le afecte un derecho en particular, con lo cual se tiene que se han cumplido los requisitos esenciales previstos por el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), careciendo de asidero legal, el supuesto vicio de nulidad por dicha causa y no se enmarca en los requisitos señalados en el parágrafo II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), para disponer su saneamiento procesal; más aún cuando es claro y evidente el conocimiento formal y material de los actos que surten de la aplicación del punto 1), art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB)”.

A su vez, la Autoridad General de Impugnación Tributaria manifestó: “En virtud a lo señalado, se tiene que los argumentos presentados por el contribuyente mediante nota FGA-BCE Nº 181/2012 no desvirtúan los cargos establecidos por la Administración Tributaria, realizando incluso aseveraciones (la existencia de un plan de pagos pendiente) incorrectas, siendo evidente que el propio contribuyente conoce que no ha cumplido con el pago de la totalidad de las cuotas del plan de pagos, solicitando en instancia de impugnación que la Administración Tributaria se pronuncie sobre una situación inexistente; siendo que las Resoluciones Sancionatorias señalan que existe a la fecha un plan de pagos incumplido (que es al que hace referencia el propio contribuyente en su nota FGA-BCE Nº 181/2012, es decir, la Resolución Administrativa Nº 26/2010) y que no se ha procedido al pago total de las cuotas en plazo, situación que determina que los pagos parciales no tengan efecto alguno sobre la sanción, se considera que la anulación de obrados a efectos de que la Administración Tributaria indique que el plan de pagos aprobado con Resolución Administrativa Nº 26/2010 y no Nº 26/2008 fue incumplido, resulta ser meramente dilatorio” .

Lo expuesto precedentemente deja ver indudablemente, primero, que el sujeto pasivo, advirtió a la Administración Tributaria de manera oportuna (posterior a la emisión de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional), sobre la existencia de la Resolución Nº 26/2010, de aceptación de facilidades de pago,  de los periodos enero a septiembre de 2008, así como enero y febrero de 2010, en favor de la empresa BOLSER LTDA.; segundo, que pese a dicha advertencia, la Administración Tributaria  continuó con el proceso sancionatorio; y, tercero, que en la prosecución del procedimiento sancionatorio, específicamente en la emisión de las 9 Resoluciones Sancionatorias, que emergieron de los 9 Autos Iniciales de Sumario Contravencional, la Administración Tributaria, incurrió en contradicciones como son las referidas precedentemente, es decir, manifestando en principio que el sujeto pasivo no presentó descargo alguno, y posteriormente afirmando que los descargos presentados no son suficientes para desvirtuar la obligación impositiva; basando además su determinación, en la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidad de Pago Nº 026/2008, que otorgó al sujeto pasivo, un plan de pagos en base a la Ley de Reestructuración de Empresas, Ley 2495 (fs. 98 a 102, Anexo I), referida a periodos distintos de los que motivaron el inicio del proceso sancionatorio en el presente caso. 

Asimismo, se evidencia que la Autoridad de Impugnación Tributaria, no obstante los reclamos del sujeto pasivo manifestados en el recurso de alzada, respecto a las incongruencias suscitadas en fase administrativa, y a la prueba ratificada en alzada, validó las actuaciones de la Administración Tributaria, pasando por alto las incoherencias plasmadas en las Resoluciones Sancionatorias. Sin embargo, Autoridad de Impugnación Tributaria, justifica y respalda su fallo señalando que, aun siendo evidente el error cometido por la Administración Tributaria, “…ello no es por si solo un vicio de nulidad que deba corregirse, considerando que el acto administrativo identifica correctamente el objeto y causa que lo motivaron”.

Al respecto corresponde mencionar que el principio de congruencia que hace a la garantía del debido proceso, marca al juez o autoridad administrativa, el camino para llegar a la resolución final y fija un límite a su poder discrecional. El juez no puede tomar en cuenta hechos o pruebas no alegados por las partes y a ellos debe limitarse en la decisión final.

Sobre el particular, es oportuno señalar que Hernando Devis Echandía, sostiene en su Teoría General del Proceso, que el principio de congruencia es: “…el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas… los derechos de acción y de contradicción imponen al Estado el deber de proveer mediante un proceso y por una Sentencia, cuyo alcance y contenido están delimitados por las pretensiones y las excepciones que complementan el ejercicio de aquellos derechos”.

Por su parte, la Sentencia Constitucional N° 1475/2013 de 22 de agosto, señala: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

Bajo ese marco doctrinal y jurisprudencial, en relación con todo lo expuesto, se llega a la certeza que la Administración Tributaria emitió 9 Resoluciones Sancionatorias en contra de la empresa BOLSER LTDA., basando su argumento en documentos que no guardan relación con el objeto del proceso sancionatorio, motivo de la presente demanda, concretamente la Resolución Administrativa Nº 026/2008, ni valorar los descargos presentados por el sujeto pasivo de manera oportuna, como es la Nota FGA-BCE Nº 181/2012, vulnerando el principio de congruencia precedentemente referido, que se ratifica con la resolución de alzada y la resolución jerárquica, pues ambas confirman un acto viciado desde su origen; siendo que, si la Administración Tributaria erró el procedimiento, es decir, realizó una errónea valoración de la prueba o aplicó una Resolución Administrativa equivocada, no le correspondía a la Autoridad de Impugnación Tributaria, ni regional ni nacional corregir dicho error, sino anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, ordenando a la Administración Tributaria dictar una nueva resolución sancionatoria, pronunciándose sobre los hechos, circunstancias, pruebas, elementos, etc.     

Al respecto, el art. 99 de la Ley 2492, en su parágrafo II establece: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. (Las negrillas son añadidas).

Por otra parte, el artículo 36 de la Ley 2341, en sus numerales I y II establece:

“I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.”

“II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.”

En ese sentido, la Administración Tributaria, al haber emitido las 9 Resoluciones Sancionatorias, basando su argumento en un documento equivocado, vulneró el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica del sujeto pasivo, contemplados en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, que establece “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Asimismo, el art. 66, numerales 6 y 10 de la Ley 2492, establecen que constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: “6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. (…) 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.” (Parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009).

Bajo ese marco, si bien la Autoridad de Impugnación Tributaria, confirmó las actuaciones de la Administración Tributaria, reconociendo los errores cometidos, señalando que los mismos no constituyen por sí solos un vicio de nulidad que deba corregirse, considerando además que el acto administrativo identificó correctamente el objeto y causa que lo motivaron, es posible que si la AT, hubiera tomando en cuenta la Resolución Administrativa correcta, de todas maneras se habría llegado a la conclusión  que el contribuyente incumplió el plan de pagos; sin embargo, lo que ahora se cuestiona es que dicho acto está basado en la valoración de un elemento errado. Por otro lado, si la ARIT, respaldada por la AGIT, arbitrariamente hace la valoración de lo que considera que es correcto, corrigiendo un error que se arrastra desde el inicio, pero sin tener competencia para corregir ese error, el acto será nulo por falta de competencia.

Finalmente, corresponde referirse ineludiblemente a lo que se entiende por motivación de una resolución judicial o administrativa; en ese sentido se tiene que la motivación o fundamentación, es justificar la decisión de un fallo o si se quiere en forma más explícita, es mostrar las razones que permiten considerar por qué el juzgador establece una determinada decisión sobre el conflicto o controversia puesto a su conocimiento.

Sobre la motivación de las resoluciones administrativas o judiciales, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la motivación de la resolución administrativa o judicial, está directamente relacionada con el derecho al debido proceso y que no es necesario que la motivación sea ampulosa sino que puede ser concisa y reducida, siendo lo único importante en que ésta explique y justifique las razones de la decisión final del juzgador para que pueda activarse el derecho a la impugnación, así se han pronunciado reiteradamente las Sentencias Constitucionales y en particular la Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R de 4 de enero del 2006, que señala: La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional (art. 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado Vigente), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”

Por lo expuesto, se concluye que, las Resoluciones Sancionatorias, Nº 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 de 21 de diciembre de 2012, emitidas por los periodos de enero a septiembre de la gestión 2008, que dispusieron sancionar al contribuyente BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA. (BOLSER LTDA), por haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago, contienen incongruencia por haber sido emitidas sobre la base de documentos que no guardan relación con el objeto del proceso sancionatorio, aspecto que al haber sido evidenciado por la Autoridad de Impugnación Tributaria, debió ser objeto de nulidad, ordenando se vuelvan a emitir las Resoluciones Sancionatorias cuestionadas, valorando la documentación pertinente al caso.

V.2.- Conclusiones.

En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente:

Sobre la base de las normas cuya aplicación corresponde, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al confirmar la resolución, vulneró los principios del debido proceso y derecho a la legítima defensa consagrados en el parágrafo II del art. 115, en relación con el parágrafo I del art. 180, ambos de la Constitución Política del Estado y en los núm. 6 y 10 del art. 68 de la Ley 2492, toda vez que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, debió anular obrados, al evidenciar el error contenido en las Resoluciones Sancionatorias, objeto del presente proceso, de acuerdo con la problemática planteada, detallada en el numeral IV. de la presente resolución, que constituye el objeto del proceso.

Lo que la empresa Bolivian Oil Services SRL., (BOLSER SRL.) impugnó a través de la presente demanda y puso en tela de juicio, fue la supuesta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos del derecho a la legítima defensa y a la seguridad jurídica, como efecto de la confirmatoria de la resolución pronunciada en alzada, manteniendo en consecuencia firmes y subsistentes la Resoluciones Sancionatorias Nº 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 de 21 de diciembre de 2012.

Sin embargo, es evidente que las referidas resoluciones sancionatorias incluyen en sus dos primeros considerandos, argumentación contradictoria respecto de la presentación de descargos por el sujeto pasivo lo que hace a la congruencia de las mismas, debiendo tenerse presente en relación con ello, que la incongruencia constituye un defecto procesal que debe ser sancionado con la nulidad de obrados.

Adicionalmente, en el desarrollo del proceso en sede administrativa hasta su impugnación a través de recurso jerárquico, se determinó confirmar la resolución pronunciada en recurso de alzada, sin tomar en cuenta que las resoluciones sancionatorias motivo del presente proceso, fueron emitidas sobre la base de la consideración de un error fundamental; es decir, la Resolución Administrativa Nº GSH-DTJC Nº 026/2008 de 19 de diciembre, de aceptación de un Plan de Facilidades de Pago por períodos correspondientes a la gestión 2007, en relación con el programa de reestructuración de empresas, en aplicación de la Ley N° 2495 de 4 de agosto de 2003, en lugar de tomar en cuenta la Resolución Administrativa de Aprobación de Plan de Facilidades de Pago N° de Plan de Pagos Nº 26/2010 de 26 de noviembre, que corresponde a los períodos de enero a septiembre de 2008, como enero y febrero de 2010.

Por ello, de acuerdo con la argumentación desarrollada y los fundamentos expuestos, sobre la base de la normativa que rige la materia, así como de la interpretación y aplicación de la doctrina, como de la jurisprudencia constitucional citada, se estableció que las vulneraciones acusadas, son ciertas.

Que, del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), al pronunciarse a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1950/2013 de 28 de octubre, incurrió en interpretación errónea de normas tributarias en relación con la observancia del principio de congruencia, así como respecto de la adecuada interpretación y valoración de los elementos sobre la base de los cuales se dispuso la emisión de las resoluciones sancionatorias que fueron impugnadas y derivaron en el proceso contencioso administrativo en estudio.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 49 a 59, subsanada por memorial de fojas 122 a 124, interpuesta por Alberto Ernesto Emilio Lema Cavour, en representación legal de la Empresa Bolivian Oil Services SRL., contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia, se declara la nulidad de la resolución impugnada, AGIT-RJ 1950/2013 de 28 de octubre, así como del Auto Motivado AGIT-RJ 0144/2013 de 13 de noviembre, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo; vale decir, hasta las resoluciones sancionatorias Nº 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12, todas de 21 de diciembre de 2012 inclusive, debiendo la Administración Tributaria, emitir nuevas resoluciones sancionatorias, en cuanto corresponda, considerando los fundamentos del presente fallo.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada. Sea con las formalidades de rigor.

No suscriben las Magistradas Norka Natalia Mercado Guzmán ni Maritza Suntura Juaniquina al haber emitido votos disidentes.

Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO


No interviene por no encontrase presente

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO


No suscribe por emitir voto disidente

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena