SALA PLENA


SENTENCIA:                            298/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE:                        1083/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADA RELATORA:        Norka Natalia Mercado Guzmán.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 15 a 21, planteada por la Administración Aduanera impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1410/2013, emitida el 13 de Agosto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 27 a 30, réplica de fs. 49 a 50, dúplica a fs. 84, los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Administración Aduanera señaló que mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-039/2012, solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la autenticidad del Certificado CM-PT-04-00090-2012 correspondiente al vehículo que ampara el Documento Único de Importación (DUI) 2012/521/C-1887, petición respondida por IBMETRO el 24 de agosto de 2012, adjuntando Informe IBMETRO-DML-INF-231/12, en el que se señala que el indicado certificado no existe y no está registrado en ninguno de los archivos IBMETRO-Central La Paz, que el código de recinto aduanero es “04” siendo que el código correcto y asignado al recinto aduanero Villazón es el código “02”, haciendo conocer además varias observaciones, respecto al técnico que hubiera efectuado la inspección y la ausencia de formalidades en dicho documento, concluyendo que no fue realizado bajo procedimientos establecidos por IBMETRO. Asimismo, en la nota IBMETRO DML CE 1659/2012 de 24 de agosto de 2012, IBMETRO concluyó que la revisión de los códigos y números de los certificados recibidos, informa y corrobora que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de la entidad.


Con ese antecedente, se evidenció que la Agencia Despachante de Aduana BURGOS S.R.L., al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI Nº C-1887 de 31 de mayo de 2012, presentó un certificado medio ambiental no validado o presuntamente falso, por lo que se estableció que no contaba con la Certificación Medioambiental emitida por IBMETRO que certifique que los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos de un vehículo son compatibles con los niveles establecidos o aprobados por la legislación nacional vigente.


Apuntando la normativa contenida en los arts. 148 del CTB, 84, 85 y 88  de la Ley General de Aduanas (LGA), 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), 3º y 5º del DS 28963 así como la R.M. 357 de 1 de septiembre de 2009, señaló que se presume que se habría incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en el art. 181b) del CTB, según tributos pagados de UFV. 31.065.42, es decir, contrabando contravencional.


Añadió que el 31 de octubre de 2012 la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-083/2012, identificando como personas sindicadas al importador Dionisio Castillo Quispe, con NIT 3469548, con domicilio en calle Japón Nº 1002 alto Calacoto del departamento de La Paz.


Que en base al Informe AN-UFIPR-I-134/2012 DE 30 de octubre de 2012 y Acta de Intervención contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-083/2012 DE 31 de octubre de 2012, la Administración Aduanera dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-23/2012, de 27 de diciembre de 2012, declarando probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando en contra de Dionisio Castillo Quispe.


I.2. Fundamentos de la demanda.


Apuntó que refutando la fundamentación de la AGIT, le corresponde señalar lo siguiente:


Que al amparo de la Resolución de Directorio (RD) 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y último párrafo del art. 181 del CTB, modificado por la cláusula Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley 317, se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-083/2012 de la DUI C-1887 de 31 de mayo de 2012, en la que se puede observar de manera más amplia el trabajo realizado, la identificación de las personas sindicadas, identificación de los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del Contrabando Contravencional, descripción de la mercadería objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar la contravención aduanera.


Realizando una trascripción de los arts. 48 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310; 85 de la LGA; 65 y 148 del CTB; 111 del RLGA, indicó que el citado art. 48 del DS Nº 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante las esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB.


Continúo manifestando que por lo citado, el procedimiento seguido a consecuencia del Control Diferido Regular es totalmente válido al haberse determinado en el mismo que la DUI no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181-b) del CTB ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tales como, los arts. 111-k) del RLGA y 119, modificado por la disposición adicional tercera del DS Nº 572 de 14 de julio de 2010. En caso de no contar con la acreditación mediante certificación que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera en coordinación con la entidad, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.


Reiteró que, en el procedimiento de Control Diferido Regular, se estableció claramente que el certificado de IBMETRO que fuera presentado como documento de soporte de la DUI, no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-Central La Paz conforme se estableció en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio.


Que no corresponde realizar una Fiscalización Posterior para que se determine si el certificado es válido o no, si el mismo IBMETRO certificó que no es válido ese documento porque cuenta con diferentes observaciones que invalidan el mismo. Con relación al procedimiento penal, señala que este tiene el único fin de determinar quién y en qué grado fue responsable de la emisión del certificado y no así la validez o no del certificado, por lo que la determinación o no del sujeto punible en ningún momento convalidara el Certificado Nº CM-PT-04-00090-2012 al contrario solo sancionara el hecho punible, situación distinta con el proceso de contrabando contravencional que se inició, ya que al tener la certificación de IBMETRO de que los merituados certificados son falsos es como si los mismos no existieran por no haber sido emitidos por la entidad competente y por consiguiente se había incumplido lo dispuesto por el art. 111 inc. k) del Reglamento a la Ley General de Aduanasen ese entendido es que se procesó por contrabando Contravencional previsto en el art. 181 b) del CTB.


Por ultimo señala que IBMETRO ha certificado que los certificados utilizados en los despachos aduaneros no fueron emitidos por la misma, demostrando que los mismos fueron fraguados, que no es la Aduna que de manera antojadiza este señalando que son falsos, sino la misma institución es quien niega que los certificados hayan sido emitidos por la misma.    


I.3. Petitorio.


Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1410/2013 de 13 de agosto por consiguiente se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-023/2012 de 27 de diciembre.





II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente la demanda con memorial presentado el 10 de junio de 2014, que cursa de fojas 27 a 30, bajo los siguientes argumentos.


Señala que el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-083/2012 y la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-023/2012, establecen la existencia de contravención aduanera de contrabando conforme el art. 181 inc. b) de la Ley 2492, por infringir los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras, que el certificado presuntamente es falso y por ultimo disponen la remisión de antecedentes al Ministerio Publico para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación, por lo que existe una contradicción de argumentos entre el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal, puesto que Dionisio Castillo Quispe, asegura que el certificado es plenamente valido para desvirtuar contravención de contrabando contravencional, y por otro lado el acta de intervención y la Resolución Sancionatoria, establecen que el certificado Medioambiental Nº CM-PT-04-0009002012, no se encuentra registrado en los archivos de IBMETRO según el informe AN-UF-UFIPR-I Nº 134/2012, motivo por el cual dicha prueba se encuentra supeditada al pronunciamiento en la vía penal respecto a la veracidad o no del certificado medioambiental.  Por lo que la instancia jerárquica se encuentra imposibilitada por mandato expreso del inc. b) parágrafo II art. 197 de la Ley 3092, para pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del certificado Medioambiental, teniendo el sujeto activo las vías legales correspondientes para dicho fin, en cumplimiento al art. 217 de la citada Ley, referido a un proceso judicial previo, conforme asevera la Administración Aduanera, por lo que no se puede ingresar al análisis de fondo en base a una prueba cuya legalidad esta observada, lo que constituiría infracción del inc. b) parágrafo II art. 197 de la Ley Nº 3092.   


Por último, señala que, los argumentos del demandante no son evidentes, de modo que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1410/2013, fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratifican en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución Jerárquica impugnada.


II.1. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, manteniendo firme y subsistente la resolución jerárquica.


III. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de la AGIT de anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0096/2013 de 6 de mayo, con reposición de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-083/2012 de 31 de octubre de modo que, una vez se establezca la autenticidad o no del Certificado Medio Ambiental CM-PT-04-00090-2012 en la vía penal, la Administración Tributaria Aduanera dicte un nuevo acta de intervención si corresponde. Al efecto señala, que el art. 48 del DS Nº 27310 establece que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control previstos en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante  esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, concluyendo que los preceptos glosados facultan a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB, al pretender que se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho ya demostrado en el Control Diferido Regular, lo que le causa perjuicio por haberse anulado obrados sin justificativo o normativa específica que determine que debe realizarse un procedimiento de Fiscalización Posterior.


Por otra parte, añadió que no se tuvo en cuenta que en el mismo procedimiento de Control Diferido Regular, se estableció que el certificado de IBMETRO CM-PT-04-00090-2012 presentado como documento de soporte de la DUI 2012/521/C-1887, no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO La Paz o Cochabamba conforme se estableció en Informe IBMETRO DML INF-231/12 de 21 de agosto y que la exigencia de que exista un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento no corresponde porque el proceso penal instaurado por la Aduana por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado no tiene la finalidad de determinar la falsedad de documento, ya que el mismo esta corroborado por el certificado de IBMETRO.


La AGIT a su turno afirmó que se encontraba imposibilitada de pronunciarse respecto de la autenticidad o no del Certificado Medio Ambiental cuestionado por expresa disposición del art. 197.II inc. b) del CTB, debiendo la Administración Tributaria Aduanera acudir a un proceso judicial para determinarla, conforme prevé el último párrafo del art. 217 del CTB, esta sería la línea doctrinal contenida en el Sistema de Doctrina Tributaria aplicada por dicha instancia jerárquica. 


IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efectos de resolver y, en el marco de la controversia planteada, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:


  1. Que, el 01 de agosto de 2012, la Administración Aduanera solicitó a la Agencia Despachante de Aduanas “Burgos SRL.” la solicitud de documentación de Declaraciones Únicas de Importación, documentos de respaldo en originales, tramitadas en la Administración Aduanera frontera Villazón, detalladas en anexo cursante a fs. 14 del anexo 2. El 2 de agosto de 2012 la mencionada ADA, mediante Nota Cite: 042/2012, remitió la documentación requerida (cursante de fs. 16 a 17  del Anexo 2).


  1. Mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-039/2012, la Administración Aduanera, solicitó a IBMETRO, certificación de autenticidad de certificados Medioambientales emitidos por esa entidad, entre ellos la DUI C-1887 que dio origen al presente proceso (cursante a fs. 18 del Anexo 2).


  1. Respuesta de IBMETRO, mediante el Informe IBMETRO-DML-INF-231/12 de 21 de agosto, el cual indica que una vez concluida la revisión de los códigos y números de los Certificados, se informa y corrobora que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO. Además, que no presentan algunas características de formato implantados en los certificados que emite IBMETRO referentes a la gestión 2012. (cursante de fs. 21 a 22 del Anexo 2).


  1. El 30 de octubre de 2012, la Gerencia Regional Potosí, emitió el Informe AN-UFIPR-I-134/2012, que da cuenta de haberse realizado el aforo documental, la decodificación del VIN del vehículo importado, la falta de certificado de IBMETRO, por lo que sugiere anular la DUI 2012/521/C-1887, debido a que no existe certificado medioambiental emitido por IBMETRO. Finalmente, estableció indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el art. 181-b) del CTB e indicios de la existencia de delitos penales por la falsedad del certificado de IBMETRO (cursante de fs. 25 a 32 del Anexo 2).


  1. El 5 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Dionisio Castillo Quispe con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-083/2012 de 31 de octubre de 2012, emitida en su contra y de quienes resultaren coautores, cómplices, instigadores y encubridores, estableciendo indicios de la comisión de la contravención tributaria de contrabando, determinó como tributo aduanero la suma de 20.619.85 UFV y otorgó un plazo de 3 días para la presentación de descargos (cursante de fs. 33 a 42 del Anexo 2).


  1. El 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Dionisio Castillo Quispe con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-023/2012 de 27 de diciembre de 2012, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional en su contra, al no existir la mercancía comisada, se impuso como multa el pago del 100 % del valor de la mercancía, que asciende a Bs. 242.288.00, así como la captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención y la anulación de la DUI 2012/521/C-1887 de 31 de mayo de 2012. Finalmente, la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 44 a 54 Anexo 2).
  2. Planteado recurso de alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, con Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA Nº 0096/2013 de 6 de mayo, Revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULPR-RS-023/2012 de 27 de diciembre, dejando sin efecto la multa por el 100% del valor de la mercadería equivalente de Bs 242.288, disponiendo el comiso del vehículo correspondiente a la DUI 2012/521/C-1887 (cursante de fs. 76 a 83 del anexo 1).


  1. La Administración Aduanera, planteó el recurso jerárquico, que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1410/2013 impugnada en el presente proceso, que Anula la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0096/2013 de 6 de mayo de 2013, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-0083/2012 (cursante de fs. 136 a 144 del anexo 2).


En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho, respuesta de fs. 27 a 30, replica de fs. 49 a 50, duplica a fs. 74, respuesta del tercero interesado Dionisio Catillo Quispe de fs. 90 a 99, y emisión del decreto de autos para sentencia, cursante a fs. 100.


V. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, es necesario referirnos al principio de congruencia que, en el proceso civil es considerado como un principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, en tanto deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, es decir que se exige la identidad jurídica entre lo resuelto y lo pedido, lo que tiene una extraordinaria importancia porque está vinculado con el derecho a la defensa, ya que exige que el demandado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones que contra él se han formulado y, por otra vinculado también con la actuación del juez respecto al principio de la administración de justicia de proveer seguridad jurídica a las partes, misma que será posible solo cuando el juez se limite a resolver el conflicto traído a su consideración.


Ahora bien como ha sostenido este Tribunal en sus reiterados fallos, el proceso contencioso administrativo es la vía judicial ordinaria mediante la cual se ejerce el control jurídico de las actuaciones administrativas pero además tiene la finalidad de tutelar de manera efectiva los derechos e interés de los administrados, en ese sentido el principio dispositivo que caracteriza el proceso civil no puede ser observado rigurosamente en materia contenciosa administrativa, pues constituirían un barrera que impediría al juez a involucrarse en el proceso y con ello ejercer efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.


V.1. Respecto a la incorrecta interpretación del art. 48 del Reglamento del Código Tributario - Procedimiento de Control Diferido.

En la demanda contenciosa administrativa, el primer reclamo de la Administración Aduanera está vinculado a una incorrecta interpretación del art. 48 del DS N° 27310, conforme las reglas establecidas por el art. 8 de la Ley 2492 en la que habría incurrido la AGIT, por la que -dice- pretende se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho demostrado en el Control Diferido Regular, a cuya consecuencia anuló obrados sin justificativo o normativa específica.


Sobre el particular, analizada la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1410/2013 de 13 de agosto, pronunciada por la AGIT, en sus fundamentos no hace referencia a la disposición legal que supuestamente no fue correctamente interpretada, tampoco se pronuncia sobre un procedimiento de Fiscalización Posterior o Control Diferido Regular; es más, la autoridad demandada en su memorial de respuesta a la demanda contenciosa administrativa, hizo hincapié en que la AGIT no ingreso al análisis de fondo del asunto, porque de haberse resuelto en base a una prueba cuya legalidad está observada, se infringiría el inc. b) Parágrafo II del art. 197 de la Ley Nº 3092.


V.2. Respecto a la determinación de anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo (Acta de Intervención Contravencional), con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente sobre la veracidad del Certificado Medio Ambiental, la Administración Aduanera dicte nueva acta de intervención contravencional si corresponde.-


De una revisión de la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS 023/2012 de 27 de diciembre, cursante de fs. 44 a 54 del Anexo 2, la misma tiene como antecedente el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI N° 083/2012 de 31 de octubre y el Informe AN-UFIPR-I-134/2012 de 30 de octubre, actuados que además de establecer la existencia de contrabando contravencional contra Dionisio Casillo Quispe presumieron la comisión del delito de falsificación del Certificado CM-PT-04-00090-2012 correspondiente a la DUI 2012-521-C-1887, en virtud a la certificación de IBMETRO que estableció la inexistencia de registro de dicho certificado; con esos antecedentes y en esa misma lógica, la referida Resolución Sancionatoria declaró probada la comisión de contrabando contravencional contra Dionisio Casillo Quispe, disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal que corresponda.


Como se advierte, el fundamento para la determinación del hecho contravencional y su posterior sanción es la supuesta falsedad del certificado medio ambiental CM-PT-04-00090-2012 que ampara a la DUI 2012-521-C-1887, así lo ha establecido la Resolución Sancionatoria en base al Acta de Intervención Contravencional, sin embargo, la Administración Aduanera tenía la obligación de dar aplicación al mandato del art. 217 del CTB que en su parágrafo final prevé que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sea declarada su falsedad por fallo judicial firme; es decir que siendo la base de la determinación de una responsabilidad contravencional un documento público presumiblemente falso, en aras del respeto al debido proceso la Administración Aduanera no puede arrogarse la competencia de la jurisdicción ordinaria penal y determinar en los hechos la falsedad de un certificado, ni mucho menos presumirla, si no lo ha hecho la instancia competente a través de un debido proceso. En todo caso, ante una situación como la presente, la Administración Tributaria ante la duda sobre la veracidad del certificado medio ambiental, con carácter previo debió activar la instancia penal correspondiente para la determinación de la falsedad o no del certificado medio ambiental así como la determinación del o los responsables del mismo.


Que, de forma acertada la AGIT concluyó que para determinar si los hechos generadores acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo, se requiere previamente el pronunciamiento sobre la veracidad o falsedad del certificado medio ambiental cuestionado, hecho que como bien lo reconoce la Administración Aduanera compete al Ministerio Publico, estando por lo mismo imposibilitada por mandato expreso del parágrafo II, inc. b) del art. 197 del CTB de pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del certificado medio ambiental CM-PT-04-00090-2012, teniendo en todo caso el actor las vías legales para ese fin, por lo que en correcta aplicación del derecho determinó anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0096/2013 de 6 de mayo.


V.3. Conclusión


Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución impugnada, interpretó y aplicó correctamente el art. 197-II de la Ley 2492 CTB, al determinar que no tiene competencia para dilucidar cuestiones penales, por lo que no puede pronunciarse sobre la falsedad del certificado de IBMETRO, debiendo esperar el fallo en la vía penal para poder determinar con certeza la probabilidad de comisión del contrabando contravencional; sin embargo, no consideró que el procedimiento de control diferido aprobado por la RD 01-004-09, no prevé que ante la existencia de indicios de la comisión de contrabando contravencional se emita Acta de Intervención, no encontrándose respaldado legalmente el criterio de la AGIT cuando dispone que tras conocerse la determinación de la vía penal se emita una nueva Acta de Intervención en base a dichos resultados; correspondiendo en este caso, que en mérito a las facultades previstas en el art. 48 del DS Nº 27310, y los argumentos expuestos precedentemente, la Administración Aduanera inicie una fiscalización aduanera posterior, a efecto de comprobar el Contrabando Contravencional, esto, conforme el criterio asumido por este Tribunal en casos análogos.


En tal virtud, corresponde a este Tribunal confirmar la nulidad de obrados hasta al Acta de Intervención, inclusive, dispuesta en la Resolución Jerárquica, y bajo fundamentos propios, instruir a la Administración Aduanera, esperar el pronunciamiento en la vía penal, y a partir del mismo, si corresponde, iniciar una Fiscalización Aduanera posterior.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fojas 15 a 21, interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1410/2013 de 13 de agosto, dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a quien se devolverán los antecedentes administrativos.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena