SALA PLENA


SENTENCIA:                            293/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE:                        1105/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADA RELATORA:        Norka Natalia Mercado Guzmán.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 43 a 49, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1389/2013, pronunciada el 13 de agosto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 60 a 64, réplica de fs. 91 a 93 vta., dúplica de fs. 98 a 99, los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Administración Aduanera señaló que mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, se solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la autenticidad del Certificado CM-PT-04-00133-2011 correspondiente al vehículo que ampara el Documento Único de Importación (DUI) 2011/543/C-2473, a cuya consecuencia, en 04 de julio de 2012, IBMETRO remitió el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12, del técnico de metrología legal dirigido al Director de Metrología Legal, indicando que el certificado mencionado no existe y no está registrado en ninguno de sus archivos IBMETRO-Central La Paz, tiene código de recinto aduanero “04” cuando el código correcto y asignado el recinto aduanero Avaroa es el código “03”, no tiene el sello del técnico autorizado designado para la inspección y emisión del certificado medio ambiental para el Recinto de Frontera Avaroa, puesto que la fecha de emisión detallada en el certificado, el Técnico Mamani no se encontraba ejerciendo funciones en IBMETRO, por tanto el certificado detallado no tiene validez porque no cuenta con sello y firma del técnico autorizado y que ejerza funciones en IBMETRO, no detalla el número de factura emitida por IBMETRO que corresponde y hace referencia al servicio realizado, tampoco detalla el número de parte de recepción del recinto de frontera Avaroa que debe corresponder y hacer referencia al vehículo inspeccionado y certificado, no fue realizado bajo procedimientos establecidos por IBMETRO, por lo que la Agencia Despachante de Aduana ADA “SSA SRL” al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI Nº 2011/543/C-2473 de 30 de diciembre de 2011, presentó un certificado Medio Ambiental no válido o presuntamente falso, por lo que se estableció que no contaba con la Certificación Medioambiental emitida por IBMETRO que certifique si los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos de un vehículo son compatibles con los niveles establecidos o aprobados por la legislación nacional vigente.

Añadió que el 28 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-82/2012, identificando como persona sindicada al Importador: Sabino Vocal Meneses, con NIT 3614554014, domiciliado en calle 16 de julio entre Sucre y Jordán Central Cochabamba.


El 27 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-05/2012, que resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando en contra de Sabino Vocal Meneses.


Señaló que, la Autoridad General de Impugnación Tributaria resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0070/2013 de 6 de mayo de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación de Chuquisaca, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental No. CM-PT-04-0133-2011, la Administración Aduanera dicte nueva Acta de Intervención Contravencional si corresponde.

I.2. Fundamentos de la demanda.


Apuntó que refutando la fundamentación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, le corresponde señalar lo siguiente:


Que al amparo de la RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y último párrafo del art. 181 de la Ley 2492, modificado por la cláusula Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley Nº 317, se procedió a emitir el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-082/2012 de la DUI 2011/543/C-2473, en el que se puede observar de manera más amplia el trabajo realizado, la identificación de las personas sindicadas, identificación de los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del Contrabando Contravencional, descripción de la mercadería objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar la contravención aduanera.


Realizando una trascripción de los arts. 48 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310; 85 de la Ley Nº 1990-Ley General de Aduanas (LGA); 65 y 148 del CTB; 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), indicó que el art. 48 del DS Nº 27310 señala que la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante las fases entre otras de control diferido, podrán ser objeto de fiscalización posterior, es decir que todo aquello que no haya podido ser determinado puede o no ser sujeto a una fiscalización según corresponda, el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 de la Ley Nº 2492 (CTB).

Continúo manifestando que, por lo citado, el procedimiento seguido a consecuencia del Control Diferido Regular es totalmente válido al haberse determinado en el mismo que la DUI no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181.b) del CTB ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tal es el art. 111.k) del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) y art. 119, modificado por la disposición adicional tercera del DS Nº 572 de 14 de julio de 2010, que señala que la certificación deberá ser vigente al momento de la aceptación de la Declaración de la Mercancía y que en caso de no contar con la acreditación mediante certificación que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera en coordinación con la entidad, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.


Reiteró que en el procedimiento de Control Diferido Regular se ha establecido claramente que el certificado de IBMETRO fue presentado como documento de soporte de la DUI, el cual no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-Central La Paz, conforme se estableció en la Nota Nº IBMETRO DML CE 01272/2012 de 04 de julio.


Con relación a lo señalado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en torno a que tiene que existir un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento, manifiesta que no corresponde, toda vez que el proceso penal instaurado por la Aduana por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado (arts. 198, 199 y 203 del CPP) no tiene la finalidad de determinar la falsedad del documento ya que el mismo está corroborado por el certificado emitido por IBMETRO, donde indica que no cursa en sus registros y que el funcionario que firma el mismo ya no es funcionario de dicha dependencia. Añade que los tipos penales enunciados no tienen por naturaleza identificar la falsedad, sino determinar el autor o partícipe del hecho, de ahí que no corresponde que la AGIT pretenda que se dilucide el proceso penal para determinar si el certificado es falso o verdadero, en razón a que el proceso penal iniciado es para determinar quién y en qué grado fue o fueron responsables de la elaboración y uso del citado documento, es decir atribuir el hecho punible a un determinado sujeto según se concluya de la investigación y sancionar esta acción; es en ese entendido que se procesó por contrabando contravencional previsto en el art. 181 b) del CTB, por realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal, infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.


Aclaró que el proceso penal ordinario es un tema muy aparte, el mismo fue iniciado con la finalidad de poder determinar quiénes son los responsables que fraguaron los documentos, en atención a que IBMETRO ya certificó que los mismos fueron fraguados.


I.3. Petitorio.


Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1389/2013 de 13 de agosto, por consiguiente se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-05/2012 de 27 de diciembre.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 14 de agosto de 2014, que cursa de fs. 60 a 64, señalando lo siguiente:


Que la Administración Aduanera en el Acta de Intervención Contravencional emitida en contra de Sabino Vocal Meneses, en el Acápite Relación Circunstanciada de los Hechos, en el punto Falta de Certificado Medio Ambiental emitido por IBMETRO, indica que: “(…) la Agencia Despachante de Aduana SAA SRL al momento de efectuar el despacho aduanero de la Declaración Única de Importación DUI 2011/543/C-2473 de 29/12/2011, presentó un certificado Medio Ambiental presuntamente falso (…).


Asimismo, la Resolución Sancionatoria impugnada estableció la existencia de la contravención aduanera de contrabando contra Sabino Vocal Meneses, conforme lo establecido en el inciso b), artículo 181 de la Ley No. 2492 (CTB), norma que señala que comete contrabando quien realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones especiales; por otra parte, en el literal quinto dispone: “Remitir antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación”, por lo que existe una contradicción de argumentos entre el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal, puesto que el sujeto pasivo asegura que es plenamente válida para desvirtuar la contravención de contrabando, y por otro lado el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, establecen que el Certificado Medio Ambiental No. CM-PT-04-00133-2011 correspondiente al vehículo que ampara la indicada DUI no existe, ni se encuentra registrado en los archivos de IBMETRO, según Informe AN-UF-UFIPR-I No. 060/2012; motivo por el cual, sostiene que dicha prueba, se encuentra supeditada al pronunciamiento en la vía penal, por lo que se requiere previamente se determine sobre la veracidad o no del mencionado Certificado Medio Ambiental, hecho que, como bien lo señala la Administración Aduanera, compete al Ministerio Público.   


Manifiesta que lo anteriormente señalado se encuentra establecido en la línea doctrinal de la Autoridad de Impugnación Tributaria contenida en el Sistema de Doctrina Tributaria SIDOT V.2, Resolución Jerárquica AGIT-RJ/0558/2011, precedente tributario que ha sido reiterado en las Resoluciones AGIT-RJ/1382/2013, AGIT-RJ/1383/2013, AGIT-RJ/1385/2013, AGIT-RJ/1386/2013, AGIT-RJ/1387/2013,  AGIT-RJ/1388/2013, AGIT-RJ/1390/2013, AGIT-RJ/1391/2013, citando como respaldo de lo señalado la Sentencia Constitucional No. 0824/2012 de 20 de agosto de 2012.


Finalizó señalando que la demanda contencioso administrativa incoada, carece de sustento jurídico-tributario y no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubieren causado con la Resolución ahora impugnada.


II.1. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1389/2013 de 13 de agosto.


III. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de la autoridad jerárquica de anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-082/2012 de 28 de septiembre, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente sobre la veracidad del Certificado Medio Ambiental No. CM-PT-04-00133-2011, la Administración Aduanera dicte nueva Acta de Intervención Contravencional, si corresponde. Al efecto, la entidad demandante señala que el proceso penal instaurado por la Aduana no tiene la finalidad de determinar la falsedad del documento ya que el mismo está corroborado por el certificado emitido por la misma institución de IBMETRO.



Por su parte, la autoridad demandada indicó que se requiere previamente el pronunciamiento de la autoridad competente sobre la veracidad o no del mencionado Certificado Medio Ambiental.


IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efectos de resolver, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:


1. Que, el 25 de mayo de 2012, la Administración Aduanera solicitó a la ADA “SAA SRL”, la remisión de las DUI tramitadas ante la Administración de Aduana Frontera Avaroa, detalladas en anexo adjunto con su documentación en originales de respaldo. El 12 de julio de 2012 la mencionada ADA, mediante Nota Cite: SAA-270/2012, remitió la documentación requerida (fs. 9, 10 y 11 Anexo II).


2. El 18 de julio de 2012, el Gerente Regional Potosí de la Aduana Nacional, solicitó certificación de autenticidad del Certificado Medio Ambiental No. CM-PT-04-00133- 2011, por lo que IBMETRO remitió la Nota IBMETRO-DML-CE-1452/2012 de 25 de julio, la cual indica que, de la revisión de los Certificados emitidos en oficina central, oficinas regionales de Cochabamba y Oruro, se afirma que los códigos y número proporcionados no están registrados en los archivos y base de la información del IBMETRO, asimismo indica que adjuntan a la nota los informes de los técnicos de la oficina central La Paz y Cochabamba, que detallan el seguimiento realizado a la documentación recibida (fs. 17 a 21 Anexo II).


3. El 27 de septiembre de 2012, la Gerencia Regional Potosí, emitió el Informe AN-UFIPR-I-060/2012, expresa que corresponde anular la DUI-C-2473, debido a que no existe certificado medioambiental emitido por IBMETRO; asimismo, estableció indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el art. 181.b) de la Ley 2492 (CTB) e indicios de delitos penales por la falsedad del certificado de IBMETRO (fs. 30 a 37 Anexo II).


4. El 31 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Sabino Vocal Meneses con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-082/2012 de 28 de septiembre, emitida en su contra y de aquellos que resultaren coautores, cómplices, instigadores y encubridores, misma que concluyó indicando que ante la inexistencia de certificado medioambiental de IBMETRO se establecieron indicios de la comisión de contravención tributaria de contrabando, conforme los arts. 160, numeral 4 y 181.b) de la Ley Nº 2492, determinó un total de tributos de 31.687,72 UFV y otorgó un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 38 a 46 Anexo II).


5. El 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Sabino Vocal Meneses con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-05/2012 de 27 de diciembre, que declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrabando, y al no existir la mercancía comisada se impuso como multa el pago del 100 % del valor de la mercancía, que asciende a Bs. 263.076,00.-, también dispuso la ejecución tributaria y la captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención, como la anulación de la DUI 2011-543-C-2473 de 29 de diciembre de 2011 y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 53 a 58 Anexo II).


6. El 21 de enero de 2013, Sabino Vocal Meneses, interpuso recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS 05/2012, en los términos del memorial que cursa de fs. 11 a 14 del Anexo 1, resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA Nº 0070/2013 de 6 de mayo, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria, dejando sin efecto la sanción de multa por el 100% del valor de la mercadería equivalente a Bs. 263.076.- así como su ejecución tributaria, disponiendo el comiso del vehículo correspondiente a la DUI No. 2011/543/C-2473 (fs. 67 a 73 anexo 1).


7. Contra dicha Resolución, Sabino Vocal Meneses y la Administración Aduanera interpusieron recurso jerárquico (fs. 86 a 88 y 100 a 104 vta., del Anexo 1), resueltos mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1389/2013 de 13 de agosto, que anuló la Resolución de Recurso de Alzada, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-082/2012 de 28 de septiembre, inclusive, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental No. CM-PT-04-00133-2011, la Administración Aduanera dicte una nueva Acta de Intervención Contravencional, si corresponde, resolución que es impugnada por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional a través de la presente demanda contencioso administrativa (fs. 134 a 142 vta. del Anexo 1, reiterada a fs. 32 a 40 vta. del expediente).


8. En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado en los arts. 781 y 354.II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975).


9. Concluido el trámite, se decretó Autos para Sentencia conforme se evidencia de la providencia cursante a fs. 119 de obrados.


V. ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


El art. 181.b) de la Ley 2492 (CTB) estipula que, comete contrabando quien realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.


Por su parte, el art. 197-II.b) de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano), señala que no competen a la Superintendencia Tributaria, las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria.


En ese orden, el art. 217 del Código Tributario Boliviano, en su párrafo final prevé que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme.


En el caso de autos, se tiene que el Acta de Intervención Contravencional (fs. 38 a 45 del Anexo 2 de antecedentes administrativos), en el punto referido al Certificado Medio Ambiental CM-PT-04-00133-2011 que ampara la DUI 2011/543/C-2473, señala que IBMETRO con nota de 25 de julio de 2012, remitió el Informe NI/IBM/RCB/2012-0105, el mismo que en el numeral 3. Conclusiones indica: “Por lo anteriormente expuesto y verificando la información de nuestros archivos se podría suponer que el certificado CM-PT-04-00133-2011 sería falso. Y que fue elaborado por una persona que tenía conocimiento de la elaboración de los mismos”.  Asimismo, la nota de 25 de julio remitida por IBMETRO señala: “Concluida la revisión de los códigos y números de los certificados recibidos, informa y corrobora que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO”. En el siguiente párrafo, el Acta de Intervención Contravencional concluye: “Por lo señalado, se evidencia que la Agencia Despachante de Aduana “SAA SRL” al momento de efectuar el despacho aduanero de la Declaración Única de Importación DUI 2011/543/C-2473 de 29/12/2011 presentó un certificado Medio Ambiental presuntamente falso….” .


Por otra parte, la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional (fs. 53 a 57 del anexo II), declaró probado el contrabando contravencional en contra de Sabino Vocal Meneses por el inciso b) del art. 181 del Código Tributario Boliviano, disponiendo en su numeral Quinto, remitir antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente, por la presenta comisión del delito de falsificación de documentación.


De lo anterior se evidencia, que la Administración Aduanera estableció que el Certificado Medio Ambiental No. CM-PT-04-00133-2011, que ampara la DUI No. 2473, no existe porque no se encuentra registrado en los archivos de IBMETRO, empero, el sujeto pasivo sostiene que dicho certificado Medio Ambiental es plenamente válido para desvirtuar la contravención de contrabando.


En la especie, en el Acta de Intervención Contravencional se ha indicado que se ha presentado un Certificado presuntamente falso y en la Resolución Sancionatoria se ha dispuesto la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal por la presunta comisión del delito de falsificación de documento; motivo por el cual, es evidente que dicho documento se encuentra sujeto o condicionado al pronunciamiento en la vía penal sobre su falsedad o veracidad, ahí se dilucidará si el hecho ocurrió o no, a fin de determinar la existencia de la contravención aduanera y las responsabilidades pertinentes.


Por otra parte, la Administración Aduanera argumenta que los tipos penales enunciados no tienen por naturaleza identificar la falsedad, sino determinar el autor o partícipe del hecho, de ahí que no corresponde que la AGIT pretenda que se dilucide el proceso penal para determinar si el certificado es falso o verdadero, en razón a que el proceso penal iniciado es para determinar quién y en qué grado fue o fueron responsables de la elaboración y uso del citado documento, es decir atribuir el hecho punible a un determinado sujeto según se concluya de la investigación y sancionar esta acción; es en ese entendido que se procesó por contrabando contravencional previsto en el art. 181 b) del CTB, por realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal, infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

Al respecto, es preciso puntualizar que el Certificado Medio Ambiental No. CM-PT-04-00133-2011, cursante a fs. 14 del anexo 1, ha sido cuestionado como posiblemente falso, habiendo la Administración Tributaria determinado que el mismo no existe por no encontrarse registrado en los archivos de IBMETRO, sin embargo, corresponde señalar que no se puede negar su existencia, más aún cuando el art. 217 en su último párrafo de la Ley 2492, establece expresamente que, “La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme”, es decir, que la Administración Aduanera previamente debe demostrar que el citado Certificado Medio Ambiental es falso, mediante fallo judicial firme emitido por autoridad competente.


Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución impugnada, interpretó y aplicó correctamente el parágrafo II, inciso b) del art. 197 de la Ley 2492 (CTB), al determinar que no tiene competencia para dilucidar cuestiones penales por lo que no puede pronunciarse sobre la falsedad del certificado de IBMETRO, debiendo esperar el fallo en la vía penal para poder determinar con certeza la probabilidad de comisión del contrabando contravencional; sin embargo, no consideró que el procedimiento de control diferido aprobado por la RD 01-004-09, no prevé que ante la existencia de indicios de la comisión de contrabando contravencional se emita Acta de Intervención, no encontrándose respaldado legalmente el criterio de la AGIT cuando dispone que tras conocerse la determinación de la vía penal se emita una nueva Acta de Intervención en base a dichos resultados; correspondiendo en este caso, que en mérito a las facultades previstas en el art. 48 del DS 27310, y los argumentos expuestos precedentemente, inicie una fiscalización aduanera posterior, a efecto de comprobar el Contrabando Contravencional, esto, conforme el criterio asumido por este Tribunal en casos análogos.


En tal virtud, corresponde a este Tribunal confirmar la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional, inclusive, dispuesta en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1389/2013 de 13 de agosto, y bajo fundamentos propios, instruir a la Administración Aduanera, esperar el pronunciamiento en la vía penal, y a partir del mismo, si corresponde, iniciar una Fiscalización Aduanera posterior.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fs. 43 a 49 interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1389/2013 de 13 de agosto dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con fundamentos propios, ratificándose la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional, inclusive, disponiendo que con los resultados determinados en la vía penal, la Administración Aduanera, si corresponde, inicie el respectivo proceso de fiscalización.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena