SALA PLENA


SENTENCIA:                            265/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE:                        1096/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Jorge Isaac von Borries Méndez.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 25 a 30, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1435/2013, de 13 de agosto (fs. 3 a 11), el memorial de contestación de fs. 52 a 54, la réplica de fs. 80 a 82, la dúplica de fs. 92 s 93, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.


I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1.- Antecedentes de hecho de la demanda.

Que, Willan Elvio Castillo Morales, en representación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, en virtud del memorándum CITE N° 0120/2012 de 05/01/2012 (fs. 1), se apersonó por memorial de fs. 25 a 30, manifestando que al amparo de lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, en concordancia con los artículos 327, 778, 779 y 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1435/2013 de 29 13 de agosto.


Expresa que la Gerencia Regional Santa Cruz, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULERZR-RS-0112/2012 de 22 de junio de 2012, declarando probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando imputada contra Saúl Marcos Marschall, importador, identificado como Marschall Import Export Ltda. y Jackeline Severich de Rocabado, en representación de Zona Franca Comercial-Industrial y Maquiladora Puerto Suárez S.A. (ZOFRAMAQ), toda vez que la Aduana Nacional a través de la Gerencia Nacional de Fiscalización, instruyó realizar el control no habitual a las operaciones realizadas por el concesionario de Zona Franca Comercial Industrial y Maquilladora Puerto Suarez S.A. (ZOFRAMAQ), a objeto de verificar si el inventario registrado en el Sistema Informático para Zonas Francas SIZOF coincide con las mercancías existentes físicamente en sus almacenes.


En ese sentido, como resultado de la verificación documental y física efectuada, se determinó 105 ítems faltantes, consistentes en sandalias, zapatillas femeninas y zapatos infantiles de industria brasileña, calificando la conducta de Saúl Marcos Marschall, importador y Jackeline Severich de Rocabado, en representación de ZOFRAMAQ, como ilícito aduanero de Contrabando Contravencional conforme lo previsto en el art. 181, incs. a), b) y g) del Código Tributario, plasmado en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C 021/2013, sancionando a los responsables del ilícito aduanero, con el pago del 100% del valor de la mercancía en sustitución, en virtud de lo establecido en el parágrafo II del art. 181 del Código Tributario, monto que asciende a la cifra de $us. 16.667,73


A raíz de lo mencionado, Saúl Marcos Marschall, representado legalmente por Carlos Alberto Paz Paz, en fecha 08 de febrero de 2013, interpuso recurso de alzada en contra de la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULERZR-RS- 0112/2012 de 22 de junio de 2012, que dio lugar a la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2013, que confirmó la resolución sancionatoria de contrabando impugnada.


En desacuerdo con la resolución de alzada, Saúl Marcos Marschall, representado legalmente por Carlos Alberto Paz Paz, dedujo en fecha 11 de junio de 2013, recurso jerárquico que fue resuelto mediante Resolución AGIT-RJ 1435/2013 de 13 de agosto, que dispuso anular la resolución de alzada; en consecuencia, anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C 021/2013 de 13 de marzo.


I.2.- Fundamentos de la demanda.

Manifiesta que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, hizo una interpretación y aplicación errónea de la normativa tributaria, plasmada en la resolución impugnada, observando aspectos que no fueron planteados por la parte recurrente, haciendo una lectura equivocada de las pretensiones impetradas y contraviniendo lo establecido en el art. 22, núm. I del DS. 27350, refiriendo que ZOFRAMAQ, no puede ser sujeto del ilícito aduanero de contrabando, porque no se adecúa a ninguna de las conductas que determinan los incisos a), b) y c) del art. 181 de la Ley Nº 2492; extremo que en su criterio es desvirtuado por lo determinado en el art. 118 de la Ley Nº 1990, señalando que no es necesario que el concesionario sea el autor material del ilícito sindicado, sino que es suficiente su falta al deber de cuidado sobre las mercancías que se encuentran bajo su custodia, toda vez que es responsable de los hechos suscitados en los depósitos que administra; lo que demuestra la parcialidad de la AGIT, al introducir ese aspecto que no fue planteado por el recurrente.


Por otro lado, alega que la AGIT con un escueto argumento, determinó que el Acta de Intervención AN-GNFGC-C 021/2013 de 13 de marzo, carece de una relación circunstanciada de hechos y motivación, siendo que contrariamente a lo señalado, contiene una ampulosa y detallada descripción de los hechos suscitados y el nexo de causalidad entre la conducta observada y el ilícito; es decir, contiene causa y fundamento suficiente para atribuir la conducta del ilícito aduanero de contrabando contravencional a los directamente responsables, Saúl Marcos Marschall y Jackeline Severich de Rocabado, remarcando que este aspecto, no fue pretendido por el recurrente en ninguno de sus recursos en la instancia administrativa, quien solo se limita a arremeter en contra de la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULERZR-RS-0112/2012 de 22 de junio, lo que a su entender, demuestra la incongruencia con la que se emitió la resolución jerárquica impugnada.


Seguidamente, realiza la cita textual del art. 1 de la Ley 1990 de 28 de junio de 1999, art. 22 del DS. 25870, arts. 66, 81, 100 y 181 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003


I.3.- Petitorio.

Concluye el memorial señalando que habiéndose demostrado que la AGIT vulneró el derecho a la valoración razonable de la prueba como elemento del debido proceso, al sustentarse en cuestiones que no fueron planteadas por la parte recurrente, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que en virtud de los fundamentos expuestos, falle declarando probada la demanda contenciosa administrativa, revoque la Resolución AGIT-RJ 01435/2013 de 13 de agosto, confirmando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0390/2013 de 20 de mayo y en consecuencia, declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0112/2012 de 22 de junio, a fin de mantener subsistente la facultad de la Aduana Nacional de imponer y ejecutar las sanciones por los ilícitos aduaneros evidenciados en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C 021/2013 de 13 de marzo.


II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


Que por providencia de fojas 32 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


Se dispuso asimismo, que tomando en cuenta que la demanda deviene de un proceso administrativo en el cual existe como parte interesada Saúl Marcos Marschall, se le haga conocer la misma, mediante provisión citatoria, en su condición de tercero interesado, en su domicilio real, sito en calle Pari N° 269, zona central de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.


Presentado el memorial de contestación a la demanda de fojas 52 a 54, y providenciado a fojas 55, se dispuso se reserve su consideración hasta la devolución de la provisión citatoria.


Cumplida la diligencia de notificación a la autoridad demandada, el m2 de julio de 2014, como se verifica de la literal de fojas 46, devuelta mediante nota de fojas 47 y recibida según cargo de la vuelta, por providencia de fojas 48 se dispuso su arrimo al expediente; cumplida asimismo la notificación al tercero interesado, el 29 de agosto de 2014, de acuerdo con el formulario de fojas 68, devuelto mediante nota de fojas 69 y recibida según cargo de la vuelta, por providencia de fojas 70 se dispuso su arrimo al expediente, con noticia contraria.

A continuación, por providencia de fojas 77, providenciando el memorial de fojas 52 a 54, se tuvo apersonado a Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado al demandante para la réplica.


En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por la entidad demandante, la autoridad demandada manifestó que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, cabe precisar lo siguiente:


Expresa que se debe tomar en cuenta que de la documentación presentada por ZOFRAMAQ, la aduana realizó un inventario de las mercancías del usuario identificado como Marschall Import Export Ltda., identificando 105 ítems faltantes, por lo que este hecho no puede ser considerado como contravención de contrabando, debido a que no se adecua a ninguna de las conductas determinadas en los incs. a), b) y g) del art. 181 de la Ley Nº 2492, en razón a que el concesionario ZOFRAMAQ, no es quien introdujo a territorio aduanero la mercancía faltante, no realizó el tráfico de las mismas, no se encuentran en su posesión ni las comercializó, toda vez que se trata de una persona jurídica a la que el Estado, le otorgó a través de las instancias respectivas, la concesión para administrar la zona franca de acuerdo a la definición establecida en el inc. g), del art. 3 del DS. 27944, es decir que ejerce control del ingreso, permanencia y salida de las mercancías, de acuerdo a lo establecido en el inc. b) del art. 22 del citado Decreto Supremo; aspecto que a su criterio determina que su conducta no es una acción u omisión que se ajuste a los presupuestos establecidos para la contravención aduanera de contrabando.


Señala que además se debe considerar que el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-021/2012 de 13 de marzo, al haber establecido diferencias en base a la toma de inventarios realizados en base al reporte extraído del sistema SIZOF, la misma carece de una relación circunstanciada de los hechos, es decir, no cuenta con la debida motivación, en consecuencia, está viciada de nulidad porque vulnera la garantía del debido proceso reconocida en el art. 115, parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado y art. 68, numeral 6 de la Ley Nº 2492.


Cita como línea doctrinal de la Autoridad de Impugnación Tributaria, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0013/2014 y respalda lo señalado, invocando la Sentencia Constitucional Nº 0824/2012 de 20 de agosto.


II.1.- Petitorio

Concluye el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, se declare improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduna Nacional, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1435/2013 de 13 de agosto, emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria.


III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Continuando con el trámite del proceso, se presentó el memorial de réplica que cursa a fs. 80 a 83, en el que se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, mismo fue providenciado a fs. 90, corriéndose traslado para la dúplica; presentada la misma de fs. 92 a 93, por providencia de 58, se decretó Autos para Sentencia


Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".


Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:


III.1.- Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se evidencia que la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS-0112/2012, de 22 de junio (fs. 2 a 4, anexo I), que resolvió, declarar probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando imputada contra Saúl Marcos Marschall, importador, identificado como Marschall Import Export Ltda. y Jackeline Severiche de Rocabado, representante legal de ZOFRAMAQ y considerando que no existe mercancía comisada, en aplicación de lo establecido por el art. 181 núm. 11, impuso en sustitución, la sanción correspondiente al pago del 100% del valor de la mercancía, que asciende a la suma de $us. 16.667,76 e instruyó la ejecución tributaria establecida en la Sección VII del Capítulo II, Título II del Código Tributario, hasta la suma indicada.


III.2.- Seguidamente, Carlos Alberto Paz Paz, en representación legal de Saúl Marcos Marschall, mediante memorial de fs. 47 a 48 del anexo I, interpuso recurso de alzada contra la resolución sancionatoria descrita precedentemente; recurso que fue resuelto a través de la Resolución ARIT-SCZ/RA 0390/2013 de 20 de mayo (fs. 83 a 94 del anexo I), que determinó confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0112/2012 de 22 de junio.


III.3.- En virtud de lo anterior, el sujeto pasivo, por memorial de fs. 117 a 119 del anexo I, dedujo recurso jerárquico contra la resolución pronunciada en alzada, que fue resuelto mediante Resolución AGIT-RJ 1435/2013 de 13 de agosto (fs. 125 a 142, anexo 1), que decidió ANULAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0390/2013 de 20 de mayo y consecuentemente, anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C de 21 de marzo, disponiendo se emita una nueva, que contenga los requisitos mínimos establecidos en los artículos 96, parágrafo II de la Ley 2492 y art. 66 del DS. 27310, conforme lo dispuesto en el inc. c), parágrafo I del art. 212 de la Ley Nº 3092.


IV.- DE LA PROBLEMÁTICA PANTEADA.


Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece que que el motivo de controversia dentro del presente proceso, se circunscribe en determinar si es evidente que la Autoridad Jerárquica, se pronunció sobre aspectos que no fueron planteados por el recurrente, concretamente sobre: 1) Que la Zona Franca Comercial Industrial y Maquilladora Puerto Suarez S.A. (ZOFRAMAQ), a través de su representante, Jackeline Severich de Rocabado, no puede ser sujeto de imputación del ilícito aduanero de contrabando, debido a que su conducta no se adecua a ninguna de previsiones descritas en los inciso a), b) y g) del art. 181 de la Ley 2492. 2) Que el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C 021/2013 de 13 de marzo, carece de relación circunstanciada de hechos y motivación.


V.1.- Análisis y fundamentación

Al presente, concluido el trámite en la vía administrativa, se abrió la vía jurisdiccional para el contencioso administrativo, teniendo el Supremo Tribunal de Justicia, la facultad de conocer la causa, a objeto de realizar el control judicial de legalidad y verificar si lo afirmado en la demanda es evidente, finalmente establecer si existió infracción de disposiciones legales, como derechos lesionados con la emisión de la resolución jerárquica.


En la especie, la entidad demandante interpone demanda contenciosa administrativa, argumentando que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, anuló obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C 021/2013 de 13 de marzo, considerando aspectos que no fueron reclamados por el recurrente en ninguna de las instancias administrativas, referidos a que ZOFRAMAQ no puede ser sujeto de imputación del ilícito aduanero de contrabando, debido a que no se adecua  a ninguna de las conductas determinadas en los incisos a), b) o g) del art. 181 de la Ley 2492, y por otro lado,  determinó que el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C 021/2013 de 13 de marzo, carece de relación circunstanciada de hechos y motivación. 


En consecuencia corresponde ingresar al análisis de estos puntos a efecto de dar respuesta a los reclamos planteados y así verificar si tiene o no sustento legal la demanda.


Inicialmente cabe aclarar que la Zona Franca Comercial e Industrial y Maquiladora Puerto Suárez S.A. no puede y no corresponde que sea sujeto de imputación del ilícito aduanero de contrabando, ya que como acertadamente expresó la Autoridad Jerárquica al resolver la resolución ahora impugnada, no es la concesionaria la que introdujo a territorio aduanero la mercancía faltante, tampoco realizó tráfico con ella, no se encuentra en su posesión ni la comercializó, encontrándose sus actos sujetos a lo dispuesto por el inc. g) del artículo 3 e inc. b) del artículo 22 del Decreto Supremo N° 27944.


Lo señalado precedentemente, debe ser comprendido en relación con el contenido de los incisos a), b), y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492, que disponen: a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. (…) g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.”


Finalmente, la razón por la que deben ser consideradas las previsiones del artículo 181 de la Ley N° 2492 citadas, es porque como resultado de la verificación documental y física efectuada, se determinó 105 ítems faltantes, consistentes en sandalias, zapatillas femeninas y zapatos infantiles de industria brasileña, calificándose la conducta de Saúl Marcos Marschall, importador y Jackeline Severich de Rocabado, en representación de ZOFRAMAQ, como ilícito aduanero de Contrabando Contravencional, plasmada en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C 021/2013, incluyendo a Jackeline Severich de Rocabado, en representación de ZOFRAMAQ equivocadamente, por los motivos que fueron relacionados precedentemente.


El contribuyente, a través del recurso de alzada de fojas 59 a 60 y vuelta de antecedentes administrativos, formuló su reclamo respecto del “…Acta de Intervención Contravencional N° AN-UFIZR-AI-028/2012 de fecha 28/03/2012, nótese nuevamente la fecha, acto que resulta a todas luces infundado, ilegal y violatorio de derechos, como voy a demostrar.”


Pronunciada la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2013 de 20 de mayo (fojas 83 a 94 de antecedentes administrativos), en el último párrafo de su página 22, señala:


“Por lo expuesto, evidenciándose que el recurrente omitió presentar pruebas de descargo ante la Administración Aduanera y las presentadas ante la instancia de alzada no cumplen con lo establecido en el inc. a) del art. 217 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), siendo evidente que ante la falta de pruebas a su favor que permitan desvirtuar los cargos en su contra referidos en los incs. a), b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), corresponde desestimar su pretensión y mantener firme la resolución impugnada.”


Lo anterior vulnera el principio de verdad material expresado en el parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado y el imperativo contenido en el inciso d) del artículo 4 de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable en materia tributaria por disposición del numeral 1 del artículo 74 y del artículo 200 de la Ley N° 2492.


Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 2 del Decreto Supremo N° 28238 de 17 de mayo de 2005, modificado por el artículo único de la norma de igual rango N° 28392 de 6 de octubre de 2005, dispone: “I. Se establece, que a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, las Instituciones Públicas dependientes del Poder Ejecutivo, establecidas en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo y sus Decretos Supremos Reglamentarios, deberán aceptar fotocopias simples en reemplazo de las fotocopias legalizadas exigidas para la gestión de sus trámites; reservándose la prerrogativa de exigir la presentación del original, cuando así se considere necesario para fines de verificación.


II. Quedan exceptuados de la aplicación del parágrafo precedente, el Ministerio de Educación a efectos de la aplicación del Decreto Supremo Nº 26275 de 5 de agosto de 2001, normativa de Institutos Técnicos e inscripción al Registro Docente Administrativo y, el Ministerio de Salud y Deportes a efectos de la aplicación del Decreto Supremo Nº 26958 de 11 de marzo de 2003.”


En consecuencia, en observancia de los principios descritos en el parágrafo I de la Constitución Política del Estado y de la disposición contenida en el inciso d) del artículo 4 de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, relativa al principio de verdad material, aplicable en la materia por mandato del numeral 1 del artículo 74 y del artículo 200 del Código Tributario, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, tenía el deber de apreciar y valorar la prueba de descargo presentada, independientemente del hecho que se trató de fotocopias simples.  


En el recurso jerárquico deducido de fojas 117 a 119 y vuelta, particularmente en la página 117 y vuelta, el contribuyente reitera sus observaciones respecto del Acta de Intervención Contravencional, por lo que en la Resolución AGIT-RJ 1435/2013 de 13 de agosto, la Autoridad Jerárquica, determina en el sub numeral xii de su página 14 lo siguiente:


“En este entendido, teniendo en cuenta que los Artículos 96, parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), prevén que en Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá, entre otros requisitos esenciales, la relación circunstanciada de los hechos, viciando de nulidad la ausencia de uno de estos requisitos esenciales, siendo que en el presente caso se tiene que el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-021-2012, de 13 de marzo de 20123, al establecer diferencias en base a la toma de inventarios realizados en base al reporte extraído del sistema SIZOF, la misma carece de una completa relación circunstanciada de hechos, es decir, no cuenta con la debida motivación, en consecuencia está viciada de nulidad y vulnera la garantía del debido proceso reconocida en los Artículos 115 parágrafos I y II, de la Constitución Política del Estado y 68 numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB).”  (Las negrillas son añadidas).


El parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 2492, determina: “En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.”


A continuación el parágrafo III del mismo artículo, establece: “La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.”


Por su parte, el artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310, dispone: “El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número del Acta de Intervención. b) Fecha. c) Relación circunstanciada de los hechos. d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos. g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.”


Lo expresado precedentemente, demuestra que no es evidente lo alegado por el demandante, en sentido que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se hubiera pronunciado sobre aspectos que no fueron reclamados por el sujeto pasivo, siendo que la señalada autoridad jerárquica, falló disponiendo la nulidad de la resolución de alzada, anulando obrados hasta el Ata de Intervención Contravencional, en base a todo lo fundamentado por el sujeto pasivo en su memorial de recurso jerárquico, por lo que, en resguardo del principio de congruencia, la autoridad demandada resolvió correctamente lo que correspondía; no siendo válida la afirmación del demandante al señalar que la resolución jerárquica hubiera contravenido lo establecido en el art. 22, numeral I del DS. 27350, que de manera textual establece: “Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas”, aspectos que se encuentran claramente plasmados en la resolución jerárquica que se impugna.


Tomando en cuenta que al declarar improbada la demanda, se confirma la nulidad dispuesta por la Autoridad General de Impugnación Tributaria hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C 021/2013 de 13 de marzo, inclusive, este Supremo Tribunal de Justicia se halla eximido de la responsabilidad de ingresar al análisis del segundo objeto de controversia en el proceso, relativo al hecho si ZOFRAMAQ puede ser sujeto de imputación del ilícito aduanero de contrabando, considerando que su conducta no se adecua a ninguna de las descritas en los inciso a), b) y g) del art. 181 de la Ley 2492.


V.5.- Conclusiones.

En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente:


Por lo expuesto, sobre la base de las normas cuya aplicación corresponde, no es evidente que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución AGIT-RJ N° 1435/2013 de 13 de agosto, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, hubiera incurrido en las vulneraciones acusadas de acuerdo con la problemática planteada, detallada en el numeral IV. de         la presente resolución, que constituye el objeto del proceso.


Que, del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), al pronunciarse a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1435/2013 de 13 de agosto, no incurrió en ninguna conculcación de normas legales, al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 41 a 46, interpuesta por Willan Elvio Castillo Morales, en su condición de Gerente Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 1435/2013 de 29 de julio, pronunciada en recurso jerárquico por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena