SALA PLENA


SENTENCIA:                            258/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE:                        1090/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

PRIMERA MAGISTRADA RELATORA: Rita Susana Nava Durán.

SEGUNDO MAGISTRADO RELATOR: Pastor Segundo Mamani Villca.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 16 a 22, interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional (AN) impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1405/2013 de 13 de Agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 33 a 37, réplica de fs. 60 a 62 vta., dúplica de fs. 66 a 67; apersonamiento y contestación de Wilma Ledezma Terrazas en su condición de tercero interesado de fs. 98 a 107, los antecedentes del proceso.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


La Administración Aduanera señaló que del informe AN-UFIPR-I-136/2012 de 30 de octubre de 2012 se tiene que, con el propósito de validar la mercancía declarada en el Documento Único de Identificación (DUI) 2012/521/C-1902 consistente en un camión clasificado en la partida arancelaria 87042220000, camión registrado con las siguientes características: tipo Cóndor, Tracción 4X2 y otras características registradas en el FRV y demás documentos de soporte, se consultó la página del RUAT http://www.ruat.gob.bo donde la mercancía se encuentra registrada como Clase: Camión y no presenta observaciones. 


Mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-039/2012 la AN solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la autenticación del Certificado CM-PT-04-00091-2012 correspondiente al vehículo con DUI 2012/521/C-1902, solicitud atendida mediante nota IBMETRO DML CE 1659/2012 de 24 de agosto, remitiendo el Informe N° IBMETRO-DML-INF-231/12 y la nota N° NI/IBM/RCB/2012-0120, que señala que el indicado Certificado no existe y no está registrado en ninguno de los archivos IBMETRO-Central La Paz, haciendo conocer además varias observaciones, entre ellas que el código  asignado al recinto aduanero de Villazón es el 02, que el técnico que hubiera efectuado la inspección no estaría autorizado ni designado para la inspección y emisión del certificado medio ambiental en el Recinto Aduanero de Villazón, toda vez que los certificados medioambientales para el referido recinto aduanero son emitidos por IBMETRO La Paz; asimismo, se informó la ausencia de formalidades de validez en dicho documento, concluyendo que no fue realizado bajo procedimientos establecidos por IBMETRO al referir en la nota N° IBMETRO DML CE 01659/2012 de 24 de agosto de 2012: “Los nueve certificados Medioambientales no se encuentran registrados en los archivos y base de información del IBMETRO…por lo indicado se concluye que los mismos tendrían un origen FRAUDULENTO…”.


Con ese antecedente, la Administración Aduanera evidenció que la Agencia Despachante de Aduana ADA “BURGOS” S.R.L., al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI 2012/521/C-1902 de 1 de junio de 2012, presentó un certificado medio ambiental presuntamente falso al no haber sido emitida esta por IBMETRO que acredite que los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos del vehículo son compatibles con los niveles establecidos o aprobados por la legislación nacional vigente.


Citando la normativa contenida en los arts. 148 del Código Tributario Boliviano (CTB), 84, 85 y 88  de la Ley General de Aduanas (LGA), 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), 3 y 5 del Decreto Supremo (DS) 28963 así como la Resolución Ministerial (RM) 357 de 14 de septiembre de 2009 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el demandante presumió la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el art. 181 inc. b) del CTB, según tributos pagados de Bs. 24.741,00 equivalentes a 14.086,04 UFVs, existiendo indicios de la comisión de contravención tributaria de conformidad a lo establecido en el párrafo II del artículo 21 de la Ley N° 100 que dispuso la modificación del art. 181.I.III y IV del CTB.


Asimismo refirió que, del Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-085/2012 de 31 de octubre de 2012, el sindicado es la importadora Wilma Ledezma Terrazas, con NIT 3801648, con domicilio en calle final Colombia S/N Molle Molle, Sacaba, Cochabamba.

Señaló que, con base al Informe AN-UFIPR-I-136/2012 de 30 de octubre, Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-085/2012 de 31 de octubre, y la prueba analizada, la Administración Aduanera dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando Convencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-72/2012 de 27 de diciembre, declarando probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando contra Wilma Ledezma Terrazas.


I.2. Fundamentos de la demanda.


Refutando los argumentos de la AGIT en su Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1405/2013, el demandante refirió:


Que, al amparo de la Resolución de Directorio (RD) 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y último párrafo del art. 181 del CTB, modificado por la cláusula Décimo Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley 317 se emitió el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-085/2012 referida a la DUI 2012/521/C-1902, en la que se puede establecer entre otras cosas la identificación de la persona sindicada, los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del Contrabando Contravencional, descripción de la mercadería objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar la contravención aduanera.


Refirió que, la AGIT no interpretó de manera correcta lo establecido por el art. 48 del DS 27310, conforme al art. 8 del CTB, pues dicha norma faculta a la AN a realizar una fiscalización posterior, más no es obligatoria o un requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo cual considera que el procedimiento seguido por la Administración Tributaria Aduanera es válido; sin embargo, la decisión de la AGIT de anular obrados hasta el Acta Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-085/2012 con el objeto de que la instancia competente determine la veracidad o no del Certificado Medio Ambiental resulta incorrecto, señalando además que dentro del procedimiento de control diferido regular se habría establecido en base a la información de IBMETRO que el certificado medioambiental que se encontraría en antecedentes y fue presentado como documento de soporte de la DUI no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-central La Paz, tal cual se estableció en la Nota N° IBMETRO DML CE 01272/2012 de 04 de julio.    


Continúo manifestando que, el procedimiento del Control Diferido Regular aplicado por la Administración Aduanera- es válido al haberse determinado en el mismo que la DUI cuestionada no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181 inc. b) del CTB ya que estaba transportando un vehículo infringiendo los requisitos exigidos por los arts. 111 inc. k) y 119 del RLGA, modificado por la disposición adicional tercera del DS Nº 572 de 14 de julio de 2010. 


Con relación a lo señalado por la AGIT en torno a que tiene que existir un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento, señalan que la misma no corresponde, toda vez que el proceso penal tiene el único fin de determinar al autor o partícipe del hecho y no así establecer la falsedad del documento, resultando incoherente que la AGIT pretenda que se dilucide el proceso penal para establecer o no la validez del certificado CM-PT-04-00091-2011.


I.3. Petitorio.


Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa interpuesta, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1405/2013 de 13 de agosto, emitida por la AGIT el mismo que ANULA la Resolución de alzada ARIT/CHQ/RA 0065/2013 de 06 de mayo y por consiguiente se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULPR-RS-72/2012 de 27 de diciembre.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda de autos a través del memorial presentado el 14 de agosto de 2014 cursante en obrados de fojas 33 a 37, afirmando que la Resolución impugnada se encuentra claramente respaldada en sus fundamentos jurídicos, y que los argumentos de la demanda se basarían en los del recurso jerárquico ventilado en sede administrativa. 


II.1. Refirió la existencia de contradicción entre lo afirmado por el sujeto pasivo y lo argumentado por la Administración Aduanera respecto de la prueba principal Certificado Medio Ambiental para vehículos motorizados CM-PT-04-00091-2012 de 25 de mayo- puesto que el primero aseguró su validez para desvirtuar el contrabando contravencional y la Resolución Sancionatoria establece su inexistencia en los registros de IBMETRO, motivo por el cual dicha prueba se encontraría supeditada al pronunciamiento emergente de la vía penal; este aspecto, a criterio de la AGIT, ocasionaría que dicha instancia jerárquica se encuentre imposibilitada de pronunciarse respecto de la autenticidad o falsedad del merituado Certificado Medio Ambiental, conforme prevé el art. 197.II inc. b) del CTB, pudiendo en todo caso la Administración Aduanera incoar un proceso judicial previo, que en el caso según refiere la propia Aduana ya habría sido iniciado, conforme prevé el art. 217 de la misma norma en su último párrafo. Este criterio, según el demandado, constituye línea doctrinal de la AGIT en el Sistema de Doctrina Tributaria SIDOT V.2 invocando las Resoluciones AGIT-RJ/1382/2013, AGIT-RJ/1383/2013, AGIT-RJ/1385/2013, AGIT-RJ/1386/2013, AGIT-RJ/1387/2013, AGIT-RJ/1388/2013, AGIT-RJ/1389/2013, AGIT-RJ/1390/2013, AGIT-RJ/1391/2013, AGIT-RJ/1393/2013; asimismo, invocó la SC 0824/2012 de 20 de agosto referida a la garantía del debido proceso en su componente de acceso a la justicia.         


Finalizó señalando que, la demanda contencioso administrativa interpuesta carece de sustento jurídico-tributario y no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubieren causado al actor con la Resolución impugnada.


II.2. Petitorio.


La entidad demandada solicitó se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la AN, manteniendo firme y subsistente la resolución jerárquica impugnada.


III. CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.


III.1. Wilma Ledezma Terrazas, representada por su mandatario según sale de fs. 95 a 97 vta. se apersonó al presente proceso respondiendo negativamente a la demanda de autos mediante memorial de fs. 98 a 107 afirmando que, la Gerencia Regional Potosí de la AN soslayó el inicio del procedimiento de fiscalización y la notificación de la orden para la comprobación de la contravención y sus resultados, conforme prevé el art. 83.I del CTB, inobservando de esta forma el Procedimiento de Control Diferido así como la Fiscalización Aduanera Posterior previstos en el numeral 4 de la RD 01-004-09 y RD 01-008-11, así como los arts. 48 y 49 del RCTB al emitir de forma directa el acta de intervención notificando la misma en secretaría en aplicación del art. 90 del CTB, dejando al administrado en indefensión; tampoco la Agencia Aduanera “SAA” fue notificada con los resultados del control diferido regular.


La Resolución Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-021/2013 carece de fundamento técnico jurídico legal pues el segundo párrafo del primer considerando simplemente se limitó a transcribir la normativa, desconociendo el sujeto pasivo los cargos imputados y la descripción del procedimiento empleado; asimismo denunció falta de tipicidad pues la inexistencia del certificado de IBMETRO constituye simplemente un requisito para el despacho aduanero que en ningún caso podría devenir en contrabando; refirió que, mientras no exista una resolución definitiva que declare la “nulidad” del certificado emitido por IBMETRO este debe ser considerado como válido la Aduana inició un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado pendiente de resolución-, pues su único propósito es medir que la cantidad de gas del vehículo se encuentre dentro del límite, y caso contrario existe la posibilidad de ingresar el vehículo a zona industrial para las reparaciones necesarias conforme prevé el art. 33 del Reglamento de la Ley Nº 3467, atentando en tal sentido contra el principio de buena fe del Estado invocando la SC 95/2011-R.


Señaló que, la AN vulneró el principio non bis in idem respecto de la identidad de persona, objeto y causa puesto que, el vehículo fue objeto del control rojo para luego obtener su viabilidad de su importación a través del control amarillo, incumpliendo en todo caso la Aduana su labor de realizar el aforo documental, lo cual constituye un incumplimiento a deberes formales, pretendiéndose inclusive imponer una triple sanción al imponer la sanción con un monto económico, el comiso del vehículo y la anulación de la DUI sin considerar el valor de la mercadería, según la demanda $US 46.510,77 y el monto por concepto de nacionalización de Bs. 67.0510, 21, vulnerándose el principio de proporcionalidad previsto en los arts. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE), 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)y 26 del DS 27113, así como el principio de verdad material previsto en el art. 200 del CTB y 4 de la LPA.            


Consideró que, existió error en el procedimiento aplicado por la Administración Aduanera puesto que, del Procedimiento de Control Diferido Regular previsto en la RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 no prevé la circunstancia en que el funcionario actuante advierta indicios de la comisión de contravención aduanera de contrabando arts. 160.4 y 181 in fine del CTB- ante lo cual debió practicarse un procedimiento de fiscalización conforme prevén el art. 48 del DS 27310 y apartado B.4, numeral 3 del Reglamento del Procedimiento de Control Diferido.   


Por lo precedentemente expuesto, el administrado considera vulnerados el debido proceso, su derecho a la defensa, el principio de legalidad y seguridad jurídica, invocando los arts. 115.I y II, 119.II de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


III.2. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta y se mantenga firme y subsistente la Resolución Jerárquica “AGIT-RJ-0186/2014 de 14 de febrero” pronunciada por la AGIT.



IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de la AGIT de anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0065/2013 de 6 de mayo con reposición de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-085/2012, de modo que, una vez se establezca la autenticidad o no del Certificado Medio Ambiental CM-PT-04-00091 en la vía penal, la Administración Tributaria Aduanera dicte un nuevo acta de intervención si corresponde.


Al efecto señala que, el art. 48 del DS Nº 27310 establece que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control previstos en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante  esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, concluyendo que el precepto legal faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB, al pretender que se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho ya demostrado en el Control Diferido Regular, lo que le causa perjuicio por haberse anulado obrados sin justificativo o normativa específica que determine que debe realizarse un procedimiento de Fiscalización Posterior.


Por otra parte, añadió que no se tuvo en cuenta que en el mismo procedimiento de Control Diferido Regular, se estableció que el certificado de IBMETRO CM-PT-04-00091-2012 presentado como documento de soporte de la DUI 2012/521/C-1902, no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO La Paz o Cochabamba conforme se estableció en la nota IBMETRO DML INF- 231/12 y que la exigencia de que exista un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento no corresponde porque el proceso penal instaurado por la Aduana por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado no tiene la finalidad de determinar la falsedad de documento, ya que el mismo estaría corroborado por el certificado de IBMETRO.


La AGIT a su turno afirmó que se encontraba imposibilitada de pronunciarse respecto de la autenticidad o no del Certificado Medio Ambiental cuestionado por expresa disposición del art. 197.II inc. b) del CTB, debiendo la Administración Tributaria Aduanera acudir a un proceso judicial para determinarla, conforme prevé el último párrafo del art. 217 del CTB, esta sería la línea doctrinal contenida en el Sistema de Doctrina Tributaria aplicada por dicha instancia jerárquica.    


V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

A efectos de resolver la controversia planteada, corresponde señalar que los antecedentes verificados en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:


  1. El 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Wilma Ledezma Terrazas con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS 72/2012 de 27 de diciembre, que en virtud al Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI N° 085/2012 de 31 de octubre y el Informe AN-UFIPR-I N° 136/2012 de 30 de octubre declaró probada la comisión de contrabando contravencional en su contra presumiendo la comisión del delito de falsificación del Certificado CM-PT-04-00091-2012 de 29 de mayo, disponiendo entre otras cosas la anulación de la DUI 2012-521-C-1902 de 1 de junio de 2012 y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta falsificación de documentación (fs. 3 a 8 Anexo 1).


  1. Planteado recurso de alzada por Wilma Ledezma Terrazas, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de Chuquisaca, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0065/2013 de 06 de mayo, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS 72/2012 dejando sin efecto la sanción de multa del 100% del valor de la mercadería equivalente a Bs. 119.527,00, así como su comiso (fs. 78 a 85 Anexo 1).


  1. Planteado  el recurso jerárquico por Wilma Ledezma Terrazas y la Gerencia Regional Potosí de la AN, el mismo fue resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1405/2013 de 13 de agosto, por la que la AGIT no solamente anuló la resolución de alzada, sino también anuló obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-085/2012 de 31 de octubre, disponiendo que, una vez la instancia competente determine la veracidad o no del Certificado Medio Ambiental “CM-PT-04-0140-2011” infiriéndose el CM-PT-04-00091-2012- la Administración Aduanera dicte una nueva acta de intervención si corresponde, disposición asumida en virtud a que la AGIT se encontraría imposibilitada de pronunciarse al respecto por mandato expreso del art. 197.II inc. b) del CTB.  


VI. ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICA PLANTEADA


Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, es necesario referirnos al principio de congruencia que, en el proceso civil es considerado como un principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, en tanto deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, es decir que se exige la identidad jurídica entre lo resuelto y lo pedido, lo que tiene una extraordinaria importancia porque está vinculado con el derecho a la defensa, ya que exige que el demandado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones que contra él se han formulado y, por otra vinculado también respecto a la actuación del juez con relación al principio de la administración de justicia de proveer de seguridad jurídica, misma que será posible solo cuando el juez se limite a resolver el conflicto traído a su consideración.


Ahora bien, como ha sostenido este Tribunal el proceso contencioso administrativo es la vía judicial ordinaria mediante la cual se ejerce el control jurídico de las actuaciones administrativas pero además tiene la finalidad de tutelar de manera efectiva los derechos e intereses de los administrados, en ese sentido el principio dispositivo que caracteriza el proceso civil no puede ser observado rigurosamente en el caso de los procesos contenciosos administrativos, pues constituirían un barrera que impediría al juez a involucrarse en el proceso y con ello ejercer efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.


VI.1. Respecto a la incorrecta interpretación del art. 48 del Reglamento del Código Ttributario - Procedimiento de Control Diferido.


En la demanda contenciosa administrativa, el primer reclamo de la Administración Aduanera está vinculado a una incorrecta interpretación del art. 48 del DS N° 27310, conforme las reglas establecidas por el art. 8 de la Ley 2492 en la que habría incurrido la AGIT, por la que -dice- pretende se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho demostrado en el Control Diferido Regular, a cuya consecuencia anuló obrados sin justificativo o normativa específica.


Sobre el particular, analizada la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1405/2013 de 13 de agosto, en sus fundamentos no hace referencia a la disposición legal que supuestamente no fue correctamente interpretada, tampoco se pronuncia sobre un procedimiento de Fiscalización Posterior o Control Diferido Regular; es más, la autoridad demanda en su memorial de respuesta a la demanda contenciosa administrativa hizo hincapié en que la AGIT no ingreso al análisis de fondo del asunto, porque de haberse resuelto en base a una prueba cuya legalidad está observada, se infringiría el inc. b) Parágrafo II del art. 197 de la Ley 3092.


VI.2. Respecto a la determinación de anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo (Acta de Intervención Contravencional), con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente sobre la veracidad del Certificado Medio Ambiental, la Administración Aduanera dicte nueva acta de intervención contravencional si corresponde.-


De un análisis de la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-72/2012 de 27 de diciembre, la misma tiene como antecedente el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI N° 085/2012 de 31 de octubre y el Informe AN-UFIPR-I N° 136/2012 de 30 de octubre, actuados que además de establecer la existencia de contrabando contravencional contra Wilma Ledezma Terrazas presumieron la comisión del delito de falsificación del Certificado CM-PT-04-00091-2012 correspondiente a la DUI 2012-521-C-1902 en virtud a la certificación de IBMETRO respecto a la inexistencia de registro de dicho certificado; con esos antecedentes y en esa misma lógica, la referida Resolución Sancionatoria declaró probada la comisión de contrabando contravencional contra Wilma Ledezma Terrazas disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 4 a 8 Anexo 1).


Como se advierte, el fundamento para la determinación del hecho contravencional y su posterior sanción es la supuesta falsedad del certificado medio ambiental CM-PT-04-00091-2012 que ampara a la DUI 2012-521-C-1902, así lo ha establecido la Resolución Sancionatoria en base al Acta de Intervención Contravencional, sin embargo, la Administración Aduanera tenía la obligación de dar aplicación al mandato del art. 217 del CTB que en su parágrafo final prevé que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sea declarada su falsedad por fallo judicial firme; es decir que siendo la base de la determinación de una responsabilidad contravencional un documento público presumiblemente falso, en aras del respeto al debido proceso la Administración Aduanera no podía arrogarse la competencia de la jurisdicción ordinaria penal y determinar en los hechos la falsedad de un certificado, ni mucho menos presumirla, si no lo ha hecho la instancia competente a través de un debido proceso. En todo caso, ante una situación como la presente la Administración Tributaria, ante la duda sobre la veracidad del certificado medio ambiental, con carácter previo debió activar la instancia penal correspondiente para la determinación de la falsedad o no del certificado medio ambiental así como la determinación del o los responsables del mismo.


En correcta aplicación del derecho la AGIT concluyó que, para determinar si los hechos generadores de responsabilidad tributaria acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo, se requiere previamente el pronunciamiento sobre la veracidad o falsedad del certificado medio ambiental cuestionado, hecho que como bien lo reconoce la Administración Aduanera compete al Ministerio Publico, estando por lo mismo imposibilitada por mandato expreso del parágrafo II, inc. b) del art. 197 del CTB de pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del certificado medio ambiental CM-PT-04-00091-2012, teniendo en todo caso el actor las vías legales para ese fin, por lo que correctamente determinó anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0065/2013 de 6 de mayo.


VI.3. Conclusión.


Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución impugnada, interpretó y aplicó correctamente el art. 197-II de la Ley 2492 CTB, al determinar que no tiene competencia para dilucidar cuestiones penales, por lo que no puede pronunciarse sobre la falsedad del certificado de IBMETRO, debiendo esperar el fallo en la vía penal para poder determinar con certeza la probabilidad de comisión del contrabando contravencional; sin embargo, no consideró que el procedimiento de control diferido aprobado por la RD 01-004-09, no prevé que ante la existencia de indicios de la comisión de contrabando contravencional se emita Acta de Intervención, no encontrándose respaldado legalmente el criterio de la AGIT cuando dispone que tras conocerse la determinación de la vía penal se emita una nueva Acta de Intervención en base a dichos resultados; correspondiendo en este caso, que en mérito a las facultades previstas en el art. 48 del DS Nº 27310, y los argumentos expuestos precedentemente, la Administración Aduanera inicie una fiscalización aduanera posterior, a efecto de comprobar el Contrabando Contravencional, esto, conforme el criterio asumido por este Tribunal en casos análogos.


En tal virtud, corresponde a este Tribunal confirmar la nulidad de obrados hasta al Acta de Intervención, inclusive, dispuesta en la Resolución Jerárquica, y bajo fundamentos propios, instruir a la Administración Aduanera, esperar el pronunciamiento en la vía penal, y a partir del mismo, si corresponde, iniciar una Fiscalización Aduanera posterior.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fojas 16 a 22., interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1405/2013 de 13 de agosto, dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con fundamentos propios, ratificándose la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional, inclusive, y disponiendo que con los resultados determinados en la vía penal, la Administración Aduanera, si corresponde, inicie el respectivo proceso de fiscalización.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán quien se constituyó en primera relatora y es disidente a la presente Sentencia.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena