SALA PLENA


SENTENCIA:                            253/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE:                        757/2014 - 1164/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Futuro de Bolivia S. A.; Administradora de Fondo Pensiones contra El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fojas 97 a 101 y vuelta, interpuesta por Susana Judith Rojas Rendón, en representación legal de la Sociedad Futuro de Bolivia SA Administradora de Fondos de Pensiones, dentro del proceso contencioso administrativo al que se acumuló el proceso de naturaleza semejante caratulado con el número 1164/2013, seguido por la misma sociedad, cuya demanda cursa de fojas 850 a 859 y vuelta, ambos procesos planteados contra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, impugnando las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 026/2014 de 5 de mayo, 050/2013 de 23 de agosto y el Auto Complementario de 11 de septiembre de 2013 (fojas 12 a 94 del expediente 757/2014 y 28 a 196 del expediente 1164/2013, y fojas 4 a 23 del Anexo 1, archivador de palanca azul, respectivamente), las contestaciones de fojas 119 a 126 y 898 a 922, los memoriales de réplica de fojas 199 a 202 y 933 a 940, así como los de dúplica de fojas 210 a 211 y vuelta y 974 a 977 y vuelta, los memoriales de fojas 183 a 194 y 226 a 228 y vuelta del expediente 757/2014, así como el de fojas 992 a 996 del expediente 1164/2013, presentados por los terceros interesados, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA (Exp. 757/2014).


Que, Susana Judith Rojas Rendón, en virtud al Testimonio Nº 818/2014 de 5 de agosto, otorgado en la Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 69 del Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Félix Oblitas García (fojas 1 a 10 y vuelta) se apersonó por memorial de fojas 97 a 101 y vuelta, manifestando que conforme a los artículos 779 y 780 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el artículo 220, parágrafo II del mismo código, interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 026/2014 de 5 de mayo (fojas 11 a 94), pronunciada por Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que confirmó parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 1073-2013 de 21 de noviembre (fojas 409 a 426 del Anexo 1, archivador palanca azul), pronunciada en recurso de revocatoria, interpuesto en contra de la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 890-2013 de 1 de octubre (fojas 434 a 439 del Anexo 1, archivador de palanca azul), que aprobó la “Norma General para la Gestión Judicial en el Sistema Integral de Pensiones SIP”.


Luego de una extensa relación del desarrollo del proceso administrativo, así como de una referencia de normativa concerniente al presente caso, indicó que la resolución impugnada es la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 026/2014 de 5 de mayo, que confirmó parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 1073/2013 de 21 de noviembre, que a su vez confirmó parcialmente la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 890-2013 de 1 de octubre, siendo estas dos últimas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).


Señaló que el artículo 5 de la Ley Nº 2341, establece la competencia de los órganos administrativos, y que a falta de este elemento cualquier acto es nulo conforme al artículo 35, inciso a) de la Ley antes citada. Continuó indicando doctrina sobre el instituto de la competencia y haciendo referencia a la estructura del poder público dentro del Estado, manifestando que conforme al artículo 175, numeral 4 de la Constitución Política del Estado, los Ministerios solo pueden dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia, por lo que la APS, con total falta de competencia emitió la “Norma General para la Gestión Judicial en el Sistema Integral de Pensiones”, incurriendo en un campo que no es de su competencia, ingresando a reglamentar aspectos propios del ámbito judicial, que se encuentran establecidos en los códigos de materia civil y penal, siendo puntualmente el artículo 6 de la referida Norma para la Gestión Judicial, el punto controvertido de la presente demanda.   


I.2. Fundamentos de la demanda.


Como fundamentos de la demanda, señaló lo que a continuación en síntesis se refiere:


Que la APS al emitir el texto ordenado de la Norma General para la Gestión Judicial en el Sistema Integral de Pensiones, debió respetar la redacción del artículo 6, parágrafo III, conforme a lo establecido por el artículo único, parágrafo I, inciso b) de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ SIREFI Nº 050/2013, al quedar dicha redacción firme en sede administrativa, constituyéndose en disposiciones o mandatos sujetos a modificación solamente por determinación judicial en la vía contenciosa administrativa, sin embargo, la APS nuevamente en la Resolución Administrativa Nº APS/DJ/DPC/Nº 1073/2013, realizó una modificación en los términos de redacción del artículo 6 del Anexo I, ya que si bien se corrigió el nomen juris y su parágrafo II, se modificó la redacción del parágrafo III del Anexo I de la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 890-2013, aspectos que debieron ser subsanados mediante la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 026/2014 de 5 de mayo, sin embargo se modificó el artículo 6 de la Norma General para la Gestión Judicial.


Refirió que la ejecución de las medidas precautorias, independientemente de las solicitudes de las partes, es una prerrogativa privativa de los jueces y tribunales, que en su momento analizan la oportunidad, circunstancia y situación del caso para la ejecución de estas medidas precautorias o preparatorias, o su procedencia o improcedencia, no pudiendo reglamentarse que estas medidas garanticen los resultados del juicio, evidenciándose que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, excedió sus competencias en sus Resoluciones Ministeriales al confirmar parcialmente el acto administrativo reglamentario, pretendiendo obligar  su cumplimiento, sabiendo que en muchos casos no coincide la norma específica y aplicable como son los códigos de procedimiento civil y penal, cuya aplicación y observancia es obligatoria en virtud al principio de jerarquía normativa.


Acusó los siguientes defectos en la emisión de la Resolución Ministerial impugnada que justifican la nulidad de la misma:


  1. Que fue emitida a consecuencia de un recurso jerárquico, que tuvo el objeto de enervar una norma administrativa aprobada por Resolución Administrativa dentro de una unidad procedimental, es decir como un solo trámite, siguiendo los principio de eficacia y economía insertos en la Ley Nº 2341, y tomando la lógica y principios generales del derecho administrativo respecto a la unidad de los procedimientos, reflejando así los principios básicos de los procedimientos en materia judicial como es el de unidad.


  1. Que la Resolución Ministerial Jerárquica que dio origen a la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 890/2013 de 1 de octubre, resolvió en forma contradictoria y contraria a derecho, pues en su parte resolutiva dispuso en un solo artículo: primero confirmar parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 106-2013 (quiso decir 206-2013) de 14 de marzo, que confirmó la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 26-2013 de 11 de enero, que aprobó la Norma General para la Gestión Judicial, dando lugar a la Resolución Administrativa Nº APS/DJ/DPC/Nº 890-2013, confirmada parcialmente luego por la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 1073-2013, y ésta confirmada de forma parcial por la Resolución Ministerial impugnada.


  1. Que la resolución viola claramente la lógica jurídico procedimental, y pretende soslayar y sobreponer los efectos jurídicos de la decisión, puesto que ha dispersado la unidad lógica que debe poseer una norma reglamentaria olvidándose que los actos de la Administración, están sujetos a control judicial posterior, como ocurrió en anteriores casos resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia, conforme se advierte del Auto Supremo Nº 127/2009 de 17 de abril.


  1. Que lo señalado ocasionó que se emita la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 26-2013 de 11 de enero, que aprobó la Norma General para la Gestión Judicial, posteriormente la emisión de la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 890-2013 de 1 de octubre, que también aprobó la Norma General para la Gestión Judicial, dejando a su vez sin efecto las disposiciones contrarias a dicha resolución, y finalmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 362-2014 de 21 de mayo, por la que nuevamente se aprobó la Norma General para la Gestión Judicial, dejando nuevamente sin efecto las disposiciones contrarias a dicha resolución.



Finalmente refirió que la mayor parte de las disposiciones contenidas en la cuestionada Norma General para la Gestión Judicial, no fueron modificadas, entendiéndose que al no ser contrarias unas a otras se encuentran vigentes en parte, creando así mayor inseguridad jurídica, cuando debió dejarse sin efecto cada una de las anteriores para dar curso a las nuevas redacciones, marcándose el periodo de vigencia de cada una de ellas.     


I.3. Petitorio.


Concluyó el memorial de demanda solicitando que en virtud de los fundamentos expuestos, se pronuncie resolución declarando probada la demanda, y en consecuencia se revoque las Resoluciones Administrativas APS/DPC/DJ/Nº 890-2013, APS/DJ/DPC/Nº 1073-2013 y la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 026/2014.


II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA


Que, subsanada la observación de fojas 104, por providencia de fojas 111 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


Cumplida la diligencia señalada el 2 de septiembre de 2014 como consta a fojas 174, fue devuelta según se verifica con la nota de fojas 176 y recibida según cargo de fojas 176 vuelta, disponiéndose por providencia de fojas 177, su arrimo al expediente.


A continuación, providenciando el memorial de contestación de fojas 119 a 126, se tuvo apersonado a Luis Alberto Arce Catacora en representación legal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud del Decreto Presidencial Nº 1125 de 26 de enero de 2012 (fojas 116 a 118); y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado a la sociedad demandante para la réplica.


En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de un repaso de los antecedentes administrativos, el Ministerio demandado señaló que al amparo de los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, contesta a las pretensiones de la demanda precisando lo siguiente:


Señaló que, respecto a la competencia de la Administración, la pretensión de la demanda consiste en que la Administración no podría emitir normas sobre gestión judicial, porque ya existirían códigos procedimentales, siendo preciso indicar que su referencia es sobre aquellos códigos que rigen en la actividad jurisdiccional ordinaria, y que por lo contrario, cuando se hable de competencia dentro del ámbito de la Administración Pública, se refiere a la potestad pública del Estado, que le permite garantizar y cumplir los fines para los que fue creada, estando las funciones y atribuciones de la Administración Pública en el área de regulación financiera, establecidas en el artículo 168 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, siendo una de sus facultades principales, la regulatoria, que tiene por objeto normar procesos y procedimientos que establezcan claramente la finalidad de la norma sustantiva, en el presente caso la Ley Nº 065, con el objeto de proteger el bien común o interés público, que debe ser de observancia de los administrados, a través de las atribuciones de control, supervisión y fiscalización.


Manifestó que es importante hacer notar que la atribución regulatoria que confiere la Ley Nº 065 a la APS, es legítima y se encuentra dirigida a establecer las directrices para una eficaz labor por parte de los administrados, sin quebrantar disposiciones legales adjetivas que conducen los procesos en el ámbito judicial, atribución que emerge de la gestión de pensiones, incluyendo el control de las actividades de cobranza y en las que se inserta la cobranza judicial, de manera que pretender que porque esta última se desarrolla en el ámbito jurisdiccional no deba regularse administrativamente, sin fundamento, resulta una mera manifestación que no se encuentra amparada en el derecho.


Expresó que habiéndose determinado que la actividad jurisdiccional ordinaria, tiene por objeto dirimir conflictos y decidir controversias entre aquellos que existe contención, mientras que a diferencia, la Administración permite cumplir con los fines para los que fue instituida, entre ellos supervisar la cobranza de las contribuciones y aportes nacionales solidarios en mora, intereses y recargos (artículos 149, inciso h), concordante al artículo 168, incisos b) y d) de la Ley Nº 065), evidenciándose que la jurisdicción ordinaria no se encuentra en el mismo ámbito administrativo que norma y regula la conducta de los administrados en su relación con los particulares o la sociedad.


Continuó señalando que la Gestión de Cobranza Judicial, dentro las facultades legales de regulación, establece un contexto general de conducta de las Administradoras de Fondos de Pensiones para la observancia ineludible por parte de estas, para ejercer un control respecto a las entidades que ejercen la representación de los beneficiarios, asegurados y afiliados al Seguro Social, por lo que al margen de la realidad legal procesal, bien puede legítimamente controlar e imponer obligaciones al representante, lo que no influye en otro ámbito, siendo que una interpretación distinta, determinaría la imposibilidad de la Administración de cumplir con su finalidad de regulación, control y fiscalización, por cuanto la fiscalización siempre se desenvuelve dentro del ámbito administrativo, pero necesariamente tiene que ver con otros campos.


Agregó que la Administradora de Fondos de Pensiones, frente al Administrador de justicia ordinaria, es uno más de los usuarios de los servicios judiciales, pero frente al órgano regulador, es un tenedor de la confianza del Estado en cuanto a la correcta gestión de la administración de pensiones, en particular de su cobranza judicial, de manera que no resultando tal actividad gratuita, estando sujeto a una realidad contractual y existiendo la facultad legal y normativa para ello, no existe obstáculo jurídico para que la APS reglamente lo mismo, como lo ha hecho en la norma controvertida, por lo que no corresponde dar lugar a la pretensión de la Sociedad demandante.


Seguidamente se refirió sobre el debatido artículo 6 de la Norma General para la Gestión Judicial, realizando una copia del inciso a), numeral 1, acápite IV de la demanda, así como de lo dispuesto por la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2013 y Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 890-2013, respecto al mencionado artículo 6, indicando que pese a que existen diferencias en la redacción sobre las que la Sociedad demandante pone énfasis, en sustancia el artículo 6 no cambió ni se desvió de su contexto íntegro original.


Indicó que en técnica normativa, cualquier redacción debe guardar la sintaxis con el objeto que persigue la norma, en este caso el artículo 6 refiere la debida diligencia y oportuna actuación por parte de los Administradores dentro los procesos a desarrollarse en el ámbito jurisdiccional, lo que no niega que la obligación de cobro por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones por vía judicial, deba observar los diversos procedimientos establecidos en materia civil y penal.


Señaló que la pretensión de la demanda incurre en incongruencia al poner énfasis al uso de la palabra “ejecutarse” inserta en el artículo 6, el cual tiene como finalidad que las Administradoras de Fondos de Pensiones demuestren un adecuado accionar en las instancias judiciales, en ejercicio de la representación de los intereses de los Fondos de Pensiones de los afiliados o asegurados, siendo que la Gestión Judicial de cobro en el Sistema Integral de Pensiones, ha merecido una atención particular por la APS, debido a que en no pocos casos, no se observó un debido comportamiento en la instancia jurisdiccional, por lo que el término ejecutarse, debe ser de lectura congruente con el texto íntegro del artículo 6, conforme a la finalidad que persigue y en base a los criterios de una oportuna exigencia y eficacia que ameritan las medidas a tomarse dentro de un proceso judicial.


Finalmente refirió que sobre los pretendidos defectos en la emisión de la Resolución Ministerial, solo describe el tratamiento administrativo que ha correspondido al Anexo I, y no aclara cómo se hubiera violado la lógica jurídica procedimental al dispersar la unidad lógica que debe poseer una norma reglamentaria, por lo que se debe ratificar el criterio expresado en la Resolución Ministerial Jerárquica.


II.1.- Petitorio.


Concluyó solicitando que se valore todo lo expuesto, sustanciando el trámite conforme los artículos 354, parágrafos II y III y 781 del Código de Procedimiento Civil, y que se declare improbada la demanda interpuesta, sea con costas.


III.- ACUMULACIÓN.


Que la Sala Plena de este Supremo Tribunal de Justicia, a solicitud de la Sociedad Futuro de Bolivia SA Administradora de Pensiones (fojas 270 a 271), mediante Resolución Nº 315/2015 de 10 de diciembre, dispuso la acumulación del proceso signado como 757/2014, seguido por la Sociedad Futuro de Bolivia SA Administradora de Pensiones contra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al 1164/2013, cuya demanda y contestación se resumió precedentemente, consiguientemente, corresponde relacionar la pretensión contenida en la demanda planteada en el expediente 1164/2013, que cursa de fojas 850 a 859 y vuelta, impugnando la Resolución Ministerial Jerárquica MPEF/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2013 de 23 de agosto, que en síntesis señala:


IV.- CONTENIDO DE LA DEMANDA (Exp. 1164/2013).


Que, Julio Antonio Vargas León, se apersonó por memorial de fojas 850 a 859 y vuelta, en representación de la Sociedad Futuro de Bolivia SA Administradora de Fondos de Pensiones, en virtud del Testimonio de Poder N° 563/2001 de 15 de junio, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 35 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de María Rebeca Mendoza Gallardo (fojas 783 a 792), manifestando que conforme a los artículos 221 y 780 del Código de Procedimiento Civil, así como en base al artículo 36, parágrafo III del Decreto Supremo Nº 27113 de 23 de julio de 2003, interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2013 de 23 de agosto, pronunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.


Posteriormente realizó una extensa relación de los antecedentes administrativos, señalando que de conformidad al artículo 779 del Código de Procedimiento Civil dirige su demanda contra el Ministerio de Económica y Finanzas Públicas; que el artículo 5 de la Ley Nº 2341 establece la competencia de los órganos administrativos, y que a falta de este elemento cualquier acto es nulo conforme al artículo 35, inciso a) de la Ley antes citada. Continuó indicando que existe abundante doctrina sobre el instituto de la competencia, haciendo referencia a la estructura del poder público dentro del Estado, manifestando que conforme al artículo 175, numeral 4 de la Constitución Política del Estado, los Ministerios solo pueden dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia, por lo que la APS, con total falta de competencia emitió la “Norma General para la Gestión Judicial en el Sistema Integral de Pensiones”, incurriendo en un campo que no es de su competencia, ingresando a reglamentar aspectos propios del ámbito judicial, que se encuentran establecidos en los códigos de materia civil y penal.


Luego expuso ejemplos con los artículos 5, 6 y 9 de la “Norma para la Gestión Judicial”, argumentando que la APS excedió sus atribuciones, haciendo que su acto administrativo (Norma para la Gestión Judicial), se encuentre viciado de nulidad absoluta por faltar el elemento esencial de la competencia, y que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lejos de notar dicha vulneración, confirmó, modificó y realizó una serie de consideraciones, incurriendo en una clara ilegalidad al reglamentar aspectos judiciales como ser los artículos 6, parágrafo III y 9 de la Norma para la Gestión Judicial, excediendo su competencia.




IV.2.- Fundamentos de la demanda.


Citó el artículo 1 del Anexo I de la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 26-2013, y señaló que conforme a los artículos 110, último parágrafo y 112, parágrafo II de la Ley Nº 065, en el ámbito social procesal se debe aplicar las reglas del Procedimiento Civil, en tanto no se cuente con una norma adjetiva procesal social, que no puede ser suplida por una Resolución Administrativa.


Continuó citando el artículo 3, parágrafo I del Anexo I de la Resolución Administrativa mencionada, refiriendo que el artículo 22 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley Nº 065, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0778 de 26 de enero de 2011, establece los requisitos para iniciar el proceso coactivo desde la constitución en mora del empleador, pero que sin embargo la Resolución Ministerial impugnada realizó una novedosa concepción de la presunción de mora, contradiciendo el sustantivo y adjetivo civil, sin tomar en cuenta que necesariamente deben concurrir los elementos de plazo vencido y suma líquida exigible para que exista mora, puesto que caso contrario la sustanciación del proceso debería sustanciarse en la vía ordinaria para determinar si existe o no deuda.


Mencionó que el artículo 4 del Anexo I de la misma Resolución Administrativa, establece el plazo de 5 días para efectuar la denuncia desde el conocimiento del delito previsional, distinto al de apropiación indebida de aportes, mediante elementos probatorios pertinentes e idóneos, lo cual es contrario a los artículos 277 y 285 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que estos señalan que recién con el inicio de la investigación se acumularán los elementos probatorios que determinen el sobreseimiento del denunciado o su imputación y eventual acusación, sin embargo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ratificó el artículo 4 de la Norma General para la Gestión Judicial causando agravio a la Sociedad demandante. 


Prosiguió manifestando que la resolución impugnada refiere respecto al artículo 7 del Anexo I de la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 26-2013, que de ser inconveniente no procede la presentación de la Nota de Débito a tiempo de la denuncia, pero sin embargo la obligatoriedad de presentar la Nota de Débito ha quedado firme, en la Resolución impugnada, causando agravio y perjuicio a la Sociedad demandante.


Señaló que a través de los artículos 4 y 5 de la Norma General para la Gestión Judicial, se admitió la posibilidad de iniciar la acción penal mediante denuncia y que conforme al artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, que se presente la querella hasta antes de la formalización de la acusación fiscal, pero sin embargo omitió considerar el artículo 11 del mismo código, debiendo tomarse en cuenta que las denuncias penales presentadas por Futuro Bolivia, se las realiza en calidad de víctima y asumiendo plena participación en el proceso penal, por lo que debe dejarse sin efecto esa imposición de iniciar la acción penal solamente mediante querella, sino adoptarse también a la denuncia.


Agregó que la resolución impugnada sobre el artículo 12 del citado Anexo I, resalta dos conclusiones: 1) El argumento que hace sobre la indivisibilidad de juzgamiento, por el que nadie puede ser procesado ni condenado dos veces consecutivas aunque varíen sus circunstancias; y 2) Que en reiteradas oportunidades se hayan presentado otras ampliaciones de denuncia que habrían sido admitidas por los fiscales; pero no esclarece sobre la correcta conceptualización de la ampliación de la denuncia, no siendo pertinente concluir que de presentarse actualizaciones de periodos debe presentarse la ampliación de denuncia, puesto que Futuro Bolivia en ningún momento trató de evadir la presentación de la actualización de periodos, mucho menos iniciar una nueva acción penal, sino que correspondería únicamente la presentación de un memorial por el que se ponga en conocimiento del fiscal los nuevos periodos en mora.


Citó los artículos 13 y 14 del Anexo I, señalando que la responsabilidad de la administración del SIP se encuentra a cargo de la AFP, siendo necesario el cumplimiento de las formalidades que garanticen el debido procedimiento administrativo sancionatorio, debiendo considerar que a la luz del principio de verdad material, no existe un marco reglamentario sancionador aplicable al incumplimiento de las obligaciones o comisión de infracciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, reglamentación que conforme a lo señalado por el artículo 197 de la Ley Nº 065, debe ser efectuada por el Órgano Ejecutivo en el marco de su competencia, aspecto sobre el cual no se ha pronunciado la APS, careciendo el acto administrativo de la debida fundamentación y congruencia.


Refirió que del artículo 20 del Anexo I de la Resolución Administrativa antes citada, nuevamente se evidencia un exceso, no obstante la resolución dice: “iniciar, tramitar o de tomar participación en todo proceso judicial”, hecho que amerita que la AFP tenga que conocer cuánto proceso judicial ordinario se tramita en el país, situación que es imposible, por lo que la disposición es de imposible cumplimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas debió observar dicha situación y revocar esa disposición por su clara nulidad.


Finalmente indicó que la Resolución Ministerial impugnada, contiene incongruencia entre sus considerandos y su parte resolutiva, violando el debido proceso en sus tres dimensiones, dejando en indefensión a la Sociedad demandante, evidenciándose los siguientes defectos que ameritan su nulidad:


  1. Que fue emitida a consecuencia de un recurso jerárquico, que tuvo el objeto de enervar una norma administrativa aprobada por Resolución Administrativa dentro de una unidad procedimental, es decir como un solo trámite, siguiendo los principios de eficacia y economía insertos en la Ley Nº 2341, y tomando la lógica y principios generales del derecho administrativo respecto a la unidad de los procedimientos.


  1. Que resolvió de forma contradictoria y contraria a derecho, puesto que en la parte resolutiva se dispone en un solo artículo: primero confirmar parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 106-2013 de 14 de marzo, que confirmó la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 26-2013 de 11 de enero, que aprobó la Norma General para la Gestión Judicial en el Sistema Integral de Pensiones, haciendo referencia a artículos que son ratificados por la instancia jerárquica y haciendo mención a otros artículos que son modificados por dicha instancia; y segundo, anula el procedimiento administrativo hasta la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 26-2013 de 11 de enero, pero de manera extraña pretende que los efectos de esta nulidad con reposición de obrados se aplique solo con relación a los artículos 12 y 16 de la norma impugnada.


  1. Que viola la lógica jurídica procedimental, soslayando los efectos jurídicos de la decisión final en sede administrativa, puesto que al anular el procedimiento administrativo hasta la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 26-2013, se está anulando también la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 206-2013, que confirmó la resolución anulada, además de todas las actuaciones dentro del procedimiento administrativo, precisamente para que se reponga obrados, siendo ilógico que la resolución ministerial impugnada disponga confirmar parcialmente la resolución anulada.


  1. Que contiene una decisión incongruente, puesto que los efectos de una nulidad declarada afecta a todo el procedimiento, no pudiendo dividirse, de lo contrario se violarían los principios de congruencia y unidad, por lo que no se puede confundir la nulidad que emerge dentro de un proceso por omisiones con relación a las formalidades con los que se tiene que llevar adelante en el procedimiento, con la nulidad como vicio que pudiera afectar a una parte de un documento y que lógicamente no afecta a otras partes del documento que no son nulas.


  1. Que al anular el procedimiento hasta el vicio más antiguo, no puede pretender que esta reposición de obrados solo tenga efecto con relación a dos artículos de la norma impugnada, puesto que esta forma de resolución no se encuentra reconocida en la norma adjetiva, no siendo eficaz ni legal.


  1. Que el artículo 44 del Decreto Supremo Nº 27174, que aprueba el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera, dispone claramente que adicionalmente a las formas de resolución de los recursos, en instancia jerárquica se podrá resolver disponiendo la reposición de obrados con la anulación del procedimiento hasta el vicio más antiguo, o cuando exista indefensión, pudiendo anularse el proceso, dejando sin efecto lo llevado a cabo en sede administrativa, a fin de subsanar defectos que causan indefensión, vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica, implicando la reposición de obrados, retrotraer el proceso hasta el vicio más antiguo para que sea corregido, no pudiendo retrotraerse solo en parte el acto administrativo anulado.


  1. Que si se pretende encontrar lógica a la nulidad dispuesta por la instancia jerárquica, se debió revocar esas partes del acto administrativo que consideró nulas y en su caso sustituirlas o dejarlas sin efecto, es decir que debió fallar en el fondo respecto a esas partes declaradas nulas.


IV.3.- Petitorio.


Concluyó el memorial de demanda solicitando que en virtud de los fundamentos de hecho y derecho expuestos, se declare probada la demanda, y en consecuencia se declaren nulas y sin efecto las Resoluciones Administrativas APS/DPC/DJ/Nº 26-2013 de 11 de enero y APS/DJ/DPC/Nº 206-2013, así como la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2013 de 23 de agosto.


V.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


Que, subsanada la observación de fojas 861, por providencia de fojas 865 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


Se ordenó asimismo, que se cite a la Administradora de Fondo de Pensiones SA en su condición de tercero interesado, para que asuma defensa si así lo considera conveniente.


Por memorial de fojas 898 a 922, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas respondió negativamente a la demanda, provocando que por providencia de fojas 930 se corra traslado a la Sociedad demandante a efectos que presente réplica.


En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una copia de parte de la resolución jerárquica impugnada, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas manifestó que la pretensión de la parte demandante, consiste en que la APS o la instancia jerárquica no podría emitir normas sobre gestión judicial, porque para dicha gestión existen los códigos procedimentales, siendo preciso indicar que su referencia es sobre aquellos códigos que rigen en la actividad jurisdiccional ordinaria, y que por lo contrario, cuando se hable de competencia dentro del ámbito de la Administración Pública, se refiere a la potestad pública del Estado, que le permite garantizar y cumplir los fines para los que fue creada, estando las funciones y atribuciones de la Administración Pública en el área de regulación financiera, establecidas en el artículo 168 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, siendo una de sus facultades principales, la regulatoria, que tiene por objeto normar procesos y procedimientos que establezcan claramente la finalidad de la norma sustantiva, en el presente caso la Ley Nº 065, con el objeto de proteger el bien común o interés público, que debe ser de observancia de los administrados, a través de las atribuciones de control, supervisión y fiscalización.

Refirió que tales facultades son amplias (facultad regulatoria), en tanto su ejercicio sea general a la actividad regulatoria emergente de la gestión de pensiones, incluyendo el control de las actividades de cobranza y en las que se inserta la cobranza judicial, de manera que pretender que porque esta última se desarrolla en el ámbito jurisdiccional no deba regularse administrativamente, sin fundamento, resulta una mera manifestación que no se encuentra amparada en el derecho.


Prosiguió señalando que habiéndose determinado que la actividad jurisdiccional ordinaria, tiene por objeto dirimir conflictos y decidir controversias entre aquellos que existe contención, mientras que a diferencia, la Administración permite cumplir con los fines para los que fue instituida, entre ellos supervisar la cobranza de las contribuciones y aportes nacionales solidarios en mora, intereses y recargos (artículos 149, inciso h), concordante al artículo 168, incisos b) y d) de la Ley Nº 065), evidenciándose que la jurisdicción ordinaria no se encuentra en el mismo ámbito administrativo que norma y regula la conducta de los administrados en su relación con los particulares o la sociedad, debiendo considerar que una interpretación distinta determinaría la imposibilidad de la Administración de cumplir con su finalidad, por cuanto la regulación siempre se desenvuelve dentro del ámbito administrativo, pero necesariamente tiene que ver con otros campos.


Refirió que la Administradora de Fondos de Pensiones, frente al Administrador de justicia ordinaria, es uno más de los usuarios de los servicios judiciales, pero frente al órgano regulador, es un tenedor de la confianza del Estado en cuanto a la correcta gestión de la administración de pensiones, en particular de su cobranza judicial, de manera que no resultando tal actividad gratuita, estando sujeto a una realidad contractual y existiendo la facultad legal y normativa para ello, no existe obstáculo jurídico para que la APS reglamente lo mismo, como lo ha hecho en la norma controvertida, por lo que no corresponde dar lugar a la pretensión de la Sociedad demandante.


Señaló impertinencia del reclamo sobre la aplicabilidad de la norma procesal civil, toda vez que en el inciso a), numeral 2 del acápite IV de la demanda, se pretende justificar su interposición en cuanto al artículo 1 del Anexo I, transcribiendo el mismo y poniéndole énfasis a determinada porción de su texto, pero sin embargo no indica en concreto en qué consiste el agravio que aqueja, evidenciando también que reclama que en lugar del artículo 112, parágrafo II de la Ley Nº 065, debería existir una norma adjetiva procesal propiamente social, reclamo sobre el cual no corresponde pronunciación alguna, puesto que no demostró antinomia alguna entre los artículos 110 y 112 de la Ley Nº 065, aclarando que el artículo 112, parágrafo II de la Ley Nº 065, no tiene absolutamente nada que ver con el controvertido Anexo I, debiendo concluirse de impertinente este reclamo.


Agregó que respecto a la pretensión del inciso b), d), g) y h) numeral 2, acápite IV de la demanda, se ratifica en lo expuesto en los numerales 2.1, 2.2.1.1, 2.10 y 2.12, de la Resolución Ministerial impugnada, respectivamente, y que sobre lo referido respecto a que la obligatoriedad de presentar la Nota de Débito ha quedado firme, ratifica el contenido del artículo 7, así como referente a la presentación de la querella se ratifica en el numeral 2.5 y en el Auto de 11 de septiembre de 2013, y que finalmente, sobre lo referido en la demanda de iniciar, tramitar o de tomar participación en todo el proceso judicial, se ratifica en el numeral 2.16 de la mencionada resolución de instancia jerárquica, determinándose el carácter confuso de la demanda.


Manifestó que sobre el numeral 3 del acápite IV de la demanda, corresponde señalar que los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo Nº 27175, y 61 de la Ley Nº 2341, están referidos a las formas de resolución que corresponden al recurso jerárquico, normas que no disponen de ninguna manera que a un recurso jerárquico le deba corresponder única y exclusivamente, alguna de las tantas formas de resolución dispuestas por las mismas, determinando ello el que no ha existido infracción o inobservancia alguna de orden legal, por lo que debe considerarse los artículos 232 de la Constitución Política del Estado, 4, inciso j) de la Ley Nº 2341, respecto al principio de eficacia y a la finalidad del acto.


Finalmente expresó que la sociedad demandante afirma que, los efectos de una nulidad declarada procedimentalmente afectan a todo el procedimiento y que no pueden dividirse, sin embargo no hizo este reclamo en las fases procesales anteriores, quedando claro que en un proceso administrativo pueden coexistir legalmente varios agravios, que no necesariamente merecen una decisión común, debiendo resolverse uno por uno, contrariamente a lo referido por la sociedad demandante, que salvo la exposición de su particular lógica, no supo justificar cómo se habría infringido la garantía del debido proceso y el principio de congruencia, por lo que al haber resuelto en la Resolución Ministerial impugnada cada uno de los agravios con la especialidad que importa, al tratarse de cuestiones diferentes no se infringió dicha garantía y principio, siendo tal decisión una facultad dispositiva a la instancia jerárquica.  


V.2.- Petitorio.


Concluyó el memorial solicitando que se valore todo lo expuesto, sustanciando el trámite conforme lo señalado en los artículos 354, parágrafos II y III y 781 del Código de Procedimiento civil, y declarando improbada la demanda, con costas y con las formas exigidas por le Ley.


Continuando con el desarrollo del proceso y verificados los actuados procesales, se establece que tanto en la réplica de fojas 933 a 940, como en la dúplica de fojas 974 a 977 y vuelta, demandante y demandado dentro del proceso que se sigue en el expediente N° 1164/2013, reiteraron los argumentos expresados en la demanda y en la contestación, determinándose por providencia de fojas 997, que siendo el estado de la causa y no habiendo más que tramitar, se decreta “autos para sentencia”.


Asimismo, por memorial de fojas 992 a 996, se apersonó Francisco Javier Rakela Kordez en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Previsión BBVASA (BBVA Previsión AFP SA) como tercero interesado en el proceso signado con el número 1164/13, el que fue admitido por providencia de fojas 997, para su consideración en resolución.

Respecto del proceso signado con el número 757/2014, por memoriales de fojas 199 a 202 y 210 a 211 y vuelta, el demandante y demandado presentaron la réplica y dúplica respectivamente, reiterando los argumentos de la demanda y de la contestación, advirtiéndose también que de fojas 226 a 228 y vuelta, Guerta Hipatía Samur Rivero representante legal de Previsión BBVA Administradora de Fondos de Pensiones SA, se apersonó al proceso en calidad de tercero interesado, por lo que siendo el estado de la causa y no habiendo más que tramitar, mediante providencia de fojas 272 se decretó “autos para sentencia”.


VI.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.


En el desarrollo de las actuaciones procesales en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, aclarando que los antecedentes de ambos expedientes acumulados, tienen directa conexión, es decir que son relativos, por lo que corresponde rememorarlos conjuntamente, evidenciándose lo siguiente:


VI.1.- Que la APS, mediante Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 26-2013 de 11 de enero (fojas 307 a 316 del Anexo 1), aprobó la “Norma General para la Gestión Judicial en el Sistema Integral de Pensiones-SIP”, norma ante la cual Previsión BBVA Administradora de Fondos de Pensiones SA y Futuro de Bolivia SA Administradora de Fondos de Pensiones interpusieron recurso de revocatoria (fojas 265 a 306 del Anexo 1), recursos que fueron resueltos por la APS a través de la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N° 206-2013 de 14 de marzo (fojas 236 a 264 del Anexo 1), misma que confirmó la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N° 26-2013.


VI.2.- Esta última resolución, dio lugar a que BBVA Previsión AFP SA y Futuro de Bolivia SA Administradora de Pensiones interpongan recurso jerárquico (fojas 218 a 235 y vuelta del Anexo 1), los cuales fueron resueltos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que a través de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 050/2013 de 23 de agosto (fojas 31 a 199 del Anexo 1, motivo de la demanda contenciosa administrativa Nº 1164/2013), resolvió confirmar parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N° 206-2013, ratificando los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19 y 20 del Anexo I aprobado mediante la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/N° 26-2013 y confirmado por la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N° 206-2013, modificando los artículos 6, 9, 13, 14 y 15 del Anexo I de la Norma General para la Gestión Judicial conforme al detalle que se tiene asentado en la misma resolución jerárquica, y anulando la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/N° 26-2013, únicamente en lo referido a los artículos 12 y 16 del citado Anexo I, siendo esta resolución jerárquica complementada mediante el auto de 11 de septiembre de 2013 (fojas 4 a 23 del Anexo 1), concretamente respecto al artículo 20 de la Norma General para la Gestión Judicial.


VI.3.- En virtud a la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 050/2013, la APS a través de la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N° 890-2013 de 1 de octubre (fojas 434 a 446 del Anexo 1), aprobó la “Norma General para la Gestión Judicial en el Sistema Integral de Pensiones SIP”, provocando que Futuro de Bolivia SA Administradora de Fondos de Pensiones y Previsión BBVA Administradora de Fondos de Pensiones SA interpongan recurso de revocatoria (fojas 428 a 433 del Anexo 1), los cuales fueron resueltos por la APS a través de la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N° 1073-2013 de 21 de noviembre (fojas 409 a 427 del Anexo 1), que confirmó parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N° 890-2013, modificando el texto de los artículos 6 y 16 de la Norma General para la Gestión Judicial.


VI.4.- Contra esta última resolución administrativa, Futuro de Bolivia SA Administradora de Fondos de Pensiones y Previsión BBVA Administradora de Fondos de Pensiones SA, interpusieron recurso jerárquico (fojas 404 a 408 y vuelta del Anexo 1), los cuales fueron resueltos por el Ministerio de Economía y Fianzas Públicas que mediante la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 026/2014 de 5 de mayo (fojas 317 a 400 del Anexo 1, motivo de la demanda contenciosa administrativa Nº 757/2014), confirmó parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N° 1073-2013, ratificando los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 de la Norma General para la Gestión Judicial, y modificando los artículos 6 y 16 de la misma norma, conforme al texto que se encuentra detallado en la misma Resolución Ministerial Jerárquica.


VII. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA (Exp. 757/2014).


Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


Que el motivo de la litis, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al pronunciar la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 026/2014 de 5 de mayo, de acuerdo con los siguientes supuestos: 1) Si es evidente que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al confirmar parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 1073-2013, excedió su competencia; 2) Si es evidente que la APS modificó la redacción del artículo 6, parágrafo III de la Norma General para la Gestión Judicial, que se encontraba establecida en la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 050/2013, dando lugar a que este artículo contenga contradicción con las normas específicas al reglamentar que las medidas precautorias deban garantizar el resultado del juicio; y 3) Si es evidente que la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 026/2014, contiene defectos en su emisión que ameritan su nulidad.


VII.2.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:


VII.2.1.- Análisis y fundamentación.


Respecto al agravio 1), donde se reclamó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al confirmar parcialmente la resolución administrativa emitida por la APS, que aprobó la Norma General para la Gestión Judicial, excedió su competencia, se tiene que, el artículo 45, parágrafo II de la Constitución Política del Estado señala: “La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación”, de donde se colige que la dirección, control y administración de la seguridad social, bajo los mencionados principios, incumbe al Estado. En ese marco, el artículo 167 de la Ley Nº 065, establece: “La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones AP se denominará en adelante Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS y asumirá las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de seguros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI (…)”, así también el artículo 168, inciso b) de la misma Ley dispone: “El Organismo de Fiscalización tiene las siguientes funciones y atribuciones: b) Fiscalizar, supervisar, regular, controlar, inspeccionar y sancionar a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Entidad Pública de Seguros, Entidades Aseguradoras u otras entidades bajo su jurisdicción, de acuerdo a la presente Ley , Ley de Seguros y los reglamentos correspondientes”.


En ese mismo marco, se tiene que el artículo 149, incisos i), j) y v) de la Ley Nº 065, determina: “La gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo tiene las siguientes funciones y atribuciones: i) Iniciar y tramitar los procesos judiciales correspondientes para la recuperación de la mora, intereses y recargos; j) Iniciar y tramitar los procesos judiciales que se requieran con el fin de precautelar los intereses de los Fondos administrados y de los Asegurados; y v) Prestar los servicios con diligencia, prontitud, eficiencia y con el cuidado exigible a un buen padre de familia, asimismo el artículo 106 de la misma Ley, refiere que la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo deberá efectuar el cobro de montos adeudados por concepto de Contribuciones, Aporte Nacional Solidario y el Interés por Mora, el Interés Incremental y recargos que correspondan, a través de la Gestión Administrativa de Cobro, del Proceso Coactivo de la Seguridad Social y/o del Proceso Penal. Así también el artículo 197 de la Ley Nº 065, señala: “El Órgano Ejecutivo y el Organismo de Fiscalización reglamentarán y regularán la presente Ley en el marco de su competencia”.


Bajo dicha normativa, se advierte que la APS tiene atribuciones reguladoras, otorgadas con el propósito de establecer procedimientos con la finalidad de resguardar y proteger debidamente los aportes y contribuciones al fondo de pensiones, así como facultades de control y fiscalización sobre la actividad de las Administradoras de Fondos de Pensiones. En el presente caso, la APS aprobó una Norma General para la Gestión Judicial, regulando y estableciendo un procedimiento sobre las acciones judiciales dentro los procesos coactivos sociales y penales que se encuentran a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones, actuando dentro la competencia que le confiere la Ley Nº 065, por lo que no se evidencia que la APS y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hubieran excedido la competencia que les fue otorgada al confirmar la aprobación de la Norma General para la Gestión Judicial a través de la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 1073-2013, no siendo procedente este reclamo planteado por la sociedad demandante.

Es preciso aclarar que los procedimientos establecidos para la jurisdicción ordinaria (Código de Procedimiento Penal y Código Procesal Civil), son los que se aplican dentro las acciones judiciales, es decir en el desarrollo del proceso judicial, concretamente en el presente caso en los procesos penales y coactivos sociales, no pudiendo confundirse los mismos con la Norma General para Gestión Judicial que fue aprobada por la APS, la cual tiene el objetivo de que las Administradoras de Fondos de Pensiones, realicen un trabajo adecuado dentro los procesos judiciales, con responsabilidad y eficacia, en resguardo de los beneficiarios, asegurados y afiliados al Seguro Social.


Por otro lado, respecto al reclamo 2), donde se reclamó modificación en la redacción del artículo 6, parágrafo III de la Norma General para la Gestión Judicial, y consecuentemente contradicción con las normas específicas al reglamentar que las medidas precautorias deban garantizar el resultado del juicio, se tiene que, de la revisión del artículo Único, inciso b) de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2013 de 23 de agosto, se evidencia que se modificó el artículo 6 del Anexo I de la Norma General para la Gestión Judicial en el Sistema Integral de Pensiones, que fue aprobado mediante la Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/Nº 26-2013 de 11 de enero, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 6. (DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS O PREPARATORIAS).- I. En virtud a lo establecido en el artículo 111 parágrafo I de la Ley Nº 065, la GPS a tiempo de plantear la demanda coactiva social, deberá solicitar a la autoridad jurisdiccional se dicte las medidas precautorias necesarias para precautelar el cobro de los adeudos al SIP. II. La GPS al momento de plantear la denuncia penal por Delitos Previsionales, deberá solicitar las medidas cautelares de carácter real, necesarias con la finalidad de asegurar la reparación de daños y perjuicios ocasionados (sin perjuicio de otras medidas cautelares que correspondan). III. Las medidas precautorias concedidas en los procesos judiciales PCS, y las medidas cautelares de carácter real concedidas en lo proceso judiciales PP, deberán ejecutarse con toda responsabilidad, diligencia y eficacia, con el fin de garantizar los resultados de juicio.” (Sic.)


Posteriormente se tiene que la APS en mérito a la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2013, emitió la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 1073/2013, confirmando parcialmente la Norma General para la Gestión Judicial, modificando el artículo 6 de dicha norma, evidenciándose que cometió un error en la redacción del mencionado artículo en su parágrafo III, no obstante se tiene que dicho error de redacción en el que incurrió la APS, fue subsanado por la instancia jerárquica a través de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 026/2014, que modificó el artículo 6, parágrafo III de la Norma General para la Gestión Judicial, al texto de redacción que dispuso la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2013, la cual otorgó firmeza e inmodificabilidad al citado artículo, conforme se advierte del argumento de la página 71 de esta última resolución.


Ahora bien, estando subsanado el contexto del artículo 6, parágrafo III de la Norma General para la Gestión Judicial, se advierte que el mismo establece que: “III. Las medidas precautorias concedidas en los procesos judiciales PCS, y las medidas cautelares de carácter real concedidas en lo proceso judiciales PP, deberán ejecutarse con toda responsabilidad, diligencia y eficacia, con el fin de garantizar los resultados de juicio”, de donde se colige que, la APS en mérito a su atribución reguladora, reglamentó el actuar de las Administradoras de Fondos de Pensiones dentro los procesos coactivos sociales y penales, con el objetivo de conseguir un resguardo óptimo de los aportes de los Fondos de Pensiones, no existiendo ninguna contradicción respecto a los Códigos de Procedimiento Civil y Penal, aclarando que la obligación de cobro que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones, debe ser controlada y fiscalizada, a fin de evitar descuido y negligencia, y así asegurar los intereses de los afiliados, toda vez que al solicitar las medidas precautorias en el ámbito judicial de manera oportuna y eficiente, puede garantizar una recuperación de los aportes que estuvieran en disputa, por consiguiente este Tribunal no encuentra contradicción del artículo 6, parágrafo III de la Norma General para la Gestión Judicial con norma específica alguna, correspondiendo desestimar este reclamo planteado por la Sociedad demandante.


Finalmente, sobre el agravio 3), referente a los defectos en la emisión de la Resolución Ministerial Jerárquica impugnada, que a criterio de la parte demandante causarían nulidad, se tiene que este Tribunal, dentro su amplia jurisprudencia, ha determinado que la nulidad procesal, no sólo constituye una decisión de última ratio, sino que, además solo procederá por razones expresamente señaladas en la ley (principio de especificidad), o cuando se evidencia una flagrante vulneración a determinados derechos, que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia, a la defensa y otros, así como también, conforme al principio de trascendencia, cuando el vicio procesal haya tenido incidencias en perjuicio de una de las partes, de tal modo que, sin la existencia de ese vicio, los resultados del fallo hubieran sido diferentes, situación que no se advierte en el presente caso, puesto que Futuro de Bolivia en su demanda, no precisó adecuadamente en qué consistiría dicha nulidad o violación normativa que le causaría perjuicio, limitándose a relatar antecedentes que suscitaron en la etapa administrativa, por lo que no es procedente este reclamo planteado.         


VII.2.2.- Conclusiones.


En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye que no es evidente que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al emitir la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 026/2014, hubiera incurrido en las vulneraciones acusadas de acuerdo con la problemática planteada, detallada en el numeral VII. de la presente resolución, que constituye el objeto del proceso.


Corresponde a continuación, ingresar a la consideración del expediente acumulado.


VIII. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA (Exp. 1164/2013)

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


Que el motivo de la litis, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al pronunciar la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2013 de 23 de agosto, de acuerdo con los siguientes supuestos: 1) Si es evidente que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al confirmar parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 206-2013, excedió su competencia;  2) Si es evidente que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizó una novedosa concepción de presunción de mora, respecto al artículo 3 de la Norma General para la Gestión Judicial, contrariando el sustantivo y adjetivo civil, al no considerar que para el inicio del proceso coactivo debe existir los elementos de plazo vencido y suma líquida exigible para que exista la mora; 3) Si es evidente que el artículo 7 de la Norma General para la Gestión Judicial, equivocadamente dispone que se debe presentar la Nota de Débito conjuntamente la denuncia penal; 4) Si es evidente que el artículo 4 de la Norma General para la Gestión Judicial, al establecer un plazo de 5 días para interponer la denuncia, desde el conocimiento del delito previsional, distinto al de apropiación indebida de aportes, mediante elementos probatorios pertinentes e idóneos, es contrario a los artículos 277 y 285 del Código de Procedimiento Penal; 5) Si es evidente que en la Norma General para la Gestión Judicial, se omitió considerar lo establecido por el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, en sentido de que la acción penal puede iniciarse con la denuncia o con la querella; 6) Si es evidente que el artículo 12 de la Norma General para la Gestión Judicial, equivocadamente señala que ante cada actualización de periodos en mora debe ampliarse la denuncia, ya que solo debería hacérsele conocer al Fiscal dicha actualización de periodos en mora a través de un simple memorial; 7) Si es evidente que la instancia jerárquica, no emitió pronunciamiento sobre la inexistencia de un reglamento sancionador para el incumplimiento de obligaciones de la GPS; 8) Si es evidente que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al aprobar el artículo 20 de la Norma General para la Gestión Judicial cometió un exceso, respecto a que las Administradoras de Fondos de Pensiones tengan obligatoriamente que participar en todos los procesos judiciales a fin de precautelar los fondos administrados; y 9) Si es evidente que la instancia jerárquica debió anular completamente la Norma General para la Gestión Judicial y no solo anular los artículos 6 y 16.


VIII.2.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:


VIII.2.1.- Análisis y fundamentación.


Respecto al reclamo 1), donde se acusa que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al confirmar parcialmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/Nº 206-2013, excedió su competencia, se tiene que en el punto VII.2.1., de la presente resolución se analizó la misma controversia, concluyendo que la autoridad jerárquica en ningún momento excedió la competencia que le fue otorgada por el artículo 168, inciso b) de la Ley Nº 065, por lo que al haber sido ya resuelto este punto controvertido, no corresponde realizar nuevamente las mismas consideraciones.


Sobre el reclamo 2), respecto a que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas habría realizado una novedosa concepción de presunción de mora, con referencia al artículo 3 de la Norma General para la Gestión Judicial, contrariando el sustantivo y adjetivo civil, al no considerar que para el inicio del proceso coactivo debe existir los elementos de plazo vencido y suma líquida exigible para que exista la mora, se tiene que la resolución ministerial impugnada, refirió que el artículo segundo, inciso b) del procedimiento aprobado por la Resolución Administrativa SPVS-P Nº 259 de 23 de junio de 2000, estableció que la mora presunta en materia de pensiones, corresponde a la presunción de no pago de las contribuciones por parte de los empleadores, cuando un empleador que ha mantenido un comportamiento regular en la declaración y pago de las contribuciones al Seguro Social Obligatorio por sus trabajadores, no cancela éstas en un mes determinado, o hace un pago por un monto notoriamente inferior al del mes anterior, sin haber informado novedades en el formulario de pago de contribuciones que lo justifiquen.


En ese sentido, el artículo 3, parágrafo I de la Norma General para la Gestión Judicial dispone: “De conformidad con el artículo 22 del Decreto Supremo Nº 0778, la GPS deberá iniciar obligatoriamente el PCS en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, desde que el Empleador se constituyó en Mora o Presunción de Mora, cuando se persiga el cobro de Contribuciones, Aportes, Primas y Comisión, el Interés por Mora y el Interés Incremental, y recargos cuando corresponda. Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, el vencimiento del plazo señalado no impedirá a la GPS iniciar el PCS”, deduciendo de esta normativa, que la constitución o presunción de mora, obligan a que las Administradoras de Fondos de Pensiones instauren el proceso coactivo social, el cual tiene por finalidad recuperar aportes de la Seguridad Social, evidenciándose que no existe ninguna contradicción al sustantivo y adjetivo civil en la resolución ministerial impugnada, como acusó la parte demandante, aclarando que esta no precisó exactamente dicha contradicción, por lo que se concluye que la mora presunta constituye el no pago de las contribuciones por parte de los empleadores, siendo una suma líquida y exigible, al ser una deuda no pagada en su momento y oportunidad, así como teniendo plazo vencido, correspondiendo en consecuencia desestimar este reclamo planteado por Futuro de Bolivia.


Referente al agravio 3), donde se acusó que el artículo 7 de la Norma General para la Gestión Judicial, equivocadamente dispone que se debe presentar la Nota de Débito conjuntamente la denuncia penal, al respecto cabe precisar que del análisis de la resolución impugnada, se advierte que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas fundamentó que la mención del artículo 13 del Código de Procedimiento Penal, realizada por la sociedad demandante, indicando que al sugerir la inclusión de la mora presunta en la Nota de Débito (se entiende incluirla a la acción penal), despojaría al mismo documento de su valor legal, resulta impertinente; por lo que se establece, analizando la pretensión de la parte demandante y la fundamentación mencionada, que la presentación de la Nota de Débito en la acción penal no sería procedente, cuando esta no sea conveniente a los intereses de los beneficiarios y asegurados, puesto que se dispuso su presentación para que la misma sea debidamente valorada dentro del proceso penal, así como con el objeto de defender las contribuciones de los asegurados y beneficiarios de la Seguridad Social a Largo Plazo, no siendo procedente este reclamo planteado, al no evidenciarse error en la disposición de presentar la Nota de Débito conjuntamente la denuncia penal.


Con relación al reclamo 4), que trata sobre el artículo 4 de la Norma General para la Gestión Judicial, el cual dispone que la interposición de la denuncia sea mediante elementos probatorios pertinentes e idóneos, que a criterio de la parte demandante es contrario a los artículos 277 y 285 del Código de Procedimiento Penal, es necesario traer a colación dichos artículos: “277.- (FINALIDAD). La etapa preparatoria tendrá por finalidad la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado; 285.- La denuncia contendrá, en lo posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de los autores y partícipes, víctimas, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación”, de donde se colige que en lo posible la denuncia debe ser acompañada por elementos probatorios pertinentes, por su lado, el artículo 4 de la Norma General para la Gestión Judicial, refiere que las acciones que tome la GPS deberán ser respaldadas con elementos probatorios pertinentes e idóneos, por lo que realizando un análisis entre los artículos 277 y 285 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 4 del citado Anexo I, no se advierte contradicción alguna como acusó la parte demandante, toda vez que, este último artículo señala que la GPS debe respaldar sus acciones penales con elementos probatorios idóneos y el Código de Procedimiento Penal, por su lado, dispone que en lo posible la denuncia tiene que contener elementos que puedan conducir a comprobar la verdad de los hechos, de lo que se concluye que esta normativa, tiene la finalidad de que la GPS pueda aportar elementos probatorios dentro sus posibilidades, correspondiendo declarar infundado este reclamo planteado, al evidenciarse que no existe contradicción en la normativa señalada.


Sobre el punto 5), se advierte que la controversia de este reclamo, radica en que a través de los artículos 4 y 5 de la Norma General para la Gestión Judicial, se habría dispuesto como obligación para las Administradoras de Fondos de Pensiones, la interposición de la denuncia, que de acuerdo al artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, sería suficiente y haría innecesaria la presentación de la querella como determina el artículo 10 de la Norma General para la Gestión Judicial, al respecto, se tiene que la instancia jerárquica refirió que, el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal señalaba: “La víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y en su caso, a impugnarla”, relacionándolo con su actual modificación, que fue a través de la Ley Nº 007 de 18 de mayo de 2010, que dispone: “La víctima por sí solo o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante”, concluyendo que dicha modificación garantiza la participación de la víctima dentro del trámite.


En ese sentido, se advierte que como explicó la instancia jerárquica, los institutos de denuncia y querella no configuran realidades jurídicas idénticas o al menos similares, es decir que son diferentes, pudiendo la Administradora de Fondos de Pensiones recurrir a cualquiera de estas, de acuerdo a su interés y necesidad, siendo preciso considerar que el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que la víctima podrá promover la acción penal mediante querella, situación diferente a la denuncia, la cual puede ser interpuesta por cualquier persona, inclusive sin ser víctima, de lo que se concluye que la Administración de Fondos de Pensiones, debe cumplir con la denuncia, así como también con la querella, a efectos de resguardar los intereses de los contribuyentes al Seguro Social, por lo que no se advierte que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas haya omitido considerar lo dispuesto en el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, siendo improcedente este reclamo planteado por la parte demandante.


Referente al agravio 6), donde reclamó que el artículo 12 de la Norma General para la Gestión Judicial, equivocadamente señala que ante cada actualización de periodos en mora debe ampliarse la denuncia, puesto que a criterio de la sociedad demandante solo debería hacérsele conocer al Fiscal la actualización de periodos en mora a través de un simple memorial, se tiene que, los delitos previsionales que se encuentran detallados en el artículo 118 de la Ley Nº 065, tienen el objeto de determinar a través de la acción penal la existencia de una conducta ilícita, indiferentemente de la cuantía que hubiera dado lugar a la posible autoría del delito, es decir que la finalidad del proceso penal respecto a los delitos previsionales, es sancionar la conducta considerada como delito, sin embargo como correctamente refirió la instancia jerárquica, el artículo 38, numeral 2) del Código Penal, dispone que para apreciar la gravedad del hecho, se tendrá en cuenta la extensión del daño causado, lo cual lógicamente influye en la decisión de la autoridad judicial al dictar la sanción o pena, por lo que el artículo 12, parágrafo II de la Norma General para la Gestión Judicial, al disponer que la GPS en los procesos penales por el delito de Apropiación Indebida de Aportes, amplíe la denuncia, querella o acusación hasta antes de la sentencia, al haberse acreditado nuevos periodos adeudados por el empleador, no contiene error, ya que una nueva conducta delictiva del mismo empleador por periodos diferentes, debe ser necesariamente ampliada a efectos de que se investigue la reiteración de conductas ilícitas, no siendo suficiente como refiere la parte demandante, poner solo en conocimiento del Ministerio Público los nuevos periodos en mora, por consiguiente resulta improcedente este reclamo acusado.


Respecto al reclamo 7), donde se acusa que no se habría emitido pronunciamiento sobre la inexistencia de un reglamento sancionador para el incumplimiento de obligaciones de la GPS, se advierte que la parte demandante en su recurso jerárquico indicó que no existe un marco reglamentario sancionador, conforme lo dispone el artículo 197 de la Ley Nº 065, punto que fue traído hasta esta instancia, sin embargo es necesario aclarar que la demanda contenciosa administrativa debe estar enfocada a posibles agravios que se hubieran causado en sede administrativa, agravios que en el presente caso se hubieran dado a consecuencia de la aprobación de la Norma General para la Gestión Judicial, no pudiendo la parte demandante reclamar a través de este proceso, la inexistencia de un reglamento, puesto que como se indicó ut supra, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia realizar el control de legalidad sobre las actuaciones que se dieron en sede administrativa, a efectos de determinar si existió alguna vulneración de derechos, siendo este reclamo impertinente al no estar relacionado hacia la aprobación de la Norma General para la Gestión Judicial, que constituye el acto administrativo controvertido para la presente demanda.


Sobre el reclamo 8), donde la sociedad demandante acusó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al aprobar el artículo 20 de la Norma General para la Gestión Judicial cometió un exceso, respecto a que las Administradoras de Fondos de Pensiones tengan obligatoriamente que participar en todos los procesos judiciales, se tiene que, el artículo 149, inciso j) de la Ley Nº 065 dispone: “La Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo tiene las siguientes funciones y atribuciones: j) Iniciar y tramitar los procesos judiciales que se requieran con el fin de precautelar los intereses de los Fondos administrados y de los Asegurados”, y por su lado el artículo 20 de la Norma General para la Gestión Judicial, establece: “De conformidad al artículo 149 literal j) de la Ley Nº 065, la GPS tiene la obligación de iniciar, tramitar o de tomar participación en todo proceso judicial cuando corresponda, con el fin de precautelar los intereses de los Fondos administrados y de los Asegurados al SIP”, de donde se concluye que se determinó la participación de GPS en procesos judiciales, siempre que sea necesaria su intervención a fin de precautelar los aportes de los asegurados, conforme correctamente lo determinó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al señalar que dicha participación debe ser solo cuando corresponda, no evidenciándose exceso por parte de la instancia jerárquica, correspondiendo desestimar este reclamo.


Finalmente respecto al reclamo 9), donde se acusó que la instancia jerárquica debió anular completamente la Norma General para la Gestión Judicial y no solo los artículos 6 y 16, se advierte que los puntos controvertidos que fueron denunciados en el recurso jerárquico por parte de Futuro Bolivia, merecieron acertadamente una respuesta fundamentada por cuerda separada en la Resolución Ministerial Jerárquica, la cual confirmó 13 artículos de la Norma General para la Gestión Judicial, modificando 5 y anulando 2, con el objeto de dar respuesta a cada uno de los puntos reclamados, conforme lo dispone el artículo 16, inciso h) de la Ley Nº 2341, que dispone que las personas tienen derecho a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen, advirtiendo vulneraciones en las cuales habría incurrido la APS al emitir su resolución de revocatoria, las cuales fueron subsanadas por la instancia jerárquica, que confirmó los puntos que consideró correctos, modificó los que contendrían vulneraciones subsanables y anuló aquellos que consideró que debían volver a ser emitidos dentro del marco que habría determinado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de lo que se concluye que la forma de resolución que contiene la Resolución Ministerial Jerárquica fue en estricta sujeción a lo dispuesto por el artículo 124, inciso b) del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, no encontrando contradicción e incongruencia en el fallo impugnado. 


VII.2.2.- Conclusiones.


En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye que no es evidente que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al emitir la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 050/2013 de 23 de agosto, hubiera incurrido en las vulneraciones acusadas de acuerdo con la problemática planteada, detallada en el numeral VIII. de la presente resolución, así como tampoco se advierte violación al debido proceso, aclarando que las acusaciones de la parte demandante no se encuentran debidamente fundamentadas y que la instancia jerárquica aprobó la Norma General para la Gestión Judicial con la finalidad de resguardar los intereses de los beneficiarios del Seguro Social a Largo Plazo, por lo que debe confirmarse la resolución que fue emitida en la instancia jerárquica.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando:


I.- IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fojas 97 a 101 y vuelta del expediente Nº 757/2014, interpuesta por Susana Judith Rojas Rendón, en representación de Futuro de Bolivia SA Administradora de Fondos de Pensiones, contra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.


II.- IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 850 a 864 y vuelta, deducida por Julio Antonio Vargas León, en representación de Futuro de Bolivia SA Administradora de Fondos de Pensiones, contra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.


En consecuencia, mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nros. 050/2013 de 23 de agosto y 026/2014 de 5 de mayo, pronunciadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena