SALA PLENA


SENTENCIA:                            252/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE:                        1267/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Pastor S. Mamani Villca.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fs. 13 a 18, en la que se impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1804/2013 de 30 de septiembre, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); providencia de admisión de fs. 23, la contestación de fs. 51 a 54, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Manifiesta que el 16 de diciembre de 2012, la Agencia Despachante de Aduana (ADA) “IMEX GROUP” presentó Declaración Única de Importación (DUI), consignado a nombre de Ruth Rosana Palomeque Ríos en régimen de importación a consumo IM-4, declarando Aires Acondicionados marca ELEGENCE por un valor FOB de 30.081,84 $us., monto que en el aforo documental generó duda por considerarlos relativamente menores en comparación a mercancías idénticas o similares, lo que motivo el inicio de investigación con la Diligencia 1 por contener factores de riesgo del art. 49 de la Resolución 846 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): precios ostensiblemente bajos.


Luego de presentados los descargos por la ADA, al no ser satisfactorios, se emitió el Acta de Reconocimiento/Informe de variación de valor (12166304D0), debido a que no existía comprobación válida al precio de venta de la mercadería y al no existir documentos que contengan datos objetivos y cuantificables y por no cumplir con los incisos B), C) y D) del art. 5 y art. 8 de la Resolución ya citada. Luego de notificada la misma, presentados los descargos que son copias simples sin legalizar se emitió Resolución Determinativa (RD) AN-SCRZI-RD-012/2013, que declaró firme el Acta, por variación de valor de tributos aduaneros por la suma de 11.110 UFV.


Esta RD fue objeto de impugnación en Recurso de Alzada, que la revocó bajo el argumento de que; se evidencia una Factura Comercial (Comercial Invoice) por un precio por la compra del mismo tipo de mercadería, con la efectivización del pago por transferencia de fondos internacionales, lo que consta por una certificación emitida por el Banco BISA; además de hacer una simple enunciación del incumplimiento de requisitos para aplicar el método de transacción vulneran el derecho al debido proceso, por lo que no es aplicable las circunstancias del art. 1 num. 1, incs. A), B), C) y D) del Acuerdo de Variación del Valor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este punto, hace una argumentación que luego es repetida en su fundamentación, continua copiando lo señalado por los arts. 5, 18 y 52 de la Resolución 846 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de la Mercancías Importadas.


Luego de ello en el epígrafe “Normativa que respalda lo resuelto por la Administración Aduanera”, cita los arts. 21, 66 y 100 del Código Tributario de Bolivia (CTb), 1 y 30 de la Ley General de Aduanas (LGA) y 22 del Decreto Supremo (DS) Nº 25870, para sustentar las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación transcribiendo también los arts. 98 y 148 del CTb, 3 y 5 de la Resolución 846 ya citada.

La Resolución de Alzada fue objeto del Recurso Jerárquico y la misma fue ratificada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), aspecto que no menciona sino que emerge de la lectura de todo el expediente.


I.2. Fundamentos de la demanda.


La Administración Aduanera (AA), sostiene que la AGIT en su resolución aplicó el art. 5 de la Resolución 846 de la CAN, por lo que su actuación se enmarcó en la normativa vigente, la que debe hacer cumplir, ya que lo contrario es afectar los intereses del Estado que es una víctima de un ilícito aduanero. Argumento copiando casi in extenso un párrafo ya citado en el punto anterior que señala: “…la factura comercial presentada como descargo no especifica condición de pago ni declaración andina de valor, no hay forma de pago; así también la solicitud de transferencia de fondos internacionales y el certificado bancario no cuentan con informaciones adicionales del cliente o importador”.


Luego pretendiendo establecer otro fundamento transcribe los arts. 5, 18 de la Resolución 846 de la CAN, para decir que: “…la Administración realizó el procedimiento de acuerdo a normativa vigente y velando por los Derechos del recurrente al momento de emitir la Resolución Determinativa” (textual) revocada, y que se demostró la variación del valor de precios existentes en la base de datos de la Aduana.


I.3. Petitorio.


Concluye solicitando, se declare probada la demanda y en consecuencia se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1804/2013 de 30 de septiembre, declarándose firme y confirmándose la RD AN-SCRZI-RD Nº 12/2013 de 26 de febrero.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 23 de julio de 2014, cursante de fs. 51 a 54, señalando lo siguiente:


II.1. Tras realizar un resumen del procedimiento en sede administrativa, resalta que los documentos presentados por el sujeto pasivo consistentes en la DUI C-86365 en el Item 1 como valor FOB, en el rubro 34; la factura comercial Invoice  IVN.NO:UBK-1208-11 emitida por UBASE CHINA TECHNOLOGY CO., LIMITE, el Comprobante Bancario Nº 3730 de 17 de septiembre de 2012 del Banco BISA a la citada empresa, por compra de Aires Acondicionados PI UBK 12; el Formulario de Solicitud de Transferencia de Fondos Internacional y el Certificado Cite: 000040001-2012TRSC del citado Banco; todos ellos demuestran que la transacción se realizó por el monto de 29.874 $us.


Por estos documentos se demostró el cumplimiento del art. 1 num. 1 del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; 5 de la Resolución 846 de la CAN y 143.III de la Ley 1990 LGA, con el pago de un precio real, con una negociación internacional de por medio; de modo que no fue desvirtuado por la AA.


Señala además un caso de jurisprudencia del sistema de doctrina tributaria expresada en la Resolución AGIT- RJ 0548/2011, que trataba de un tema similar pero de otra Regional de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). Señaló además que los argumentos expuestos son una reproducción de los argumentos ya planteados en la instancia administrativa recursiva, existiendo por esto carencia de carga argumentativa citando como precedente a la Sentencia Nº 238/2013 de 5 de julio de Sala Plena, que estableció que al copiarse los recursos interpuestos le impide al Tribunal entrar al análisis de fondo de la acción.


Con esa base refiere, que la Resolución Jerárquica fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso, y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratificaron en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución impugnada.


II.2. Petitorio.


Concluye solicitando, se declare improbada la demanda contencioso-administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1804/2013 de 30 de septiembre, emitida por la AGIT.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efecto de resolver los fundamentos de la demanda, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso, informan lo siguiente:


III.1 El 18 de diciembre de 2012, mediante acta de reconocimiento / Informe de Variación de Valor (12166304D0) la AA, hizo la siguiente observación de valor: Precios ostensiblemente bajos variación de valor, en concordancia con el numeral 53º de la resolución 846, a objeto de determinar la valoración de la mercancía, en razón a que los descargos presentados a la diligencia, no son suficientes para desvirtuar la duda razonable y aplicar el art. 1 (Método de transacción), debido a que no existe comprobación valida al precio de venta y al no existir documentos que contengan datos objetivos y cuantificables, además de no cumplir con los incisos B), C) y D) del art. 5 y art. 3 de la Resolución 846 de la Secretaria de la Comunidad Andina. Producto de la cual se presentaron varios descargos por la ADA.


III.2  El 4 de marzo de 2013, se notificó personalmente a Ruth Rosana Palomeque Ríos con la RD AN-SCRZI-RDS-012/2013 de 26 de febrero, Resolución que analizando los descargos presentados por la ADA señaló que los oficios presentados conteniendo adjuntos: Certificación de Precio (Copia), documento de exportación (Copia) y demás documentación, estableció que esta documentación son copias sin legalizar y no fueron validadas por la Agencia Despachante y/o autoridades nacionales. Con este análisis declaró firme al Acta de Reconocimiento / Informe de Variación de Valor 12166304D0, por variación de valor de tributos aduaneros de importación.


II.3  En este antecedente, la contribuyente interpuso Recurso de Alzada en contra de la citada RD, presentando en calidad de prueba documental fotocopias legalizadas de varios documentos, relativos a la transacción comercial efectuada, mientras que la AA se ratificó en la prueba ya adjuntada para la emisión de la RD, y luego de los alegatos correspondientes se emitió la Resolución ARITSCZ/RA 0593/2013 de 8 de julio, que revocó la RD ANSCRZI-RDS 012/2013 de 26 de febrero; bajo el argumento de que: en los antecedentes del expediente cursa a fojas 94 factura comercial No. INV. No. UBK-1208-11 de 22 de agosto de 2012, que consigna el precio de 29.784 $us., girada a nombre de Ruth Rosana Palomeque Ríos por aires acondicionados y partes, a fojas 92 está el formulario de solicitud de transferencia de fondos internacionales de 27 de septiembre de 2012, de la contribuyente a una empresa china por la suma ya mencionada, con una certificación a fojas 89 bajo cite: 000040001-2012-TRSC, con los mismos datos y ratificando la transferencia; de esta forma los actos de la AA carecen de fundamentación para desestimar el valor de transacción, dado que no fue elaborada sobre datos objetivos y cuantificables, en los términos del art. 60 num. 2 de la Resolución 846 CAN y arts. 257, 258 y 260 del DS Nº 25870 Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA), en razón a que simplemente enunció que no cumple los requisitos para aplicar el método de transacción, concluyendo que vulneraron derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso, de los arts. 115  II. de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68 num 6 de la Ley 2492 CTb; hecho que implicarían nulidad en el proceso pero bajo el principio de economía procesal, demostrado que esta que hubo un precio real en la factura comercial, y el pago por documentos bancarios no es aplicable el art 1 num. 1 incs. a), b) c) y d) del Acuerdo de Variación del Valor de la OMC.


III.4 Contra la citada Resolución la AA recurrió de Jerárquico, el cual luego de su trámite pertinente mereció la Resolución AGIT RJ 1804/2013 de 30 de septiembre, hoy impugnada, que confirmo la Resolución del Recurso de Alzada revocando la RD, ya citada, con el argumento de que Ruth Rosana Palomeque Ríos suministró y aportó la documentación que respalda su transacción de conformidad con los arts. 16 y 18 de la Decisión 571, situación que la AA no desvirtuó porque el precio consignado en toda la documentación coincide; ya que el sujeto activo se limitó a determinar que los precios son ostensiblemente bajos y, sin justificarlo, procedió al descarte de los métodos de valoración aduanera, es decir sin datos objetivos y cuantificables según el art. 60 de la Resolución No. 846 y 143 de la LGA.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


De los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, así como de la administración aduanera.


Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales tributarias, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la controversia se refiere a determinar: “Si la Resolución Determinativa AN-SCRZI-RDS-012/2013 de 26 de febrero, fue emitida cumpliendo con las disposiciones legales citadas en la demanda.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


V.1. Respecto a la demanda planteada por la AA. 

Conforme a lo que señala el autor Quisbert, Ermo, en su libro: Apuntes De Derecho Procesal Civil Boliviano, Sucre, Bolivia: “La demanda es un acto de procedimiento oral o escrito, que materializa un poder jurídico (la acción), un derecho real o ilusorio (la pretensión) y una petición del acto como correspondiente a ese derecho procurando la iniciación del proceso”.


Sobre los requisitos de forma de la demanda, el art. 327 del Código de Procedimiento Civil (CPC), señala que deberá contener:


  1. La indicación del juez o tribunal ante quien se interpusiere.
  2. La suma o síntesis de la acción que se dedujere.
  3. El nombre, domicilio y generales del demandante o del representante legal si se tratare de persona jurídica.
  4. El nombre, domicilio y generales de ley del demandado. Si se tratase de una persona jurídica la indicación de quién es el representante legal.
  5. La cosa demandada, designándola con toda exactitud.
  6. Los hechos en que se fundare, expuestos con claridad y precisión.
  7. El derecho, expuesto sucintamente.
  8. La cuantía, cuando su estimación fuere posible.
  9. La petición en términos claros y positivos. (Arts. 716, 755, 775, 779).


En autos, la lectura de la demanda, evidencia lo siguiente:


Se hace una relación de antecedentes a partir de la presentación de la DUI por la ADA “IMEX GROUP”, a nombre de Ruth Rosana Palomeque Ríos por importación a consumo de Aires Acondicionados marca ELEGENCE, por un valor de 30.081,84 $us., para citar solamente que el monto indicado generó duda considerándolo relativamente menor al de mercancías idénticas o similares, la cual generó la investigación que concluyo en la emisión de la Resolución Determinativa (RD) AN-SCRZI-RD-012/2013, que declaró firme el Acta, por variación de valor de tributos aduaneros. La misma fue objeto de impugnación en Recurso de Alzada, que la revocó.


Luego de ello hace una simple enunciación del incumplimiento de requisitos para aplicar el método de transacción por lo que no es aplicable el art. 1 numeral 1, incs. A), B), C) y D) del Acuerdo de Variación del Valor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Y pretendiendo dar fundamento a su demanda, transcribe una fundamentación que planteo dentro de su recurso jerárquico, que luego repite en la parte de argumentación. Sustenta la demanda con la copia de los arts. 5, 18 y 52 de la Resolución 846 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 Valor en Aduana de la Mercancías Importadas, y la cita los arts. 21, 66 y 100 del CTb, 1 y 30 de la LGA y 22 del DS Nº 25870, la transcripción de los arts. 98 y 148 del CTb, 3 y 5 de la Resolución 846 de la CAN.


En estos dos puntos, resulta evidente que la entidad demandante, no proporcionó los supuestos fácticos correspondientes al no haberse especificado, como es que los precios por la importación de los aires acondicionados incumplen una normativa, relativa a la forma de ingreso como mercancía en territorio aduanero, porque la fundamentación parece que pretende que este Tribunal Supremo ponga precio a las compras de productos del extranjero, es decir regule el mercado el cual no está regulado ni bajo su competencia, pero lo más importante es que detalla de qué manera se equivocó, en su análisis y fundamentación técnico-jurídica, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, aspecto que permitiría a esta Sala Plena, efectuar un contraste entre el hecho concreto y la norma invocada, para establecer si la actuación administrativa de la autoridad demandada fue correcta o no; por esto se demuestra  que no cumplió con la carga argumentativa señalada por el art. 327-6) del Código de Procedimiento Civil; es decir, especificar los hechos en que se fundare, expuestos con claridad y precisión.


Sostiene también en su análisis que la AGIT, en su Resolución, aplicó el art. 5 de la Resolución 846, antes citada, y que su obligación es hacer cumplir la ley, ya que se afectaría los intereses del Estado como víctima de un ilícito aduanero. Para nuevamente copiar casi in extenso un párrafo ya indicado anteriormente que señala: “la factura comercial Nº UBK-1208-11 de 22/08/2012, no especifica la condición de pago, ni en la Declaración Andina de Valor en la casilla 29 y 31 no establece la forma de pago, la solicitud de transferencia de Fondos Internacionales es de 27 de septiembre de 2012 emitida por el Banco Bisa…”. Sobre este punto, la revisión de antecedentes administrativos, permite verificar que dicho párrafo corresponde a la exposición efectuada por la Administración Aduanera, en oportunidad de plantear el recurso jerárquico (fs. 104, séptimo párrafo del anexo 1); consecuentemente, no se refiere a ningún cuestionamiento a la argumentación técnico jurídica planteada por la autoridad demandada en el proceso.


Por ultimo transcribe otra vez, los arts. 5 y 18 de la Resolución 846 ya mencionada, concluyendo su fundamento con la siguiente frase: “la Administración realizó el procedimiento de acuerdo a normativa vigente y velando por los Derechos del recurrente al momento de emitir la Resolución Determinativa” (textual). Finalizando en su petitorio con la aseveración de que se demostró la variación del valor de precios existentes en la base de datos de la Aduana.


Con este análisis del contexto de la demanda misma, el pretender que se declare probada un demanda sin hacer un trabajo de relacionamiento, de cada una de las normas invocadas como incumplidas, con cada hecho que es lesionado por la decisión impugnada impide a que se proceda a realizar el control de legalidad, porque no basta con transcribirse dos o más veces una disposición legal, debe explicarse detalladamente cómo es que se pretende deba aplicarse la misma, para que quede precisa la forma de interpretación correcta que fue mal entendida por la AGIT, argumentación que no ha sido cumplida por la entidad demandante, porque se hacen aseveraciones pero sin un análisis previo que compruebe la veracidad de las mismas.


Se concluye entonces, que es indudable que la AA, al plantear su demanda no observó los requisitos puntuales señalados por el art. 327 del CPCl; por consiguiente, no presentó  los antecedentes de hecho ni los fundamentos necesarios para que pueda efectuarse el control de legalidad correspondiente, debiendo además cumplirse el mandato contenido en el art. 192-3) del CPC, el que es imperativo, siendo que dicha norma refleja el  principio de congruencia que, conforme señaló el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en su amplia jurisprudencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por la parte demandante, de manera que la decisión de la autoridad jurisdiccional debe responder precisamente a lo pedido por las partes, no podemos deducir, presumir o prever lo que quiso decir la parte actora, pues “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas… los derechos de acción y de contradicción imponen al Estado el deber de proveer mediante un proceso y por una Sentencia, cuyo alcance y contenido están delimitados por las pretensiones y las excepciones que complementan el ejercicio de aquellos derechos”.1


Corresponde aclarar que existe ausencia de carga argumentativa de la demanda; es decir, faltan razones serenas, seguras, concretas, acertadas y bastantes con base en los hechos en que se fundare, que en el caso es ilusoria y con datos inexactos, que no pueden ser considerados y, menos aún, determinados por este Tribunal bajo pena de violar de forma grave, no únicamente el deber de congruencia sino también, el derecho a la seguridad jurídica de las partes procesales, por lo que no puede emitirse un fallo ultra petita (más allá de lo pedido por la parte), extra petita (algo diferente a lo solicitado) o infra o citra petita (otorgando menos de lo pedido).


El análisis anterior, dispensa a este Tribunal Supremo de Justicia de efectuar mayores consideraciones.


V.2. Conclusión.


En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde mantener firme y subsistente la Resolución impugnada.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 70, de la Ley del Procedimiento Administrativo Nº 2341 y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda; en su mérito, se mantiene firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1804/2013 de 30 de septiembre, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


No suscribe el Magistrado Jorge Isaac von Borries Méndez por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena



1 Teoría General del Proceso, Hernando Devis Echandía, 1985, pag. 533 a 536