SALA PLENA


SENTENCIA:                            230/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE:                        1086/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. de 17 a 23, planteada por la Administración Aduanera impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1407/2013 emitida el 13 de Agosto, por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 34 a 38, réplica de fs. 86 a 88 vta., dúplica a fs. 95 a 96; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Que mediante nota N° AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012 la Administración Aduanera solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la autenticidad del Certificado N° CM-PT-04-0033-2011, correspondiente al vehículo que ampara el Documento Único de Importación (DUI) 2011/543/C-1652, petición respondida por IBMETRO el 4 de julio de 2012, mediante Informe N° IBMETRO-DML-CE- 01272/12 de 4 de julio, en el que se señala que el indicado certificado no existe y no está registrado en ninguno de los archivos IBMETRO-Central La Paz ni Cochabamba, haciendo conocer además, varias observaciones respecto al técnico que hubiera efectuado la inspección y la ausencia de formalidades en dicho documento, concluyendo que no fue realizado bajo procedimientos establecidos por IBMETRO. Asimismo, en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio, IBMETRO concluyó que la revisión de los códigos y números de los certificados recibidos, que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de la entidad.


Con ese antecedente, -dice- se evidenció que la Agencia Despachante de Aduana “SAA SRL”, al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI Nº 2011/543/C-1652 de 26 de agosto de 2011, presentó un certificado medio ambiental no validado o presuntamente falso, por lo que se estableció que no se contaba con la Certificación Medioambiental emitida por IBMETRO que certifique que los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos de un vehículo son compatibles con los niveles establecidos o aprobados por la legislación nacional vigente.


Citando la normativa contenida en los arts. 148 del CTB, 84, 85 y 88  de la Ley General de Aduanas (LGA), 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), 3º y 5º del DS 28963 así como la R.M. 357 de 1 de septiembre de 2009, señaló que se presume que se habría incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en el art. 181-b) del CTB, según tributos pagados de Bs. 59.972,00, equivalentes a 36.042,16UFV s; es decir, contrabando contravencional.


Que, en base al informe AN-UFTPR-I-060/2012 y Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-023/2012 de 28 de septiembre y la prueba analizada el 27 de diciembre de 2012, Administración Aduanera dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-84/2012, declarando probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando en contra de Fermina Céspedes Salazar, con CI N° 3013557Chbba., por el inciso b) del artículo 181 del CTB con domicilio en la zona Ulincate s/n Sacaba Cochabamba.


La  Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), anuló la Resolución del recurso de alzada  ARIT/CHQ/RA 0079/2013 de 6 de mayo, emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria Chuquisaca, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del certificado Medio Ambiental N° CM-PT-04-0033-2011, la Administración Aduanera dicte nueva acta de intervención contravencional, si corresponde, al respecto expuso como fundamento: “xii De lo anterior se evidencia que existe una contradicción de argumentos ente el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal puesto que Fermina Céspedes Salazar, asegura que es plenamente válida para desvirtuar la contravención de contrabando contravencional impuesta, y por otro lado, el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, establecen que el Certificado Medio Ambiental CM-PT-04-0033-2011 correspondiente al vehículo que ampara la DUI C-1652 no existe, ni se encuentra registrado en los archivos de IBMETRO según informe AN-UF-UFIPR-I N° 060/2012; motivo por el cual dicha prueba, se encuentra suspendida al pronunciamiento en la vía penal; es decir, para determinar si lo hechos generadores acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo; se requiere previamente el pronunciamiento sobre la veracidad o no del mencionado certificado medio ambiental (fs. 15 de antecedentes administrativos c.2) hecho que, como bien lo señala la Administración Aduanera, competen al Ministerio Publico”.


I.2. Fundamentos de la demanda.


Apuntó que refutando la fundamentación de la AGIT, le corresponde señalar lo siguiente:


Que al amparo de la Resolución de Directorio (RD) 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y último párrafo del art. 181 del CTB, modificado por la cláusula Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley 317, se emitió el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-023/2012 de 28 de septiembre de la DUI 2011/543/C-1656, en la que se puede observar de manera más amplia el trabajo realizado, la identificación de las personas sindicadas, identificación de los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del Contrabando Contravencional, descripción de la mercadería objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar la contravención aduanera.


Realizando una trascripción de los arts. 48 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310; 85 de la LGA; 65 y 148 del CTB; 111 del RLGA, indicó que el citado art. 48 del DS Nº 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB.


Continúo manifestando que por lo citado, el procedimiento seguido a consecuencia del Control Diferido Regular es totalmente válido al haberse determinado en el mismo que la DUI no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181-b) del CTB ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tales como, los arts. 111-k) del RLGA y 119, modificado por la disposición adicional tercera del DS Nº 572 de 14 de julio de 2010. En caso de no contar con la acreditación mediante certificación que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera en coordinación con la entidad, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.


Reiteró que en el procedimiento de Control Diferido Regular, se estableció claramente que el certificado de IBMETRO que fuera presentado como documento de soporte de la DUI, no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-Central La Paz conforme se estableció en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio.

Con relación a lo señalado por la AGIT de que debe existir pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento no corresponde porque el proceso penal instaurado por la Aduana por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado no tiene la finalidad de determinar la falsedad de documento, pues el mismo esta corroborado por el certificado de IBMETRO, al parecer la AGIT pone en duda lo afirmado por IBMETRO dando mayor credibilidad a lo señalado por los importadores.


Haciendo una transcripción de los arts. 198, 199 y 203 del CP afirmó que de su interpretación no se pretende se identifique la falsedad, sino más bien, se determine quién es el autor o participe del hecho delictivo, de ahí que no resulta coherente que la AGIT pretenda se dilucide el proceso penal para determinar si el certificado es falso o no, sino en qué grado fueron responsables de la elaboración y uso de este documento, por lo que la determinación o no del sujeto punible  en ningún momento convalidará el certificado CM-PT-04-033-2011, al contrario solo sancionará el hecho punible, situación distinta con el proceso de contrabando contravencional que se inició, puesto que al tener la certificación de IBMETRO de que los merituados documentos son falsos es como si los mismos no existieran porque no fueron emitidos por la entidad competente y, por consiguiente, se hubiera incumplido lo dispuesto por el art. 11 inc. k) del Reglamento de la Ley General de Aduanas, en ese entendido es que se procesó por contrabando contravencional.


El proceso penal es un tema aparte iniciado con la finalidad de poder determinar quiénes son los responsables de fraguar documentos que están permitiendo la circulación de vehículos que no cumplen con las exigencias medio ambientales, atentando contra la salud de la sociedad en su conjunto. IBMETRO ha certificado que los certificados utilizados en los despachos aduaneros no fueron emitidos por la misma, con ello se demuestra que fueron fraguados, correspondiendo a la Autoridad jurisdiccional determinar quién o quiénes son los responsables.


I.3. Petitorio.


Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1407/2013 de 13  de agosto emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por consiguientemente, se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-084/2012 de 27 de diciembre.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente la demanda con memorial presentado el 14 de agosto de 2014, que cursa de fojas 34 a 38, señalando que los argumentos de la demanda no desvirtúan la fundamentación de la resolución jerárquica, más aun cuando es una reproducción de los fundamentos expuestos en instancia administrativa recursiva, no pudiendo el Tribunal suplir la carencia de la carga argumentativa de la entidad demandante.


Apuntando los antecedentes administrativos del caso, señaló que de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492 en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretende hacer valer sus derechos deberá probar los hecho constitutivos de los mismos; en el presente caso la Administración Aduanera no demostró que el certificado medio ambiental (IBMETRO) N° 6544, se falso ni lo adjuntó en los antecedentes administrativos; más aún, cuando por mandato del art. 217, último párrafo de la Ley 3092, se determina que la prueba documental hace fe respecto a su contenido, salvo que sea declarado falso por fallo judicial firme, en ese sentido en estricta aplicación del art. 197-II, inc. b) de la Ley 3092, no compete a la instancia jerárquica dilucidar cuestiones de índole civil o penal, atribuidas a la jurisdicción ordinaria, por lo que la Administración Aduanera previamente debe demostrar que el certificado medioambiental (IBMETRO) N° 6544, presentado a despacho aduanero como documento soporte de la DUI C-1618, por la ADA Bruselas por cuenta de su comitente Peter Luis Franco Ávila, es falso, a través de fallo firme dictado por autoridad competente.


Consiguientemente entiende que la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner, vulneró los derechos concernientes al debido proceso y el derecho a la defensa, establecidos por los arts. 115-II y 117-I de la CPE y 68 num. 6) de la Ley 2492, en contra de Peter Luis Franco Ávila, en aplicación del art. 36-I de la Ley 2341y 55 del DS 27113, aplicables en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 , por lo que correspondía anular la Resolución de Alzada , con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo , esto es , hasta el Acta de Intervención Contravencional N° AN-WINZZ-AI 046/2011 de 2 de marzo, toda vez que la Administración Aduanera debe demostrar que el certificado medio ambiental citado es falso.


II.1. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la ANB, manteniendo firme y subsistente la resolución jerárquica impugnada.


III. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO.


Fermina Céspedes Salazar, como tercera interesada fue legalmente notificada con el proceso contencioso administrativo mediante orden instruida, no habiéndose apersonado al mismo ni asumido defensa.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de anular lo obrados, con reposición de obrados hasta el vicio  más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-023/2012, de 28 de septiembre, inclusive, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado medio Ambiental N° CM-PT-04-00033-2011, la Administración Aduanera dicte una nueva Acta de Intervención Contravencional, si corresponde conforme establece el inc. c), Parágrafo I, del art. 212, de la Ley N° 3092 (Título V del CTB).


Al efecto señaló, que el art. 48 del DS Nº 27310 faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpretó correctamente dicha normativa conforme establece el art. 8 del CTB y realizó una interpretación incorrecta al pretender que se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho ya demostrado en el Control Diferido Regular, a cuya consecuencia se anuló obrados sin justificativo o normativa específica, causándole un grave perjuicio al haber anulado obrados sin justificativo o normativa específica, siendo que el procedimiento seguido en el caso a consecuencia del Control Diferido Regular es válido, y donde se determinó que la DUI no contaba con documentos de soporte válidos, razón por la que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181-b) del CTB, al haber transportado un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tales como, los arts. 111-k) del RLGA y 119, modificado por la disposición adicional tercera del DS Nº 572 de 14 de julio de 2010.


Por otra parte, se estableció que el certificado de IBMETRO presentado como documento de soporte de la DUI, no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-Central La Paz conforme se estableció en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio y que la exigencia de que exista un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento no corresponde porque el proceso penal instaurado por la Aduana por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado no tiene la finalidad de determinar la falsedad de documento, ya que el mismo esta corroborado por el certificado de IBMETRO, certificado que al parecer la AGIT pone en duda, dando mayor credibilidad a lo señalado por los importadores.


Por su parte, la autoridad demandada indicó que de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492 en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretende hacer valer sus derechos deberá probar los hecho constitutivos de los mismos; en el caso la Administración Aduanera no demostró que el certificado medio ambiental (IBMETRO) N° 6544, se falso ni lo adjuntó en los antecedentes administrativos y, que por mandato del art. 217, último párrafo de la Ley 3092, la prueba documental hace fe respecto a su contenido, salvo que sea declarado falso por fallo judicial firme, en ese sentido en estricta aplicación del art. 197-II, inc. b) de la Ley 3092, no compete a la instancia jerárquica dilucidar cuestiones de índole civil o penal, atribuidas a la jurisdicción ordinaria, por lo que la Administración Aduanera previamente debe demostrar que el certificado medioambiental (IBMETRO) N° 6544, presentado a despacho aduanero como documento soporte de la DUI C-1618, por la ADA Bruselas por cuenta de su comitente Peter Luis Franco Ávila, es falso, a través de fallo firme dictado por autoridad competente.


V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efectos de resolver y, en el marco de la controversia planteada, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:


  1. Que, mediante Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-041/2012 de 24 de mayo de 2012, el Jefe de la Unidad de Fiscalización a.i de la Gerencia Regional de Potosí  de la Aduana Nacional de Bolivia, ante irregularidades detectadas, entre ellas certificados medio ambientales presumiblemente falsos, solicita al Gerente Regional de Potosí de la Aduana Nacional  autorice a esa unidad proceda a realizar un control Diferido regular a vehículos Usados Importados por Personas Naturales y Empresas Unipersonales Tramitadas en la Administración de Aduana Frontera Avaroa en la gestión 2011, adjuntado al efecto el detalle de DUI s  (fs. 12-13 anexo 1).


  1. El 25 de mayo de 2012, la Administración Aduanera solicitó a la Agencia Despachante de Aduana (ADA) “SAA SRL” la remisión de DUI s de los vehículos detallados en el anexo con sus documentos de respaldo originales (fs. 14 anexo 1). El 31 de mayo de 2012 la mencionada ADA, mediante Nota Cite: SAA-208/2012, remitió la documentación requerida (fs. 15-19 anexo 1).


  1. Con nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, la Administración Aduanera, solicitó certificación de autenticidad de setenta y siente (77) certificados emitidos por esa entidad, entre ellos DUI 2011/543/C-1656 que dio origen al presente proceso (fs. 24 anexo 1 ).


  1. IBMETRO con nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio de 2012, remitió el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de 29 de agosto, el cual indica que un vez concluida la revisión de los códigos y números de los Certificados, se informa y corrobora que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO. Además, que los funcionarios que figuran y firman los certificados, no se encontraban prestando funciones en las fechas de emisión (fs. 27 a 34 Anexo 1).


  1. El 27 de diciembre de 2012, la Gerencia Regional Potosí, emitió el informe AN-UFIPR-I-043/2012, que da cuenta de haberse realizado el aforo documental, la decodificación del VIN del vehículo importado, la falta de certificado de IBMETRO, por lo que sugiere anular la DUI 2011/543/C-1057, debido a que no existe certificado medioambiental emitido por IBMETRO. Finalmente, estableció indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el art. 181-b) del CTB e indicios de la existencia de delitos penales por la falsedad del certificado de IBMETRO correspondiendo su consideración por la Unidad Legal para que tome las acciones que correspondan (fs. 35-42 anexo 1).


  1. El 17 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó a Primitiva Terceros Medina con el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR_AI-N° 006/2012 de 28 de noviembre, emitida en su contra y de quienes resultaren coautores, cómplices, instigadores y encubridores, estableciendo indicios de la comisión de la contravención tributaria de contrabando, determinó como tributo aduanero la suma de 35.379,00UFV s y otorgó un plazo de 3 días para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 51-59 anexo 1).


  1. Posteriormente, el 2 de enero de 2013, la misma Administración Aduanera notificó a Primitiva Terceros Medina con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-N° 34/2012 de 27 de diciembre, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional en su contra, al no existir la mercancía comisada, se le impuso la multa el pago del 100 % del valor de la mercancía objeto de contrabando, que ascendía a Bs. 277.813, la captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención, la anulación de la DUI 2011-543-C-1057 de 4 de junio de 2011. Finalmente, la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 68-73 anexo 1).


  1. La afectada interpuso recurso de alzada resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA Nº 0079/2013 de 6 de mayo, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULPR-RS-084/2012 de 27 de diciembre, dejando sin efecto la sanción de multa por el 100% del valor de la mercadería equivalente a Bs. 289.866 así como su ejecución tributaria , disponiendo el comiso del vehículo correspondiente a la DUI 2011/543/C 2198, de acuerdo con lo previsto por el art. 117.II de la CPE y art. 181  II del CTB, todo conforme lo establece el art. 212 I a) del referido Código Tributario Boliviano (fs. 87-93 anexo 2).


  1. El sujeto pasivo Primitiva Terceros Medina(fs. 96-98 anexo 2) y la  Administración Aduanera (fs. 110-115 anexo 2) plantearon recurso jerárquico  resuelto con la Resolución Jerárquica -ahora impugnada- mediante la cual la AGIT anuló la Resolución del recurso de alzada ARIT-CHQ/RA Nº 0079/2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AI-023/2012 de 28 de septiembre, inclusive , con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental N° CM-PT-04-00033-2011, la Administración Aduanera dicte nuevo acta de intervención Contravencional, si corresponde, conforme lo establece el inc. c) parágrafo I del art. 212 de la Ley N° 3092 (fs. 145-153 vta. anexo 2).


  1. En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho hasta la emisión del decreto de autos para sentencia.


VI. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA


Antes de ingresar al análisis de la problemática traída a consideración en el presente proceso contencioso administrativo, es necesario recordar y hacer referencia al principio de congruencia que en el proceso civil es considerado como un principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, en tanto deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, es decir que se exige la identidad jurídica entre lo resuelto y lo pedido, lo que tiene una extraordinaria importancia porque está vinculado con el derecho a la defensa, ya que exige que el demandado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones que contra él se han formulado y, por otra vinculado también respecto a la actuación del juez con relación al principio de la administración de justicia de proveer de seguridad jurídica, misma que será posible solo cuando el juez se limite a resolver el conflicto traído a su consideración.


Ahora bien, como ha sostenido este Tribunal el proceso contencioso administrativo es la vía judicial ordinaria mediante la cual se ejerce el control jurídico de las actuaciones administrativas pero además tiene la finalidad de tutelar de manera efectiva los derechos e interés de los administrados, en ese sentido el principio dispositivo que caracteriza el proceso civil no puede ser observado rigurosamente en el caso de los procesos contenciosos administrativos, pues constituirían un barrera que impediría al juez a involucrarse en el proceso y con ello ejercer efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.


VI.1. Respecto a la incorrecta interpretación del art. 48 del Reglamento del Código tributario - Procedimiento de Control Diferido.

En la demanda contenciosa administrativa, el primer reclamo de la Administración Aduanera está vinculado a una incorrecta interpretación del art. 48 del DS N° 27310, conforme las reglas establecidas por el art. 8 de la Ley 2492 en la que habría incurrido la AGIT, por la que -dice- pretende se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho demostrado en el Control Diferido Regular, a cuya consecuencia anuló obrados sin justificativo o normativa específica.


Sobre el particular, analizada la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1407/2013, emitida el 13 de Agosto, por la Autoridad General de Impugnación, en sus fundamentos no hace referencia a la disposición legal que supuestamente no fue correctamente interpretada, tampoco se pronuncia sobre un procedimiento de Fiscalización Posterior o Control Diferido Regular.


Es más, la autoridad demanda en su memorial de respuesta a la demanda contenciosa administrativa se centró en el hecho de que la Administración Aduanera no demostró que el certificado medio ambiental (IBMETRO) N° 6544, se falso ni lo adjuntó en los antecedentes administrativos y, que por mandato del art. 217, último párrafo de la Ley 3092, la prueba documental hace fe respecto a su contenido, salvo que sea declarado falso por fallo judicial firme, en ese sentido en estricta aplicación del art. 197-II, inc. b) de la Ley 3092, no compete a la instancia jerárquica dilucidar cuestiones de índole civil o penal.


VI.2. Respecto a la determinación de anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo (Acta de Intervención Contravencional), con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente sobre la veracidad del Certificado Medio Ambiental, la Administración Aduanera dicte nueva acta de intervención contravencional si corresponde.


Que conforme a los antecedentes del caso, puede establecerse que mediante Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-041/2012 de 24 de mayo de 2012, el Jefe de la Unidad de Fiscalización a.i de la Gerencia Regional de Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, ante irregularidades detectadas, entre ellas las supuestas falsedades de certificados medio ambientales, solicitó al Gerente Regional de Potosí de la Aduana Nacional autorice a esa unidad a realizar un Control Diferido Regular a vehículos Usados Importados por Personas Naturales y Empresas Unipersonales Tramitadas en la Administración de Aduana Frontera Avaroa en la gestión 2011, adjuntado al efecto el detalle de DUI s. En ese cometido la referida Unidad solicitó a la Agencia Despachante de Aduana (ADA) “SSA SRL la remisión de DUI s de los vehículos detallados con sus documentos de respaldo originales. Con esa información la Administración Aduanera, solicitó certificación de autenticidad de setenta y siente certificados emitidos por IBMETRO, dicha entidad dando cumplimiento al requerimiento mediante Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de 29 de agosto, indicó que un vez concluida la revisión de los códigos y números de los Certificados, estos no estaban  registrados en sus archivos y base de información, que además los funcionarios que figuran y firman los certificados, no se encontraban prestando funciones en las fechas de emisión.


A consecuencia de estas actuaciones se tiene el Acta de Intervención Contravencional Intervención AN-GRPTS-UFIPR_AI-N° 006/2012 de 27 de diciembre, emitida contra Fermina Céspedes Salazar, estableciendo indicios de la comisión de la contravención tributaria de contrabando, determinando como tributo aduanero la suma de 35.379,00UFV s y otorgó un plazo de 3 días para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación. Dicha Acta en el punto “Falta de Certificado Medio Ambiental emitido por IBMETRO” concluye señalando los siguiente: “ Por lo señalado, se evidencia que la Agencia despachante de Aduana “SAA S.R.L.” al momento de efectuar el despacho aduanero de la Declaración Única de Importación DUI 2011/543/C-1057 de 4 de junio, presentó un certificado medio ambiental presuntamente falso (N° CM-PT-0023-2011 de 06/04/2011) por lo que se establece que no contaba con la Certificación medio ambiental emitida por IBMETRO ….”.


Siguiendo el mismo entendimiento, la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-N° 34/2012 de 27 de diciembre, declaró probada la comisión de contrabando contravencional contra Primitiva Terceros Medina, ordenando expresamente la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 68 a 72 anexo 1).


Como puede establecerse la base de la determinación del hecho contravencional y posterior sanción es la supuesta falsedad del certificado medio ambiental que ampara a la DUI 2011/543/C-1057 de 4 de junio, así lo ha establecido el Acta de Intervención Contravencional y en la propia Resolución Sancionatoria, conforme los antecedentes referidos. En ese entendido, la Administración Aduanera tenía la obligación de dar aplicación al mandato del art. 217 del CTB, en su parágrafo final prevé que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme; es decir que, siendo la base de la determinación de una responsabilidad contravencional un documento público presumiblemente falso, en aras del respeto al debido proceso la Administración Aduanera no podía asumir la competencia de jurisdicción ordinaria penal y determinar en los hechos la falsedad del certificado, como lo hizo, cuando esa determinación corresponde a la instancia competente a través de un debido proceso. En todo caso, ante una situación como la presente la Administración Aduanera teniendo duda sobre la veracidad del certificado medio ambiental, con carácter al proceso administrativo sancionador debió realizar la denuncia penal correspondiente para la determinación de la falsedad o no del certificado medio ambiental y quien fue el responsable de ese hecho delictivo.


Que conforme lo señalado con toda razón la Autoridad General de Impugnación Tributaria concluyó que para determinar si los hechos generadores acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo, se requería previamente el pronunciamiento sobre la veracidad o no del certificado medio ambiental, hecho que como bien lo reconoce la Administración Aduanera compete al Ministerio Publico, estando por lo mismo imposibilitada por mandato expreso del parágrafo II, inc. b) del art. 197 del CTB de pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del certificado medio ambiental, teniendo el sujeto activo las vías legales para ese fin, determinando anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT, de manera correcta observando el debido proceso y los derechos y garantías de los que debe estar revestido todo proceso sancionatorio administrativo.


VI.3. Conclusión.


Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución impugnada, interpretó y aplicó correctamente el art. 197-II de la Ley 2492 CTB, al determinar que no tiene competencia para dilucidar cuestiones penales, por lo que no puede pronunciarse sobre la falsedad del certificado de IBMETRO, debiendo esperar el fallo en la vía penal para poder determinar con certeza la probabilidad de comisión del contrabando contravencional; sin embargo, no consideró que el procedimiento de control diferido aprobado por la RD 01-004-09, no prevé que ante la existencia de indicios de la comisión de contrabando contravencional se emita Acta de Intervención, no encontrándose respaldado legalmente el criterio de la AGIT cuando dispone que tras conocerse la determinación de la vía penal se emita una nueva Acta de Intervención en base a dichos resultados; correspondiendo en este caso, que en mérito a las facultades previstas en el art. 48 del DS 27310, y los argumentos expuestos precedentemente, la Administración Aduanera inicie una fiscalización aduanera posterior, a efecto de comprobar el Contrabando Contravencional, esto, conforme el criterio asumido por este Tribunal en casos análogos.


En tal virtud, corresponde a este Tribunal confirmar la nulidad de obrados hasta al Acta de Intervención, inclusive, dispuesta en la Resolución Jerárquica, y bajo fundamentos propios, instruir a la Administración Aduanera, esperar el pronunciamiento en la vía penal, y a partir del mismo, si corresponde, iniciar una Fiscalización Aduanera posterior.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fs. 21 a 23, interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1407/2013 de 13 de agosto dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con fundamentos propios, ratificándose la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional, inclusive, y disponiendo que con los resultados determinados en la vía penal, la Administración Aduanera, si corresponde, inicie el respectivo proceso de fiscalización.

No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena