SALA PLENA


SENTENCIA:                            224/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE:                        1089/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 15 a 21, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1386/2013, pronunciada el 13 de agosto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fojas 52 a 54, réplica de fojas 57 a 58 y vuelta, dúplica de fojas 52 y vuelta, los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.


  1. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Que, Manuel Félix Sangueza Guzmán, en su calidad de Gerente Regional Potosí dependiente de la Gerencia General de la Aduana Nacional, en virtud al Memorándum Cite Nº 0334/2013 de 18 de febrero (fojas 1), se apersonó por memorial de fojas 15 a 21, manifestando que al amparo de lo previsto en los artículos 69 y 70 de la Ley N° 2341, en concordancia con los artículos 327, 778, 779 y 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1386/2013 de 13 de agosto.


La Administración Aduanera señaló que mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-039/2012, se solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la autenticidad del Certificado CM-PT-04-00079-2012 correspondiente al vehículo que ampara el Documento Único de Importación (DUI) 2012/521/C-1621, a cuya consecuencia, en 24 de agosto de 2012, IBMETRO remitió el Informe IBMETRO-DML-INF-231/12, del técnico de metrología legal dirigido al Director de Metrología Legal, indicando que el certificado mencionado no existe y no está registrado en ninguno de sus archivos IBMETRO-Central La Paz, tiene código de recinto aduanero “04” cuando el código correcto y asignado el recinto aduanero Villazón es el código “02”, no tiene el sello del técnico autorizado designado para la inspección y emisión del certificado medio ambiental para el Recinto de Frontera Villazón, puesto que en la fecha de emisión detallada en el certificado, el Técnico Eddy Mamani no se encontraba ejerciendo funciones en IBMETRO, por tanto el certificado detallado no tiene validez porque no cuenta con sello y firma del técnico autorizado y que ejerza funciones en IBMETRO, no detalla el número de factura emitida por IBMETRO que corresponde y hace referencia al servicio realizado, tampoco detalla el número de parte de recepción del recinto de frontera Villazón que debe corresponder y hacer referencia al vehículo inspeccionado y certificado, no fue realizado bajo procedimientos establecidos por IBMETRO, por lo que la Agencia Despachante de Aduana ADA Burgos SRL al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI Nº 2012/521/C-1621 de 30 de diciembre de 2011, presentó un certificado Medio Ambiental no válido o presuntamente falso, por lo que se estableció que no contaba con la Certificación Medioambiental emitida por IBMETRO que certifique si los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos de un vehículo son compatibles con los niveles establecidos o aprobados por la legislación nacional vigente.


Añadió que el 31 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-088/2012, identificando como persona sindicada al Importador: Fermín Guido Valdivia Terán, con NIT 3801648, domiciliado en calle Niceto Rodríguez S/N Cochabamba.


El 16 de enero de 2013, la Administración Aduanera dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-01/2013, que resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando en contra de Fermín Guido Valdivia Terán.


Señaló que, la Autoridad General de Impugnación Tributaria resolvió anular la  Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0078/2013 de 6 de mayo, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00079-2012, la Administración Aduanera dicte nueva Acta de Intervención Contravencional si corresponde.


I.2. Fundamentos de la demanda.

I.2.1- Apuntó que refutando la fundamentación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, corresponde señalar lo siguiente:


Que al amparo de la Resolución de Directorio Nº 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el artículo 96 y último párrafo del artículo 181 de la Ley Nº 2492, modificado por la cláusula Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley Nº 317, se procedió a emitir el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-088/2012 de la DUI 2012/521/C-1621, en el que se puede observar de manera más amplia el trabajo realizado, la identificación de las personas sindicadas, identificación de los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del Contrabando Contravencional, descripción de la mercadería objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar la contravención aduanera.


Realizando una trascripción de los artículos 48 del DS Nº 27310; 85 de la Ley General de Aduanas; 65 y 148 del Código Tributario; 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, indicó que el artículo 48 del DS Nº 27310 señala que la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante las fases entre otras de control diferido, podrán ser objeto de fiscalización posterior, es decir que todo aquello que no haya podido ser determinado puede o no ser sujeto a una fiscalización según corresponda, el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la resolución de la Autoridad General de Impugnación Tributaria no interpreta correctamente la normativa conforme establece el artículo 8 de la Ley Nº 2492.


Continúo manifestando que, por lo citado, el procedimiento seguido a consecuencia del Control Diferido Regular es totalmente válido, al haberse determinado en el mismo que la Declaración Única de Importación no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el artículo 181, inciso b) de la Ley Nº 2492, ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tal es el artículo 111, inciso k) del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el artículo 119, modificado por la disposición adicional tercera del DS Nº 572 de 14 de julio de 2010, que señala que la certificación deberá ser vigente al momento de la aceptación de la Declaración de la Mercancía y que en caso de no contar con la acreditación mediante certificación que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera en coordinación con la entidad, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.


Reiteró que en el procedimiento de Control Diferido Regular se ha establecido claramente que el certificado de IBMETRO fue presentado como documento de soporte de la Declaración Única de Importación, el cual no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-Central La Paz, conforme se estableció en la Nota Nº IBMETRO DML CE 01272/2012 de 04 de julio.


Con relación a lo señalado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en torno a que tiene que existir un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento, manifiesta que no corresponde, toda vez que el proceso penal instaurado por la Aduana por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado (artículos 198, 199 y 203 del Código Penal), no tiene la finalidad de determinar la falsedad del documento ya que el mismo está corroborado por el certificado emitido por IBMETRO, donde indica que no cursa en sus registros y que el funcionario que firma el mismo ya no es funcionario de dicha dependencia. Añade que los tipos penales enunciados no tienen por naturaleza identificar la falsedad, sino determinar el autor o partícipe del hecho, de ahí que no corresponde que la autoridad demandada pretenda que se dilucide el proceso penal para determinar si el certificado es falso o verdadero, en razón a que el proceso penal iniciado es para determinar quién y en qué grado fue o fueron responsables de la elaboración y uso del citado documento, es decir atribuir el hecho punible a un determinado sujeto según se concluya de la investigación y sancionar esta acción; es en ese entendido que se procesó por contrabando contravencional previsto en el artículo 181, inciso b) de la Ley Nº 2492, por realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal, infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

Aclaró que el proceso penal ordinario es un tema muy aparte, el mismo fue iniciado con la finalidad de poder determinar quiénes son los responsables que fraguaron los documentos, en atención a que IBMETRO ya certificó que los mismos fueron fraguados.


I.3. Petitorio.


Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1386/2013 de 13 de agosto, por consiguiente se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-081/2012 de 27 de diciembre.


II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que, por providencia de fojas 26 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


Se dispuso asimismo, que a efecto de la notificación a Fermín Guido Valdivia Terán en el domicilio señalado, se libre provisión compulsoria, cuya ejecución se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.


Presentado el memorial de contestación a la demanda de fojas 52 a 54, se tuvo apersonado a Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud de la Resolución Suprema N° 10933 de 7 de noviembre de 2013 (fojas 50) y teniéndose por respondida la demanda en forma negativa, se corrió traslado al demandante para la réplica.


En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por la demandante, la autoridad demandada señaló que la resolución impugnada se encuentra plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, y que los argumentos de la demanda se sujetan sino a los mismos argumentos del recurso jerárquico, correspondiendo remarcar y precisar lo siguiente:


II.1.- Que la Administración Aduanera en el Acta de Intervención Contravencional emitida en contra de Fermín Guido Valdivia Terán, en el Acápite Relación Circunstanciada de los Hechos, en el punto Falta de Certificado Medio Ambiental emitido por IBMETRO, indica que: “(…) la Agencia Despachante de Aduana Burgos SRL al momento de efectuar el despacho aduanero de la Declaración Única de Importación DUI 2012/521/C-1621 de 04/05/2012, presentó un certificado Medio Ambiental presuntamente falso (…)”.


Asimismo, la Resolución Sancionatoria impugnada estableció la existencia de la contravención aduanera de contrabando contra Fermín Guido Valdivia Terán, conforme lo establecido en el inciso b), artículo 181 de la Ley Nº 2492, norma que señala que comete contrabando quien realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones especiales; por otra parte, en su literal quinta dispone: “Remitir antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación”, por lo que existe una contradicción de argumentos entre el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal, puesto que el sujeto pasivo asegura que es plenamente válida para desvirtuar la contravención de contrabando, y por otro lado el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, establecen que el Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00079-2012 correspondiente al vehículo que ampara la indicada DUI C-1621, no existe, ni se encuentra registrado en los archivos de IBMETRO, según Informe AN-UF-UFIPR-I Nº 140/2012; motivo por el cual, sostiene que dicha prueba, se encuentra supeditada al pronunciamiento en la vía penal, por lo que se requiere previamente se determine sobre la veracidad o no del mencionado Certificado Medio Ambiental, hecho que, como bien lo señala la Administración Aduanera, compete al Ministerio Público.  

Finalizó señalando que la demanda contencioso administrativa incoada, carece de sustento jurídico-tributario y no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubieren causado con la resolución ahora impugnada.


II.2.- Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1386/2013 de 13 de agosto.


III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Continuando el trámite del proceso, se presentó el memorial de réplica que cursa de fojas 57 a 58, en el que se reiteraron los argumentos expresados en la demanda; fue providenciado a fojas 59, disponiéndose su traslado para la dúplica, dando lugar a que la autoridad demandada presente la dúplica a fojas 62 y vuelta, en la que se reiteraron asimismo los argumentos vertidos en la contestación, en virtud de lo cual, por providencia de fojas 121, siendo el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, se decretó “autos para sentencia”.


Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:


III.1.- Que, el 1 de agosto de 2012, la Administración Aduanera solicitó a la ADA “Burgos SRL”, la remisión de las DUI tramitadas ante la Administración de Aduana Frontera Villazón, detalladas en anexo adjunto con su documentación en originales de respaldo. El 8 de agosto de 2012 la mencionada ADA, mediante Nota Cite Nº 042/2012, remitió la documentación requerida (fojas 11 y 13 a 14 de los antecedentes administrativos).


III.2.- Que el 9 de agosto de 2012, el Gerente Regional Potosí de la Aduana Nacional, solicitó certificación de autenticidad del Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00079- 2012, por lo que IBMETRO remitió la Nota IBMETRO-DML-INF-231/2012 de 21 de agosto, la cual indica que, de la revisión de los Certificados emitidos en oficina central, oficinas regionales de Cochabamba y Oruro, se corroboró que los códigos y números proporcionados no están registrados en los archivos y base de la información del IBMETRO, el certificado en cuestión no tiene el sello digital del visto bueno del Director de área, asimismo no detallan el número de factura emitida por IBMETRO que corresponde y hace referencia al servicio realizado, no describen el número de Parte de Recepción del Recinto de Frontera (fojas 17 a 22 de los antecedentes administrativos).


III.3.- Que el 30 de octubre de 2012, la Gerencia Regional Potosí, emitió el Informe AN-UFIPR-I-140/2012, el cual expresa que corresponde anular la DUI-C-1621, debido a que no existe certificado medioambiental emitido por IBMETRO; asimismo, estableció indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el artículo 181, inciso b) de la Ley Nº 2492 e indicios de delitos penales por la falsedad del certificado de IBMETRO (fojas 23 a 30 de los antecedentes administrativos).

III.4.- Que el 5 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Fermín Guido Valdivia Terán con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-088/2012 de 31 de octubre, emitida en su contra y de aquellos que resultaren coautores, cómplices, instigadores y encubridores, misma que concluyó indicando que ante la inexistencia de certificado medioambiental de IBMETRO se establecieron indicios de la comisión de contravención tributaria de contrabando, conforme los artículos 160, numeral 4 y 181, inciso b) de la Ley Nº 2492, determinándose un total de tributos de 33.691,01 UFV y otorgando un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fojas 41, 32 a 40 de los antecedentes administrativos).


III.5.- Que el 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Fermín Guido Valdivia Terán con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-081/2012 de 27 de diciembre, que declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrabando, y al no existir la mercancía comisada se impuso como multa el pago del 100 % del valor de la mercancía, que asciende a Bs. 285.110, también dispuso la ejecución tributaria y la captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención, como la anulación de la DUI C-1621 de 4 de mayo de 2012 y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fojas 48 a 52 y 53 de los antecedentes administrativos).


III.6.- Que el 21 de enero de 2013, Fermín Guido Valdivia Terán, interpuso recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS 081/2012, en los términos del memorial que cursa de fojas 11 a 14 de los Antecedentes Administrativos, resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0078/2013 de 6 de mayo, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria, dejando sin efecto la sanción de multa por el 100% del valor de la mercadería equivalente a Bs. 285.110, así como su ejecución tributaria, disponiendo el comiso del vehículo correspondiente a la DUI C-1621 (fojas 72 a 78 de los antecedentes administrativos).


III.7.- Contra dicha Resolución, Fermín Guido Valdivia Terán y la Administración Aduanera interpusieron recurso jerárquico (fojas 90 a 92 y 104 a 108 y vuelta, de los antecedentes administrativos), resueltos mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1386/2013 de 13 de agosto (fojas 138 a 146 y vuelta de los antecedentes administrativos), que anuló la Resolución de Recurso de Alzada, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-088/2012 de 31 de octubre, inclusive, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00079-2012, la Administración Aduanera dicte una nueva Acta de Intervención Contravencional, si corresponde, resolución que es impugnada por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional a través de la presente demanda contencioso administrativa.


III.8.- En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado en los artículos 781 y 354, parágrafo II y III del Código de Procedimiento Civil.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


Que en el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de la autoridad jerárquica de anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-088/2012 de 31 de octubre, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente sobre la veracidad del Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00079-2012, la Administración Aduanera dicte nueva Acta de Intervención Contravencional, si corresponde. Al efecto, la entidad demandante señala que el proceso penal instaurado por la Aduana no tiene la finalidad de determinar la falsedad del documento ya que el mismo está corroborado por el certificado emitido por la misma institución de IBMETRO.


Por su parte, la autoridad demandada indicó que se requiere previamente el pronunciamiento de la autoridad competente sobre la veracidad o no del mencionado Certificado Medio Ambiental.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:


V.1.- Análisis y fundamentación.

El artículo 181, inciso b) de la Ley Nº 2492 señala que, comete contrabando quien realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.


Por su parte, el artículo 197, parágrafo II, inciso b) de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano), señala que no competen a la Superintendencia Tributaria, las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria.


En ese orden, el artículo 217 de la Ley Nº 2492, en su párrafo final prevé que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme.


En el caso de autos, se tiene que el Acta de Intervención Contravencional (fojas 32 a 40 de los antecedentes administrativos), en el punto referido al Certificado Medio Ambiental CM-PT-04-00079-2012 que ampara la DUI 2012/521/C-1621, señala que IBMETRO con nota de 24 de agosto de 2012, remitió el Informe Nº IBMETRO-DML-INF-231/12, el mismo que en el numeral 3. Conclusiones indica: “Por lo anteriormente expuesto y verificando la información de nuestros archivos se podría suponer que el certificado CM-PT-04-00079-2012 sería falso. Y que fue elaborado por una persona que tenía conocimiento de la elaboración de los mismos”. En el siguiente párrafo, el Acta de Intervención Contravencional concluye: “Por lo señalado, se evidencia que la Agencia Despachante de Aduana “Burgos SRL” al momento de efectuar el despacho aduanero de la Declaración Única de Importación DUI 2012/521/C-1621 de 04/05/2012 presentó un certificado Medio Ambiental presuntamente falso….”.


Por otra parte, la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional (fojas 43 a 47 de los antecedentes administrativos), declaró probado el contrabando contravencional en contra de Fermín Guido Valdivia Terán por el inciso b) del artículo 181 de la Ley Nº 2492, disponiendo en su numeral Quinto, remitir antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente, por la presenta comisión del delito de falsificación de documentación.


De lo anterior se evidencia, que la Administración Aduanera estableció que el Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00079-2012, que ampara la DUI No. 1621, no existe porque no se encuentra registrado en los archivos de IBMETRO, empero, el sujeto pasivo sostiene que dicho certificado Medio Ambiental es plenamente válido para desvirtuar la contravención de contrabando.


En la especie, en el Acta de Intervención Contravencional se ha indicado que se ha presentado un Certificado presuntamente falso y en la Resolución Sancionatoria se ha dispuesto la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal por la presunta comisión del delito de falsificación de documento; motivo por el cual, es evidente que dicho documento se encuentra sujeto o condicionado al pronunciamiento en la vía penal sobre su falsedad o veracidad, ahí se dilucidará si el hecho ocurrió o no, a fin de determinar la existencia de la contravención aduanera y las responsabilidades pertinentes.


Por otra parte, la Administración Aduanera argumenta que los tipos penales enunciados no tienen por naturaleza identificar la falsedad, sino determinar el autor o partícipe del hecho, de ahí que no corresponde que la autoridad demandada pretenda que se dilucide el proceso penal para determinar si el certificado es falso o verdadero, en razón a que el proceso penal iniciado es para determinar quién y en qué grado fue o fueron responsables de la elaboración y uso del citado documento, es decir atribuir el hecho punible a un determinado sujeto según se concluya de la investigación y sancionar esta acción; es en ese entendido que se procesó por contrabando contravencional previsto en el artículo 181, inciso b) de la Ley Nº 2492, por realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal, infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.


Al respecto, es preciso puntualizar que el Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00079-2012, cursante a fojas 15 de los antecedentes administrativos, ha sido cuestionado como posiblemente falso, habiéndose determinado que el mismo no existe por no encontrarse registrado en los archivos de IBMETRO, sin embargo, corresponde señalar que no se puede negar su existencia, más aún cuando el artículo 217 en su último párrafo de la Ley Nº 2492, establece expresamente que: “La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme”, es decir, que la Administración Aduanera previamente debe demostrar que el citado Certificado Medio Ambiental es falso, mediante fallo judicial firme emitido por autoridad competente.


Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la resolución impugnada, interpretó y aplicó correctamente el parágrafo II, inciso b) del artículo 197 de la Ley Nº 2492, al determinar que no tiene competencia para dilucidar cuestiones penales, por lo que no puede pronunciarse sobre la falsedad del certificado de IBMETRO, debiendo esperar el fallo en la vía penal para poder determinar con certeza la probabilidad de comisión del contrabando contravencional; sin embargo, no consideró que el procedimiento de control diferido aprobado por la Resolución de Directorio 01-004-09, no prevé que ante la existencia de indicios de la comisión de contrabando contravencional se emita Acta de Intervención, no encontrándose respaldado legalmente el criterio de la autoridad demandada cuando dispone que tras conocerse la determinación de la vía penal se emita una nueva Acta de Intervención en base a dichos resultados; correspondiendo en este caso, que en mérito a las facultades previstas en el artículo 48 del DS Nº 27310, y los argumentos expuestos precedentemente, inicie una fiscalización aduanera posterior, a efecto de comprobar el Contrabando Contravencional, esto, conforme el criterio asumido por este Tribunal en casos análogos.


V.3.- Conclusiones.

En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye que corresponde a este Tribunal confirmar la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional, inclusive, dispuesta en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1386/2013 de 13 de agosto, y bajo fundamentos propios, instruir a la Administración Aduanera, esperar el pronunciamiento en la vía penal, y a partir del mismo, si corresponde, iniciar una Fiscalización Aduanera posterior.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fojas 15 a 21 interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1386/2013 de 13 de agosto dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con fundamentos propios, ratificándose la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional, inclusive, disponiendo que con los resultados determinados en la vía penal, la Administración Aduanera, si corresponde, inicie el respectivo proceso de fiscalización.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena