SALA PLENA


SENTENCIA:                            204/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE:                        1071/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Rómulo Calle Mamani.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. de 17 a 23, planteada por la Administración Aduanera impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1402/2013, emitida el 13 de Agosto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 29 a 32, réplica de fs. 54 a 55, dúplica a fs. 58; apersonamiento y contestación de Alberto Gutiérrez Fernández, en representación de Máximo Claros Vargas en su condición de tercero interesado de fs. 84 a 92, los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Señaló que mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la autenticidad del Certificado CM-PT-04-0065-2011 correspondiente al vehículo que ampara el Documento Único de Importación (DUI) 2011/543/C-1957, petición respondida por IBMETRO el 4 de julio de 2012, mediante Informe IBMETRO-DML-CE- 01272/12, en el que se señala que el indicado certificado no existe y no está registrado en ninguno de los archivos IBMETRO-Central La Paz, haciendo conocer además, varias observaciones respecto al técnico que hubiera efectuado la inspección y la ausencia de formalidades en dicho documento, concluyendo que no fue realizado bajo procedimientos establecidos por IBMETRO. Asimismo, en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio, IBMETRO concluyó que la revisión de los códigos y números de los certificados recibidos, informa y corrobora que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de la entidad.


Con ese antecedente, se evidenció que la Agencia Despachante de Aduana ADA “SAA SRL”, al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI Nº 2011/543/C-1957 de 12 de septiembre de 2011, presentó un certificado medio ambiental no validado o presuntamente falso, por lo que se estableció que no contaba con la Certificación Medioambiental emitida por IBMETRO que certifique que los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos de un vehículo son compatibles con los niveles establecidos o aprobados por la legislación nacional vigente.


Apuntando la normativa contenida en los arts. 148 del CTB, 84, 85 y 88  de la Ley General de Aduanas (LGA), 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), 3º y 5º del DS 28963 así como la R.M. 357 de 1 de septiembre de 2009, señaló que se presume que se habría incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en el art. 181b) del CTB, según tributos pagados de Bs. 59.972, equivalentes a 36.299,59 UFV; es decir, contrabando contravencional.


Añadió que en base al Informe AN-UFIPR-I-077/2012 de 27 de septiembre, y Acta de Intervención AN-GRPTS-UFPR-AI-040/2012 de 28 de septiembre, se dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-031/2012 de 27 de diciembre, que resolvió declarar probada la contravención aduanera de contrabando, en contra de Máximo Claros Vargas, en virtud al art. 181, inc. b) del Código Tributario.


Señaló que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), anuló la resolución de alzada, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de Intervención Contravencional, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00065-2011, la  Administración Aduanera dicte nueva Acta de Intervención Contravencional, si corresponde.



I.2. Fundamentos de la demanda.


Apuntó que refutando la fundamentación de la AGIT, le corresponde señalar lo siguiente:


Que al amparo de la Resolución de Directorio (RD) 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y último párrafo del art. 181 del CTB, modificado por la cláusula Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley 317, se emitió el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-040/2012 de la DUI 2011/543/C-1957, en la que se puede observar de manera más amplia el trabajo realizado, la identificación de las personas sindicadas, identificación de los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del Contrabando Contravencional, descripción de la mercadería objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar la contravención aduanera.


Realizando una trascripción de los arts. 48 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310; 85 de la LGA; 65 y 148 del CTB; 111 del RLGA, indicó que el citado art. 48 del DS Nº 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante las esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB.


Continúo manifestando que por lo citado, el procedimiento seguido a consecuencia del Control Diferido Regular es totalmente válido al haberse determinado en el mismo que la DUI no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181-b) del CTB ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tales como, los arts. 111-k) del RLGA y 119, modificado por la disposición adicional tercera del DS Nº 572 de 14 de julio de 2010. En caso de no contar con la acreditación mediante certificación que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera en coordinación con la entidad, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.


Reiteró que en el procedimiento de Control Diferido Regular, se estableció claramente que el certificado de IBMETRO, que fuera presentado como documento de soporte de la DUI, no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-Central La Paz conforme se estableció en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio.


Con relación a lo señalado por la AGIT en torno a que tiene que existir un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento, no corresponde, toda vez que el proceso penal instaurado por la Aduana por los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, no tiene la finalidad de determinar la falsedad del documento, ya que el mismo está corroborado por lo certificado por la misma institución de IBMETRO,  transcribiendo como respaldo a sus argumentos, los arts. 198, 199 y 203  del Código de Procedimiento Penal, de cuya interpretación señala no tienen por naturaleza, identificar la falsedad, sino más bien la de determinar quién es el autor o partícipe del hecho público, de ahí que no resulte coherente que la AGIT pretenda que se dilucide el proceso penal, para determinar si el certificado es falso o verdadero, reiterando que el proceso penal iniciado no es para determinar la validez o no del certificado, sino con el objetivo de determinar quién y en qué grado fue o fueron responsables de la elaboración y uso de este documento, por lo que la determinación o no del sujeto punible, no convalidará el Certificado CM-PT-04-00065-2011, solo sancionará el hecho punible, situación distinta con el proceso de contrabando, ya que al tener la certificación de IBMETRO respecto a que los cuestionados certificados son falsos, se entiende que los mismos no existen ya que no fueron emitidos por autoridad competente, y por lo tanto se habría incumplido con lo dispuesto por el art. 11 inc. k) del Reglamento de la Ley General de Aduanas.


Finaliza señalando que IBMETRO corroboró que los certificados utilizados en los despachos aduaneros, no fueron emitidos por esa institución, lo que a su criterio demuestra que los mismos fueron fraguados,  y no es la Aduana que de manera antojadiza  señale que son falsos,  sino que es la misma Institución de IBMETRO que niega que los mismos hayan sido emitidos por dicha institución, lo que demuestra que los mismos fueron fraguados y corresponde determinar los responsables.



I.3. Petitorio.


Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1402/2013 de 13 de agosto por consiguiente se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-031/2012 de 27 de diciembre.


II. De la contestación a la demanda.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente la demanda con memorial presentado el 9 de junio de 2014, que cursa de fojas 29 a 32., señalando que los argumentos de la demanda no desvirtúan la fundamentación de la resolución jerárquica, más aun cuando es una reproducción de los fundamentos expuestos en instancia administrativa recursiva, no pudiendo este Tribunal suplir la carencia de la carga argumentativa de la demandante.


Luego de hacer una relación de antecedentes, manifiesta que el sujeto pasivo señaló que en antecedentes cursa certificación previa al despacho en original, que al tenor de lo establecido por el art.  217 de la Ley 3092, merece plena fe de su contenido, puesto que en el transcurso del proceso no fue declarado falso por fallo judicial, aspecto que no fue tomado en cuenta al dictar la resolución impugnada, aspecto que vulnera sus derechos constitucionales.


Al respecto manifiesta que existe contradicción de argumentos entre el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal, puesto que Máximo Claros Vargas, asegura que es válida para desvirtuar la contravención de contrabando contravencional impuesta, y que por otro lado, el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria establecen que el Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00065-2011, del vehículo que ampara la DUI C-1957, no existe ni está registrado en los archivos IBMETRO, según informe AN-UFIPR-I 077/2012, motivo por el cual dicha prueba, se encuentra supeditada al pronunciamiento en la vía penal; para determinar si los hechos generadores acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo, se requiere previamente el pronunciamiento sobre la veracidad del Certificado Medio Ambiental, que compete al Ministerio Público; razón por la que la instancia jerárquica se vio imposibilitada por mandato expreso del inc. b), parágrafo II del art. 197 de la Ley 3092, para pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del Certificado Medioambiental, motivo por el que no se puede ingresar al análisis del fondo, toda vez que resolver el fondo del asunto en base a una prueba cuya legalidad está observada, constituiría infracción del inc. b), parágrafo II, art. 97 de la Ley 3092, razón por la que correspondió anular la resolución de alzada, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de intervención Contravencional Nº AN-GRPTS-UFIPR-AI-040/2012, de 28 de septiembre, con el objeto de que a partir del pronunciamiento de la instancia competente, para determinar la veracidad del Certificado Medioambiental Nº CM-PT-04-00065-2011, la Administración Aduanera emita nueva acta de intervención, si correspondiese.


Finaliza señalando  que los argumentos del demandante no son evidentes, de  modo que la resolución de recurso jerárquico que se impugna, fue dictada en sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratifica en todos los fundamentos de la resolución jerárquica.


II.1. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la AN, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1402/2013 de 13 de agosto.


III. CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.


Alberto Gutiérrez Fernández, en representación Legal de Máximo Claros Vargas, con memorial que cursa de fs. 84 a 92, se apersonó al proceso y haciendo un recuento de lo antecedentes administrativos, con relación a la demanda contencioso administrativa presentada por la Administración Aduanera señaló que del análisis de la normativa reglamentaria de la materia, y su contrastación con el procedimiento aplicado en el presente caso, se evidencia que la Administración Aduanera, dentro del procedimiento de Control Diferido Regular, advirtió indicios de la comisión de la contravención de contrabando, situación no prevista como susceptible de procesamiento mediante un procedimiento de Control Diferido Regular, empero, de todas maneras concluyó el mismo, emitiendo en forma directa el Acta de Intervención Contravencional, omitiendo el inicio del procedimiento de Fiscalización y notificación de la orden respectiva para la comprobación de la contravención, previo a la imputación del ilícito a los responsables; situación que a su criterio, evidencia de parte de la Administración Aduanera, el incumplimiento  de los procedimientos de Control Diferido  y Fiscalización  Aduanera Posterior, establecidos en las RD Nº 01-004-09 y 01-008-11, así como del art. 48 del DS. 27310, provocando su indefensión, toda vez que desconocieron las actuaciones previas  y posteriores a la Resolución Sancionatoria, por lo que no tuvo la oportunidad de presentar descargo alguno, en relación al ilícito imputado.


II.1. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta y se mantenga firme y subsistente la resolución jerárquica.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de anular lo obrados, con reposición de obrados hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-040/2012 de 28 de septiembre. Al efecto señala, que el art. 48 del DS Nº 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante  esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, concluyendo que el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB.


También adujo que la AGIT realizó una interpretación incorrecta al pretender que se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho ya demostrado en el Control Diferido Regular, lo que le causa perjuicio por haberse anulado obrados sin justificativo o normativa específica que determine que debe realizarse un procedimiento de Fiscalización Posterior.


Por su parte, la autoridad demandada indicó que la Administración Aduanera al dar inicio a un proceso sancionatorio emitiendo el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-040/2012, no observó las formalidades establecidas en el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, vulnerando los derechos al debido proceso y a la defensa del sujeto pasivo, provocando la nulidad de las actuaciones subsecuentes.


V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efectos de resolver y, en el marco de la controversia planteada, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:


  1. Que, el 25 de mayo de 2012, la Administración Aduanera solicitó la remisión de las Declaraciones Únicas de Importación a la ADA “SSA SRL”, tramitadas ante la Administración de Aduana Frontera Avaroa, detalladas en anexo adjunto con su documentación en originales de respaldo. El 1 de junio de 2012 la mencionada ADA, mediante Nota Cite: SAA-208/2012, remitió la documentación requerida (fs. 17 a 21 Anexo 2).


  1. A instancias de la Jefatura de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Potosí (ver Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-041/12 de 24 de mayo de fs. 2 del anexo 2), el 6 de junio de 2012 y con nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, la Administración Aduanera, solicitó certificación de autenticidad de setenta y siente (77) certificados emitidos por esa entidad, entre ellos la DUI C-1957 que dio origen al presente proceso (fs. 23 del Anexo 2).


  1. Mediante nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio de 2012, remitió el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de 29 de agosto, el cual indica que un vez concluida la revisión de los códigos y números de los Certificados, se informa y corrobora que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO. Además, que los funcionarios que figuran y firman los certificados, no se encontraban prestando funciones en las fechas de emisión (fs. 26 a 34, Anexo 2).


  1. El 27 de septiembre de 2012, la Gerencia Regional Potosí, emitió el Informe AN-UFIPR-I-077/2012, que da cuenta de haberse realizado el aforo documental, la decodificación del VIN del vehículo importado, la falta de certificado de IBMETRO, por lo que sugiere anular la DUI C-2011/543/C-1957, debido a que no existe certificado medioambiental emitido por IBMETRO. Finalmente, estableció indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el art. 181-b) del CTB e indicios de la existencia de delitos penales por la falsedad del certificado de IBMETRO (fs. 43 a 49 del Anexo 2).


  1. El  24 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Máximo Vargas Claros con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-040/2012 de 28 de septiembre, emitida su contra y de quienes resultaren coautores, cómplices, instigadores y encubridores, estableciendo indicios de la comisión de la contravención tributaria de contrabando, determinó como tributo aduanero la suma de 43.119,09 UFV y otorgó un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 51 a 58 del Anexo 2).


  1. Posteriormente, el 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Máximo Claros Vargas con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-31/2012 de 27 de diciembre, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional en su contra, al no existir la mercancía comisada, se impuso como multa el pago del 100 % del valor de la mercancía, así como la captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención ya la anulación de la DUI 2011-543-C-1957 de 12 de octubre de 2011. Finalmente, la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 66 a 70, Anexo 2)


  1. Planteado recurso de alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, con Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA Nº 0085/2013 de 6 de mayo, revocó parcialmente  la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-31/2012 de 27 de diciembre, dejando sin efecto la sanción de multa por el 100% del valor de la mercadería equivalente a BS. 351.331.- así como su ejecución tributaria, disponiendo el comiso del vehículo correspondiente a la DUI 2011/543/C-1957.


  1. Máximo Claros Vargas, planteó el recurso jerárquico de fs. 107 a 109 del Anexo 1), y por su parte la Aduana Nacional, mediante memorial de fs. 122 a 126, que fueron resueltos con la resolución jerárquica impugnada en el presente proceso, con la que la AGIT anuló la resolución de alzada, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-40/2012 de 28 de septiembre, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que dicte la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medioambiental Nº CM-PT-04-0065-2011, la Administración Audanera, emita una nueva acta de intervención, si correspondiese.


  1. En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho hasta la emisión del decreto de autos para sentencia.


VI. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA


VI.1. Respecto al Procedimiento de Control Diferido


El art. 48 del Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB), señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de: i) control anterior, ii) control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y, iii) control diferido. La norma citada prevé también que la verificación de la calidad, valor en aduana, origen y otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrá ser objeto de fiscalización posterior.

       

En el marco normativo planteado, la Administración Aduanera aprobó el Procedimiento de Control Diferido aprobado con RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, en la que se establece como objetivo general del procedimiento, efectuar la revisión en aplicación del art. 48 del DS 27310, de las Declaraciones Únicas de Importación verificando la correcta aplicación de la normativa aduanera vigente a las mercancías presentadas a despacho después del levante de las mismas o al cumplimiento de un régimen aduanero.


Entre los objetivos específicos señala:


  1. Comprobar que los datos declarados en las declaraciones de mercancía y en los documentos adjuntos de respaldo sean correctos, completos y exactos conforme lo establecido en la normativa aduanera, así como también el cumplimiento de las formalidades previas al despacho.


  1. Encausar los hallazgos determinados (contravenciones, omisiones de pago u otros) de acuerdo a la normativa vigente, en los casos que corresponda.


En autos, el Jefe de la Unidad de Fiscalización a.i. de la Aduana Nacional, solicitó al Gerente Regional Potosí, instrucción de control diferido regular, en razón de haberse evaluado la importación de vehículos usados realizada por personas naturales y empresas unipersonales por la Administración de Aduana Frontera Avaroa, en la gestión 2011, habiéndose identificado posibles riesgos, como certificados medioambientales posiblemente falsos, chasis que no se pueden decodificar, incoherencia de datos entre los declarados en la DUI y lo consignado en el INFOEX, registro en el RUAT de la clase del vehículo diferente al consignado en la DUI, vehículos que habrían sido importados directamente de ultramar sin consignar el B/L en la página de documentos adicionales de la DUI y otros.


Con ese antecedente, el Jefe de la indicada Unidad, solicitó a la Agencia Despachante de Aduana SAA S.R.L., la remisión de la documentación original, cumpliendo con el punto B-1) y 3) del Procedimiento en análisis.


El punto 4. Conclusión del Procedimiento Diferido Regular, señala expresamente lo siguiente: Concluido el procedimiento diferido regular por los fiscalizadores, si no se identificaron indicios de la comisión de ilícitos tributarios y observaciones al valor, el Jefe de la Unidad de Fiscalización Regional devuelve las carpetas de documentos al Despachante de Aduana o al operador, sin que ello signifique que no se pueda realizar una fiscalización aduanera posterior.


El punto 4.2. Prevé: “si durante el control diferido se establece la presunta comisión de contravenciones aduaneras, conforme lo establecido en el art. 160-5) y 6) del Código Tributario (incumplimiento de otros deberes formales y las establecidas en leyes especiales), el art. 186 de la Ley General de Aduanas (contravenciones aduaneras) y el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones vigente, emite informe y remite conjuntamente el expediente a la Unidad Legal para la aplicación del sumario contravencional establecido en el art. 168 del CTB y el Manual de Procesamiento de Contravenciones Aduaneras”, se concluye entonces que dicho procedimiento no es aplicable al procesamiento del contrabando contravencional señalado por el art. 160-4) del CTB.


Consecuentemente, es evidente que no existe un procedimiento establecido para los casos en los que se presuma la existencia de contrabando; sin embargo, es evidente, que el numeral 4.3. señala: “A la conclusión del control diferido regular, los Jefes de las Unidades de Fiscalización remitirán informe en conclusiones a la Gerencia Nacional de Fiscalización sobre los resultados encontrados producto de la revisión”, norma que debió aplicarse en el caso presente, para que se disponga el inicio del procedimiento correspondiente, en el marco de lo señalado por el art. 48 del DS 27310.


Con relación a la afirmación de la entidad demandante en sentido de que el art. 48 del DS Nº 27310 faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB, se tiene que la citada norma reconoce a la Aduana Nacional en el marco de los arts. 21 y 100 del CTB potestad para ejercer sus facultades en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido.


Adicionalmente la norma señala: “La verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior”, de la cual se entiende que aún en los casos en los que, realizadas las operaciones de control anterior, durante y posterior, no pudieran comprobarse algunos aspectos, la Administración Aduanera tiene facultad para realizar una fiscalización posterior, concluyéndose que es la potestad de control otorgada por la normativa que se extiende más allá de haberse agotado las fases de control, porque todavía puede realizarse la fiscalización de aquellos aspectos (calidad, origen u otros), lo cual no significa de ninguna manera que sea una opción que puede o no ejecutarse como interpretó erróneamente la demandante, concluyéndose que en el caso, debió efectuarse la fiscalización señalada por la norma analizada. 


En coherencia con el análisis anterior, resulta evidente que en el caso particular motivo del proceso, la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, vició de nulidad sus actos; consecuentemente, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1402/2013 de 13 de agosto, es correcta.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fojas 44 a 49 vta., interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1402/2013 de 13 de agosto dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a quien se devolverán los antecedentes administrativos.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena