SALA PLENA


SENTENCIA:                            192/2017.

FECHA:                                Sucre, 23 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE:                        1040/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADA RELATORA:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fojas 30 a 37 y vuelta, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1294/2013 de 7 de agosto (fojas 22 a 29), el memorial de contestación de fojas 115 a 118 y vuelta, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.


  1. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


Que, Vania Milenka Muñoz Gamarra, en su condición de Administradora de la Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en virtud del Memorando N° 1148/2012 de 5 de julio (fojas 20), se apersonó por memorial de fojas 30 a 37 y vuelta, manifestando que al amparo de lo previsto en el artículo 2 de la Ley N° 3092, en la línea jurisprudencial expresada en la Sentencia Constitucional N° 90/2006 de 17 de noviembre y en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1294/2013 de 7 de agosto.


Inició el memorial de demanda desarrollando una extensa relación de antecedentes, señalando que el 17 de noviembre de 2012, el Comando de Control Operativo Aduanero (COA), dentro de un control rutinario en la localidad de Suticollo, Departamento de Cochabamba, decomisó 15 cajas de cartón conteniendo cucharas y cucharillas metálicas de procedencia extranjera.


Que, la presunta propietaria, Maura Rojas Pereira, presentó fotocopia simple con sello de legalización presumiblemente escaneado de la Declaración Única de Importación (DUI) 2012/431/C-1555 de 19 de septiembre de 2012, por lo que presumiéndose el ilícito de contrabando, se procedió al comiso de la mercancía, emitiéndose el Acta de Infracción Contravencional N° COA/RCBA C-855/12, el 23 de noviembre de 2012, estableciéndose como valor referencial CIF, $us. 2.529,48 y en liquidación de tributos omitidos, la suma de Bs. 6.677,- equivalentes a UFV 3.727,-


Que, notificada el Acta de Infracción Contravencional de acuerdo con lo que dispone el artículo 90 del Código Tributario, el 28 de noviembre de 2011, Maura Rojas Pereira, presentó descargos y luego de su valoración, se emitió el Informe AN-CBBCI-V-0743/2012, concluyendo que la mercancía comisada no se encontraba amparada en su legal importación.

Que, el 4 de enero de 2013 se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013, que declaró probado el contrabando contravencional, frente a lo cual el sujeto pasivo presentó recurso de alzada, que fue resuelto a través de la Resolución ARIT/CBA/RA 0237/2013 de 10 de mayo, que resolvió revocar parcialmente la resolución sancionatoria impugnada, disponiendo la devolución de la mercancía descrita en el ítem 2.1, manteniéndose firme y subsistente la comisión de contrabando respecto de la mercancía descrita en los ítems 1.1, 1.2 y 2.2.

Interpuesto recurso jerárquico por la Administración Aduanera, la Autoridad General de Impugnación Tributara emitió la Resolución AGIT-RJ 1294/2013 de 7 de agosto, resolviendo anular la pronunciada en alzada, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013 de 4 de enero inclusive, debiendo emitirse una nueva, que detalle las características de la mercancía comisada previo aforo físico de la misma en cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 2492 y en el artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310.


A continuación la demandante efectuó una larga relación de los documentos que sustentan la demanda, del contenido de la Resolución ARIT/CBA/RA 0237/2013 pronunciada en recurso de alzada y de la Resolución AGIT-RJ 1294/2013 emitida en recurso jerárquico.


I.2. Fundamentos de la demanda.


I.2.1.- Manifestó que no existen causas para anular la resolución sancionatoria emitida en el caso que dio lugar al presente proceso, ya que el Acta de Intervención Contravencional cuenta con los requisitos establecidos por el parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 2492 y por el artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310; que por otra parte, se presume la legitimidad de dicha resolución, en base a lo dispuesto por el artículo 65 del Código Tributario, más aun si Maura Rojas Pereira no desvirtuó su contenido conforme a lo que establece el artículo 76 del mismo cuerpo normativo.


I.2.2.- Indicó que en la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013 se efectuó la compulsa documental, identificando la marca, modelo, código, número de serie y origen de cada producto encontrado en el aforo físico y registrado en el inventario de la mercancía comisada de acuerdo con la Declaración Única de Importación (DUI), concluyéndose de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que la misma no amparaba su legal importación.


Agregó que en ningún momento se violó los derechos y garantías ni el debido proceso, ya que la interesada se apersonó, presentó prueba y ejerció su derecho a la defensa de acuerdo con las previsiones de la Constitución Política del Estado y las leyes; que el parágrafo II del artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en la materia por disposición del artículo 74 de la Ley N° 2492, señala que procederá la anulabilidad solo cuando el acto carezca de requisitos formales para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión del administrado, lo que guarda relación con el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27310, pero que no sucedió en el caso de autos.

Citó la Sentencia Constitucional 757/2003-R de 4 de junio respecto del debido proceso, para concluir indicando que la resolución sancionatoria emitida, se encuentra fundada, fue legalmente notificada y siguió el procedimiento de acuerdo a los preceptos legalmente establecidos.


I.2.3.- Bajo el epígrafe de consideraciones legales, citó textualmente los artículos 76, 81, 98, 99, 100, 181 y 217 de la Ley N° 2492; el artículo 2 de la Ley N° 3092 de 7 de julio de 2005; los artículos 66 y 90 del Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004; el artículo 90 de la Ley N° 1990, General de Aduanas; los artículos 22, 24 y 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N° 25870; la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC010/08; y el numeral 8 de la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero, que aprobó el nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional.


I.3.- Petitorio.


Concluyó el memorial solicitando que en virtud de los fundamentos expuestos, siendo que la autoridad demandada pronunció una resolución inadecuada y lesiva a los intereses de la Administración Aduanera, alejándose de la normativa constitucional y especial invocada,  se pronuncie resolución revocando “…lo indebidamente resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1294/2013 de 7 de agosto y en consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 007/2013…”


II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (Tercero interesado).


Que, subsanada la observación de fojas 39, por providencia de fojas 44 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


Se dispuso asimismo, que se libre provisión compulsoria para la notificación del tercero interesado, Maura Rojas Pereira, en el domicilio sito en calle San Martín N° 178 (ex Hotel Bolívar), tercer piso, oficina 3-B de la ciudad de Cochabamba, encomendándose su cumplimiento a través del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, advirtiéndole que deberá estar a lo dispuesto por la Sentencia Constitucional N° 137/2012 de 4 de mayo.


Del mismo modo, se ordenó se libre provisión compulsoria para la notificación del Procurador General del Estado, encomendándose su cumplimiento a través del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Cumplida la diligencia de notificación a Maura Rojas Pereira en su condición de tercero interesado como consta por la literal de fojas 74, fue devuelta la provisión compulsoria de acuerdo con la nota de fojas 75 y el cargo sentado a la vuelta, ordenándose por providencia de fojas 76, su arrimo al expediente.


Por otra parte, a través del memorial de fojas 90 a 101, Maura Rojas Pereira respondió a la demanda e interpuso excepción previa de incompetencia; memorial que fue providenciado a fojas 102, manifestándose que la contestación será considerada a momento de emitir resolución; y en cuanto a la excepción previa de incompetencia, que no ha lugar a la misma, por no ajustarse a lo previsto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, que en relación con el artículo 354 del mismo cuerpo legal, solo se admite dos partes en el proceso, así como que conforme a la Sentencia Constitucional N° 137/2012 de 4 de mayo, el tercero interesado debe ajustarse a las formas de cada procedimiento, para asumir defensa.


El citado memorial, en síntesis señala:


Manifestó que la demandante expuso dos hechos concretos, siendo el primero de ellos, que supuestamente la Administración Aduanera emitió legalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 007/2013 de 4 de enero, resguardando el derecho del sujeto pasivo a la defensa.


II.1.- Señaló que lo anterior no es evidente, pues en el aforo físico, no se consignó el origen de la mercancía, determinando solo la marca: Gloria y los modelos o códigos: F1342, F1430, F1018 y F 1528, así como las cantidades; que la supuesta observación sobre el origen sirvió para sustentar el supuesto proceso contravencional, omitiendo considerar precisamente la marca y el modelo, lo que se encuentra sustentado por la información adicional de la DUI C-1629 presentada como descargo.  

 

Hizo mención al hecho que la demandante indicó que la resolución sancionatoria emitida comprende una relación concreta  y directa de los hechos probados y una exposición de razones jurídicas y normativas que justifican la decisión, además que la documentación presentada como descargo no corresponde a la mercancía comisada, lo que falta a la verdad de los hechos, porque la documentación presentada como descargo incluye la marca, los códigos o modelos, el origen y las cantidades, perfectamente detalladas.


Citó más adelante normativa constitucional, legal y reglamentaria, haciendo alusión asimismo al principio de verdad material, reiterando que la DUI C-1629 ampara la totalidad de la mercancía y que ésta se encuentra perfectamente identificada. Argumentó que se deben considerar el artículo 90 de la Ley General de Aduana y el artículo 181 de la Ley N° 2492, sin que corresponda tipificar como contrabando, cuando exista un error material que como en el presente caso, no tiene físicamente el origen en la DUI, pero sí éste se encuentra en la documentación de respaldo.


II.2.- Sobre el derecho a la defensa, citó la Constitución Política del Estado, como también el Pacto de San José de Costa Rica en relación con el respeto del derecho al debido proceso; que además debe aplicarse el principio de oportunidad e informalismo, ya que si bien físicamente no existe el origen, se deben tomar en cuenta otros elementos como la marca y el modelo, como también los principios de racionalidad, razonabilidad, justicia, equidad, igualdad, proporcionalidad y finalidad, dado que el accionar de la Administración Pública se encuentra sometido a la ley.


II.3.- Petitorio.


Concluyó el memorial solicitando que en virtud de los fundamentos expuestos, este Supremo Tribunal de Justicia declare la firmeza de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1294/2013 de 7 de agosto, además de la calificación de daños y perjuicios a su favor; asimismo, la devolución de los cuatro ítems decomisados ilegalmente, pues los mismos se encuentran amparados legalmente por la DUI C-1629, habiéndose nacionalizado de conformidad a lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley General de Aduanas.


Prosiguiendo el desarrollo del proceso, de fojas 115 a 118 y vuelta, cursa el memorial presentado por la autoridad demandada, dando respuesta a la demanda; providenciado el mismo, se ordenó su reserva, debiendo aguardarse la recepción de la provisión citatoria, diligenciada.


Cumplida la diligencia de citación a la autoridad demandada, el 23 de julio de 2014 como consta a fojas 147, fue devuelta la provisión citatoria según se verifica con la nota de fojas 149 y recibida según cargo de la vuelta; del mismo modo, consta la notificación dispuesta, al Procurador General del Estado,  el 23 de julio de 2014, de acuerdo con la literal de fojas 172, habiendo sido devuelta la provisión citatoria según se verifica con la nota de fojas 174 y recibida según cargo de la vuelta, disponiéndose por providencia de fojas 175, el arrimo de ambas al expediente.


Providenciando el memorial de fojas 115 a 118 y vuelta, se tuvo apersonado a Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud de la Resolución Suprema N° 10933 de 7 de noviembre de 2013 (fojas 113), y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado a la demandante para la réplica.


III.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (Autoridad demandada).


En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por la demandante, la autoridad demandada señaló que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, cabe remarcar y precisar lo siguiente:


III.1.- Expresó que de acuerdo con los parágrafos II y III del artículo 96 y con el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa en casos de contrabando, deberá contener una relación circunstanciada de hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, constituyendo la ausencia de cualquiera de estos requisitos, motivo de nulidad de dicho acto administrativo, por vulneración del derecho al debido proceso. Es decir, que procede la nulidad, si se dan los presupuestos determinados en el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 y en el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113, aplicables supletoriamente por mandato del artículo 74 de la Ley N° 2492, cuando los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión.


Que en el caso presente, la contribuyente, en su recurso de alzada, indicó que la Administración Aduanera no agotó las vías de investigación para determinar si la DUI C-1629 ampara la mercancía decomisada, además de denunciar la inobservancia del principio de verdad material, omitiendo considerar la página de documentos adicionales en la que se detallan los cuatro ítems que incluyen la marca Gloria, los códigos F-1342, F-1430, F-1018 y F-1528.


Que se evidenció según el Informe AN-CBBCI-SPCCR-V-0743/2012 que en los ítems 1.1, 1.2 y 2.2, en cuanto se refiere a la industria, detalló “NO CONSIGNADO”, aclarando que la observación en cuanto al origen no fue identificada físicamente.


Precisó que de la revisión de la DUI, se establece que fue asignada a canal rojo, por lo que se establece que fue objeto de aforo físico y documental, sin que hubiera existido observación alguna, resultando incoherente que la resolución sancionatoria, basada en un informe técnico que señala que la observación del origen no fue identificada físicamente, mantenga la observación inicial.


Citó el numeral 12 de la RD N° 01-003-11 que aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, en Aspectos Técnicos y Operativos, que en su inciso a) señala: “Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada…”, actuación que en el presente caso resulta determinante, pero que el Informe AN-CBBCI-SPCCR-V-0743/2012 indica que la DUI no ampara la mercancía, porque no existe relación exacta entre la mercancía decomisada mediante Acta de Intervención COA/RCBA-C-855/12 y la mercancía declarada en la DUI, en cuanto al origen.


Que de acuerdo con la situación descrita, al no haber recogido el informe técnico las características en aforo físico, particularmente respecto del origen, dicha situación impide el pronunciamiento de la autoridad jerárquica al respecto, debiendo al Administración Aduanera emitir una nueva resolución, que detalle las características de la mercancía decomisada, previo aforo físico de la misma, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 2492 y del artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310.


III.2.- Citó la Sentencia Constitucional N° 757/2003-R en relación con la garantías constitucionales dentro del proceso administrativo; por otra parte, que los argumentos expuestos en la demanda, no desvirtúan los fundamentos desarrollados por la autoridad jerárquica al emitir la resolución impugnada, citando al respecto, la Sentencia N° 510/2013 de 27 de noviembre, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, acerca del deber del actor de sostener con argumentos sólidos la interpretación de los hechos o de la normativa aplicada por la autoridad impugnada.


Sostuvo que la resolución impugnada fue emitida en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, concluyéndose que la demanda interpuesta carece de sustento jurídico-tributario, no existiendo agravio ni lesión que le hubieren causado con la emisión de la resolución impugnada.


II.2.- Petitorio.


Concluyó el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, este Supremo Tribunal de Justicia emita sentencia declarando improbada la demanda interpuesta por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, manteniendo firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 1294/2013 de 7 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


IV.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


Continuando el trámite del proceso, se apersonó Licet Silvana García Molina, en representación de la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, mediante memorial de fojas 181 a 182, en virtud del Memorando N° 81/2015 de 15 de enero (fojas 180), providenciándose el mismo a fojas 183, admitiendo su personería y manifestando que al no haber sido contestado el traslado de fojas 175 por la parte demandante, se tiene renunciado su derecho a réplica, por lo que siendo el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, se decretó “autos para sentencia”.


Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:


IV.1.- Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se verifica que la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-855/12 de 23 de noviembre de 2012, dentro del operativo denominado “17 de Noviembre” (fojas 8 a 10, Anexo I), identificando como sindicados del ilícito de contrabando, a Félix Nina Flores (chofer) con cédula de identidad N° 573868 y Maura Rojas Pereira (presunta propietaria), con cédula de identidad N° 2860184.


La descripción de la mercancía objeto de contrabando, fue identificada como cucharas y cucharillas marca Gloria, serie F-1342, F-1430, F-1018 y F-1528 de industria china el ítem 2.1 y no consignado en el caso de los ítems 1.1, 1.2 y 2.2.


Por otra parte, el cálculo preliminar de tributos aduaneros fue establecido en la suma de UFV 3.727,- calificándose la conducta como presunta comisión de contrabando contravencional, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso b) y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492. El referido acto administrativo fue notificado en Secretaría el 23 de diciembre de 2012, como consta a fojas 13 del Anexo I.


IV.2.- Posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013 de 4 de enero (fojas 81 a 88, Anexo I), por la que se determinó declarar probada la comisión de contrabando contravencional contra Félix Nina Flores (chofer) y Maura Rojas Pereira (presunta propietaria), disponiendo en consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Entrega e Inventario de 22 de noviembre de 2012, debiendo procederse a la disposición de la mercancía de acuerdo a normativa aduanera.


IV.3.- Interpuesto recurso de alzada por Maura Rojas Pereira, de acuerdo con el memorial de fojas 9 a 14 de Antecedentes Administrativos, el mismo fue resuelto a través de la Resolución ARIT/CBA/RA 0237/2013 de 10 de mayo (fojas 46 a 53, Antecedentes Administrativos), disponiendo revocar parcialmente la resolución sancionatoria impugnada, disponiendo la devolución de la mercancía descrita en el ítem 2.1, manteniéndose firme y subsistente la comisión de contrabando contravencional para la mercancía descrita en los ítems 1.1, 1.2 y 2.2.


IV.4.- En virtud de lo anterior, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), a través de su representante legal, Giovana Espinoza Lafuente, como Maura Rojas Pereira, sujeto pasivo, interpusieron recurso jerárquico a través de los memoriales de fojas 65 a 69 y de fojas 87 a 92 y vuelta, respectivamente de Antecedentes Administrativos, contra la resolución pronunciada en alzada, habiéndose resuelto mediante la Resolución AGIT-RJ 1294/2013 de 7 de agosto (fojas 108 a 115, Antecedentes Administrativos), decidiendo anular la Resolución ARIT/CBA/RA 0237/2013 de 10 de mayo, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013 de 4 de enero inclusive, debiendo la Administración Aduanera emitir una nueva, que detalle las características de la mercancía decomisada, previo aforo físico de la misma, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 2492 y en el artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310.


V. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


Que el motivo de la litis dentro del presente proceso, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido por la Autoridad Jerárquica al pronunciar la Resolución hoy impugnada, de acuerdo con el siguiente supuesto: 1) Si es evidente que la Autoridad Jerárquica, al emitir la resolución impugnada, disponiendo la anulación de obrados hasta la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013 de 4 de enero inclusive, vulneró normas que rigen la materia.


VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:


VI.1.- Análisis y fundamentación.


En cuanto a la afirmación de la demandante en sentido que no existen causas para anular la resolución sancionatoria emitida en el caso que dio lugar al presente proceso, ya que el Acta de Intervención Contravencional cuenta con los requisitos establecidos por el parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 2492 y por el artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310; que por otra parte, se presume la legitimidad de dicha resolución, en base a lo dispuesto por el artículo 65 del Código Tributario, más aun si Maura Rojas Pereira no desvirtuó su contenido conforme a lo que establece el artículo 76 del mismo cuerpo normativo, corresponde el siguiente análisis:


El parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 2492, en relación con la Vista de Cargo o Acta de Intervención, dispone: “En contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.”


Por su parte, el artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310, Reglamentario del Código Tributario, Ley N° 2492, sobre el Acta de Intervención, determina: “El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número del Acta de Intervención. b) Fecha. c) Relación circunstanciada de los hechos. d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos. g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.”


En el caso de autos, de la cuidadosa revisión del Acta de Infracción Contravencional COA/RCBA-C-855/12 de 23 de noviembre de 2012, cursante de fojas 8 a 10 del Anexo I, se establece que su número corresponde al COA/RCBA-C-855/12; su fecha de emisión es de 23 de noviembre de 2012; en la relación circunstanciada de los hechos se describió que el operativo fue desarrollado el 17 de noviembre de 2012, en la localidad de Suticollo, Departamento de Cochabamba, interviniéndose el ómnibus, marca Mercedes Benz, año 1988, color blanco combinado, con placa de control N° 998-PCN, de la Empresa Danubio 2, conducido por Félix Nina Flores, con licencia de conducir N° 573868, categoría “C”, expresando además que se identificaron como agentes del Control Operativo Aduanero (COA), dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia.

Señalaron que en los buzones del ómnibus, se evidenció la existencia de: “…Quince (15) cajas de cartón en su interior conteniendo, cucharas y cucharillas metálicas de procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en aforo físico…” Que en el momento de la intervención, Maura Rojas Pereira, con cédula de identidad N° 2860184, expedida en Cochabamba, presunta propietaria, presentó en fojas dos, fotocopia simple de la DUI C-1555, con sellos de legalización presumiblemente escaneados (fotocopia a color) y sin la firma del despachante de aduana, procediéndose al comiso de la mercancía, por la presunción de la comisión del ilícito de contrabando, trasladando la mercancía a los almacenes del recinto aduanero de ALBO S.A. en Cochabamba para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente.


La identificación de los presuntos responsables corresponde a Félix Nina Flores, conductor del ómnibus y Maura Rojas Pereira, presunta propietaria, dejando constancia que no fueron aprehendidos. En la descripción del vehículo, se reiteran los datos que ya fueron descritos líneas arriba.


La descripción de la mercancía corresponde a cuatro ítems, de acuerdo al siguiente detalle: 1.1 Cucharas, modelo F 1342, marca Gloria, no consigna la industria, contenidas en seis cajas con 600 docenas, haciendo un total de 7.200 unidades. 1.2 Cucharas, modelo F 1430, marca Gloria, no consigna la industria, contenidas en seis cajas con 600 docenas, haciendo un total de 7.200 unidades. 2.1 Cucharillas, modelo F 1018, no consigna marca, de industria china, contenidas en una caja con 200 docenas, haciendo un total de 2.400 unidades. 2.2 Cucharillas, modelo F 1528, marca Gloria, no consigna la industria, contenidas en dos cajas con 400 docenas, haciendo un total de 4.800 unidades, aclarando que toda la mercancía es nueva.

Realizada la valoración preliminar de la mercancía fue determinada en FOB $us. 2.364,- equivalentes a Bs. 16.453,44 y un total de tributos omitidos de Bs. 6.677,- equivalentes a UFV 3.727,-


La calificación de la conducta corresponde a la de presunta comisión de contrabando contravencional, de conformidad con lo dispuesto por los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492, en relación con la modificación realizada por la Ley Financial (sin señalar gestión).


Acerca de la disposición de monetización inmediata de la mercancía, dispuso que sobre la base de la normativa citada, se procederá a su monetización en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la emisión del Acta de Intervención Contravencional, conforme establece el artículo 60 del Reglamento al Código Tributario, Decreto Supremo N° 27310. Por otra parte, concedió a las personas presuntamente responsables, el plazo de tres días hábiles a partir de su notificación para la presentación de descargos, en observancia de lo previsto por el artículo 98 de la Ley N° 2492.


Finalmente, consta el grado, nombre, cargo y firma de los agentes del Control Operativo Aduanero (COA) que participaron en el decomiso, en virtud de lo cual, se concluye que evidentemente, el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-855/12 de 23 de noviembre de 2012, se adecua a los requisitos determinados en la norma.


Respecto de la legitimidad de dicha resolución, en base a lo dispuesto por el artículo 65 del Código Tributario, se debe considerar que se trata de una presunción juris tantum, es decir, mientras no se pruebe lo contrario. Pero adicionalmente, en relación con la cita del artículo 76 del Código Tributario, debe tenerse presente que se trata en este caso de un procedimiento administrativo sancionador, no debiendo desconocerse el razonamiento expresado por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia N° 1863/2010-R de 25 de octubre, entre muchas otras: “El proceso administrativo, debe hallarse impregnado de todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial en cuanto al juez natural, legalidad formal, tipicidad y defensa irrestricta. Entendimiento que concuerda con la doctrina del derecho sancionador administrativo cuando se afirma: Que este no tiene esencia diferente a la del derecho penal general, y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas la administración, y las sanciones penales los tribunales en materia penal. (García de Enterría, E. y Fernández, T.R., Curso de Derecho Administrativo, II, Civitas, Madrid, 1999, pág. 159).”


Es decir, que en este caso, si bien el contribuyente debe presentar descargos, en base a la presunción de inocencia, es la Aduana Nacional la que se encuentra en el deber de probar que incurrió en la contravención indicada.


VI.2.- En relación con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013, en la que según afirma la demandante se efectuó la compulsa documental, identificando la marca, modelo, código, número de serie y origen de cada producto encontrado en el aforo físico y registrado en el inventario de la mercancía comisada de acuerdo con la Declaración Única de Importación (DUI), concluyéndose de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que la misma no amparaba su legal importación; que en ningún momento se violó los derechos y garantías ni el debido proceso, ya que la interesada se apersonó, presentó prueba y ejerció su derecho a la defensa de acuerdo con las previsiones de la Constitución Política del Estado y las leyes; que el parágrafo II del artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en la materia por disposición del artículo 74 de la Ley N° 2492, señala que procederá la anulabilidad solo cuando el acto carezca de requisitos formales para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión del administrado, lo que guarda relación con el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27310, corresponde el examen que a continuación se expone:


Los parágrafos II y III del artículo 96 de la Ley N° 2492, disponen: II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. (Las negrillas son añadidas).


Por su parte, el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492, respecto de los derechos del sujeto pasivo, establece: “Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.”


En este sentido, además de lo señalado por la sentencia constitucional citada líneas arriba, en relación con el debido proceso, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1415/2013 de 16 de agosto, expresa que el mismo se entiende como:“…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica…”


En concordancia con lo precedentemente desarrollado, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 y el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 reglamentario de la referida ley, aplicables supletoriamente por disposición del artículo 74 de la Ley N° 2492, prevén la anulabilidad de los actos administrativos, “…cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.”


Que, en el presente caso, la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013 de 4 de enero, reitera lo señalado en el Informe AN-CBBCI-SPCCR-V-0743/2012 de 19 de diciembre, en sentido que no se encuentra consignada la industria; sin embargo, no debe perderse de vista que como acertadamente señaló la autoridad demandada, la DUI referida al caso de autos, fue asignada a canal rojo, lo que significa que debe efectuarse el aforo físico y documental correspondiente a la mercancía, sin que se hubiera presentado observación al respecto.


Lo que llama la atención en el caso en estudio, es que el informe técnico señala que la observación de origen no fue identificada físicamente; sin embargo, la resolución sancionatoria, que por supuesto es posterior al informe técnico que es su base, mantiene la observación respecto del origen de la mercancía, sin que se haya realizado el aforo físico, omitiendo también considerar la página de documentos adicionales de la DUI C-1629, presentada como descargo; dicho en otras palabras, se emitió la resolución sancionatoria, sin haber realizado la verificación física de la mercancía y su contrastación con los documentos de soporte.


La norma administrativa, emitida por la propia Aduana Nacional, Resolución de Directorio N° 01-003-11 de 23 de marzo, que aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, en el inciso a) del numeral 12, del apartado referido a Aspectos Técnicos y Operativos, entre las actuaciones que deberán ser cumplidas por el técnico aduanero, señala: “Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso necesario efectuará inspección física de la mercancía decomisada.  (Las negrillas son añadidas).


En el caso presente, en resguardo de los derechos y garantías de la contribuyente, previa a la imposición de una sanción, pues se trata de la atribución o imputación de un ilícito, más aun si la DUI que amparaba la mercancía fue asignada a canal rojo, debió haber sido verificada a través de aforo físico, ya que al no poder constatarse su origen por otro medio, se hacía necesaria la inspección física.


Sin embargo de lo anterior, la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013, en las conclusiones de su Considerando VI, indica que no se ampara la legal importación de la mercancía, “…toda vez que no existe relación exacta entre la mercancía decomisada mediante Acta de Intervención COA/RCBA-C-855/12 y la mercancía declarada en la DUI precedentemente señalada -C-1629- en cuanto al origen (no identificado físicamente, consignado en DUI)…” Es decir, que en los hechos, no se realizó el aforo físico de la mercancía.


En este sentido, sobre la cita de la Sentencia Constitucional 757/2003-R de 4 de junio, que versa sobre el debido proceso y que la resolución sancionatoria emitida, se encuentra fundada y fue legalmente notificada, siguiendo el procedimiento de acuerdo a los preceptos legalmente establecidos, ello no es del todo evidente, ya que como se señaló ut supra, el Acta de Infracción Contravencional, cumplió con los requisitos normativos; sin embargo, a momento de emitirse la Resolución Sancionatoria, no se respetó el debido proceso, en cuanto se impuso la sanción, sin haber efectuado previamente la verificación física de la mercancía, tal como lo señala la propia Resolución Sancionatoria.


Por otra parte, se recuerda a la Aduana Nacional, que por mandato del inciso d) del artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con lo que establece el parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, es su deber orientar sus actos al establecimiento de la verdad material, más allá de las limitaciones que la verdad formal pudiera imponer.


En virtud de lo señalado precedentemente, la aplicación del principio de verdad material (hechos), no significa el desconocimiento o la inexistencia de la verdad formal (documentos); más al contrario, como sucede en el caso de autos, existe una acumulación de documentos constituidos en antecedentes administrativos, que no son un fiel reflejo de lo que fueron los hechos, no existiendo la necesaria coherencia, que genere convicción y permita aplicar el principio de verdad material; es decir, que no existe oposición entre verdad formal y verdad material, sino más al contrario, se trata de una función complementaria entre ambos conceptos.


Así, la Sentencia Constitucional N° 427/2010-R de 28 de junio, entre otras, señala: El principio de verdad material previsto por el art. 4 inc. d) de la LPA, determina que la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones.” (Las negrillas son añadidas).


De acuerdo con la cita precedente, se confirma lo expresado en sentido que no se trata de la oposición entre verdad formal y verdad material, sino que se llegará a determinar la verdad material, lo que en la realidad sucedió, verificando y sustentando complementariamente la información proporcionada por los documentos y la obtenida por los hechos que ocurrieron.


VI.3.- Conclusiones.


En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente:


Por lo expuesto, sobre la base de las normas cuya aplicación corresponde, no es evidente que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución AGIT-RJ N° 1294/2013 de 7 de agosto, anulando la resolución de alzada, hubiera incurrido en las vulneraciones acusadas de acuerdo con la problemática planteada, detallada en el numeral V. de la presente resolución, que constituye el objeto del proceso.

Lo que la Administración Aduanera impugnó a través de la presente demanda y puso en tela de juicio, fue la supuesta determinación o verificación de la comisión de contrabando contravencional, emitiendo Acta de Intervención Contravencional y Resolución Sancionatoria, sin haber observado el resguardo del debido proceso, imponiendo una sanción, sin haber verificado previamente las características físicas de la mercancía decomisada, tal como señala la norma reglamentaria emitida por la propia Aduana Nacional, constituida por la Resolución de Directorio N° 01-003-11 de 23 de marzo, que aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías.


Adicionalmente, la Aduana Nacional, al emitir la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 007/2013, omitió la aplicación del principio de verdad material, inserto en el inciso d) del artículo 4 de la Ley N° 2341, en relación con la previsión del parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado.


Por ello, de acuerdo con la argumentación desarrollada y los fundamentos expuestos, sobre la base de la normativa que rige la materia, así como de la interpretación y aplicación de la jurisprudencia constitucional, se estableció que las vulneraciones acusadas, no son ciertas.


Que, del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), al pronunciarse a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1294/2013 de 7 de agosto, no incurrió en ninguna conculcación de normas legales, al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 30 a 37 y vuelta, interpuesta por Vania Milenka Muñoz Gamarra, en su condición de Administradora de la Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 1294/2013 de 7 de agosto, pronunciada en recurso jerárquico por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


No interviene la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán por encontrarse en comisión de viaje oficial.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena