SALA PLENA


SENTENCIA:                            186/2017.

FECHA:                                Sucre, 23 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE:                        1058/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 47 a 53 vta., interpuesta por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/1603/2013 de 27 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), representada por Daney David Valdivia Coria; la contestación vía fax de fs. 59 a 64 adjuntada en original a fs. 83 a 85 vta., la notificación mediante provisión citatoria al tercero interesado practicada el 10 de abril de 2014 cursante a fs. 102 así como su apersonamiento y respuesta cursante de fs. 107 a 114 vta.; demás antecedentes procesales así como la emisión de la Resolución impugnada.


  1. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


En cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 0012OVE08908, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN procedió a la verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente Repsol YPF GLP de Bolivia S.A., referidos al impuesto al valor agregado (IVA), “Verificación Específica Crédito Fiscal”, referente únicamente a las facturas detalladas en el F-7520, cuyas diferencias fueron detectadas a través de cruces de información, que fueron declaradas por el sujeto pasivo en los meses de abril y mayo de 2010. Del trabajo realizado evidenciaron, sobre base cierta, que el contribuyente no determinó el impuesto según las normas tributarias vigentes, debido a que señaló en las declaraciones juradas datos que difieren de los verificados en la fiscalización, por lo que emitieron Vista de Cargo Nº 0012-820-0012OVI08908-0218/2012 de 28 de agosto de 2012, que fue notificada mediante cédula al representante del sujeto pasivo con la finalidad de que produzca pruebas.


El 4 de enero de 2013, emitió la Resolución Determinativa 17-00002-13, que fijó las obligaciones impositivas del contribuyente que ascendía a Bs.47.640.- (bolivianos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta 00/100). En prosecución de trámites el contribuyente presentó recurso de alzada, pronunciándose Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0454/2013 que anuló en todas sus partes la Resolución Determinativa antes citada.


El 25 de junio de 2013, la Administración Tributaria presentó recurso jerárquico emitiendo la Autoridad de Impugnación Tributaria la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1603/2013 de 27 de agosto, que resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0454/2013, validando una factura que no cumple los requisitos exigidos por Ley.


I.2. Fundamentos de la demanda.


El argumento de la AGIT sostiene que la Administración Tributaria no se habría pronunciado sobre la documentación presentada por el contribuyente; empero, resulta ilógica e inadmisible por lo siguiente: 


  1. La Factura N° 388 fue valorada y observada por no cumplir con los requisitos exigidos para su validación que está previsto en el art. 217. a) del Código Tributario Boliviano (CTB); asimismo, añade que la Resolución Determinativa contiene fundamentos de hecho y derecho que determinan la deuda tributaria.


  1. Si bien la administración tributaria recibió 9 y 13 fojas de descargos pero, adolecen de las siguientes observaciones: “copia de factura; reporte del sistema N° 1988888698 SAP, solo es fotocopia de captura de la pantalla de su sistema; estado de cuentas, no se puede verificar la fecha de la transacción; certificación de pago del Banco Bisa, la certificación no indica a quien se efectuó el pago; certificación de servicios, no tiene fecha de documento; orden de pago N° 200000196, no tiene fecha de generación; detalle de movimiento bancario N° 67160, es solo impresión de pantalla de sistema; y, carta de solicitud y aceptación de servicios del proveedor”, agregando que el contribuyente no presentó los registros contables que permitan conocer íntegramente y evidenciar que la transacción fue efectivamente realizada.


  1. La autoridad demandada señala que no valoró la documentación del contribuyente; sin embargo, es falsa por cuanto la revisión y valoración surge del Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1470/2012 de 28 de agosto, que indica que la Factura N° 388 fue observada bajo el código 3, transacción realizada incumpliendo lo establecido en el art. 2 de la Ley 843, numerales 4 y 5 del art. 70 del CTB y arts. 36, 37 y 44 del Código de Comercio, concluyendo así que resultaban insuficientes y no son válidas para el cómputo del crédito fiscal. El referido Informe fue plasmado en la Vista de Cargo que amplió la obligación del contribuyente de llevar registro contables que demuestren que efectivamente se realizó la transacción. Del mismo modo, añade que la resistencia del sujeto pasivo a presentar sus libros contables no es responsabilidad de la Administración Tributaria.


  1. Toda transacción comercial tiene que estar respaldada mediante documentación pública o privada que justifique y demuestre la compra venta de bienes y servicios para la aplicación del crédito fiscal, cumpliendo con requisitos sustanciales y formales, presentando el contribuyente comprobantes de egreso e ingreso manuales y capturas de pantalla de sus sistema sin firma por parte de los responsables por lo que no puede considerarse como documentos probatorios. Y, si bien se presentó Factura original N° 388 empero no se demostró que se hubiera realizado la transacción.


I.3. Petitorio.


Solicita que previo trámite de Ley se dicte Sentencia revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/1603/2013 de 27 de agosto y, en definitiva se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-000002-13 de 4 de enero de 2013.


  1. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


Corrida en traslado la demanda, por memorial cursante de fs. 83 a 85 vta., se apersonó Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) y contestó en forma negativa ratificándose en todos los fundamentos de la Resolución Jerárquica ahora impugnada señalando: 1) El contribuyente presentó memorial de descargo y documentación a la Vista de Cargo que coincide con las trece fojas extrañadas por Alzada; empero, la Resolución Determinativa N° 17-00002-13 no hace referencia a la valoración que efectuó a la documentación acompañada por el sujeto pasivo respecto al crédito fiscal observado ni mencionó sí aceptó los descargos de manera parcial o si mantuvo las observaciones en la Vista de Cargo; y, 2) La Resolución Determinativa citada no cumple con los requisitos previstos por el art. 99.II del CTB, art. 19 del Decreto Supremo 27310 y 18 caso 3) de la RND 10-0037-07, siendo por consiguiente un acto anulable porque ocasiona indefensión a los administrados.


II.1. Petitorio.


En base a lo expuesto, pide se declare improbada la demanda contenciosa administrativa planteada.


Corrida en traslado la respuesta, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN por memorial cursante de fs. 139 a 142, haciendo uso de la réplica reiteró los términos de la demanda puntualizando que la documentación presentada por el contribuyente fue analizada minuciosamente y evaluada como corresponde, situación que consta en el expediente.


Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT, mediante escrito cursante de fs. 146 y vta., efectuó dúplica señalando que el demandante no se pronuncia sobre el contenido del memorial de respuesta, omisión que entraña conformidad con los fundamentos y la decisión de la autoridad demandada.


  1. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO.


Repsol GLP de Bolivia S.A., representada por José Luís Tejero Anze a través del memorial cursante de fs. 107 a 114, señaló que la anulación de la Resolución Determinativa dispuesta por la AGIT es correcta porque lesiona el debido proceso en su elemento motivación y defensa, encontrándose demostrada la carencia absoluta de fundamentación en la citada Resolución Determinativa al no existir análisis sobre las pruebas presentadas conforme manda el art. 99.II del CTB y la jurisprudencia constitucional; y, no corresponde la multa por incumplimiento de deberes formales dado que la Administración Tributaria confunde el Libro Diario, que sí debe estar notariado, empastado y foliado, con los Asientos de Diario o asientos contables los cuales no deben ser notariados ni foliados porque se trata de registros auxiliares de orden y control interno de la sociedad de acuerdo a sus fines, los cuales según el art. 37 del Código de Comercio no están sujetos al art. 40 del referido cuerpo legal. En base a ello pide que se declare improbada la demanda.


  1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES


En principio se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la presente controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la entonces Superintendencia Tributaria General hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En ese sentido, de la revisión de obrados se advierte lo siguiente:


IV.1.        Cursa orden de verificación 00012OVI08908 de 21 de mayo de 2012, emitida por el SIN, correspondiente al IVA de la gestión 2010 de los periodos: abril y mayo del contribuyente Repsol YPF GLP de Bolivia S.A. (fs. 2 del Anexo 3).


       IV.1.1.                Acta de recepción de documentos de 20 de junio de 2012, suscrito por Guido G. Mamani Tastaca, Consultor del Depto. de Fiscalización de la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 12 del Anexo 3).


       IV.1.2.        Memorial de 20 de junio de 2012, de presentación y entrega de documentos realizado por el contribuyente (fs. 13 del Anexo 3).


IV.2.        Vista de Cargo 0012-820-0012OVI08908-0218/2012 de 28 de agosto, que entre otros, señala que: “…el Contribuyente presentó ante la Administración Tributaria la totalidad de la documentación requerida en la Orden de Verificación dentro del plazo establecido según consta en Acta de Recepción de documentación de fecha miércoles 20 de junio de 2012…”; empero, advirtió reparos por concepto del impuesto IVA, determinando la obligación tributaria que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a Deberes Formales (fs. 190 a 197 del Anexo 4).


IV.2.1.        Memorial de 5 de noviembre de 2012, de presentación de descargos realizado por el sujeto pasivo (fs. 210 a 214 del Anexo 4).

IV.2.2.        Acta de recepción de documentos de 05 de noviembre de 2012, suscrito por Guido G. Mamani Tastaca, Consultor del Depto. de Fiscalización del SIN (fs. 215 del Anexo 4).


IV.3.        Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, que entre otros, resolvió determinar la obligación impositiva y sancionar, intereses, multa por omisión de pago, castigando el incumplimiento al Deber Formal por la no habilitación de otros libros contables mayores, diarios, kardex, auxiliares, etc. (fs. 16 a 23; fs. 262 a 269 del anexo 4; y, 81 a 88 del anexo 1); determinación que fue impugnada por el contribuyente el 27 de febrero de ese año, mediante recurso de alzada (fs. 118 a 123 vta. del anexo 1) y respondida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 131 a 136 del Anexo 1). 


IV.4.        Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0454/2013 de 3 de junio, que anuló la Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, ordenando a la Administración Tributaria efectuar una valoración expresa y puntual sobre las pruebas de descargo presentadas por el contribuyente a la Vista de Cargo, detallando cuál fue la documentación presentada para la Factura N° 388 y disponiendo un pronunciamiento sobre su rechazo o aceptación de manera fundamentada, a objeto de que, en caso de corresponder, se dicte una nueva resolución sancionatoria, que se ajuste a derecho (fs. 186 a 196 vta. del anexo 1). Dicha decisión fue impugnada por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN el 25 de junio de 2013, mediante recurso jerárquico (fs. 210 a 215 vta. del Anexo 2).


IV.5.        Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1603/2013 de 27 de agosto, que confirmó la Resolución ARIT-SCZ/RA 0454/2013 de 3 de junio y, anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Determinativa N° 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, a fin de que la administración tributaria exponga la valoración realizada a las pruebas de descargo presentadas por el sujeto pasivo de acuerdo al art. 99.II del CTB, 19 de su Reglamento y 18 caso 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 (fs. 242 a 252 vta. del Anexo 2).


  1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO


En base a lo descrito y los argumentos expuestos por ambas partes se advierte que la controversia radica en lo siguiente: Si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1603/2013 de 27 de agosto, incurrió en injusticia al confirmar la anulación de la Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, por cuanto la Administración Tributaria valoró todas las pruebas presentadas por el contribuyente, en especial la Factura N° 388; no siendo evidente que la Resolución Determinativa carezca de motivación y fundamentación.


Fijado el thema decidendum y revisados los antecedentes descritos ut supra, corresponde comprobar la veracidad del reclamo realizado por el demandante.


  1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO


De la revisión de antecedentes se evidencia que efectivamente dentro de la Orden de Verificación 00012OVI08908 de 21 de mayo de 2012, emitida por el SIN, el contribuyente Repsol YPF GLP de Bolivia S.A. -hoy tercero interesado-, presentó pruebas de descargo que fueron detallados en el memorial y acta de recepción de documentos de 20 de junio de ese año, como se describió en el punto IV.1.1. y IV.1.2., del presente fallo judicial. En efecto, de la lectura de la Vista de Cargo 0012-820-0012OVI08908-0218/2012 de 28 de agosto, se evidencia que la administración tributaria dio su conformidad con el ofrecimiento de prueba realizado por el sujeto pasivo, así se puede advertir que la referida Vista de Cargo indica: “…el Contribuyente presento ante la Administración Tributaria la totalidad de la documentación requerida en la Orden de Verificación dentro del plazo establecido según consta en Acta de Recepción de documentación de fecha miércoles 20 de junio de 2012…” (sic) (las negrillas fueron añadidas). De la misma manera, luego de notificarse con la Vista de Cargo, se constata que el contribuyente también presentó pruebas de descargo para desvirtuar los cargos formulados en la referida Vista de Cargo conforme consta en el memorial y acta de recepción de documentos de 5 de noviembre de 2012, cursantes de fs. 210 a 215 del Anexo 4; consiguientemente, al no existir controversia en la facultad específica de la Administración Tributaria de librar la Orden de Verificación 00012OVI08908 de 21 de mayo de 2012 ni en la presentación oportuna de las pruebas de descargo por parte del contribuyente, corresponde únicamente comprobar si la Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, realizó la valoración de las pruebas de descargos presentadas por el sujeto pasivo de la obligación tributaria y si la decisión está motivada, por ser ése el motivo de la discusión entre las partes ahora contendientes.


En ese sentido, se evidencia que la Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, en cuanto a la valoración de las pruebas de descargo realizada por la administración tributaria, señaló lo siguiente:

  1. “…la observación al crédito fiscal surgió debido a que el sujeto pasivo no ha demostrado que la transacción efectivamente se ha realizado…”.


  1. “…al no haber tenido acceso a la información y documentación suficiente que permita a la Administración Tributaria comprobar que dichas transacciones fueron efectivamente realizadas constatándose que el contribuyente se benefició de crédito fiscal correspondiente a compras de bienes y servicios que No Cuentan Con Medios Probatorios de pago que permitan demostrar que las operaciones comerciales se hayan realizado efectivamente, en cuanto a onerosidad y transferencia de dominio”.


  1. Luego de indicar el alcance del IVA y recordar que toda transmisión de dominio debe estar respaldada, indicó: “…la documentación presentada por el sujeto pasivo en el transcurso de la verificación, no permite verificar la constancia de los pagos entre las partes, por lo que, en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) (…) el sujeto pasivo quien pretendió hacer valer su derecho al cómputo del crédito fiscal, es quien debió aportar las pruebas suficientes que demuestren que la transacción efectivamente se realizó en cumplimiento a lo establecido por el art. 70° numerales 4 y 5 del Código Tributario Boliviano…”.


  1. “En el presente caso el contribuyente sólo presentó como medio de pago comprobantes de egreso e ingreso manuales y capturas de pantalla de su sistema sin las firmas por parte de los responsables por lo cual no se pueden considerar como documentos probatorios de pago que demuestren la realización efectiva de la transacción en la compra con las facturas observadas, por el cual se determina que las notas fiscales mencionadas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal.


  1. Respecto a las actas por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, concluyó: “…en base a la documentación presentada por el contribuyente, la información obtenida del sistema de recaudo por la administración tributaria y la enviada por la Gerencia Nacional de Fiscalización (…), después de valorar las pruebas presentadas se modifica el tributo omitido quedando determinado en Bs. 16.848.- (Dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho 00/100 Bolivianos) por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.   

Por lo expuesto, se advierte que si bien la Administración Tributaria realizó una actividad intelectiva a momento de emitir la Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013; sin embargo, omitió plasmarla en la Resolución Administrativa ya citada, puesto que únicamente mostró los resultados a los que arribó la Administración Tributaria al indicar que el sujeto pasivo no demostró que las operaciones realizadas fueran efectivamente perpetradas para el cómputo del crédito fiscal. La presentación de pruebas de descargo por parte del sujeto pasivo -fs. 12 y 13 del Anexo 3 y, 210 a 215 del Anexo 5- y la conformidad en su presentación por parte de la Administración Tributaria exigía una individualización de las pruebas de descargo presentadas y la exposición de parte de la Administración Tributaria del valor que ésta le atribuye a cada una de ellas a efecto de evita incurrir en una valoración subjetiva; actividad intelectual que necesariamente debe estar plasmada en la Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, debido a que establece la existencia indiscutible del adeudo tributario en base a los resultados obtenidos en el proceso de verificación. De ahí, que se comparta el criterio expuesto por la autoridad demandada de que “x. (…) si es evidente que la Resolución Administrativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, carece de valoración expresa y puntual sobre las pruebas de descargo presentadas a la Vista de Cargo presentadas por REPSOL GLP DE BOLIVIA S.A., si se detalla o no la documentación presentada para la Factura Nº 388 y si existe pronunciamiento sobre su rechazo o aceptación…” (el resaltado nos corresponde).


Respecto a la controversia sobre la carencia de motivación en la Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, la falta de individualización y precisión en la valoración de las pruebas de descargo producidas dentro del proceso de verificación que fueron explicadas precedentemente ocasionó que se incurra en una motivación arbitraria en los alcances fijados por la SC 2233/2012 de 8 de noviembre, que indicó que se incurre en motivación arbitraria en el siguiente supuesto: “b.2)  (…), cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una `motivación arbitraria` (…).


En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión” (el resaltado fue añadido), fallo jurisprudencial que enseña el elemento esencial de la motivación de las resoluciones administrativas o judiciales y, refuerza el derecho del sujeto pasivo de la obligación tributaria al debido proceso conforme establece el art. 68 numerales 6 y 10 del CTB, imponiéndose el deber a la administración tributaria de exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho en la Resolución Determinativa conforme manda el art. 99.II del citado cuerpo legal concordante con el art. 19 del D.S. 27310 de 9 de enero de 2004.


Asimismo, cabe recordar que la cita de antecedentes y de normas legales no suple el deber de motivar las decisiones y, que el derecho a la motivación no sólo se encuentra reconocido en nuestra Norma Suprema sino también en el Sistema Interamericano de Justicia, así en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, Párrafo 153, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó: “153. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos, que puedan afectar derechos humanos, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias [136]. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ´debidas garantías´ incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso [137](el resaltado nos corresponde), fallo que forma parte del bloque de constitucionalidad conforme dispone el art. 410.II de nuestra Ley Fundamental y guarda armonía con las disposiciones legales precedentemente citadas, correspondiendo su justiciabilidad.


Consecuentemente, al evidenciar que la Administración Tributaria incurrió en motivación arbitraria a momento de pronunciar la Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, correspondía ser anulada como acertadamente determinó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1603/2013 de 27 de agosto, que confirmó la Resolución ARIT-SCZ/RA 0454/2013 de 3 de junio.


Finalmente, sobre el reclamo del demandante de que la autoridad demandada ordenó la validación de facturas, dicho cargo no resulta evidente por cuanto los antecedentes descritos ut supra demuestran que se determinó la dictación de una nueva Resolución Determinativa motivada que guarde correspondencia con la valoración de las pruebas presentadas durante el Proceso de Verificación 00012OVI08908 de 21 de mayo de 2012, individualizando las pruebas de descargo y mostrando por parte de la administración tributaria del valor que ésta le atribuye a cada una de ellas, sin que exista una imposición en la determinación del adeudo tributario.


  1. CONCLUSIONES.


Por lo expuesto, al ser evidente que la Resolución Determinativa Nº 17-00002-13 de 4 de enero de 2013, no realizó la individualización de las pruebas de descargo presentadas por el contribuyente ni exteriorizó el valor que le atribuye a cada una de ellas, conforme se explicó ut supra; se colige, que la entidad demandante incurrió en valoración y motivación arbitraria, elementos que al formar parte del debido proceso y se constituyen en requisitos esenciales, cuya omisión acarrea la ineficacia de la Resolución Administrativa conforme prevé el art. 35.I.d) de la Ley del Procedimiento Administrativo en relación con el art. 4.c) de la citada disposición legal, que guardan correspondencia con los arts. 74.I y 99.II del CTB concordante con el art. 19 del DS 27310 de 9 de enero de 2004.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 47 a 53 vta., interpuesta por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez y, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/1603/2013 de 27 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), representada por Daney David Valdivia Coria, sin costas.


No interviene la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán por encontrarse en comisión de viaje oficial.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena