SALA PLENA


SENTENCIA:                            158/2017.

FECHA:                                Sucre, 23 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE:                        989/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Rómulo Calle Mamani.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 16 a 20  de obrados,  subsanada a fs. 50, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales impugnando la Resolución R.J. No. 1244/2013, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 65 a 69 vlta., los antecedentes procesales.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1 Antecedentes de hecho de la demanda.


Señaló la entidad demandante que conforme a las facultades conferidas por los Artículos 100 y 101 del Código Tributario, se procedió a la fiscalización, mediante Orden de Verificación 00090VIO1555, operativo 430 Debito Fiscal IVA, posteriormente se emitió la Vista de Cargo y dentro el término de prueba fijado de 30 días, el recurrente no presento descargo alguno que desvirtué el reparo determinado, ni cancelo totalmente la liquidación practicada, emergente de ello se emitió la Resolución Determinativa, determinación que ha sido revocada en la instancia de alzada y confirmada en la jerárquica. 


I.2 Fundamentos de la demanda.


1.- La Administración Tributaria menciona que la Autoridad demandada al señalar en la Resolución Jerárquica “Consiguientemente, se establece que la acción de la administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, por el IVA por el periodo fiscal marzo de 2006 ha prescrito; conforme disponen el artículo 59 de la Ley No. 2492 (CTB)…” (Sic), omite malintencionadamente considerar que una vez interpuesto el primer Recurso de Alzada por el contribuyente el 13 de junio de 2010, se suspendió el computo de la prescripción hasta que fueron recepcionados los antecedentes administrativos originales por parte de la Administración Tributaria, es decir hasta el 05 de noviembre de 2010, conforme manda el artículo 62 parágrafo II de nuestro Código Tributario, considerando este aspecto y tomando en cuenta conforme los Antecedentes Administrativos, que la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme a las facultades conferidas por los Artículos 100 y 101 del Código Tributario, se emitió la Orden de Verificación 00090VIO1555, operativo 430 Debito Fiscal IVA notificada personalmente el 12 de mayo de 2009 al contribuyente, elemento por el que se suspendió por 6 meses el computo de la prescripción evidenciándose que no se operó la prescripción, esto en virtud a lo establecido en la Sentencia 013/2013 de 6 de marzo de 2013.


Por lo referido el computo de la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al periodo fiscal marzo 2006 resultaría ser el siguiente: el inicio de la prescripción se computa desde enero de 2007 hasta el 03 de junio de 2010 (fecha del primer recurso de alzada) hasta ese momento habrían transcurrido 03 años con 05 meses y 13 días, prosiguiendo dicho cómputo desde el 05 de noviembre de 2010, conforme el artículo 62 parágrafo II de la Ley Nº 2492 (fecha en la que se procedió a la devolución de antecedentes a la Administración Tributaria) y hasta el 20 de diciembre de 2012, fecha en la que se notificó al contribuyente con la nueva Resolución Determinativa 700/2012, considerando además las modificaciones introducidas al Artículo 59 de la Ley Nº 2492, se tiene que a la fecha de prescripción fue el 22 de diciembre de 2012, pero habiéndose notificado al contribuyente el 20 de diciembre de 2012 con la Resolución Determinativa 700/2012 es decir dos días antes de que esta prescriba esta se interrumpió conforme establece el Artículo 61 de la Ley Nº 2492.


2.- Hace referencia que existe la Supremacía de la Constitución Política del Estado en lo que concierne al Artículo 324 y el Artículo 39 de la Ley Nº 004, solicitando además que se consideren las Sentencias Constitucionales 76/05-R, 1426/05-R y 211/2011.


3.- Finalmente menciona que se ha aplicado erróneamente la normativa legal de la Prescripción, toda vez que de la lectura de la Resolución de Recurso Jerárquico señala que no corresponde la aplicación de la Norma Suprema y no toma en cuenta las modificaciones del Código Civil, con la emisión de la Ley Nº 004, la cual en su Artículo 39 dispuso la modificación de los Artículos 1502,1552 y 1553 del Código Civil, debiendo para el presente caso tomarse en cuenta el Artículo 1502 que señala las excepciones a la prescripción, contenidas en el numeral 6 aspecto que no fue tomado en cuenta por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, si bien el objeto de la Litis dentro del Recurso de Alzada fue la Resolución Determinativa No. 00700/2012 de 14 de diciembre de 2012 por la cual se determinó un tributo omitido, de 1.248 UFV más intereses, relativo al Impuesto al Valor Agregado IVA, por el periodo fiscal marzo 2006, así como la sanción por omisión de pago del 100% del tributo omitido, cabe recalcar que la AGIT no analizó correctamente la normativa concerniente a la imprescriptibilidad de los tributos, llegando a vulnerar flagrantemente lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, el Código Civil, la Ley Nº 291 y la Ley Nº 154.


I.3. Petitorio.


Pide se declare probada la demanda, y se Revoque la Resolución del Recurso Jerárquico  AGIT-RJ 1244/2013 y en consecuencia se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa 000700/2012 de 14 de diciembre.


II. De la contestación a la demanda.

Corrido en traslado y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Daney David Valdivia Coria Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien por memorial de fs. 65 a 69 vlta. de obrados, contesta a la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:


1.- La Autoridad demandada menciona que la instancia jerárquica consideró que el sujeto pasivo, el 10 de junio de 2010 interpuso Recurso de Alzada, suspendiéndose el cómputo de la prescripción hasta la fecha de recepción de los antecedentes por el SIN, es decir, hasta el 5 de noviembre de 2010, conforme lo dispuesto por el Art. 62 del CTB, por lo que carece de asidero el argumento del SIN referido a que se hubiera omitido considerar la suspensión del cómputo de la prescripción por la interposición del Recurso de Alzada hasta la recepción de los antecedentes administrativos por parte del SIN. Asimismo, se evidencia que la Resolución Jerárquica consideró los respectivos antecedentes administrativos del caso, en mérito a lo cual efectuó el cómputo del término de la prescripción, estableciendo que la facultad del SIN para determinar la deuda tributaria habría prescrito, en cuanto a lo manifestado por el SIN referido a que no operó la prescripción en virtud de lo señalado en la Sentencia 03/2013, se advierte que la instancia jerárquica efectuó el análisis correspondiente a las diferencias existentes entre la Orden de Fiscalización y la Orden de Verificación, concluyendo que esta última está excluida del Art. 62 del CTB como causal válida para suspender el cómputo de la prescripción y que aun considerando el supuesto que operase la suspensión del término de la prescripción con la notificación de la Orden de Verificación, aun así habría prescrito la facultad del SIN para determinar la obligación impositiva, motivo por el cual resultaba innecesario emitir mayor pronunciamiento respecto a la citada Sentencia aspecto que pide sea considerado.


2.- En lo que se refiere a la supremacía de la Constitución Política del Estado, en la Instancia Jerárquica en ningún momento ha dejado de lado la supremacía de la C.P.E. o cuestionado la misma y muy por el contrario ha efectuado un análisis detallado de lo establecido en el Artículo 324 de la CPE y lo dispuesto en las Leyes Nº 292 y 317, concluyendo que el régimen de la prescripción establecido en el Código Tributario Boliviano, se encuentra plenamente vigente con las modificaciones realizadas por las citadas Leyes, destacando que única y exclusivamente la imprescriptibilidad en materia tributaria solo está dispuesta a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme señala el Art. 59 Par. IV del citado Código, aspecto que también condice con lo manifestado por el SIN en su demanda contenciosa administrativa, no existiendo en consecuencia contradicción alguna de los argumentos de la Resolución Jerárquica como erróneamente señala el SIN. En ese contexto, corresponde considerar que el SIN en su demanda contencioso administrativa refiere a que en el presente caso estamos en presencia de una deuda debidamente determinada, al respecto, cabe aclarar que la determinación efectuada por el SIN fue realizada después de que operó la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria, por lo que afirmado por el SIN es erróneo, además de que pretende inducir en error al considerar que la “facultad de determinar la deuda tributaria” sea considerada como la “facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada”, ya que esta última en materia tributaria es imprescriptible, por todo lo señalado se evidencia que la AGIT interpreto de manera adecuada la norma aplicable al caso concreto, así como todas las Sentencias Constitucionales a las que hizo referencia la Administración tributaria, careciendo de sustento lo afirmado por el SIN.


3.- Finalmente menciona que la Resolución Jerárquica en ningún momento señaló que no corresponde la aplicación de la norma suprema, sino que indico que la interpretación del Art. 34 de la CPE implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir definida por una Ley en la Asamblea Legislativa; en cuanto a que la Resolución Jerárquica no tomó en cuenta las modificaciones del Código Civil con la emisión de la Ley 04 que en Artículo 39 dispuso la modificación de los Artículos 1502,1552 y 1553 del Código Civil, al respecto cabe señalar que el SIN al momento de interponer su Recurso Jerárquico, expuso como agravio que la instancia de alzada había omitido el considerar dichas disposiciones legales, sin embargo la instancia jerárquica emitió pronunciamiento respecto al agravio expuesto por el SIN en su Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 211 Parágrafo I del CTB, que señala que las resoluciones se dictaran en forma escrita y contendrán entre otros la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, motivo por el cual se evidencia que la instancia jerárquica emitió el pronunciamiento conforme al agravio que planteo el SIN, no correspondiendo que ahora el SIN pretenda modificar el sentido del mismo, asimismo en el párrafo transcrito se advierte que la instancia de alzada no emitió pronunciamiento respecto a la normativa extrañada por la Administración Tributaria, debido a que la misma no constituyó parte de los argumentos del Recurso de Alzada interpuesto por el Sujeto Pasivo ni fue observada de manera oportuna por el SIN, en consecuencia no corresponde considerar los Argumentos de la Administración Tributaria, al carecer los mismos de sustento.


II. 1. Petitorio.


Solicita se dicte sentencia declarando improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico 1244/2013.


III ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Que, el 14 de diciembre de 2012 la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la Resolución Determinativa No. 00700/12, por la que se resuelve determinar de oficio por base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente Quispe Mayta Julio que ascienden a un total de UFV 2320, equivalentes a Bs. 4170, correspondientes a la deuda tributaria omitida por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal Marzo de 2006, por importes no declarados, sanciona además con una multa igual al cien por ciento del tributo omitido por haber incurrido en la conducta de omisión de pago y por incumplimiento al deber formal relacionado a la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, bajo conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento, señalando además otras medidas necesarias para el cumplimiento de la misma, debidamente notificado con dicha determinación, Julio Quispe Mayta interpuso el correspondiente Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa, luego de realizados los trámites pertinentes el Recurso es resuelto mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0602/2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz que resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa No. 00700/2012 de 13 de mayo, en conocimiento de dicha determinación la Administración Tributaria interpuso en contra de la citada Resolución el Recurso Jerárquico, por lo que el 29 de julio de 2013 la Autoridad demandada emite la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1244/2013 que confirma la Resolución ARIT-LPZ/RA 0602/2013, dejando sin efecto legal por prescripción el tributo omitido de 1.248 UFV, más intereses, relativo al Impuesto al Valor Agregado IVA, por el periodo fiscal marzo de 2006, así como la sanción por omisión de pago del 100% del tributo; conforme establece el inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB), acto administrativo que dio lugar al presente proceso contencioso administrativo.


2. En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil.


3. Concluido el trámite se decretó autos para sentencia.


IV DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe al siguiente hecho puntual:


Si la Autoridad demandada al establecer que la acción de la Administración Tributaria, para determinar la obligación impositiva, por el IVA del periodo fiscal marzo de 2006 ha prescrito conforme dispone el Artículo 59 del Código Tributario, violando el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, Parágrafo II del Artículo 62 de la  Ley Nº 2492 y de haberse aplicado erróneamente la normativa legal de la Prescripción.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


Si la Autoridad demandada al establecer que la acción de la Administración Tributaria, para determinar la obligación impositiva, por el IVA del periodo fiscal marzo de 2006 ha prescrito conforme dispone el Artículo 59 del Código Tributario, violando el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, Parágrafo II del Artículo 62 de la  Ley Nº 2492 y de haberse aplicado erróneamente la normativa legal de la Prescripción.


Antes de ingresar a resolver la controversia suscitada, corresponde señalar que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia  siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en  fase administrativa, y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con lo anotado se pasa a resolver las controversias de acuerdo a lo siguiente:


Del análisis del caso en concreto, corresponde señalar como antecedentes legales, el art. 123 de la Constitución Política del Estado que indica:


“Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”.


El art 59 de la Ley Nº 2492 vigente en el año 2006 indicaba:

“ARTICULO 59° (Prescripción).


I.  Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:


Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

Determinar la deuda tributaria.


Imponer sanciones administrativas.


Ejercer su facultad de ejecución tributaria.


II.  El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.


III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años”.


El art. 59 de la Ley Nº 2492 actualmente vigente (en mérito a la modificación realizada mediante Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012 y posteriormente derogada parcialmente mediante Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012), indica:


“ARTÍCULO 59. (Prescripción).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:


1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.


2. Determinar la deuda tributaria.


3. Imponer sanciones administrativas.


II.Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde.


III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años.


IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”.


De la revisión de antecedentes, se tiene que a fs. 3 del anexo (2), se encuentra la Orden de Verificación 0009OVI01555 de 12 de mayo de 2009, referida al impuesto IVA del periodo marzo de 2006.


A fs. 30 a 32 corre la Vista de Cargo, el cual fue notificado al Sujeto Pasivo mediante Edictos.


A fs. 45 a 49 cursa la Resolución Determinativa 0122/2010 que sanciona al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido, frente a dicho acto administrativo el Contribuyente interpuso Recurso de Alzada en fecha 11 de enero de 2012, que es resuelto mediante Resolución ARIT-LPZ/RA 0368/2010 que resolvió anular obrados hasta que se notifique al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo en su domicilio fiscal (fs. 66 a 69 anexo 2).


En cumplimiento a lo dispuesto el proceso es devuelto  por la ARIT a la Administración Tributaria el 5 de noviembre de 2010 (fs, 54 anexo 2).

El 24 de septiembre de 2012 se notifica al sujeto pasivo con la Vista de Cargo (fs. 76 anexo 2).


El 14 de diciembre de 2012, la Administración emite la Resolución Determinativa 00700/2012 (fs. 86 a 91 anexo 2), con la cual el contribuyente es notificado el 20 de diciembre de 2012 (fs. 91 vlta. anexo 2).


Consiguientemente, se advierte que la Administración Tributaria, realizó todo un procedimiento para determinar la deuda tributaria omitida por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal marzo 2006.


Al respecto, para la imposición o no de estas sanciones, corresponderá la aplicación de normas que estuvieron vigentes en el momento en que se produjo la infracción a normas tributarias, que al tratarse de un hecho que se produjo en marzo de 2006, en mérito al art. 123 de la Constitución Política del Estado, no corresponde la aplicación de normas que entraron en vigencia posteriormente, toda vez que la citada norma constitucional en parte pertinente indica “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo…”, por lo que no corresponde la aplicación del art. 324 del mismo cuerpo de normas constitucionales, que indica: “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al  Estado”; consecuentemente, no amerita  ingresar al análisis de los alcances y limitaciones de la referida norma constitucional.


Consiguientemente, analizando la procedencia o no de la prescripción de la sanción impuesta al contribuyente, corresponde aplicar el art. 59 de la Ley Nº 2492 vigente en el año 2006, en sujeción a lo señalado en el art. 123 de la Constitución Política del Estado, referido en párrafo precedente; y, excepcionalmente, las vigentes con posterioridad siempre que se adecúe a lo previsto en el art. 150 de la citada Ley Nº 2492. En consecuencia, de conformidad al punto 1 del parágrafo I del art. 59 de la Ley Nº 2492 vigente en el año 2006, prescribe a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para: “1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos”.


Para el cómputo de la prescripción, el parágrafo I. del art. 60 de la Ley Nº 2492 vigente en el año 2006 señala: “Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo” ;  y, la que actualmente se encuentra vigente, indica: “Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo” , por lo que se concluye que en el caso de autos debe computarse a partir día del año siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, que tratándose de infracción cometida en marzo de 2006, el cómputo de prescripción se inició el 01 de enero de 2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010.


De antecedentes, y como se dijo líneas arriba se advierte que el Sujeto Pasivo el 11 de junio de 2010, impugnó mediante Recurso de Alzada 0122/2010, por lo que de conformidad al Parágrafo II del Artículo 62 del Código Tributario se suspendió el computo de la prescripción hasta la fecha de la recepción de los antecedentes por la Administración Tributaria hecho producido el 5 de noviembre de 2010.


Se debe tener presente así mismo que la Resolución ARIT-LPZ/RA 0368/2010 Anulo obrados, hasta que la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales notifique al Contribuyente en su domicilio fiscal con la Vista de Cargo, consiguientemente la notificación con la Resolución Determinativa No. 0122/2010, no tiene efecto de interrupción en el cómputo de la prescripción  para determinar la deuda tributaria, debe tomarse en cuenta además que por disposición del segundo párrafo del Parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 el tiempo que se tramito el Recurso de Alzada, hasta la recepción del proceso por parte de la Administración Tributaria no se computa para la prescripción, debiendo continuar el mismo.


Concluyéndose en consecuencia que considerando el tiempo transcurrido desde el inicio del término de prescripción, hasta la notificación de la Resolución Determinativa 00700/2012 efectivamente realizada el 20 de diciembre de 2012, ha transcurrido superabundantemente el plazo previsto en el Artículo 59 de la Ley 2492 (vigente año 2006), consiguientemente  la facultad de determinar la deuda tributaria habría prescrito.


De todo lo anotado precedentemente no se advierte que se hubiera transgredido las normas citadas en la Controversia, mucho menos se haya aplicado en forma errónea la normativa legal respecto a la Prescripción.


IV.4. Conclusiones.              

                                                                                                                                                                                                                                           

Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo habiendo verificado los actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, determina que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al haber pronunciado la Resolución ahora impugnada ha causado agravios a la demandante por lo que conforme a los fundamentos expuestos corresponde Anular obrados.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de Diciembre de 2014 y, lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 16 a 20, subsanada a fs. 52 de obrados interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, declarándose firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT R.J. No. 1244/2013 de 29 de julio pronunciada por la Autoridad de Impugnación Tributaria.


No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente, asimismo no interviene la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán por encontrarse en comisión de viaje oficial.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena