SALA PLENA


SENTENCIA:                            152/2017.

FECHA:                                Sucre, 23 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE:                        1022/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Jorge Isaac von Borries Méndez.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 16 a 22 interpuesta por Manuel Félix Sangueza Guzmán en su condición de Gerente Regional Potosí a.i. Aduana Nacional, la  contestación a la demanda de fs. 54 a 59, replica de fs. 86 a 88, duplica de fs. 91 a 92, los antecedentes del proceso y la emisión de la resolución impugnada.


I. 1. Antecedentes de hecho de la demanda.


El 13 de agosto de 2013 la Gerencia Regional Potosí fue notificada con la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2013 de 7 de agosto de 2013.


Mediante Nota Nº AN-GRPGR-UFIPR-C-003/2012, dirigida a la ADA SAA SRL., la Administración Aduanera solicito la remisión de setenta y siete (77) DUIs tramitadas ante la Administración de Aduana Frontera Avaroa, detalladas en anexo, debiendo adjuntar documentos originales. Repuesta mediante Nota  Cite SAA-208/2012, por el que la ADA SAA SRL., remite la documentación solicitada.


Mediante Nota Nº AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, la Administración Aduanera solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), la autenticidad de setenta y siete (77) certificados emitidos por esa entidad de acuerdo a anexo.


Respuesta mediante Nota Nº IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio de 2012, remite el informe Nº IBMETRO-DML-INF-240/12, del técnico de metrología legal Fátima Anahí Cassas Patón dirigida al Director de Metrología Legal Gustavo Carrasco Ayma, indicando que de la revisión de los Certificados Medioambientales emitidos en oficina Central, Regionales de Cochabamba y Oruro, concluida la revisión de los códigos u números proporcionados, se corroboro que los mismos no están registrados en los archivos y base de información de IMBETRO; los funcionarios que figuran y firman dichos certificados, no estaban en funciones, en las fechas de emisión indicadas.


Informe AN-UFIPR-I-100/2012, de la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional el cual señala que corresponde anular la DUI C-2469, debido a que no existe el certificado medioambiental emitido por IBMETRO, exigido por el art. 11 del Reglamento a la Ley General de Adunas, art. 119 del DS 572, arts. 3 y 5 del DS 28963; estableció la comisión de contravención tributaria por contrabando tipificado por el art. 181 inc. b) de la Ley 2492, de igual forma determino indicios de delitos penales por falsedad del certificado de IBMETRO.


Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-063/2012 de 28 de septiembre de 2012, notificado en secretaria de sala de la Administración Tributaria a Juan Quispe Laura el 5 de diciembre de 2012.


Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS- 69/2012 de 27 de diciembre de 2012, que resuelve declarar PROBADA la comisión de contrabando convencional en contra de Juan Quispe Laura en base a los arts. 160 num. 4 y art. 181 inc. b) de la Ley 2492, considerando que no existe mercancía comisada, en aplicación del art. 181 parágrafo II de la citada Ley, se dispuso en sustitución el pago del 100% del valor de la mercancías que asciende a Bs. 289.450,00, asimismo dispuso la ejecución tributaria y la captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención AC-GRPTS-UFIPR-AI Nº 063/2012, como la anulación de la DUI de 29 de diciembre de 2011 y la remisión de antecedentes al Ministerio Publico para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos.


I.2. Fundamentos de la demanda.


- Aplicación del procedimiento de Control Diferido Regular; al respecto manifiesta que “la Autoridad de Impugnación Tributaria indica que la Administración Aduanera al dar inicio a un proceso sancionatorio emitiendo el Acta de Intervención Contravencional AN-GPRPTS-UFIPR-AI-063/2012 de 28 de septiembre ce 2012, en contra de Carmen Rosa Mencia Lozada (Juan Quispe Laura), sin observar las formalidades establecidas en el procedimiento de fiscalización aduanera posterior se hubiera incurrido en la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa del sujeto pasivo, que al concluir el proceso con la emisión de la Resolución Sancionatoria este conlleva vicios de nulidad desde la irregular emisión del Acta de Intervención, provocando la nulidad de las actuaciones subsecuentes”. Al respecto señala que al amparo de la RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009  que aprueba el procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y el último párrafo del art. 181 de la Ley Nº 2492 modificado por la cláusula Decima Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley Nº 317, se procedió en fecha 28 de septiembre de 2012 a emitir el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-063/2012 de la DUI 2011/543/C-2469 de 29 de diciembre de 2011, en el que se puede observar el trabajo realizado, la identificación de las personas sindicadas, identificación de los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del contrabando contravencional, descripción de la mercancía objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar contravención aduanera. Asimismo transcribe los arts. 48 del DS 27310, art. 85 de la Ley Nº 1990, arts. 65, 81 y 148 del Código Tributario, art. 111 de la Ley General de Aduanas; que la AGIT basa su fallo en lo establecido por el art. 48 del DS 27310; al respecto el artículo mencionado señala que la verificación de calidad, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante las fases entre otras de control diferido, PODRAN ser objeto de fiscalización posterior, ES DECIR QUE TODO AQUELLO QUE NO HAYA PODIDO SER DETERMINADO PUEDE O NO SER SUJETO A UNA FISCALIZACIÓN según corresponda, el termino faculta a la Administración de Aduana a realizar una fiscalización posterior, mas no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar la conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 de la Ley Nº 2492, por lo citado el procedimiento seguido a consecuencia del control diferido regular es totalmente valido al haberse determinado en el mismo que la DUI no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuo su conducta a lo establecido en el art. 181 b) del C.T.B., ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas Aduaneras, tal es el art. 11 k) del Reglamento de la Ley General de Aduanas y art. 119 modificado por la disposición adicional TERCERA Decreto Supremo 572 de 14 de julio de 2010, que señala  que las certificaciones deberán ser vigentes al momento de la aceptación de la declaración de las mercancías; que en caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera  en coordinación con la entidad dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.


Respecto a la fiscalización posterior corresponde señalar que el procedimiento de control diferido regular se ha establecido claramente que el certificado de IBMETRO que se encuentra en antecedentes se presentó como documento de soporte de la DUI el cual NO EXISTE Y NO ESTÁ REGISTRADO EN NINGUNO DE LOS ARCHIVOS DE IBMETRO- CENTAL LA PAZ, tal como se evidencia de la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio de 2012 del cual se advierte que los certificados tienen código 04 correspondiendo a Avaroa el 03, que no tienen validez, no detallan el número de factura, no se verifica el número de parte de recepción del vehículo que debe responder al vehículo inspeccionado y certificado. De lo señalado no corresponde realizar una fiscalización posterior para que se determine si el certificado es válido o no, si el mismo Instituto Boliviano de Metrología creada por DS 26050 de 19 de enero de 2001, certifica que este documento no es válido, no existe y no cumple con los requisitos y procedimientos para la extensión del mismo.


Que el procedimiento de control diferido no hace referencia al procedimiento a seguir en caso de que se determine la existencia del ilícito de Contrabando Contravencional que se ha cumplido a cabalidad en el presente caso, por lo que no corresponde realizar un proceso de Fiscalización Posterior, es por ello que en aplicación del art. 5 del Código Tributario Boliviano corresponde aplicar el procedimiento correspondiente a un caso de contrabando contravencional que se ha cumplido a cabalidad en el presente caso, que la AGIT con su actuar realiza una interpretación incorrecta que no considera la aplicación de la prelación normativa descrita.     


I.3. PETITORIO.


Por lo expuesto, interpone la presente Demanda Contenciosa administrativa contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, solicitando al Honorable Tribunal Supremo falle declarando Probada la presente demanda, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2013 de 7 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria el mismo que Confirma la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/0120/2013 de 13 de mayo de 2013, solicitando se Confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS N° 69/2012 de 27 de diciembre de 2012.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda por memorial de fs. 54 a 59 y señala lo siguiente:


De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 25 de mayo de 2012, la administración aduanera mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-003/2012, dirigida a la ADA SAA SRL., en aplicación del artículo 100 de la Ley Nº 2492 y la Resolución de Directorio Nº RD 01-004-09, que aprobó el Control Diferido, solicito a la citada ADA la remisión de 77 DUIs, tramitadas ante la Administración de Aduana Frontera Avaroa, con la documentación de respaldo; el 1 de junio de 2012, la citada ADA mediante nota CITE: SAA-208/2012 remitió la documentación requerida; el 6 de junio de 2012, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, dirigida a IBMETRO solicito certificación de autenticidad de setenta y siete certificados emitidos por esa entidad, a ese efecto el Director de Metrología Legal de IBMETRO, remitió el informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de 29 de agosto de 2012, del cual indica que los certificados no están registrados en los archivos y base de información de IBMETRO y que los funcionarios que figuran y firman el certificado no estaban en funciones


En ese contexto, se tiene que la Administración Aduanera emitió el informe AN-UFIPR-I-100/2012, en el cual señala dos aspectos importantes, el primero que se debe anular la DUI C-2469, debido a que no existe el certificado medioambiental emitido por IBMETRO exigido por los artículos 111 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y 119 del Decreto Supremo Nº 572, arts. 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 28963, estableciendo indicios de la comisión del ilícito de contrabando, tipificado en el artículo 181 inciso b) de la Ley Nº 2492; y segundo que existen indicios de delitos penales, por la falsedad del certificado de IBMETRO, lo cual recogido en el Acta de Intervención y en la Resolución Sancionatoria; cabe tener en cuenta que a partir del informe AN-UFIPR-I-100/2012, las dos actuaciones notificadas a Juan Quispe Laura, es decir el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria realizaron observaciones al certificado de IBMETRO, en este sentido cabe resaltar que el Procedimiento de Control Diferido Regular, aprobado por la Resolución de Directorio Nº RD 01-004-09 d e12 de marzo de 2009, no prevé el procedimiento a seguir en caso que se encuentren indicios de la comisión de la contravención aduanera de contrabando prevista en los artículos 160, numeral 4 y art. 181 inciso b) y último párrafo de la Ley Nº 2492, sin embargo el numeral 4 Conclusión del Control Diferido Regular, señala: el jefe de la unidad de fiscalización Regional Fiscalizador: “concluido el proceso de control diferido regular por los fiscalizadores, se procede de acuerdo a lo siguiente: 3. A la conclusión del control diferido regular, la remisión de informes a la Gerencia Nacional de Fiscalización sobre los resultados encontrados producto de la revisión”; al respecto señala que el objetivo específico del Procedimiento de Control Diferido es comprobar que los datos declarados en la DUI y en los documentos adjuntos sean correctos, completos y exactos, conforme lo establecido en la normativa aduanera; consecuentemente la aduna conforme el art. 48 del DS 27310 tiene facultades de control, las cuales las ejerce según los artículos 21 y 100 de la ley 2492, además de las facultades de fiscalización conforme el art. 49 del citado Decreto Supremo, lo que debió aplicar la Administración Aduanera realizando una fiscalización aduanera posterior, para que se diluciden por la vía que corresponda las observaciones planteadas. Por lo expuesto concluye que la Administración Aduanera al dar inicio a un proceso sancionatorio emitiendo el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-ASI-063/2012 de 28 de septiembre de 2012, en contra de Juan Quispe Laura, sin observar las formalidades establecidas en el procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior con la emisión de la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-69/2012 de 27 de diciembre de 2012, este conlleva vicios de nulidad desde la irregular emisión del acta de intervención  provocando la nulidad de las actuaciones subsecuentes,  por tal razón de conformidad al parágrafo II del art. 36 de la Ley 2341, aplicable por disposición del numeral 1 del artículo 74 de la Ley 2492, corresponde confirmar con fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0120/2013 de 13 de mayo de 2013 anulando actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Acta de Intervención Contravencional, inclusive, debiendo la Administración Aduanera concluir el Procedimiento de Control Diferido y elevar informe para coordinar el inicio de una fiscalización mediante una Orden conforme lo establecido en los artículos 48 y 49 del DS. 27310. Concluye señalando que los argumentos del demandante no son evidentes, de modo que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2013 de 7 de agosto de 2013, fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratifican en los fundamentos de la resolución jerárquica impugnada. Asimismo señala doctrina tributaria respecto del control diferido regular y el procedimiento a seguir en caso de encontrar indicios de contrabando contravencional descritos en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-1024/2013, AGIT-RJ-1068/2013, AGIT-RJ-1069, AGIT-RJ-1223/2013 y AGIT-RJ-1290/2013.           


II.1. PETITORIO.


En merito a los antecedentes y fundamentos anotados precedentemente, solicita se declare IMPROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por Gerencia Regional Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2013, de 7 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efecto de resolver, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:

Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-041/2012 de 24 de mayo de 2012, del Jefe de Unidad de Fiscalización de la Administración Aduanera, dirigido al Gerente Regional Potosí de la Administración Aduanera, en la cual hace conocer la identificación de posibles riesgos en la importación de vehículos usados realizados por Administración de Aduana Frontera Avaroa en la gestión 2011, existencia de certificados medio ambientales posiblemente falsos. Por lo que se solicitó se instruya a la Unidad de Fiscalización la realización de Control Diferido Regular, respecto a los vehículos importados a través de setenta y siete DUIs detallados en cuadro adjunto entre las cuales se encuentra el DUI Nº 2011-543-C-2469 de 29 de diciembre de 2011 cursante a fs. 12 del anexo 1.


Nota AN-GRPGR-UFIR-C-003/2012 de 25 de mayo de 2012 del Jefe de Unidad de Fiscalización de la Administración Aduanera dirigida a la Agencia Despachante de Aduana “SAA SRL” solicito la remisión de las setenta y siete DUIs tramitadas en la Administración de Aduana Frontera Avaroa, que se encuentran detalladas en anexo adjunto, acompañando la documentación de respaldo en originales, cursante a fs. 14 del anexo 1.


Nota Cite: SAA-208/2012 de 1 de junio de 2012 de la Agencia Despachante de Aduanas “SAA SRL” dirigida al Jefe de Unidad de Fiscalización de la Administración Aduanera presentando la documentación requerida mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-003/2012, cursante a fs. 15 del anexo 1.   


Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012 de 6 de junio de 2012 del Gerente Regional de Potosí de la Administración Aduanera dirigida a IBMETRO por el que solicito la certificación de autenticidad de los 77 certificados adjuntos, en el cual se encuentra el certificado CM-PT-04-00137-2011, correspondiente a Juan Quispe Laura, cursante a fs. 24 a 26 del anexo 1.


Certificado Medio Ambiental Nº CM-PT-04-00137-2011 emitido por IBMETRO, firmado por el Técnico Metrología Legal Eddy Mamani Chacapacha, cursante a fs. 15 del anexo 2.


Nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio de 2012, del Director de Metrología Legal de IBMETRO, dirigida al Gerente Regional Potosí de la Administración Aduanera, por el cual adjunta el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de 29 de agosto de 2012, mismo que establece que, de la revisión de los certificados medioambientales emitidos en oficina central, regionales Cochabamba y Oruro, respecto a los códigos y números, no se encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO y que los funcionarios que figuran y firman en los certificados no se encontraban en funciones en las fechas de emisión indicadas, cursante de fs. 27 a 34 del anexo 1. 


Informe AN-UFIPR-I-100/2012 de 27 de septiembre de 2012 del Técnico Fiscalizador I de la Administración Tributaria dirigido al Jefe de Unidad de Fiscalización, cursante de fs. 51 a 59 del anexo 1.    


Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-063/2012 de 28 de septiembre de 2012 cursante de fs. 60 a 67 del anexo 1, notificado a Juan Quispe Laura mediante notificación en secretaria el 5 de diciembre de 2012 cursante a fs. 68 del anexo 1., por el que se estableció la presunción de la comisión de ilícito de contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano, otorgando el plazo de 3 días hábiles para presentación de descargos a partir de su legal notificación.


Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-69/2012 de 27 de diciembre de 2012, por el que entre sus partes más relevante resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando en contra de Juan Quispe Laura, conforme el inc. b) del art. 181 del Código Tributario, que al No existir la Mercancía Comisada la aplicación del art. 181 num. II del mismo cuerpo legal, imponiendo la sanción económica de igual al 100% que asciende a Bs 289.450,00; captura del vehículo descrito en el acta de intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI Nº 063/2012; anulación de la DUI 2011-543-C-2469 del 29 de diciembre de 2011y comunicar al RUAT para el bloqueo en el sistema; remisión de antecedentes al Ministerio Publico para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación, cursante de fs. 70 a 74 del anexo 1.


Recurso de Alzada resuelto mediante Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0120/2013 de 13 de mayo de 2013, cursante de fs. 73 a 78 del anexo 1, contra la que interpone Recurso Jerárquico, dictándose la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2013, de 7 de agosto de 2013, que resuelve Confirmar la resolución de alzada mencionada.


En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil, en vista de que aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 60, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 354-II del Código de Procedimiento Civil, se corrió traslado al demandante para la  réplica cursante de fs. 86 a 88 del expediente, duplica de fs. 91 a 92, notificado el tercer interesado Juan Quispe Laura cursante a fs. 149. Concluido el trámite se decretó a fs. 152 “autos para sentencia”.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de anular lo obrado, con reposición de obrados hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-063/2012 de 28 de septiembre, ordenando a la Administración Aduanera concluir el procedimiento de control diferido, elevar informe y coordinar el inicio de una fiscalización mediante la orden correspondiente. Al efecto señala, que el art. 48 del DS Nº 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante  esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, concluyendo que el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB.


También adujo que la AGIT realizó una interpretación incorrecta al pretender que se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho ya demostrado en el Control Diferido Regular, lo que le causa perjuicio por haberse anulado obrados sin justificativo o normativa específica que determine que debe realizarse un procedimiento de Fiscalización Posterior.


Por su parte, la autoridad demandada indicó que la Administración Aduanera al dar inicio a un proceso sancionatorio emitiendo el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-063/2012, no observó las formalidades establecidas en el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, vulnerando los derechos al debido proceso y a la defensa del sujeto pasivo, provocando la nulidad de las actuaciones subsecuentes.


IV.1. Respecto al Procedimiento de Control Diferido.


El art. 48 del Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB), señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de: i) control anterior, ii) control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y, iii) control diferido. La norma citada prevé también que la verificación de la calidad, valor en aduana, origen y otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrá ser objeto de fiscalización posterior.


En el marco normativo planteado, la Administración Aduanera aprobó el Procedimiento de Control Diferido aprobado con RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, en la que se establece como objetivo general del procedimiento, efectuar la revisión en aplicación del art. 48 del DS 27310, de las Declaraciones Únicas de Importación verificando la correcta aplicación de la normativa aduanera vigente a las mercancías presentadas a despacho después del levante de las mismas o al cumplimiento de un régimen aduanero.


Entre los objetivos específicos señala:


  1. Comprobar que los datos declarados en las declaraciones de mercancía y en los documentos adjuntos de respaldo sean correctos, completos y exactos conforme lo establecido en la normativa aduanera, así como también el cumplimiento de las formalidades previas al despacho.


  1. Encausar los hallazgos determinados (contravenciones, omisiones de pago u otros) de acuerdo a la normativa vigente, en los casos que corresponda.


En autos, el Jefe de la Unidad de Fiscalización a.i. de la Aduana Nacional, solicitó al Gerente Regional Potosí, instrucción de control diferido regular, en razón de haberse evaluado la importación de vehículos usados realizada por personas naturales y empresas unipersonales por la Administración de Aduana Frontera Avaroa, en la gestión 2011, habiéndose identificado posibles riesgos, como certificados medioambientales posiblemente falsos, chasis que no se pueden decodificar, incoherencia de datos entre los declarados en la DUI y lo consignado en el INFOEX, registro en el RUAT de la clase del vehículo diferente al consignado en la DUI, vehículos que habrían sido importados directamente de ultramar sin consignar el B/L en la página de documentos adicionales de la DUI y otros.


Con ese antecedente, el Jefe de la indicada Unidad, solicitó a la Agencia Despachante de Aduana SAA S.R.L., la remisión de la documentación original, cumpliendo con el punto B-1) y 3) del Procedimiento en análisis.


El punto 4. Conclusión del Procedimiento Diferido Regular, señala expresamente lo siguiente: Concluido el procedimiento diferido regular por los fiscalizadores, si no se identificaron indicios de la comisión de ilícitos tributarios y observaciones al valor, el Jefe de la Unidad de Fiscalización Regional devuelve las carpetas de documentos al Despachante de Aduana o al operador, sin que ello signifique que no se pueda realizar una fiscalización aduanera posterior.


El punto 4.2. Prevé: “si durante el control diferido se establece la presunta comisión de contravenciones aduaneras, conforme lo establecido en el art. 160-5) y 6) del Código Tributario (incumplimiento de otros deberes formales y las establecidas en leyes especiales), el art. 186 de la Ley General de Aduanas (contravenciones aduaneras) y el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones vigente, emite informe y remite conjuntamente el expediente a la Unidad Legal para la aplicación del sumario contravencional establecido en el art. 168 del CTB y el Manual de Procesamiento de Contravenciones Aduaneras”, se concluye entonces que dicho procedimiento no es aplicable al procesamiento del contrabando contravencional señalado por el art. 160-4) del CTB.


Consecuentemente, es evidente que no existe un procedimiento establecido para los casos en los que se presuma la existencia de contrabando; sin embargo, es evidente, que el numeral 4.3. señala: “A la conclusión del control diferido regular, los Jefes de las Unidades de Fiscalización remitirán informe en conclusiones a la Gerencia Nacional de Fiscalización sobre los resultados encontrados producto de la revisión”, norma que debió aplicarse en el caso presente, para que se disponga el inicio del procedimiento correspondiente, en el marco de lo señalado por el art. 48 del DS 27310.


Con relación a la afirmación de la entidad demandante en sentido de que el art. 48 del DS Nº 27310 faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB, se tiene que la citada norma reconoce a la Aduana Nacional en el marco de los arts. 21 y 100 del CTB potestad para ejercer sus facultades en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido.

Adicionalmente la norma señala: “La verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior”, de la cual se entiende que aún en los casos en los que, realizadas las operaciones de control anterior, durante y posterior, no pudieran comprobarse algunos aspectos, la Administración Aduanera tiene facultad para realizar una fiscalización posterior, concluyéndose que es la potestad de control otorgada por la normativa que se extiende más allá de haberse agotado las fases de control, porque todavía puede realizarse la fiscalización de aquellos aspectos (calidad, origen u otros), lo cual no significa de ninguna manera que sea una opción que puede o no ejecutarse como interpretó erróneamente la demandante, concluyéndose que en el caso, debió efectuarse la fiscalización señalada por la norma analizada. 


En coherencia con el análisis anterior, resulta evidente que en el caso particular motivo del proceso, la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, vició de nulidad sus actos; consecuentemente, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2013 de 7 de agosto, es correcta.


V. CONCLUSIONES.


Por lo expuesto, en atención a los fundamentos señalados anteriormente, se constata que los argumentos del demandante, no son consistentes y no demuestra las violaciones que acusa, por el contrario la AGIT con la emisión de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1258/2013 de 7 de agosto, procedió conforme a la normativa administrativa tributaria en base a los principios que rigen el procedimiento administrativo precautelando el debido proceso previsto en el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, con fundamento propio, declara: IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 16 a 22, interpuesta por Manuel Feliz Sánchez Guzmán en su condición de Gerente Regional Potosí a.i. Aduana Nacional contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1258/2013, de 7 de agosto de 2013, que anula obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional AV-GRPTS-UFIPR-AI-063/2012 de 28 de septiembre de 2012. 


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán por emitir voto disidente, asimismo no interviene la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán por encontrarse en comisión de viaje oficial.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena