SALA PLENA


SENTENCIA:                            126/2017.

FECHA:                                Sucre, 13 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE:                        837/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Fundación contra el Hambre/Bolivia, (FOOD FOR THE UNGRY INTERNATIONAL /BOLIVIA) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fojas 74 a 82 y vuelta, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0781/2013 de 18 de junio (fojas 35 a 47) y el Auto Motivado AGIT-RJ 0066/2013 de 4 de julio (fojas 50 a 51 y vuelta), el memorial de contestación de fojas 120 a 122 y vuelta, la réplica de fojas 125 y vuelta, la dúplica de fojas 130 y vuelta, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.


  1. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


Que, Oscar Ramiro Montes Mollo, en su calidad de representante de la Fundación contra el Hambre/BOLIVIA (Food for the Hungry International/Bolivia), en virtud al testimonio Nº 874/2013 de 30 de septiembre, otorgado en la Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 78 del Distrito Judicial de La Paz, a cargo de María Eugenia Quiroga de Navarro (fojas 18 a 35 y vuelta), y Felipe Vera Botello representando legalmente a la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., en virtud al testimonio Nº 0476/2013 de 30 de septiembre, otorgado en la Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 62 del Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Jhanett Irma Quintana Ticona (fojas 1 a 7 y vuelta), se apersonaron por memorial de fojas 74 a 82 y vuelta, manifestando que al amparo de lo previsto en los artículos 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y 778 del Código de Procedimiento Civil, interponen demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0781/2013 de 18 de junio y Auto Motivado AGIT-RJ 0066/2013 de 4 de julio.


1.- Manifestaron que en fechas 19 y 15 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó a la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda. y a la Fundación contra el Hambre con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 205/2012 de 8 de octubre, por haber vencido el plazo de 60 días otorgado para la regularización de la importación con exoneración de tributos de mercancía, bajo la modalidad de despacho inmediato para la Declaración Única de Importación C-15097, es decir por no haber presentado la Resolución de Exención de tributos, no obstante que la solicitud de exención fue presentada ante la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, no existiendo pronunciamiento de su procedencia.

2.- Que mediante Resolución Determinativa (RD) AN-GRLPZ-LAPLI Nº 239/2012 de 19 de diciembre, se declaró firme la Vista de Cargo, dando lugar a la interposición del Recurso de Alzada, que fue resuelto mediante Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0263/2013 de 8 de abril, disponiendo que se anule la Resolución Determinativa con la reposición hasta la Vista de Cargo inclusive, para que la Administración Aduanera inicie una fiscalización posterior conforme a los artículos 104 del Código Tributario, 48 y 49 del Decreto Supremo Nº 27310 y a la Resolución de Directorio de la Aduana RD-Nº 01-008-11, generando que la Administración Aduanera interponga Recurso Jerárquico, el cual fue resuelto a través de Resolución de Recurso Jerárquico y Auto Motivado, que confirmó la Resolución de Alzada, pero con un fundamento distinto y otro efecto, disponiendo que la Administración Aduanera, cobre la deuda de manera directa sin previo proceso, así como también que previo al cobro se verifique si el operador inició un trámite de exoneración tributaria que se encuentra pendiente o con resolución de exención, considerando que de la procedencia o improcedencia de la exención dependerá la existencia o no de una obligación exigible. 


I.2. Fundamentos de la demanda.


I.2.1.- Señaló violación al debido proceso y al derecho a la defensa, puesto que se evidencia que la instancia de Alzada, al anular obrados hasta el vicio más antiguo, no se pronunció sobre otros aspectos que habían sido motivo del Recurso de Alzada, como ser la errónea calificación del ilícito de omisión de pago y de la contravención por vencimiento de plazo, así como que la donación de alimentos se encuentra exenta de pago de tributos aduaneros.


       Manifestó que la instancia jerárquica, al considerar improcedente la nulidad dispuesta por la autoridad de Alzada, determinó otra nulidad por otra causa y omitió pronunciarse con la facultad ex novo (de nuevo), sobre los otros dos aspectos demandados en el Recurso de Alzada. Agregó que sobre la omisión de pronunciamiento existe jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que anula obrados por incumplimiento del deber de pronunciarse sobre aspectos demandados y no resueltos en primera instancia, “como efecto de fallar en otros a favor del demandante” (sic). Sala Social y Administrativa, Auto Supremo Nº 376 de 26 de septiembre de 2012.


       Refirió también, la existencia de vulneración del debido proceso por pronunciamiento ultra petita y extra legal, toda vez que de la revisión del Recurso Jerárquico interpuesto por la Aduana, se advierte que se reclamó como agravio la incorrecta nulidad dispuesta en la Resolución de Alzada, y que no se planteó ningún argumento relativo al cobro directo de las declaraciones de importación que no hayan sido regularizadas por falta de pronunciamiento en la emisión de la resolución de exención, por lo que se emitió un pronunciamiento de oficio, ultra petita y extra legal, que anula la Vista de Cargo y dispone el cobro directo y sin previo proceso administrativo, vulnerando el principio básico denominado prohibición de reformatio in peius, que significa que los pronunciamientos de la sentencia de instancia que no hayan sido impugnados por ninguno de los litigantes, quedan excluidos de toda posibilidad de revisión por parte del órgano jurisdiccional superior, quedando delimitada la actividad decisoria, tanto subjetiva como objetivamente a lo planteado, por lo que existe vulneración del principio de congruencia como elemento del debido proceso y del artículo 211 numeral I de la Ley Nº 2492.


Continuó señalando, que la autoridad demandada fundó su facultad de anular el acto administrativo en el artículo 36 numeral II de la Ley Nº 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), disponiendo la nulidad hasta la Vista de Cargo, la que según la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no debió ser emitida, sino que debió cobrarse en forma directa sin juicios previos; sin embargo, cuando existe defecto de forma, la autoridad tiene prohibido aplicar una anulabilidad, por cuanto esta se limita a los casos en que el acto no alcanzó su fin, lo cual no es evidente porque la Vista de Cargo estableció un pseudo tributo que se pretende reemplazar con la ejecución de una declaración (póliza), que ni siquiera cursa en el expediente o a los casos, en que el acto provoca indefensión, que no fue fundamento de la nulidad dispuesta por la autoridad demandada.


       Indicó que la propia Autoridad General de Impugnación Tributaria, en muchos fallos, de manera expresa delimitó su competencia en razón del principio de congruencia, tal como ocurrió en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0051/2012 de 9 de julio de 2012 y AGIT-RJ 0203/2012 de 9 abril de 2012.


       Acusó también, existencia de vulneración del derecho a la defensa, puesto que se dispuso el cobro directo de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan; sin embargo, respecto a la primera disposición, el fundamento de la resolución impugnada trata que la Declaración de Mercancías de importación a consumo con exoneración de tributos aduaneros bajo la modalidad de despacho inmediato, constituye una declaración jurada; es decir, un título de ejecución tributaria y que por tanto, debió aplicarse el procedimiento previsto en el artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y en su defecto, el artículo 108 numeral 6) de la Ley Nº 2492.


Señaló que la argumentación de los puntos ix, xvi y xvii de la resolución impugnada, vulneran el derecho a la defensa, siendo erróneo el criterio de que la Declaración de Mercancías de Importación con exoneración de tributos despachada bajo la modalidad de despacho inmediato, constituye una declaración jurada y por tanto un Título de Ejecución Tributaria de inmediata ejecución o de ejecución forzosa, sin considerar que la declaración jurada a la que hace referencia el artículo 108, parágrafo I, numeral 6) de la Ley Nº 2492, debe ser determinada por el sujeto pasivo sin ninguna intervención de la Administración, a lo que se denomina “autodeterminación”, que consiste en que el sujeto pasivo, por si y de manera voluntaria, decide liquidar cuánto corresponde pagar por concepto de tributos.


       Apuntó que en el caso concreto, ni la Fundación ni la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., declararon en la Declaración de Importación (antes denominada Póliza de Importación) ningún monto a pagar, es más, ninguna declaración de importación de tributos bajo la modalidad de despacho inmediato, determina o autoliquida ninguna deuda o mejor dicho, todas las declaraciones de esa naturaleza efectúan la autoliquidación de la deuda con cero (0) como tributo a pagar, por tanto, tampoco en la DUI C-15097 existe autodeterminación ni por el consignatario ni por el despachante de aduanas; es más dicha DUI no se encuentra ni fue puesta en conocimiento de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ni cursa en el expediente administrativo por lo que la suma que pretendía cobrar la Aduana, emerge y nace de la Vista de Cargo que efectúa una liquidación llamada “Liquidación de la Administración Aduanera”, que fue sometida a presentación de descargos, para luego emitirse la Resolución Determinativa que a su vez, fue impugnada en el Recurso de Alzada y posteriormente, en instancia Jerárquica.


       Continuó señalando que del artículo 12 de la Ley General de Aduanas, se deduce claramente que en materia aduanera, no se ha previsto la determinación mixta; es decir, que sobre la base de la Declaración de Mercancía que declara cero (0) tributos, la Administración no tiene facultad de efectuar liquidaciones para luego, sin juicio previo, proceder a su cobro como dispuso la resolución jerárquica, lo que conlleva a la flagrante violación al derecho a la defensa.


Finalmente, señaló contradicción entre la resolución impugnada con las propias resoluciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, concretamente con las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 505/2012, AGIT-RJ 506/2012 y 663/2012, todas de 9 de julio.


I.3. Petitorio.


Concluyó solicitando que se declare probada la demanda en todas sus partes, y que se anulen los referidos fallos dictados por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


Que se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


Se dispuso asimismo, que se cite a la Administración de la Aduana Interior La Paz, en su condición de tercero interesado a efecto que se apersone al proceso a asumir defensa, si así lo considera conveniente.


Presentado el memorial de contestación a la demanda de fojas 120 a 122 y vuelta, se tuvo apersonado a Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud de la Resolución Suprema N° 10933 de 7 de noviembre de 2013 (fojas 118) y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado al demandante para la réplica.


En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por la demandante, la autoridad demandada señaló que la resolución impugnada se encuentra plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, y que no obstante, cabe remarcar y precisar lo siguiente:


II.1.- Señaló que se debe tener presente que habiéndose emitido una Vista de Cargo y una Resolución Determinativa unificando procedimientos, la Aduana Nacional inició una determinación de oficio, y que esta debe surgir de las facultades otorgadas a la Administración Aduanera por los artículos 21, 100 y 104 de la Ley Nº 2492, que se traducen conforme indican los artículos 48 y 49 del Decreto Supremo Nº 27310, en un control durante despacho, control diferido inmediato o una fiscalización posterior, procedimientos que no son discrecionales puesto que están normados por las Resoluciones de Directorio Nos. 01-031-05, 01-004-09 y 01-008-11, por lo que en el presente caso, siendo que la mercadería se sometió a control durante despacho con el sorteo del respectivo canal y retirada del recinto aduanero con posterioridad a la autorización del levante, se tiene que los actos procesales deberían realizarse dentro de una Fiscalización Posterior, la cual se inicia con la notificación de la respectiva orden de fiscalización.


Que se debe considerar que este tipo de control, conforme la Resolución de Directorio Nº 01-008-11, se efectúa con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras, con posterioridad del despacho aduanero, estando en el presente caso el despacho aduanero, pendiente de regularización.


Manifestó que la Administración Aduanera realizó acciones dirigidas al cobro emergente de una Declaración Única de Importación, cuya mercancía fue despachada sin el pago de tributos aduaneros, situación que se encontraba condicionada a la regularización con la presentación de la Resolución que otorga la exención del pago de tributos, sin embargo, la Administración Aduanera realizó sus actuaciones mediante una determinación de oficio que no se ajusta a lo señalado en los artículos 48 y 49 del Decreto Supremo Nº 27310, procediendo a la emisión directa de la Vista de Cargo, unificando procedimientos para emitir posteriormente una Resolución Determinativa, acto por el cual se suplanta y desecha la declaración hecha por el contribuyente, la cual emerge de una “autodeterminación” efectuada por el mismo.


Continuó refiriendo, que las actuaciones dirigidas al cobro de la declaración impaga, como efecto de la falta de solicitud de exención y del pago de impuestos internos, deben enmarcase en lo señalado en el párrafo cuarto del artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, modificado por el artículo 46 del Decreto Supremo Nº 27310, 11 y 12 de la Ley Nº 1990 de la Ley General de Aduanas, que permite a la Administración Aduanera efectuar una liquidación de la deuda tributaria no pagada de la Declaración Única de Importación, sujeta a exención total o parcial de tributos y la intimación al pago bajo apercibimiento de ejecución tributaria, debiendo considerar que el procesamiento de los ilícitos tributarios no está vinculado a una determinación de oficio efectuada en el marco de los artículos 95 y siguientes de la Ley Nº 2492, debiendo efectuarse en observancia del artículo 168 de la misma Ley, así como en la Resolución de Directorio Nº 01-011-04.


Indicó que la Administración Aduanera debió verificar si el operador inició un trámite de exoneración y si el mismo se encontraba pendiente, o si culminó con una Resolución de Exoneración, por lo que corresponde la anulación de obrados para que se inicie un nuevo procedimiento, donde la Administración Aduanera verifique si el operador inició un trámite de exoneración tributaria, considerando que de la procedencia o improcedencia del mismo dependerá la existencia o no de una obligación exigible, correspondiendo la subsanación del procedimiento hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 00205/2012 de 8 de octubre, a efectos que la Administración Aduanera aplique los procedimientos previstos en la normativa vigente para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan.


Finalmente señaló, que sobre la supuesta contradicción con otras Resoluciones Jerárquicas, analizando las mismas, se evidencia que no existe semejanza en los procesos, puesto que en los casos resueltos mediante las Resoluciones Jerárquicas citadas por la parte demandante, el sujeto pasivo sí contaba con la Resolución de Exención de tributos, diferente al presente proceso donde no existe Resolución de Exención, de lo que se evidencia que los antecedentes citados no son idénticos en los elementos fácticos, consecuentemente la aplicación del derecho será también diferente, no correspondiendo el reclamo de que la autoridad demandada habría asumido un criterio contradictorio.


II.4.- Petitorio.


Concluyó solicitando que se declare improbada la demanda contencioso administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0781/2013 de 18 de junio.


III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


Continuando con el trámite del proceso, se advierte que la Fundación contra el Hambre/Bolivia y la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., presentaron el memorial de réplica que cursa de fojas 125 a 126, en el que se reiteraron los argumentos desarrollados en el memorial de demanda, corriéndose traslado para la dúplica a través de providencia de fojas 127, dando lugar a que la autoridad demandada presente la dúplica a fojas 130 y vuelta, por la que se reiteró asimismo los argumentos vertidos en la contestación, en virtud de lo cual, por providencia de fojas 155, siendo el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, se decretó “autos para sentencia”.


Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:


III.1.- Que el 9 de octubre de 2008, la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda. por cuenta de su comitente, Fundación contra el Hambre/Bolivia (Food for the Hungry International/Bolivia), registró y validó la DUI C-15097 (fojas 69 a 74 Anexo 2), bajo la modalidad de despacho inmediato, sin el pago de tributos de importación, correspondiente a 6 ítems, 1 paquete de 39 unidades de camillas; 2 paquetes con equipo médico; 241 paquetes con artículos e insumos médicos; 53 paquetes de productos farmacéuticos; 6 paquetes de servidores; y 1 paquete de CPU´s.  


III.2.- Que el 5 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/2116/12 (fojas 66 a 68 del Anexo 2), en el cual señala que de acuerdo al Reporte del Sistema SIDUNEA ++, el Despacho Inmediato correspondiente a las Declaraciones Únicas de Importación del cuadro que detalla, entre las cuales se encuentra la DUI C-15097, están pendientes de regularización, debido a que el Importador ni la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., presentaron la Resolución de Exención Tributaria en el plazo de 60 días establecido por el artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que recomendó la emisión de la Vista de Cargo.


III.3.- Que el 15 y 19 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó por cédula a los representantes legales de la Fundación contra el Hambre/Bolivia y de la Agencia Despachante de Adunas CIDEPA Ltda. con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 00205/2012 de 8 de octubre (fojas 60 a 65 del Anexo 2), estableciendo el total de deuda tributaria de 97.244,97 UFV, por concepto de contravención de omisión de pago que incluye tributo omitido, intereses y multa del 100% del tributo omitido, más la sanción por la contravención aduanera por vencimiento de plazo; y otorgándoles un plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo.


III.4.- Que el 14 de diciembre de 2012, la Fundación contra el Hambre/Bolivia y la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., mediante memorial de fojas 16 a 21 del Anexo 2, presentaron descargos consistentes en fotocopias simples de la Resolución Administrativa Nº 195 de 29 de mayo de 2002 del Ministerio de Hacienda (fojas 25 a 42 del Anexo 2), así como del memorial de solicitud de exención de gravámenes arancelarios de alimentos donados de 24 de septiembre de 2008, por parte de la Fundación contra el Hambre/Bolivia al Ministerio de Relaciones Exteriores (fojas 50 del Anexo 2), fotocopias legalizadas del Poder de representación Nº 0325/2012 de la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda. en favor de Felipe Vera Botello y del Poder de representación Nº 195/2012 de la Fundación contra el Hambre/Bolivia-Food for the Hungry International Bolivia en favor de Oscar Ramiro Montes Mollo, argumentando inobservancia al proceso de determinación de la deuda tributaria prevista en materia aduanera, errada calificación del ilícito de omisión de pago, errada calificación del ilícito de contravención por vencimiento del plazo, indicando que las donaciones de alimentos efectuadas al amparo del Programa PL 480, se encuentran exentas del pago de tributos aduaneros, y que no existe prueba sobre rechazo a la solicitud de exención.


III.5.- Que el 19 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI Nº 3148/12 (fojas 13 a 14 del Anexo 2), señalando que los interesados presentaron descargos, entre los que se encuentra la Resolución Administrativa Nº 195 de 29 de mayo de 2002, que en su parte resolutiva establece que en caso de incumplimiento en el trámite de regularización de la importación de mercancía donada, el consignatario y la Agencia Despachante de Aduanas interviniente, asumirán responsabilidad y sanciones previstas en la Ley General de Aduanas y su Reglamento; concluyó recomendando emitir la Resolución Determinativa.


III.6.- Que el 26 y 31 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a los representantes legales de la Fundación contra el Hambre/Bolivia y a la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., respectivamente con la RD AN-GRLPZ-LAPLI N° 239/12 de 19 de diciembre (fojas 11 a 12 del Anexo 2), que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 00205/2012 de 8 de octubre, en contra de la Fundación contra el Hambre/Bolivia y de la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., por Unificación de Procedimientos en cuanto a la omisión de pago, multa por omisión de pago y contravención aduanera, por 97.244,97 UFV.


III.7.- Esta Resolución Determinativa, dio lugar a que la Fundación contra el Hambre/Bolivia y la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., mediante memorial de fojas 39 a 42 y vuelta del Anexo 1, interpongan Recurso de Alzada contra la RD AN-GRLPZ-LAPLI N° 239/12, el cual fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0263/2013 de 8 de abril (fojas 69 a 81 y vuelta del Anexo 1), por la que se decidió ANULAR la Resolución Determinativa, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 00205/2012, inclusive, disponiendo que la Administración Aduanera aplique los procedimientos previstos en los artículos 104 de la Ley N° 2492, 48 y 49 del Decreto Supremo N° 27310, así como en la Resolución de Directorio 01-008-11, con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de una deuda tributaria respecto a los despachos inmediatos observados.


III.8.- En virtud a la Resolución de Recurso de Alzada, la Administración Aduanera por memorial de fojas 86 a 90 del Anexo 1, interpuso Recurso Jerárquico contra la resolución pronunciada en Alzada, el que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0781/2013 de 18 de junio (fojas 113 a 126 del Anexo 1 y fojas 35 a 47 del expediente), que CONFIRMÓ la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0263/2013 de 8 de abril, disponiendo que se anulen obrados hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 00205/2012, para que la Administración Aduanera aplique los procedimientos previstos en la Ley N° 2492, Decreto Supremo N° 27310, Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870 y Resolución de Directorio N° 01-011-04 de 23 de marzo, para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan, conforme lo establece el inciso b), parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 3092.


III.9.- Ante esta Resolución de Recurso Jerárquico, mediante memorial de fojas 137 y vuelta, la Fundación contra el Hambre/Bolivia y la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., solicitaron aclaración sobre el efecto de la nulidad dispuesta, mereciendo el Auto Motivado AGIT-RJ 0066/2013 de 4 de julio cursante de fs. 138 a 139 y vuelta del Anexo 1, que dispuso NO HA LUGAR a la aclaración de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0781/2013 de 18 de junio, disponiendo que dicha resolución quede firme y subsistente en todas sus partes.   


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


Que el motivo de la litis dentro del presente proceso, consiste en que la empresa demandante discute la decisión de la autoridad demandada en sentido de anular la Resolución de Alzada con reposición hasta la Vista de Cargo, decisión que vulneraría el debido proceso en su elemento congruencia, puesto que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, analizó de oficio el procedimiento para la emisión de la Vista de Cargo, concluyendo que correspondería el cobro directo en vía de ejecución tributaria, aspecto que no habría sido objeto de impugnación, existiendo una Resolución Jerárquica ultra petita y extra legal, que vulnera los artículos 195 numeral III y 198 inciso e) de la Ley Nº 3092, contradiciendo además lo resuelto en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 505/2012 de 9 de julio y 663/2012 de 9 de julio.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:


V.1.- Análisis y fundamentación.


Se observa que la empresa demandante reclama la decisión de la autoridad demandada en sentido de anular la Resolución de Alzada, con reposición hasta la Vista de Cargo, inclusive, y atribuye la vulneración del debido proceso en su elemento congruencia, puesto que “de oficio”, analizó el procedimiento de la Vista de Cargo y concluyó que no debió girarse porque correspondería el cobro directo en vía de ejecución tributaria, aspecto que no habría sido objeto de impugnación, de manera que el procedimiento fue oficioso, ultra petita y extra legal, vulnerando los artículos 195 parágrafo III y 198 inciso e) de la Ley Nº 3092, así como que existiría contradicción en lo resuelto en las resoluciones jerárquicas AGIT-RJ 505/2012, AGIT-RJ 506/2012 y 663/2012, todas de 9 de julio.


Por otro lado, señaló vulneración del derecho a la defensa, al disponerse la nulidad de la Resolución de Alzada con reposición hasta la Vista de Cargo, ordenando la aplicación de los procedimientos previstos en el Código Tributario Boliviano, en el Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento a la Ley General de Aduanas y de la Resolución de Directorio 01-011-04 de 23 de marzo de 2004, para el cobro directo de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan, por lo que corresponde indicar lo siguiente:


IV.2.- Importación de mercancías con exención de pago de tributos aduaneros.


Es preciso referir que el artículo 91 de la Ley General de Aduanas, establece que la importación de mercancías para el consumo, con exoneración de tributos aduaneros, independientemente de su clasificación arancelaria, procederá cuando se importen para fines específicos y determinados en cada caso, en virtud de Tratados o Convenios Internacionales o en contratos de carácter internacional suscritos por el Estado Boliviano, mediante los que se otorgue esta exoneración con observancia a las disposiciones de la presente ley y otras de carácter especial.


En ese sentido, conforme lo dispuesto por el artículo 128 concordante con el artículo 129 numeral 11) de la Ley General de Aduanas, dichas mercancías son internadas al territorio nacional mediante despacho inmediato. Por otro lado, el artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, vigente en el momento de la importación, establece: “…las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los casos que corresponda…”.


Bajo tal normativa y de la revisión de los antecedentes del presente caso, se advierte que la Resolución Administrativa Nº 195 de 29 de mayo de 2002 presentada por la Fundación contra el Hambre/BOLIVIA (fojas 4 a 22 del Anexo 2), demuestra que el 16 de junio de 1954, el Gobierno Nacional y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, suscribieron un acuerdo autorizando la cooperación entre ambos países, para proporcionar alimentos, suministros y equipo, todo a través de las Agencias voluntarias, como parte de la Ley Pública Nº 480 de los Estados Unidos, Título II, denominado “Programa de Alimentos para la Paz”; evidenciándose también, que USAID donó alimentos a las Agencias voluntarias para su distribución en Bolivia.


Asimismo, en el ARTÍCULO III, numeral 2 del mencionado acuerdo, se determinó que todo fondo monetario, materiales y equipo internados a Bolivia por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en conformidad con dichos convenios sobre programas y proyectos, estarán exentos de impuestos, honorarios por servicios prestados, requisitos para inversión o depósito y controles sobre la moneda (fojas 31 del Anexo 2).


Se tiene que la DUI C-15097 de 9 de octubre de 2008 (fojas 69 a 74 del Anexo 2), refiere como proveedor a Food for the Hungry, Inc., con sede en Estados Unidos de Norteamérica y como importador a la Fundación contra el Hambre con sede en La Paz, Bolivia de 304 bultos conteniendo 3.590,00 kg., y consignó como importe total a pagar la suma de Bs. 0,00.


       Que cursa a fojas 29 del Anexo 2, un memorial legalizado firmado por los representantes de la Fundación, que fue suscrito el 24 de septiembre de 2008, dirigido al Director de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando exención de gravámenes con relación a la mercancía importada con DUI C-15097.


       De acuerdo al Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/2116/12 de 5 de octubre de 2012 (fojas 66 a 68 del Anexo 2), que dio origen al procedimiento que culminó con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 239/12 de 19 de diciembre (fojas 11 a 12 del Anexo 2), la Fundación contra el Hambre/BOLIVIA, no regularizó el despacho inmediato hasta esa fecha.


IV.3.- Procedimiento en caso de incumplimiento en la presentación de la resolución de exención.


Ahora bien, en el caso de la importación de mercancías bajo el régimen de despacho inmediato efectuadas al amparo del artículo 91 de la Ley General de Aduanas, que no hubieran sido regularizadas en el plazo de seis meses señalado por el artículo 131 del Reglamento a Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, vigente en el momento de la importación, no corresponde la aplicación del procedimiento señalado en el cuarto párrafo del artículo 10 del Reglamento mencionado, que fue modificado por el artículo 46 del Decreto Supremo Nº 27310, y artículos 11 y 12 de la Ley General de Adunas, que permite a la Administración Aduanera efectuar una liquidación de la deuda tributaria no pagada de la DUI sujeta a exención total o parcial de tributos y la intimación al pago bajo apercibimiento de ejecución tributaria. Por otra parte, tampoco el procesamiento de los ilícitos tributarios, considerando que los mismos no están vinculados a una determinación de oficio efectuada en el marco de los artículos 95 y siguientes de la Ley Nº 2492, debe efectuarse en observancia del artículo 168 de la misma norma y de la Resolución de Directorio 01-011-04 de la Aduana Nacional.


Este argumento, tiene sustento en que la Fundación contra el Hambre/BOLIVIA, goza de exención por la importación de mercancía donada, por tratarse, conforme a la previsión del artículo 91 de la Ley General de Adunas, de importaciones efectuadas para fines específicos en el marco de Tratados y Convenios Internacionales o en contratos de carácter internacional suscritos por el Estado Boliviano, y únicamente si se cumple la previsión del artículo 93 de la misma norma legal aduanera, es decir, que la mercancía importada no sea objeto de comercialización final; motivo por el cual correspondía efectuar en el presente caso, el procedimiento de fiscalización, conforme al entendimiento asumido por este Tribunal Supremo de Justicia, en las Sentencias 166/2014 de 8 de agosto de 2014 y 236/2014 de 15 de septiembre, toda vez que no existía una autodeterminación que conforme al artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, permitiera efectuar el requerimiento de pago y consiguiente ejecución, criterio que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz emitió en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0263/2013 de 8 de abril, indebidamente revocada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo que corresponde a este Tribunal corregir dicho error.


V.4.- Conclusiones.


En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente:


Por las características del problema planteado, se concluye que corresponde aplicar en la resolución de la demanda, el criterio esgrimido reiteradamente por esta Sala Plena, en sentido de que ante el incumplimiento en la presentación de resolución de exoneración de tributos aduaneros en los casos de importación de mercancías con exención de tributos aduaneros, corresponde a la Administración Aduanera efectuar un procedimiento de fiscalización, criterio que además se sustenta en la norma contenida en el artículo 9 inciso b) de la Ley General de Aduanas, que señala que la obligación de pago en Aduanas, se genera por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos, sobre el valor residual de las mercancías importadas.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 74 a 82 y vuelta, interpuesta por Oscar Ramiro Montes Mollo, representante de la Fundación contra el Hambre/BOLIVIA (Food for the Hungry International/Bolivia), y Felipe Vera Botello representante de la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., en consecuencia, revoca la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0781/2013 de 18 de junio y el Auto Motivado AGIT-RJ 0066/2013 de 4 de julio y mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0263/2013 de 8 de abril.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena