SALA PLENA


SENTENCIA:                            125/2017.

FECHA:                                Sucre, 13 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE:                        939/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Comercial “ALTIFIBERS S.A.” contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 47 a 59, subsanada por escrito de fs. 63 y vta., interpuesta por la ALTIFIBERS S.A., representada legalmente por Lucas Rubin de Celis Moscoso, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1166/2013 de 29 de julio, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), actualmente representada por Daney David Valdivia Coria; la contestación de fs. 124 a 128, la réplica de fs. 132 a 137; dúplica que cursa en fs. 143 y vta., antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


ALTIFIBERS S.A., en adelante sujeto pasivo, señala que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en adelante Administración Tributaria, como resultado del proceso de fiscalización correspondiente a la Orden de Fiscalización 0011OFE00063 modalidad fiscalización parcial Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), con alcance a la verificación de hechos o elementos correspondientes al referido impuesto para el periodo abril 2006 a marzo 2007, determinó sobre base cierta y a través de la Resolución Determinativa 0352/2012 de 22 de junio, una deuda tributaria de UFV´s 4.774.207.- (cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos siete 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) equivalentes a Bs. 8.396.113.- (ocho millones trescientos noventa y seis mil ciento trece 00/100 Bolivianos), por concepto de ingresos no declarados por IUE para el periodo fiscal de abril 2006 hasta marzo 2007, así como la multa por tributo omitido.


Añade que, la Administración Tributaria omitió pronunciarse sobre la pérdida acumulada al momento de emitir su Resolución Determinativa, concepto que fue objeto de impugnación, agregando que la Administración Tributaria solamente hace referencia a un informe con presunciones falsas y sin sustento legal. Expresan que, como consecuencia de lo anterior, interpusieron recuso de alzada, el cual fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT) mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT.LPZ/RA 0854/2012 de 22 de octubre, resolviendo anular obrados hasta la Vista de Cargo inclusive, debiéndose realizar una fiscalización de las pérdidas acumuladas de ALTIFASHION CBX S.A., como empresa incorporada a la empresa ALTIFIBERS S.A. en un proceso de fusión de empresas, todo esto a objeto de determinar correctamente el IUE de la gestión fiscal 2007.


Expresa que, posteriormente la Administración Tributaria, interpuso recurso jerárquico contra la mencionada Resolución de Alzada, el cual fue resuelto por la AGIT mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0027/2013 de 8 de enero, a objeto de que la ARIT se pronuncie sobre las cuestiones planteadas en el recurso de alzada, por lo que la ARIT emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0258/2013, la cual resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa 0352/2012 de 22 de junio.


Agrega que, por lo anteriormente señalado, tanto su empresa como la Administración Tributaria interpusieron recursos jerárquicos, los cuales merecieron la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1166/2013 de 29 de julio, la cual resolvió anular la última Resolución de Alzada a objeto de que la ARIT se pronuncie expresamente sobre las cuestiones de fondo planteadas referidas a la pérdida acumulada compensada, a lo que la AGIT señaló como fundamento de su decisión que previo al análisis de otros conceptos impugnados por ambas partes se debe ingresar al análisis de la imprescriptibilidad de la obligación tributaria, concluyendo que prescribe la facultad que tiene el SIN para determinar deudas tributarias e imponer sanciones y no así la ejecución de la deuda tributaria, habiendo declarado como no prescrito el IUE de la gestión fiscal abril 2006 a marzo 2007 y, como consecuencia, susceptible de ser revisado.


I.2. Fundamentos de la demanda. 


Indica que, los agravios generados por la Resolución de la AGIT están vinculados a que la misma entendió que la Administración Tributaria no pretendió fiscalizar, controlar, investigar, verificar o determinar tributos e imponer sanciones por las gestiones 2002 a 2005, siendo al contrario que los reparos establecidos por concepto de lo declarado para la gestión comprendida entre abril 2006 y marzo 2007 por concepto de crédito impositivo debe ser demostrado en su procedencia por el contribuyente a requerimiento de la Administración Tributaria, sin que pueda invocarse la prescripción de los periodos de los que emerge, no siendo ésta una obligación prescriptible, ya que no se pretende determinar deudas tributarias para tributos de gestiones prescritas, sino simplemente investigar sobre el origen de reparos fiscales a considerar para gestiones fiscalizables o verificables, agregando que al no haberse operado la prescripción solicitada por el contribuyente para el IUE de la gestión fiscalizada, en virtud del art. 70 del Código Tributario Boliviano (CTB), la Administración Tributaria tiene la posibilidad de efectuar la verificación del origen de las pérdidas acumuladas declaradas por el contribuyente, aún se trate de gestiones prescritas, ya que ALTIFIBERS S.A. compensó dichas pérdidas en la gestión no prescrita.


Arguye que, la sociedad ALTIFASHIÓN CONFECCIONES BOLIVIANAS DE EXPORTACIÓN S.A. fue objeto de absorción a la sociedad ALTIFIBERS S.A., adquiriendo esta última todos los derechos y obligaciones de la antecesora para todos los efectos legales, como lo señala el art. 405 del Código de Comercio (Ccom). Dicha fusión fue comunicada a la Administración Tributaria en cumplimiento del art. 32 de la Resolución Administrativa N° 05-0041-99, mereciendo respuesta mediante la Resolución Administrativa N° 0227/2012 de 20 de junio, siendo esta última Resolución impugnada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), obteniéndose resultados favorables para el sujeto pasivo, siendo que después la Administración Tributaria interpuso demanda contencioso administrativa, proceso que a la fecha se encuentra pendiente de resolución.


Añade que, las pérdidas acumuladas de la empresa ALTIFASHIÓN CONFECCIONES BOLIVIANAS DE EXPORTACIÓN S.A. fueron declaradas en su momento cumpliendo todos los requisitos de ley, por lo que es inaceptable que la AGIT indique que la Administración Tributaria aún tiene facultades de verificación y fiscalización respecto a las pérdidas acumuladas señaladas, cuando éstas debieron ser ejecutadas una vez que su empresa comunicó dicho extremo al SIN y no proceder a la revisión ahora, en cabeza de su empresa, en calidad de fusionante, más aun cuando dichas facultades se encuentran prescritas, todo esto confirmado por los entendimientos contenidos en la Resolución de Recurso Jerárquico STC-RJ/0324/2006 de 30 de octubre y la Sentencia 219/2013 de 1 de julio, emitida por el propio Tribunal Supremo de Justicia.


Finalmente indican que, si bien la Administración Tributaria tiene plenas facultades para revisar, controlar y fiscalizar el concepto de pérdidas acumuladas registradas en el IUE de la gestión 2007, señalando que la compensación se está efectuando en un periodo no prescrito, en lo que respecta a las pérdidas acumuladas generadas por la fusión de la empresa ALTIFASHIÓN S.A. y ALTIFIBERS S.A., se encuentra prescrita y evidentemente deberían haber sido revisadas en cabeza de la empresa fusionada y no de la empresa fusionante, considerando que la Administración contaba con el plazo de 4 años para verificar, controlar y fiscalizar el IUE por la gestión comprendida entre abril 2006 a marzo 2007 y que la suspensión por la notificación con la Orden de Fiscalización comenzó a computarse el 28 de diciembre de 2011, todo esto en aplicación de los arts. 59, 60 y 62 del CTB.


I.3. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare probada la demanda y se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1166/2013 de 29 de julio; asimismo, solicita se fije día y hora para la celebración de una audiencia de exposición de alegatos orales.


II. De la contestación a la demanda.


La AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 25 de marzo de 2014, que cursa de fs. 124 a 128, señalando que, no obstante que la Resolución Jerárquica impugnada está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, cabe remarcar y precisar lo siguiente:


Indica que, la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1166/2013 de 29 de julio, fue remitida a la ARIT La Paz a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la instancia jerárquica, habiéndose dictado la Resolución de Recurso de Alzada 1167/2013 de 18 de noviembre, la cual fue notificada el 20 de noviembre del mismo año a ambas partes intervinientes, las cuales interpusieron recurso jerárquico contra esta última Resolución, mereciendo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 373/2014 de 17 de marzo, la cual se encuentra para notificación a las partes. Agrega que, por lo señalado es necesario que el demandante se pronuncie sobre este aspecto, ya que de lo contrario se vulneraría el debido proceso, toda vez que existe una nueva resolución jerárquica.


En lo que respecta a la prescripción de la pérdida acumulada compensada con el IUE gestión fiscal abril 2006 a marzo 2007 refiere que, el 27 de diciembre de 2011, se inició el procedimiento de fiscalización al sujeto pasivo por el concepto señalado, siendo que, previa evaluación de los descargos presentados por el sujeto pasivo, se emitió la Resolución Determinativa 0352/2012 de 22 de junio, en la cual se observaron las pérdidas acumuladas de ALTIFASHION CBX S.A. para las gestiones 2002 a 2006, las mismas que fueron utilizadas por el sujeto pasivo para compensar la utilidad de la gestión 2007 como consecuencia de la fusión de ambas sociedades, es decir el sujeto pasivo hizo valer un crédito impositivo compensándolo con la utilidad obtenida en la gestión fiscalizada, mismo que emerge de periodos prescritos por parte de la empresa fusionada.


Arguye que, la Administración Tributaria, en el caso de autos, no pretende fiscalizar, controlar, investigar, verificar o determinar tributos e imponer sanciones por las gestiones 2002 a 2006, siendo que para la gestión fiscalizada; es decir, la gestión 2007, al haberse declarado un crédito impositivo, debe demostrarse su procedencia a requerimiento de la Administración Tributaria en el marco del art. 70.5 del CTB, sin que pueda invocarse la prescripción de los periodos de los que emerge, no siendo ésta una obligación prescriptible.


Expresa que, igualmente se consideró que el IUE estaba prescrito para la gestión fiscalizada, determinando que el vencimiento de la fecha de pago se produjo el 28 de julio de 2007, por lo que el término de prescripción de 4 años se inició el 1 de enero de 2008, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 del CTB; siendo que, con la notificación al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización 0011OFE00063 el 27 de diciembre de 2011, se suspendió y extendió el curso de la prescripción por 6 meses; es decir, hasta el 30 de junio de 2012 y finalmente se notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 0352/2012 el 22 de junio, por lo que se reinició el cómputo del plazo para la prescripción esta vez para la ejecución de la deuda tributaria.


Finalmente indica que se resolvió anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0258/2013 de 1 de abril, inclusive, a fin de que se emita una nueva resolución, la cual se pronuncie expresamente sobre las cuestiones de fondo planteadas en el recurso de alzada, en concreto, respecto a las pérdidas acumuladas compensadas en el IUE de la gestión que comprende entre abril 2006 y marzo 2007, conforme dispone el art. 211.I del CTB.

II.1. Petitorio. 


La autoridad demandada se ratificó en todos los fundamentos de la Resolución Jerárquica impugnada, al considerar que la demanda carece de sustento jurídico-tributario, siendo evidente que no existe agravio ni lesión a los derechos del sujeto pasivo, por lo que solicitó se declare improbada la misma y se mantenga firme y subsistente la resolución jerárquica impugnada en el presente proceso.


III. Réplica y Dúplica.


En el curso del trámite, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354.II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC). Presentada la réplica cursante de fs. 132 a 137, mediante la cual el demandante solicita se declare en rebeldía a la AGIT por incumplimiento de los arts. 346 y 327 del CPC, al momento de contestar la demanda; es decir, por extemporaneidad o vencimiento del plazo, respecto a que el proceso administrativo se encuentra pendiente de notificación un una nueva resolución de recurso jerárquico, indica que el objeto de la presente demanda contencioso administrativa es la impugnación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1166/2013, todo esto debido a los agravios ocasionados que le habilitan a acudir a la vía judicial, finalmente reitera todos argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa. Cabe señalar que la solicitud de rebeldía planteada por el sujeto pasivo fue desestimada mediante decreto de fs. 138.


En la dúplica presentada mediante memorial cursante a fs. 143 y vta., el demandado expresa que el sujeto pasivo, en su réplica, reitera los argumentos esgrimidos en la demanda y no se pronuncia en absoluto sobre el contenido del memorial de contestación, omisión que entraña conformidad con los fundamentos y la decisión asumida.


Mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2014, cursante de fs. 149 a 150 vta., se apersona Paola Verónica Oropeza Terán como Directora General de Asuntos Jurídicos a.i. de la Procuraduría General del Estado, expresando que la dicha entidad, ante la existencia de una unidad jurídica de la administración pública, actúa en relación a la misma ejerciendo las funciones de evaluación y supervisión de sus acciones jurídicas en los procesos que se sustancien ante autoridades judiciales, optimizando la defensa legal del estado por parte de las entidades públicas involucradas, por lo que no sustituye el accionar de las entidades públicas, más aún cuando son las llamas por Ley a efectuar las acciones judiciales pertinentes.


No existiendo nada más que tramitar, a fs. 203 se dispuso “Autos para Sentencia”.


IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


De la revisión de los datos administrativos adjuntos al presente proceso, como de las actuaciones detalladas en la demanda y en la Resolución Jerárquica impugnada, se tiene que la Administración Tributaria en uso de sus atribuciones conferidas por Ley, a través de Orden de Fiscalización Nº 0011OFE00063, modalidad fiscalización Parcial, procedió a la fiscalización de los hechos y/o elementos del IUE de los periodos abril 2006 a marzo 2007 (gestión fiscal 2007); asimismo, notificó al sujeto pasivo con el Requerimiento F. 4003, No. 00111381 y su anexo, mediante el cual solicitó presentar, entre otros documentos, las Declaraciones Juradas del IVA (F-210), RC- IVA (F-608), IT (f-400) e IUE (F-500); Libros de Ventas y Compras IVA; Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal y Crédito Fiscal IVA; Extractos Bancarios; planilla de Sueldos, y otra documentación requerida.


El 9 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de Determinación No. 35700, al haber incumplido el contribuyente con el Deber Formal de entrega de toda la documentación requerida, por lo que sanciona con la multa de UFVs 3.000.- (tres mil 00/100 unidades de fomento a la vivienda), en aplicación del Numeral 4.1, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio 10/-0037-07; asimismo emitió las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 35842, 35843, 35844, 35845, 35846, 35847, 35848, 35849, 35850, 35851, 35852 y 35853 por incumplir con el Deber Formal de habilitación de los Libros Contables de los períodos abril a marzo 2007, sancionando por cada periodo con la multa de UFVs 1.500.- (mil quinientos 00/100 unidades de fomento a la vivienda) en aplicación del Numeral 3.3, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07.


El 23 de mayo de 2012, el sujeto pasivo formuló descargos, exponiendo argumentos a los conceptos observados por la Administración Tributaria, adjuntando adicionalmente documentación de descargo; posteriormente a ello, el 29 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al representante legal del sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 0352/2012 de 22 de junio, que dispone de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de UFVs 2.891.231.- (dos millones ochocientos noventa y un mil doscientos treinta y un 00/100 unidades de fomento a la vivienda) equivalentes a Bs. 5.090.706.- (cinco millones noventa mil setecientos seis 00/100 bolivianos) por el IUE del período fiscal que comprende entre abril 2006 a marzo 2007, más multa del 100% por Omisión de Pago de conformidad a lo dispuesto en los artículos 165 del CTB y 42 del DS 27310 o Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) que alcanza a UFV´s 1.869.024.- (un millón ochocientos sesenta y nueve mil veinticuatro 00/100 unidades de fomento a la vivienda) equivalentes a Bs. 3.290.865.- (tres millones doscientos noventa mil ochocientos sesenta y cinco 00/100 bolivianos); sancionando también el incumplimiento de deberes formales con una multa que alcanza a un total de UFVs 21.000.- (veintiún mil 00/100 unidades de fomento a la vivienda) equivalentes a Bs. 36.974.- (treinta y seis mil novecientos setenta y cuatro 00/100 bolivianos).


Como consecuencia de lo anteriormente manifestado, el sujeto pasivo interpuso recurso de alzada, el que fue resuelto por la ARIT a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0854/2012 de 22 de octubre de 2012, por la que resolvió anular obrados hasta la Vista de Cargo, con CITE: SIN/GGLP/DF/SFE/VC/170/2012 inclusive, debiendo la Administración Tributaria efectuar un proceso de fiscalización de las pérdidas acumuladas de ALTIFASHION CBX S.A., incorporada a la empresa ALTIFIBERS SA., en el proceso de fusión de empresas a efecto de determinar correctamente el IUE de la gestión fiscal 2007; de lo anteriormente citado la Administración Tributaria interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0027/2013 de 8 de enero, disponiendo la anulación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0854/2012, a fin de que la ARIT se pronuncie sobre las cuestiones planteadas en el recurso de alzada.


Posteriormente el 1 de abril de 2013, la ARIT emitió la Resolución Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0258/2013, que dispone revocar parcialmente la Resolución Determinativa 0352/2012 de 22 de junio, luego, tanto la Administración Tributaria con el sujeto pasivo interpusieron recurso jerárquico, mereciendo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1166/2013 de 29 de julio, la cual resolvió anular la Resolución ARIT-LPZ/RA 0258/2013 de 1 de abril, para que la ARIT La Paz emita una nueva resolución de alzada en la que se pronuncie sobre cuestiones de fondo planteadas en el recurso de alzada, específicamente la pérdida acumulada compensada.  Finalmente, el 29 de octubre de 2013 el sujeto pasivo interpuso la presente demanda contencioso administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1166/2013 de 29 de julio, objeto de la presente Sentencia.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO. 


La problemática legal sujeta a resolución el presente proceso contencioso administrativo se circunscribe a establecer si la facultad de la Administración  Tributaria para controlar, verificar e investigar el origen, procedencia y cuantía del crédito fiscal generado por concepto de pérdidas acumuladas, utilizado eventualmente por el contribuyente para compensar el IUE de una determinada gestión objeto de fiscalización, prescribe de la misma manera que las facultades de la misma Administración Tributaria para fiscalizar, controlar, investigar, verificar o determinar tributos e imponer sanciones.


V.1. Sobre el Proceso Contencioso Administrativo


El Proceso Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder que los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente el acto administrativo y agotando ante este Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”.

       

Quedando establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo y reconocida la competencia de este Tribunal Supremo, en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho en única instancia, no teniendo una etapa probatoria, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, se procede a analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por los demandantes y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por AGIT y la Administración Aduanera; todo esto al tenor de lo dispuesto por el arts. 6 de la Ley 620.


V.2. Sobre la cosa Juzgada.


Previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada, es preciso establecer los alcances del debido proceso y del principio de seguridad jurídica, es así que sobre ellos el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1330/2012 de 19 de septiembre, ha establecido que: “El derecho al debido proceso, es de aplicación inmediata, vincula a las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal previsto por el constituyente, para proteger derechos a la tutela judicial efectiva, a la garantía de certeza e intangibilidad de resoluciones judiciales a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, a una justicia en igualdad de condiciones y oportunidades, a la defensa, al principio de la seguridad jurídica, entre otros; hace al cumplimiento del conjunto de condiciones y requisitos en el trámite de los procesos observando procedimientos, como la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, que precisa: El debido proceso, está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) -art. 16.IV de la CPEabrg-, y como derecho humano por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales”.


Bajo el mismo entendimiento la SCP 0740/2015-S2 de 6 de julio, señaló que: “…conviene resaltar que, de conformidad a lo previsto por el art. 178.I de la CPE, el debido proceso se constituye también en un principio que rige a la administración de justicia ordinaria; en tal sentido, deberá concebírselo como un ideal orientador en la estructuración del órgano Judicial respecto a sus competencias y al establecimiento de procedimientos que aseguren, entre otras cosas, el ejercicio del derecho a la defensa; sin embargo no podemos apartarnos de su verdadera esencia que se trasunta en la obligatoriedad impuesta a los administradores de justicia de asegurar y garantizar la emisión de decisiones correctas, razonables e imparciales que, enmarcadas dentro de los cánones legales, materialicen el mayor fin del Estado: construir una sociedad justa y armoniosa para vivir bien (arts. 8.II y 9.I CPE)”.


Ahora bien, para sostener que la presente controversia representa cosa juzgada es que se hace mención a la Sentencia 40/2016-S de 13 de mayo, emitido por la Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ya resolvió la controversia planteada y del que se extraen los siguientes datos procesales:


La ARIT, en cumplimiento de lo dispuesto por la AGIT en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1166/2013 de 29 de julio, resolvió el recurso de alzada a través de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1167/2013 de 18 de noviembre, en la que se dispone revocar parcialmente la Resolución Determinativa 0352/2012 de 22 de junio, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales con la sociedad ALTIFIBERS S.A.; dejando sin efecto el IUE omitido de UFVs 1.508.991.- (un millón quinientos ocho mil novecientos noventa y un 00/100 unidades de fomento a la vivienda), más intereses y sanción por omisión de pago de la gestión fiscal abril 2006 a marzo 2007 y, se mantiene firme y subsistente el monto de UFVs 360.033.- (trecientos sesenta mil treinta y tres 00/100 unidades de fomento a la vivienda) por IUE omitido, más intereses y sanción por omisión de pago de la gestión fiscal abril 2006 a marzo 2007, así como la multa de UFVs 21.000.- (veintiún mil 00/100 unidades de fomento a la vivienda) por incumplimiento de deberes formales.


Posteriormente, tanto el sujeto pasivo como la Administración Tributaria interpusieron recurso jerárquico, que fue resuelto por la AGIT, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0373/2014 de 17 de marzo, a través de la cual se resolvió anular la Resolución ARIT-LPZ/RA 1167/2013 de 18 de noviembre y en consecuencia se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1167/2013 de 18 de noviembre, inclusive; debiendo la ARIT La Paz, emitir nueva Resolución en la cual se pronuncie sobre todos los aspectos de fondo recurridos en instancia de alzada y las pruebas presentadas para el efecto por ambas partes, de conformidad a lo previsto por el art. 212. I del CTB.


Nuevamente dando cumplimiento a lo dispuesto por la AGIT, la ARIT resolvió el recurso de alzada a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARTI-LPZ/RA 0476/2014 de 2 de junio, que dispuso revocar parcialmente la Resolución Determinativa 0352/2012 de 22 de junio y consecuentemente modificó los montos a pagar por tributo omitido más intereses y multas.


Por tercera vez el sujeto pasivo y la Administración Tributaria interponen recurso jerárquico el cual fue resuelto por la AGIT mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1365/2014 de 29 de septiembre, en la que se resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ 0476/2014 de 2 de junio, anulando actuados con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución de Recurso de Alzada inclusive, a fin de que la ARIT La Paz emita una nueva Resolución de Alzada, subsanando los vicios advertidos de acuerdo a los fundamentos expuestos, y emita pronunciamiento sobre las cuestiones expuestas en el recurso de alzada, en consideración de las pruebas presentadas por las partes y todos los antecedentes del caso presente.


Otra vez en cumplimiento a lo dispuesto por la AGIT, la ARIT La Paz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0036/2015 de 12 de enero, mediante la cual revocó parcialmente la Resolución Determinativa 0352/2012 de 22 de junio y, consecuentemente, vuelve a modificar los montos a pagar por tributo omitido más intereses y multas. Por lo que el sujeto pasivo interpuso recurso jerárquico, el que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0815/2015 de 18 de mayo, en la que se resolvió revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0036/2015 de 12 de enero, en la parte referida al costo de ventas, manteniendo firme algunas observaciones y las pérdidas no compensadas gestión anterior; en consecuencia se modifica la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa 0352/2012 de 22 de junio de 2012.


Posteriormente, el sujeto pasivo solicitó complementación y enmienda de la Resolución de Recurso Jerárquico, siendo que el fallo emitido por la AGIT versa sobre la prueba presentada en instancia de Alzada, resolviéndose dicha complementación con el Auto Motivado AGIT-RJ 0057/2015 de 8 de junio, el que señaló no ha lugar a la solicitud de aclaración y complementación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0815/2015 de 18 de mayo de 2015. Por lo que, el sujeto pasivo vuelve a interponer demanda contencioso administrativa, mereciendo la referida Sentencia 40/2016-S de 13 de mayo, emitido por la Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, de la cual se extrajeron los datos procesales supra señalados, y mediante el cual se declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por ALTIFIBERS S.A; y en su mérito firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0815/2015 de 18 de mayo, que revocó parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0036/2015 de 12 de enero, poniendo fin al litigio originado entre el sujeto pasivo y la Administración Tributaria.


En lo que respecta, específicamente, al punto de controversia planteado en la presente Sentencia, la antes referida Sentencia Nº 40, dispuso lo siguiente:


“Respecto del tercer punto de controversia, sobre si la Administración Tributaria puede ejercer facultades de control, verificación e investigación independientemente de realizar un Proceso de Determinación, dando validez probatoria al informe SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/908/2011 y demás antecedentes administrativos correspondientes al trámite de toma de conocimiento acerca de la reorganización de las empresas ALTIFIBERS S.A como absorbente y ALTIFASHION CONFECCIONES BOLIVIANAS DE EXPORTACIÓN S.A como absorbida y sí procede declarar su prescripción; en primer lugar se tiene que la Administración Tributaria, según el art. 66.1 de la Ley 2492 le da a la administración Tributaria amplias facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, advirtiendo que la misma puede ejercer sus facultades de control, verificación e investigación independientemente del inicio de un Proceso de Determinación, entonces los resultados de dichas investigaciones deben estar plasmados en informes documentados en los cuales se expresen los fundamentos y las conclusiones de la Administración Tributaria, documentos que pueden ser desvirtuados en un futuro Proceso de Determinación, en el que el sujeto pasivo presente pruebas pertinentes y determinantes, que enerven lo concluido en la investigación independiente realizada por la Administración Tributaria, en el caso de autos se tiene que durante y producto del trámite de toma de conocimiento por parte de GRACO La Paz del SIN, acerca de la reorganización de las empresas ALTIFIBERS S.A como absorbente y ALTIFASHION CONFECCIONES BOLIVIANAS DE EXPORTACIÓN S.A como absorbida, si bien los requerimientos de documentación específica que difería de la que establece el art. 34 de la Resolución Administrativa Nº 05-0041-99, no guardando relación lo solicitado con lo requerido por la Administración Tributaria para el trámite de toma de conocimiento, se entiende que dicha solicitud de documentación y su análisis, dando como producto los informes SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/652/2011 y SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/908/2011, son válidos de acuerdo a las amplias facultades de control, verificación e investigación de GRACO LA PAZ del SIN y pueden ser consideradas como elementos determinantes y probatorios en un futuro Proceso de Determinación, como se dio en el caso de autos, máxime si no fueron anulados por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0032/2013, la cual dejó sin efecto solamente las partes resolutivas segunda o tercera de la Resolución Administrativa 227/2012 por no coincidir lo dispuesto con el trámite administrativo, dejando firme y subsistente lo dispuesto por la parte resolutiva primera y todos los antecedentes administrativos, los mismos que sirvieron a la resolución del futuro Proceso de Determinación del IUE por el periodo fiscal que comprende de abril de 2006 a marzo de 2007, agregando que inequívocamente el contribuyente tuvo conocimiento de este aspecto al momento de ser notificado con la Vista de Cargo SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/170/2012 de 10 de abril de 2012, por lo que tuvo oportunidad de presentar los descargos correspondientes para desvirtuar los extremos de la misma; respecto de la prescripción es necesario resaltar lo ya expuesto sobre la naturaleza y los alcances del proceso contencioso administrativo, respecto a que el control de la legalidad a los actos o disposiciones previas ya dictadas en resguardo del principio de autotutela de la administración, aspecto que no permite a este tribunal pronunciarse sobre la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492, aspecto alegado y expuesto como agravio por ALTIFIBERS S.A en el presente proceso contencioso administrativo, y no así en fase administrativa, por lo que la AGIT en respeto del principio de congruencia al emitir la resolución jerárquica impugnada no tomo en cuenta este aspecto, considerando que la prescripción no procede de oficio, sino a petición de parte, por lo que se puede concluir que la finalidad del proceso contencioso administrativo es el control de legalidad de los actos administrativos, por lo que la AGIT no cometió ninguna ilegalidad respecto de la prescripción al emitir la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0815/2015, es necesario agregar que lo dispuesto por el art. 5 del D.S 27310 se refiere al planteamiento de la prescripción en sede administrativa recursiva o sede judicial contencioso tributaria, pero no alcanza al proceso contencioso administrativo puesto que esta disposición sería incompatible con su naturaleza y finalidad de control de legalidad, peor aún si la prescripción fue expuesta como un agravio cometido en sede administrativa, cuando no fue planteada en la misma”.


Lo que nos permite concluir que ya existe Sentencia ejecutoriada dentro del presente proceso; es por ello, que no le corresponde a este Tribunal, emitir un nuevo pronunciamiento, en función al principio de seguridad jurídica en resguardo del debido proceso, máxime si hubo nueva y abundante actividad procesal en sede administrativa que desembocó en la emisión de una Sentencia que resolvió la controversia planteada en el caso de autos, por lo que las pretensiones de la parte demandante ahora resultan inviables. 


A mayor abundamiento, corresponde precisar que la cosa juzgada persigue la realización del principio de seguridad jurídica, de modo que una vez que la resolución judicial o administrativa ha adquirido firmeza, no cabe su modificación alguna, ni siquiera de oficio. Por ello, podemos afirmar que la cosa juzgada supone un mecanismo de equilibrio entre lo que se ha llamado valor-justicia y valor o principio-seguridad jurídica. Es evidente que interesa obtener justicia pero siempre con los límites de la seguridad jurídica, pues nadie puede estar de por vida pendiente de una posible modificación de la sentencia o resolución.


Doctrinalmente se distingue entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, la primera supone que una resolución es firme como consecuencia de su inimpugnabilidad “intra proceso”; es decir, cuando no hay posibilidad de ser recurrida, es la que se genera por el agotamiento o la improcedencia de recursos en su contra, tiene carácter limitado, pues sus efectos se refieren al interior del proceso pero pueden desaparecer en un proceso distinto a aquel en el que se originó, ejemplo la calidad de cosa juzgada formal que adquiere la sentencia dictada en un proceso ejecutivo, que puede ser revisada a través de un proceso ordinario.


La segunda, que es la que acontece en el caso de autos, es la cosa juzgada material, la cual hace posible que una resolución sea prácticamente inatacable a través de otro proceso, eliminando así cualquier posibilidad de modificación, alteración de su contenido, de tal forma que lo resuelto es válido al interior del proceso, oponible en otro e inmodificable a través de otro proceso.


Cuando una sentencia adquiere calidad de cosa juzgada se derivan una serie de efectos que podemos definir como aquellas repercusiones que produce la sentencia firme en el ámbito del Ordenamiento Jurídico, en ese sentido la cosa juzgada material produce dos efectos esenciales uno negativo y otro positivo. El efecto negativo supone la imposibilidad de sustanciar otro proceso sobre el mismo objeto, es lo que se conoce como “non bis in ídem”, su justificación radica en que no es posible sustanciar un mismo litigio en forma eterna. El efecto positivo, supone la prohibición de que en un segundo proceso se decida de forma diferente a lo ya resuelto en un primero.


Por las razones expuestas y en resguardo del principio de seguridad jurídica, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de los aspectos planteados por la parte demandante, pues como se dijo líneas arriba, el punto de controversia entre el sujeto pasivo y la administración tributaria, expresado como agravio en el presente proceso contencioso administrativo, ya fue objeto de estudio y análisis como consecuencia de una posterior demanda contencioso administrativa, que mereció la Sentencia 40/2016-S de 13 de mayo, emitido por la Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que corresponde declarar improbada la demanda.

    

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el  ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa cursante de fs. 47 a 59, subsanada por memorial de fs. 63 y vta., interpuesta por ALTIFIBERS S.A., representada por Lucas Rubin De Celis Moscoso, y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1166/2013 de 29 de julio, emitida por la AGIT.


No suscribe el Magistrado Jorge Isaac von Borries Méndez por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena