SALA PLENA


SENTENCIA:                            93/2017.

FECHA:                                Sucre, 13 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE:                        886/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Rómulo Calle Mamani.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 38 a 44 de obrados, que impugna la Resolución R.J. No. 1019/2013, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación del tercero interesado de fs. 55 a 57, la contestación de fs. 107 a 110, replica de fs. 114 a 115, duplica de fs. 119, los antecedentes procesales.


I CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1 Antecedentes de hecho de la demanda.


Que, por Informe Nº IBMETRO-DML-INF-240/2012, emitido por el técnico del Instituto Boliviano de Metrología, certifican que los certificados presentados por la ADA “SAA Srl.” correspondiente a la DUI 2011/543/C-1475 de 1 de agosto de 2011, no existen y no están registrados en ninguno los archivos de IBMETRO CENTRAL LA PAZ, ante la falta de la certificación medioambiental la Administración Aduanera después de valoración de la prueba y otros actuados se emite la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULPR-RS- 61/2012 de 27 de diciembre de 2012, declarando probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando, en contra de la importadora del vehículo, y en consecuencia se dispone al no existir la mercancía comisada la aplicación de lo establecido en el art. 181-II de la Ley Nº 2492, imponiéndole la sanción económica con el pago de una multa igual al 100% del valor de la mercancía que haciende a Bs. 316.056.00. 

I.2 Fundamentos de la demanda.


Indica que, la Autoridad de Impugnación Tributaria establece que el procedimiento no prevé la elaboración de un acta de intervención por lo que supone que dicha comprobación debió ser a través de una fiscalización, sin considerar lo previsto por los arts. 186 y 187 del Código Tributario Boliviano, art. 410 de la CPE. Sin considerar que las leyes son de cumplimiento obligatorio, como también existe ampulosa doctrina y lineamiento de la Autoridad de Impugnación Tributaria.


Con relación a la notificación del procedimiento sancionador, indica que no existió indefensión, toda vez que fue notificado con la Resolución Sancionatoria y es por eso que planteo su Recurso de Alzada conforme establece el art. 143 del CTB, dentro de ese recurso que no presento ningún documento probatorio, de lo que se infiere que el recurrente nunca a estado en estado de indefensión.


Que sobre el Informe de IBMETRO la AIT Chuquisaca no considero lo establecido por el art. 111 inc. k) del RLGA ni lo consignado en el art. 101 de la misma disposición legal en el entendido que toda documentación presentada debe ser completa, correcta y exacta, y que conforme el art. 45 inc e) de la Ley General de Aduanas la Agencia Despachante de Aduanas es la custodia de la documentación y el Control Diferido Regular.


Con relación a la falta de fundamentación técnica legal, el art. 111 inc. k) del RLGA establece documentación soporte que debe contener todo despacho aduanero, de igual forma el art. 101 de la misma disposición legal en el entendido que toda documentación presentada debe ser completa, correcta y exacta, que al respecto el CTB es claro al señalar en su art. 181 inc b) que: “Constituye contrabando el que realice tráfico de mercancía sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por la norma aduanera o por disposición especial.”


De la anulabilidad de los actos administrativos por indefensión del administrado, en el presente caso el despacho aduanero no cumplió con los requisitos mínimos establecido en los arts. 111 inc. k) y 101 del RLGA, por consiguiente no se puede alegar que la AIT-Chuquisaca, en que por el hecho de no existir el Certificado de IBMETRO no es elemento suficiente para calificar la conducta como contrabando.


Que el art. 48 de la Ley Nº 2492, caramente señala que la verificación de calidad, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados en las fases entre otras de control diferido, podrán ser objeto de fiscalización posterior, es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede o no ser sujeto a una fiscalización según corresponda, el termino faculta a la administración de aduana a realizar una fiscalización posterior, mas no la obliga a establecer como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 de la Ley Nº 2492, por lo que el procedimiento regular es totalmente valido al haberse determinado en el mismo que la DUI no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuo su conducta a lo establecido en el art. 181 inc b) del CTB. Ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras.


Con relación al procedimiento penal iniciado, el mismo no es para determinar la validez o no del certificado, es para determinar quién fue el responsable de la elaboración y uso de este documento, y atribuir el hecho punible a un determinado sujeto y sancionar esta acción, lo que esto no convalidara el certificado que al contrario solo sancionara el hecho, situación distinta al proceso de contrabando.


I.3. Petitorio.


Pide se declare probada la demanda, y se Revoque la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1019/2013 de 17 de julio. y en consecuencia confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-RS Nº 061/2012 de 27 de diciembre de 2012.


II. De la contestación a la demanda.


Corrido en traslado y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Daney David Valdivia Coria Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien por memorial de fs. 107 a 110 de obrados, contesta la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:


Sobre el procedimiento de control diferido regular, conforme los antecedentes se evidencia que la Administración Aduanera comunico el inicio del control diferido a la ADA SAA, pero no le notificó al importador, conforme está previsto en el anexo III diligencia, de la RD Nº 01-004-09, emitiendo el informe AN-IFIPR-I-50/2012, que indica que se debe anular la DUI C-1475 por no existir el certificado medioambiental de IBMETRO, por lo que establecen indicios de contrabando , y que existen indicios de delitos penales por la falsedad del certificado de IBMETRO, lo cual fue recogido en el acta de intervención y la resolución sancionatoria, en tal sentido la RD. Nº 01-004-09 de 12 de marzo, no prevé el procedimiento a seguir en caso de la comisión de contravención aduanera de contrabando. Por lo que el objetivo específico del procedimiento de control diferido, consiste en comprobar que los datos declarados en la DUI y en los documentos adjuntos sean correctos, completos y exactos conforme lo establece en la normativa aduanera y conforme el art. 48 del DS. 27310 la Aduana Nacional tiene las facultades de control, en las fases de control anterior durante el despacho y control diferido y que la investigación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas faces podrán ser objeto de fiscalización posterior.


Sobre la notificación del procedimiento sancionador, la Aduana Nacional a la conclusión del control diferido regular, debió iniciar el procedimiento de fiscalización aduanera posterior, notificando con la Orden de Fiscalización al operador con el objeto de verificar e investigar los hechos y actos emergentes del despacho aduanero con la DUI observada en aplicación del art. 48 del DS 27310 para no quebrantar su derecho a la defensa y al debido proceso del administrado.


Respecto a la falta del certificado de IBMETRO, al haberse encontrado vicios más antiguos en cuanto a la incorrecta aplicación del procedimiento en el presente caso, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto al tratarse de cuestiones de fondo.


II. 1. Petitorio.


Concluye su fundamento solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1019/2013 de 17 de julio de 2013.




III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Que, el 31 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera notificó a Eddy Joe Jaillita Guarachi, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-013/2012, que indica que en cumplimiento a la RD Nº 01-004-09, que aprueba el procedimiento de control diferido, solicita a la ADA SAA Srl, la remisión de la DUI C-1475, asimismo, pidió certificación de autenticidad del Certificado Nº CM-PT-04-0032-2011, en respuesta el IBMETRO remitió el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12, que certifica que no existen y no se encuentran registrados en ninguno de los archivos existentes en IBMETRO-La Paz ni en los archivos de IBMETRO-CBBA, por tanto los certificados no tienen la validez requerida, ya que estas no fueron realizadas bajo procedimientos establecidos por el Instituto Boliviano de Metrología, por lo que presumió se habría incurrido en el ilícito de contrabando, estableciendo un cálculo preliminar de tributos aduaneros en 39.578.97 UFV, otorgando el plazo de 3 días para presentar descargos a todas las personas sindicadas o quienes invoquen derecho propietario.


El 27 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emite la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-61/2012, que declaró probada la Contravención Aduanera de contrabando contra Eddy Joe Jaillita Guarachi, en sujeción al art. 181, inc b) y parágrafo II de la Ley Nº 2492, al no existir mercancía comisada, impuso como sanción la multa del 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando, que asciende a Bs. 316.056.- Asimismo, instruyó la ejecución tributaria conforme lo establecido en la sección VII del capítulo II del CTB. La captura del vehículo y la anulación de la DUI C-1475, adicionalmente dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público, para el inicio de la acción penal por la presunta comisión del delio de falsificación de documento.


Notificado el Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria, éste interpone en contra de la misma Recurso de Alzada, que es resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca por Resolución ARIT/CHQ/RA 0059/2013 de 22 de abril, que resolvió Anular la Resolución Sancionatoria, por lo que la Administración Aduanera interpuso Recurso Jerárquico, en atención a dicho recurso la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1019/2013 de 17 de julio, que Confirma la Resolución de Recurso de Alzada, acto administrativo que dio lugar al presente proceso contencioso administrativo.


IV DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe en establecer lo siguiente:


1.- Si la Autoridad demandada realizó correcta interpretación de la normativa conforme establece el Artículo 8 de la ley 2492, al confirmar la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0059/2013 de 22 de abril, que resolvió Anular la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-61/2012.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


Que, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos  4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Determinada la competencia de este Tribunal; antes de ingresar al análisis de la controversia formulada, es preponderante realizar las siguientes consideraciones de orden legal vinculadas al caso:


Respecto al Procedimiento de Control Diferido, el art. 48 del Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB), señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de: i) control anterior, ii) control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y, iii) control diferido. La norma citada prevé también que la verificación de la calidad, valor en aduana, origen y otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrá ser objeto de fiscalización posterior.


En el marco normativo planteado, la Administración Aduanera aprobó el Procedimiento de Control Diferido aprobado con RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, en la que se establece como objetivo general del procedimiento, efectuar la revisión en aplicación del art. 48 del DS 27310, de las Declaraciones Únicas de Importación verificando la correcta aplicación de la normativa aduanera vigente a las mercancías presentadas a despacho después del levante de las mismas o al cumplimiento de un régimen aduanero. Entre los objetivos específicos señala:


a) Comprobar que los datos declarados en las declaraciones de mercancía y en los documentos adjuntos de respaldo sean correctos, completos y exactos conforme lo establecido en la normativa aduanera, así como también el cumplimiento de las formalidades previas al despacho.


b) Encausar los hallazgos determinados (contravenciones, omisiones de pago u otros) de acuerdo a la normativa vigente, en los casos que corresponda.


En autos, el Jefe de la Unidad de Fiscalización a.i. de la Aduana Nacional, solicitó al Gerente Regional Potosí, instrucción de control diferido regular, en razón de haberse evaluado la importación de vehículos usados realizada por personas naturales y empresas unipersonales por la Administración de Aduana Frontera Avaroa, en la gestión 2011, habiéndose identificado posibles riesgos, como certificados medioambientales posiblemente falsos, chasis que no se pueden decodificar, incoherencia de datos entre los declarados en la DUI y lo consignado en el INFOEX, registro en el RUAT de la clase del vehículo diferente al consignado en la DUI, vehículos que habrían sido importados directamente de ultramar sin consignar el B/L en la página de documentos adicionales de la DUI y otros (fs. 35).


Con ese antecedente, el Jefe de la indicada Unidad, solicitó a la Agencia Despachante de Aduana SAA S.R.L., la remisión de la documentación original, cumpliendo con el punto B-1) y 3) del Procedimiento en análisis.


El punto 4. Conclusión del Procedimiento Diferido Regular, señala expresamente lo siguiente: Concluido el procedimiento diferido regular por los fiscalizadores, si no se identificaron indicios de la comisión de ilícitos tributarios y observaciones al valor, el Jefe de la Unidad de Fiscalización Regional devuelve las carpetas de documentos al Despachante de Aduana o al operador, sin que ello signifique que no se pueda realizar una fiscalización aduanera posterior.


El punto 4.2. Prevé: “si durante el control diferido se establece la presunta comisión de contravenciones aduaneras, conforme lo establecido en el art. 160-5) y 6) del Código Tributario (incumplimiento de otros deberes formales y las establecidas en leyes especiales), el art. 186 de la Ley General de Aduanas (contravenciones aduaneras) y el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones vigente, emite informe y remite conjuntamente el expediente a la Unidad Legal para la aplicación del sumario Contravencional establecido en el art. 168 del CTB y el Manual de Procesamiento de Contravenciones Aduaneras”, se concluye entonces que dicho procedimiento no es aplicable al procesamiento del contrabando Contravencional señalado por el art. 160-4) del CTB.


Consecuentemente, es evidente que no existe un procedimiento establecido para los casos en los que se presuma la existencia de contrabando; sin embargo, es evidente, que el numeral 4.3. señala: “A la conclusión del control diferido regular, los Jefes de las Unidades de Fiscalización remitirán informe en conclusiones a la Gerencia Nacional de Fiscalización sobre los resultados encontrados producto de la revisión”, norma que debió aplicarse en el caso presente, para que se disponga el inicio del procedimiento correspondiente, en el marco de lo señalado por el art. 48 del DS 27310.


Con relación a la afirmación de la entidad demandante en sentido de que el art. 48 del DS Nº 27310 faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB, se tiene que la citada norma reconoce a la Aduana Nacional en el marco de los arts. 21 y 100 del CTB potestad para ejercer sus facultades en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido.

Adicionalmente la norma señala: “La verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrán ser


objeto de fiscalización posterior”, de la cual se entiende que aún en los casos en los que, realizadas las operaciones de control anterior, durante y posterior, no pudieran comprobarse algunos aspectos, la Administración Aduanera tiene facultad para realizar una fiscalización posterior, concluyéndose que es la potestad de control otorgada por la normativa que se extiende más allá de haberse agotado las fases de control, porque todavía puede realizarse la fiscalización de aquellos aspectos (calidad, origen u otros), lo cual no significa de ninguna manera que sea una opción que puede o no ejecutarse como interpretó erróneamente la demandante, concluyéndose que en el caso, debió efectuarse la fiscalización señalada por la norma analizada.


IV.4. Conclusiones.


Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo habiendo verificado los actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, determina que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al haber pronunciado la Resolución ahora impugnada no ha causado agravio alguno a la entidad actora, por lo que resulta evidente que en el caso particular motivo del proceso, la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, vició de nulidad sus actos; consecuentemente, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1019/2013 de 17 de julio, es correcta.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley No. 620 de 29 de diciembre de 2014 y, lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 38 a 44, interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, declarándose firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT R.J. No. 1019/2013 de 17 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena