SALA PLENA


SENTENCIA:                            79/2017.

FECHA:                                Sucre, 13 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE:                        926/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 22, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01200/2013 de 29 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la respuesta de fs. 28 a 31; el proveído de admisión de fs. 24, el decreto de 6 de enero de 2017 de fs. 79 y, los antecedentes procesales.


I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1.- Antecedentes de la demanda.


La Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional, representada legalmente por José Miguel Galarza Anze, se apersona e interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 01200/2013 de 29 de julio, amparado en los arts. 69 y 70 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, y arts. 778 al 780 del Código de Procedimiento Civil, expresando lo siguiente:


I.2.- Fundamentos de la demanda.


Manifestó que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) realiza una vana interpretación de normativa tributaria aduanera, al señalar que las facultades de la Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se encuentran prescritas. Afirmación que se encuentra al margen de todo contexto legal, que agravia al interés público y causa grave daño económico al Estado, al impedir que se ejecuten los tributos aduaneros.


Sostuvo que la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru emitió Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-07/2012 de 13 de agosto, en virtud a que el importador CRUZ ROJA BOLIVIANA filial  Santa Cruz no pagó el tributo determinado por la no regularización de la Declaración de Importación Inmediata conforme a procedimiento. Añade que la indicada Resolución Determinativa, instruyó la ejecución de la deuda tributaria correspondiente al Gravamen Arancelario (GA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la DUI 2005/711/C-16105 de 15 de agosto, por no cumplir con la regularización en el plazo previsto, perfeccionándose el hecho generador de la obligación tributaria y constituyéndose en título de ejecución tributaria de pago exigible por el monto ya determinado.

Asimismo señalo que la mencionada Resolución Determinativa, adicionalmente fijó la multa por omisión de pago consistente al 100% de los tributos aduaneros no cancelados, y la multa por contravención aduanera de 200 UFV.


Replicó que la AGIT, debió pronunciarse por cuerda separada sobre los puntos señalados, al determinar la prescripción de la potestad aduanera, diferenciando por un lado la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, y por otro la facultad de establecer e imponer las sanciones administrativas, aspectos que difieren una de otra  y no admiten analogía.


Señaló que la Aduana Nacional, no solo persigue la determinación de la multa por la omisión de pago del tributo no cancelado, sino que principalmente instruye la ejecución de la deuda tributaria ya determinada con la validación de la DUI 2005/711/C-16105, la cual fue aceptada por la Administración Aduanera, perfeccionando así el hecho generador de la obligación tributaria; hecho que no fue reconocido por la AGIT.


Alegó que la AGIT al disponer la prescripción de las facultades aduaneras, no apreció correctamente lo que establece el art. 59-IV del Código Tributario modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012. En cuya virtud las facultades de la Aduana Nacional para ejecutar deudas tributarias ya determinadas no se extinguen con el tiempo, antecedente que no fue valorado por la AGIT.


I.3.- Petitorio.


Concluyó el memorial por el que interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01200/2013 de 29 de julio, solicitando se declare probada la demanda y en consecuencia revoque la Resolución recurrida emitida por la AGIT; y en consecuencia se declare firme la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-07/2012 de 13 de agosto, a fin de conservar subsistente la facultad de la Aduana Nacional de ejecutar la deuda tributaria ya determinada.


II.- DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA 


Que admitida la demanda por proveído de fs. 24 y citada la autoridad demandada, se apersona Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria y contesta negativamente la demanda mediante memorial de fs. 28 a 31 de obrados, expresando lo siguiente:


Manifestó que la Aduana Nacional al interponer el recurso jerárquico, expresó como único agravio que para que opere la figura de la prescripción es necesario que exista una solicitud expresa por parte del sujeto pasivo, y de la revisión de antecedentes no existe dicha solicitud mediante el cual se haya requerido la prescripción. Agregó que en ese sentido, los argumentos de la Aduana Nacional en su demanda, no han sido planteados oportunamente como agravios, por lo que la instancia jerárquica se halla impedida de emitir criterio alguno de manera oficiosa y ultra petita por el principio de congruencia, por tanto la demanda contenciosa administrativa no es la vía para resolver actos no impugnados en el recurso jerárquico.


Indicó que la ley Nº 2492 como la Ley Nº 3092 establecen que quien considere lesionados sus derechos en la resolución de alzada, deberá de interponer de manera fundamentada su agravio, fijando con claridad la razón de su impugnación e indicando con precisión lo que se pide, para que la AGIT pueda conocer y resolver sobre la base de dichos fundamentos, motivo por la cual no corresponde procedimiento ni respuesta a puntos no impugnados en el recurso jerárquico.


Señaló que la resolución jerárquica impugnada, que confirmó la  resolución de alzada ARIT-SCZ/RA 307/2013 de 3 mayo, estableció la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, y en ningún momento refirió a la prescripción de la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, careciendo de sustento el argumento referido a que se hubiera declarado la prescripción de la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada en contravención a lo establecido en el art. 59-IV de la Ley Nº 2492.



II.1.- Petitorio.


Concluyó solicitando que se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01200/2013 de 29 de julio.  


III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES


Que, de la compulsa de los datos del proceso como la resolución administrativa impugnada, se establece los siguientes hechos:


Que, la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Gerencia Regional Santa Cruz, emitió Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRZA-VC-048/2011 de 16 de diciembre (fs. 12 a 16 de antecedentes administrativos), estableciendo la presunta contravención aduanera de omisión de pago por parte del sujeto pasivo CRUZ ROJA BOLIVIANA FILIAL SANTA CRUZ, al incurrir en incumplimiento en los plazos de regularización de los Despachos Inmediatos con exención tributaria respecto de la DUI 2005/711/C-16105 en la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru.


Por Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-Nº07/2012 de 13 de agosto (fs. 2 a 4 de antecedentes administrativos), resolvió declarar firme la Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRZA-VC-048/2011 de 16 de diciembre, por la sanción pecuniaria de contravención tributaria por omisión de pago, en el monto de UFV 20.688,60 en aplicación del art. 165 del Código Tributario, correspondiente a la DUI 2005/711/C-16105 de 15 de agosto.


Dicho fallo fue impugnado mediante recurso de alzada interpuesto por la CRUZ ROJA BOLIVIANA FILIAL SANTA CRUZ (fs. 5 a 8 de antecedentes administrativos), emitiéndose Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0307/2013 de 3 de mayo (fs. 38 a 44 de antecedentes administrativos), que resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-07/2012 de 13 de agosto, pronunciada por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional de Bolivia.


Interpuesto el Recurso Jerárquico por la entidad demandante (fs. 55 a 56 de antecedentes administrativos), se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01200/2013 de 29 de julio (fs. 71 a 76 vta. de antecedentes administrativos) emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, confirmando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 307/2013 de 3 de mayo, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, consecuentemente prescritas las facultades de la Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto de la DUI C-16105 de 15 de agosto de 2005.


Contra esa determinación, la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional, a través de su representante legal, formuló demanda contenciosa administrativa conforme consta de fs. 17 a 22 de obrados.

Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”.

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con el artículo 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Que el motivo de la litis se circunscribe a determinar: Si fue correcta la determinación de la autoridad jerárquica al confirmar la resolución de alzada, al disponer la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respeto a la DUI C-16105 de 15 de agosto de 2005.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Identificada la problemática traída a esta instancia para su resolución en mérito a la formulación del proceso contencioso administrativo, corresponde realizar el correspondiente análisis de los hechos acontecidos en sede administrativa, evidenciándose los siguientes extremos:

Que el art. 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, dispone que “… las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los casos que corresponda…”, normativa que es concluyente cuando reconoce a las entidades de beneficencia, como es el caso de CRUZ ROJA BOLIVIANA FILIAL SANTA CRUZ, el derecho a importar bajo exención de pago de tributos aduaneros siempre y cuando, gestionen una resolución exoneratoria ante el Ministerio de Hacienda, formalidad que no fue cumplida en plazo por la entidad demandante, que en el curso del proceso sancionatorio no justificó la existencia de razones eximentes de responsabilidad que hubieran podido suspender el transcurso del plazo.

En ese contexto y revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se establece que, la Administración Aduanera, emitió la Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRSA-VC-048/2011 de 16 de diciembre, al verificar que la CRUZ ROJA BOLIVIANA FILIAL SANTA CRUZ, con el régimen despacho inmediato había internado mercadería ingresada como donación a territorio boliviano, mediante DUI Nº C-16105 de 15 de agosto de 2005.

La CRUZ ROJA BOLIVIANA FILIAL SANTA CRUZ, en los términos del memorial que discurre de fs. 35 a 38 de antecedentes administrativos, impugna la Vista de Cargo, con el fundamento que las facultades de la  Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos prescribieron en mérito a lo dispuesto por el art. 59 del Código Tributario, solicitando se deje sin efecto la Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRSA-VC-048/2011 de 16 de diciembre, y declare la suspensión de la ejecución tributaria.

Como consecuencia de lo anterior, la Administración Aduanera emitió Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-Nº 07/2012 de 13 de agosto, que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRZA-VC-048/2011 de 16 de diciembre, por la sanción pecuniaria de contravención tributaria de Omisión de Pago establecida en el art. 186 inc. h) de la Ley General de Aduanas y numeral 3) del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones RD-01-012-07 de 4 de octubre de 2007, por incumplimiento de regularización de la Declaración de Mercancías en Despacho Inmediato, sancionándolo con una multa de 200 UFV.

Interpuesto el recurso de alzada por la CRUZ ROJA BOLIVIANA FILIAL SANTA CRUZ por memorial de fs. 5 a 8 de antecedentes administrativos, se emitió la Resolución de Alzada que revocó la Resolución Determinativa emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional en el plazo que prescribe el art. 143 de la ley Nº 2492.

En virtud de lo anterior, la Administración de Aeropuerto Viru Viru de la Aduana nacional, interpuso recurso jerárquico por memorial de fs. 55 a 56 de antecedentes administrativos, por la cual se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 01200/2013 de 29 de julio, que confirmó la resolución de alzada.

Que, la prescripción, es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado por cierto periodo de tiempo, que se encuentra establecida en la sección VII del Código Tributario como una de las formas de extinción de la obligación tributaria y de la obligación de pago en aduanas. Es una institución que desde el punto de vista técnico no extingue la obligación en sí, sino la exigibilidad de ella, es decir la acción del sujeto activo para hacer valer su derecho al cobro del tributo establecido.

En la litis es necesario precisar que el hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley Nº 2492, en ese contexto, el art. 59.I  de la Ley Nº 2492 dispone que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria”, de la lectura de la referida norma legal la acción de la Autoridad Administrativa Aduanera para imponer sanciones administrativas prescribe a los 4 años. Artículo que es complementado con el parágrafo I del art. 60 del mismo cuerpo legal que señala: “Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo”, de tal modo que el cómputo del término de prescripción empieza a contarse para el caso específico de imponer sanciones, desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

Por otra parte es preciso considerar que el hecho imponible constituye el presupuesto de hecho a cuya realización conecta la ley el nacimiento de la citada obligación; en ese sentido el art. 8 de la Ley 1990 señala como hecho generador de la obligación tributaria aduanera, la importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros, el cual se perfecciona en el momento que se produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías.

En relación a la omisión de pago, el art. 165 de la Ley 2492, dispone que: “El por acción u omisión no pague o pague de menos la Deuda Tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la Deuda Tributaria.” En tal entendido el art. 42 del DS 27310, determina que la Multa por Omisión de Pago que refiere el art. 65 de la Ley 2492, será calculada con base en el Tributo Omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda.

En autos, la entidad demandante alega que la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-07/2012 de 13 de agosto, no solo persigue la determinación de la multa por la omisión de pago del tributo no cancelado, sino que principalmente instruye la ejecución de la deuda tributaria ya determinada con la validación de la DUI C-16105 de 15 de agosto de 2005. Razonamiento equivocado, toda vez que el art. 108 de la Ley Nº 2492, establece claramente los actos administrativos que constituyen títulos de ejecución tributaria, al señalar: “I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen. 2. Autos de Multa firmes. 3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. Resolución Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente  (….)”; deduciéndose que la validación de la DUI alegada por la demandante, no constituye título de ejecución tributaria.

Al respecto, el parágrafo III del art. 60 del Código Tributario (Ley Nº 2492), expresamente señala: “En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria”. Empero este parágrafo debe relacionarse inexcusablemente con el parágrafo III del art. 59 del Código Tributario (Ley Nº 2492) que establece: “El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años”. Ahora bien, las dos disposiciones glosadas, se refieren a los títulos de ejecución tributaria que han adquirido la calidad de firmes, porque no han sido impugnados mediante los recursos que franquea la ley, o impugnados se han agotado las instancias de impugnación, teniendo la calidad de cosa juzgada. Las señaladas disposiciones, prescriben que cuando un título de ejecución tributaria ha adquirido la calidad de cosa juzgada, puede ser ejecutado o procedido a la ejecución de la sanción por contravención tributaria, solo dentro del plazo de 2 años, cuyo computo comienza a correr desde el momento que el Titulo tributario ha adquirido la calidad de cosa juzgada.

Asimismo, el art. 61 de la citada Ley, prevé que la prescripción se interrumpe por: La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. A su vez el art. 62 dispone El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, misma que se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II  La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, iniciándose con la presentación de la petición o recurso y extendiéndose hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

En ese entendido, el computo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que se dio a momento de la aceptación de la DUI C-116105 de 15 de agosto de 2005, consecuentemente el cómputo de los 4 años para la determinación de la deuda tributaria comenzó el 1 de enero de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2009, tal como disponen los arts. 59 y 60-I de la ley Nº 2492.

En el proceso en análisis, se establece que la Administración Aduanera, notificó a la CRUZ ROJA BOLIVIANA FILIAL SANTA CRUZ con la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-Nº 07/2012 de 13 de agosto, el 20 de diciembre de 2012, conforme se desprende de la diligencia de notificación cursante a fs. 58 de antecedentes administrativos, y al no observarse causales de interrupción ni de suspensión de la prescripción, las facultades de la Administración Aduanera de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos  y determinar la deuda tributaria, prescribieron el 31 de diciembre de 2009.

Respecto a la afirmación de la entidad demandante en relación a que la Aduana Nacional, no solo persigue la determinación de la multa por la omisión de pago del tributo no cancelado, sino que principalmente instruye la ejecución de la deuda tributaria ya determinada con la validación de la DUI 2005/711/C-16105, perfeccionándose el hecho generador, se aclara que el fundamento de la Administración Aduanera es irrazonable, toda vez que de la revisión de la DUI 2005/711/C-16105 se establece que la mercancía consignada en ella, tiene un valor de cero (0), precisamente por encontrarse bajo el régimen de despacho inmediato, tratándose de mercadería de donación procedente del exterior y consignadas a instituciones de beneficencia como en el caso de autos.

Con relación a lo argüido por la entidad demandante en sentido que las facultades de ejecución de la deuda tributaria ya determinadas no se extinguen con el tiempo, citando la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012 que modifica el art. 59 de la Ley Nº 2492, en su parágrafo IV señala: “La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. Se debe precisar que dicha norma legal no es aplicable al caso en análisis, toda vez que el marco normativo vigente en materia tributaria referido a la aplicación de las leyes en el tiempo, contenido en los arts. 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley Nº 2492, disponen que las normas se aplican a futuro y no son retroactivas, salvo que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. En ese entendido, el hecho generador como se expresó en párrafos precedentes corresponde a la gestión 2005, mucho antes de la modificación dispuesta por la Ley Nº 291.

VI. CONCLUSIONES

Por lo anterior, se establece que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 01200/2013 de 29 de julio, y declarar prescritas las facultades de la Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas aplicó correctamente la normativa tributaria vigente, correspondiendo entonces, desestimar la pretensión deducida por la Administración Aduanera.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 22, interpuesta por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01200/2013 de 29 de julio, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena