SALA PLENA


SENTENCIA:                            72/2017.

FECHA:                                Sucre, 13 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE:                        957/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B. ANDINA S.A.) contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 163 a 182 vta., en la que Carlos Daniel Terán Aranibar y Miriam Cecilia Limpias Ortiz en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Andina  Sociedad Andina (YPFB - ANDINA S.A.) impugna la Resolución Ministerial R.J. Nº 087/2013, pronunciada el 29 de julio, por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la contestación de fs. 305 a 312, réplica de fs. 130 a 135 vta., dúplica de fs. 453 a 459 vta., los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.


I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Fundamentos de la demanda.


La empresa demandante manifestó que tanto la Autoridad Jerárquico (MHyE) como la de Revocatoria (ANH) incurrieron en interpretación equivocada al emitir sus respectivas resoluciones, señalando además lo siguiente:


1.- NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO POR VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE PETICIÓN E INFORMACIÓN, INFORMALISMO, VERDAD MATERIAL E INDUBIO PRO ACTIONE, CAUSANDO INDEFENSIÓN AL ADMINISTRADO:



  1. El haber recortado los cargos que se registraron como provisiones sin considerar el principio devengado, concepto contable vigente, ni el Manual de Cuentas y Reporte Periódico de Información del 15 de noviembre de 2004, que establece que el Presupuestos Ejecutado debe incluir los costos efectuados durante la gestión.


  1. La no consideración de un gasto efectivamente pagado por el servicio de administración, que está sustentado con la factura correspondiente, emitida por el proveedor del servicio.


  1. La falta de consideración del gasto de seguro expuesto en el Presupuesto Ejecutado 2008, considerando que en la Auditoria Regulatoria se había establecido que éste costo era razonable y prudente.


  1. Las comisiones bancarias e ITF efectivamente pagados en las operaciones normales con sus proveedores de insumos y servicios no sean reconocidos como parte del gasto financiero. YPFB ANDINA se encontró nuevamente afectado con tal arbitrariedad y haciendo uso del derecho de petición, requirió a la ANH el sustento técnico y legal, el cual nunca fue proporcionado.


  1. El sustento técnico y legal aplicado por la ANH para no considerar el gasto incurrido en una operación de Overhaul por Exchange, modalidad que se ajusta a las buenas practicas d la industria. Aspecto que añade nunca fue respondido por la ANH.


1.1.- DE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN E INFORMACIÓN.-


Expresa también que la aclaración solicitada con relación a la Nota Cite JV-RGC 195/2012 ante la ANH, las autoridades de instancia, desestimaron la petición efectuada, con el argumento de haber sido presentada de modo extemporánea, sin considerar la naturaleza de la petición, vulnerando el principio de la verdad material.


Señala que es muy distinto desestimar la solicitud a través de Auto a la no emisión de la Resolución Administrativa de aclaración y complementación, y otro muy distinto la no atención a las peticiones efectuadas por YPFB Andina, referido a la documentación que cursa en los archivos de la ANH considerado esencial y primordial para el administrado, lo cual es vulneratorio a los derechos subjetivos e intereses legítimos, citando a tratadistas con la finalidad de ilustrar lo que se entiende por aclaración y fundamentación. Dicha desatención conlleva vulneración del derecho de petición y el derecho de información del Administrado, en pro del debido proceso y derecho a la defensa. Estos no tienen plazo para ser interpuesto, y el administrado lo puede hacer en cualquier momento y cuantas veces lo desee, lo cual genera nulidad en el procedimiento.


Citando los arts. 24 de la Constitución Política del Estado, 1 inc. b), 16 y 18 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, refiere que el Administrador (ANH como el MHyE) atendió la petición del administrado de proporcionar la información técnico legal, indispensables para la formulación de agravios y el ejercicio de los recursos establecidos por Ley, generando de éste modo indefensión, al no contar con toda la información, para que si fuera el caso, presentar el recurso correspondiente.


El argumento central de la R.A. RJ Nº 087/2013 es la extemporaneidad de la solicitud de “aclaratoria”, sin considerar que no existe plazo para ejercer el derecho de petición, de acceso a la información/documentación y de control administrativo. La solicitud de “aclaratoria” procede contra una Resolución que adolezca contradicciones en su parte dispositiva, o para suplir omisiones. En este caso, YPFB Andina mediante nota JV-RGC-195/2012 presentada el 5 de septiembre, solicitó se proporcione el sustento técnico y legal que ha sido considerado por la ANH; aunque la citada nota lleve por título “aclaratoria”, en su contenido no requiere expresamente a la Autoridad Administrativa proporcione información/documentación relevante para fundamentar el proceso. Es obligación de la Autoridad Administrativa interpretar la intención del administrado, conforme lo establecen los principios de informalismo e indubio pro actione (interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción).


Por ello considera equivocado la conclusión contenida en la Resolución Ministerial RJ Nº 087/2013, sobre el principio de favorabilidad, ya que la interpretación versa sobre la intención del administrado, que en la especie es expresa, la petición de contar con información/documentación necesaria para fundamentar el proceso, apoyado en precedentes del Tribunal Constitucional, relativo al derecho a la petición. En ese contexto precisó, que YPFB Andina por la Nota JV-RGC-195/2012 no sólo solicitó información para sustentar el proceso, sino hizo uso de su derecho constitucional de ejercer el control administrativo a las actuaciones que consideró arbitrarias de la ANH y para ello requirió información y la documentación que sirvió de sustento para la emisión de la RA 2194/2012.


Como se advierte, la ANH tomó convicción y se percató que las actuaciones referidas por YPFB Andina, afectó sus legítimos intereses y derechos subjetivos como administrado, por lo que solicitó información/documentación, la cual nunca fue proporcionada por la ANH, y tampoco el MHE dispuso sea proporcionada al administrado. Ambas autoridades no dieron respuesta, ni resolvieron a favor de dicha petición, conforme al art. 24 de la CPE, con afectación del derecho a la petición, generando de este modo indefensión y por tanto la nulidad del procedimiento.


1.2 DE LA SOLICITUD DE ENMIENDA.


Expresa que la intención de YPFB Andina a través de la Nota JV-RGC-195/2012, fue la manifestación clara de la afectación de sus derechos e intereses legítimos con la emisión de la RA 2194/2012, y por tanto tiene una naturaleza impugnatoria. Por ello y para efectuar una fundamentación más sólida y consistente solicita a la Autoridad Administrativa información y documentación para sustanciar el proceso. Si bien la solicitud de “enmienda” no se encuentra denominada como tal en la Ley 2341, ni en el DS Nº 27172, pero de acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas, de Manuel Ossorio, enmendar significa: “Resarcir o reparar daños y perjuicios”.


La Nota JV-RGC-195/2012, aduce es clara y manifiesta, por ello al tomar conocimiento de la pretensión del administrado, debió calificarla como una actuación de carácter impugnatoria, basado en el principio del informalismo, además observando los arts. 42 y 46 de la Ley 2341, relativo a la calificación del procedimiento y la tramitación. Asimismo el principio in dubio pro actione postula en favor de la mayor garantía y de la interpretación más favorable a ejercicio del derecho de acción, es decir, en el sentido de asegurar, más allá de las dificultades de índole formal, por eso en caso de duda ésta debe resolverse en el sentido más favorable a la continuación del procedimiento hasta la conclusión.


Sostiene que al amparo de tales principios, el ente regulador tenía la obligación de calificar la solicitud de “enmienda”, como una verdadera impugnación a las actuaciones administrativas que dieron origine a la RA 2191/2012, pues importan una directa afectación a sus derechos subjetivos e intereses legítimos.


El Auto de 12 de septiembre de 2012, se refiere exclusivamente a la desestimación de la solicitud de aclaración y complementación. Sin embargo y con referencia a la solicitud de enmienda señalada en la Nota JV-RGC-195/2012, la Autoridad Administrativa no hizo ningún tipo de pronunciamiento, aun haya sido presentada fuera de plazo, el regulador tenía la obligación de pronunciarse sobre ésta última. Del mismo modo la RA 3151/2012, se limita exclusivamente a desestimar el recurso de revocatoria  interpuesto por YPFB Andina S.A. contra la R.A. 2194/2012, por haber sido presentado fuera de plazo, demostrándose arbitrariedad.


Refiere que en la RJ 087/2013, no hace mención al Auto de desestimación de 12 de septiembre de 2012, Acto administrativo considerado fundamental, por ser dicho acto que vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso de YPFB Andina, por la atención a la triple petición efectuada por el administrado.


Por otra parte, sostiene que la nota tantas veces citada, reúne todos los requisitos formales exigidos por la Ley, no siendo así, el art. 87 del DS Nº 27172, el administrador tenía la obligación de observar para que ésta sea subsanada, aspecto que tampoco fue advertido ni observado por lo que no correspondía la desestimación, en inobservancia de los principio de informalismo, verdad materia e indubio pro actione, causando indefensión, cuya omisión hace a la nulidad del procedimiento.


2.- NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO AL CONSTATARSE ARBITRARIEDAD AL CALIFICAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS COMO EXTEMPORANEOS.


Manifestó que las siguientes actuaciones administrativas evidencian la negligencia de la Autoridad Administrativa que generaron indefensión al administrado, dando origen a la nulidad del procedimiento en cuestión:





Una vez tomado conocimiento de tales agravios, en lo posterior el ente regulador no podrá aducir desconocimiento de la pretensión del administrado, ya que ésta fue manifiesta de modo claro y oportuna. La Autoridad Administrativa tampoco pudo hacer caso omiso a la petición ya que se le estaría vulnerando el derecho a la defensa y de recibir una respuesta motivada y fundada a sus peticiones, además de contravenir la obligación legal de resolver todo asunto sometido a su conocimiento.




Asevera que si bien el derecho de petición y acceso a la información-documentación, son imprescriptibles para el administrado, su atención por parte de la Autoridad Administrativa ha de ser pronta y oportuna, más aún si es de conocimiento de dicha autoridad la intención de impugnación y sabiendo que aquella información que le ha sido requerida es esencial para fundamentar.


Con base al item administrativo arriba señalado queda claro señaló que YPFB Andina obró de buena fe y que desde un principio su intención fue hacer valer su legítimo derecho a la defensa, conforme lo establece el art. 11 de la Ley 2341, por lo que la intención del administrado no fue la de dilatar el proceso. De hecho su primera actuación con la Nota JV-RGC-195/2012 constituyó un verdadero acto de impugnación cuyo tenor y fondo ha sido mantenido, corroborado, reclamado en reiteradas oportunidades a través de los Recursos de Revocatoria y Jerárquico y sus respectivas complementaciones.


Como ya se explicó líneas arriba, la Nota JV-RGC - 195/2012 de recurso de impugnación fue presentado al sexto día a partir de la RA 2194/2012, es decir dentro del plazo de 10 días y que fue reiterada el 17 de septiembre de 2012.La Autoridad Administrativa no consideró la Nota JV-RGC- 195/2012 como un acto impugnatorio, pese a que cumplía todos los requisitos legales. Tampoco consideró dicha Nota como una actuación del administrado que suspende el plazo para la presentación de recursos.


Señala que pese a la negligente conducta de la ANH, YPFB Andina reiteró el Recurso de Revocatoria contra la ANH N° 2194/2012 y recibió la notificación con el Auto de 12 de septiembre de 2012 que desestima su solicitud de aclaratoria (no así la solicitud de enmienda ni proporciona la información y documentación requerida) por haber sido interpuesta fuera de plazo. Si bien es cierto que la Nota de Rechazo de la Aclaración de 12 de septiembre de 2012, fue notificada recién el 18 de septiembre de 2012; sin embargo, un día antes de recibir la mencionada notificación amparándose en el silencio negativo referido en el art. 34 del D.S. Nº 27172, consideró interrumpido los plazos para la interposición de recursos administrativos. En consecuencia, habiéndose amparado YPFB Andina S.A. en el silencio negativo y reiterado su Recurso de Revocatoria, no corresponde tenérselo por extemporáneo. El término para computar los plazos para el Recurso debería arrancar el 18 de septiembre de 2012, día de notificación del acto administrativo y bajo ningún punto de vista puede partir desde el 28 de agosto de 2012, como erróneamente lo interpreta la ANH y corrobora el MHE. Indudablemente estas actuaciones generan nulidad del procedimiento.


Recurriendo a la Doctrina, resalta la preminencia de los principios propios del procedimiento administrativo que constituyen su esencia y proveen la protección  de las pretensiones del administrado, siendo una garantía en el debido proceso adjetivo, por consiguiente acusa que la Autoridad Administrativa le causó indefensión y por ende la nulidad del procedimiento desde la emisión del Auto de desestimación de 12 de septiembre de 2012, hasta la emisión de la RJ Nº 087/2013 emitida por el MHE.


3.- PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL.


Manifestó que en el marco del principio de verdad material, opuesto al de la verdad formal que rige en el procedimiento civil, la administración, se encuentra facultada a investigar y resolver más allá de lo alegado por YPFB Andina S.A. Ello implica que si la petición revela la existencia de irregularidades, la administración debe iniciar una investigación de oficio y restaurar el imperio de la legitimidad. Este principio no debe ser entendido como un principio etéreo, sino más bien, como un mandato de la Ley que debe ser cumplido a cabalidad por el ente regulador, teniendo la facultad de apoyarse en todos los medios legales que le permitan llegar a esa verdad material.


También refirió que la Ley de Procedimiento Administrativo alude al principio de informalismo, señalando que la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente puede ser excusada y ello no interrumpe el procedimiento administrativo. Dicho principio autoriza la flexibilidad de las normas procesales de la Administración Pública, donde esta elasticidad tiene su base, en que el procedimiento administrativo busca como objetivo la verdad material en bien de los intereses públicos y las formalidades no son un objetivo en sí mismo sino un medio que facilita llegar a la verdad.


Admitido el recurso de revocatoria por el Auto de fecha 20 de septiembre de 2012, YPFB Andina interpretó que dicha admisión significó que fueron cumplidos todos los requisitos que la ley prevé o, que en caso de que alguno no hubiera sido cumplido, la Autoridad consideró excusada la formalidad por aplicación del art. 4 inc. L  de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), en consecuencia, si se consideró que la Admisión contra la ANH N° 2194/2012, no fue lisa y llana sino que por el mismo acto y con el fin de garantizar la búsqueda de la verdad de los hechos se dispuso la apertura de prueba, deduciéndose que las supuestas formalidades fueron excusadas.


4.- DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS.


Sostuvo que la ANH admitió la Reiteración del Recurso de Revocatoria a través Auto de Admisión de 20 de septiembre de 2012, abriendo el procedimiento administrativo a prueba, con el fin de conocer el fondo del asunto planteado, por ello aquél Recurso no puede basarse en cuestiones de forma, ya admitidas y aceptadas, sino que torna de obligatorio cumplimiento la emisión de un pronunciamiento resolviendo sobre el fondo del asunto; sin embargo, la ANH, contrariando sus propios actos, cambió diametralmente su criterio al resolver que YPFB Andina S..A. interpuso tardíamente su recurso. Esta afirmación contenida en la RA ANH 3152, contradice lo dispuesto por la ANH en sus anteriores actos que manifiestamente aceptaron la interrupción del término de interposición del Recurso de Revocatoria.


El arbitrario cambio de la ANH se opone a la Teoría de los Actos Propios. Esta teoría deriva como aplicación del principio lógico de no contradicción y resulta aplicable en el Derecho Público, en tanto le es exigido al Estado coherente frente a los administrados. El obrar en contradicción con su conducta dentro de la misma relación o situación jurídica, sin que exista una norma que posibilite tal conducta, conlleva la responsabilidad estatal.


Es pertinente que se tome en cuenta expreso, que la doctrina de los actos propios, reconocida además por innumerables sentencias del Tribunal Constitucional, entre ellas la Sentencia Constitucional 0908/2005-R de 8 de agosto de 2005, ha determinado que en virtud a los principios de legalidad, presunción de legitimidad, y buena fe: “Un mismo órgano no podrá anular su propio acto administrativo conocido en la doctrina como acto propio...; aclarando que lo señalado "es aplicable también para los casos de revocatoria, modificación o sustitución de los actos administrativos propios que crean, reconoce o declaran un derecho subjetivo, ya que éstos sólo pueden ser revocados cuando se utilizaron oportunamente los recursos que franquea la ley, o cuando el acto beneficie al administrado". Por ello causó extrañeza la actuación de la autoridad administrativa, en el sentido que i) haya recepcionado y tomado conocimiento del Recurso de Impugnación; ii) haya admitido la reiteración del Recurso de Revocatoria, iii) dispuesto la apertura de término de plazo probatorio, iv) confirmado la presentación de la complementación del recurso de revocatoria, iv) aceptado y señalado fecha, hora y lugar de audiencia en periodo de prueba y posterior a ello de manera contradictoria haya resuelto desestimar el Recurso de Revocatoria sin efectuar el debido análisis y consideración a los argumentos esgrimidos por YPFB Andina S.A., no obstante su sustanciación, colocando al administrado en un estado de indefensión, al habérsele limitado el ejercicio en los medios de defensa por el contradictorio proceder de la administración.


7.- ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS.


Como surge a lo largo de todos los ítems observados del presupuesto ejecutado, manifiesta se encuentran con un control posterior de los gastos que impactarían en una futura revisión tarifaria. Este control apunta a investigar la razonabilidad del gasto, pero deja de lado un esencial, como lo es el de contrastar los gastos con los ítems establecidos en el flujo de caja con el que se calculó la tarifa vigente de la Planta de Compresión aprobado por el Regulador, mediante Resolución Administrativa N° 075/2000 de 29 de febrero de 2000. Entre los más destacados se encuentran:


  1. Material e insumos para operación ($us. 292.885).


Esta cuenta considera los gastos extraordinarios, provenientes de los trabajos de mantenimiento y reparación que se realizan en los compresores SOLAR Y MAN y compra de repuestos y que fueron observados por la Auditoria porque Andina Compresión no presentó los respaldos correspondientes a esta cuenta y considera el monto de $us. 292.885 como no razonable y no prudente. Aduce que YPFB Andina, sí presentó los respaldos, como soporte magnético, los cuales se encuentran en la carpeta denominada "Soporte Insumo, Mano de Obra 2008".


  1. Combustibles, consumibles y otras fuentes de energía para operaciones.

Respecto al concepto Gas Natural, la auditoria observó el costo reportado por Andina Compresión, no representa los pagos reales realizados durante la gestión 2008. A saber:


Combustible,  consumibles

y otras fuentes de energía para operaciones

I




Presupuesto ejecutado ($us.)

Cuenta ANH

Descripción


Presupuesto Ejecutado 2007

Presupuesto Ejecutado 2008

Ajustes Auditoria

Ajustes ANH

Presupuesto Aprobado ANH

50-0-100-121

Gas Natural


2.564.018

2.961.822

15.624

15.624

2.946.198

50-0-100-124

Otros Combustibles


19.942

0

0

0

0

TOTAL


2.583.960

2.961.822

15.624

15.624

2.946.198


Fuente: Elaboración en base al informe económico y financiero del Presupuesto Ejecutado - Andina Compresión.


Lo observado respecto del precio del Gas Combustible contradice el propio accionar de la ANH. El precio del gas combustible utilizado en el periodo corresponde al mismo criterio utilizado por la Entidad Reguladora, hoy ANH para aprobar el flujo de caja de 20 años para obtener la concesión de la operación y administración de la Planta de Compresión Río Grande. Este criterio era el precio ponderado mensual establecido para las ventas de gas natural del Contrato GSA. En este sentido no corresponde la observación, porque no puede la entidad reguladora aprobar un criterio de precio para el flujo de caja aplicable y al mismo tiempo no respetar ese criterio para la aprobación de un presupuesto.


c) Cargos a empresas afiliadas ($us. 346.344).


Respecto a cargos a empresas relacionadas, la R.A. señala textualmente que Andina Compresión realizó un gasto de $us. 346.344 en la Gestión 2008. Esta cuenta considera los cargos provenientes del Fee Administrativo que cobra mensualmente Repsol YPF Bolivia S.A. por la gestión 2007 en el que se habría provisionado demás.


Expresa que la empresa no proporcionó la información numérica detallada y desagregada para cada uno de los conceptos incluidos en este gasto; por consiguiente la auditoria observó el monto total de $us. 346.344 como no razonable y no prudente. Sin embargo, el 3 de octubre de 2011, YPFB Andina remitió la nota JV-RGC 190/2011 a la ANH adjuntando una explicación en detalle sobre el manejo administrativo de la cuenta Cargos a Empresa Afiliadas. Asimismo, como parte de la explicación se incluyó un criterio de benchmark a fin de que la autoridad competente cuente con elementos que le permitan aprobar un monto razonable.


Considera un error del ente regulador no considerar la nota remitida oportunamente. Señaló también que, Repsol YPF Bolivia S.A. e YPFB Andina suscribieron un Contrato de Prestación de Servicios de Administración, en virtud del cual Repsol YPF Bolivia S.A. prestó servicios de administración a YPFB Andina hasta la gestión 2008.Los importes cancelados por YPFB Andina en los años auditados, fueron aprobados anualmente por los Socios en oportunidad de la Reunión del Comité de Gerenciamiento. Dichos importes están sujetos a una Auditoria At Cost a realizarse por auditor independiente, que se encuentra en proceso de gestión. Y, si bien dichos importes no fueron auditados sí lo fue auditada la metodología de cálculo aplicada en el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2010, por la firma Price Waterhouse Coopers, por lo que bien se podría utilizar como benchmarck el importe certificado por el auditor independiente a fin de referenciar el costo administrativo.


BenchmarKing




















Cargo a Empresas Afiliadas

Operador Repsol

Metodología Auditada

Dlf. Entre Metodologías



Expresado en $us.



2005

284.072,61


(298.443,39)


2006

327.208,92


{255.307,08)


2007

346.622,22


(235.893,78)


2008

364.344,41


(218.171,59)

Costo Referencia 2010


582.516,00




Ene-Ábr/2010              = 194.172,00

Costo mes/2010        =   48.543,00


Del cuadro anterior se observa que el costo estimado anual resultante del monto auditado por Price Waterhouse Coopers es mayor al erogado en el periodo 2005-2008, lo cual se debe a que cuando Repsol prestaba el servicio de administración a la Planta Rio Grande y la Línea de 12", JV se beneficiaba de las externalidades del servicio prestado, en tanto que, bajo la administración de YPFB Andina, y al perder la sinergia entre Repsol y YPFB Andina el costo real es valorado y cuantificado para cada gerencia.


Agregó que la razonabilidad de los importes por cargos a empresas afiliadas debe ser determinada con base a un parámetro que recoja las particularidades de la operación y Administración de las concesiones de YPFB Andina, por tanto propone considerar los resultados de la auditoría practicada por Price Waterhouse Coopers.


d) Servicios Generales: otros costos de oficina ($us. 6.877)


La auditoría observó que dentro de dicha partida se registran los gastos por comisiones bancarias y comisiones por transferencia de fondos al exterior ...deben ser asumidos por la empresa de manera corporativa y las comisiones por transferencias bancarias de fondos al exterior no pueden ser considerados como parte de la tarifa de compresión, por ello la auditoria observa el monto de $us. 6.877 como no razonable y no prudente.


Señala que los gastos correspondieron a provisiones asociadas a la actividad regulada y por tanto debían ser aprobados.


e) Gastos financieros ($us. 16.082)


La auditoría observa el gasto correspondiente al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) ya que considera que los mismos deben ser asumidos por la empresa y no incorporarlo como parte de la tarifa de compresión. Es un impuesto determinado por Ley 2646, por tanto, es una obligación tributaria. La base imponible del ITF está dada por el monto bruto de las transacciones grabadas por el impuesto. (Artículo 5).


Añade que YPFB Andina, opera y administra el giro de su negocio a través de cuentas bancadas, por tanto, es irrazonable no considerar el pago de este impuesto como parte de los gastos que afectan la tarifa. Si aceptaríamos el criterio de la ANH, el IVA y el IT deberían tener el mismo tratamiento, pero no lo tienen. Por tanto, YPFB Andina considera que los gastos por concepto de ITF deben ser reconocidos, al igual que se reconocen los gastos por IUE, IVA e IT. El único impuesto que no es reconocido desde el punto de vista regulatorio es el IUE-BE tal como establece el art. 92 de la Ley de Hidrocarburos No. 3058.


I.2. Petitorio.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda y se declare la nulidad del Procedimiento Administrativo hasta el vicio más antiguo, ordenando a la ANH emita una nueva resolución conforme a todos los aspectos pretendidos en el Recurso de Impugnación de 5 de septiembre de 2012, Nota Cite JV-RGC - 195/2012, ordenándose en su mérito la revocación de las Resolución Ministerial RJ. N° 087/2013, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y la Resolución Administrativa ANH N° 3152/2012 del  19 de noviembre, y la Resolución Administrativa ANH N° 2194/2012.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


La Autoridad demandada, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 8 de mayo de 2014, que cursa de fs. 305 a 313, y señaló el siguiente:


1.- Respecto a la solicitud de Información.


Acusa extrañeza que la demandante invoque que la Nota Cite JV-EGC-195/2012, sea de solicitud de información, y no solo de aclaración y complementación, todo con la finalidad de negar la aplicación de los plazos para su interposición. Señalar que el ejercicio del derecho a la petición no tiene plazo, obviamente con claro propósito de salvar su negligencia, pretendiendo supeditar el cómputo de plazo para interponer el recurso de revocatoria a la obtención de la información supuestamente solicitada.

Sostiene que de la lectura de la Nota Cite JV-RGC-195/2012, se advierte que es una solicitud de aclaratoria y complementación propia de la tramitación previa de la interposición de los recursos administrativos, por las razones siguientes:



Señala que de la lectura detenida de la nota, permite evidenciar el carácter y finalidad de YPFB Andina, y no de obtener documentos o de manera equivocada de obtener aclaraciones respecto al razonamiento del regulador en el recorte de algunas cuentas y costos presentados por la concesionaria, a efectos de contar con elementos para una futura presentación de un recurso administrativo. Considera que una actitud desesperada del personal negligente de la empresa como efecto de la presentación extemporánea del recurso de revocatoria.


Se debe tener presente expresó que el art. 21 de la Ley 2341, señala que los términos y plazos para la tramitación de los procedimientos (recursos) administrativos se entienden como máximos y obligatorios, por lo que el plazo de 10 días otorgado por el procedimiento administrativo a favor de los administrados para la interposición del recurso de revocatoria constituyen un plazo obligatorio y no es susceptible de ser ampliado ni suspendido a criterio de la autoridad administrativa, por un eventual solicitud de información realizada por el interesado, para dilatar o extender indefinidamente los plazos para recurrir actos administrativos.


2.- Respecto a la solicitud de enmienda.


Manifestó, que al igual que en el caso anterior la demandante pretende formar el contenido de la Nota Cite JV-RGC-195/2012, afirmando que dicha nota constituía un recurso de revocatoria, aspecto alejado de la verdad, y que recién fue invocado en ésta etapa, cuando en la tramitación de los recursos administrativos nunca se manifestó este extremo, afirmándose únicamente la aplicación de los principios de informalismo, verdad material e indubio pro actione. Refiere que dicha aseveración constituye inequívocamente una solicitud de aclaración y de ningún modo contiene una voluntad impugnatoria de un acto definitivo emitido por la ANH. Así, de la lectura de dicho documento, en el único lugar que se menciona la palabra enmienda, es en la referencia, y a lo largo de cada de los puntos en que solicita aclaración no se hace ninguna mención a la solicitud de enmienda.


Refirió, que a decir del art. 86 del DS Nº 27172, los Recursos Administrativos deben ser presentados por escrito ante quien emitió la Resolución impugnada, individualizando el acto objeto de impugnación e indicando el derecho subjetivo o el interés legítimo que invoca, dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el art. 117 del DS Nº 27113. Contrariamente a lo pretendido por la demandante, el escrito presentado no cumplía con los requisitos para considerar al mismo como un recurso administrativo, y ello porque dicho escrito era en realidad una simple solicitud de aclaratoria y complementación.


La invocación a los principios de informalismo, favorabilidad e indubio pro actione, como se afirmó en la resolución de recurso jerárquico, no permiten suplir negligencia del administrado en la presentación oportuna de sus recursos aseveró. El alcance del principio de informalismo, no se extiende a la exoneración del cumplimiento de plazos procesales, citando como precedente la Sentencia Constitucional Nº 1102/2014-R, de 16 de julio, que señala: “al ser presentación fuera de plazo ya constituyó una negligencia del recurrente que no pudo ser subsanada por el señalado principio”; estableciendo además lineamientos en cuanto a los límites que se debe considerar, SSCC 1086/2012, de 5 de septiembre de 2012.


En resumen sobre este punto, aseveró que el escrito de solicitud de aclaración no constituye recurso de revocatoria por no cumplir con los requisitos de los recursos administrativos, y por esta razón no pudo ser calificado por la ANH, ni siquiera en virtud a los principios de informalismo, por no haberse evidenciado claramente una voluntad impugnatoria.


3.- Sobre la nulidad por violación al debido proceso al constatarse arbitrariedad al calificar los recursos, violación al principio de verdad material Doctrina de los actos propios.


Manifiesta que la actora pretende en este acápite incurrir en error al Tribunal, sobre la base de afirmaciones erróneos, por lo siguiente:


  1. La supuesta violación al debido proceso, versa en considerar que la Nota Cite JV-RGC-195/2012, es en realidad un recurso de revocatoria y que el memorial presentado el 17 de septiembre de 2012 de “Interpone Recurso de Revocatoria contra la Resolución Administrativa ANH Nº 2194/2012 de 24 de agosto de 2010” sería una reiteración del recurso de revocatoria.
  2. La referida nota no constituyen un recurso administrativo por no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa administrativa, ya que el contenido íntegro de la misma únicamente solicita aclaración sobre algunos puntos de la resolución de instancia respecto al razonamiento del regulador para recortar algunos gastos y no reconocidos como parte del presupuesto ejecutado por la empresa concesionaria.
  3. En el memorial de demanda, YPFB Andina adujo que la citada Nota 195/2012, fundamentaría y expondría los derechos subjetivos e intereses legítimos afectados en la RA 2194/2012, cuya afirmación sin embargo se reduce sólo a eso, a una mera afirmación, ya que en ningún párrafo de la referida nota existe fundamentación de agravio en contra de la referida resolución.
  4. Situación distinta se presenta con el memorial presentado el 17 de septiembre de 2012, que desde la suma hasta el petitorio expresa una clara voluntad impugnatoria y una pretensión de revocatoria del acto recurrido, planteando recién el recurso de revocatoria, conforme al art. 86 del Reglamento para el SIRESE.


En relación a la supuesta vulneración de los actos propios, expresó que la admisión o radicatoria de un determinado recurso administrativo no genera más efecto que el de evidenciar  el conocimiento del trámite por una determinada autoridad, pues ni siquiera el cómputo del plazo para resolver el recurso se inicia con dicha admisión como en otras materias. La admisión o radicatoria de un recurso no implica necesariamente una aceptación de consideración de argumentos de fondo, de lo contrario no tendría sentido la disposición contenida en el literal a) del art. 90 del RLPA SIRESE, que establece la desestimación como forma de resolución de un recurso que se supone admitido- por cuestiones de forma. Similar situación ocurre con la apertura y clausura del término de prueba que no tiene carácter de actos administrativos definitivos y no son idóneos para expresar la voluntad administrativa respecto de un determinado recurso. Sólo constituyen actuaciones internas o de mero trámite.


Finalmente respecto al punto “Aspectos Económicos Financieros”, manifestó que no corresponde pronunciamiento, dado que el objeto de los recursos administrativos se circunscribe a determinar la legalidad o ilegalidad de la resolución de la ANH de desestimar el recurso de revocatoria interpuesto por YPFB Andina, es decir, si el recurso fue presentado oportunamente o no. Los demás aspectos de fondo no merecieron pronunciamiento por cuanto el regulador no ingresó a su análisis. Por tales motivos, no corresponde a la instancia jurisdiccional ingresar al análisis de este argumento de fondo, ocasionado por la extemporánea presentación de sus recursos administrativos.


II.1 Petitorio.


La Autoridad demandada solicito se declare improbada la demanda y deliberando en el fondo mantener con total validez la Resolución Ministerial R.J. Nº 087/2013 de 29 de julio, en consecuencia válidas las Resoluciones Administrativas ANH Nº 3152/2012 de 19 de noviembre y ANH Nº 2194/2012 de 24 de agosto, con costas.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.







Estando agotada la vía administrativa y en base a los hechos precedentemente citados la Empresa YPFB Andina S.A. presentó la demanda contencioso-administrativa.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


De la compulsa de los datos del proceso, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe establecer:


  1. Si a la notificación con la Resolución Administrativa ANH Nº 2194/2012 de 24 de agosto, la empresa YPBF Andina S.A. presentó Recurso de Revocatoria conforme a los requisitos y plazo fijado por Ley, y si al desestimar el mismo, no se ha vulnerado o lesionado los derechos y principios fundamentales establecidos para el efecto.


  1. Si la Nota Cite JV-RGC-195/2012 de 5 de septiembre, por el que la empresa actora solicitó aclaración, fue presentado dentro del plazo fijado por Ley, y si el mismo cumple los presupuestos de un recurso de revocatoria.


  1. Si como emergencia de los primeros puntos objeto de controversia, el proceso administrativo se encuentra viciado de nulidad, por ser vulneratorio de los principios de informalismo, verdad material  indubio pro actione por ende de los derechos a la defensa y debido proceso.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


Los arts. 115-II y 119-II de la Constitución Política del  Estado (CPE), propugnan como garantías jurisdiccionales el derecho al debido proceso y a la defensa, que según el entendimiento asumido por la Sentencia Constitucional (SC) Nº 2798/2010-R de 10 de diciembre es: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.


V.1.- Los arts. 115-II, 116-I y 117-I de la CPE, garantizan el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, así mismo el art. 180-II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. En ése alcance, el acto administrativo impugnado a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2341 de Procediendo Administrativo, conforme lo establecido en el art. 2-I inc. a) y arts. 2 y 86 del DS Nº 27172 de 15 de septiembre de 2003, por tanto, sujeto a los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativa y normas complementarias del Sistema de Regulación Sectorial - SIRESE.


El art. 86 del DS Nº 27172 de 15 de septiembre de 2003, establece, que los recurrentes legitimados presentarán sus recursos por escrito ante el Superintendente Sectorial que emitió la Resolución impugnada, dentro del plazo y con las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, por ello, el art. 64 de la Ley 2341, señala, que el recurso de revocatoria será interpuesta ante la autoridad administrativa que pronunció la Resolución impugnada, dentro del plazo de 10 días siguientes a su notificación.


Con relación a los términos y plazos, se tiene definido en el Titulo Segundo, Capítulo I de la Ley 2341 LPA, cuyo art. 19 (días y horas hábiles), establece que las actuaciones administrativas se realizarán los días y horas hábiles; es importante aclarar que dicha disposición legal, ha sido instituido para las actuaciones administrativas, mas no para los administrados. A su vez el art. 20-I inc. a) de la LPA, refiere: “Si el plazo se señala por días solo se computarán los días hábiles administrativos, estos plazos y términos conforme al art. 21 del mismo procedimiento administrativo, son obligatorios para las autoridades administrativas, servidores públicos y los interesados, que comienzan a correr a partir del día siguiente hábil a aquél en que tenga lugar la notificación y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento.


De lo anterior se infiere respecto al cómputo de los plazos, que toda actuación administrativa que se deba realizar se efectuarán en horas y días hábiles administrativos y toda reglamentación horaria adicional se tiene vigente para la Superintendencia o entidad pública, según corresponda la instancia donde se desarrolla el trámite o recurso administrativo. Para el cómputo de plazos determinados en días, solamente se computarán los días hábiles administrativos, en cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil, por ello, el art. 21-I de la Ley 2341, establece que los términos y plazos, por ende los recursos de revocatoria y jerárquico, se entienden como máximos y son de cumplimiento obligatorio; y conforme al parágrafo II del mismo artículo, “los términos y plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento”, de modo que el día es hábil íntegramente sin consideración de las horas para la interposición de un recurso y concluye al final de la última hora de su vencimiento.


En la especie, la empresa demandante, con la Resolución Administrativa ANH Nº 2194/2012 de 24 de agosto, fue notificada el día martes 28 de agosto de 2012, a horas 16:59, conforme al sello de recepción de la citada empresa (fs. 54 Anexo). Mediante Nota JV-RGC-195/2012 de 5 de septiembre de 2012 (miércoles), el representante legal de la referida empresa, solicita aclaración y enmienda de la Resolución Administrativa ANH Nº 2194, es decir a los 6 días hábiles de la notificación.


La Ley 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo, reglamenta el ejercicio del derecho constitucional de las personas a formular peticiones a las autoridades públicas, particularmente en el ámbito del Poder Ejecutivo y de los Sistemas de Regulación SIRESE, SIREFI y SIRENARE, en cuyo art. 11 (ACLARATORIA Y COMPLEMENTACIÓN) del DS Nº 27172 establece: I. “Los administrados que intervengan en el procedimiento podrán solicitar, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o publicación, la aclaratoria de resoluciones que presenten contradicciones y/o ambigüedades”. II. “Los Superintendentes resolverán la procedencia de la solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación, sin recurso ulterior. La aclaración no alterará sustancialmente la resolución objeto de la misma”. III. “La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de los recursos administrativos y de la acción contencioso administrativa”.


La Agencia Nacional de Hidrocarburos, al tomar conocimiento de la solicitud de aclaración y complementación, emitió acertadamente el Auto de 12 de septiembre de 2012, que DESESTIMÓ la solicitud de aclaración y complementación, por la presentación extemporánea de la misma, por cuanto tampoco interrumpió el plazo para la interposición del recurso administrativo de revocatoria. En ese contexto, a fs. 62 del Anexo, se desprende inequívocamente que el Recurso de Revocatoria impugnando la Resolución Administrativa ANH Nº 2194/212 de 24 de agosto, fue presentado el 17 de septiembre de 2012, es decir a los 14 días hábiles de notificada con la Resolución Administrativa ANH Nº 2194/2012, consiguientemente fuera del plazo señalado por el art. 64 de la Ley 2341, que refiere: “El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación”, por ello en la Resolución impugnada no se advierte vulneración o lesión de los derechos subjetivos y principios fundamentales que se acusa.


V.2 En relación al segundo punto objeto de controversia: “Si la Nota Cite JV-RGC-195/2012 de 5 de septiembre, por el que la empresa actora solicitó aclaración, fue presentado dentro del plazo fijado por Ley, y si el mismo cumple los presupuestos de un recurso de revocatoria”, de los datos procesales se tiene los siguientes extremos:


En criterio y razonamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Nota Cite JR-RGC-195/2012 constituye una solicitud de aclaración y complementación propia de la tramitación previa a la interposición de los recursos administrativos, por cuanto dicha Nota señala: “Solicita Aclaración y Enmienda de la Resolución Administrativa ANH Nº 2194/2012 de 24 de agosto (Presupuesto Ejecutado 2008-Planta de Compresión Rio Grande)”, razonamiento que en criterio de éste Tribunal, es correcto, por cuanto el art. 11 del DS Nº 27172 de 15 de septiembre de 2003, Reglamento de la Ley 2341, es claro cuando señala: “ARTÍCULO 11.- (ACLARATORIA Y COMPLEMENTACIÓN). I. Los administrados que intervengan en el procedimiento podrán solicitar, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o publicación, la aclaratoria de resoluciones que presenten contradicciones y/o ambigüedades. III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de los recursos administrativos y de la acción contencioso administrativa”.


Por ello, la autoridad reguladora no tenía ninguna obligación ni responsabilidad del cumplimiento del art. 87 del citado Reglamento, relativo a la subsanación de defectos, al no tratarse ni asimilarse la citada nota Cite JV-RGC-195/2012 a ningún recurso de revocatoria, máxime si el mismo fue presentado recién el 17 de septiembre de 2012, en franco reconocimiento y aceptación de que la nota citada ut supra, no constituía ningún recurso, por ello tampoco era necesario cumplir con los presupuestos exigidos por el art. 86 del DS Nº 27172.


A todo ello se debe añadir, que la Nota Cite JV-RGC-195/2012, fue también presentada de manera extemporánea, es decir fuera de los cinco (5) días exigidos por el art. 11-II del DS. Nº 27172, de haberse presentado en el plazo fijado por Ley, hubiera interrumpido el plazo para la interposición del recurso de revocatoria, negligencia que no puede ser suplido ni favorecer la dejadez del administrado por el principio de informalismo alegado por el recurrente, conforme a las Sentencias Constitucionales Nos. 1102/2004-R de 16n de julio de 2004, y 1086/2012, de 5 de septiembre de 2012. Por lo que la Nota de solicitud de aclaración y complementación además de haber sido presentado fuera del plazo fijado por Ley, no constituye recurso de revocatoria ni puede ser asimilada como tal, por incumplir los requisitos exigidos por el art. 86 del DS Nº 27172 y que además su solicitud fue extemporánea, por consiguiente la autoridad administrativa al confirmar la Resolución de Revocatoria, ajustó sus actos a la normativa legal vigente, no encontrando éste Tribunal vulneración de ningún derecho subjetivo del administrado en la resolución impugnada.


V.3 Respeto al tercer punto objeto de controversia; si como emergencia de las problemáticas planteadas, el proceso administrativo se encuentra viciado de nulidad por la vulneración de los principios de informalismo, verdad material  indubio pro actione por ende de los derechos a la defensa y debido proceso, se tiene.


La empresa actora acusó la nulidad del procedimiento administrativo, dado que la Nota Cite JV-RGC-195/2012, al haber cumplido con los requisitos y formalidades exigidas por ley para haber sido calificado con un recurso administrativo impugnatorio, aspecto que no habría sido considerado por la Autoridad Administrativa, en inobservancia de los principios de informalismo, vedad material e indubio pro actione, causando indefensión al administrado, vulnerando por ende el derecho a la defensa y al debido proceso, sin identificar ni demostrar en qué medida hubiera provocado indefensión al administrado o que acto procesal se hubiera realizado en violación de prescripciones legales sancionadas con nulidad, cuando la nulidad debe ser expresa, especifica y determinante, por cuanto ningún trámite o acto judicial debe ser declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la Ley, por ello no debe interpretarse desde el punto de vista subjetivo, refiriéndose al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo.


De antecedentes se desprende lo siguiente hechos fácticos de relevancia jurídica:


  1. La Resolución Administrativa Nº 2194/2012 fue notificada a YPFB Andina S.A. el 28 de agosto de 2012.


  1. El miércoles 5 de septiembre, mediante Nota cite JV-RGC-195/2012, solicita aclaración y complementación, cuya presentación se encuentra fuera del plazo señalado por el art. 11 del DS Nº 27172.


  1. YPFB Andina, interpuso recurso de revocatoria el 17 de septiembre de 2012, fuera del plazo fijado por el art. 64 de la Ley 2341.


En merito a dichos antecedentes, e ingresando al desarrollo del objeto de controversia, corresponde señalar que el instituto de las nulidades procesales en el nuevo régimen legal vigente, el art. 17 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial (LOJ), circunscribe su procedencia únicamente ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos por la parte que se crea presuntamente perjudicada o por quien alegara vulneración de sus derechos fundamentales, íntimamente ligados al ejercicio del derecho a la defensa. ­Desde la interpretación de la CPE, la aplicación del nuevo sistema de nulidades procesales, se establece que, se debe tomar en cuenta que la oficiosidad de la nulidad es última ratio y constreñida a los casos determinados por ley oportunamente reclamadas en la tramitación de los procesos.


Asimismo, nuestra normativa aplicable al caso concreto, arts. 35.II y el art. 36.IV de la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley 2341 de 23 de abril del 2002), señala que las nulidades y anulabilidades de los actos administrativos, solo podrán ser invocados mediante la interposición de los recursos administrativos previstos por Ley. La excepción a esta regla de invocación de las nulidades y anulabilidades, se encuentra en el art. 55 del DS Nº 27113 (Reglamento de la Ley 2341), que establece que se revocará el acto anulable cuando el vicio ocasione la indefensión o lesione el interés público. Entendiendo por indefensión, el no tener conocimiento del proceso en cuestión como señala la Sentencia Constitucional Nº 1357/2003-R de 18 de septiembre del 2003 al indicar: "(...) queda establecido de manera inobjetable que la indefensión en proceso, sólo puede ser denunciada y dada por cierta cuando se establece que la parte procesada no ha tenido conocimiento alguno del proceso seguido en su contra, de modo que no podrá alegarse aquélla cuando tuvo conocimiento material de la existencia del proceso e incluso intervino en él presentando memoriales y formulando peticiones inherentes a su defensa"; y se entiende por orden público las libertades, derechos y garantías fundamentales y que estos tienen un límite en la Ley (principio de reserva legal), así se deduce de las Sentencias Constitucionales Nº 779/2005-R de 8 de julio y 0083/2005 de 25 de octubre, que no ha sido modulado en sentido contrario.


Quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; siempre que el interesado no hubiera consentido expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no la impugna por los medios idóneos; incidentes, recursos, etc., dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 'Nulidades Procesales').


Además el que demande por vicios procesales y el mismo sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta que el acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen, perjuicio personal y directo, además debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión, en el que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable, y dicho vicio procesal debió ser argüido oportunamente en la etapa procesal correspondiente. La inconcurrencia de estas condiciones que deben ser explicadas por el impetrante en forma clara, concreta y precisa, da lugar al rechazo del pedido de nulidad. Debe demostrarse además que los medios de defensa de los que ha sido privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, en razón a que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico, pues no basta la invocación genérica de la lesión al derecho a la defensa o debido proceso, habida cuenta que las normas procesales sirven de base para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar o entorpecer la resolución, extremos que en el sub lite el demandante no enervó objetivamente, por el contrario, permitió voluntariamente expirar el plazo para la presentación de la Nota de aclaración y complementación, así como en la presentación extemporánea del recurso de revocatoria, dejadez o negligencia no puede suplir o subsanar el principio de informalismo y favorabilidad, para luego acusar violación de los principios de verdad material e indubio pro actione, cuando en realidad la autoridad administrativa estaba impedida de la consideración de los puntos de controversia de fondo, debido a que el administrado no presentó oportunamente sus recursos.


En tal sentido, éste Tribunal de Justicia constituido en control de legalidad, llega al convencimiento de que no existe ningún acto administrativo anulable que hubiera ocasionado indefensión del demandante o lesione el interés público, por consiguiente la Resolución Ministerial R.J. Nº 087/2013 de 29 de julio, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal vigente, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa, tanto en el Auto de 12 de septiembre de 2012 y la Resolución Administrativa ANH Nº 3152/2012 de 19 de noviembre impugnadas, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En relación al derecho de petición de información, al amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado, y art. 16 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, el administrado tiene el canal expedito a formular peticiones de manera verbal o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta, aspecto que no debe ser entendida en sentido contrario o como negación de ese derecho, por el fundamento y razonamiento establecido en la presente Resolución, siendo más bien un derecho constitucional reconocido a favor de toda persona.


En relación a la supuesta vulneración de los actos propios, señalar la admisión o radicatoria de un recurso no implica necesariamente una aceptación de consideración de argumentos de fondo, en la medida en que éstas Resoluciones emitidas por la Administración Pública sean en la manera señalada en el parágrafo II del art. 89 del DS Nº 27172 del RLPA SIRESE, que establece la desestimación como una de las formas de resolución de un recurso por cuestiones de forma, cuando el recurso fuera interpuesto fuera de término.


Finalmente respecto al punto “Aspectos Económicos Financieros”, no corresponde pronunciamiento de éste Tribunal, dado que el objeto de los recursos administrativos de instancia se circunscribe únicamente a establecer la legalidad o ilegalidad de la actos administrativos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que desestimó tanto la Nota Cite JV-RGC-195 /2012, como el recurso de revocatoria interpuesto por YPFB Andina fuera de plazo, es decir la nota el 5 de septiembre de 2012 y el recurso el 17 del mismo mes y año, por tanto al margen del plazo señalado en los arts. 11 del DS Nº 27172 y 64 de la Ley 2341. Los demás aspectos de fondo no merecen pronunciamiento por cuanto el ente regulador ni la autoridad jerárquica ingresaron a efectuar su análisis, por ello no constituye objeto de controversia en la presente Litis. Por tales consideraciones, no corresponde a la instancia jurisdiccional ingresar al análisis de este argumento de fondo, ocasionado por la extemporánea presentación de su nota de solicitud de aclaración y complementación, y recurso administrativo de revocatoria respectivamente.


V.4. Conclusión.


En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de las pretensiones deducidas en la demanda, éste Tribunal concluye que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (ahora Ministerio de Hidrocarburos) al pronunciar la Resolución impugnada, no ha incurrido en ninguna conculcación de normas legales, al contrario realizó correcta valoración e interpretación en su fundamentación jurídica que se ajusta a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda por la entidad demandante no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos expuestos en la Resolución administrativa impugnada.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fs. 163 a 182 vta. y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución Ministerial R.J. Nº 087/2013 de 29 de julio.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena