SALA PLENA


SENTENCIA:                            21/2017.

FECHA:                                Sucre, 15 de febrero de 2017.

EXPEDIENTE:                        795/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:        Pastor S. Mamani Villca.


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 20 a 23 de obrados, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1149/2013 de 23 de julio, pronunciada por la AGIT; la providencia de admisión de fs. 25, la contestación de fs. 29 a 31 vta.; los memoriales de réplica y dúplica de fs. 54 a 55 y 59 y vta., los antecedentes procesales y los de emisión de la Resolución impugnada; y,


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la Demanda.


En mérito a la Resolución Administrativa de Presidencia del SIN Nº 03-0498-13 de 27 de septiembre, Marco Antonio Juan Aguirre Heredia en representación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa contra la AGIT, e impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1149/2013 de 23 de julio, en virtud de los siguientes argumentos:


I.2. Fundamentos de la demanda.


Que, la AGIT al confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0563/2013 y por consiguiente revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-1157-2012, lesionó los derechos de la Administración Tributaria (AT) al considerar erradamente los datos del proceso y violó flagrantemente la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa tributaria aplicable, ello en consideración a los siguientes argumentos de hecho y derecho:


I.2.1. La AGIT no analizó  correctamente la improcedencia del instituto de la prescripción del Impuesto sobre las Utilidades  de las Empresas (IUE)- Beneficios del Exterior (BE).


Refiere, que la AGIT no analizó correctamente la Declaración Jurada (Form. 500) IUE por la gestión 2008, puesto que para que el contribuyente pueda introducir al concepto de “Gastos Deducibles del Impuesto sobre el IUE” respecto del pago de fletes marítimos por exportación, éstos pagos deben estar respaldados por la retención del IUE-BE (Form. 530), lo cual no ocurrió, corroborando este extremo mediante la información del Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria (SIRAT).


Indica, que si bien es cierto que las rentas de fuente boliviana que se paguen, acrediten o remitan a beneficiarios del exterior, deben retener y pagar hasta el mes siguiente, en el presente caso hasta cada 15 del mes siguiente a aquel en que se produjeron los hechos (art. 43 del DS Nº 24051), empero tanto la presentación del Form. 530 IUE-BE como el pago no fue realizado en el plazo que señala la norma, y el contribuyente de manera directa lo plasmó como “Gastos de Exportación” dentro de los egresos a efectos del IUE, de lo que se entiende, que se debe tener como único referente el importe pagado por concepto de “flete marítimo” se encuentra dentro del gasto en el Form. 500-IUE, infringiendo el art. 40 del Decreto Supremo (DS) Nº 24051, que indica: “La declaración jurada deberá ser presentada aun cuando la totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio gravable se encuentra exenta del pago del impuesto o cuando arroje pérdida”.


Tomando en cuenta dicho aspecto, el Form. 500-IUE (el cual comprende desde el periodo fiscal abril/2007 a marzo/2008) fue cancelado en la gestión 2008 conforme el art. 39 del DS Nº 24051, por consiguiente es pertinente tomar en cuenta el art. 60 de la Ley Nº 2492 Código Tributario boliviano (CTb) modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley Nº 317, que textualmente indica: “Se modifica los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:


Artículo 60. (CÓMPUTO).

I.- Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo…”


Bajo este extremo, habiéndose producido el pago del Form. 500 IUE en la gestión 2008, el inicio del cómputo de la prescripción inicia desde el primer día del año siguiente  a aquel en que se produjo el vencimiento del pago 1 de enero de 2009 hasta 4 años, acaecido el 31 de diciembre de 2012, constatándose que la Resolución Determinativa Nº 17-1157-2012, fue emitida el 26 de diciembre de 2012 antes del vencimiento del instituto de la prescripción.


Con la modificación introducida por la Ley Nº 317, el término de la prescripción se amplió a 5 años, lo que significa que en este caso la prescripción debió ocurrir el 31 de diciembre de 2013, situación que no se dio por haberse interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 17-1157-2012. Por lo tanto, solicitan se pronuncie expresamente sobre la aplicación de las Leyes Nos. 291 y 317 y el término de prescripción.


Sin perjuicio de lo expuesto, denuncia que la AGIT no hizo un correcto análisis al art. 324 de la CPE en cuanto se refiere a las deudas al Estado que son imprescriptibles, precepto constitucional que se halla reforzado por la Ley Nº 154 de 14 de julio de 2011, el cual tiene por objeto el clasificar y definir los impuestos de dominio nacional, señalando en su art. 3-II que; “los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible”.


Por su parte el art. 152 de la Ley 2492 CTb hace mención a la responsabilidad solidaria por daño económico, asimismo la Sentencia Nº 211/2011 estableció la imprescriptibilidad de las deudas tributarias.


Por lo que no se puede determinar la imprescriptibilidad del IUE-BE respecto  de los periodos fiscales; mayo, octubre y noviembre de 2007 toda vez que no se cuenta con el Form. 530 ni el pago realizado detallando el monto correcto, teniendo como único concepto “Gastos de Exportación” dentro de los egresos a efectos del IUE y en caso de no considerar este aspecto, vulneraria lo dispuesto por la Constitución Política del Estado concordante con la Ley Nº 154, pues con la recaudación de impuestos se tiene como finalidad el fortalecimiento y mejoramiento del sector educación, salud, vivienda, seguridad, etc, por lo que tiende al bien común de todo el Estado y el hecho de no pagar impuestos genera un enorme daño a la economía del Estado y correlativamente a la de sus habitantes.


I.3. Petitorio de la demanda.


Concluye solicitando se revoque parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 1149/2013 de 23 de julio, manteniendo firme y subsistente el importe dejado sin efecto por el monto de 44.468 UFV por tributo omitido, más intereses y sanción por omisión de pago del IUE-BE por los periodos fiscales mayo, octubre y noviembre de 2007 plasmado en la Resolución Determinativa N° 17-1157-2012 de 26 de diciembre.


II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


II.1. Antecedentes de hecho y fundamentos de la contestación.


Por su parte, Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, luego del traslado corrido, contesta la demanda en forma negativa, en virtud de los siguientes fundamentos:


Que, la Resolución Determinativa fue notificada al contribuyente el 28 de diciembre de 2012; asimismo, con relación al periodo fiscal de mayo de 2007, el vencimiento del pago IUE-BE acaeció el 15 de junio de 2007, respecto al periodo fiscal octubre de 2007, el vencimiento del pago IUE-BE acaeció el 15 de noviembre de 2007; sobre el periodo fiscal de noviembre de 2007, el vencimiento del pago IUE-BE acaeció el 15 de diciembre de 2007, iniciándose el cómputo de la prescripción de cuatro años, el 1 de enero de 2008, para los tres casos, finalizando el mismo 31 de diciembre de 2011.


Indica, que de la revisión de la Resolución Determinativa, la AGIT estableció que la propia Administración Tributaria, procedió a liquidar el IUE-BE de forma mensual, en tanto que en su recurso jerárquico, expone su análisis cual si la liquidación correspondiera efectuarse de forma anual, pretendiendo equivocadamente establecer que el vencimiento a éste impuesto ocurrió en la gestión 2008, con el consecuente inicio del cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de 2009; siendo que inobjetablemente el citado impuesto IUE-BE es de carácter mensual, conforme se establece en el art. 34 del DS Nº 24051, en razón de lo cual no correspondió considerar dicho argumento.


Con relación al art. 324  de la CPE, pone de manifiesto que la interpretación de este  artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa.


Sin perjuicio de lo señalado, indica que si bien el art. 324 de la CPE dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, el mismo está incorporado en la parte que regula la política fiscal, por lo que debe considerarse que este daño económico puede estar relacionado con otro tipo de acciones ilícitas, inclusive vinculado al art. 112 de la CPE,  por lo que es claro que el mismo está referido a deudas como ingresos extraordinarios que podría percibir el Estado.


Sobre la Ley 291, de Modificaciones al Presupuesto  General del Estado 2012, misma que en la Disposición Transitoria Quinta, modifica el art. 59 de la Ley 2492 CTb, remarca que en cuanto al cómputo de la prescripción establece nuevos términos de prescripción para las acciones de la Administración Tributaria, tomando en cuenta la gestión en la cual se ha producido el hecho generador. También determina que dichos términos de prescripción se ampliarán en tres años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco años. Asimismo, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, incluye en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima Segunda, provisiones sobre las Reglas de la Prescripción.


En cuanto a las modificaciones incluidas en la Ley Nº 291, la disposición adicional quinta modifica el art. 59 de la Ley 2492 CTb, señalando en su parágrafo IV; “la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible”. De lo que infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley 2492 CTb, se encuentra plenamente vigente,  con las respectivas modificaciones realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, destaca que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal cual lo establece el parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492 CTb, ratificándose en consecuencia en todos los fundamentos de la Resolución Jerárquica impugnada.


II.2. Petitorio de la contestación.


Concluye solicitando se declare improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


El 24 de agosto de 2012, la AT notificó mediante cédula a Pierre Groleau, representante de AMAZONIC MAD SRL, con la Orden de Verificación Nº 0012OVE1795 y el Requerimiento Nº 97260, Formulario 4003, con alcance a la verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados con los gastos de exportación que incluye en el IUE-BE, correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2007, y enero, febrero y marzo 2008; requiriendo la presentación de documentos.


Presentada la documentación el 10 de septiembre de 2012 por el contribuyente, la AT emitió el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/2599/2012, relativo a la verificación externa Nº 00120VE01795, en cuya conclusión refiere que como resultado del análisis y verificación efectuada al contribuyente Amazonic MAD SRL, se estableció el reparo a favor del Fisco por 248.331 UFV, por concepto de tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago, recomendando se emita Vista de Cargo.


El 1 de noviembre de 2012, la AT notifica mediante cédula al sujeto pasivo con la Vista de Cargo Nº 32-0308-2012 de 30 de octubre de 2012, estableciendo que el contribuyente AMAZONIC MAD SRL, no efectuó la retención y pago del IUE-BE por concepto de fletes marítimos, incumpliendo lo establecido en el art. 51 de la Ley 843 y el art. 34 del DS Nº 24051, configurando su conducta como Omisión de Pago, de conformidad a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 CTb, sancionada con el 100% del tributo omitido de conformidad al art. 42 del DS Nº 27310 Reglamento al CTb (RCTb) otorgando al contribuyente treinta días para presentar los descargos una vez notificada la Vista de Cargo.


El 3 y 4 de diciembre de 2012, AMAZONIC MAD SRL, presentó y complementó descargos a la Vista de Cargo, consistentes en: fotocopias simples de comprobantes de pago a la empresa logística ATM; contrato de prestación de servicios; solicitud de certificados de pagos, respuesta logística ATM; asimismo argumentó que el IUE-BE es un impuesto de tipo mensual, debiendo pronunciarse sobre la prescripción, respecto de los periodos mayo 2007, octubre 2007 y noviembre 2007.


El 17 de diciembre de 2012, la AT emitió el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/3279/2012, concluyendo que AMAZONIC MAD SRL, no canceló el importe reparado y no presentó documentación de descargo que desvirtúe las observaciones efectuadas, ratificando las observaciones efectuadas en la Vista de Cargo.


El 28 de diciembre de 2012, la AT notificó mediante cédula al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa Nº 17-1157-2012 de 26 de diciembre de 2012, que declaró la inexistencia del tributo omitido IUE-BE de los periodos fiscales abril, junio, agosto, septiembre, diciembre de 2007 y marzo 2008; y determinó de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente AMAZONIC MAD SRL por los periodos fiscales mayo, octubre, noviembre de 2007, enero y febrero de 2008; y calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, intimándole al pago por el concepto de la deuda tributaria.


Ante dicha resolución, el contribuyente interpuso recurso de alzada, que fue resuelto por la ARIT-La Paz mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0563/2013 de 6 de mayo, misma que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-1157-2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, consecuentemente dejando sin efecto el importe de 44.468 UFV  por tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago por el IUE-BE, relativo a los periodos fiscales de mayo, octubre y noviembre de la gestión 2007; y mantuvo firme y subsistente el tributo omitido de 49.772 UFV más intereses y sanción por omisión de pago por el IUE-BE, respecto a los periodos fiscales de enero y febrero de la gestión 2008, así como lo dispuesto en la parte resolutiva primera del acto impugnado.


Ante éste hecho; la Gerencia Graco La Paz del SIN interpuso Recurso Jerárquico, que fue resuelto con Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1149/2013 de 23 de julio, pronunciada por la  AGIT, que confirmó la Resolución ARIT-LPZ/RA 0563/2013 de 6 de mayo. Resolución que dio origen a la presente demanda contencioso administrativa.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Que, así vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, así como de la AT.


Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la controversia se refiere a determinar:


  1. Si la AGIT no analizó correctamente la improcedencia del instituto de la prescripción del IUE-BE, estableciéndose que el cómputo de la prescripción inició desde el año siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del pago, en autos el 1 de enero de 2009, hasta cuatro años, acaeciendo el 31 de diciembre de 2012, constatándose que la Resolución Determinativa fue emitida antes del vencimiento del instituto de la prescripción.
  2. Si la AGIT no efectuó un correcto análisis del art. 324 de la CPE y art. 3 de la Ley Nº 154.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


a. Ahora bien, ingresando al control de legalidad sobre los extremos denunciados, cabe hacer en principio énfasis en el instituto de la prescripción en materia tributaria, a partir de un análisis de la Constitución Política del Estado y la correcta interpretación que se le ha dado al art. 324.


Conforme a ello, en la doctrina tributaria, José María Martín ha señalado que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondientes acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (Martín, José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189). Asimismo el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que: “la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce” (Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24ª Edición. Argentina. Editorial Heliasta, p. 376).


El instituto de la prescripción estaba contemplado en nuestro ordenamiento jurídico abrogado (Ley Nº 1340 Código Tributario) en la Sección Quinta del Capítulo V, referido a la Extinción - de las obligaciones tributarias-, actualmente está contemplado en la Ley 2492 CTb (actual), precisamente en la Subsección V, de la Sección VII, dedicada a las formas de extinción de la obligación tributaria, es una categoría jurídica por la que, se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, es necesario para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, puesto que: “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho” (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011).


Para impedir el autoritarismo y abuso del Estado en ejercicio de su poder de imperium, por la hegemonía política, el constituyente ha dotado de una cláusula abierta para perfeccionar un sistema de protección del estante y habitante del territorio nacional, así el art. 3.II de la CPE amplía el catálogo de derechos a los previstos en instrumentos internacionales, que además de ser fuente de derecho, conforman el bloque de constitucionalidad (art. 410.II CPE). En esa medida, el art. 8.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, (Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993), al otorgar las garantías judiciales exigibles por cualquier persona, especifica que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…” Sustrayendo de la norma que antecede la garantía del plazo razonable, excluye cualquier posibilidad de incertidumbre en la determinación de un derecho u obligación de orden civil, laboral, fiscal o de otra índole; enunciado, del que a contrario sensu, se extrae el derecho a la prescripción de toda obligación para el caso del tipo fiscal; lo que nos permite concluir que la normativa supra nacional que forma parte de nuestra legislación establece como derecho humano la prescripción.


La Constitución Política del Estado, en sus arts. 9.2 y 178, concibe el principio de seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades públicas. Las Sentencias Constitucionales (SS CC) 753/2003-R, de 4 de junio y 1278/2006-R, de 14 de diciembre, establecen que, dentro el marco normativo la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323.I de la CPE, determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos y que los sujetos pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica.


Que, mediante Auto Supremo Nº 432 de 25 de julio de 2013, el Tribunal Supremo moduló el criterio asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia, reconduciendo los fundamentos concluyó que: “…la prescripción como instituto jurídico de extinción de obligaciones, en materia tributaria, no es de oficio, y tanto la deuda tributaria así como sus accesorios de ley, y la sanción, se extinguen por prescripción, por la negligencia de la Administración Tributaria en determinar el adeudo tributario en el plazo establecido en la norma.”


Asimismo cabe referir que con respecto al art. 324 de la CPE, que establece que: “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, este Tribunal ha efectuado el siguiente entendimiento: “… el daño económico que se debe entender aquel que afecta el patrimonio del Estado, como un daño material, entendemos que está relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales, por cuanto el art. 152 CTb, es claro al señalar que; “si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado...”(Auto Supremo 432 de 25 de julio de 2013).


Por ello, éste alto Tribunal aplicando el “modelo constitucional de justicia e igualdad”, establece que en virtud de todo lo anotado y, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, concluye que el instituto jurídico de la prescripción está aún vigente y debe ser aplicado por la Administración Tributaria como una de las formas de extinción de la obligación tributaria.


b. Ahora, corresponde verificar si la AGIT analizó correctamente la procedencia de la prescripción del IUE-BE, a objeto de determinar si la Resolución Determinativa fue emitida antes o después  del vencimiento de la prescripción de los periodos fiscales mayo, octubre y noviembre de 2007.


Al respecto el art. 59 de la Ley 2492 CTb, establece sobre la Prescripción, que; “I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:


1.        Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2.        Determinar la deuda tributaria.

3.        Imponer sanciones administrativas

4.        Ejercer su facultad de ejecución tributaria


II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda”.


En ese entendido los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 CTb, prevén que el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la notificación de Inicio de Fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses, así como la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales  por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la AT para la ejecución del respectivo fallo.


Por su parte el art. 51 de la Ley Nº 843 establece: “cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total pagado o remesado”.


Asimismo, se tiene que para la liquidación del IUE-BE se debe considerar el art. 34 del DS Nº 24051, que señala: “según lo establecido en el Artículo 51 de la Ley Nº 843, quienes paguen, acrediten o remitan a beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana de las detalladas en los artículos 4 del presente reglamento y 19 y 44 de la Ley 843 deberán retener y pagar hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquél en que se produjeron dichos hechos la alícuota general del impuesto sobre la renta gravada equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total acreditado, pagado o remesado”.


De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 28 de diciembre de 2012, la AT notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa Nº 17-1157-2012 de 26 de diciembre, como efecto del proceso iniciado con la Orden de Verificación 0012OVE01795 de 30 de julio de 2012 para la verificación del IUE de los periodos fiscales mayo, octubre y noviembre de  2007, conforme a ello y el marco normativo citado, con relación al periodo fiscal de mayo de 2007, el vencimiento del pago IUE-BE acaeció el 15 de junio de 2007; respecto al periodo fiscal octubre de 2007, el vencimiento del pago IUE-BE acaeció el 15 de noviembre de 2007; sobre el periodo fiscal de noviembre de 2007, el vencimiento del pago IUE-BE acaeció el 15 de diciembre de 2007, iniciándose el cómputo de la prescripción para los tres periodos el 1 de enero de 2008, finalizando el 31 de diciembre de 2011.


Al respecto es la propia Administración Tributaria quien procedió a liquidar el IUE-BE de forma mensual, en tanto en su demanda expone su análisis cual si la liquidación correspondiera efectuarse de forma anual, pretendiendo equivocadamente, establecer que el vencimiento a éste impuesto ocurrió en la gestión 2008, con el consecuente inicio de la prescripción a partir del 1 de enero de 2008, siendo que el IUE-BE es de carácter mensual conforme se tiene establecido en el art. 34 del DS Nº 24051, en virtud de lo cual no corresponde considerar los fundamentos de la demanda.


V.1. Conclusión.


En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de las pretensiones deducidas en la demanda, se concluye que en la actuación de la AGIT, no se encuentra vulneración a norma alguna que amerite dejar sin efecto la Resolución impugnada mediante la presente acción, correspondiendo desestimar la pretensión deducida por la AT en atención a que la deuda tributaria de 44.468 UFV más intereses y sanción por omisión de pago por el IUE-BE correspondientes a los periodos fiscales mayo, octubre y noviembre de 2007 han prescrito.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y por lo dispuesto por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 20 a 23 de obrados, interpuesta por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1149/2013 de 23 de julio, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.




Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena