SALA PLENA


SENTENCIA:                            7/2017.

FECHA:                                Sucre, 12 de enero de 2017.

EXPEDIENTE:                        582/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Almacenera Bolivia ALBO S.A. contra la Aduana Nacional de Bolivia.

MAGISTRADO RELATOR:        Antonio Guido Campero Segovia.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 250 a 255, en la que Fernando Ríos España en representación legal de ALBO S.A., impugna la Resolución Nº RD 03-022-13 de 3 de mayo de 2013 pronunciada por el Directorio de la Aduana Nacional, la contestación de fojas 68 a 72, réplica de fojas 109 a 112, dúplica de fojas 118 y 119 diligencias de citación al tercero interesado, antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Que la entidad que representa es una empresa privada que, por contrato suscrito con la Aduana Nacional de Bolivia el 29 de noviembre de 2012, tiene la concesión de la Administración de Depósitos Aduaneros en los Recintos Aduaneros de algunas regiones del país, según Reglamento de Concesión aprobada por Resolución de Directorio DR- 01-023-03 de 2003 que en su art. 73 prevé como obligación: “Mantener separadas, clasificadas y claramente identificadas a través del parte de recepción las mercancías incautadas y abandonadas del resto de mercancías almacenadas y realizará un inventario especifico de éstas”. Añadió que el 20 de julio de 2012, la Aduana Nacional emitió un nuevo Reglamento aprobado por RD 01-006-12 publicado el 25 de julio de 2012, donde modifica y agrega artículos, reformando la obligación mencionada precedentemente en su art. 69 que se señala: “Mantener separadas, clasificadas y claramente identificadas a través del parte de recepción las mercancías incautadas y abandonadas, del resto de mercancías almacenadas y realizará un inventario especifico de éstas. Dicha mercancía deberá ser de fácil ubicación mediante una adecuada señalética y/o zonificación de los almacenes, anexos o patios, información que deberá estar incluida en el Parte de Recepción” (las negrillas son del demandante).


Habiendo sido establecido el parte de Recepción por la Aduana Nacional como el único documento formal de identificación de las mercancías recepcionadas por el concesionario, donde se hace constar la mercancía recibida, cantidad, peso, tipo de embalaje, ubicación y observaciones si hubiese.  Cuando la mercancía cae en abandono las Partes de Recepción son reimpresas por el concesionario figurado en modalidad ABAND (Abandono).


Hizo la transcripción de los artículos 152, 155, 156 par. II y III de la Ley 1990 y del art. 72 del Reglamento de Concesión aprobado por RD 01-006-12 publicado el 25 de julio de 2012, obligaciones y normas legales que serían incumplidas por la Administración Aduanera de Viru Viru, pese a sus constantes solicitudes y predisponibilidad al apoyo que sea requerido, demostrando así con base legal que la saturación y los espacios insuficientes en los recintos y particularmente en Viru Viru corresponde a la Administración Aduanera, motivo  por el  cual en aplicación a los principios de razonabilidad, equidad, legalidad y buena fe, no se puede desconocer los esfuerzos extremos para llevar la carga adicional impuesta por la aduana exigiendo condiciones líricas e inviables porque es la propia Administración Aduanera la que impide y perjudica por su incumplimiento.


Seguidamente se refirió a los antecedentes del proceso administrativo, haciendo mención a la Nota de Relacionamiento REMVIR 03/2012, que sobre la base de un Informe Técnico Nº AN-VIRZA-IN 1388/201, los funcionarios aduaneros, en su actividad de inventario, evidenciaron:





Refirió que la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RA-126/2012, carece de motivación y fundamentación, es escueta y que con arbitrariedad se dio curso a una sanción sin sustento legal o normativa suficiente. No tomaron en cuenta la congruencia y taxatividad, tipificación que refiere el art- 83 inc. 29) del Reglamento de Concesión vigente, y el art. 35 incisos b), c), d) y e) de la Ley 234, por lo que se adecua a las causales de nulidad previstas en el artículo precedentemente citado.


Con relación a la Resoluciones AN-ULEZR-RZ-136/2012 y RD 03-022-13, incumplen con la motivación y fundamentación necesaria y coherente cumpliendo lo señalado por las Sentencias Constitucionales SSCC 1369/2001-R y 757/2003, 12/05 de 11. 02.05, 1536/2004 R 23.09.04.


Se refirió también a la imposibilidad sobreviniente, que la doctrina y jurisprudencia han establecido como una causal eximente de responsabilidad, tanto más cuando los hechos o actos que originan situaciones de imposibilidad son propiciadas por la propia Administración. Habiéndose demostrado a lo largo del proceso administrativo con repostes exactos, los volúmenes de mercancía incautada y abandonada que no fue dispuesta por la Administración Aduanera de Viru Viru, conforme la obligación que le asiste que es la principal y única causa para que las aéreas se saturen obligando a inversiones fuera de las comprometidas en el contrato de concesión, no entendiéndose la intención de la Administración Aduanera de que los recintos se expandan para albergar mercancía incautada y abandonada que va creciendo en volumen y afectando la operativa normal del reciento aduanero.


Indica que los actos administrativos como el recurrido son indignantes no solo a nuestra formalidad, sino al derecho y legalidad, siendo inadmisible que la administración generadora de condiciones insostenibles, pretenda basar una sanción en su propio incumplimiento rebuscando justificativos, pidiendo exquisiteces para forzar una sanción, designando a funcionarios técnicos para levantar inventarios, como paso previo a la disposición el cual no presentó observaciones o inexistencias de mercancías, no habiendo concluido con un  reporte oficial del inventario y consecuente disposición de la mercancía, lo que lleva a concluir que sobran las evidencias de la ineficiencia de funcionarios tanto superiores como subalternos que para disimular su ineficiencia recurren a minucias de formalidad y no de fondo, generando actos administrativos carentes de sustento y legalidad buscando sancionar al concesionario que cumple al normativa a cabalidad siendo una afrenta a la legalidad y que sería inadmisible que en justicia y derecho se dé curso a sanciones como la recurrida.  


Manifiesta que normas legales y principios vulnerados amparan el presente proceso, entre ellos el principio de verdad material, buena fe, legalidad, razonabilidad, seguridad jurídica, principios recogidos y reconocidos por la Ley 2341


I.1. Petitorio. 


Solicita que se dicte sentencia se disponga la Nulidad de la Resolución RD 03-022-13 de 03.05.2013 que ratifico la Resolución de Revocatoria AN- ULEZR-RA Nº 136/2012 de 03.12.2012 y la Resolución sancionatoria AN- ULEZR-RA Nº 126/2012 de 12.10.2012, además pidieron condenación de costas a la Aduana Nacional.


II. De la contestación a la demanda.

Que ante esta demanda, la Presidente Ejecutiva de la Aduana Nacional mediante representación legal, se apersona al proceso y contesta la demanda señalando:


Que el demandante con el único afán de justificar lo injustificable por las diferentes omisiones a la normativa aduanera, menciona que la Administración Aduanera no estaría cumpliendo las normas y reglamento, en lo que refiere a su obligación de disponer oportunamente de las mercancías incautadas y abandonadas existentes en cada Administración Aduanera de conformidad a los dispuesto por el art. 152, 155 de la Ley 1990 con relación a los arts. 278 del DS 25870 normativa que fue modificada por la Ley 317.


Que mediante notas de relacionamiento AN-VIRZA-CA 587/2012 de 31/08/2012 y AN-VIRZA-CA 634/2012 de 13/09/2012, se comunicó a la empresa concesionaria  Albo S.A. y, mediante Informe Técnico Nº AN-VIRZA-IN 1388/2012 de 28/08/2012  se informó que a tiempo de realizar el inventario de mercancía en estado de abandono e incautada existentes en los almacenes de la referida empresa, se evidenció que las mismas no están siendo apropiadamente separadas, clasificadas, ni claramente identificadas del resto de las mercancías almacenadas, agravándose esta situación porque tampoco se aplicó la señalética y/o zonificación adecuada y registrada en el parte de recepción, como lo dispone la normativa aduanera, motivo por el cual se otorgó el plazo de 10 días hábiles a la recepción de la referida carta, a efectos de que la empresa cumpla con dichos requerimientos. 


La empresa demandante mediante Nota CITE ALBO-VIR 00464/2012 de 19/09/2012,        mencionó que el inventario de Mercancías en estado de incautadas y abandonadas, se ha desarrollado sin ningún tipo de interrupciones, a través de la identificación inmediata de la carga, por medio de los partes de recepción adheridas a las mercancías que se encuentran en las zonas específicas y según su clasificación, refiriendo que la falta oportuna de declaración de abandono, ha generado un volumen de carga en permanente crecimiento, habiendo realizado movimientos de la carga que fueron comunicados a la Administración sin observación ni objeción alguna, aseveración falaz debido a que los técnico aduaneros de la aduana de aeropuerto Viru-Viru los que emitieron el informe señalaron que el concesionario debe colocar en el parte de recepción la ubicación exacta de la mercancía.


Pese a la observación la ubicación de mercancía abandonada, no correspondía a donde se encontraban realmente ya que en su ubicación señalaba almacén 1, mezanine 1 siendo que realmente se encontraban almacenadas una parte en el Almacén 1 mezanine 3-A jaula, no debiendo estar ubicadas en lugares diferentes, sino tener una única ubicación, siempre que no se trate de mercancía peligrosa o requiera refrigeración.


Con relación a las fotografías presentadas por Albo S.A., fueron tomadas después de haberse identificado la infracción administrativa y que el concesionario habría confirmado que no realizó la respectiva señalización de las aéreas, donde se encuentran almacenadas las mercancías abandonadas e incautadas incurriendo en la flagrante violación a lo dispuesto por el art. 69 inc. k) de la Resolución de Directorio RD 01-006-2012 de 20/07/2012, agravando la situación cuando no se presentó notas ni autorizaciones escritas por parte de la Administración Aduanera, para el traslado de la mercancía, por lo que se sugiere ratificar la resolución administrativa establecida en el art. 83 núm. 299 de la citada Resolución de Directorio concordante con el art. 85 de la misma norma. Con estos fundamentos emitieron la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RA Nº 126/2012 de 12 de octubre sancionándole con una multa de 19.698,63 UFV´s por haber incurrido en infracción prevista en el art. 86 núm. 29) y 33 de la norma de directorio señalada precedentemente, resolución que fue confirmada tanto en alzada como en jerárquico.


Dentro sus fundamentos de derecho refirió que la base legal se encuentra prevista en el art. 83 núm. 29) y 33 aprobado por de la norma de directorio la Resolución de Directorio RD 01-006-2012 de 20/07/201, hizo mención al art. 85 inc. c) de la norma citada, arts.  56, 71 y 73 de la Ley 2341, Sentencia Constitucional 1810/2011-R de 07.11.2011. Asimismo, se refirió a la RD 03-022-13 de 3 de mayo de 2013 respaldada por los argumentos del art 346 inc. 1) del Cod. Pdto. Civil.

II.1. Petitorio. 


Solicita que se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta manteniendo firme y subsistente la RD 03-022-13 de 3 de mayo de 2013.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


La revisión de antecedentes administrativos permite concluir lo siguiente:


  1. El 24 de agosto de por instrucción de Administración de la Aduana Viru Viru se designó a personeros para que realicen una inventariación, que fue cumplida, emitiéndose el Informe Técnico AN-VIRZA-IN 1388/2012 de 28/08/2012, que concluyó señalando que ALBO no está cumpliendo con su obligación establecida en el inc. k) del art. 69 (OTRAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO) de la RD 01-006-2012, por lo que estaría cometiendo infracción administrativa establecida en el núm. 26) del art. 83 (INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS) de la RD01-006-2012, recomendando iniciar proceso de relacionamiento. (fojas 66-69 del Anexo Nº 1)


  1. En atención a la Nota AN-VIRZA-CA 587/2012, Albo S.A. presentó descargos, (fojas 70-86 Anexo Nº 1. Habiendo mediante Informe Técnico AN-VIRZA-IN 1584/2012 de 3/10/2012 concluido ratificar el incumplimiento del concesionario establecido en el núm. 29) del art. 83 (INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS) de la RD 01-006-2012, de acuerdo al inc. c) del art. 85 (MULTAS) que establece una multa equivalente a 19.698,63 UFV por las infracciones administrativas señaladas en los numerales 19) al 33) del art. 83 de la RD 01-006-2012.


  1. Habiendo emitido la Resolución Administrativa AN-ULZER-RA-126/2012 de 12 de octubre que sancionó a Albo S.A. por las infracciones establecidas en el inciso 339 del art. 83 (INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS de la RD 01-006-2012 de 20/07/2012; por incumplimiento de lo establecido en el numeral 26) del art. 83 (IFRACCIONES ADMINISTRATIVAS) de la RD 01-006-2012 de 20/07/2012 y l aplicación del numeral 299 del art. 83 (INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS) de acuerdo al inc. c) del art 85(MULTAS) que establece una multa equivalente a 19.698,63 UFV por las infracciones administrativas señaladas en los numerales 19) al 33) del art. 83 de la RD 01-006-2012.


  1. Resolución que fue recurrida con la interposición de recurso de alzada y posteriormente con el recurso habiendo ambas resoluciones, ratificado la Resolución Administrativa AN-ULZER-RA-126/2012 de 12 de octubre. 


IV. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


La demandante cuestiona la decisión de la Aduana Nacional de imponerle multa por la comisión de las infracciones administrativas señaladas en los numerales 19) al 33) del art. 83 de la RD 01-006-2012, en razón de que se consideró indebidamente que la mercancía en estado de abandono e incautada existente en sus almacenes no fue apropiadamente separada, clasificada, ni claramente identificada del resto de las mercancías almacenadas, agravándose esa situación porque tampoco se aplicó la señalética y/o zonificación adecuada y registrada en el parte de recepción. Con ese antecedente, señala que la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RA-126/2012, carece de motivación y fundamentación, es escueta y, con arbitrariedad, dio curso a una sanción sin sustento legal o normativa suficiente y no tomó en cuenta la congruencia y taxatividad, tipificación que refiere el art- 83 inc. 29) del Reglamento de Concesión vigente, y el art. 35 incisos b), c), d) y e) de la Ley 234, por lo que se adecua a las causales de nulidad previstas en el artículo precedentemente citado. De igual forma, con relación a la Resoluciones AN-ULEZR-RZ-136/2012 y RD 03-022-13, señaló que incumplen con la motivación y fundamentación necesaria y coherente cumpliendo lo señalado por las Sentencias Constitucionales SSCC 1369/2001-R y 757/2003, 12/05 de 11. 02.05, 1536/2004 R 23.09.04.


Se refirió también a la imposibilidad sobreviniente, que la doctrina y jurisprudencia han establecido como una causal eximente de responsabilidad, tanto más cuando los hechos o actos que originan situaciones de imposibilidad son propiciadas por la propia Administración. Habiéndose demostrado a lo largo del proceso administrativo con reportes exactos, los volúmenes de mercancía incautada y abandonada que no fue dispuesta por la Administración Aduanera de Viru Viru, conforme la obligación que le asiste que es la principal y única causa para que las aéreas se saturen obligando a inversiones fuera de las comprometidas en el contrato de concesión, no entendiéndose la intención de la Administración Aduanera de que los recintos se expandan para albergar mercancía incautada y abandonada que va creciendo en volumen y afectando la operativa normal del reciento aduanero.


Establecido lo anterior y con base en la pretensión de nulidad de los actos administrativos impugnados por falta de fundamentación y motivación, corresponde establecer que en la expresión de agravios o planteamiento de las pretensiones deducidas en la demanda, se impone a la actora, la carga argumentativa que le obliga a fundamentar con hechos y datos concretos lo que pretende, puesto que siendo la demanda el marco en el que debe pronunciarse la sentencia, debe establecerse con precisión cuál es el objeto del proceso.


En autos, la demandante ha expresado en forma genérica que la resolución que impugna carece de fundamentación y motivación, empero no ha señalado cuáles son aquellos conceptos que no resultan comprensibles u oscuros por insuficiencia de la explicación que debió dar la autoridad demandada, por tanto, no ha provisto a este Tribunal de los elementos para ejercer el control de legalidad solicitado.


Respecto a la imposibilidad sobreviniente alegada en la demanda, la revisión de las Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA-126/2012 de 12 de octubre (con la que sancionó a la demandante), permite evidenciar que dicho argumento no fue expuesto en el descargo presentado por la ahora demandante, tampoco en la Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA-136/2012 de 3 de diciembre (que denegó la revocatoria solicitada por ALBO) y finalmente, en la Resolución RD 03-022-13 de 3 de mayo de 2013, motivo por el cual, no puede ser considerado en esta instancia jurisdiccional.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley Nº 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA, la demanda interpuesta por Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.), manteniendo firme y subsistente la Resolución RD 03-022-13 de 3 de mayo de 2013, dictada por la Aduana Nacional de Bolivia, entidad a la que deberán devolverse los antecedentes administrativos.


No suscriben las Magistradas Rita Susana Nava Durán, Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.

  


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena