SALA PLENA


SENTENCIA:                            6/2017.

FECHA:                                Sucre, 12 de enero de 2017.

EXPEDIENTE:                        385/2013.

PROCESO        :                        Contencioso.

PARTES:        Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:        Antonio Guido Campero Segovia.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de  fojas 25 a 28, en la que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 310/2013 pronunciada el 11 de marzo por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fojas 55 a 57 diligencias de citación al tercero interesado, antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Mediante Vista de Cargo 005/09 de 30 de junio de 2009, se inició la fase determinativa de Unificación de Procedimiento establecida por el art. 169 del Código Tributario por Contravención Aduanera en Declaraciones Juradas de Importación Nos. 2007/211/C-20749 de 4 de junio de 2007; 2007/211/C-25530 de 2 de julio de 2007; 2008/711/C-33353 de 28 de mayo de 2008; 2007/21/C-54701 de 2 de enero de 2008; 2007/211C-48436 de 21 de noviembre de 2007; 2007/261/C-518 de 26 de julio de 2007; 2007/201/C-15979 de 30 de noviembre de 2007 y 2007/211/C-24214 de 25 de junio de 2007, tramitadas por la empresa Magnutech Import Export, por omisión de pago prevista en el art. 160 núm. 3 y 165 de la ley 2492 y contra el operador Carlos Ramiro Quezada Pegotini.


Carlos Ramiro Quezada Pegotini fue notificado con la Vista de Cargo Nº 005/09 de 30/06/2009 para que presente descargos dentro del plazo establecido en el art. 98 del Código Tributario.


El Informe GRLPZ-UFILR-I-222/2009 de 31 de diciembre de 2009, establece que las pruebas presentadas no desvirtúan los cargos habiéndose emitido la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR Nº 020/12.


Presentado recurso de alzada, fue resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0886/2012 de 29 de octubre de 2012, que resolvió revocar parciamente la Resolución Determinativa dejando sin efecto por prescripción el gravamen arancelario, Impuesto al Valor Agregado, intereses y sanción por Omisión de Pago en lo que respecta a las DUI´s C-20749, C-25530 ambas de 4 de junio de 2007; C24214  de 25 de junio de 2007; C-518 de 26 de julio de 2007, C-48436 de 21 de noviembre de 2007 y C- 15979 de 30 de noviembre de 2007.

Ante dicha resolución la Administración Aduanera presentó recurso jerárquico que fue resuelto por la resolución que se impugna en la presente causa que confirmo la resolución de alzada.


I.2. Fundamentos de la demanda. 


Señala que existió violación del art. 324 de la Constitución Política del Estado, por parte de la autoridad demandada, punto en el que realizó transcripción del argumento de la resolución impugnada y apuntó que el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el nacimiento del hecho generador; asimismo hace la transcripción del art. 3 parágrafo II de la Ley Nº 154.


Manifiesta que esa violación a la ley por parte de la autoridad demandada es entendida como la no aplicación correcta de los preceptos legales que implica la infracción de las leyes sustantivas a cuyos preceptos se da un sentido equivocado como ocurrió con el art. 324  de la CPE, que señala que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, así como también la Ley 154 de 14 de julio de 2011 que en su art. 3, prevé los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles y de igual manera, el Código Tributario en sus arts. 5 que regula la prelación normativa en materia tributaria, 152 que señala que los tributos omitidos y sanciones emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado, así como la Disposición Transitoria Segunda, que prevé que todos los procesos administrativos o procesos jurisdiccionales iniciados a partir de la vigencia plena del CTB, serán sustanciados y resueltos bajo dicha norma.


Indica que de acuerdo a la doctrina tributaria la prescripción extintiva se da por medio de la despreocupación del sujeto para exigir su derecho durante el lapso de un determinado tiempo. Refiere que de acuerdo a la naturaleza jurídica de la prescripción son dos elementos: 1) La ausencia de actuación de las partes y 2) El trascurso del tiempo, es decir dentro del plazo fijado por el artículo 59 del Código tributario, sin embargo este elemento no se configuro ya que de los antecedentes del caso, el año 2011 se notificó al operador con la Orden de Fiscalización, suspendiéndose la prescripción y demostrándose la actuación de la Administración Tributaria realizo la fiscalización conforme a la normativa vigente. Habiéndose iniciado el nuevo cómputo de la prescripción  el 1 de julio de 2012 y en vigencia del plazo se promulgo la Constitución Política de Estado  que en art.- 324 y en consideración al 152 de la Ley 2492 indican que los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado por lo que no opera la prescripción.


Señala que cabe considerar los conceptos de Política Fiscal y que el daño Económico, política fiscal es la rama de política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, constituyéndose en el gasto público que aseguran la estabilidad económica siendo la principal vía para recaudar recursos económicos, entendiendo en sentido que el no pago de impuestos genera un daño económico al Estado, en ese sentido la facultad de la administración para determinar el “Quantum Debeatur”, sin considerar que la inacción viene del obligado tributario, lo contrario significaría beneficio para el contribuyente omiso y un perjuicio hacia el Fisco, generándose incentivos a favor del incumplimiento y la elusión de los deberes formales de declaración.


  I.3. Petitorio.


Por los hechos y derechos expuestos pide se declare probada la demanda y como consecuencia se revoque la resolución impugnada y se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR Nº 020/12.


II. De la contestación a la demanda.


Que ante esta demanda, el Director Ejecutivo de la Autoridad General  de Impugnación Tributaria, se apersona al proceso y contesta la demanda señalando:


Que respecto a la prescripción de la Deuda tributaria corresponde aclarar que el cómputo de la prescripción, fue efectuado de acuerdo al siguiente detalle DUI C-54701 de 2 de enero de 2008; DUI C-701 de 7 de enero de 2008; C-2646 de 18 de enero de 2008; C-4961 de 6 de febrero de 2008; C-11624 de 19 de marzo de 2008; C-33353 de 28 de mayo de 2008 y C-23128 de 3 de junio de 2008, consecuentemente de conformidad con el parágrafo I del art. 60 de la Ley Nº 2492, el cómputo de 4 años comenzó a partir de 1 de enero de 2009 y finalizó el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, el 18 de septiembre de 2008 se notificó a Carlos Quezada Pegotini con la Orden de Fiscalización lo cual conforme al parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 suspendió el curso de la prescripción por seis meses en consecuencia el plazo fenecía el 30 de junio de 2013, en ese contexto, el 2 de julio de 2012, la Administración Aduanera notificó con la Resolución Determinativa, acto administrativo tributario revocado por la instancia jerárquica que declaró prescrita la acción de la Administración Aduanera para la determinación de las obligaciones tributarias del Gravamen Arancelario, IVA, intereses y sanción por Omisión de Pago con relación a las DUI C-20749; C-25530; C-24214; C-518; C-48436 y C-15979, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria respecto a las DUIs C-54701, c-701, c-2646, c-4961, c-33353 y C-23128.


Con relación a la aplicación del art. 324 CPE, señaló que “… se debe considerar que la consideración de dicho artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario; es decir, definida por una ley en la Asamblea Legislativa; asimismo, cabe señalar que la la Ley Nº 291  de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, que en la Disposición Transitoria Quinta, modificó el art. 59 de la Ley 2492 en cuanto al cómputo de la prescripción, estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la Administración Tributaria, tomando en cuenta la gestión en la cual se ha producido el hecho generador. También determina que dichos términos de prescripción se ampliarán a tres (3) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. Asimismo, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, incluye en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décimo Segunda, previsiones sobre las Reglas de Prescripción. De igual manera, entre las modificaciones incluidas en la Ley 291, el Parágrafo IV señala textualmente “la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible”, lo que determina que la imprescriptibilidad en materia tributaria solo rige en la etapa de ejecución tributaria, en el que ya existe una deuda determinada en el término dispuesto por Ley”.


II.1. Petitorio. 


Solicita que se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y se mantenga firme la resolución impugnada.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.



La revisión de antecedentes administrativos permite concluir lo siguiente:


  1. Que el 1 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó a Carlos Ramiro Quezada Pegotini con la Vista de Cargo Nº 005/09 de 30 de junio de 2009, emitida como resultado de la fiscalización aduanera posterior efectuada mediante Orden de Fiscalización 038/2008, atribuyendo al presunto autor la comisión de la contravención aduanera por omisión de pago y estableciendo una deuda tributaria de Bs. 135.600 equivalentes a 93.284 UFV por el GA y el IVA para importaciones, intereses y multas correspondiente a las DUI C-54701; C-701 de 7; C-2646; C-4961; C-11624; C-33353; C-23128; DUI C-20749; C-25530; C-24214; C-518; C-48436 y C-15979, como también la presunta comisión de contravención aduanera por omisión de pago dentro los alcances de los arts. 160 núm. 3 y 165 de la Ley Nº 2492.


  1. Transcurrido el plazo para presentar descargos, se emitió la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR Nº 020/12 que declaró firme la Vista de Cargo 05/09 de 30 de junio de 2009, la cual fue notificada el 2 de julio de 2009.


  1. Habiendo interpuesto recurso de alzada, fue resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada Nº ARIT-LPZ/RA 0886/2012 de 29 de octubre, revocando parcialmente la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR Nº 020/12, de modo que se dispuso dejar sin efecto por prescripción, el Gravamen Arancelario, IVA, intereses y sanción por Omisión de Pago con relación a las DUI C-20749 de 4 junio de 2007, C-25530 de 2 de julio de 2007; C-24214; C-518 de 26 de julio de 2007; C-48436 de 21 de noviembre de 2007 y C-15979 de 30 de noviembre de 2007.


  1. Tanto la Administración Aduanera como la empresa Magnutech Import Export, plantearon recursos jerárquicos, que fueron resueltos con la resolución que se impugna en presente proceso que determinó confirmar la resolución de alzada.


  1. Así se dio origen al presente proceso contencioso administrativo, que fue tramitado como ordinario de puro derecho, en el que fue citada la empresa en su condición de tercero interesado en el proceso, sin que se hubiera apersonado al mismo.


  1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


En autos, la controversia, radica en determinar si es evidente, como afirma la entidad demandante, que al haberse declarado la prescripción de la acción de la Administración Aduanera para el cobro de la deuda tributaria emergente de las DUI C-20749 de 4 junio de 2007, C-25530 de 2 de julio de 2007; C-24214; C-518 de 26 de julio de 2007; C-48436 de 21 de noviembre de 2007 y C-15979 de 30 de noviembre de 2007 y que por ello, existió violación del art. 324 de la Constitución Política del Estado, por parte de la autoridad demandada, así como de la Ley Nº 154 de 14 de julio de 2011 y arts. 5, 152 así como la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492.


IV.1. Sobre la imprescriptibilidad prevista por el art. 324 de la CPE.


Este Tribunal Supremo en Sentencias 281/2012 de 27 de noviembre,  396/2013 de 18 de septiembre, 005/2014 de 27 de marzo y 212/2014 de 15 de septiembre, ha establecido claramente que el precepto del artículo 324 de la Constitución Política del Estado está relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir, con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales.


Asimismo, que en materia de recaudación de tributos, el Código Tributario Boliviano, aplica un régimen de prescripción establecido por el artículo 154 del CTB, el cual fue modificado en cuanto a los plazos, más no en la posibilidad de extinguir la acción de la Administración Tributaria mediante la prescripción.


Por su parte, la Doctrina Tributaria de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, expresó en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0139/2011 La Paz, 28 de febrero de 2011: “… En virtud de lo anotado, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, es que esta instancia adopta como línea doctrinal en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0146/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y AGIT-RJ 0448/2010 -entre otras-ha establecido que el art. 324 de la CPE, que dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, es previsto en relación a las deudas públicas a las que hace referencia el art. 322 de la misma CPE, que se encuentran reglamentadas en la Resolución Suprema Nº 218041 referente el Sistema de Crédito Publico…”.



IV.2. Sobre la invocada aplicabilidad del art. 3 de la Ley 154 de 14 de julio de 2011. 


El art. 1 de la Ley 154 de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, en cuanto al objeto de la norma, señala que tiene por objeto clasificar y definir los impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal, en aplicación del Artículo 323, parágrafo III de la Constitución Política del Estado y en su art. 3, al regular el ejercicio de la potestad tributaria señala en el parágrafo I que el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley.


El parágrafo II de la norma legal en análisis señala que los impuestos son de cumplimiento obligatorio y que son imprescriptibles.


Con la transcripción de la normativa invocada se concluye la Ley 154, de manera general clasifica y define los impuestos que pertenecen a cada dominio regulado por la política fiscal señalada por el art. 323 de la CPE, establece también, que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles (es decir, que subsisten mientras no sean expresamente derogados por otra ley) más no regula las facultades de la Administración Tributaria, que son señaladas por su norma orgánica y por el Código Tributario Boliviano.


Establecido lo anterior, y teniendo en cuenta que el hecho generador en el caso de las DUI C-20749 de 4 junio de 2007, C-25530 de 2 de julio de 2007; C-24214; C-518 de 26 de julio de 2007; C-48436 de 21 de noviembre de 2007 y C-15979 de 30 de noviembre de 2007, nació el año 2007, corresponde aplicar las normas de prescripción vigentes en el momento del nacimiento del hecho imponible; es decir, los arts. 59 al 62 del CTB (Ley 2492) sin las modificaciones dispuestas el año 2012 por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, pues se entiende que la normativa actualmente vigente es aplicable a los hechos imponibles que nazcan a partir del año 2012 y no anteriormente.


En ese marco, se aclara que la invocada infracción de los arts. 5, 152 de la Ley 2492, carece de sustento legal porque primero, la Constitución Política del Estado no regula la imprescriptibilidad de la acción de la Administración Aduanera para cobrar adeudos tributarios y segundo, las normas tributarias (Código Tributario Boliviano) establecen y reconocen la prescripción de las mismas.


Respecto a la Disposición Transitoria Segunda, que prevé que todos los procesos administrativos o procesos jurisdiccionales iniciados a partir de la vigencia plena del CTB, serán sustanciados y resueltos bajo dicha norma, tenga presente la entidad demandante, que es con sus normas con las que se tramitó el proceso sancionatorio en todas sus instancias administrativas.




IV.3. Respecto a la prescripción y su cómputo.


La normativa tributaria contenida en el CTB, respecto a la prescripción señala lo siguiente:


ARTÍCULO 59°.- (PRESCRIPCIÓN).


  1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:
    1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
    2. Determinar la deuda tributaria.
    3. Imponer sanciones administrativas.
  2. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde.
  3. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años.
  4. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.


ARTÍCULO 60°.- (CÓMPUTO).


  1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.
  2. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.
  3. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.


ARTICULO 61° (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:


    1. La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.
    2. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.


Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.


ARTICULO 62° (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:

  1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses.
  2. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.


Establecido lo anterior, siendo que el hecho generador de las DUI C-20749; C-25530; C-24214; C-518; C-48436 y C-15979 se realizó en la gestión 2007, el término de la prescripción comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2006 y debió culminar el 31 de diciembre de 2011; sin embargo, la Administración Tributaria, el 18 de septiembre de 2008, notificó al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización OF 038/2008 de 8 de septiembre de 2008 como evidencia en la relación de antecedentes de la Vista de Cargo 005/09 de 30 de junio de 2009 cursante de fojas 106 a 123 del Anexo Nº 1, lo que de conformidad al parágrafo I del art. 62 de la Ley Nº 2492 suspendió el curso de la prescripción por el lapso de seis meses ampliándose el mismo hasta el 30 de junio de 2012. Ahora bien la notificación con la Resolución Determinativa AN-GRLGE-ULELR Nº 020/12 de 11 de mayo de 2012 fue realizada el 2 de julio de 2012, cuando la facultad de la Autoridad Aduanera se encontraba prescrita.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declara IMPROBADA, la demandada interpuesta por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, manteniendo firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 0310/2013 de 11 de marzo, dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria


No suscribe el Magistrado Fidel Marcos Tordoya Rivas por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.

  

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena