SALA PLENA


SENTENCIA:                            3/2017

FECHA:                                Sucre, 12 de enero de 2017.

EXPEDIENTE:                        856/2014.

PROCESO        :                        Contencioso.

PARTES:        Empresa Constructora RÍO GRANDE S.R.L. contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

MAGISTRADA RELATORA:        Jorge Isaac von Borries Méndez.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa de fs. 95 a 105, interpuesta por  la Empresa Constructora Río Grande Contratistas Generales S.R.L., representada legalmente por Marcelo Cortez Gutiérrez, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, representada por su Alcaldesa, Rossío Carolina Pimentel; en la que solicita el cumplimiento de obligación consistente en la efectiva ejecución del Proyecto “Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación”, más incremento de intereses por incumplimiento de pago y resarcimiento de daños y perjuicios; proveído de fs. 172 que declara la rebeldía del Gobierno Autónomo  Municipal de Oruro; memorial de apersonamiento y se tenga presente de la Procuradoría General del Estado, representada por Roxana Jeannette Duarte Abdala de fs. 215; memorial de apersonamiento y de cesación de rebeldía  de Edgar Rafael Bazán Ortega, en representación del Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, fs. 225; decreto de fs. 273 que declara la cesación de la rebeldía y por el estado de la causa dispone autos para sentencia; los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. DE LA DEMANDA.

I.1 Antecedentes de hecho.


Por la documentación que acompaña, evidencia que la H. Alcaldía Municipal de Oruro (ahora Gobierno Autónomo Municipal de Oruro), por Licitación Pública No. 07/07, convocó a empresas constructoras para la Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación. Que, la Comisión Calificadora mediante Resolución Administrativa de Adjudicación No. 062/07 de 3 de julio de 2007, resolvió adjudicar la obra mencionada a la Empresa Constructora Río Grande Contratistas Generales S.R.L., para cuyo efecto Río Grande, suscribió con la H. Alcaldía Municipal de Oruro la Minuta de Contrato No. 019/07 de 21 de agosto de 2007, para la ejecución de la obra “Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación”, obra a ser ejecutada en un plazo de 360 días calendario, por un precio total de Bs 3.117.965,99.


Una vez que se dio la orden, el  17 de septiembre de 2007 se iniciaron los trabajos de ejecución de la obra.


Independientemente de las actividades contempladas en el contrato y en sus posteriores modificaciones, la H. Alcaldía Municipal de Oruro, mediante supervisión y fiscalización, requirieron que Río Grande realice trabajos que no se encontraban señalados en el presupuesto inicial que consistieron en ventanas de aluminio, ventanas metálicas, mampara de madera roble, mástil de tubo galvanizado, rejas de aluminio, acceso freno p/puerta, detalle ornamental, iluminación tipo spots, iluminación c/protectores, iluminación tipo araña 9ª, vidrio catedral, vidrio reflectivo E/aluminio y mural Escudo Policía Nacional. Incremento de trabajos que ascendió a la suma de Bs 82.964.83.


El Acta de Recepción de Provisional de la Obra de 24 de noviembre de 2010, hace constar que en dicho acto se realizaron observaciones en cuanto a la ejecución, que Río Grande subsanó en tiempo prudente, por lo que mediante el Libro de Órdenes se procedió a solicitar la entrega definitiva que se verificó mediante Acta de 23 de enero de 2011, conforme a documentación adjunta. Sin embargo, a pesar que Río Grande concluyó y entregó la obra en tiempo oportuno, según certificado de cierre y planilla final del proyecto, la H. Alcaldía Municipal de Oruro no pagó el precio por el producto final entregado, por lo que se solicitó el 28 de julio de 2010, por nota dirigida a la Lic. Rossío Carolina Pimentel Flores, representante de la entidad edilicia, el pago por actividades efectivamente realizadas mediante planilla de liquidación final suma que asciende a Bs 304.232,48, debiendo incluirse a éste, la suma de Bs 82.964,83, por lo que el total a pagar es de Bs 387.197,31.


Ante el incumplimiento aludido, la empresa demandante inicia una demanda ordinaria de “cumplimiento de obligación por la efectiva ejecución del proyecto Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación, más incremento de intereses por incumplimiento de pago y resarcimiento de daños y perjuicios”, que se radicó en el Juzgado de Partido 5º en lo Civil de la Capital Oruro.


El 21 de marzo de 2012, la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, se apersona al juzgado e interpone excepciones previas como lo es la de incompetencia; excepción que es admitida por el juzgado mediante providencia de 22 de marzo de 2012 y el 2 de octubre de 2012 dicta resolución que declara PROBADA la excepción de incompetencia del órgano jurisdiccional, como efecto de la excepción de arbitraje y conciliación opuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; consecuentemente, el suscrito juzgador se INHIBE de conocer la presente causa. En su mérito, se ANULA obrados hasta fs. 89 dejando sin efecto todos los actuados, debiendo la parte actora acudir a la vía llamada por ley a resolver sus controversias y en la forma prevista en el contrato de obra suscrito el 21 de agosto de 2007. De esta resolución, se instaura recurso de apelación. La Sala Civil Primera el 14 de mayo de 2013, emite el Auto de Vista Nº 04/2013 que CONFIRMA el auto de 2 de octubre de 2012.


I.2 Fundamentos de la demanda de hecho y de derecho.


Señala que sobre el cumplimiento de obligación, los arts. 450, 519 y 291-I del Código Civil, a su turno establecen que: “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica”. “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes… o por las causas autorizadas por la ley” y “El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida”.


Sobre el resarcimiento por incumplimiento del contrato, de igual modo, los arts. 319, 334 y 568-I del Código Civil, señalan: “El deudor que no cumple exactamente con la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable”. “El resarcimiento del daño, en razón del incumplimiento o del retraso, comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia de que ha sido privado…”. “En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento…, más el resarcimiento del daño…”. 


En ese sentido y en aplicación del art. 775 del Código de Procedimiento Civil, que prevé que en los casos en que existiere contención emergente de contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, concluye indicando que en caso de controversias entre una entidad pública con personas particulares respecto a contratos administrativos y siempre que no se traten de conflictos referentes al cuestionamiento de resoluciones administrativas y/o actos administrativos propiamente dichos, y mientras no exista una normativa específica que establezca el tratamiento de los procesos contenciosos entre la Administración Pública y los particulares, debe aplicarse lo dispuesto por el mencionado art. 775 del Código ritual.


Sobre los procesos contenciosos y sobre la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, cita los Autos Supremos Nos. 399/2012 de 1 de noviembre; 115/2013 de 11 de marzo; 419/2012 de 15 de noviembre; 321/2013 de 20 de junio, de los cuales se infiere que al tratarse de normas de orden público que determinan la jurisdicción y la competencia en la que deben tramitarse asuntos como el de autos, erróneamente conocidos y resueltos por juez incompetente, se vulnera la jurisdicción y competencia que pertenecen al orden público y en el correcto entendimiento, en el caso de autos,  su conculcación mereció la nulidad de obrados; que el orden público tiene un límite que  está fijado por ley que es el conjunto de condiciones fundamentales de la vida social, instituidas en una comunidad jurídica, las cuales por afectar centralmente a la organización de ésta, no puede ser alterada por la voluntad de los individuos y en la dinamicidad a la que está sujeto el derecho, las nuevas líneas deben ser encausadas hacia la verdadera esencia, corriendo errores que se han repetido por décadas, con la finalidad de que las partes acudan a la vía pertinente para solucionar sus conflictos, en la correcta interpretación del art. 775 del Código de Procedimiento Civil.


En el parág. VI sobre las obligaciones pendientes de pago en el caso concreto, señala que a pesar de que Río Grande ha entregado la obra en tiempo oportuno y dentro del plazo establecido, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, no realiza el pago de liquidación final que asciende a la suma de 387.197,31, toda vez que se argumenta que la mencionada obra fue adjudicada y ejecutada durante la gestión del Lic. Edgar Bazán Ortega y no así en la gestión de la actual Alcaldesa de Oruro y que ésta no puede correr con un pago de obra que no contrató. Al respecto, dice que se debe recordar que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, responde a una entidad jurídica la misma que tiene sus representantes, por tanto no es directamente la persona natural con la que se contrata sino con la entidad jurídica que evidentemente tiene un representante.    


Finalmente, señala que a pesar de que  la obligación se encuentra totalmente respaldada y conciliada con personeros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, vanos son las solicitudes que realiza de cancelación.


Petitorio.


En ese contexto, en consideración a que el presente conflicto nace del contrato de obra, producido entre la H. Alcaldía Municipal de Oruro (ahora Gobierno Autónomo Municipal de Oruro) y la Empresa Río Grande S.R.L., para la ejecución de la obra, que a los fines de la presente acción importa la compra de un servicio a cambio de un precio, amparado en lo dispuesto en el art. 636 del Código Civil, al haber sido entregado la cosa de forma satisfactoria, acude a la vía contenciosa conforme lo establece el art. 775 del Código de Procedimiento Civil y demanda el cumplimiento de obligación por la efectiva ejecución del Proyecto “Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación”, más incremento de intereses por incumplimiento de pago y resarcimiento de daños y perjuicios; pide a la autoridad que previos los trámites de rigor, admita la acción y dicte sentencia declarando PROBADA la demanda y como emergencia de ello disponga que la H. Alcaldía Municipal de Oruro, cumpla la obligación y se procese el pago a favor de la Empresa Constructora Río Grande Contratistas Generales S.R.L., de la suma de Bs 304.232,48, relativo a la Liquidación de Planilla No. 13 del referido proyecto y el precio de las actividades efectivamente realizadas por instrucción de la Supervisión fuera de presupuesto detalladas supra de Bs 82.964,83, debiendo incrementarse a este monto los intereses por incumplimiento de pago, más daños y perjuicios que con esta conducta se ha generado, averiguable la misma en ejecución de sentencia. 


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

A fs. 225, cursa el memorial de apersonamiento y de cesación de rebeldía  de Edgar Rafael Bazán Ortega, en su condición de Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.


A fs. 215 memorial de apersonamiento y se tenga presente, de Roxana Jeannette Duarte Abdala en su condición de Directora General de Asuntos Jurídicos a.i. de la Procuraduría General del Estado, en la que pide se tenga presente que al institución que representa no sustituye el accionar de las Unidades Jurídicas de las entidades públicas, más aun cuando estas son las llamadas por ley a efectuar las acciones judiciales pertinentes.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


I.1 Antecedentes de hecho.

La H. Alcaldía Municipal de Oruro (ahora Gobierno Autónomo Municipal de Oruro), por Licitación Pública No. 07/07, convocó a empresas constructoras para la Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación. La Comisión Calificadora mediante Resolución Administrativa de Adjudicación No. 062/07 de 3 de julio de 2007, adjudica la obra mencionada a la Empresa Constructora Río Grande Contratistas Generales S.R.L., para cuyo efecto suscribe con la H. Alcaldía Municipal de Oruro, representada por Edgar Bazán Ortega y José Alfredo Luján Guerra, Alcalde Municipal de Oruro y Oficial Mayor de Desarrollo Económico y Hacienda a.i., respectivamente, la Minuta de Contrato No. 019/07 de 21 de agosto de 2007; objeto ejecución de la obra “Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación”; plazo de 360 días calendario; precio total de Bs 3.117.965,99.


El  17 de septiembre de 2007 se iniciaron los trabajos de ejecución de la obra, una vez que se dio la orden.


La H. Alcaldía Municipal de Oruro, mediante supervisión y fiscalización, requirieron que Río Grande realice trabajos que no se encontraban señalados en el presupuesto inicial que consistieron en ventanas de aluminio, ventanas metálicas, mampara de madera roble, mástil de tubo galvanizado, rejas de aluminio, acceso freno p/puerta, detalle ornamental, iluminación tipo spots, iluminación c/protectores, iluminación tipo araña 9ª, vidrio catedral, vidrio reflectivo E/aluminio y mural Escudo Policía Nacional. Incremento de trabajos que ascendió a la suma de Bs 82.964.83.

El 28 de diciembre de 2009, entre las partes se firma dos contratos modificatorios, como consecuencia de ítems incluidos: en el primero, el costo total de la obra alcanza  a la suma de 3.487.616,69; se actualiza el plazo vigente por el contrato modificatorio No. 1 a 516 días calendarios y por consiguiente se modifica  la fecha de conclusión de la obra. En el segundo, de igual modo, el costo total de la obra alcanza  a Bs 3.797.720,57, con incremento de plazo de 117 días calendario y fecha de conclusión del contrato. En ambos contratos, se mantienen firmes los puntos consignados en el contrato originario.


En el acto de recepción provisional de la obra, producida el 24 de noviembre de 2010, se realizaron observaciones en el Acta, en cuanto a la ejecución de la obra, que Río Grande subsanó en tiempo prudente, por lo que mediante el Libro de Órdenes se procedió a solicitar la entrega definitiva que se verificó mediante Acta de 23 de enero de 2011, conforme a documentación adjunta.


Concluida y entregada la obra en tiempo oportuno, según certificado de cierre y planilla final del proyecto, la H. Alcaldía Municipal de Oruro no pagó el precio por el producto final entregado, por lo que se  le solicitó el 28 de julio de 2010 lo haga efectivo, por nota dirigida a la Lic. Rossío Carolina Pimentel Flores, Alcaldesa de la entidad edilicia, por actividades efectivamente realizadas mediante planilla de liquidación final que asciende a Bs 304.232,48, debiendo incluirse a éste, la suma de Bs 82.964,83, por lo que el total a pagar es de Bs 387.197,31.


En vista de que la institución demanda habría incumplido su obligación, se inicia una demanda ordinaria de “cumplimiento de obligación por la efectiva ejecución del proyecto Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación, más incremento de intereses por incumplimiento de pago y resarcimiento de daños y perjuicios”, demanda que se radicó en el Juzgado de Partido 5º en lo Civil de la Capital Oruro.


El 21 de marzo de 2012, la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, se apersona al juzgado e interpone excepciones previas como lo es la de incompetencia; excepción que es admitida por el juzgado mediante providencia de 22 de marzo de 2012 y el 2 de octubre de 2012 dicta resolución que declara PROBADA la excepción de incompetencia del órgano jurisdiccional, como efecto de la excepción de arbitraje y conciliación opuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; consecuentemente, el suscrito juzgador se INHIBE de conocer la presente causa. En su mérito, ANULA obrados hasta fs. 89 dejando sin efecto todos los actuados, debiendo la parte actora acudir a la vía llamada por ley a resolver sus controversias y en la forma prevista en el contrato de obra suscrito el 21 de agosto de 2007.


De la indicada resolución, se instaura recurso de apelación. La Sala Civil Primera el 14 de mayo de 2013, emite el Auto de Vista Nº 04/2013 que CONFIRMA el auto de 2 de octubre de 2012.


2.- En el desarrollo del proceso contencioso, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 775 y 354-II del Código de Procedimiento Civil.


3.- Concluido el trámite procesal, por decreto de fs. 217, se dispuso autos para sentencia.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, en relación con los datos procesales que emergen de la relación contractual que existió entre las partes del proceso,  se establece que el objeto de controversia en el presente caso, es el de verificar si lo demandado se ajusta a derecho en cuanto al reclamo de pago de lo adeudado más el resarcimiento de daños y perjuicios que ocasiona su incumplimiento.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


Inicialmente es necesario que se precise algunos preceptos doctrinales y jurisprudenciales, con relación a la naturaleza del presente proceso. Para el autor Miguel Ángel Bercaitz, citado por Juan Carlos Cassagne, en la obra "Contratos Administrativos": El contrato no es un figura exclusiva del Derecho Privado; que existe también el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de derecho privado, pero también diferentes que derivan de su contenido, de su fin, de intereses que les afecta y de su régimen jurídico propio.


Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en su obra “Curso de Derecho Administrativo Pág. 737, sostienen que a diferencia de lo que ocurre en los contratos civiles“, “…en los contratos administrativos las partes se reconocen desiguales, en la medida en que una de ellas representa el interés general, el servicio público, y la otra solamente puede exhibir su propio y particular interés. La presencia del interés público determinará entonces que el contratante de la administración titular del servicio público no esté obligado  solamente a cumplir su obligación como lo haría un particular con otro particular, sino que, por extensión, lo esté también a todo lo que sea absolutamente necesario para asegurar el funcionamiento regular y continuo del servicio público, con el cual consiente en colaborar. La administración, por su parte, lo estará igualmente, más allá de lo que es propio del Derecho común, a indemnizar al contratista en caso de que la ampliación de sus obligaciones cause a éste un perjuicio anormal, que no podía razonablemente prever en el momento de contratar”.


En ese contexto, este Supremo Tribunal ha caracterizado como elementos generales de todo contrato administrativo: la existencia de un acuerdo de voluntades, la concurrencia de la Administración como una de las partes, la generación de obligaciones entre el contratista y la Administración, el acuerdo de voluntades se forma para la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público. Los principales rasgos característicos de estas formas contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiesta en las condiciones del contrato, las formas solemnes en el procedimiento de contratación, el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se exterioriza en las denominadas cláusulas exorbitantes, por guardarse prerrogativas propias de los órganos estatales, como son, el poder de control, poder de modificación unilateral del contrato, entre otras, confesión expresa de su papel protector de los intereses públicos.


Juan Carlos Cassagne en su obra “Derecho Administrativo” Tomo I Págs. 118 y 119, en cuanto al régimen exorbitante expresa: “El sistema del derecho administrativo posee, como nota peculiar, una compleja gama de poderes o potestades jurídicas que componen lo que se ha llamado régimen exorbitante, que se determina y modula en los distintos países de un modo diferente, ya que el mismo, en definitiva, es un producto de la categoría histórica que caracteriza al derecho administrativo”…. “La denominación de régimen exorbitante se mantiene sólo en un sentido convencional que ya no responde a su significado originario, pues su contenido se integra, además de las prerrogativas de poder público, con las garantías que el ordenamiento jurídico instituye a favor de los particulares para compensar el poder estatal y armonizar los derechos individuales con los intereses públicos que persigue el Estado, cuya concreción, en los casos particulares, está a cargo de la Administración pública. De ese modo, el régimen exorbitante se configura como el sistema propio y típico del derecho administrativo”.


Sobre el mismo tema, la jurisprudencia es uniforme y constante cuando sostiene el mismo criterio y para comprender su alcance se podría citar muchos autos supremos, pero que sirva de ejemplo sólo  el Auto Supremo 264/2014 de 27 de mayo de 2014, cuando expresa: “….De lo expuesto diremos que estamos frente a un contrato administrativo cuando: a) Al menos una de las partes que interviene en su celebración es la Administración Pública (elemento subjetivo); b) cuando el objeto sobre el que versa se encuentra directamente relacionado con la satisfacción de necesidades de carácter público servicio o interés público- (elemento objetivo).
Nuestro ordenamiento positivo, en el art. 47 de la Ley 1178, reconoce la naturaleza administrativa de los contratos que suscriben las entidades del Estado sujetas a esa normativa de control, en ese sentido, en su parte final dispone que: "… son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza...".


De acuerdo con el texto legal citado, revisten naturaleza administrativa, por atribución legal, aquellos contratos que tengan por objeto directo: 1) La ejecución de obras; 2) la provisión de materiales, bienes y servicios. Esto no quiere decir que éstos sean los únicos contratos de naturaleza administrativa, pero si son los únicos que expresamente se encuentran calificados como administrativos por la ley, en razón del objeto sobre el que versan, siendo la propia ley la que abre la posibilidad de que existan otros contratos administrativos en razón de su naturaleza, es decir a su directa vinculación con el interés o servicio público.


La diferencia entre el contrato administrativo y el privado, es de trascendental importancia a la hora de delimitar el régimen jurídico que resulte aplicable al negocio a celebrar o en la ejecución del contrato, así como el orden jurisdiccional competente para conocer de las controversias que surjan entre las partes.
Como podemos advertir, la diferencia existente entre el contrato administrativo y el contrato privado, plantea un problema jurídico de mayor importancia, si se tiene en cuenta la existencia de las jurisdicciones contencioso-administrativa y de la jurisdicción ordinaria, pues las controversias emergentes de los contratos administrativos no podrían ser sometidos a la jurisdicción ordinaria civil-, sino a la jurisdicción especializada contencioso-administrativa.”.


Al respecto el autor Rafael Bielsa, en la obra citada, señala que: “El conocimiento y decisión de todo litigio sobrevenido en la ejecución (o interpretación controvertida) de los contratos administrativos corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo. El fundamento y justificación de esta competencia está en el objeto del contrato administrativo, es decir, al grado de interés público que el contrato contiene”.


Por otra parte se debe señalar que la Constitución Política de Estado Plurinacional, así como la Ley del Órgano Judicial, reconocen y regulan las jurisdicciones especializadas y dentro de ellas a la jurisdicción contencioso administrativa, desarrollada y regulada por la Ley 620, al igual que la Ley 1178 de 20 de julio de 1990; D.S. 181 de 28 de junio de 2009, así también el Código de Procedimiento Civil en su art. 775 dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia…”. Precepto normativo que señalaba la competencia de los contratos administrativos a la Extinta Corte Suprema de Justicia y que actualmente se encuentra regulada por la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014  “Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo” que reconoce la jurisdicción especializada, en relación a lo establecido en el art. 179.I de la Constitución Política del Estado, de manera que corresponde referir a lo que dispone el art.  6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, cuyo texto dice: “(Procesos en trámite).“Los procesos en curso, archivados y los presentados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán siendo de competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia, hasta su conclusión, conforme a normativa legal aplicable hasta antes de la promulgación de la presente Ley.”


La norma referida crea la jurisdicción especializada contencioso-administrativa regulada como jurisdicción especial, la misma, en sus dos esferas, vale decir en lo contencioso y en lo contencioso-administrativo, corresponde a la competencia de las Salas Especializadas en materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa de los Tribunales Departamentales de justicia y del Tribunal Supremo de Justicia y en cuanto a los recursos de casación conocerá la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.


Consiguientemente son los Tribunales mencionados, a quienes por ley se les atribuye la competencia para ejercer la jurisdicción contenciosa administrativa, razón que por expreso mandato de la ley deben conocer las causas a que se refieren los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil; la primera hace referencia a los casos en que exista controversia emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, sin embargo esta última previsión, no debe ser interpretada de manera limitativa, en sentido de hacer mención únicamente a los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo comprendido sólo en su nivel Central, por el contrario la misma debe ser interpretada en un sentido amplio, pues, como se analizó inicialmente, el contrato de naturaleza administrativa es el parámetro que debe tenerse en cuenta a efectos de habilitar la jurisdicción especializada contencioso-administrativa, concluyendo que habrá contrato administrativo en la esfera de los cuatro Órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), entidades públicas con plena autonomía y en si en la esfera de toda entidad estatal sujeta a la Ley 1178, pues en esos ámbitos del Estado se desarrolla un función administrativa y existe el interés público, que cuando se constituye en el objeto directo de la contratación determina la naturaleza administrativa del contrato.


Lo expuesto permite concluir que en el ámbito de la actual Constitución Política del Estado y de la Ley 620, la disposición final Tercera de la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013 (Código Procesal Civil), la competencia en lo contencioso-administrativo, corresponde a las Salas Especializadas de los Tribunales Departamentales de Justicia así como a la Sala Especializada del Tribunal Supremo de Justicia y en casación ante la Sala Plena del Máximo Tribunal referido, consiguientemente la competencia para el conocimiento y resolución de todo litigio emergente de la interpretación controvertida y de la ejecución de los contratos administrativos no corresponde a la vía ordinaria civil, puesto que resulta contrario a las reglas de competencia jurisdiccional someter esas controversias a los tribunales ordinarios de materia civil o comercial, lo que encontraría sanción en lo previsto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado que establece que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.


Dicho criterio ha sido asumido por este Tribunal, conforme a la Constitución Política del Estado, la vasta jurisprudencia y la Ley 620.


Aclarada la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia, corresponde el siguiente análisis para el caso:


En el presente caso, en esa línea, la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro emite  el Auto de Vista No. 94/2013 de 14 de mayo de 2013, que  en su parte resolutiva, aunque con diferente fundamentación sustentada por el inferior, CONFIRMA el Auto de 2 de octubre del año 2012, que había anulado obrados y dejó sin efecto todo lo obrado y dispuso que la parte actora acuda a la vía llamada por ley a resolver sus controversias.

En ese sentido se tiene que mediante Licitación Pública No. 07/07, la H. Alcaldía Municipal de Oruro, actualmente Gobierno Autónomo Municipal Oruro, convocó a empresas constructoras para la Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación, licitación que fue adjudicada a la Empresa Río Grande Contratistas Generales S.R.L. Posteriormente, ésta ejecutó ls obra encomendada en función del contrato administrativo suscrito al efecto. Emergente de la indicada construcción de la obra, según el avance cronológico de la misma, el Gobierno Municipal de Oruro fue cancelando las diferentes planillas de pago de forma regular, habiendo quedado sólo pendiente la Planilla de Pago  No. 13 referida al cierre de la obra que alcanza hasta la suma de Bs 304.232,48.


Conforme se evidencia de los datos del proceso la empresa demandante cumple con la carga de la prueba cuando acompaña a su demanda contenciosa el contrato de obra suscrito con la entidad demandada; dos contratos modificatorios del primigenio que sólo incluyen algunos ítems: la Planilla de Avance No. 13 de cierre; Acta de Recepción Provisional de Obra de fs 34 a 38 en la que se realizaron observaciones en cuanto a la ejecución del proyecto que fueron subsanadas en tiempo prudente, conforme se evidencia mediante el Acta de Recepción Definitiva de Obra de fs. 41 a 43; la carta de 3 de febrero de 2012, en la que la empresa demandante, solicita por la ejecución de obra, el pago de la suma de Bs 304.232,48 y asimismo, el pago adicional de Bs 82.964,83 por trabajos que se ejecutaron a requerimiento del Supervisor de Obras.


Por otra lado de fs. 54 a 58 cursa la Nota D.O.P. SUP No. 3638/2011 de 18 octubre de 2011, emitido por el Director de Obras Públicas y el Supervisor de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro referida a la aprobación de Planilla de Avance No. 13 que declara el monto a cancelarse descontando las multas por seis días de retraso, de Bs 304.232,48, se adjunta el Informe Técnico Legal y Financiero de Conclusión del Proyecto que alcanza este mismo monto, expedido por el Supervisor de  Obras Públicas, el Director de Obras Públicas y el Asesor Legal de la Oficialía Mayor de Desarrollo Urbano, todos de la H. Alcaldía Municipal de Oruro de 18 de octubre de 2011 contenida en la Nota D.O.P.SIP. No. 3639/2011 cursante de 59 a 69 de obrados; por otra parte el Fiscal de Obra mediante nota P.U.E.P. No. 157/2011 de 3 de noviembre de 2011 de fs. 70 a 71 da su aprobación y recomienda seguir con el trámite correspondiente para la respectiva cancelación de la Planilla de Avance No. 13, que la  reproduce; posteriormente a fs. 72 y de 73 a 74 cursan dos Informes Legales de Conclusión de Proyecto de Construcción; el primero que señala que al estar cumplidos los requisitos que exige el contrato principal y el DS No. 27328 de 31 de enero de 2004, ya abrogado, y todo lo que ver convino, se sugiere dar continuidad a la aprobación de cierre o conclusión del proyecto; el segundo que sobre el módulo no ejecutado no corresponde su cancelación. Sobre la construcción de este módulo se evidencio que el anterior Supervisor de Obras Públicas, no emitió ningún momento orden o instrucción de inicio de ejecución, cuando la Empresa consultó vía Libro de Órdenes del 5 de marzo de 2008, la otorgación de planos del módulo de canal pluvial para iniciar obras y porque la Unidad de Saneamiento Básico de la Alcaldía emprendió con un proyecto de ejecución de este canal pluvial. 


En ese sentido por la documentación que se hizo referencia cursante de fs. 54 a 84 de obrados, que si bien se encuentra en fotocopia simple, pero de manera reiterativa, constante, demuestra fehacientemente el trabajo efectivo realizado por la empresa demandante en específico con el avance de obra y ejecución de la Planilla Nº 13, que calculados los pagos realizado desde el principio de la ejecución  de la obra más la aplicación de los días multa impuestas,  arrojan la suma total de Bs. 304. 231,48, que debe cancelar el Gobierno Municipal de Oruro a la empresa demandante, por la ejecución del referido proyecto que a la fecha se encuentra en pleno funcionamiento prestando el servicio para el que fue construido.


Ahora sobre el pago de los supuestos trabajos adicionales en la suma de Bs. 82.964,83 supuestamente encargados por el supervisor de obras, no cursa en obrados documentación o actas u otra prueba fehaciente que demuestre el encargo oficial del Gobierno Municipal de Oruro, para la ejecución de dichos trabajos es decir no existe una orden oficial u nota u orden expresa que avale la pretensión del demandante en sentido de que se le habría pedido o encomendado aquellos trabajos adicionales y que por estos se le adeudaría la suma adicional demandada, aspecto que inviabiliza éste pedido, máxime si se infiere que la empresa demandante por la actividad de construcción que permanente que realiza con instituciones públicas y otras, conoce de las exigencias administrativas para la ejecución de aquellos trabajos adicionales, tal es así que en el transcurso de la ejecución de proyecto se suscribieron contratos modificatorios al primigenio donde se incrementaron ítems, aspecto que marca el camino idóneo para la inserción de nuevos trabajos, circunstancia inexistente en el caso que pueda respaldar a un pago adicional por otros trabajos no contemplados en la planilla final de la obra.

Finalmente, la Administración Pública a través de sus instituciones, en este caso, la H. Alcaldía Municipal de Oruro, ahora Gobierno Municipal, tiene los mecanismos administrativos a su alcance para determinar las responsabilidades que puedan emerger de las irregularidades que pudieron o no cometer funcionarios públicos que generaron el no pago por la obra ejecutada, situación de la que de ninguna manera puede ser responsable el que prestó el servicio efectuado en base a los requerimientos de trabajo encargados por el propio Municipio y que no pueden ser desconocidos en su pago, toda vez que por imperio de la Constitución Política del Estado como norma fundamental, no se reconoce servidumbre gratuita alguna, menos por la prestación de trabajo realizado.


I. CONCLUSIONES


Por lo expuesto, en atención a los fundamentos señalados anteriormente, demostrada la materialización de la Construcción Estación Policial Av. Dehene y Circunvalación, corresponde que se estime en parte la demanda, en cuanto a la deuda que arroja la misma por la Planilla Nº 13, actualizada al momento de su pago, a calcularse desde el Informe Técnico Legal y Financiero de Conclusión del Proyecto de  18 de octubre de 2011, hasta el momento efectivo de su pago.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 29 de diciembre de 2014 en relación a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439, declara: PROBADA EN PARTE la demanda contenciosa de fs. 95 a 105, interpuesta por  la Empresa Constructora Río Grande Contratistas Generales SRL.; en tal mérito, dispone el pago dentro de tercero día de la suma adeudada según la Planilla final de Pago Nº 13 de Bs 304.232.48., e IMPROBADA sobre el  monto demandado de Bs 82.964,83 por trabajos adicionales, por no haber sido demostrados los mismos en cuanto a su ejecución y la orden de trabajo de los mismos.


Se desestima el pago de daños y perjuicios, al no haber sido demostrados éstos.


No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina, el Magistrado Pastor S. Mamani Villca por emitir voto disidente.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas (DISIDENTE)

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena