SALA PLENA


SENTENCIA:                            652/2015.

FECHA:                                Sucre, 10 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        317/2011.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por Fernando Manuel Arenas Campero, Gerente Distrital La Paz del SIN, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2011 de 11 de abril, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda Contencioso Administrativa cursante de fojas 15 a 17, la respuesta de fojas 39 a 41, la réplica de fs. 46 a 47, la dúplica de fs. 51 a 52, los antecedentes procesales; y


CONSIDERANDO I: Que, el demandante en representación de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, se apersonó a interponer demanda contencioso administrativa, alegando los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:


Señala que la Administración Tributaria constató, mediante Orden de Verificación Externa Posterior 00070VE527, Formulario 7533, Modalidad Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) BOLETA DE GARANTÍA, la procedencia de la devolución impositiva al contribuyente, correspondiente al periodo fiscal abril de 2006, por concepto de exportación de lingotes de plata metálica, estableció la existencia de un monto indebidamente solicitado, y por consiguiente, devuelto al contribuyente por Bs.7.473 (siete mil cuatrocientos setenta y tres bolivianos), correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal abril de 2006.


Agrega que, mediante Resolución Determinativa 0285/2010 de 28 de octubre, se resolvió declarar improcedente la solicitud de devolución indebida de valores fiscales CEDEIM por el periodo fiscal abril de 2006 por no ser válidos dentro del periodo solicitado los descargos presentados por el Contribuyente. Fallo que fue revocado totalmente por la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0030/2011, vulnerando los arts. 95, 96, 98, 99, 100, 102 y 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), 98 de la Ley General de Aduanas (LGA), 12 de la Ley 1489 modificada por la 1963 y la Resolución Administrativa Interinstitucional 05-4444-97 de 6 de octubre de 1997; y ésta a su vez, fue revocada parcialmente en instancia jerárquica por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución del Recurso Jerárquico AGIT- RJ 0216/2011 de 11 de abril, notificada a la instancia administrativa tributaria, el 15 de ese mes y año; bajo el argumento de que supuestamente la normativa no restringe para el mercado interno, el uso de la restitución del mantenimiento del valor, más bien, faculta al contribuyente a utilizar el saldo a su favor (crédito actualizado), para compensar previamente operaciones del mercado interno si hubiera y de existir un saldo, solicitar su devolución, como ocurrió en el presente caso, ya que de acuerdo a las declaraciones juradas del IVA de los periodos marzo de 2005 a abril de 2006, como resultado de la compensación mencionada, se tenía un saldo a favor del administrado; el cual fue actualizado y acumulado hasta abril de 2006, periodo fiscal en que se comprometió el crédito fiscal disponible a esa fecha para solicitar su devolución impositiva por la exportación realizada.


Interpretación que el demandante considera errada, porque, a su criterio, no tomó en cuenta lo señalado por la normativa legal vigente, la cual dispone que el mantenimiento de valor que se origina desde el momento de comprometer un crédito fiscal y hasta la entrega de valores, debe ser considerado para el mercado interno y no así como un importe que vaya a incrementar el crédito fiscal para exportaciones; además que tampoco se consideró lo establecido por la norma con relación a la devolución de CEDEIM que deberá basarse en lo efectivamente pagado por el contribuyente y no así por concepto de mantenimiento de valor, pues este último constituye un accesorio que no fue pagado efectivamente por el contribuyente; por la restitución de mantenimiento de valor del crédito fiscal devuelto para exportadores de los importes que han sido excluidos para la devolución impositiva del CEDEIM solicitado, por corresponder a periodos que no alcanzan a la verificación efectuada y además que son de otra gestión.


Por lo señalado, afirma que en los periodos fiscales correspondientes a julio y noviembre, de 2005; y, enero de 2006, el contribuyente adicionó los importes de Bs.2.274 (dos mil doscientos setenta y cuatro bolivianos), Bs.1.744 (un mil setecientos cuarenta y cuatro bolivianos), y Bs.2.117 (dos mil ciento diecisiete bolivianos), haciendo un total de Bs.6.135 (seis mil ciento treinta y cinco bolivianos) por restitución de mantenimiento del valor de CEDEIMs recibidos, el cual ha sido excluido de la devolución impositiva del presente CEDEIM, considerando que la normativa legal vigente, como son los arts. 9 de la Ley 843 y  13 de la Ley 1489, disponen que con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al IVA pagado, incorporado los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora.


Para concluir, el demandante solicita la admisión de la presente demanda interpuesta contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a objeto que se emita sentencia, declarando la revocatoria de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2011 de 11 de abril; y en consecuencia, se mantenga firme y subsistente en su totalidad, la Resolución Determinativa 0285/2010 de 28 de septiembre pronunciada por el SIN.


CONSIDERANDO II: Admitida la demanda por decreto cursante a fs. 20 y corrida en traslado, dio lugar al apersonamiento de Juan Carlos Maita Michel, Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien opuso los siguientes argumentos:


De la revisión de antecedentes se evidenció que la Administración Tributaria, como resultado de la comprobación iniciada al contribuyente, a través de la Verificación Externa 0007OVE0527 por el IVA, período abril de 2006, en la modalidad CEDEIM Boleta de Garantía; emitió el Informe SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF-3465/2010, señalando que en los periodos de julio y noviembre de 2005; y, enero de 2006, el exportador adicionó Bs.2.274, 1.744 y 2.117 respectivamente, totalizando un monto de Bs.6.135, por restitución de mantenimiento del valor por CEDEIM recibidos, el cual fue excluido de la devolución impositiva, de acuerdo a los arts. 9 de la Ley 843 y 13 de la Ley 1489.


Corresponde aclarar que en los casos en los cuales las compras y servicios contratados superen los ingresos por ventas, ocurrirá que los créditos fiscales serán superiores a los débitos del periodo de liquidación, produciendo con ello, que no exista un impuesto a pagar, sino un saldo con actualización de valor a favor del contribuyente que podrá ser compensado con el IVA a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores, tal como prevé la previsión contenida en el art. 9 de la Ley 843, que en relación a la compensación plantea como única condición que para efectuar la misma, se cumplan los requisitos exigidos, tales como la vinculación, entre otros.


Alega que la Administración Tributaria tampoco consideró que según la normativa para la devolución impositiva, no existen diferencias en el tratamiento del mantenimiento del valor y su actualización, de los que exportan con relación a quienes operan en el mercado interno; lo que se encuentra prescrito en el art. Art. 11 inc. b), num. 3 del DS 21530, modificado por el art. 24 del DS 25465 que dispone que una vez determinado el crédito fiscal computable contra operaciones gravadas, el monto correspondiente será acreditado inicialmente contra operaciones gravadas en mercado interno y el saldo resultante será devuelto a través de certificados de devolución de impuestos, de conformidad a lo previsto por el art. 3  párrafo tercero del DS 25465. Por lo tanto, en consideración a que el mantenimiento del valor por Bs.- 5.135 corresponde a un saldo a favor del contribuyente que se origina en compras de bienes y servicios de los periodos precitados, que no fueron observados, dicho mantenimiento de valor puede ser acreditado contra el IVA a favor del fisco o reintegrado al exportador a través de CEDEIM, según lo establecido por el art. 3 del DS 25465 y art. 11 de la Ley 843.


Además señala que se debe tener en cuenta que en el presente caso, lo principal resulta ser, el saldo a favor del contribuyente, el cual no fue observado; entonces, lo accesorio, como es el mantenimiento de valor del saldo a su favor, tampoco podría serlo, menos cuando dicho saldo se originó en un crédito fiscal válido, pues de lo contrario, no se encontraría como crédito fiscal acumulado, por ello cabalmente, nace un saldo a favor, que debe ser actualizado en aplicación de lo previsto por el art. 9 del DS 21530. Lo contrario sería que la Administración Tributaria hubiere demostrado que su origen (crédito fiscal) no fue acumulado de acuerdo a lo dispuesto en la normativa, caso en el cual, habría sido observado y en consecuencia, este saldo tampoco correspondería ser actualizado, de lo que, en el presente caso, no se tuvo conocimiento que hubiere sucedido.


Al margen de lo manifestado, se debe tener presente que el segundo párrafo del art. 11 de la 843, dispone que el caso en el cual, el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultare (lo principal), que se entiende incluye al mantenimiento de valor de dicho saldo a favor (lo accesorio), será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata a través de notas de crédito negociable.


Para concluir, el demandado solicita se declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución impugnada.


El actor por memorial que cursa de fs. 46 a 47, hizo uso del derecho a la réplica, dando lugar a la formulación de la dúplica por pate de la autoridad demandada, conforme a escrito cursante de fs. 51 a 52, pronunciándose a continuación, el decreto de “Autos” para sentencia a fs. 54.


CONSIDERANDO III: De la revisión de los antecedentes administrativos presentados, se tiene que:




Con relación a la devolución de mantenimiento del valor en los periodos fiscales julio y noviembre de 2005; y, enero de 2006, señala que el contribuyente adicionó los importes de Bs.2.274 Bs.1.744 y Bs.2.117 respectivamente, haciendo un total de Bs.6.135 por Restitución de Mantenimiento de Valor de CEDEIMS Recibidos, importe excluido para la devolución impositiva al contribuyente, en aplicación de los arts. 9 de la Ley 843 y 13 de la Ley 1489 (fs. 1 a 6 del Anexo 4).




CONSIDERANDO IV: De la compulsa de los datos procesales y la Resolución administrativa impugnada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados por el demandante son evidentes y si implican una incorrecta aplicación de la ley al caso venido en revisión, a fin de declarar probada o improbada la demanda pretendida.


Que el motivo de controversia en el presente proceso se circunscribe a establecer si los importes adicionados por el contribuyente COMCO S.A., correspondientes a julio/2005, noviembre/2005 y enero/2006; de Bs.2.274, Bs.1.744 y Bs.2.117  respectivamente, que hacen un total de Bs.6.135 por concepto de restitución de mantenimiento del valor de CEDEIMs recibidos, deben ser excluidos de la devolución impositiva, porque: a) Dicho mantenimiento, que se originaría desde el momento de comprometer un crédito fiscal y hasta la entrega de valores, debería ser considerado únicamente para el mercado interno y no así como un importe que incremente el crédito fiscal para exportaciones, pues el CEDEIM debe basarse en lo efectivamente pagado por el contribuyente y no así en el mantenimiento de valor, que resulta ser un accesorio que no fue cancelado; y, b) La verificación efectuada por la Administración fue al crédito fiscal acumulado por el periodo de marzo de 2005 a abril de 2006; y el contribuyente pretende la devolución de créditos fiscales de otros meses.


Para resolver la problemática planteada, resulta necesario de inicio, identificar de manera clara y precisa, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, el cual reviste características de un juicio de puro derecho, en el cual, el Tribunal Supremo de Justicia sólo se limita a analizar la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial y de legalidad sobre los actos ejecutados por la autoridad administrativa demanda.


Así, una vez determinados el problema jurídico planteado y la naturaleza jurídica de la presente demanda, a continuación atinge a este Tribunal Supremo de Justicia, ingresar al análisis de fondo de lo denunciado por la Gerencia Distrital La Paz del SIN. Iniciando dicho análisis, con la determinación del marco jurídico aplicable al cual deberá subsumirse el caso concreto; fin para el cual es preciso realizar una revisión de la normativa jurídica pertinente para la resolución de la especie. Así se tiene lo siguiente:


Entre las prácticas admitidas en el comercio exterior, el Acuerdo 388 de 2 de julio de 1996 de la Comunidad Andina de Naciones, ha señalado que las operaciones de exportación de bienes de los países miembros no estarán afectadas al pago de impuestos indirectos, que son entendidos como señala el artículo 13 del Acuerdo 330 de 22 de octubre de 1992, como los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles, sobre las ventas o sobre el consumo y los demás impuestos distintos de los impuestos directos.


De igual modo, el art. 4 de dicho Acuerdo, adiciona que: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador...”.


Coherente con esos Acuerdos y con la finalidad de fomentar las exportaciones, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 1489 de 16 de abril de 1993, a fin de adjetivar el principio de neutralidad impositiva por el que las distintas formas de tributación que se puedan establecer, no deben afectar las decisiones de los contribuyentes, en razón a que en una economía de mercado fundada en la libertad de iniciativa y de empresa, la decisión de inversión previa; estimación de costos y utilidades, demanda un clima de seguridad jurídica y de previsibilidad en el obrar gubernamental porque toda la actividad de las empresas, está de por sí supeditada a los imponderables del mercado. A este principio se añade el “del país de destino”, que tiene como finalidad garantizar la libre circulación de bienes, servicios y demás factores productivos de manera que las mercancías de exportación no son gravadas en el territorio de origen sino en la jurisdicción territorial del país importador.


Así, el art. 11 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria (Texto Ordenado vigente), libera a las exportaciones del débito fiscal que les corresponda, previendo que: “Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a las compras e insumos efectuados en el mercado interno con destino a  operaciones de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen”.


En ese mismo sentido, el art. 12 de la Ley 1489 de 16 de abril de 1993 (Ley de Exportaciones), modificado por la Ley 1963 de 23 de marzo de 1999, prevé lo que sigue: “En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de mercancías y servicios, sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora”. 


El art. 13 de la precitada disposición legal señala que: “… con el objetivo de evitar la expropiación de componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora…”.


El Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones aprobado con DS 25465 de 23 de julio de 1999, con el objetivo principal de generar liquidez en las empresas, en su art. 1, dispone que sus normas: “…se aplican a la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), los consumos específicos (ICE) y del gravamen arancelario consolidado (GAC) a las exportaciones no tradicionales así como a las exportaciones realizadas por el sector minero metalúrgico”. 


Por su parte, el art. 2 dispone que: “Los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDEIM) son títulos valores transferidos por simple endoso, con vigencia indefinida que podrán ser utilizados por el tenedor final para el pago de cualquier tributo que esté a cargo del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) o del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme a la legislación vigente. Los CEDEIM podrán ser fraccionados, de acuerdo a disposiciones adoptadas por el Servicio de Impuestos Nacionales”.


Respecto a la controversia existente entre la determinación de la Administración Tributaria de depurar el mantenimiento de valor invocado por el contribuyente en su solicitud de devolución impositiva y la decisión de la autoridad de impugnación tributaria de reponer dicho monto. De la lectura de las disposiciones invocadas por ambas partes y siendo que por previsión expresa del art. 3 del DS 25465, la determinación de crédito fiscal para las exportaciones se rige por el art. 8 de la Ley 843 (texto ordenado vigente); es decir, que el cómputo del crédito fiscal emerge de la diferencia entre la aplicación de la alícuota prevista en el art. 15 de la misma disposición legal al monto de las compras, adquisiciones o importaciones definitivas; contratos de obras, servicios o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza directamente vinculadas con la actividad exportadora, operación que proyecta una diferencia entre el impuesto determinado y el crédito fiscal señalado, el cual puede unas veces ser a favor del fisco y otras, del contribuyente.


A saber, el art. 9 de la Ley 843 (texto ordenado vigente), señala: “…cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo con actualización de valor, podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores”, norma que es compatible con la contenida en el art. 9 del DS 21530 (Reglamento del IVA).


En este punto, resulta necesario considerar que el art. 8 del Código Tributario Boliviano (Ley 2492), prevé que en materia de exenciones tributarias el método de interpretación aplicable es el literal; en consecuencia, la glosa de la norma del art. 9 de la Ley 843, no contiene salvedades a su aplicación, correspondiendo entonces -en aplicación del art. 323. I de la Constitución Política del Estado (CPE), que prevé que la política fiscal se basa entre otros, en el principio de igualdad  concluir, que la actualización de valor en los casos de crédito fiscal a favor del contribuyente es aplicable y pertinente.


Lo señalado precedentemente obliga los órganos del Estado a materializar los principios contenidos en el precitado art. 323.I de la CPE, y consolidar la igualdad de todos los agentes económicos ante la ley tributaria, sin privilegios ni regímenes especiales que distorsionen la realidad económica del país en detrimento de cierto sector de la población, pues los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, que sustentan la política fiscal de Bolivia deben regir las relaciones económicas de todos los bolivianos sin distinción ni discriminación alguna, con el objetivo de que todos cumplan sin excepciones, universalmente y en igualdad de condiciones, con su deber de tributar en proporción a su capacidad económica, tal como prevé el art. 108.7 de la CPE.


En conclusión, por razones de neutralidad impositiva y en resguardo del ejercicio pleno de los principios constitucionales de la política fiscal del país, el exportador debe tener un tratamiento similar al que se otorga a un contribuyente que opera en el mercado interno; anulando cualquier posibilidad de discriminación entre ambos sectores, pues estos últimos recuperan su crédito fiscal a través del mecanismo débito menos crédito fiscal, en tanto que a los exportadores se les devuelve el crédito fiscal acumulado en etapas anteriores. Razones que excluyen cualquier razón que señale diferencias en el uso del mantenimiento del valor que se origina en los saldos a favor del contribuyente, ello en vista del sistema de integración financiera postulado en nuestra legislación.


CONSIDERANDO V: Ahora bien, en la especie, sobre la contención referida a la depuración de crédito fiscal, la administración tributaria sostiene que la interpretación realizada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria es errónea porque no tomó en cuenta lo siguiente: a) Que el mantenimiento del valor que se origina desde el momento de comprometer un crédito fiscal y hasta la entrega de valores debe ser considerado únicamente para el mercado interno y no así como un importe que vaya a incrementar el crédito fiscal para exportaciones, puesto que, a criterio del SIN Regional La Paz, la normativa que prevé la devolución de los CEDEIM, dispone que éstos deberán basarse sólo en lo materialmente pagado por el contribuyente y no así por concepto de mantenimiento de valor, puesto que este último se constituye como accesorio que no fue cancelado efectivamente; y, b) Que el alcance de la verificación efectuada por la administración fue al crédito fiscal acumulado por el contribuyente por los periodos fiscales marzo de 2005 a abril de 2006; no obstante, ahora se pretende la devolución de créditos fiscales que corresponden a otra gestión.


Entonces en cuanto al análisis del primer inciso, debe señalarse que de existir un saldo de crédito fiscal acumulado a favor del contribuyente, como en el presente caso, a ser devuelto conforme a lo prescrito en la normativa, es decir, mediante CEDEIMs, el mismo, indudablemente, por las razones expuestas precedentemente merece ser actualizado, ello en virtud a lo prescrito por el art. 9 del DS 21530. Debe comprenderse que el crédito fiscal acumulado y su mantenimiento del valor, son dos conceptos que no pueden ser divididos ni separados por la administración tributaria y determinar de manera infundada que la devolución pertinente se deberá hacer únicamente sobre la base de lo principal, dejando de lado un pago accesorio que dependerá en su cálculo del primero, bajo la concepción que el contribuyente no erogó un gasto dirigido a su efectivización; entonces si se reconoce y reintegra al exportador en forma automática e inmediata su crédito fiscal acumulado, sin duda también deberá hacérselo en lo que concierne a su actualización o mantenimiento del valor.


Consecuentemente, los montos que comprenden a julio/2005, noviembre/2005 y enero/2006, que el exportador adicionó como son Bs.2.274, Bs.1.744 y Bs.2.117, que sumados totalizan Bs.6.135 por restitución de mantenimiento de valor por CEDEIM recibidos, y que fueron excluidos de la devolución impositiva, por considerar erradamente que dicho mantenimiento originado desde el momento de comprometer un crédito fiscal hasta la entrega de los valores, indudablemente constituyen un saldo a favor del contribuyente que nace de las compras de bienes y servicios de los periodos fiscales de marzo, julio y noviembre de 2004, los cuales además no sufrieron ninguna observación; y por tanto, corresponde ser acreditado contra el IVA a favor del contribuyente exportador a través de CEDEIM, conforme determinan los arts. 3 del DS 25465 y 11 de la Ley 843.


Este entendimiento resulta afín con la política fiscal asumida por el Estado Boliviano en materia de exportaciones, cual es: a) Evitar la fuga de componentes impositivos; y, b) Fomentar la actividad de exportación. Por lo tanto, no resultaría coherente que nuestra legislación permitiera un trato discriminatorio entre quienes operan en el mercado interno frente a los exportadores, rompiendo el principio constitucional de igualdad tributaria, porque ello provocaría un resultado contrario a la aludida política fiscal, pues se permitiría el cálculo del mantenimiento del valor sobre saldos correspondientes a crédito fiscal, solamente en favor de un sector productivo, como serían que efectúan sus actividades en el mercado interno y no así de los exportadores; lo que implicaría un trato desigual y quebrantaría el orden legal y constitucional del país.


En cuanto al segundo inciso desglosado del problema jurídico planteado, relativo a que el contribuyente pretende la devolución del crédito fiscal acumulado en gestiones anteriores a los de la verificación efectuada por la administración, cabe resaltar que tal como se desarrolló en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0216/2011, conforme a lo explicado en la doctrina tributaria, los saldos a favor del sujeto pasivo, resultan de la diferencia entre los débitos fiscales menos los créditos fiscales, de acuerdo a lo establecido en la ley, esto es, a través del mecanismo de integración financiera, sustrayendo al impuesto IVA (crédito fiscal) el total del impuesto generado por ventas, locaciones y prestaciones (débito fiscal) contenido en las adquisiciones de bienes o servicios contratados, sin importar si los mismos se produjeron en ese ejercicio o en el anterior, y si se vendieron o permanecen en existencia.


En el mismo sentido, el art. 7 de la Ley 843 dispone que el débito fiscal surge de la aplicación de la alícuota sobre los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación imputables al periodo fiscal que se liquida. Por su parte, el art. 8 de la misma normativa, establece que del débito fiscal se restará el crédito fiscal que surge de aplicar la misma alícuota al monto de compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, facturados o cargados mediante documentación equivalente. El art. 9 siguiente, prevé que si de la diferencia entre el debido y el crédito fiscal resulta un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos determinados, pero si por el contrario, existe una diferencia a favor del contribuyente, este saldo más el mantenimiento de valor puede ser compensado con el IVA de periodos posteriores.


En consecuencia, no resulta atendible lo demandado por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, con relación a que el crédito fiscal cumulado en periodos anteriores, no podría ser restituido posteriormente, pues el crédito fiscal comprometido, sin duda, debe ser restituido con el mantenimiento del valor a favor del exportador, no existiendo fundamento legal para que el contribuyente renuncie al mismo, criterio que responde a la prevalencia de la verdad material sobre la verdad formal, que relega la exigencia de aquellos ritualismos innecesarios a tiempo del ejercicio de la actividad administrativa que inviabilicen y e impidan la efectivización de los derechos positivizados y relieva el simplismo tributario.


Para ese efecto, el ordenamiento jurídico establece que este principio de verdad material se aplica a favor del contribuyente, así el art. 69 del CTB, señala que “En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias”; principio que además se halla estrechamente relacionado con el principio de Seguridad Jurídica constitucionalizado por el art. 178. I de la CPE, que establece que la potestad de impartir justicia se sustenta en “los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; por lo que en la especie, además de no haberse detectado mala fe de parte del contribuyente, no es evidente el argumento citado, siendo los actos del sujeto pasivo válidos y lícitos a efectos de beneficiarse de crédito fiscal.


Entonces, lo expuesto precedentemente permite concluir que la AGIT actuó correctamente al emitir la Resolución ahora impugnada y que el criterio esgrimido por la administración tributaria no es aceptable porque no responde a los Convenios Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad integrado a nuestra legislación, tampoco a la política fiscal en materia de exportaciones ni a las normas tributarias vigentes analizadas en párrafos anteriores.


POR TANTO La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa, cursante de fs. 15 a 17 vta. Interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0216/2011 de 11 de abril dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena