SALA PLENA


SENTENCIA:                            650/2015

FECHA:                                Sucre, 10 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        315/2011.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                Maritza Suntura Juaniquina.


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo interpuesto por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima “ENTEL S.A.”   impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0299/2011 de 3 de junio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 63 a 67, la respuesta de fs. 89 a 92, la réplica de fs. 96 a 98 vta., la dúplica de fs. 102 y vta., los antecedentes del proceso y;


CONSIDERANDO I: Roxana María Pérez del Castillo Brown se apersonó ante este Tribunal Supremo de Justicia en representación legal de ENTEL S.A., a interponer demanda contencioso administrativa, bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho:


Alega que una vez producida la nacionalización de ENTEL S.A. el 2008, en atención a las nuevas políticas de integración a los sectores más alejados del territorio nacional mediante la televisión satelital, el 16 de octubre de 2009 se procedió a la importación de 9.900 decodificadores y 9.900 tarjetas inteligentes Smart Cards. De los cuales, una vez situados en almacenes de ENTEL S.A., se determinó remitir a la ciudad de Trinidad, 40 decodificadores y 40 tarjetas inteligentes Smart Cards, embaladas en ocho cajas de cartón; fin para el cual, se contrataron los servicios de la empresa Mark Moving Bolivia S.R.L., la cual, el 15 de octubre de 2010 procedió a su trasladó vía terrestre, inicialmente a la ciudad de Oruro con destino a Trinidad pasando por Santa Cruz, mediante la Flota Trans Copacabana S.A., bajo el número de Guía E-4159 emitida en la precitada fecha.


Posteriormente, el 16 de octubre de 2010, aproximadamente a horas 4:00 durante el control rutinario que efectuó el Control Operativo Aduanero (COA) en la Tranca de Control “Locotal” ubicado en la carretera Cochabamba Santa Cruz interceptó a la flota de la mencionada empresa Trans Copacabana, tipo bus, marca Mercedes Benz, color blanco, con placa de control 1058-NEN, conducida por Santos Apaza Condori, con licencia de conducir 547464, categoría “C”, en la que encontró las ocho cajas con decodificadores y 3 bolsas de ropa americana; las que, no pudiendo identificar a los propietarios de las mismas, presumiéndo equivocadamente la comisión del ilícito de Contrabando, procedió a su comiso preventivo, trasladándola y depositándola en dependencias del recinto aduanero de ALBO S.A. dependiente de la Aduana Nacional Gerencia Regional Cochabamba, conforme consta en el Acta de Intervención Contravencional COA-RCBA-C-0451/10 de 1 de noviembre de 2010.


Agrega que notificado ENTEL S.A. con la citada Acta, éste presentó la correspondiente DUI C- 14512 de 16 de octubre de 2009, solicitando la devolución de los decodificadores decomisados; pese a lo cual, la Administración Aduanera Regional Cochabamba, pronunció la Resolución Sancionatoria AN GRCGR-CVBBCI 0315/2010, calificando el hecho como Contrabando. Acto administrativo que fue objeto de recurso de alzada, al que se adjuntó la factura comercial RUT 76.038.873-4 de 7 de octubre de 2009 emitida por la empresa “Tu Ves”, emitida en favor de ENTEL S.A. por 9.900 Set Top Box y 9.900 Smart Cards, Paking List, el certificado de Origen también a nombre de ENTEL S.A., País de Origen China; Parte de Recepción de Mercancías y la DUI 14512 de 16 de octubre de 2009. Documentación que constituye el respaldo de la Declaración Única de Importación (DUI) antes mencionada.


La citada impugnación mereció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0070/2011 de 17 de marzo, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, disponiendo que la Administración de Aduana Interior Cochabamba dicte nueva acta de intervención contravencional; lo que motivó la interposición del recurso jerárquico por ambas partes, ENTEL S.A. reclamó que no existían fundamentos legales para la anulación del proceso, puesto que ante la existencia de argumentos de hecho y de derecho de la Resolución Sancionatoria, correspondía a la Autoridad de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, revocar la Resolución Sancionatoria; recurso que se resolvió mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0299/2011 de 3 de junio, que revocó totalmente la Resolución de alzada, al considerar que la DUI ofrecida por ENTEL S.A. fue insuficiente para demostrar la legal importación; determinación asumida sin invalidar ni cuestionar la legalidad de la DUI C- 14512, la cual acreditaría de manera inobjetable la legal importación de los 9.900 Decodificadores, marca TuVes y 9.900 tarjetas Smart Cards, de los que formaron parte los 40 decodificadores y 40 tarjetas inteligentes Smart Cards decomisados por el COA; por tanto, la importación de los equipos sometidos a control de Canal Rojo, el cual es donde la mercadería así como la documentación, son sometidos a un examen riguroso a cargo de un especialista de Aduana y un Despachador, para que la mercadería sea desaduanizada, lo que se hizo con los decodificadores y las tarjetas Smart Cards, obteniendo el LEVANTE correspondiente y en la cantidad antes mencionada, producto del cual es la DUI que guarda estrecha relación con la prueba (fotocopias legalizadas) descartada por la AGIT consistente en la Factura Comercial 0001 de 7 de octubre de 2009, Pakin List de la mencionada Factura, el Certificado de Origen Re- Exportación y el Parte de Recepción ítem 201 2009 331569 180/2009, nunca fue cuestionada; dejando de esta manera, firme y subsistente la Resolución Sancionatoria impugnada, rechazando la consideración de la prueba de descargo adjuntada por ENTEL S.A.


Aclara que lo determinado por la Administración Aduanera va en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, al ser accionista mayoritario de ENTEL S.A como consecuencia del Decreto Supremo de Nacionalización 29544 de 1 de mayo de 2008, que tiene por objeto integrar y desarrollar toda la geografía nacional mediante la Televisión Satelital, considerando además lo establecido en el art. 235 inc. 5) de la Constitución Política del Estado (CPE), en cuyo texto dispone la obligación de los servidores públicos de respetar y proteger los bienes del Estado.


Señala que la prueba de descargo presentada, justifica la presente demanda y hace procedente la devolución de los equipos decomisados, consistentes en la documentación que hacen a la “Carpeta de Despacho Aduanero”, adjuntando en copias legalizadas las mismas por la Agencia Despachante de Aduanas Comex Lands S.R.L. de Reynaldo H. Peña Portocarrero, las que formaron parte integrante de la DUI C- 14512 de 16 de octubre de 2009, adjuntada a la presente demanda, tales como: Factura de Exportación RUT 76.38.873-4, Carta de Porte Internacional por Carretera, Parte de recepción de Mercaderías, Paking List, Declaración Andina del Valor, Póliza de Transporte, Póliza de Seguro de Equipos, Póliza de Seguro de Transporte, Póliza de Seguro, Minuta y Condiciones Particulares, Endoso de Transporte, Endoso de Transporte por el valor total del contrato, Certificado de Origen Re Exportación, Dos Contratos de Transporte con Segundo Rojas Flores de 13 de octubre de 2009, Manifiesto Internacional de Carga por Carretera, Parte de Recepción de Mercaderías, Recinto Administración de Aduana Interior La Paz y el Formulario de la Aduana Nacional, Solicitud de Emisión del parte de recepción sin descargar la mercadería.


Indica que tanto la DUI C-14512 como la Carpeta de Despacho Aduanero, demuestran la legal importación de los 9.900 decodificadores y Smart Cards, de los que forman parte los 40 decodificadores y Smart Cards decomisados, demostrando la inexistencia de Contrabando, al no traficar, ni comercializar o realizar algún tipo de acto de comercio, refiriéndose a los incs. b), f) y g) del art. 181 del Código Tributario Boliviano (CTB), al no adecuarse su conducta a estas disposiciones.


En mérito a lo expuesto, y al amparo de los arts. 70 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) y 147 de la Ley 2492, la representante legal de ENTEL S.A., plantea la presente demanda, solicitando se declare probada la misma y la Revocatoria de la Resolución impugnada, declarándose nula y sin valor legal la Resolución Sancionatoria.


CONSIDERANDO II: Admitida la demanda por decreto de fs. 70 y corridos ambos en traslado a la otra parte, dio lugar al memorial de respuesta cursante de fs. 89 a 92, presentado por Juan Carlos Maita Michel en representación legal de la AGIT, en cuyo contenido, constan los siguientes fundamentos:


En previsión a lo establecido por el art. 181 incs. b) y g) del CTB y última parte del citado artículo del CTB y art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta de la Empresa demandante fue considerada como Contravención Tributaria, por el hecho de enviar a la ciudad de Santa Cruz 40 piezas de decodificadores y 40 tarjetas inteligentes Smart Cards, embaladas en ocho cajas de cartón, mediante la empresa de transporte terrestre Trans Copacabana, sin la documentación aduanera correspondiente, encuadrando su conducta al ilícito de tráfico de mercancías sin la documentación legal y por infringir los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o disposiciones especiales, en aplicación del art. 70 num. 11 del referido Código Tributario.


Agrega que confrontando la descripción técnica de la mercancía nacionalizada mediante la DUI C-14512 con los detalles de la mercadería decomisada, se advirtió que si bien al DUI presentado como descargo, ampara la legal nacionalización de los decodificadores digitales y tarjetas chip; sin embargo, no describe ni especifica el tipo, sub tipo y codificación. En ese sentido, de conformidad con lo previsto por el art. 90 de la Ley General de Aduanas (LGA), el señalado DUI resulta ser el único documento aduanero que determina la legal importación de una mercancía extranjera a territorio aduanero nacional, toda vez que sólo en éste se puede verificar el correcto pago de los tributos de importación de la mercancía descrita en él, indicando que la respectiva DUI no ampara la legal importación de la mercancía decomisada; características técnicas de la misma que no coinciden con la mercancía importada, por lo que, la Empresa demandante, no proporcionó elementos de prueba suficientes que desvirtúen la comisión de la contravención aduanera de Contrabando, cuando de conformidad con el art. 76 del CTB, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, aspecto que la DUI C-14512 no reflejó, ya que por si sola no desvirtuó la contravención atribuida.


Por todo lo expuesto, alegando que los documentos aportados como soporte para su verificación, no fueron suficientes en calidad de prueba, y al carecer la presente demanda de sustento jurídico-tributario; solicita se declarare improbada la misma.


Corrida en traslado la respuesta, fue formulada la réplica y consiguiente dúplica, disponiéndose “Autos” para sentencia.                    


CONSIDERANDO III: Que de la compulsa de los datos procesales y de la revisión de los actuados procesales se tiene lo siguiente:







CONSIDERANDO IV: Una vez cumplida la compulsa de los datos procesales y la Resolución administrativa impugnada, agotado como se tiene el procedimiento administrativo de impugnación que dio lugar a la emisión de la Resolución del recurso jerárquico, corresponde a continuación, dilucidar si los extremos denunciados por el recurrente son evidentes y si implican una incorrecta aplicación de la ley al caso venido en revisión, a fin de declarar probada o improbada la demanda intentada.


Previo a ello, resulta necesario identificar de manera clara y precisa, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, el cual reviste características de un juicio de puro derecho, en el que, el Tribunal Supremo de Justicia limita su accionar al análisis sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial y de legalidad sobre los actos ejecutados por la autoridad administrativa demandada.


Aclarado el marco de acción de este órgano, corresponde a continuación identificar los motivos de controversia planteados en el presente proceso y sobre los cuales se basará el siguiente análisis de fondo, los que se circunscriben a los siguientes puntos:


  1. Establecer si conforme a lo establecido en las previsiones contenidas en los arts. 181 incs. b) y g) y su última parte del CTB; y, 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta de la empresa demandante ENTEL S.A., consistente en el envió de cuarenta piezas de decodificadores y cuarenta tarjetas Smart Cards respaldados por el DUI C-14512, a la ciudad de Santa Cruz; embalados en ocho cajas de cartón y enviados mediante la flota Trans Copacabana, se enmarca dentro del Contrabando Contravencional e infringe los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras y disposiciones especiales, en aplicación del art. 70 inc. 11) del CTB.


  1. Determinar si la prueba de descargo presentada por ENTEL S.A., resulta insuficiente para determinar la legal importación de la mercadería extranjera a territorio nacional, e incumple el mandato establecido en el art. 76 del CTB.


Puestas así las cosas, corresponde a continuación ingresar al control de legalidad sobre la aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso, tarea que será desarrollada a continuación.


Sobre el problema jurídico planteado, relativo a la conducta asumida por ENTEL S.A., y si la misma constituye Contrabando Contravencional y si la prueba de descargo resultó insuficiente; se debe iniciar el análisis a partir de la revisión de la naturaleza jurídica del Contrabando, el cual, según Cotter Patricio Juan, en su libro: “Las Infracciones Aduaneras”, Segunda Edición, señala que es: “…el ilícito tipificado en las legislaciones aduaneras, que prescribe una conducta violatoria de una norma aduanera fundamental, que consagra un principio aduanero reconocido por todos los países. Este principio, (…), se encuentra íntimamente vinculado con la soberanía de los Estados y tiene por finalidad asegurar la posibilidad inherente a todo Estado de decidir qué mercancías pueden entrar o salir de su territorio o en su caso bajo qué condiciones. Este principio expresa que nadie puede introducir ni extraer mercancías de un Estado sin la previa autorización aduanera, a cuyo fin la entrada y salida de mercaderías debe realizarse por lugares habilitados y en horarios habilitados, donde serán sometidos a los controles encomendados a la autoridad aduanera… Ilícito aduanero por excelencia que supone la vulneración de la función principalísima de la Aduana, esto es, el debido control del tráfico internacional de mercancías. El contrabando excede el mero supuesto de la defraudación fiscal, pues lo determinante para la punición es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades de control de las aduanas sobre las importaciones y exportaciones. Es todo acto u omisión tendiente a impedir o dificultar el adecuado control que le compete a las aduanas sobre las importaciones y exportaciones de mercaderías. Es claro que la entrada y salida de mercancías nunca es libre, siempre hay que someterlas a formalidades aduaneras, y ello con independencia de la carga tributaria que pudiera disponerse o el régimen de prohibiciones o restricciones aplicables…”.


Esta figura jurídica se encuentra consagrada en la Constitución Política del Estado, dentro de la sección de Política Fiscal, art. 325, en cuyo texto dispone que el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos, serán penados por ley.


En ese sentido, la Ley General de Aduanas, que tiene por objeto regular el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. En ese orden, el art. 165 de la LGA, norma los delitos aduaneros, en sentido que comete delito aduanero, la persona que por acción u omisión, directa o indirectamente, por si sola, asociada o por intermedio de otras personas incurra en alguno de los siguientes actos tipificados en la presente Ley; entre los cuales, se encuentra en el inc. a) el Contrabando; desarrollado en la Sección I de la misma Ley (art. 166), en sentido que, comete Contrabando: a) Quien instruya o realice tráfico de mercancías para su introducción o extracción del territorio aduanero nacional en forma clandestina; b) Quien realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o en violación de los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por leyes especiales; c) Quien realice tráfico de mercancías eludiendo el control aduanero o por vías u horarios no habilitados; d) Quien realice transbordo de mercancías infringiendo disposiciones de esta Ley o las descargue en lugares distintos de la aduana de destino, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la administración de la aduana; e) Quien comercialice mercancías transportadas ilegalmente; f) Quien realice tráfico o comercialización de mercancías extranjeras dentro del territorio nacional sin el amparo de la respectiva documentación aduanera, conforme a lo establecido en el art. 4 de la presente Ley. Quién retire del control aduanero mercancías no comprendidas en la Declaración Aduanera que ampara el régimen al que debieran ser sometidas; g) Quien tenga o comercialice mercancías cuya importación se encuentre prohibida; h) Quien tenga mercancías extranjeras sin la autorización de la Aduana Nacional o comercialice mercancías, mientras están bajo el Régimen de Tránsito Internacional ingresadas al territorio nacional bajo el régimen de tránsito aduanero internacional; i) Quien infrinja otras disposiciones expresamente señaladas en la presente Ley; y j) Quien realice cualquiera de los actos señalados en el art. 66, numeral II de la presente Ley.

 

Agregando en su segundo párrafo que el delito de Contrabando no quedará desvirtuado al no estar gravadas las mercaderías con el pago de tributos aduaneros.

 

En ese mismo orden jurídico, el art. 181 del CTB, establece que comete Contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía; b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima; d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria; e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas; f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida; y, g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.


Agrega finalmente el mismo articulado que el Contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de tributos aduaneros.


El art. 160.4 del CTB complementa la normativa señalada precedentemente, estableciendo que el Contrabando es considerado como contravención tributaria cuando se refiera al último párrafo del art. 181 del mismo cuerpo legal; el cual ha sido incorporado por la Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley 317, en cuyo texto modifica el monto de los numerales I, III y IV de UFVs 50.000 a UFVs 200.000, estableciendo que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de Contrabando, sea igual o menor a 200.000 UFVs, la conducta se considerará Contravención Tributaria, debiendo aplicarse en consecuencia, el procedimiento establecido para la tipificación del ilícito de Contrabando Contravencional.


Consiguientemente, en base a la normativa señalada y a lo establecido en los primeros artículos de la Ley General de Aduanas, tal como se señaló precedentemente, la potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, que debe ejercer en estricto cumplimiento de dicha normativa y del ordenamiento jurídico nacional; pues, todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de buena fe y transparencia. Entonces, la Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que fijen las leyes; así como de controlar, comprobar, verificar e investigar, así como de ejecutar inspecciones materiales de bienes y locales; así como de asumir las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia y valor de las mercancías vinculadas al comercio exterior.


En el caso de autos; de conformidad a los argumentos contemplados en la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0315/2010 de 23 de noviembre, se establece que la Administración Aduanera basó sus fundamentos en lo siguiente: “Que, en el contexto de todo lo anotado se tiene que la acción en la que incurrieron La Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. y PERSONAS NO IDENTIFICADAS, se adecua a la tipificación prevista por los arts. 160 numeral 4) y 181 numerales b), f) y g) del Código Tributario Boliviano, con las modificaciones ya señaladas en cuanto al monto de los tributos, calificando como contrabando contravencional, por la mercancía de las características descritas en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C0451/10, de fecha 01 de noviembre  de 2010, siendo sujeta a su comiso definitivo, de acuerdo al art. 160 numeral 5 de la Ley 2492, de 02 de agosto de 2003 (Código Tributario Boliviano)” (sic).


Con esos argumentos determinó declarar probado el delito de Contrabando Contravencional, dado que la representante legal de ENTEL S.A., si bien presentó pruebas de descargo dentro de la etapa preparatoria; empero, a criterio de la administración pública, la misma no ampara la legal importación de la mercancía.

 

Así, la autoridad demandada, a tiempo de pronunciar la Resolución Jerárquica sostuvo que: “…la DUI es el único documento aduanero que determina la legal importación de una mercancía extranjera a territorio aduanero nacional, toda vez que en este documento se puede verificar el correcto pago de los tributos de importación de la mercancía descrita en él, por lo que la DUI C-14512 no ampara la legal importación de la mercancía…”, “…ENTEL S.A. envió a la ciudad de Santa Cruz 40 piezas de Decodificadores y 40 Tarjetas Smart Cards, embaladas en 8 cajas de cartón, a través de la empresa Trans Copacabana, sin la documentación aduanera correspondiente, siendo que de conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), se tipifica contrabando cuando se realiza el tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normativa aduanera o disposiciones especiales, en aplicación del art. 70 num. 11 de la Ley 2492 (CTB), en ese entendido, la contravención aduanera de contrabando endilgada a ENTEL S.A., por parte de la Administración Aduanera se ajusta a derecho…”, indicando finalmente que la conducta de la empresa demandante se adecúa a las previsiones del art. 181 incs. b) y g) del CTB.

                   

Ahora bien, ingresando al análisis de fondo de lo demandado, de todo lo descrito, se desprende de manera inobjetable que, la Administración Aduanera notificó a Melvy R. Herbas Castellanos representante legal de ENTEL S.A., el 4 de noviembre de 2010, con el Acta de Intervención Contravencional; haciéndole conocer que el 6 de octubre de ese año, funcionarios del COA interceptaron una flota con placa de control 1058-NEN, de la empresa Trans Copacabana en la Tranca de control “Locotal”, ubicada en la carretera Cochabamba Santa Cruz, oportunidad en la que verificaron la existencia de ocho cajas con decodificadores, y al no haber identificado al propietario de las mismas, presumiendo el ilícito de Contrabando, procedieron a su comiso preventivo para su posterior traslado a Albo S.A. dependiente de la Aduana Nacional Regional Cochabamba, otorgando el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación.


Posteriormente, el 4 del mismo mes y año, es decir, dentro del plazo establecido por ley, ENTEL S.A., cumplió con la presentación del descargo correspondiente, como es la DUI C-14512 debidamente legalizada, el mismo que previo análisis por parte de la Administración Aduanera, dicha instancia determinó que no ampara la legal importación de los decodificadores digitales para televisión por cable, debido a que en el aforo físico se evidenció que la mercancía es marca “Tu Ves”, modelo A3602-3501-S2-P y serie individual por artículo, datos que no se advierten en la documentación presentada, siendo que en el DUI presentado no declara marca, cantidad 9.900 unidades, origen China; teniendo una descripción muy general que no identifica las características de cada producto. Hecho que dio lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGRI 0315/2010 de 23 de noviembre que declaró probado el Contrabando Contravencional.


Luego, dentro de los plazos establecidos, ENTEL S.A. presentó recurso de alzada, al que adjuntó documentación consistente en Factura Comercial RUT 76.038.873-4 de 7 de octubre de 2009 emitida por la empresa “Tu Ves” a nombre de ENTEL S.A, por 9.900 Set Top Box y 9.900 Smart Cards, Paking List, certificado de Origen a nombre de esta empresa, País de Origen China; parte de Recepción de Mercancías y la DUI 14512 de 16 de octubre de 2009; las mismas que no fueron estimadas en virtud a lo establecido por los arts. 81 de la Ley 2492 y 127 inc. a) de la Ley 3092; el primero de los citados que legisla sobre la apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas, en sentido que éstas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: a) Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; b) Las que habiendo sido requeridas por la administración tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa; y, c) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.


Aclarándose en el mismo artículo que en los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.


Por su lado, el art. 127 inc. a) de la Ley 3092, establece que se admitirá como prueba documental, cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre y cuando sea original o copia de éste, legalizada por autoridad competente.


Entonces, de lo detalladamente descrito, es posible determinar que el 16 de octubre de 2009, ENTEL S.A., importo legalmente 9.900 decodificadores y 9.900 tarjetas Smart Cards, obteniendo al final de dicho procedimiento el DUI C-14512, que acredita la transacción en el mercado externo, con el respectivo sello de LEVANTE, así como la existencia de la “Carpeta de Despacho Aduanero”, que se encontraba en poder del administrado; la que, entre otros documentos, contiene la Factura Comercial RUT 76.038.873-4 de 7 de octubre de 2009 emitida por la empresa “Tu Ves” a nombre de ENTEL S.A, por 9.900 Set Top Box y 9.900 Smart Cards, Paking List, certificado de Origen a nombre de esta empresa, País de Origen China; y, parte de Recepción de Mercancías. Internando dicha mercadería en sus almacenes, para luego ser distribuida a los departamentos de Bolivia, con el objetivo de ejecutar sus planes de integración; es así que determinó remitir a la ciudad de Trinidad 40 Decodificadores y 40 Tarjetas Inteligentes Smart Cards, contratando los servicios de la empresa Mark Moving Bolivia S.R.L., la cual, cumplió con el envío solicitado a través de la flota Trans Copacabana S.A.; en ese transcurso, cuando se procedía a dicho traslado vía terrestre, funcionarios del COA la interceptaron para trasladarla a los almacenes de Albo S.A. dependiente de la Aduana Nacional Gerencia Regional Cochabamba, presumiendo que se trataba del ilícito de Contrabando, al no contar dicha mercancía , en ese momento, con la documentación respaldatoria que acredite su legal importación y permita su libre circulación en el país.


Consecuentemente, el 1 de noviembre de 2009, se notificó a la representante legal de ENTEL S.A., haciendo conocer los pormenores y la decomisada provisional de 40 Decodificadores y 40 Tarjetas Inteligentes Smart Cards, solicitando la presentación de prueba de descargo. Disposición que fue cumplida a cabalidad por parte de la administrada, que mediante memorial presentado el 4 siguiente, adjunto una fotocopia legalizada del DUI C-14512, que acreditaba como se explicó precedentemente la importación legal de toda la mercadería, de la cual, una parte se pretendía ser trasladada a la ciudad de Trinidad y fue interceptada en dicho cometido.


Con esos antecedentes, la administración aduanera desestimó el Documento Único de Importación presentado, bajo el argumento que cuenta con información general, y por tanto, a su criterio, no ampara la legal importación de los decodificadores digitales para televisión por cable, debido a que en el aforo físico se evidenció que la mercancía es marca “Tu Ves”, modelo A3602-3501-S2-P y serie individual por artículo, datos que señala, no se advierten en la documentación presentada, siendo que en el DUI presentado no declara marca, cantidad 9.900 unidades, origen China; concluyendo con la emisión de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGRI 0315/2010 de 23 de noviembre que declaró probado el Contrabando Contravencional.


A estas alturas del análisis corresponde revisar el principio de verdad material que rige en materia administrativa; o bien, la prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal; que presupone que las formalidades no deben impedir el logro de los objetivos del derecho sustancial, por ello, en virtud a él, siempre que el derecho sustancial pueda cumplirse a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto; puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera. El principio de verdad material busca que el logro de la justicia no se vea impedida por cuestiones o reglas procesales o por consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos, debe ser aplicado en todos los ámbitos del derecho; impregnando completamente la función administrativa; resultando inadmisible que se exijan ritualismos o formalismos exagerados, que impidan la materialización de la justicia.


Entre los principios contenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, se encuentra sin duda, el de verdad material, sobre el cual, dispone expresamente, que la administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal. Otro principio de aplicación al ámbito administrativo es el de impulso de oficio, en virtud al cual, la administración se encuentra en la obligación de impulsar el procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés público.


Es así que, si bien correspondía a la administración aduanera cumplir con su labor de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país; sin duda, en el caso que se analiza, ejecutó dicha labor a tiempo de la importación de la mercadería por parte de ENTEL S.A., consistente en 9.900 decodificadores y 9.900 tarjetas inteligentes Smart Cards, obteniendo luego de dicho proceso el correspondiente DUI, y el correspondiente estampado del sello de LEVANTE que acredita la autorización de desaduanización; siendo además que la mercadería importada fue sometida a un examen riguroso a cargo de un especialista de Aduana y un Despachador; luego no puede desconocer su propia documentación, pretendiendo que el importador demuestre por segunda vez la legalidad en la adquisición de los equipos determinados, los cuales inclusive fueron sometidos a un aforo minucioso tanto de los equipos como de la documentación, prueba de ello es que lleva el sello de canal rojo, y la respectiva autorización de desaduanización con el sello de LEVANTE; y más aún, pretender sancionar con el decomiso definitivo de la mercadería interceptada durante su traslado a otro departamento y que forma parte del total importado, bajo el argumento que el DUI no contiene las especificaciones necesarias; pues si bien, no obstante la presentación de la fotocopia legalizada del DUI por parte de ENTEL S.A., la administración aduanera consideraba insuficiente la misma para demostrar su legal importación, le correspondía, aplicar los principios de verdad material y el impulso de oficio contenidos en la propia Ley de Procedimiento Administración, y en virtud a éstos, requerir la Carpeta de Despacho Aduanero al propio administrado, a efectos de despejar cualquier duda que pudo suscitar en ese momento determinado; y no calificar la conducta de ENTEL S.A. como ilícita, sin antes perseguir la verdad material; teniendo presente además que si bien, a su criterio, el DUI no contenía la información necesaria; pero tampoco tenía ninguna otra información que negaba, contrariaba o aparentaba tratarse de otro tipo de mercadería; al contrario, ningún elemento contemplado en dicho documento hacía presumir su falsedad o su impertinencia; por tanto, era obligación de la administración despejar la duda, mediante el requerimiento de otra prueba que corrobore la información detallada en el DUI; y no actuar como lo hizo, contrario a los principios que rigen en materia administrativa; dando lugar al desarrollo de un proceso administrativo; en el cual, de igual forma, en instancia de alzada, se volvió a cometer la vulneración a la legalidad, al no detectar el insuficiente esfuerzo desplegado por parte de la administración aduanera.


De lo analizado en los antecedentes del proceso, ENTEL S.A. consideró que habiendo atravesado la etapa de importación del total de la mercadería, cuando procedió a internar la misma a sus almacenes, luego de cumplir con todos los requisitos exigidos por ley; etapa en la que presentó todos los documentos necesarios para obtener el DUI correspondiente, que acreditaba la transacción internacional; sin duda, se sintió en la libertad de disponer de dicha mercancía de manera, de acuerdo a sus políticas de integración; por lo que determinó enviarla a las diferentes centrales en otras ciudades; por lo que, al haber sido interceptada parte de ella, entonces, conforme dispone el art. 90 de la LGA con relación a que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; presentó el documento idóneo para demostrar el pago de las obligaciones pecuniarias que acreditan su legal importación; pues a lo largo del mismo proceso administrativo, en todas las instancias se afirma que el DUI es el único documento que determina la legal importación de una mercancía extranjera a territorio aduanero nacional, toda vez que sólo en éste se puede verificar el correcto pago de los tributos de importación de la mercancía descrita en él.


No obstante lo cual, si la propia Administración Aduanera fue la que omitió a tiempo de la desaduanización, exigir la consignación del detalle individualizado de la mercadería a ser importada, pese a haberla sometido a sorteo por canal rojo, y haber sellado la transacción con el LEVANTE, luego no puede desconocer su propia negligencia, y pretender sancionar al administrado, trasladando una responsabilidad inherente a sus propias funciones. Fin para el cual, en caso de duda, debió efectivizar el cumplimiento de los principios aplicables en materia administrativa, y perseguir la averiguación de la verdad, requiriendo información complementaria; puesto que el fin perseguido para las instancias del Estado es el resguardo de los derechos y garantías, e impartir justicia a todo el territorio nacional, en estricta aplicación de las normas legales vigentes; pero siempre velando por el cumplimiento de lo justo; más no afectar el interés particular o público de manera negligente, por no desplegar sus funciones hasta el límite permitido, más aún si se presupone que todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de buena fe y transparencia; y la Ley General de Aduanas, otorga a la instancia administrativa aduanera, la atribución de controlar, comprobar, verificar e investigar, así como de ejecutar inspecciones y asumir las medidas necesarias para determinar la características de las mercaderías importadas.


A más de ello, de la lectura de la Resolución del Recurso Jerárquico, con relación a la demás prueba de descargo presentada junto a la interposición del recurso jerárquico, señala que las mismas no pueden ser valoradas por la instancia jerárquica, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 81 de la Ley 2492 y 217 inc. a) de la Ley 3092, “…toda vez que se puede admitir documentación presentada por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que sea original o copia legalizada por autoridad competente y sea con juramento de reciente obtención” (sic). De dicho párrafo no es posible desentrañar el motivo exacto de rechazo a la prueba presentada; es más, tampoco se establece tal denegatoria; tan solo se remite a dos normas legales, la primera referida a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba, desglosada en tres incisos; y la segunda, a la presentación de originales o copias legalizadas por autoridad competente; las cuales, supuestamente impiden la valoración de la prueba; es decir, si fue por inoportuna, impertinente o por no tratarse de original o copia legalizada; dejando en incertidumbre al administrado, quien no llegó a conocer el verdadero motivo de la desestimación de sus descargos; puesto que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no desciende al caso concreto, sino de manera general y abstracta hace mención a dos articulados que contienen variada información, para concluir que ello, le impide valorar la prueba en dicha instancia; sin referirse ni siquiera a, si dicha labor fue cumplida de manera correcta en las instancias inferiores, como era su deber; puesto que una de las denuncias expresas en la impugnación, era precisamente esa.


Del análisis precedente, este Tribunal de Justicia, habiendo verificado los actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, determina, que la conducta desplegada por ENTEL S.A. no puede ser considerada como Contrabando Contravencional, conforme se determinó en recurso jerárquico en sentido de que los hechos se acomodaron a lo prescrito por los arts. 160.4 y 180 incs. b) y g) de la Ley 2492; pues, tal como se explicó precedentemente, la omisión de la administración aduanera en el cumplimiento de sus deberes, no puede ser atribuible desde ningún punto de vista, al administrado que en el caso, viene a ser ENTEL S.A.; lo que deriva sin duda, a determinar que la prueba de descargo presentada, a criterio de este Tribunal fue suficiente para probar la correcta internación de la mercadería, al haber atravesado recientemente un proceso de revisión minuciosa de parte de la propia entidad aduanera, instancia que otorgó la autorización de desaduanización, mediante el sorteo de canal rojo y el estampado del sello de LEVANTE; por lo tanto, conforme a los fundamentos expuestos corresponde declarar probada la presente demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda; y en consecuencia, deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0299/2011 de 3 de junio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, así como la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0070/2011 de 17 de marzo, dictada por Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba y la Resolución Sancionatoria AN GRCGR-CVBBCI 0315/2010 de 23 de noviembre, emitida por la Administración Aduana Interior Cochabamba, por no adecuarse a los fundamentos de hecho y de derecho expresados en la presente Sentencia.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena