SALA PLENA


SENTENCIA:                            643/2015.

FECHA:                                Sucre, 10 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        296/2011

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                Fidel Marcos Tordoya Rivas.


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fojas 14 a 17, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0194/2011 de 25 de marzo (fojas 2 a 11), la contestación de fojas 40 a 42, el memorial de réplica de fojas 47 a 49, la dúplica de fojas 53, los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que, Raúl Vicente Miranda Chávez, se apersonó por memorial de fojas 14 a 17, acreditando su personería a través de la Resolución Administrativa N° 03-0174-11 de 5 de abril (fojas 12), manifestando que la Administración Tributaria fue notificada con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0194/2011 de 25 de marzo, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, derivada del recurso de alzada interpuesto a instancia de Fernando Mario Argandoña Cuellar, contra la Resolución Sancionatoria N° 0136 de 1 de diciembre de 2009, por lo que en aplicación del artículo 2 de La Ley N° 3092 de 7 de julio de 2005, del artículo 70 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de los artículos 778 y 779 del Código de Procedimiento Civil y de la Sentencia Constitucional N° 90/2006 de 17 de noviembre, interpone demanda contenciosa administrativa, en la que como antecedentes del proceso, refirió lo siguiente:

Señaló que el 21 de abril de 2008 se notificó a Fernando Mario Argandoña Cuellar, representante de SCRIBA, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° GDLP/DF/PEV/AISC-193/08 de 1 de abril, por incumplimiento del deber formal de presentación de estados financieros con dictamen de auditor externo dentro del plazo establecido por norma, correspondiente al período fiscal 2005, cuyo cierre de gestión se produjo el 31 de diciembre de 2005, concediéndose al sujeto pasivo, el plazo de 20 días a partir de su notificación a efecto de que presente sus descargos u ofrezca pruebas, o alternativamente cancele la suma impuesta como multa en el referido Auto Inicial de Sumario Contravencional.

Manifestó que no habiendo presentado el contribuyente ningún descargo ni pagado la sanción, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 0136 de 1 de diciembre de 2009, por la cual se resolvió sancionar al sujeto pasivo con la suma de UFV 2.000, por haber incumplimiento del deber formal de presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa, en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en norma específica, correspondiente a la gestión fiscal cuyo cierre se produjo el 31 de diciembre de 2005, habiéndosele notificado personalmente con la referida resolución, el 29 de septiembre de 2010.


Indicó que el 25 de octubre de 2010, la Administración Tributaria fue notificada con el recurso de alzada presentado por el contribuyente, resuelta con la Resolución ARIT-LPZ/RA 0006/2011 de 7 de enero, que revocó totalmente la resolución sancionatoria impugnada, decisión confirmada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución AGIT-RJ/0194/2011 de 25 de marzo, notificada el 30 de marzo de 2011, la que resulta contraria a los intereses del fisco y del Estado.


Como fundamentos de derecho, expresó lo que a continuación en síntesis se expone:


Reiteró que el contribuyente incumplió el deber formal de presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa, en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en norma específica, por la gestión fiscal cuyo cierre se produjo el 31 de diciembre de 2005, precisando que la Administración Tributaria, en ejercicio de la facultad normativa que establece el artículo 64 de la Ley N° 2492, el 9 de enero de 2002, emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0001-02, que posteriormente fue modificada por la de igual rango N° 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, determinándose el deber formal de los contribuyentes cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs.1.200.000, estando obligados a la presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa, transcribiendo a continuación el numeral 1 del artículo 4 de la RND N° 10-0015-02, así como el artículo 37 de la Ley N° 843, para concluir indicando que el sujeto pasivo generó ingresos brutos superiores a Bs.1.200.000, durante la gestión 2005, estableciéndose que el contribuyente incumplió el deber formal de presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa, lo que fue ignorado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Sostuvo que el fundamento expuesto en la resolución impugnada, es que el contribuyente supuestamente cumplió con la presentación de sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en norma específica, lo que es falso, es decir, que no es evidente que hubiera cumplido con el deber formal cuestionado.


Porque mediante nota de 22 de abril de 2008, el contribuyente adjuntó como descargo, fotocopia del dictamen de estados financieros con sello de recepción de la Oficina de Control de Obligaciones Fiscales de la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos nacionales (SIN), cuyo sello data de 21 de abril de 2006; sin embargo, a través de la nota SIN/GDLP/DGRE/COF/NOT/216/2011 de 31 de enero, emitida por el Departamento de Gestión de Recaudaciones y Empadronamiento de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, se señaló claramente: “…efectuada(sic) las verificaciones en los registros y base de datos del Departamento (…), se establece que el mismo NO HA SIDO RECEPCIONADO por este Departamento. El sello estampado en la fotocopia NO corresponde a los utilizados por el Grupo de Control de Obligaciones Fiscales para la recepción de Estados Financieros…


Respecto de la nota N° 1198/2010 emitida por la Administración Tributaria, indicó que se trata de la respuesta a la solicitud realizada el 8 de noviembre de 2010, por la que se comunicó que se verificó la inexistencia del registro de presentación de los estados financieros de SCRIBA al SIN, hecho sobre el cual, la Autoridad Demandada expresó que esto no puede ser verificado para determinar lo afirmado, lo que equivale a sostener que el informe carece de credibilidad, constituyendo una acción realizada sólo para perjudicar al contribuyente.


En relación con la autenticidad o no de los documentos referidos, citó la disposición contenida en el artículo 215 de la Ley N° 2492, añadiendo que debió solicitarse la intervención de un perito en la materia, que pueda esclarecer y establecer la veracidad del sello de recepción, con el fin de determinar la validez del mismo, pues de otra manera, se daría pie a que los recurrentes presenten documentos falsos con los cuales desvirtúan las aseveraciones realizadas por la Administración Tributaria.


Concluyó el memorial de demanda solicitando que en virtud de los fundamentos expuestos, se pronuncie resolución declarando la revocatoria de la resolución de recurso jerárquico impugnada y en consecuencia, mantenga firme y subsistente en su totalidad la Resolución Sancionatoria N° 0136 de 1 de diciembre de 2009.


CONSIDERANDO II: Que por providencia de fojas 20, se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, hoy Tribunal Departamental de Justicia.


Cumplida la diligencia señalada el 6 de octubre de 2011 como consta por el formulario de fojas 32, previa representación y decreto de fojas 31 y 31, fue devuelta la provisión citatoria según se verifica con la nota de fojas 33 y recibida según cargo de fojas 35, disponiéndose su arrimo al expediente (fojas 36).


Providenciando el memorial de contestación a la demanda de fojas 40 a 42, se tuvo apersonado a Juan Carlos Maita Michel en representación legal de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud de la Resolución Suprema N° 05438 de 20 de abril de 2011, documento que cursa a fojas 39 en relación con el acta de posesión de fojas 38; y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado al demandante para la réplica.


En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por el demandante, la autoridad demandada señaló que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, cabe remarcar y precisar lo siguiente:


Expresó que el sujeto pasivo presentó como pruebas en documentos originales el “…Balance General de 31 de diciembre de 2005, el Dictamen de Auditoría, el Informe Complementario Sobre Tributación al SIN y el Formulario 421 con N° de Orden 0755223, en los que se tiene estampado un sello del Departamento de Control de Obligaciones Fiscales a la Gerencia Distrital del SIN, de 21 de abril de 2006, asimismo el Formulario 500 con N° de Orden 2030179819 validado el 21 de abril de 2006 que lleva el sello del Departamento de Empadronamiento y Recaudación de la Gerencia Distrital del SIN de 21 de abril de 2006, además de una nota de 22 de abril de 2008 de descargo al AISC…” (Auto Inicial de Sumario Contravencional).


Continuó señalando que en el entendido anterior, el parágrafo I del artículo 77 de la Ley N° 2492, establece que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho; asimismo, que el parágrafo I del artículo 215 de la Ley N° 3092, determina que podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido.


En relación con lo anterior, argumentó sobre la pertinencia y oportunidad; que el artículo 81 de la Ley N° 2492, dispone que las pruebas se apreciarán conforme a la sana crítica, siendo admisibles las que cumplan precisamente con los requisitos de pertinencia y oportunidad; que por otra parte, el inciso a) y el último párrafo del artículo 217 del mismo cuerpo legal, indican que cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, en original o copia legalizada, hará fe respecto de su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme.

Manifestó que el sujeto pasivo presentó sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas ante la Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 39 del Decreto Supremo N° 24051, de los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0001-02, modificados por el artículo 4 de la del mismo rango N° 10-0015-02, por lo que no existe vulneración de los numerales 6 y 8 del artículo 70, del artículo 71 ni del sub numeral 3.6 del numeral 3 del inciso a del artículo 5 de la RND N° 10-0021-04.


Prosiguió indicando que la Administración Tributaria, buscó ampararse a través de la nota presentada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, en que revisada su base de datos, no existe registro de presentación de los estados financieros de la gestión 2005 por el contribuyente, lo que no desvirtúa la falta de la documentación extrañada, ya que se refiere a una base de datos de la propia administración, que no pudo ser verificada por la instancia jerárquica para determinar lo afirmado; más aún cuando el sujeto pasivo presentó documentación original el 21 de abril de 2006, prueba que no fue desvirtuada por la Administración Tributaria.

Afirmó que si bien la Administración Tributaria sostuvo en su recurso jerárquico que los sellos estampados en la documentación presentada por el contribuyente serían falsos, cabe precisar que por disposición del artículo 217 de la Ley N° 3092, la prueba documental hará fe respecto de su contenido, salvo que sea declarada falsa por fallo judicial firme, no siendo competente la autoridad jerárquica demandada para determinar tal falsedad, ya que existen autoridades jurisdiccionales llamadas por ley a tal efecto.


Además, indicó que no son competencia de la Autoridad Jerárquica, las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por ley a la jurisdicción ordinaria o en relación con la Administración Tributaria, atribuidas a otras jurisdicciones, sin perjuicio que ésta acuda a la vía legal correspondiente.

Concluyó el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, este Supremo Tribunal de Justicia emita sentencia declarando improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0194/2011 de 25 de marzo.


Continuando el trámite del proceso, mediante memorial de fojas 47 a 49, se apersonó Raúl Vicente Miranda Chávez en representación de la demandante, acreditando su personería a través de la Resolución Administrativa N° 03-0461-11 de 4 de noviembre de 2011 (fojas 46), presentando réplica, memorial en el que reiteró el contenido de los términos expresados en la demanda; providenciado el mismo a fojas 51, se dispuso su traslado para la dúplica, que fue presentada por Juan Carlos Maita Michel en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), mediante memorial de fojas 53; a través de dicho memorial, ratificó lo expresado en el memorial de contestación a la demanda y fue providenciado a fojas 55, por lo que teniéndose por presentada la dúplica y tomando en cuenta el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, se decretó “autos para sentencia”.


CONSIDERANDO III: Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 31 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Que el motivo de la litis dentro del presente proceso, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido al pronunciar la Resolución Jerárquica hoy impugnada, de acuerdo con el siguiente supuesto: 1) El incumplimiento por el contribuyente del deber formal de presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa, en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en norma específica.


Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se verifica que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° GDLP/DF/PEV/AISC-193/08 de 1 de abril de 2008, por el que resolvió instruir Sumario Contravencional contra el contribuyente, por encontrarse prevista su conducta como Incumplimiento de Deberes Formales, en el numeral 3, subnumeral 3.6 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004; auto inicial que fue notificado al contribuyente el 21 de abril de 2008, como consta a fojas 1 del Anexo 2.


Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0136/2009 de 1 de diciembre (fojas 11 a 13 del anexo 2), por la que resolvió sancionar al sujeto pasivo, al amparo de los numerales 6 y 8 del artículo 70, numeral 5 del artículo 160 y de los artículos 71 y 162 de la Ley N° 2492; artículo 39 del Decreto Supremo N° 24051 de 29 de junio de 1995; numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0001-02 de 9 de enero, modificados por el artículo 4 de la RND N° 10-0015-02 de 29 de noviembre; y artículo 5, subnumeral 3.6 del numeral 3 del Anexo A) de la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto, con la multa de UFV 2.000,- por incumplimiento del deber formal de presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa, correspondiente a la gestión 2005.


Interpuesto recurso de alzada por la contribuyente, contra la resolución sancionatoria señalada en el acápite anterior, se emitió la Resolución ARIT-LPZ/RA 0006/2011 de 7 de enero (fojas 143 a 145 y vuelta del anexo 1), pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, por la que se resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 0136 de 1 de diciembre de 2009 y consecuentemente, dejar sin efecto la multa de UFV 2.000.


Deducido recurso jerárquico por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), impugnando la resolución de alzada, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución AGIT-RJ 0194/2011 de 25 de marzo (fojas 189 a 198 del anexo 1), que determinó confirmar la de alzada y en consecuencia, dejar nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria N° 0136 de 1 de diciembre de 2009.

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad, se establece:


Inicialmente cabe precisar que el incumplimiento del deber formal, en que supuestamente hubiera incurrido el sujeto pasivo en el caso en estudio, se encuentra dentro de la previsión legal del numeral 5 del artículo 160 de la Ley Nº 2492, como contravención tributaria, disponiéndose a continuación, en el parágrafo I del artículo 162 del mismo cuerpo legal, que quien incumpla con tales deberes, será sancionado con una multa de acuerdo a disposiciones reglamentarias.


Para un supuesto como el presente, la previsión ante el incumplimiento se encuentra prevista en el subnumeral 3.6 del numeral 3 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0021-04, relativa a la elaboración y presentación de estados financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecido en norma específica, con una sanción equivalente a UFV 2.000, respecto de personas naturales y empresas unipersonales.

De acuerdo con lo que dispone el primer párrafo del artículo 3 de la RND Nº 10-0021-04: “Constituyen Deberes Formales las obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables para posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al Servicio de Impuestos Nacionales”.


La Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0001-02 de 9 de enero, modificada por la del mismo rango Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre, determina: “Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37º y 38º de la Ley 843 (Texto Ordenado vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs.1.200.000, (…), están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto."


Por su parte, los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 843, hacen referencia al Impuesto a las utilidades de las Empresas (IUE), que es un impuesto anual, en relación con el cual se encuentra prevista la obligación de presentación de estados financieros, cuando las ventas o ingresos brutos excedan la suma de Bs.1.200.000, pues es en base a dicha información que se calculará el impuesto que se deba paga en caso de haber obtenido utilidades y es la razón por la que el deber formal de presentación de estados financieros contribuye administrativamente en el cumplimiento de las tareas y responsabilidades del Servicio de Impuestos Nacionales.


Respecto del fundamento expuesto en la resolución impugnada, en sentido que el contribuyente supuestamente cumplió con la presentación de sus estados financieros con dictamen de auditoria externa, en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en norma específica, lo que según el demandante es falso, es decir, que no es evidente que hubiera cumplido con el deber formal cuestionado, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que según señaló la autoridad demandada a través de la resolución impugnada, cursan en documentos originales, de fojas 75 a 129 del anexo 1, consistentes en el Balance General al 31 de diciembre de 2005, el Dictamen de Auditoria Externa, el Informe Complementario Sobre Tributación al SIN y el Formulario 421 con Nº de Orden 0755223, los que llevan estampado el sello del Departamento de Control de Obligaciones Fiscales de la Gerencia Distrital del SIN de 21 de abril de 2006 (fojas 75 a 77, 83, 104 y 126 del anexo 1); asimismo, se encuentra adjunto el formulario 500 con Nº de Orden 2030179819, validado el 21 de abril de 2006, que tiene estampado el sello del Departamento de Empadronamiento y Recaudación de la Gerencia Distrital del SIN de la misma fecha, así como una nota de 22 de abril de 2008, que corresponde a descargos referentes al Auto Inicial de Sumario Contravencional (fojas 125 y 128 del anexo 1).


En relación con lo precedentemente señalado y de acuerdo con lo expresado por el demandante en sentido que si bien mediante nota de 22 de abril de 2008, el contribuyente adjuntó como descargo, fotocopia del dictamen de estados financieros con sello de recepción de la Oficina de Control de Obligaciones Fiscales de la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), cuyo sello data de 21 de abril de 2006, no es menos cierto que a través de la nota SIN/GDLP/DGRE/COF/NOT/216/2011 de 31 de enero, emitida por el Departamento de Gestión de Recaudaciones y Empadronamiento de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, se señaló claramente que: “…efectuada(sic) las verificaciones en los registros y base de datos del Departamento (…), se establece que el mismo NO HA SIDO RECEPCIONADO por este Departamento. El sello estampado en la fotocopia NO corresponde a los utilizados por el Grupo de Control de Obligaciones Fiscales para la recepción de Estados Financieros…”, conforme se ha expresado en el acápite anterior, los documentos adjuntados y presentados por el contribuyente ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz (fojas 75 a 129 del expediente administrativo), son originales y no fotocopias como sostiene la Administración Tributaria.


Es importante considerar que de acuerdo con los medios de prueba, el parágrafo I del artículo 77 de la Ley Nº 2492, determina que podrán invocarse todos los medios admitidos en derecho; en concordancia con dicha norma, el parágrafo I del artículo 215 de la Ley Nº 3092, indica: “Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido.”


En relación con lo anterior, el inciso a) del artículo 217 de la Ley Nº 2492, determina que se admitirá como prueba documental, cualquier documento presentado por las partes, siempre que sea original o fotocopia legalizada por autoridad competente; en el caso presente, los documentos a que se hizo referencia, son originales, por lo que cumplen con el voto de lo establecido por la norma señalada. Finalmente, en cuanto a la pertinencia de la prueba, el artículo 81 del mismo cuerpo normativo señala que la prueba será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, es decir que no existe la posibilidad de aplicar la tarifa legal de la prueba, y que son admisibles las que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, lo que en el caso presente fue cumplido, por lo que no resulta ser evidente la vulneración de las normas que invocó la Administración Tributaria.


Sobre la presentación realizada por la Administración Tributaria ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, de la nota SIN/GDLP/DF/NOT/1198/2010 de 15 de noviembre (fojas 132 del anexo 1), a través de la cual sustentó su afirmación en sentido que el contribuyente o presentó los estados financieros a que se refiere el presente proceso, en la que argumentó que luego de la revisión de su base de datos se verificó la inexistencia de registro de presentación de los mismos, es evidente que tal como manifestó la Autoridad Jerárquica en la resolución impugnada, ello no desvirtúa la prueba presentada por el contribuyente (fojas 75 a 129 del anexo 1), más aún cuando se trata de una base de datos perteneciente a la Administración Tributaria, que no pudo ser verificada por la instancia jerárquica.


Cabe aclarar por otra parte, que no se trata, según expresó la Administración Tributaria que la nota Nº 1198/2010 carezca de credibilidad y que ello se realizó sólo para perjudicar al contribuyente, sino que en la ponderación de la prueba efectuada por la Autoridad Jerárquica, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, al haberse evidenciado la existencia física de documentos originales que prueban que el contribuyente presentó los estados financieros extrañados, la afirmación de inexistencia de registro en la base de datos de la Administración Tributaria, razonablemente, no desvirtúa el carácter probatorio de la prueba referida.


Respecto de la autenticidad o no de los documentos referidos de acuerdo con la disposición contenida en el artículo 215 de la Ley N° 2492, añadiendo que debió solicitarse la intervención de un perito en la materia, que pueda esclarecer y establecer la veracidad del sello de recepción, con el fin de determinar la validez del mismo, pues de otra manera, se daría pie a que los recurrentes presenten documentos falsos con los cuales desvirtúan las aseveraciones realizadas por la Administración Tributaria, debe puntualizarse lo siguiente:


Que el artículo 215 de la Ley Nº 2492, establece que podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho; no obstante, el último párrafo del artículo 217 de la Ley Nº 3092, dispone: “La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme”.


Como acertadamente indicó la autoridad jerárquica al pronunciar la resolución impugnada, en el presente caso no existe sentencia judicial ejecutoriada que haya declarado inválida la prueba presentada por el contribuyente en relación con la supuesta falsedad de los sellos de recepción, encontrándose atribuida la competencia a efecto de establecer la falsedad o no de dichos sellos, a la autoridad jurisdiccional en materia penal y no como pretende el demandante, a una autoridad administrativa de fiscalización y control en materia tributaria.

Por otra parte y que contribuye a sustentar lo afirmado en el acápite precedente, los incisos b) y c) del parágrafo II del artículo 197 de la Ley Nº 3092, señalan que no competen a la Superintendencia Tributaria, actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria: “b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria; c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones”.


Asimismo, debe tenerse presente que lo expresado precedentemente, no excluye la posibilidad que la Administración Tributaria, acuda a la vía legal correspondiente, a efecto de determinar la falsedad o no de los sellos estampados en los documentos presentados como prueba por la contribuyente.


Finalmente, cuando la Administración Tributaria es parte en un proceso, concurre a él en igualdad de condiciones que la otra, por lo que sus aseveraciones deben encontrarse respaldadas por pruebas, o mediante ellas desvirtuar las que hubiera ofrecido la otra parte.


Que, del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), al pronunciarse a través de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0194/2011 de 25 de marzo de 2011, no ha incurrido en ninguna conculcación de normas legales, al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 31 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 14 a 17, interpuesta por Raúl Vicente Miranda Chávez, en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ/0194/2011 de 25 de marzo de 2011, pronunciada en recurso jerárquico por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.





Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena