SALA PLENA


SENTENCIA:                            619/2015.

FECHA:                                Sucre, 10 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        136/2011.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Centro Cultural Anglo Americano (CCAA) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:           Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por el Centro Cultural Anglo Americano (CCAA) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda Contencioso Administrativa de fs.  47 a 52 vta., impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0002/2011  de 3 de enero de 2010, la contestación de fs. 114 a 117, los memoriales de réplica de fs. 121 a 124 y duplica que cursa de fs. 132 a 133, resolución impugnada, antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I.- Que, el Centro Cultural Anglo Americano (CCAA), representado por Javier Mir Peña, se apersona e interpone demanda contenciosa administrativa, fundamentando su acción en los siguientes aspectos de orden jurídico legal a saber:


I.1.- Antecedentes de hecho.-


Señala que el 29 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente a Christian Alfonso Velarde Vásquez en calidad de representante legal de CCAA, con la Orden de Fiscalización Nº 837/2009 de 29 de julio de 2009, comunicando el inicio del proceso de fiscalización del bien inmueble con registro Nº 146921, ubicado en la Avenida Santa Cruz, zona Queru Queru, correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1998 a 2001 y 2004 y la Dirección de Recaudaciones solicitó a la parte actora la presentación de documentación consistente en plano de aprobación de regularización del lote y de la construcción, comprobantes de pago del Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles-IPBI por la gestión 2004, el testimonio de propiedad, el formulario de Registro Catastral, los Estados Financieros y Anexos de los Activos Fijos de la institución, en un plazo de 15 días, según consta en antecedentes administrativos que cursan de fs. 33 a 33 vta.


Manifiesta que el 23 de octubre de 2009, la parte actora solicitó a la Administración Tributaria Municipal dejar sin efecto el proceso de fiscalización, señalando ser una entidad de carácter civil sin fines de lucro, como establecen los arts. 1 y 52 del Estatuto que rige sus actividades, además de contar con la exención del IPBI otorgada mediante  Resolución Administrativa Nº 23/97 de 10 de enero de 1997, con carácter indefinido, como manda el art. 20 III del Código Tributario, y añade que en el mismo memorial se indicó que el 10 de septiembre de 2009 se solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 (fs. 64 a 64 vta. de antecedentes administrativos).


Indica que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de su Administración Tributaria, el 21 de abril de 2010 notificó a Christian Alfonso Velarde  Vásquez con la Resolución Administrativa Nº 164/2010 de 19 de marzo de 2010, que resuelve declarar  improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, del inmueble con registro Nº 146921, en aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley Nº 1340 y arts. 59 y 60 del Código Tributario, como consta a fs. 100 y vta. de antecedentes administrativos y que con el Informe Final de Fiscalización Nº 3668 de 23 de abril de 2010, la Administración Tributaria Municipal dispuso que el IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001 estaban incluidos en la franquicia de que gozaba el CCAA desde el año 1997 y las que fueron regularizadas en la Base de Datos, sin embargo, en base al Padrón Municipal de Contribuyentes  y documentación presentada, se liquidó ilegalmente una deuda tributaria para el IPBI de la gestión 2004 que alcanzó a Bs. 409.827.- equivalentes  a 266.338 UFV´s por concepto de impuesto omitido, intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales  (fs. 105 a 107).


Refiere que el 10 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó a Christian Alfonso Velarde Vásquez con la Vista de Cargo Nº 3827 de 23 de abril de 2010 que establece ilegalmente la deuda tributaria por el IPBI de la gestión 2004 sobre base cierta, que incluye el tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales, calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria y, el 25 de junio de 2010 la  Administración Tributaria Municipal notificó al representante de la parte actora con la Resolución Determinativa Nº 348 de 23 de junio de 2010 que resuelve determinar sobre base presunta la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2004 en la suma de Bs. 430.088.- equivalentes a 278.989 UFV que incluye el impuesto omitido, intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales, misma que fue impugnada mediante recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba que resolvió confirmar la Resolución Determinativa Nº 348  de 23 de junio de 2010 con el fundamento de que el Municipio d Cochabamba conserva la facultad de dictar normas administrativas de carácter general que no podrán ampliar, suprimir o modificar el tributo, por lo que se le reconoce la facultad de emitir la Ordenanza Municipal Nº 1714/95 que aprueba el Reglamento de Procedimientos para la aplicación de exenciones al IPBI, determinado en su art. 8, para lo cual la Dirección de Recaudaciones registrará a las entidades que se vieren favorecidas con dicha franquicia que solo será válida por cinco años bajo cancelación ipso facto si no se procede a su renovación, normativa que fe declarada constitucional mediante Sentencia Nº 0059/2005 de 12 de septiembre de 2005.


Señala que según la Resolución de Alzada, el CCAA no renovó su exención  dentro del plazo de cinco años que el otorgaba la Resolución Técnica Administrativa Nº 23/97 que resuelve otorgar la exención del IPBI en función a lo dispuesto en la Ley Nº 1606 concordante con la Ordenanza Municipal 1714/95, al tenerse en cuenta que la institución solicitó la exención del referido impuesto, en la gestión 2009, mediante memorial de 16 de julio de 2009 y nuevamente el CCAA  impugna la última resolución de alzada ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria que CONFIRMA la resolución ARIT-CBA/RA 0186/2010 de 8 de octubre de 2010 dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, declarando firme y subsistente la resolución Determinativa Nº 348 de 23 de junio de 2010 que establece una deuda tributaria de Bs. 430.088 equivalente a 278.989 UFV por el IPBI de la gestión 2004, resolución que se ve reflejada en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0002/2011 de 3 de enero de 2010.   


I.2. Fundamentación técnico jurídica de la demanda.-       


I.2.a.- Manifiesta que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0002/2011 de 3 de enero de 2010 señala que la ARIT tenía la obligación de pronunciarse específicamente sobre los aspectos recurridos y debió sujetarse a los arts. 74, 140 y 142 de la Ley Nº 2492 y 211 de la Ley Nº 3092, evidenciando de la lectura del Recurso de Alzada, así como de la ARIT-CBA/RA 0186/2010, que el fondo de la petición del Centro Cultural Anglo Americano, es la exención, aspecto que fue analizado y fue objeto de pronunciamiento en la citada resolución y con ese antecedente, la parte actora solicita a la Corte Suprema que resuelva el fondo de la demanda contencioso administrativa vinculada directamente con el derecho a la exención tributaria y deliberando en el fondo revoque en su totalidad la resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0002/2011 de 3 de enero de 2010, declarando la exención del impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por la gestión 2004, sobre el inmueble  Nº 146921 ubicado en la Avenida Santa cruz de la ciudad de Cochabamba, sin causal alguna de interrupción y debido a la vigencia plena de la Resolución Técnico Administrativa Nº 23/97 que inicialmente otorgó la exención tributaria sin plazo de vigencia.


I.2.b. Que en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0002/2011 de 3 de enero de 2010, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en el punto xiii de la fundamentación técnica señaló que el CCAA tenía la obligación formal de renovar periódicamente, (cada cinco años), la exención del IPBI dispuesta en la Resolución Técnica Administrativa Nº 23/97, de conformidad a lo dispuesto en el art. 8 del Reglamento de Procedimientos para la Aplicación de Exenciones al IPBI e IPVA, como dispone el último párrafo del art. 53-b)  de la Ley Nº 843, tomando en cuenta que al no haber solicitado oportunamente el beneficio de la exención, perdió el mismo y surgió para el CCAA la obligación del pago del IPBI.


Continúa señalado que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no tomó en cuenta que anteriormente fue emitida la Resolución Técnico Administrativa que otorgaba el derecho de exención con carácter ilimitado, por lo que no corresponde aplicar el criterio de la entidad demandada en sentido de que CCAA debe pagar lo que corresponde al IPBI por la gestión 2004, ya que si bien la parte actora no logró renovar el beneficio de exención tributaria sobre el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) en la gestión 2004, no es menos cierto que no ha perdido la condición de entidad beneficiaria de la exención IPBI Inmuebles por el año 2004, por lo que la exención debió alcanzar a ambos periodos, puesto que la exención es indefinida, siendo el trámite de renovación un requisito meramente formal, además de que el hecho de no haber procedido a la renovación de la exención, constituye incumplimiento de carácter formal tipificado en el art. 70 de la Ley Nº 1340 y sancionado conforme al art. 121 de la citada ley, ya que las sanciones están tipificadas en el art. 88 y en ningún caso la ley ha previsto que se pierde el beneficio de la exención como sanción ante el incumplimiento de haber efectuado el trámite de renovación del IPBI Inmuebles, ya que el deber formal de renovación tipificado en el art. 70 de la Ley Nº 1340 y sancionado conforme al art. 121 de la citada ley, no prevé en ningún caso la perdida de la exención, como sanción al incumplimiento de tramitar periódicamente la renovación del IPB Inmuebles, por lo que no puede hablarse de cancelación ipso facto de la exención otorgada mediante Resolución 23/97, vulnerando así el alcance de las sanciones establecidas en el citado art. 121.


Que el art. 142.b) de la Ley Nº 1340 establece entre los deberes formales del contribuyente la inscripción en los registros pertinentes; sin embargo, en el presente caso, no se operó la omisión del pago del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, no existiendo deuda tributaria, ya que para el caso de verificarse la falta de renovación de la exención, correspondería aplicarse solo las sanciones pecuniarias por el incumplimiento a deberes formales como contravención tributaria prevista en el art. 70.3) por lo que debe considerarse que dicha tipificación esta resguardada por el principio de legalidad; por lo que la parte actora considera que las exenciones formalizadas por instituciones no lucrativas, son indefinidas, en tanto no se pruebe que perdieron tal calidad, además de que debe considerarse que la Administración Tributaria Municipal debió proceder a la verificación oportuna de los antecedentes que dieron lugar al nacimiento de una obligación tributaria a través de un proceso determinativo en el cual se consagre el derecho a la defensa de la parte interesada.


Indica que la Autoridad General de Impugnación Tributaria estableció el criterio inconstitucional de que la Ordenanza Municipal Nº 1714/95 se encuentra dentro del principio de legalidad y jerarquía normativa, siendo evidente que la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba reglamentó el procedimiento para la aplicación de exenciones al IPBI e IPVA, disponiendo en su art. 8 que la exención otorgada a entidades sin fines de lucro será válida solo por cinco años, por lo que el argumento de la parte demandada, en sentido de que la Ordenanza Municipal está por encima de ley, carece de sustento legal.


Por lo expuesto precedentemente, solicita declarar probada la demanda, disponiendo la revocatoria total de la Resolución de Recurso Jerárquico  AGIT-RJ 0002/2011 de 3 de enero de 2010.


CONSIDERANDO II.- Que una vez admitida la demanda mediante proveído que cursa a fs. 39 de obrados, fue corrida en traslado a la parte demandada, y de fs. 114 a 117 cursa memorial de contestación a la demanda mediante el cual se apersonó el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, argumentando los siguientes aspectos de orden jurídico legal a saber:

Indica que el art. 53-b) de la Ley Nº 843 establece a exención del impuesto  a los inmuebles de las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales como las religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, científicas, ecológicas, artísticas, etc., y establece que esta franquicia procederá siempre que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de sus ingresos y su patrimonio estén destinados exclusivamente a los fines enumerados, teniendo como condición para a exención la solicitud de su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria; asimismo, H. la Municipalidad de Cochabamba aprueba el Reglamento de Procedimientos para la aplicación de exenciones al IPBI e IPVA, el cual además de establecer el trámite, en su art. 8  señala que la exención debe solicitarse cada cinco años, bajo pena de cancelación ipso facto si no se procede a su oportuna renovación.


Que de la revisión de antecedentes administrativos se tuvo que el 29 de septiembre la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente al representante de CCAA con la Orden de Fiscalización Nº 837/2009 solicitando documentación relativa la IPBI  de las gestiones 1998 a 2001 y 2004 y el 23 de octubre de 2009 el sujeto pasivo solicita a la H. Municipalidad de Cochabamba dejar sin efecto la fiscalización por ser una entidad sin fines de lucro  que cuenta con exención del IPBI  mediante Resolución Administrativa Nº 23/97 de 10 de enero de 1997 y con posterioridad a ello, el 10 de mayo de 2010  se le notifica con la Vista de Cargo Nº 3827 que establece un adeudo  por el IPBI de la gestión 2004, sobre base cierta, de Bs. 409.827, equivalentes a 266.338 UFV, concediéndole el plazo de 30 días para sus descargos y el 25 de mayo de 2010 el sujeto pasivo respondió señalando que se trata de una entidad no lucrativa  exencionada por Resolución Administrativa Nº 23/97, la cual no establece plazo de vigencia, y finalmente, la Administración Tributaria Municipal notifica al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa Nº 348 que determina de oficio y sobre base presunta la deuda por el IPBI de la gestión 2004, en la suma de Bs. 430.088 equivalentes a 266.338 UFV que sanciona la omisión de pago con una multa del 100% del monto adeudado, en razón a que el sujeto pasivo no cumplió con la formalidad de renovar  periódicamente la exención.


Refiere que la Ordenanza Municipal Nº 1714/95 se encuentra dentro del principio de legalidad y jerarquía normativa puesto que el IPBI y la exención del sujeto pasivo emergen de la Ley Nº 843 que en su art. 53-b) establece que para gozar de la exención del IPBI las entidades beneficiarias deben solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria.


Por lo señalado precedentemente, solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por el Centro Cultural Anglo Americano  contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0002/2011 d 3 de enero de 2011.


Que, de la revisión de antecedentes, se evidencia que fueron ejercidos por su turno, la réplica y duplica correspondientes.

CONSIDERANDO III.- Que de conformidad a la normativa legal en actual vigencia, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, la tramitación y resolución de la presente controversia, al tratarse de un proceso contencioso administrativo de puro derecho en que no se discuten los hechos, sino más bien la correcta aplicación del derecho a los hechos expuestos, correspondiendo en consecuencia, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En éste contexto, corresponde ingresar al análisis de lo referido por la parte actora, en base a la controversia suscitada en el caso de autos que gira en relación al hecho de establecer si acaso corresponde que el Centro Cultural Boliviano Americano efectúe el pago de la deuda tributaria por el IPBI de la gestión 2004; correspondiente en consecuencia ingresar al análisis de lo referido por la parte actora, en base a la compulsa de antecedentes, análisis de los términos de la demanda, contestación, documentación adjunta y normas legales cuya vulneración se acusa, estableciéndose lo siguiente:


III.1.- De la revisión de antecedentes remitidos a esta instancia judicial, en lo principal se tiene que a fs. 4 cursa Resolución Técnico Administrativa Nº 23/97 de 10 de enero de 1997 que dispone la exención del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles del Centro Cultural Anglo Americano; de fs. 37 a 45 cursa La Sentencia Constitucional 0059/2005 de 12 de septiembre de 2005 que declara constitucional el art. 8 del Reglamento de Procedimientos para la Aplicación de Exenciones al Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores;  a fs. 100 cursa Resolución Administrativa Nº 164/2010 de 19 de marzo de 2010 que resuelve declarar improcedente la prescripción de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles IPBI, gestiones 2002 y 2003 del inmueble que motiva el caso de autos; a fs. 130 cursa memorial de la parte actora mediante el cual solicita renovación de la exención de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.


III.2.- Lo relacionado precedentemente permite concluir que en el caso de autos se evidencia que mediante Resolución Técnico Administrativa Nº 23/97 de 10 de enero de 1997 fue dispuesta la exención del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles del Centro Cultural Anglo Americano, al tratarse de una institución sin fines de lucro, en aplicación de la Ley Nº 1606 de 22 de diciembre de 1994 concordante con el art. 3-inc. b) y Título III de la Ordenanza Municipal 1714/95.


Que, el 10 de mayo de 2010 la Administración Tributaria Municipal notificó al representante de CCAA con la Vista de Cargo Nº 3827 de 23 de abril de 2010 que establece la deuda tributaria por el IPBI de la gestión 2004 sobre base cierta, que incluye el tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales, calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria y, el 25 de junio de 2010 lo notificó también con la Resolución Determinativa Nº 348 de 23 de junio de 2010 que resuelve determinar sobre base presunta la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2004 en la suma de Bs. 430.088.- equivalentes a 278.989 UFV que incluye el impuesto omitido, intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales; resolución que fue impugnada mediante recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba.


A su vez, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba resolvió confirmar la Resolución Determinativa Nº 348  de 23 de junio de 2010, reconociéndole la facultad de emitir la Ordenanza Municipal Nº 1714/95 que aprueba el Reglamento de Procedimientos para la aplicación de exenciones al IPBI, determinado en su art. 8; artículo que fue declarado constitucional mediante Sentencia Nº 0059/2005 de 12 de septiembre de 2005.


CONSIDERANDO VI.- Que con carácter previo a ingresar a resolver la problemática de fondo, es preciso determinar los alcances de la exoneración, acudiendo para ello a la legislación comparada (Nicaragua), que señala lo siguiente:


"La exención tributaria es una situación especial constituida por ley, por medio de la cual se dispensa del pago de un tributo a una persona natural o jurídica, esta no exime sin embargo, al contribuyente o responsable de los deberes de presentar declaraciones, retener tributos, declarar su domicilio y demás obligaciones”.


Al respecto el art. 53 inc. b) de la Ley 843 referida a la exención establece:

Los inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales propiedad de asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales…Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas…Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarías deberán solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria”.


En base a las definiciones expuestas y la disposición prevista en la Ley 843, se establece que la exención está sujeta a condición, acorde a lo dispuesto en el Art. 53 inc. b) de la Ley 843 cuya condición es la tramitación del reconocimiento de esa exención ante la administración tributaria municipal y difiere de la exoneración, puesto que esta  no ingresa a la vida jurídica del hecho generador y tiene carácter definitivo.

Que en el caso de autos, la exención fue efectivamente tramitada por  el contribuyente y concluyó con la emisión de la Resolución Técnica Administrativa 23/97 de 10 de enero de 1997; no obstante haber cumplido la condición necesaria para exención del IPBI, la Administración Tributaria Municipal a través de la Ordenanza Municipal 1714/95 de 13 de diciembre de 1995 aprueba el Reglamento de Procedimientos para la aplicación de exenciones al IPBI e IPVA, el cual en su art. 8 dispone que la exención será válida solo por 5 años, bajo pena de cancelación ipso facto, sino se procede a su oportuna renovación, esta disposición ha sido declarada constitucional por la Sentencia Constitucional 59/2005 de 12 de septiembre de 2005.


En cuanto a la condición y sus efectos de la exención, debe señalarse que si bien la Resolución Técnica Administrativa No. 23/97 de 10 de enero de 1997, es un acto constitutivo de la exención en función a lo dispuesto por el art. 8 de la Ordenanza Municipal 1714/95 de 13 de diciembre de 1995 y tiene duración de cinco años, vencido este plazo, el contribuyente  Centro Cultural Anglo Americano  debió tramitar nuevamente la renovación de la exención, para continuar gozando de este privilegio, al no hacerlo -por el efecto suspensivo de esta exención- el contribuyente se ve obligado a pagar el impuesto.


Dentro de los argumentos de la demanda señala que la Resolución Técnica Administrativa Nº 23/97 de 10 de enero de 1997, no indica el tiempo de duración, sin embargo de la revisión de este acto, se observa que ha sido aprobado conforme a los requisitos de la Ordenanza Municipal Nº 1714/95, lo que no amerita alegar desconocimiento de esta disposición, máxime si la Sentencia Constitucional Nº 0059/2005 de 12 de septiembre de 2005 declara la constitucionalidad del art. 8 de la  Ordenanza Municipal 1714/97 de 13 de diciembre de 1997, expone: “En ese contexto, se tiene en la problemática planteada, que la última parte del art. 8 del “Reglamento de Procedimientos para la Aplicación de Exenciones al Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores”, aprobado mediante OM 1714/97, de 13 de diciembre, no altera ni modifica la previsión contenida en el art. 53 inc. b) de la Ley 1616, pues debe entenderse que ese reconocimiento de exención rige mientras la entidad realice su actividad enmarcada en los fines que sus estatutos señalan y que determina que sea aplicable la exención, no vulnera los arts. 29, 59.1 228 de la CPE en el marco interpretativo precedentemente expuesto sino que concuerda con tales preceptos; pues, al establecer que la exención en el pago del impuesto sobre la propiedad inmueble aludida, debe ser renovada cada cinco años, no modifica el régimen de la exención previsto por la ley; al contrario, la norma impugnada tiene su fundamento en las previsiones establecidas por el citado art. 127 del Código tributario (CTb), porque la decisión contenida en la última parte del art. 8 del citado Reglamento únicamente constituye una forma adoptada por el Gobierno Municipal de Cochabamba de ejercer periódicamente una fiscalización sobre las entidades beneficiadas con la exención respecto a los motivos que determinaron su otorgamiento y a que los mismos no se hubiesen modificado en el tiempo, norma de carácter administrativa reglamentaria general que de ningún modo modifica la norma contenida en la Ley 1616 como erróneamente sostiene la recurrente en su demanda”; según esta sentencia constitucional el reclamo del sujeto pasivo  referido a cobros ilegales o indebidos no tienen sustento legal por no contradecir las disposiciones señaladas.


Que en cuanto a la línea jurisprudencial adoptada por este Tribunal, fue adoptado similar criterio en la Sentencia 544/2013 de 28 de noviembre de 2013.


Consecuentemente, esta Sala Plena no encuentra vulneración a norma expresa que amerite dejar sin efecto la resolución impugnada en la presente acción contencioso administrativa, correspondiendo desestimar la pretensión deducida por el Centro Cultural Anglo Americano.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 47 a 52, interpuesta por el Centro Cultural Anglo Americano contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


No suscribe la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán, ni el Magistrado Fidel Marcos Tordoya Rivas por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena