SALA PLENA


SENTENCIA:                            596/2015.

FECHA:                                Sucre, 10 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        203/2011.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                Rómulo Calle Mamani.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Zenobio Vilamani Atanacio en  su condición  de Gerente Distrital a.i. Potosí del SIN contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución  de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0071/2011 de 7 de febrero de 2011. 

VISTOS EN SALA  PLENA: La demanda contencioso administrativo de fs. 39 a 43, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0071/2011, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I: Que Zenobio Vilamani Atanacio en  su condición  de Gerente Distrital a.i. Potosí del SIN, en tiempo hábil y en estricta aplicación del art. 778  al 781 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso-administrativa contra la resolución Jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con los siguientes argumentos:

1.- Revisión extemporánea de actuados administrativos firmes.

Refirió que el procedimiento de determinación del tributo ejecutado al contribuyente, se encuentra en etapa de ejecución tributaria con la correspondiente emisión de actuados destinados al cobro de la deuda tributaria (investigación de bienes  del contribuyente); sin embargo, el sujeto pasivo presentó ante la Administración Tributaria la solicitud de nulidad de notificación con la Vista de Cargo Nº 5029755402, impetrando la aplicación del art. 4 de la Ley Nº 3092, que ante su rechazo interpuso  recurso de alzada, sin observar que no constituye un actuado susceptible de impugnación conforme el art. 143 del Código Tributario, empero con la emisión del Recurso Jerárquico se retrotraen actuados en contra del ordenamiento jurídico vigente, dejando en indefensión a la Administración Tributaria, por cuanto sus actuados que emita y considere firmes, serán sujetos a modificación.

Señaló que la normativa aplicable para el procedimiento recursivo ante la Autoridad de Impugnación Tributaria se encuentra previsto en el art. 130 y siguientes de la Ley Nº 2492, y en caso de una demanda Contencioso Tributario ante el Juzgado Administrativo la norma aplicable es la Ley 1340, en ambos con plazos definitivos y perentorios para hacer uso de las mismas bajo el principio de seguridad jurídica que debe acompañar cada actuado administrativo, más aun cuando el sujeto pasivo no hizo uso de los recursos de impugnación en el debido plazo, perdiendo la posibilidad de impugnar en cualquier momento.

Expuso que el art. 198 de la Ley Nº 2492, contempla los Títulos de Ejecución Tributaria, dentro de los cuales se encuentra las Resoluciones Determinativas que han cobrado firmeza para su ejecución, en el caso de autos, existe una Resolución Determinativa que cobró firmeza y se encuentra en etapa de ejecución tributaria, por lo que no es viable la interposición de un recurso de alzada en contra de actuados posteriores a la Resolución Determinativa firme, pretendiendo anular o revocar un actuado anterior a la misma, como es la notificación con la Vista de Cargo.

Por otra parte, indicó que no se observó el art. 4 del D.S. Nº 27874 y el art. 195.II de la Ley Nº 2492, toda vez, que la ejecución tributaria se suspende tan solo: 1) Cuando exista autorización de un plan de pagos, conforme  el art. 55 del Código Tributario; 2) Si el sujeto pasivo o tercero responsable se garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones, hecho no acontecido en el caso de autos; sin embargo se suspendió la ejecución tributaria con la interposición del recurso de Alzada y la consecuente anulación de obrados.

2.-Supuesto incumplimiento por parte de la Administración Tributaria al Procedimiento de notificación de actuados.

Manifestó que la resolución impugnada es atentatoria a los intereses del SIN, toda vez que no se consideró en las dos instancias los argumentos expuestos por la Administración Tributaria, cuando el contribuyente Bonifacio Mendoza Landa fue notificado por edicto con la Vista de Cargo Nº 5029755402 el 20 de abril de 2006, a través de la publicación en el periódico de circulación nacional “El Potosí”, en virtud a que no pudo ser habido en su domicilio, sin contar con mayores referencias de su paradero conforme se tiene expresado en la representación elaborada por el entonces funcionario Oscar Hernández Pereira.

Señaló que estos actuados son legítimos y tiene plena validez de conformidad al art. 65 de la Ley Nº 2492, al margen que no se tomó en cuenta con posterioridad a la notificación con la Vista de Cargo a través de edictos, la representación del 20 de julio de 2010 efectuada por el funcionario respectivo de la Gerencia Distrital. Además existen dos actuaciones de dos funcionarios públicos distintos que hacen referencia que no se pudo ubicar el domicilio del sujeto pasivo, por lo que se procedió a notificar mediante edictos, constituyendo una diligencia legalmente reconocida y permitida en el ordenamiento jurídico vigente, más aun cuando se verificó en el Padrón de Contribuyentes que el Sr. Bonifacio Mendoza Landa no se empadronó, por lo que en previsión del art. 70 de la Ley Nº 2492, es obligación del contribuyente, fijar domicilio y comunicar su cambio, hecho no acontecido en el caso autos.

3.-Sobre la presunción de legitimidad de los actuados ejecutados por la Administración Tributaria.

Expuso que con referencia a este punto, se considera un agravio desconocer lo dispuesto por el art. 65 de la Ley Nº 2492, toda vez que  los actuados generados o realizados por el ex funcionario Oscar Hernández Pereira, corroborados  por otro funcionario del SIN Potosí en oportunidad de la notificación con la Resolución Determinativa, se consideran legítimos y para ser desvirtuado es necesario la declaración judicial expresa que disponga estos actos como ilegales o ilegítimos, hecho que no aconteció en la presente causa.

Por otra parte, refirió que no existió prueba alguna que respalde la afirmación del sujeto pasivo sobre la vulneración al debido proceso por parte de la Administración Tributaria, más al contrario resulta que el propio contribuyente vulneró el debido proceso al pretender modificar actuados que se encuentran firmes y contra los cuales no procede recurso alguno como es el caso de la notificación con la Vista de Cargo.

Concluyó solicitando se declare PROBADA la demanda contencioso administrativa  y NULA la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0071/2011, así se mantenga firmes los actuados ejecutados hasta la fecha por la Administración Tributaria dentro del procedimiento de determinación tributaria.

CONSIDERANDO II: Citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersonó Juan Carlos Maita Michel en representación de la Autoridad General, de Impugnación Tributaria, quién por memorial de fs. 33 a 85, contesta la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:

Señaló que la Resolución Determinativa emergente de la Vista de Cargo, se encontraba debidamente ejecutoriada, habiendo incluso procedido al traspaso de fondos retenidos en el sistema financiero, situación que imposibilita revisar el procedimiento de los citados actos administrativos, al haber precluido el término de 20 días para su impugnación en previsión del art. 109 de la Ley Nº 2492; sin embargo la Administración tributaria no observó que para que opere la preclusión o la caducidad de un derecho, debe cumplirse con un requisito sine qua non, el cual es que la persona que pierde su derecho por el transcurso de un plazo, debe estar enterada y tener conocimiento de la existencia del proceso, de la obligación que debe cumplir o del derecho que debe ejercer y que por negligencia, descuido o desinterés, deja pasar el tiempo hasta que precluye, en ese entendido cuando el contribuyente no conoce de las actuaciones de la Administración Tributaria conforme a ley, con el inicio, tramite y conclusión del procedimiento de determinación no puede considerarse actos administrativos válidos que puedan producir efectos jurídicos, más aun cuando existe reclamo respecto al derecho a la defensa y sobre el procedimiento de notificación del proceso determinativo llevado a cabo por la Administración Tributaria, soslayándose el procedimiento establecido en el art. 83 y siguientes de la Ley 2492.

Por otra parte, mencionó que las representaciones efectuadas por los funcionarios actuantes del SIN, se evidencia que en la primera se estableció la imposibilidad de la notificación debido a la inexistencia del domicilio, en tanto que de la segunda representación se entiende que el funcionario encontró el domicilio pero que el contribuyente no residía en el mismo; además en ninguna de las dos se señala las fechas y horas en que se desarrollaron las actuaciones con la intención de notificar al sujeto pasivo.

Indicó que el contribuyente a momento de presentar el escrito de nulidad de notificación, adjuntó fotocopia legalizada del Lote y el Formulario Único de Recaudaciones, que demuestran la existencia física del mismo, hecho que no fue tomado en cuenta por la Administración Tributaria por considerarse el proceso en cobro coactivo, además respecto a la prueba testifical según el art. 216-I de la Ley Nº 3092 este tipo de prueba solo sirve de indicio de un hecho; sin embargo en el presente caso, del Acta de Audiencia de Declaración Testifical, se evidencia que el testimonio comprueba la existencia de la Calle Armando Alba en la ciudad de Potosí desde 1979, vigente en la gestión 2006, por lo que la representación efectuada por el funcionario de la Gerencia Distrital Potosí no se ajusta a la realidad fáctica demostrada por el sujeto pasivo.

En mérito a lo expuesto, argumentó que la Administración Tributaria no agotó todas las posibilidades para poder ubicar el domicilio del sujeto pasivo, así por ejemplo no existe constancia  de haber requerido una Certificación de la entonces Honorable Alcaldía Municipal de Potosí hoy Gobierno Municipal de Potosí, por lo que habiéndose efectuado un procedimiento de notificación con la Vista de Cargo mediante Edictos, se vulneró lo previsto por el art. 84 y 85 de la Ley Nº 2492, viciándose de nulidad sus actos conforme establece el art. 83.II de la citada Ley.

Concluye, solicitando se declare IMPROBADA la demanda contencioso administrativa, que impugnó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0071/2011 de 7 de febrero de 2011, emitida por la  Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 87, se corrió traslado a la empresa demandante para la réplica, quien por memorial de fs. 92 a 93 vlta presentó la réplica  y a fs.  97 y vlta la dúplica, y finalmente por proveído de fs. 99 se decretó Autos para Sentencia.

CONSIDERANDO III: Que, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos  4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

CONSIDERANDO V: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:

De la revisión de antecedentes administrativos, cumplidos en sede administrativa, se establece que la Administración Tributaria mediante Vista de Cargo Nº Orden 5029755402 de 6 de marzo de 2006 (fs. 1 del Anexo), comunicó al Contribuyente que no existe constancia de presentación de la Declaración Jurada del periodo fiscal enero 2004, intimándole a presentar la misma o en su caso se apersone ante la Administración Tributaria en la que se encuentra inscrito, en el término previsto en el art. 98 de la Ley Nº 2492 a partir de la notificación con la referida Vista de Cargo y en caso de no cumplirse con lo dispuesto, se proceda a cancelar el monto presunto calculado por la Administración Tributaria de Bs.  19.748.-

Ulteriormente, se tiene que el 20 de abril de 2006, el funcionario de la Gerencia Distrital Potosí efectuó la representación respectiva (fs. 4 de antecedentes administrativos) indicando que una vez constituido en el domicilio ubicado en la calle Armando Alba Nº 12, no pudo ser ubicado el contribuyente ante la inexistencia del domicilio, desconociéndose así el domicilio actual, por lo que se dispuso la notificación al contribuyente Bonifacio Mendoza Landa con la Vista de Cargo Nº Orden 5029755402.

Una vez publicado los edictos correspondientes, ante la ausencia de descargo o documentación requerida en el plazo de 30 días otorgado, como la cancelación de la multa, se emitió la Resolución Determinativa Nº Orden 30429565 de 19 de julio de 2006 (fs. 8 de antecedentes administrativos) que resolvió determinar la Deuda Tributaria del sujeto pasivo o tercero responsable sobre la base presunta por el impuesto y periodo fiscal  enero/2004, incluida la multa por Omisión de Pago igual al 100% sobre el monto del Tributo omitido de Bs. 37.843,00.

Ulteriormente a efectos de notificar con la indicada Resolución Determinativa, el 20 de julio de 2006 el funcionario de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, realizó representación de fs. 9 de antecedentes administrativos, señalando que no pudo dar cumplimiento con la respectiva notificación al contribuyente, por lo que se dispuso la notificación mediante edictos.

La Administración Tributaria mediante Auto de 22 de agosto de 2006(fs. 12 de antecedentes administrativos)  dispone la remisión de antecedentes ante la Unidad de Cobranza Coactiva a los fines de iniciar la correspondiente Ejecución Tributaria, en cumplimiento al art. 107 de la Ley Nº 2492.

Mediante providencia de 20 de agosto de 2006 (fs. 13 del Anexo), se anuncia el Inicio de la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal notificación (fs. 13 del anexo), procediéndose nuevamente con la representación respectiva reiterando los argumentos de la representación de 20 de julio de 2006, instruyéndose notificar por edicto conforme el art. 86 de la Ley Nº 2492.

El contribuyente Bonifacio Mendoza Landa, mediante escrito de 24 de septiembre de 2009, solicitó ante la Administración Tributaria por la vía incidental la nulidad de notificación por edictos, la cual es resuelta por Auto Nº 25-00000618-10 de 7 de julio de 2010 (fs. 184 a 186 de antecedentes administrativos), que declara NO HA LUGAR  a la solicitud de nulidad de notificación con la Vista de Cargo Nº de Orden 5029755402 de 6 de marzo de 2006, disponiendo la prosecución de la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa Nº de Orden 30429565 de 19 de julio de 2006 hasta el cobro total del adeudo tributario.

Dicha resolución mereció impugnación mediante recurso de Alzada interpuesta por Bonifacio Mendoza Landa, resuelta mediante Resolución  de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0111/2010 de 12 de noviembre de 2010, que resolvió ANULAR el acto administrativo definitivo traducido en el Auto Nº 25-000618-10 de 7 de julio de 2010, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con la Vista de Cargo Nº de Orden 5029755402 de 6 de marzo de 2006.

Ante ello, la Gerencia Distrital Potosí del SIN interpuso Recurso Jerárquico contra la resolución de Alzada (fs. 131 del Anexo), resuelta mediante Resolución de Recurso Jerárquico  AGIT-RJ 0071/2011 de 7 de febrero de 2011(fs. 159 a 170  del Anexo), que resolvió CONFIRMAR la resolución impugnada.

Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe a los siguientes hechos puntuales:

La parte actora manifiesta que el sujeto pasivo no hizo uso de los recursos que le franquea la Ley en su debido momento y plazo, no pudiendo impugnar los actuados de la Administración Tributaria en cualquier momento, al encontrarse estos ya firmes. Al respecto se tiene que en la presente causa, se impugnó el Auto Nº 25-0000618-10 de 7 de julio de 2010, la cual contiene una decisión expresa que resolvió declarar ”NO HA LUGAR” a la solicitud de nulidad formulado por la parte recurrente, constituyendo un acto administrativo conforme prevé el art. 27 de la Ley Nº 2341, la cual es susceptible de impugnación vía recurso de alzada en aplicación del art. 4 de la Ley Nº 3092, cuya decisión asumida en la referida resolución, tiene un alcance de carácter particular, que permite al sujeto pasivo de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional.

En el caso de autos, en fase recursiva se consideró el recurso de alzada formulado por el sujeto pasivo, ante la denuncia de vulneración al derecho de defensa, que emergió del desconocimiento del sujeto pasivo de los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, más aun cuando el incidente de nulidad fue formulado contra los actos que creyó que infringieron el procedimiento administrativo que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, posición que se encuentra respaldada en previsión del art. 117.I de la norma Constitucional  y art. 55 del D.S. Nº 27113-Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala:”….La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”, norma aplicable en observancia del art. 201 de la Ley Nº 3092. En consecuencia, se tiene que el contribuyente observó la parte adjetiva procedimental y no cuestionó en ningún momento aspectos de fondo determinados en la Vista de Cargo Nº de Orden 5029755402 de 6 de marzo de 2006 y Resolución Determinativa Nº de Orden 30429565 de 19 de julio de 2005, toda vez, que al momento de interponer su incidente de nulidad de fs. 94  a 99 de antecedentes administrativos, el sujeto pasivo observó la forma de notificación dispuesta por el ente fiscalizador basado en la representación de 20 de abril de 2006 de fs. 4 de antecedentes administrativos, por carecer de valor legal y no contar con elementos probatorios que demuestren esa inexistencia del domicilio fiscal registrado que dio lugar a la notificación mediante edictos, hecho que  vulneró la garantía al debido proceso, privándole del derecho a la defensa, al ser un proceso que deba ceñirse a las garantías consagradas en la Constitución Política del Estado plasmadas en el art. 68 num. 6) de la Ley Nº 2492 y no impugnó así aspectos de fondo relacionados a la determinación tributaria, aspectos que condujeron que en instancia de alzada y jerárquica a considerar los recursos interpuestos por el sujeto pasivo.

Ingresando ya a un análisis sobre la procedencia o no de la notificación mediante edictos en la presente causa, en primer término conviene recordar, que la notificación o comunicación, de manera general, es entendida como la acción y efecto de hacer conocer a un litigante o parte interesada en un determinado proceso, cualquiera que sea su índole, una resolución emitida u otro acto del proceso.

Siendo así que, respecto al acto procesal de comunicación en nuestra materia, la normativa tributaria contenida en el art. 83 de la Ley Nº 2492, establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán personalmente, por cédula o mediante edictos, entre otros; señalando finalmente que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.

Asimismo, el art. 70 inc. 3) del Código Tributario, prescribe entre las obligaciones tributarias del sujeto pasivo: “Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo”. Por su parte, el art. 86 de la Ley Nº 2492, prevé que cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código y, esta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos, considerándose como fecha de notificación, la correspondiente a la publicación del último edicto.

En el caso de autos, la Administración Tributaria, instauró proceso de Verificación de la información registrada en la Base de Datos Corporativa del SIN contra el contribuyente Bonifacio Mendoza Landa, emitiéndose la Vista de Cargo Nº Orden 5029755402 de 6 de marzo de 2006, haciendo conocer que se detectó la inexistencia de constancia de presentación de Declaración Jurada del periodo fiscal enero/2004 y en aplicación del art. 97 de la Ley Nº 2492 se le intima a su presentación; actuado que, fue notificado en mérito a la representación realizada por el funcionario actuante de la Gerencia Distrital Potosí el 20 de abril de 2006 cursante a fs. 4 de antecedentes administrativos, en este actuado administrativo efectuado por el ente fiscalizador, se evidencia lo siguiente:” No se pudo dar cumplimiento a la notificación del señor MENDOZA LANDA BONIFACIO titular de la cedula de identidad Nº 1032319 debido de que habiéndome constituido en el domicilio ubicado en la calle ARMANDO ALBA Nº 12  mismo que no pudo ser habido, realizadas las indagaciones se pudo establecer que el domicilio no existe, desconociéndose a la fecha su dirección actual… (…)Por tanto se sugiere se procesa a la notificación por Edicto… (…)”. Este actuado administrativo demuestra que el funcionario dependiente de la Administración Tributaria, una vez constituido en el domicilio fiscal registrado estableció que el mismo no existe, sugiriendo la notificación mediante edictos; sin embargo no deja  constancia de las circunstancias y motivos que lo condujo a dicha conclusión, es decir, no se establece si no existe el domicilio o en su caso la dirección indicada, para que el funcionario del SIN sugiera la notificación mediante edictos.

Consecuentemente ante la ausencia de descargo solicitado en la Vista de Cargo, dio lugar a la emisión de la Resolución Determinativa Nº de Orden 30429565 de 19 de julio de 2016, este acto administrativo determinó en contra del Contribuyente una deuda tributaria de 32.022.00 UFVs equivalente a Bs. 37.843,00  calculada sobre base presunta por el IVA correspondiente al periodo fiscal enero/2004 incluida la multa por omisión de pago, lo que da lugar a un perjuicio causado al contribuyente ante el desconocimiento de lo determinado por la Administración Tributaria, prohibiéndole impugnar en su debido momento. En consecuencia se  observa que  la diligencia de notificación por edictos con la Vista de Cargo practicada por la Administración Tributaria causó perjuicio ante una clara indefensión del Contribuyente, que dio lugar a la determinación de una deuda sobre base presunta.

Asimismo, se tiene que a fs. 9 de antecedentes administrativos, cursa la representación de 20 de julio de 2006, en la que se señaló:”…una vez constituido en el domicilio fiscal registrado, se me informó  que el mencionado contribuyente no residía en ese domicilio, dificultando por tal motivo su notificación, cabe hacer notar que una vez revisado el Padrón de Contribuyentes se pudo evidenciar que el mencionado contribuyente no se empadronó, en consecuencia la Administración Tributaria no cuenta con sus datos actuales… (…)”. Este actuado administrativo  dio lugar a que se disponga de igual forma la notificación por Edictos.     

Consecuentemente, en mérito a todo ello, se evidencia que estas dos representaciones efectuadas por la Administración Tributaria (fs. 4 y 9 de antecedentes administrativos) contiene argumentaciones distintas, toda vez, que en la primera se estableció una imposibilidad de notificación ante la inexistencia del domicilio fiscal registrado del Contribuyente, en cambio, en la segunda representación, se colige que el funcionario dependiente de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, ubicó el domicilio fiscal del contribuyente Bonifacio Mendoza Landa, pero concluyó que en el mismo no residía el sujeto pasivo, por lo que claramente existe contradicción e  incongruencia en las argumentaciones de la Administración Tributaria, que fueron sustento para disponer la notificación mediante Edictos con los actos administrativos  al sujeto pasivo.

En consecuencia, en fase recursiva se consideró el domicilio tributario, siendo este el lugar físico señalado por ley o por el propio sujeto pasivo o tercero responsable para efectos tributarios, es así que una vez compulsada la prueba literal presentada por el contribuyente Bonifacio Mendoza Landa de fs. 91 a 93 del Anexo, se evidencia que el domicilio fiscal registrado en el Padrón de Contribuyentes se encuentra ubicado en la Calle Armando Alba Nº 12-Barrio Las Delicias, extremo que es respaldado con la Fotocopia Legalizada del Plano del Lote y el Formulario Único de Recaudaciones 1188408, que demuestran la existencia física del mismo ubicado en la calle Armando Alba Nº 12, aspecto que es corroborado en alzada a través de la prueba testifical de Zacarías Cazasola Gira, Certificación de la Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí Ltda. (COTAP) y mediante inspección in situ, que conllevó a la Autoridad Jerárquica a la convicción que el domicilio señalado y registrado por el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria, estuvo vigente en la gestión 2006, lo que hace entender que los argumentos vertidos en las representación de  20 de abril de 2006 y 20 de julio de 2006, no se ajusta  a la realidad fáctica demostrada por el contribuyente Bonifacio Mendoza Landa.

Por lo que existiendo el domicilio fiscal, se inobservó el art. 84.I de la Ley Nº 2492, que señala: "la Vista de Cargo y Resolución Determinativa que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el art. 89 de la Ley 2492, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante legal". A su vez, en concordancia con esta disposición legal se encuentra el art. 3 del D.S. Nº 24063 de 6 de mayo de 1997, que estipula: "Si durante el proceso de determinación y discusión de impuestos, el contribuyente o responsable señala expresamente un domicilio especial para que se le notifique con los actos correspondientes, la Administración Tributaria deberá hacerla a dicho domicilio (...)". Asimismo, en caso de imposibilidad de la anterior, lo dispuesto por el art. 85 del Código Tributario, que establece respecto a la notificación por cédula lo siguiente: I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia.”. Por lo que conforme a la normativa  legal precedentemente citada, se tiene que no se observó lo dispuesto en la normativa glosada precedentemente, al no haberse comunicado efectivamente al contribuyente con los actos emitidos por la Administración Tributaria, toda vez, que conforme  la jurisprudencia constitucional, contenida en la SS.CC. 1845/2004-R de 30 de noviembre, respecto a la finalidad de la notificación, señala que las "...notificaciones, que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario ... (Sic)... sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación, asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos...”, presupuestos  que fueron inobservados por el ente fiscalizador, siendo correcto lo vertido por la Autoridad Jerárquica, de que “ la Administración Tributaria no agotó todas las posibilidades para poder ubicar el domicilio del sujeto pasivo, como por ejemplo la inexistencia de constancia de haber requerido una Certificación a la HAM de Potosí”, a efectos de verificar el domicilio fiscal registrado ante el ente fiscalizador.

En consecuencia conforme se estableció por la prueba aportada, el sujeto pasivo, registró su domicilio fiscal en el Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales ubicado en la Calle Armando Alba Nº 12 Barrio Las Delicias, por lo que la administración Tributaria inobservó lo previsto en los arts. 84 y 85 de la Ley Nº 2492, toda vez, que teniendo el contribuyente un domicilio fiscal registrado, el mismo se mantiene subsistente mientras no exista otro registro que demuestre lo contrario, en  previsión del art. 70 num. 3) de la citada ley, por cuanto al realizarse la notificación mediante edictos, existiendo un domicilio fiscal se ocasionó indefensión al contribuyente Bonifacio Mendoza Landa, al no tener éste la oportunidad de asumir defensa en su debido momento, privándole  del uso de  los recursos que la ley le franquea, vulnerándose así el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, que señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa… (…)” norma concordante con el art. 117.I de la misma norma Constitucional, lo que vicio de nulidad los actos efectuados por la Administración Tributaria, por ende, se tiene que en el caso de autos, se cumplen los presupuestos previstos en el art. 36 de la Ley Nº 2341.


Por consiguiente no existe justificativo para que la Administración Tributaria haya notificado con la Vista de Cargo Nº  Nº Orden 5029755402 de 6 de marzo de 2006 y Resolución Determinativa Nº  de Orden 30429565 de 19 de julio de 2006 mediante edictos, por el hecho de haber sido buscado el contribuyente en el mismo domicilio para su notificación personal sin ser habido, con argumentos  contradictorios e incongruentes con la realidad de los hechos, toda vez que la notificación mediante edictos, forma de notificación prevista por el artículo 86 de la Ley 2492, procede únicamente cuando se desconozca el domicilio del contribuyente, situación que no se presentó en el caso de análisis, hecho que genero la evidente vulneración del art. 55 del D.S. Nº 27113 (nulidad de procedimientos), al ocasionar indefensión al contribuyente al no tener oportunidad de asumir defensa por desconocer las notificaciones por edictos, y lesionar al interés público concluyéndose que las notificaciones por edicto fueron practicadas incorrectamente.

Ahora bien, la parte actora denuncia que la autoridad demandada desconoce lo previsto por el art. 65 de la Ley Nº 2492, que  estipula  que “los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos”; sin embargo la parte demandante no toma en cuenta que las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos, en observancia al art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que señala: "La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso"; esto implica, además, que los actos de la Administración pueden ser objeto de control judicial (vía contenciosa administrativa), como reconoce el art. 4 inc. i) de la Ley Nº 2341, al establecer que "El Poder Judicial, controla la actividad de la Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables".

En consecuencia,  si bien la parte actora impetra bajo el principio de legalidad la presunción de legitimidad de las actuaciones de la Administración Tributaria, argumentando que no correspondería retrotraer actos  administrativos firmes; sin embargo el Tribunal Constitucional a través de la S.C. Nº 1464/2004-R de 13 de septiembre de 2004, emitió criterio respecto al principio de legalidad en el ámbito administrativo, señalando: “…..implica el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa…(…)”, en este caso la Administración Tributaria pretende desconocer que sus actuados  no se ajustaron conforme a derecho, que vulneró los derechos del contribuyente, dejándole en un total estado de indefensión. Consecuentemente la validez de los actos administrativos depende de que en ellos concurran los requisitos esenciales de eficacia, siendo su característica esencial la presunción de su validez, mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. Esta presunción de legitimidad de validez del acto administrativo, importa una presunción de regularidad del acto, también llamado presunción de legalidad, de validez, de juridicidad, este no debe entenderse como sinónimo de perfección. Los actos administrativos por serlo, tienen en su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa, siendo que toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente "alegada y probada", asimismo sucede cuando se han desconocido o vulnerado principios de derecho público o garantías. La presunción de legitimidad de los actos administrativos produce efectos de anulación sólo a petición de parte, así como necesidad de alegar la ilegitimidad y probarla.

De lo precedentemente expuesto se concluye que las Resoluciones Administrativas pronunciadas en fase recursiva emergen de un procedimiento tramitado con observancia de las normas  vigentes glosadas en el desarrollo de la presente resolución, motivo por el cual, se concluye que los términos de la demanda no han sido probados.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 39 a 43, interpuesta por la  Gerencia Distrital a.i. Potosí del Servicio del SIN representada por  Zenobio Vilamani Atanacio contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico  AGIT-RJ 0071/2011 de 7 de febrero de 2011.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena