SALA PLENA


SENTENCIA:                            581/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        1170/2014.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADO RELATOR:           Fidel Marcos Tordoya Rivas.


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fojas 61 a 66, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1127/2014 de 29 de julio (fojas 44 a 59); la contestación de fojas 149 a 155 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que Waldo Monje Verástegui, se apersona por memorial de fojas 61 a 66, subsanado a fojas 107, acreditando su personería a través del Testimonio de Poder 1359/2013, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 66, correspondiente al Distrito Judicial de Cochabamba, a cargo de Mónica Andrea Pérez Orruel (fojas 101 a 103), manifestando luego de una relación de antecedentes, lo que a continuación en síntesis se describe:


Alega que la autoridad demandada, al pronunciar la resolución de recurso jerárquico emitida, no realizó una apreciación cabal de los fundamentos expuestos en el recurso jerárquico, además de aplicar indebidamente la normativa de la materia, conforme expone en los siguientes puntos:


1.- Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa.


Señala que la Vista de Cargo fue emitida fuera del plazo establecido por el Código Tributario, transcribiendo al respecto un fragmento de la resolución impugnada referido al instituto jurídico de los actos anulables, argumentando a continuación que la AGIT, cometió un error en la interpretación de la mencionada figura jurídica, afirmando que esa es la autoridad designada para declarar la nulidad de los actos administrativos o procesales, citando el artículo 212 de la Ley 2492, referente a las clases de resolución que le está permitido dictar a la AGIT o ARIT, mencionando que entre ellas están las anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo; reiterando con este argumento, que la Autoridad de Impugnación Tributaria es quien debe declarar la nulidad de un acto, en este caso, la vista de cargo, por haber sido dictada fuera del plazo legalmente establecido, por lo que afirma, debe tomarse en cuenta que, el trámite de fiscalización en el caso presente fue notificado el 10 de junio de 2011 y la Vista de Cargo N° 3.4/2012 fue notificada el 28 de junio de 2012, trascurriendo más de un año desde la apertura de la fiscalización, hasta la emisión de la Vista de Cargo, citando al respecto, los parágrafos V y VI del artículo 104 de la Ley N° 2492, señalando a continuación que de acuerdo a la normativa referida, un procedimiento de fiscalización, desde el inicio, es decir, desde la emisión de la Orden de Verificación, hasta la emisión de la Vista de Cargo no puede sobrepasar el plazo de un año calendario, prorrogable por seis meses, únicamente cuando la autoridad ejecutiva así lo autorice; en el presente caso señala, la fiscalización se mantuvo abierta por más de un año, y de manera apresurada, se emitió Vista de Cargo consignando reparos irreales y sobredimensionados.


Asimismo, cita el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señalando que la resolución de recurso jerárquico, rechazó el contenido de dicha normativa, argumentando que la Sentencia Constitucional N° 731/2010-R, indica que uno de los supuestos de la nulidad es la especificidad y que esta falencia, no estaría expresada en el Código Tributario; interpretación que a criterio suyo es errónea pues la norma citada señala como causal de nulidad, la inobservancia procedimental; argumento con el que reitera que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, emergen de un procedimiento viciado, correspondiendo por lo tanto, declararse la nulidad de ambos.


2.- Fundamentos equivocados sobre la prescripción.


Manifiesta que el argumento para negar la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006, se fundó en que una Declaración Jurada de Empresas para el pago del IPBI, presentada el 1 de septiembre de 2009 por la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A. que representa, habría interrumpido el curso de la prescripción, pues con ella se estaría reconociendo la obligación tributaria de adeudos por las gestiones 2004, 2005 y 2006.


Sobre el particular, señala que nunca presentó tal documento, empero en el supuesto caso de la existencia del mismo, este no implica interrupción del plazo de la prescripción, porque no expresa de ninguna forma una liquidación o reconocimiento del tributo, sino que ella contiene únicamente, la base imponible, resultando ser simplemente un mero deber formal exigible a todas las personas jurídicas, que consiste en brindar información de manera periódica a la Administración Municipal, respecto al valor del bien inmueble, pero de ninguna forma puede ser equiparable a la determinación de una obligación de pago o liquidación del tributo, señalando la Autoridad General de Impugnación, que la proporción del inmueble, equipararía al efecto del artículo 94 de la Ley 2492, considerando erróneamente que la información de dicho valor, implicaría una determinación del tributo; sin embargo, alega que la normativa señalada no es aplicable al presente caso, toda vez que en las declaraciones juradas, sólo se aportan datos sobre el valor del inmueble, no así del tributo, y menos efectúa una liquidación sobre su cuantía.


Al respecto, manifiesta que la AGIT en la Resolución del Recurso Jerárquico, si bien estableció que la presentación de declaraciones juradas constituye un deber formal que no interrumpe el cómputo de la prescripción, de manera contradictoria refiere que cuando las empresas obligadas a este deber formal, omiten la presentación del Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, en el plazo establecido, causa un efecto interruptivo en el cómputo de la prescripción; criterio que el demandante considera ilegal ya que la omisión de presentación de tales documentos, únicamente constituyen incumplimiento a un deber formal, que no puede considerarse como un acto que interrumpa la prescripción.


3.- Oportunidad de solicitar la prescripción.


Citando las SSCC 1261/2005-R, 0992/2005-R y 0782/2007-R, manifestó que la prescripción se puede interponer en cualquier estado de tramitación de procedimientos administrativos; en el caso presente se lo hizo en un trámite nuevo, pues no existía ningún procedimiento de determinación o cobro sobre los impuestos señalados.


4.- Prescripción según la Ley 2492.


Manifiesta que de acuerdo a lo establecido en el artículo  59 de la Ley N° 2492, cuyo contenido transcribe, así como de lo previsto en el artículo 60 de la misma normativa, los adeudos por concepto de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, prescribieron a los cuatro años contando desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo del pago respectivo, por lo mismo, estarían prescritas las gestiones 2004, 2005 y 2006.

Transcribiendo los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492, realiza un cálculo de prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006, concluyendo que las tres se encuentran prescritas, sin que hay existido ninguna causal de interrupción o suspensión.


Concluyó el memorial de demanda solicitando a este Supremo Tribunal de Justicia, declarar probada la demanda y la revocatoria parcial de la resolución impugnada, declarando prescrito el IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006; y por consiguiente dejar sin efecto los cargos expresados en la Resolución Determinativa DIR N° 937/2013 de 20 de noviembre de 2013 emitida por el Gobierno Municipal de Cochabamba.


CONSIDERANDO II: Que por providencia de fojas 109 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma sea diligenciada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


Cumplida la diligencia señalada el 12 de marzo de 2015 como consta por el formulario de fojas 128, fue devuelta la provisión citatoria según se verifica con la nota de fojas 129 y recibida según cargo de fojas 129 vta., disponiéndose su arrimo al expediente, según providencia de fojas 130.


Providenciando el memorial de contestación a la demanda de fojas 149 a 155, se tuvo apersonado a Daney David Valdivia Coria, en representación legal de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud a la Resolución Suprema 10933 de 7 de noviembre de 2013 (fojas 147); habiéndose admitido la misma según consta por la providencia de fojas 156, teniéndose en consecuencia por respondida la demanda y corriéndose en traslado al demandante para la réplica. En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de la relación de los argumentos expuestos por el demandante, en síntesis, se expresó lo siguiente:


Inicia citando los artículos 52 y 54 de la Ley 843, el artículo 12 del Decreto Supremo. N° 24204 (RIPBI), el punto 2.3, Anexo II de las Resoluciones Supremas 226441, N° 227225 y N° 228773 de 18 de mayo de 2006, 23 de marzo de 2007 y 5 de junio de 2008, respectivamente, señalando posteriormente que, esa instancia jerárquica, evidenció que en antecedentes cursa el Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, presentado al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, el 1 de septiembre de 2009 por Waldo Monje Verástegui, representante de la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., (fojas 46), que contiene los datos de la empresa, entre ellos, el NIT, razón social, representación legal, tipo de empresa, datos del inmueble, dirección, zona, teléfono, código catastral, gestiones adeudadas (2003 a 2007) y la base imponible, siendo este formulario un requisito para el pago del IPBI e IPVA de las empresas, entendiéndose que dicha declaración jurada anual, es la base para que la Administración Tributaria Municipal, efectúe posteriormente la liquidación de la deuda tributaria correspondiente al IPBI de la gestión precedente, por lo tanto, cuando dicha declaración es presentada dentro del término establecido por norma, para la liquidación del IPBI de una gestión anterior, no causaría efecto interruptivo alguno dentro del término de la prescripción, toda vez que el sujeto pasivo, está proporcionando a la Administración Tributaria Municipal, la base imponible del impuesto, para que se proceda a la liquidación, cumpliendo de esta manera con las Resoluciones Supremas, emitidas para cada gestión fiscal, que establecen como obligación para las empresas que posean bienes inmuebles que se encuentren consignados en sus activos, presentar el valor de sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de cada año para la liquidación del impuesto por parte de la Administración Tributaria Municipal. Empero señala, cuando las empresas obligadas a este deber formal, omiten la presentación del formulario de declaración jurada de empresas jurídicas para el pago del IPBI, en el plazo establecido, causa un efecto interruptivo en el cómputo de la prescripción, al ser un reconocimiento de la obligación tributaria de gestiones y fecha de presentación y/o pago ya vencidas, que no fueron cumplidas en tiempo oportuno; conducta que además impide a la Administración Tributaria Municipal, efectuar una liquidación del impuesto sobre base cierta, tal como ocurrió en el caso presente, toda vez que el demandante presentó fuera de plazo las declaraciones de las gestiones 2003 a 2006, incumpliendo el deber de facilitar las tareas de la Administración Tributaria Municipal.


Manifiesta que si bien el sujeto pasivo cumplió con el deber formal de informar a la Administración tributaria Municipal, la base imponible del inmueble de propiedad de la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., contenida en el formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, esta fue presentada fuera de plazo, sin embargo este hecho constituye el reconocimiento de la obligación tributaria de adeudos por las gestiones 2003 a 2007, por ello, la señalada declaración jurada, conforme el inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTb), constituye causal de interrupción de la prescripción.


Prosigue su exposición haciendo referencia a la doctrina tributaria, contenida en Resoluciones Jerárquicas, relativa a que la emisión de la Vista de Cargo fuera de plazo no motiva la anulabilidad, sobre el reconocimiento expreso que el interrumpe el término de la prescripción, los requisitos de pertinencia y oportunidad de la prueba y la prescripción en aplicación de la Ley 2492, por no evidenciarse causales de interrupción. Asimismo, cita como respaldo a sus argumentos, la SC 0028/2005 de 28 de abril de 2005, el Auto Supremo 276/2012 de 15 de noviembre de 2012 y la Sentencia de Sala Plena 396/2013 de 18 de septiembre de 2013.


Concluye el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia emita sentencia declarando improbada la demanda, manteniendo en consecuencia firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/1127/2014 de 29 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Continuando el trámite del proceso, y teniéndose por renunciado el derecho a formular réplica por vencimiento del plazo para hacerlo, no habiendo más que tramitar, se decretó "autos para sentencia".


CONSIDERANDO III: Que el proceso contencioso administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que ''El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por su naturaleza que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Que el motivo de la litis en el presente proceso, tiene relación con los supuestos siguientes: 1) Establecer si la Vista de Cargo es nula por haber sido emitida fuera del plazo establecido en el artículo 104-V) de la Ley N° 2492; y 2) si operó la prescripción de la obligación tributaria.


De la revisión de obrados, se tiene que la Administración Tributaria Municipal, el 10 de junio de 2011, notificó al demandante, en su condición de representante de la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., con la Orden de Fiscalización N° 3/2011 de 9 de junio de 2011 (fojas 39 del anexo 4), emitida con el propósito de verificar el cumplimiento del pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, del bien inmueble ubicado en la calle Pando N° 1271, de propiedad del demandante, solicitando la presentación de los documentos de descargo correspondientes, ante cuyo incumplimiento la Administración Tributaria Municipal, emitió la Vista de Cargo N° 0003.2/2012 de 27 de marzo de 2012 (fojas 214 a 216 del anexo 4), misma que fue anulada mediante Auto de 12 de junio de 2012 (fojas 237 del anexo 4), por errores en su contenido, de esa forma el 20 de junio del mismo año, la entidad tributaria emitió la  Vista de  Cargo 003.4/2012 (fojas 244 a 247 del anexo 4), que fue puesta en conocimiento del sujeto pasivo el 28 de junio de 2012, como consta por las literales de fojas 254 y 255 del anexo 4.


Asimismo, se verifica que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Determinativa N° 937/2013 de 20 de noviembre de 2013 (fojas 2 a 8 del anexo 1), por la que se resolvió declarar improcedente la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 al 61 de la Ley N° 2492, al existir interrupción evidenciada en el término de la prescripción del inmueble N° 131488.


Por otra parte, determinó la obligación tributaria del contribuyente sobre base cierta, en aplicación del artículo 47 de la Ley N° 2492, en la suma de Bs. 1.567.483 por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bines Inmuebles (IPBI), por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, monto que deberá ser actualizado al momento del pago.

Del mismo modo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, en observancia de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 160 de la Ley N° 2492 al haber incumplido con el pago del IPBI por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 165 del Código Tributario y del artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310, cuyo monto asciende al monto de Bs. 948.826 que deberá ser actualizado al momento del pago.


Finalmente, intimar al sujeto pasivo el pago del adeudo tributario, concediéndole al efecto el plazo de 20 días a partir de su legal notificación y para el caso de no estar de acuerdo, interponer demanda contenciosa tributaria o recurso de alzada de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 1340 y en la Ley N° 2492, respectivamente.


Interpuesto recurso de alzada por el contribuyente (fojas 57 a 60 del anexo 1), impugnando la Resolución Determinativa DIR N° 937/2013 de 20 de noviembre, se emitió la Resolución ARIT-CBA/RA 0158/2014 de 21 de abril (fojas 133 a 145), pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, por la que se resolvió el recurso de alzada, confirmando la resolución determinativa impugnada.


Deducido recurso jerárquico por el contribuyente a través del memorial de fojas 162 a 167 del anexo 1, impugnando la resolución de alzada, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución AGIT-RJ 1127/2014 de 29 de julio (fojas 244 a 259 del anexo 2), que determinó revocar parcialmente la de alzada, disponiendo en consecuencia, mantener firme y subsistente la deuda tributaria correspondiente al IPBI por las gestiones 2004, 2005 y 2006; y sin efecto legal el adeudo correspondiente a la gestión 2003 por concepto del IPBI, por prescripción.


Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


1.- El parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492 establece: "Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.


Es preciso referir que dentro de la normativa tributaria boliviana, no está contemplada la nulidad de los actos administrativos, por haber sido emitidos fuera del plazo establecido en la ley; así, el artículo 96 de la Ley N° 2492 en su parágrafo I establece: "La  Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba  en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado”; y en  el parágrafo III, lo siguiente: "La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención según corresponda; en otras palabras, sólo serán considerados nulos los actos emitidos por la Administración Tributaria, por falta de los requisitos que dichos actos deben cumplir; disposición concordante con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo; empero no hace alusión alguna a la emisión de la Vista de Cargo fuera de plazo como causal de nulidad.


Asimismo, el artículo 104 invocado anteriormente, referido al procedimiento de fiscalización, tampoco contempla la figura de la nulidad de los actos administrativos por incumplimiento de plazo.


Bajo ese contexto, no corresponde declarar la nulidad de la Vista de Cargo N° 003.4/2012 de 20 de junio de 2012 ni la Resolución Determinativa N° 937/2013 de 20 de noviembre de 2013, como pretende el demandante, primero porque la Vista de Cargo fue emitida dentro del plazo establecido en el artículo 104. V) de la Ley 2492 y segundo, porque la misma normativa no contempla la figura de la nulidad por vencimiento de plazo.


2.- Sobre la prescripción y respecto de lo manifestado por el demandante en sentido que la supuesta Declaración Jurada de Empresas para el pago del IPBI, que la Administración Tributaria afirma haber sido presentada el 1 de septiembre de 2009, resulta ser solamente un mero deber formal exigible a todas las personas jurídicas, lo cual no implica la interrupción del plazo de la prescripción, corresponde mencionar lo siguiente:


De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente con relación a la prescripción impetrada de las gestiones 2004, 2005 y 2006 en el marco de la Ley 2492, y la existencia o inexistencia de actos que interrumpan el curso de la prescripción, se evidencia que a fojas 46 de antecedentes administrativos (anexo 4), cursa el Formulario de Declaración Jurada de la Empresa Jurídica para el pago del IPBI, correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, presentado el 1 de septiembre de 2009 por Waldo Monje Verástegui, representante legal de la Sociedad Hotelera y Turística Portales  S.A., documento en el que consta la declaración jurada sobre la valuación del inmueble, presentada en la Dirección de Recaudaciones del Municipio de Cochabamba el 1 de septiembre de 2009, que constituye reconocimiento del adeudo tributario, pero que además, evidentemente, fue presentado fuera de plazo, razón por la cual correctamente la autoridad impugnada señaló que debe aplicarse el inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492.


Ahora bien, es evidente que la presentación de la declaración jurada es un deber formal del sujeto pasivo, empero dicho documento, al ser un requisito para el pago del IPBI de las empresas y contener la base imponible del mismo, se entiende que es la base para que la Administración Tributaria Municipal, realice con posterioridad, la liquidación de la deuda tributaria de la gestión pasada; además la presentación de la declaración jurada de las gestiones 2003 a 2007, resulta ser un reconocimiento expreso de la obligación tributaria de gestiones ya vencidas. Así, el artículo 93 num. 1) de la Ley N° 2492, respecto a las formas de determinación de la deuda tributaria establece: "I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se determina la deuda tributaria.".


En este sentido, se debe tener presente que este acto tuvo la finalidad de proporcionar los datos necesarios para la determinación de sus obligaciones tributarias IPBI de dichas gestiones, pues se debe considerar que la base imponible sobre las personas jurídicas se aplica en función a las Ordenanzas Municipales de Determinación de cobro del IPBI de cada gestión, mismas que establecen que la valuación de los inmuebles de propiedad de las empresas estarán en base al valor asignado a sus Estados Financieros y Declaraciones Juradas, de conformidad a lo previsto por el artículo 37 del Decreto Supremo24051. Consecuentemente el acto de presentar la declaración jurada para fines impositivos constituye un reconocimiento expreso del adeudo tributario e interrumpe el curso de la prescripción de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 inc. b) de la Ley 2492, que textualmente refiere: "La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.".


Por lo expuesto, el Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, presentado por Waldo Monje Verástegui, en fecha 1 de septiembre de 2009, correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006, en vigencia de la Ley N° 2492, interrumpió el término de la prescripción, y correspondiendo en consecuencia la aplicación del parágrafo I del art. 59 de la referida norma legal, por lo que el siendo el término de la prescripción para los períodos señalados, cuatro (4) años, se tiene que respecto de la gestión 2004, con vencimiento en la gestión 2005, el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para el impuesto de la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción inició el 1 de enero de 2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010; y para el impuesto de la gestión 2006, con vencimiento en la gestión 2007, el término de la prescripción, inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, tal cual lo determinó la resolución impugnada.


Sin embargo de lo precedentemente expresado, como fuera señalado líneas arriba respecto de la declaración jurada presentada por el contribuyente, que cursa a fojas 46 del anexo 4, en aplicación del inc. b) del art. 61 de la Ley N° 2492, con la presentación de dicho documento se interrumpió el cómputo del término de la prescripción respecto de las gestiones 2004, 2005 y 2006, debiendo computarse el mismo nuevamente a partir del 1 de octubre de 2009, concluyendo el 1 de octubre de 2013, de acuerdo a lo dispuesto por la parte in fine del referido artículo 61 del Código Tributario, cuyo contenido textual señala: “Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.”.


Otro elemento a ser considerado respecto del término de la prescripción en relación con las gestiones 2004, 2005 y 2006, es el que corresponde a la aplicación del parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492, referido a la suspensión de seis (6) meses que se produjo con la notificación al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización de fojas 39 del anexo 4, por lo que sumado ese tiempo al 1 de octubre de 2013, el término de la prescripción concluyó el 1 de abril de 2014.


Finalmente, la Administración Tributaria Municipal notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa DIR N° 937/2013 de 20 de noviembre de 2013, el 4 de diciembre de la misma gestión (fojas 1 del anexo 1), lo que produjo una vez más la interrupción del término de la prescripción de acuerdo con lo que dispone el inc. a) del art. 61 de la Ley N° 2492, por lo que se concluye, como acertadamente resolvió la Autoridad Jerárquica, que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2004, 2005 y 2006, sobre el inmueble de propiedad de la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., no prescribió.


En relación con la prescripción del IPBI por la gestión 2003, se debe considerar que su vencimiento se produjo en la gestión 2004 y que el término de la prescripción de 4 años, debe ser computado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N° 2492. En este sentido, el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. Tomando en cuenta la declaración jurada presentada por el contribuyente el 1 de septiembre de 2009 y la notificación con la Orden de Fiscalización que se produjo el 10 de junio de 2011, tomando en cuenta que se trata de actos que fueron cumplidos con posterioridad al 31 de diciembre de 2008, no pudieron suspender ni interrumpir el curso de la prescripción, por lo que se concluye que el IPBI por la gestión 2003, evidentemente prescribió respecto de las acciones de la Administración Tributaria a efecto de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar tributos e imponer sanciones.


Que del análisis precedente, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), al pronunciarse a través de las Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1127/2014 de 29 de julio, no incurrió en conculcación de normas legales; al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, y en los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 61 a 66, subsanada a fojas 107, interpuesta por Waldo Monje Verástegui en representación de la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución AGIT­RJ/1127/2014 de 29 de julio, pronunciada en recurso jerárquico por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena