SALA PLENA


SENTENCIA:                            571/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        46/2011.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), representada por Juan Carlos Maita Michel.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 17 a 20, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0430/2010 de 22 de octubre, emitida por la AGIT; la respuesta que cursa de fs. 57 a 60, el memorial de réplica de fs. 65 a 66 vta., el memorial de duplica de fs. 70 y vta., el decreto de fs. 71, los antecedentes  procesales y;


CONSIDERANDO I: Que, la Gerencia Distrital La Paz del SIN se apersona interponiendo demanda contencioso administrativa, fundamentando su acción en los siguientes argumentos:


Relata que por memorial presentado el 27 de enero de 2006, Fanor E. Vargas Carrasco, en representación de la Asociación de Transporte La Paz, solicitó la exención de pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), solicitud y que se declaró improcedente mediante Resolución Administrativa 0027 de 15 de marzo de 2006; procediéndose a la verificación de las obligaciones impositivas de dicha Asociación, emitiéndose la Orden de Verificación Externa 00060VE0533 y, producto de la misma, la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/VC/389/2009 de 28 de septiembre; que finalmente condujo a la emisión de la Resolución Determinativa 0419/2009 de 1 de diciembre de 2009, notificada el 14 de abril de 2010, que establece una deuda tributaria que asciende a la suma de 212.695 UFVs (doscientos doce mil seiscientos noventa y cinco Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalente a Bs.- 326.882 Resolución que fue recurrida en alzada por el contribuyente, siendo revocada parcialmente y finalmente recurrida en jerárquico por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, instancia en la que fue confirmada la Resolución de alzada.


Añade que, el 12 de noviembre de 2010, fueron notificados con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0430/2010 de 22 de octubre de 2010, emitida por la AGIT, emergente del Recurso de alzada interpuesto a instancia del contribuyente Juan Pastor Riveros Mamani en representación de la Asociación de Transporte La Paz; expresa que dicha Resolución jerárquica, al confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0278/2010 de 2 de agosto de 2010, viola los arts. 60 y 61 de la Ley 2492, al no considerar que sí hubo interrupción del plazo para que opere la prescripción para las acciones de la Administración Tributaria de controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos, interrupción debida a la solicitud de exención de 27 de enero de 2015 presentada por el contribuyente, acto que es considerado como reconocimiento expreso de la deuda tributaria, situación agravada porque la AGIT tampoco consideró que la notificación al contribuyente con la Orden de Verificación Externa 0006OVE0533 de 31 de diciembre de 2008 suspende por seis meses el cómputo del plazo para que opere la mencionada prescripción, situación que afecta los intereses del fisco.


Igualmente alega que, al estarse afectando los intereses del fisco por no poder hacerse efectivo el pago de tributos por parte del contribuyente, configurándose un daño económico al Estado, toda vez que estos tributos son parte de la Política Fiscal del Estado y que, según el art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), éstos no prescriben.


Finalmente solicita que se declare probada la demanda en todos sus extremos y en consecuencia sin efecto las Resoluciones Jerárquica y de Alzada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 0419/2009; en correcta aplicación de las normas indebidamente interpretadas en fase administrativa.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda y corrida en traslado por decreto de fs. 23, se apersona Juan Carlos Maita Michel, en su condición de Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, señalando que:


Respecto a la solicitud de exención del IUE, ésta fue formulada por el sujeto pasivo antes del inicio del proceso de verificación, mediante el cual la Administración Tributaria determinó la existencia de la deuda tributaria, por lo que al momento de dicha solicitud no existía deuda determinada, entonces dicha petición no puede ser considerada como un reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria, entendiendo además que la solicitud de exención se la hace para futuras obligaciones y no así para satisfacer obligaciones pasadas en apego al art. 5 del DS 24051, sustituido por el art. 3 del DS 27190.


Añade que, una Orden de Verificación no se encuentra dentro de las causales de suspensión del plazo para la prescripción, puesto que existe diferencias entre los procesos de fiscalización y los procedimientos de verificación, siendo que los procedimientos de verificación tienen alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar, y los procedimientos de fiscalización, sean totales o parciales abarcan todos los hechos generadores de uno o más periodos y versan sobre el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo; es en este sentido que el procedimiento de verificación se encuentra regulado por los arts. 29 inc. c) y 32 del DS 27310 y que su notificación no es una causal de suspensión en virtud del art. 61. I de la Ley 2492.


Agrega que, la acción de la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar, investigar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, para el IUE de la gestión 2004, prescribió el 31 de diciembre de 2009, y que la Resolución Determinativa de 1 de diciembre de 2009, notificada el 14 de abril de 2010, ya no surte efectos interruptivos, por haberse notificado después de que operó la respectiva prescripción.


Igualmente alega que, respecto al art. 324 de la CPE, el citado argumento no fue planteado por la Administración Tributaria en uso de su derecho para interponer el Recurso Jerárquico, razón por la cual no se consideró ni se pronunció respecto de ese punto, pretensión que de manera extemporánea se propone en la demanda contencioso administrativa, por lo que no corresponde a este Tribunal considerar dicho agravio.


Finalmente concluye solicitando se declare Improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0430/2010 de 22 de octubre.


Mediante memorial de réplica, la Gerencia Distrital La Paz del SIN alega que la AGIT en su memorial de contestación no señala cuál es el procedimiento que diferencia ambos casos, simplemente solicita declarar improbada la demanda contencioso administrativa, y que en tanto no exista una disposición normativa que distinga los procedimientos de fiscalización, investigación, verificación y control, deben entenderse como un conjunto de facultades que tiene la Administración Tributaria para investigar hechos generadores de tributos, requerir información y establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos por sujetos pasivos; situación por la cual el SIN utiliza el término Orden de Verificación para una fiscalización parcial y el término Orden de Fiscalización para una verificación total, concluyendo ambos con la emisión de una Vista de Cargo y la posterior Resolución Determinativa, concluyendo que el procedimiento en ambos casos es el mismo, por lo que lo dispuesto en el art. 61.I de la Ley 2492 debe hacerse extensivo a la Orden de Verificación. Finalmente reitera que, la solicitud de exención es un reconocimiento expreso del adeudo tributario, y que respecto del art. 324 de la CPE, toda autoridad debe ajustar sus decisiones fundamentalmente a la CPE; solicitando nuevamente se declare probada la demanda contencioso administrativa con los efectos consiguientes.


Mediante memorial de dúplica, la AGIT alega que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante su memorial de réplica, reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda, los cuales han sido desvirtuados completamente y que no se pronuncia sobre los argumentos del memorial de contestación a la demanda, y por lo tanto solicita que se declare improbada la demanda con los respectivos efectos consiguientes.


Al haberse formulado la réplica y la dúplica, por proveído de fs. 71, se pronuncia el correspondiente decreto de “Autos para Sentencia”.


CONSIDERANDO III: Que de la revisión de los antecedentes de emisión de la Resolución impugnada, que cursan tanto en el expediente como en los anexos de antecedentes administrativos, se evidencia que:

Mediante memorial presentado el 27 de enero de 2006 a la Administración Tributaria (fs. 192 de Anexos), Fanor E. Vargas Carrasco, en representación de la Asociación de Transportes La Paz, solicitó simplemente la exención del IUE, sin hacer mención de ningún dato o hecho generador de tributo; solicitud que después del trámite correspondiente fue declarada improcedente por la Administración Tributaria, mediante Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 0027 de 15 de marzo de 2006 (fs. 173 a 174 de Anexos).


El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Hugo Manzaneda Loayza, representante legal de la Asociación de Transportes La Paz, con la Orden de Verificación Externa Nº 0006OVE0533 (fs. 4 y 10 de Anexos), por el IUE de la gestión 2004, adjuntando requerimiento Nº 87152 mediante el cual se solicitó duplicados de Declaraciones Juradas por el IUE, planillas de sueldos, planilla tributaria, cotizaciones sociales, comprobantes de ingresos y egresos con respaldo, estados financieros de la gestión 2004, testimonios de constitución, poder del representante legal, hojas de ruta gestión 2004, recibos de alquiler, registro de cuotas mensuales y toda otra documentación requerida en el proceso de verificación (fs. 11 de Anexos).


Posteriormente, producto del proceso de verificación llevado a cabo, el 14 de abril de 2010, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a Juan Pastor Riveros Mamani con la Resolución Determinativa Nº 0419/2009 de 01 de diciembre de 2009, que determinó un adeudo tributario de UFV's. 212.695.- (doscientos doce mil seiscientos noventa y cinco unidades de fomento a la vivienda) por concepto de IUE más sanción, interés y multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 2 a 6 de Anexos).


Contra dicha Resolución Determinativa, el contribuyente, el 04 de mayo de 2010, interpuso Recurso de Alzada (fs. 9 a 20 de Anexos), subsanado mediante memorial de 12 de ese mes y año (fs. 25 de Anexos) que fue contestado de forma negativa por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio del SIN (fs. 31 a 35 de Anexos), siendo resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0278/2010 de 02 de agosto, resolviendo revocar la Resolución Determinativa; fallo contra el cual la Gerencia Distrital La Paz del Servicio del SIN, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 55 a 59 de Anexos), siendo resuelto por la AGIT a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0430/2010 de 22 de octubre, que resolvió confirmar la Resolución de Alzada (fs. 90 a 101 de Anexos).


CONSIDERANDO IV: De la compulsa de los datos procesales y la Resolución administrativa impugnada, se puede determinar que:


En principio, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad Administrativa demandada.


Que el motivo de controversia en el presente proceso se circunscribe en establecer, en primer lugar si una solicitud de exención de las características del caso de autos se considera razonablemente un reconocimiento de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, y en segundo lugar, si una Orden de Verificación debe ser considerada como una causal de suspensión del curso de la prescripción en observación del art. 62.I de la Ley 2492.


Ingresando al control de legalidad, sobre si las normativas tributarias fueron correctamente aplicadas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución Jerárquica impugnada, se tiene que aclarar en principio el sentido de una solicitud de exención impositiva, siendo necesario entender que la exención es aquel futuro efecto desgravatorio de la carga económica derivada de la aplicación normal del tributo “a posteriori”, una vez que se ha realizado el hecho imponible y por lo tanto, ha nacido la obligación tributaria, recalcando que dicha solicitud se la hace para un futuro y no así para satisfacer obligaciones pasadas, tal como lo establecen, en caso del IUE, el art. 49 inc. b) de la Ley 843 y el art. 5 del DS 24051 sustituido por el art. 3 del DS 27190; es en este sentido que de la revisión de la nota de solicitud de exención presentada por el sujeto pasivo del caso de autos, se concluye que dicha nota no constituye ningún reconocimiento tácito, peor expreso, de la obligación del pago del IUE, puesto que en esta nota no se hace mención a ningún dato, circunstancia o acontecimiento que haga presumir que la Asociación de Transportes La Paz tuvo utilidades en la gestión 2004 y por lo tanto que se considera sujeto de la obligación de pagar dicho impuesto o que si éste hubiera o no cumplido con el pago del IUE, considerando la máxima de presunción a favor del sujeto pasivo, que conforme se tiene establecido en el art. 69 de la Ley 2492, dispone que “En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforma a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias”. Es por todo lo señalado precedentemente que la solicitud de exención del sujeto pasivo no interrumpió el plazo de prescripción iniciado el 1 de enero de 2006, que tenía la Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de la obligación concerniente al IUE de la gestión 2004 por parte del sujeto pasivo.


Respecto de que si una Orden de Verificación tiene efecto interruptivo del curso normal de la prescripción para las operaciones de determinación impositiva del SIN, es necesario referir que el procedimiento de determinación aplicado por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, se encuentra regulado por los arts. 29 y 32 del DS 27310 y que este último artículo determina que dicho procedimiento se inicia con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización, conforme dispone el art. 104.I de la Ley 2492; en los hechos fue ésta la razón para que la Autoridad General de Impugnación Tributaria asuma el convencimiento de que la suspensión del término de prescripción prevista el art. 62.I de la Ley 2492, es aplicable únicamente ante la notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización y que no puede hacerse una interpretación extensiva a las Ordenes de Verificación, toda vez que dicha norma fue emitida considerando la naturaleza de los distintos procesos establecidos en la Ley 2492 y su Decreto Reglamentario, que por consiguiente, al entender de la autoridad demandada, la verificación no suspendió el curso de la prescripción por seis meses más.


En ese contexto, el art. 59.I.1 de la Ley 2492, señala que las acciones de la administración tributaria prescribirán a los cuatro años sea para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; estableciendo en su art. 60 que el término de la prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.


De igual forma el art. 61 inc. a) de la Ley 2492, prevé la interrupción de la prescripción con la notificación de la resolución determinativa, sin diferenciar que dicha resolución sea emergente de una orden de verificación o fiscalización; máxime, cuando los procedimientos utilizados para determinar la Orden de Fiscalización y la Orden de Verificación son realizados con las mismas fases, etapas, métodos y tramites; en consecuencia, si ambos procedimientos concluyen con el pronunciamiento de una Resolución Determinativa que interrumpe la prescripción, no es posible colegir que la notificación con la Orden de Verificación no pueda suspender el cómputo de la prescripción.


A su vez, el art. 62.I de la Ley 2492, establece que el curso de la prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, iniciándose este cómputo en la fecha de notificación respectiva y se extiende por seis meses; si bien esta normativa hace referencia simplemente a la suspensión del curso de la prescripción con la notificación de Orden de Fiscalización; sin embargo, ello no imposibilita que esta suspensión también sea aplicada al procedimiento utilizado en la Orden de Verificación, en previsión del art. 8.III de la Ley 2492, que claramente señala que para llenar los vacíos legales se aplicará la analogía, por lo que existiendo un vacío jurídico en la aplicación de la suspensión de la prescripción en cuanto a la notificación con la Orden de Verificación, es aplicable por analogía lo prescrito en el art. 62.I de la señalada Ley; considerando que el procedimiento que se utiliza tanto en la Orden de Fiscalización, como en la Orden de Verificación, es el mismo y en ambos casos se concluye con la emisión de la Resolución Determinativa, como se señaló precedentemente.


Por otro lado, si bien los arts. 31 y 32 del DS 27310, establecen los requisitos para el inicio de los procedimientos de determinación total y parcial así como el de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, estableciendo que los mismos se iniciaran con la notificación al sujeto pasivo o sujeto responsable con la Orden de Fiscalización y Orden de Verificación, respectivamente; empero, no debe perderse de vista que ambos procedimientos concluyen en la determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria, tal cual lo establece el art. 29 del mismo Decreto Supremo, cuando señala: “La determinación de la deuda tributaria por parte de la administración se realizara mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados por el servicio de impuestos nacionales, que por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación total que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal. b) Determinar parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transaccionales económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar...”.


Por lo que, si bien existe diferenciación de terminología entre lo que es la fiscalización y verificación; sin embargo, se concluye nuevamente que el procedimiento utilizado para emitir la Resolución Determinativa es el mismo.


Con base en los antecedentes descritos en el acápite anterior y la normativa glosada precedentemente, se puede establecer claramente que no existió inacción de la Administración Tributaria más al contrario procedió a realizar actos tendientes a la determinación de la deuda tributaria como son la Orden de Verificación, no existiendo por lo tanto presupuestos que den lugar a la prescripción respecto a la inacción del titular del derecho; consiguientemente, la Autoridad General de Impugnación Tributaria aplicó erróneamente el art. 62 de la Ley 2492, al establecer que la prescripción se suspende únicamente con la notificación de inicio de fiscalización individualizada al contribuyente, dejando de lado el art. 8.III de la normativa señalada, referida a la aplicación de la analogía en los casos de existir vacíos legales, como ocurrió en el presente caso.


Así analizados los hechos que motivan el presente litigio, se concluye que el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Administración Tributaria, no sólo tiene atribución para controlar, verificar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos, sino también para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones y ejercer la facultad de ejecución tributaria, como en el caso que nos ocupa, habiendo ejercido no sólo la acción de verificación sino la intención de cobro, ciertamente desde el momento de la notificación al contribuyente con la Orden de Verificación, se produjo la suspensión del curso de la prescripción, aplicando de manera extensiva y por analogía los arts. 8.III y 61.I de la Ley 2492; y, no desde la fecha de notificación con la Resolución Determinativa, como dispone el art. 61 inc. a) de la Ley 2492, que se aplica para la interrupción de la prescripción de adeudos tributarios. En síntesis, la notificación al contribuyente con la Orden de Verificación, dio lugar al inicio de la exteriorización de la voluntad estatal de ejercer el acto administrativo, lo que suspendió el periodo de la prescripción.


Por lo señalado hasta aquí, se concluye que no se operó la prescripción declarada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, puesto que con la adhesión de los seis meses de suspensión por la notificación con la Orden de Verificación Externa Nº 0006OVE0533, el plazo para dicha prescripción se cumpliría el 30 de junio de 2010, por lo que la Notificación de 14 de abril de 2010 con la Resolución Determinativa 0419/2008 de 01 de diciembre de 2009, interrumpió definitivamente el plazo que tenía la Administración Tributaria para verificar el cumplimiento del IUE gestión 2004 por parte de la Asociación de Transportes La Paz; en consecuencia, se tiene que la AGIT realizó una interpretación limitada del art. 62. I de la Ley 2492, y no de manera gramatical, sistemática y finalista de la normativa tributaria, del procedimiento y facultades de la administración tributaria; en ese sentido, la fundamentación precedente, efectuada en el marco de la congruencia, con los argumentos fácticos esgrimidos por la Administración Tributaria, permite concluir que la entidad demandante ha justificado y demostrado su pretensión.


Con relación al último aspecto en debate, que refiere la conculcación del art. 324 de la CPE, el mencionado artículo señala que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, precepto constitucional que se entiende relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir, con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales.


En ese contexto, el artículo 152 del CTb, es claro al señalar que: “si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado”, de donde se concluye, que en el ejercicio de la función pública, los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales y los particulares pueden ser sujetos de responsabilidad civil cuando su conducta ocasione daño patrimonial al Estado, en ese sentido no resulta evidente lo alegado por la entidad demandante.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa cursante de fojas 17 a 20, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz del SIN y; en consecuencia DEJA SIN EFECTO la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0430/2010 de 22 de octubre, emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria y también la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0278/2010 de 02 de agosto de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, y en su mérito mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 0419/2009 de 01 de diciembre de 2009.


Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamentales.


No suscriben los Magistrados Pastor Segundo Mamani Villca, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia y Fidel Marcos Tordoya Rivas por emitir votos disidentes.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA



Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena