SALA PLENA


SENTENCIA:                            569/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        15/2011.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Cooperativa Rural de Electrificación LTDA. contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE) contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, representado por Luis Fernando Vicente Vargas.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 194 a 203, impugnando la Resolución Ministerial RJ Nº 074/2010 de 13 de octubre, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía; la respuesta que cursa de fs. 232 a 237, la réplica cursante de fs. 242 a 245, la duplica que cursa de fs. 251 a 256, el decreto de fs. 259, los antecedentes procesales y;


CONSIDERANDO I: Que, Félix Róger Robles Toledo, en representación de la CRE, se apersona interponiendo demanda contencioso administrativa, fundamentando su acción en los siguientes argumentos:


Relata que, como resultado de la Reclamación Directa Nº 7428760, presentada el 25 de enero de 2010 por Félix Jiménez Medina a la CRE, por excesivo consumo eléctrico, y siendo rechazada la misma, el usuario efectuó la reclamación administrativa Nº 910 (IB) ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), siendo registrada el 26 de enero de 2010; luego se corrió traslado de dicha reclamación mediante Decreto Nº 253/2010, notificado a la CRE el 23 de febrero de ese año, por lo que ésta presentó la nota GCA/482/10 el 05 de marzo de 2010, mediante la cual contesta y presenta descargos a la reclamación administrativa formulada; emitiéndose la Resolución AE-DCP Nº 129/2010 de 12 de marzo, que declaró fundada la reclamación administrativas e incluyó a la CRE a reembolsar al cliente de la cuenta Nº 64277, el importe cobrado en exceso de Bs. 1.637,70.- (Mil seiscientos treinta y siete 70/100 Bolivianos), en razón de que la CRE, se pronunció con relación al traslado de cargos de manera extemporánea, un día después de transcurrir el plazo legal para la contestación a los cargos imputados, aplicando el art. 62.II del Decreto Supremo (DS) 27172 de 15 de septiembre de 2003 (RLPA- SIRESE).


Agrega que, el 12 de marzo de 2010 interpuso recurso de revocatoria contra dicha Resolución ante la misma AE, mereciendo la Resolución AE Nº 185/2010 de 7 de mayo, la cual rechazó y confirmó en todas sus partes la Resolución impugnada; posteriormente, planteó recurso jerárquico ante el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, impugnando la Resolución de Alzada, recurso resuelto mediante Resolución Ministerial RJ Nº 074/2010 de 13 de octubre, por lo cual resolvió rechazar el recurso jerárquico y confirmar la Resolución impugnada, manteniendo firme y subsistente la Resolución AE-DPC Nº 129/2010 de 12 de marzo.


Con base en esos antecedentes, fundamenta su demanda en los arts. 69 y 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); argumentando que la Resolución Jerárquica impugnada, adolece de una errónea interpretación e indebida aplicación del art. 62.II del RLPA-SIRESE, al omitir la aplicación del principio del informalismo establecido en el art. 4 inc. 1) de la LPA, debido a que por este principio y por solo tener un día de retraso en la contestación al traslado del reclamo administrativo Nº 910 (IB), los descargos y las pruebas presentadas no serán consideradas ni tomadas en cuenta y que solamente ameritaba una simple declaratoria de rebeldía de la CRE; sin embargo, el art. 72 del Código de Procedimiento Civil (CPC), permite al rebelde comparecer y asumir su defensa en cualquier estado del proceso, lo cual concuerda con lo establecido por el art. 46.II de la LPA, que permite a los interesados formular argumentaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio para ser tomados en cuenta en la redacción de la resolución en cualquier momento del procedimiento; agregando que el art. 47.I de la LPA, establece que: “Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho”, por lo que se omitió considerar el principio de verdad material contenido en el art. 4 inc. d) de la LPA. Igualmente expresa que la fundamentación de la Resolución Jerárquica impugnada, es errónea toda vez que se hace alusión a las disposiciones adicionales primera y segunda del RLPA-SIRESE, disposiciones que no existen en la norma citada, ya que solamente existen “Disposiciones Finales”, disponiendo la segunda de estas, la aplicación supletoria de las normas legales sectoriales, aclarando que la Ley de Procedimiento Administrativo, no es de aplicación supletoria al RLPA-SIRESE; igualmente expresa que el art. 27.II del citado Decreto Reglamentario, establece que la admisión de la prueba se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e información y que en caso de duda se estará en favor de su admisión y producción, por lo que no se puede hacer a un lado la prueba de descargo presentada, bajo el argumento de falta de discrecionalidad, siendo privado del derecho a particular y del derecho a la defensa en el procedimiento administrativo, afectando y vulnerando sus derechos e intereses legítimos de acuerdo a los arts. 16 incs. c) y e) de la LPA y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).


Asimismo indica que, en el procedimiento administrativo no se observó y se omitieron las medidas de avenimiento que establece el art. 60 del RPLA-SIRESE, dichas medidas sólo pueden ser omitidas cuando existan razones de interés público según el art. 60.II del Reglamento citado, aclarando que se trató de eludir y subsanar la omisión haciendo mención del reporte de Aplicación del procedimiento Abreviado Nº 81 de 09 de febrero de 2010, el cual no evidencia que dicha etapa procesal se haya realizado en los términos del art. 60 de la norma reglamentaria aplicable.


Finalmente hace una relación puntual de las infracciones a las normas ya mencionadas y añade que: 1) Se infringió el art. 29 de la LPA que establece que los actos administrativos se ajustarán a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico; 2) Se transgredió el art. 8 del RLPA-SIRESE que dispone que las resoluciones se pronuncian de forma fundamentada en los hechos y en derecho, de acuerdo a las pruebas y las razones de derecho que les dan sustento; 3) Se violaron los arts. 14.II, 115.III y 119 de la CPE; 4) Se violó el art. 4 de la LPA al no aplicar los principios de sometimiento pleno a la ley, verdad material, imparcialidad e informalismo; y 5) Cita la SC 0119/2003-R de 28 de enero, jurisprudencia constitucional respecto a los elementos del debido proceso.


Concluye indicando que las Resoluciones impugnadas incurren en causales de nulidad y anulabilidad de acuerdo a los arts. 35 y 36 de la LPA y pide que se declare probada la demanda contencioso administrativa declarando la nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 206 y corrida en traslado se apersonan Carlos Crispín Quispe Lima y Ramiro Antonio Vidaurre Landa, en representación del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, por poder Nº 154/2011 de 18 de febrero de 2011, otorgado por José Luis Gutiérrez Pérez en su calidad de Ministro de Hidrocarburos y Energía, contestando la demanda contencioso administrativa de la siguiente manera:


Indican que, respecto de la supuesta errónea interpretación e indebida aplicación del art. 62 del RLPA-SIRESE, esta norma procesal administrativa dispone que corrida en traslado la reclamación, la empresa o entidad regulada tiene el plazo de siete (7) días para contestar y acompañar la prueba relacionada a la reclamación del usuario y que en caso de que dicha entidad o empresa no responda en el plazo establecido, se darán por admitidos los cargos y probada la reclamación, disposición que condiciona y regla el actuar de la administración, no permitiéndole la discrecionalidad para optar por distintas soluciones o consecuencias a los supuestos facticos del caso, por lo que la administración al no haber tomado en cuenta la contestación ni la prueba presentada por la CRE, aplicó debidamente la normativa procesal antes señalada, agregando que dicha normativa está pensada para la protección del usuario, quien no puede verse privado de servicios esenciales por la negligencia de la empresa o entidad regulada.


Añaden que, respecto del principio de informalismo, que este principio es aplicable en los casos de exigencias procesales meramente formales y no así esenciales y que en el caso de autos, la contestación y la presentación de pruebas en el plazo exigido por la ley, son previsiones procesales esenciales y no así meramente formales, como pueden ser defectos en la contestación que pueden ser subsanados posteriormente.


Agregan que, respecto del art. 46.II de la LPA, disposición que permite a los interesados formular argumentaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento, esta norma resulta inaplicable al caso de autos por ser general y contradecirse con la norma específica y especial, que para el caso de autos es el RLPA-SIRESE, que en su art. 48 dispone que las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo, para la formación de actos de instancia se aplicarán a solicitudes y peticiones de los administrados que no tengan establecido un procedimiento especial para el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y el art. 49 del mismo Reglamento prevé la aplicación supletoria de la referida Ley en todo lo no previsto por la normativa especial.


Por otra parte, señalan que el principio de verdad material no fue vulnerado, ya que no se puede interpretar el mismo de manera contradictoria a las reglas procesales previstas para el caso de autos, más aun cuando este es concordante con el plazo para presentar descargos, puesto que la norma procesal da la posibilidad de presentar las pruebas dentro de un plazo prudencial; igualmente agregan que no se vulneró el art. 27.II del RLPA-SIRESE, puesto que no se llegó a la etapa procesal para disponer la apertura de un término de prueba, de acuerdo al art. 63 del mismo Decreto Supremo reglamentario.


Argumentan que, respecto a la supuesta inobservancia de las medidas de avenimiento en el procedimiento de la reclamación contenidas en el art. 60 del RLPA-SIRESE, estas medidas son una facultad potestativa y discrecional del órgano administrativo y que igualmente dichas medidas fueron cumplidas en el procedimiento administrativo.


Concluye solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa, toda vez que los argumentos que conforman la misma fueron ampliamente superados, no existiendo por tanto vulneración o contravención a los preceptos legales, ni aplicación indebida de la normativa legal y solicita costas.


Corrida en traslado la contestación a la demanda contencioso administrativa mediante decreto de fs. 240, la parte actora presentó replica señalando que el escrito de contestación a la demanda no lleva firma de abogado incumpliendo lo previsto por el art. 93 del CPC y que fue presentada fuera del término de 10 días dispuesto por el art. 354.II del mismo cuerpo legal, por lo que no debe ser tomado en cuenta en el proceso; igualmente reitera que se interpretó y aplicó erróneamente el art. 62.II del RLPA-SIRESE al no observar los principios de verdad material y de informalismo; arguye que la Ley de Procedimiento Administrativo no es supletoria al RLPA-SIRESE ya que no existen límites ni restricciones para la aplicación del art. 46.II de la LPA; para finalizar reiterando la omisión de las medidas de avenimiento en el procedimiento administrativo del caso de autos.


Corrida en traslado la réplica mediante decreto de fs. 247, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, representado solamente por Carlos Crispín Quispe Lima, presentó dúplica expresando que su persona y Ramiro Antonio Vidaurre Landa, además de ser representantes legales de dicha cartera de Estado, son abogados, situación que se puede confirmar de la revisión del poder otorgado para su representación, cumpliéndose lo previsto por el art. 93 del CPC, igualmente señala que en la réplica se interpretó erróneamente lo dispuesto por el art. 352.II del CPC, ya que éste establece los plazos correspondientes para la réplica y para la dúplica, traslados que se hacen después de la contestación a la demanda que según el art. 345 del mismo cuerpo legal tiene el plazo de 15 días más la ampliación que corresponda en razón de la distancia, por lo que contestaron dentro de plazo; posteriormente vuelve a reiterar los mismos argumentos respecto de todos los puntos de la contestación a la demanda.


Al haberse corrido los traslados correspondientes, por proveído de fs. 259, se pronuncia el correspondiente decreto de “Autos para Sentencia”.


CONSIDERANDO III: Que de la revisión de los antecedentes de emisión de la Resolución impugnada, que cursan tanto en el expediente como en los anexos de antecedentes administrativos, se evidencia que:


El 26 de enero de 2010 Félix Jiménez Medina presentó la reclamación administrativa Nº 910 ante la AE cursante a fs. 1, por excesivo consumo de la cuenta 64277 a nombre de Lucila Salas Justiniano, mereciendo el reporte de aplicación de procedimiento abreviado Nº 81 de fs. 4, en el cual se señaló que dicha reclamación administrativa no ha sido solucionada en sujeción al procedimiento informal consagrado en el art. 60 del RLPA-SIRESE, posteriormente se corrió traslado a la CRE mediante DPC Nº 253/2010 de fs. 5 para que conteste dentro de los siete (7) días siguientes a su notificación presentando la prueba que en la misma se detalla, decreto notificado a la CRE mediante acta de fs. 6 el 23 de febrero de 2010, presentando la CRE la nota GCA/482/10 el 05 de marzo de 2010, mediante la cual contestó y presentó prueba de descargo; procedimiento que mereció la Resolución AE-DPC Nº129/2010 de 12 de marzo, cursante de fs. 35 a 38, mediante la cual la AE declaró fundada la reclamación administrativa Nº 910 (NB) en virtud de que la empresa distribuidora no se pronunció dentro del plazo establecido para el efecto, por lo que se dan por admitidos los cargos y probada la reclamación, instruyendo a la CRE reembolsar al cliente de la cuenta Nº 64277 el importe cobrado en exceso de Bs. 1.637,70.- (mil seiscientos treinta y siete 70/100 bolivianos) en un plazo de veinte (20) días hábiles administrativos desde la notificación con la misma, evidenciándose que dicha Resolución estuvo precedida por el peritaje técnico de la AE consistente en el Informe según Orden de Trabajo 78 de 09 de marzo de 2010, cursante de fs. 41 a 60, que en sus conclusiones determina que el medidor se encuentra funcionando correctamente y que las lecturas de las facturas no presentan anomalías, siendo correctas las mismas al igual que el suministro de electricidad.


Posteriormente, el 31 de marzo de 2010, la CRE recurre en revocatoria mediante memorial de fs. 63 a 65, siendo admitido el recurso, la entidad demandante presentó memorial el 16 de abril de 2010, cursante a fs. 97, mediante el cual expresa que se cambió la factura de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Administrativa AE-DPC Nº 129/2010, disminuyendo el monto instruido, operación viable porque el usuario al que se debió reembolsar dicho monto no pagó la anterior factura determinada como excesiva en el cobro; después la AE emitió la Resolución AE Nº 185/2010, cursante de fs. 108 a 112, rechazando el recurso de revocatoria planteado; por lo que la CRE interpuso recurso jerárquico mediante memorial de fs. 115 a 119 y siendo concedido el mismo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía emitió la Resolución Ministerial RJ Nº 074/2010 de fs. 135 a 145, por la que rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la CRE, confirmando la Resolución impugnada.


CONSIDERANDO IV: De la compulsa de los datos procesales y la Resolución administrativa impugnada, se puede determinar que:


En principio, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de  la controversia, tomando  en cuenta  la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad Administrativa demandada.


Que los motivos de controversia en el presente proceso se circunscriben en establecer lo siguiente: a) Si es permisible, de acuerdo al principio de informalismo, la admisión de la contestación y la presentación de descargos al traslado de una reclamación administrativa, fuera del plazo establecido en el art. 62 del RLPA-SIRESE; b) La inobservancia y omisión de las medidas de avenimiento que establece el art. 60 del RLPA-SIRESE; c) Si se debió considerar la prueba presentada y/o corriente en el expediente al momento de redactar la Resolución Administrativa de acuerdo al principio de verdad material, los arts. 46.II y 47.I de la LPA y 27.II del RLPA-SIRESE; y d) Si producto de algunos de los anteriores puntos de controversia se vulneraron los arts. 29 de la LPA, 8 del RLPA-SIRESE, los 14.III, 115.II y 119 de la CPE y los principios del procedimiento administrativo de sometimiento pleno a le ley y de imparcialidad contenidos en el art. 4 de la LPA, configurándose por todo esto causales de nulidad o anulabilidad contenidas en los arts. 35 y 36 de la misma Ley.


Previamente a resolver la problemática planteada, es necesario aclarar que la contestación a la demanda sí fue firmada por los representantes abogados y apoderados del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, cumpliendo con lo dispuesto por el art. 93 del CPC y fue presentada dentro del plazo legal para la contestación a la demanda, establecido en el art. 345 del Código Adjetivo Civil, por lo que corresponde sea considerada en la presente Sentencia, toda vez que igualmente existe el decreto de admisión a la contestación de fs. 240 que no fue impugnado de acuerdo a los recursos de ley.


Ingresando al control de legalidad sobre si es permisible, de acuerdo al principio de informalismo, la admisión de la contestación y la presentación de descargos al traslado de una reclamación administrativa, fuera del plazo establecido en el art. 62 del RLPA-SIRESE, es necesario referirnos al art. 4 inc. 1) de la LPA, que establece “La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo”, por lo que se debe analizar si lo dispuesto por el art. 62 del RLPA-SIRESE constituye una exigencia meramente formal o es en todo caso de naturaleza sustancial para el procedimiento administrativo, a saber toda normativa procesal en la que se establezcan plazos para la actuación de las partes, a menos que expresamente se prevea la posibilidad de su prolongación por motivos no atribuibles a las partes, es de carácter perentorio y por lo tanto opera el principio de preclusión, mediante el cual y en busca de la eficacia del proceso, la parte que no actuó procesalmente en su momento, pierde la oportunidad de hacer valer dicho acto posteriormente, en este sentido se entiende que las normas que otorgan plazos procesales -máxime si prevén consecuencias de derecho para el caso de su incumplimiento como es el art. 62 del RLPA- SIRESE-, constituyen exigencias procesales esenciales que no pueden ser obviadas bajo el principio de informalismo, todo en concordancia con el principio de eficacia contenido en el art. 5 inc. j) de la LPA, mediante el cual “Todo procedimiento debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas”.


Acerca de la inobservancia y omisión de las medidas de avenimiento que establece el art. 60 del RLPA-SIRESE, el cual señala que: “I. El Superintendente, dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la reclamación, sujetándose a un procedimiento informal, podrá adoptar todas las medidas que considere convenientes para solucionar la reclamación, incluyendo el avenimiento entre partes, dentro del marco establecido por el orden jurídico regulatorio. Solucionada la reclamación, asentará constancia escrita de este hecho. II. No será procedente el avenimiento cuando existan razones de interés público. III. Si hubiere avenimiento parcial el procedimiento continuará únicamente sobre los puntos no resueltos mediante avenimiento”, es claro que, esta norma le otorga a la AE la facultad más no la obligación de adoptar las medidas de avenimiento, siendo este procedimiento informal de carácter totalmente discrecional, por lo cual no se puede exigir su cumplimiento, agregando que a fs. 4 del expediente, se encuentra el Reporte de Aplicación de Procedimiento Abreviado Nº 81, mediante el cual se establece que el reclamo administrativo no pudo ser solucionado en sujeción al procedimiento informal consagrado en el art. 60 del RLPA-SIRESE, por lo que la AE, intentó solucionar el reclamo administrativo mediante las medidas de avenimiento y las que se consideren convenientes, en observación del principio de Buena Fe contenido en el art. 4 inc. e) de la LPA, sin que se haya podido lograr dicho propósito.


Respecto a si se debió considerar la prueba presentada y/o corriente en el expediente al momento de redactar la Resolución Administrativa de acuerdo al principio de verdad material, los arts. 46.II, 47.I de la LPA y 27.II del RLPA-SIRESE, es necesario considerar el principio de Legalidad, denominado en nuestra normativa como Principio de Sometimiento Pleno a la Ley, contenido en el art. 4 inc. c) de la LPA, mediante el cual: “La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso”, situación por la que la administración pública solamente puede actuar de acuerdo a lo expresamente permitido por la ley, en el caso de autos la CRE contestó y aportó prueba de descargo fuera del plazo de ley; es decir, después de los siete (7) días para el efecto, es por este motivo que de acuerdo al art. 62.II del RLPA- SIRESE, opera la siguiente presunción legal “En caso de que la empresa prestadora del servicio no responda al traslado de los cargos en el plazo establecido, se darán por admitidos los cargos y probada la reclamación, siendo esta una facultad reglada de la administración, previsión que no permitiéndole dar otra solución al respecto, mediante la cual solamente debe constatar el presupuesto fáctico para operar de cuerdo a la ley; respecto a los arts. 46.II y 47.I de la LPA, si bien expresan que en cualquier momento del procedimiento administrativo, los interesados podrán formular argumentaciones y aportar documentos y otros elementos, los cuales deberán ser tomados en cuenta por el órgano competente al momento de redactar la resolución y que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, éstas son disposiciones del Procedimiento Administrativo General, reglado por el Titulo Tercero de la Ley 2341; es decir, son normativas genéricas de observación para cualquier procedimiento administrativo que tenga como finalidad la emisión de un acto administrativo; empero, es necesario resaltar que el procedimiento de reclamo de usuarios respecto a los servicios regulados por el SIRESE, por su naturaleza contradictoria y la forma de su resolución, tienen un trámite especial, aspecto reconocido por la Disposición Transitoria Primera de la misma Ley de Procedimiento Administrativo, la que en su parágrafo II dispone que: “En tanto se dicten las disposiciones reglamentarias señaladas en el numeral I, los sistemas de regulación del SIRESE, SIREFI y SIRENARE, aplicarán los procedimientos administrativos consignados en sus disposiciones legales sectoriales correspondientes”, siendo que para el caso se autos estaba en vigencia el RLPA-SIRESE, debiendo por tanto aplicarse esta última norma, en razón de ser la norma especializada, situación que es confirmada por el art. 48 del RLPA- SIRESE que establece: “El procedimiento Administrativo General, establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para la formación de los actos de instancia, se aplicará a las solicitudes y peticiones de los administrados que no tengan establecido un procedimiento especial en las leyes, reglamentos o contratos vigentes para el Sistema de Regulación Sectorial SIRESE.


Respecto de lo establecido en el art. 27.II del referido Reglamento, que dispone: “La admisión y la producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo. En la duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción”, en lo que respecta a la admisión es claro que la amplitud, flexibilidad e informalismo, son criterios que hacen a la consideración que pudiera hacer para ser tomadas en cuenta y valoradas en el proceso, haciendo referencia a criterios relacionados a la procedencia, señalamiento, calidad y pertinencia de la prueba, normativa que hubiese operado en caso de que la entidad demandante hubiera contestado a la reclamación administrativa dentro del plazo establecido para tal efecto, y hubiera acompañado la prueba relacionada al caso, o por lo menos señalado su ubicación o que por motivos técnicos posteriormente sería presentada ante la AE, situación que no aconteció en el caso de autos, por lo que en sujeción del principio de legalidad corresponde se aplique la presunción y consecuencia jurídica prevista en el art. 62.II del RLPA-SIRESE, no siendo posible la consideración de la prueba presentada a destiempo bajo el principio de verdad material.



Por todo lo anteriormente señalado se llega a la conclusión de que no se vulneraron las disposiciones legales que hacen al caso de autos y menos las normas constitucionales mencionadas por la parte actora y no se configuran las causales de nulidad o anulabilidad previstas por los arts. 35 y 36 de la LPA, por lo que los argumentos de la demanda contencioso administrativa no desvirtúan la Resolución Jerárquica impugnada.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 194 a 203, interpuesta por la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. y; en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución Ministerial RJ Nº 074/2010 de 13 de octubre, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.


No suscriben el Magistrado Jorge Isaac von Borries Méndez por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena