SALA PLENA


SENTENCIA:                            553/2015

FECHA:                                Sucre, 7 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        5/2011.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Universidad C.E.F.I. Saint Paul contra el Ministerio de Educación y Culturas.

MAGISTRADA RELATORA:        Rita Susana Nava Durán.


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Universidad C.E.F.I. Saint Paul representada por Marco Antonio Villarroel Quevedo contra el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional y Ministro de Educación.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 295 a 312 y reconducción de demanda de fs. 471 a 475, impugnando las Resoluciones Administrativas Nº 036/10 y 037/10 ambas de 14 de septiembre de 2010, emitidas por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional; subsanación de demanda de fs. 478; excepción perentoria de caducidad y contestación por facsímile y original de fs. 743 a 769 y 893 a 906 respectivamente del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional; contestación del Ministro de Educación de fs. 831 a 834; renuncia a réplica al no haberse presentado dentro del plazo de Ley; antecedentes administrativos y recursivos.


CONSIDERANDO I: Que la Universidad C.E.F.I. Saint Paul representada por Marco Antonio Villarroel Quevedo por anulación del proceso, ratifica la demanda interpuesta de fs. 295 a 312 y reconduce la demanda interpuesta de fs. 471 a 475, pidiendo en la demanda de fs. 295 a 312 en el caso de la Subsede Santa Cruz la nulidad del Auto de 28 de octubre de 2010, Resolución Revocatoria DGESU Nº 002/2010 de 6 de abril de 2010, Resolución Ministerial Nº 610/09 de 14 de septiembre de 2009 y La Resolución de Recurso Jerárquico Nº 037/10 y en el caso de la Subsede Cochabamba, la nulidad de la Resolución Ministerial Nº 962/09 de 31 de diciembre de 2009, Resolución Revocatoria DGESU Nº 001/2010 de 22 de marzo de 2010 y la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 036/2010 y en la reconducción de demanda se pide declare la nulidad de las Resoluciones Ministeriales Nº 610/09 de 14 de septiembre de 2009 y Resolución 962/009 de 31 de diciembre de 2009, según los siguientes fundamentos:


  1. Demanda de fs. 295 a 312 (fundamentos).


  1. La Universidad CEFI Saint Paul constituyó su sede en la ciudad de La Paz, posteriormente se estableció la subsede en Cochabamba y pretendió una segunda sede en la ciudad de Santa Cruz. La sede central funciona desde el año 2003, mediante Resolución Ministerial de 1 de agosto de 2003, con categoría inicial y desde el mismo año 2003 se planteó la ampliación de las carreras de la universidad en ciencias de la salud y el año 2006 se efectuó el diagnóstico institucional y se completó el plan de desarrollo institucional. En noviembre de 2006 se aprobó el D.S. 28927 de 15 de noviembre de 2006, relativo a la regularización excepcional de carreras y subsedes académicas consideradas irregulares que en su art. 3 otorgaba un plazo de 90 días para efectuar la regularización y por Resolución Ministerial 391/06 de 20 de noviembre de 2006 se dictó el Reglamento de Regularización Excepcional disponiendo en el art. 7 de dicho reglamento que: “la documentación debe ser presentada revisada y analizada rigurosamente por los técnicos evaluadores del área, quienes emitirán el correspondiente informe técnico si cumplieron o no con los requisitos exigidos, de faltar alguno de ellos el trámite será devuelto a la universidad para que en el plazo de 72 horas se complemente o subsanen las observaciones pertinentes”. Posteriormente, para evitar conflictos sociales, el Ministerio de Educación y la Asociación de Universidades Privadas, firmaron el Acta de entendimiento en el marco del D.S. 28927 y de la Resolución Ministerial 391/06 donde se establece que el procedimiento a seguirse en la regularización de carreras debe concentrarse solo y exclusivamente en la Resolución Ministerial 196/2005, no siendo aplicable ninguna otra norma y en lo referente a la interpretación y aplicación de la Resolución Ministerial 196/05 en ningún caso debe proceder a la doble sanción por la misma falla, según principios jurídicos vigentes en el país. Asimismo, en fecha 22 de mayo de 2007, se estableció un nuevo acuerdo entre el Viceministerio de Educación Superior y la Asociación Nacional de Universidades Privadas, donde se establecen nuevos p lazos, nuevas determinaciones procedimentales y que el Ministerio dentro de los 10 días siguientes debía entregar las Resoluciones de Regularización de Sedes y Subsedes.


  1. De acuerdo a la Resolución Ministerial 227/2003 de 1 de agosto de 2003 la universidad está legalmente constituida bajo el nombre de Universidad C.E.F.I. Saint Paul, sin embargo en la Resolución Ministerial 610/09 de 14 de septiembre de 2009 en todo su contenido se hace referencia a una universidad inexistente que es Universidad Privada Saint Paul y por otra parte la Resolución Ministerial 962/09 de 31 de diciembre de 2009 sanciona a la Universidad Privada C.E.F.I. Saint Paul, siendo ambas resoluciones ministeriales contradictorias a la resolución de autorización de funcionamiento.


  1. Conforme a la normatividad, se puede advertir que un informe técnico emitido en forma positiva a favor de una universidad, ya genera un precedente obligatorio para la emisión de una Resolución Ministerial y en el caso existe el Informe Técnico Legal de 18 de julio de 2008 y que genero la Nota VES-DGEU 2601/08 de 3 de abril de 2008 que señala: “comunicó a Ud., que revisados los documentos de solicitud de regularización para la apertura de la Subsede Santa Cruz, le comunicamos que la misma cumple con lo establecido en el R.G.U.P (Reglamento General de Universidades Privadas) y para proseguir con el trámite, la universidad deberá realizar el depósito de los aranceles correspondientes a los derechos de regularización de los programas y proyecto institucional”. La Universidad C.E.F.I. Saint Paul canceló los aranceles en fecha 4 de junio del 2008 y ante la espera de la Resolución Ministerial y conclusión del trámite, en fecha 18 de febrero de 2010 solicitó silencio administrativo, ante esta solicitud se emitió la Resolución Ministerial 610/09 que rechazó la apertura de la Subsede Santa Cruz e impone una sanción no establecida en el Reglamento General de Universidades. Desde el inicio de la solicitud de apertura hasta la emisión de la resolución de rechazo de la Subsede Santa Cruz, transcurrieron varios años incumpliéndose la normativa legal y los arts. 71 parágrafo 1 inc. c) del Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo y el art. 33 de la Ley del Procedimiento Administrativo, porque esta no se notificó dentro de los 5 días, la sanción no está tipificada y se viola el acuerdo entre el gobierno y las universidades privadas de no imponer doble sanción, igualmente el informe que dio pie a la resolución no fue notificado a la universidad.


  1. Con relación a la subsede Cochabamba esta funciona desde 2008 y esta fue abruptamente intervenida, porque paralelamente al rechazo de la Subsede Santa Cruz se había iniciado un supuesto proceso administrativo, mediante Informe ME/VES/DGESU Nº 0523/09 de 30 de septiembre de 2009 que dio lugar a la Resolución Ministerial 962/09 de 31 de diciembre de 2009, esta resolución adolece de similares defectos mencionados en la resolución anterior, es decir no se notificó al interesado, no se siguió el Reglamento de Universidades Privadas y no se cumplió las previsiones dispuestas en los arts. 33 y 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo, el citado art. 33 de la citada Ley del Procedimiento Administrativo dispone: “Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el domicilio de ellos o, intentada la notificación, ésta no hubiera podido ser practicada, la notificación se hará mediante edicto publicado por una vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo”. Además contra la Resolución Ministerial 962/09 se interpuso silencio administrativo.


  1. La parte demandante hace alusión expresa a que contra la Resolución Ministerial 962/09 y Resolución Ministerial 610/09 se interpusieron los recursos de revocatoria por nulidad de notificación, señalando el postulado contenido en el art. 46. I de la Constitución Política del Estado sobre una fuente laboral estable y la correspondiente defensa mediante el derecho a huelga y la violación del 8 de la Convención Americana de Derechos del Hombre.


  1. De lo expuesto se puede advertir el manoseo de cada instancia con referencia al cumplimiento del debido proceso y la actitud dictatorial injusta del Ministerio de Educación precisamente el art. 8 de la de la Convención Americana de Derechos del Hombre porque nunca se dio lugar a presentar y formular su versión en el procedimiento administrativo ni dentro del Ministerio de Educación.


  1. Se han vulnerado las siguientes garantías constitucionales, prescritas en los arts. 13 inc. IV, el 14 inc. IV, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado.
  2. Se han violado los siguientes principios administrativos: 1)Principio imparcialidad porque el informe evidencia y denota interés de favorecer a la competencia de la Universidad C.E.F.I. Saint Paul; 2) Principio de jerarquía normativa porque se vulneró el derecho al debido proceso; 3) Principio de publicidad, ya que el procedimiento indicado fue tramitado a espaldas de la parte interesada en el más completo secreto; 4) Principio de proporcionalidad, porque la actuación del ministerio excedió inclusive las instrucciones de las Resolución Administrativa, como el caso de poner precinto de clausura y menos de informar a la comunidad en medios masivos; y 5) Principio de informalismo, ya que la resolución de revocatoria pide acreditar personería, cuando los documentos de mi representación se encuentran dentro de sus oficinas y registrado desde la firma de las principales autoridades de la universidad.


  1. Sobre la Subsede Santa Cruz se han violado las mismas disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, firmas de actas de entendimiento entre el Ministerio y la Asociación Nacional de Universidades Privadas y los decretos específicos de regularización de las subsedes y sobre la subsede Cochabamba se dejó de pronunciarse sobre la situación de los estudiantes, los depósitos efectuados, la falta de orden de secuestro y retención de información y se ha violado el principio de estabilidad y ejecutoriedad de los actos administrativos establecidos en el art. 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo.


  1. Reconducción de demanda de fs. 471 a 475 (argumentos).


  1. Mediante la Resolución Administrativa Nº 036/10 de 14 de septiembre de 2010 se resuelve en su artículo primero la nulidad de obrados, hasta el formulario de notificación con la Resolución de Revocatoria Nº 001/2010 de 22 de marzo de 2010, por no haberse practicado la notificación conforme el art. 43 del D.S. 27113 de julio de 2003, esta es referida a la Resolución Ministerial 610/2009 de 14 de septiembre de 2009 que determina la clausura de la Sub Sede Cochabamba y la cancelación de la autorización de funcionamiento de la mencionada Sede de la Universidad C.E.F.I. Saint Paul e igualmente por intermedio de la Resolución Administrativa Nº 037/10 de 14 de septiembre de 2010, que resuelve en su artículo primero la nulidad de obrados hasta el Recurso Jerárquico, por no haberse notificado al recurrente con la Resolución de Revocatoria DGESU Nº 002/2010 de 6 de abril de 2010.


  1. Ausencia de las formas de resolución. La Ley 2341 en su art. 61 determina que las formas de resolución de los recursos administrativos serán resueltos confirmando o revocando total o parcialmente la resolución impugnada o en su caso desestimando el recurso si este estuviere interpuesto fuera del término. Asimismo el art. 52 del mencionado cuerpo legal dispone que los procedimientos administrativos, deberán necesariamente concluir con la emisión de una resolución administrativa que declare la aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión del administrado. En consideración a la normativa expuesta, en las Resoluciones Administrativas Nº 036/10 y 037/10 de 14 de septiembre de 2010 no se evidencia que éstas tengan un declaración de aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión. Igualmente el D.S. 27113 dispone en su art. 124 que las formas de resolución para resolver el Recurso Jerárquico son: a) Desestimando; b) Aceptando o Revocando Total o Parcialmente y c) Rechazando o confirmado en todas sus partes la resolución de instancia recurrida.


  1. La emisión de la resoluciones administrativas 036/10 y 037/10 que resuelven los recursos jerárquicos se encuentran dictadas fuera del plazo establecido. Conforme se puede evidenciar, la entidad educativa demandante presentó los recursos jerárquicos el 6 de mayo de 2010 y la autoridad que conoció los mismos los resolvió en fecha 14 de septiembre de 2010, habiendo sido resueltos en 90 días hábiles administrativos. Al respecto si bien el art. 67 de la Ley 2341 determina que la autoridad administrativa podrá sustanciar y resolver el recurso jerárquico tendrá el plazo de 90 días, esta establece la salvedad de lo expresamente determinado conforme a la reglamentación especial, y la reglamentación especial es el D.S. 23113 de 23 de julio de 2003 que en su art. 123 inc. a) fija que el Presidente de la República es competente para resolver los actos administrativos de instancia de los Ministro de Estado y por otro lado, el art. 124 de Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo determina que la autoridad administrativa resolverá el recurso jerárquico en el plazo de 60 días computables a partir de su interposición ya sea: a) desestimando, b) aceptando o revocando total o parcialmente y c) rechazando o confirmando, así independientemente de emitir las resoluciones administrativas fuera de plazo opero el silencio administrativo positivo.


  1. Existencia de otros vicios procesales en la tramitación de todo el proceso administrativo. Los vicios procesales son: a)Existe contradicción en ambos actos administrativos 036/10 y 037/2010 emitidas por la misma autoridad administrativa y en la misma fecha porque por en la Resolución 037/10 se dispone la nulidad hasta el recurso jerárquico y en la Resolución 036/10 se dispone la nulidad hasta el formulario de notificación, lo que implicaría que en la primera resolución estaría vigente el formulario de notificación, ya que este no habría sido anulado, tal como si lo hizo la segunda resolución; b) En la parte considerativa de la Resolución Nº 37/10 existen errores esenciales. Así en la Resolución DGESU Nº 002 que tiene fecha de 6 de abril se ha mencionado otra fecha de 6 de enero de 2010 y en la Resolución Nº 037 (página cuarta, primer párrafo, quinta línea) se hace mención a una supuesta persona con el nombre Néstor Pablo Pacheco Revollo quién nada tuvo que ver con el proceso administrativo, siendo que el representante legal acreditado fue Juan Paz Villarroel Rodríguez, cuya representación no fue objetada y también se hace referencia en la misma página ya indicada, a la jurisprudencia señalada, cuando no se hace alusión a la jurisprudencia mencionada y peor aún no existen precedentes administrativos.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 17 de mayo de 2013 (fs. 479) y corrido en traslado a Juan Marcelo Zurita Pabón, en representación del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma, éste interpone excepción perentoria de caducidad y responde a la demanda (por facsímile y original de fs. 743 a 769 y 893 a 906), solicitando se declare probada la excepción y en caso de que no se acoja la excepción contesta negativamente, con los siguientes fundamentos:


  1. Excepción perentoria de Caducidad. Lo relevante del caso, es que la demanda si bien fue interpuesta en fecha 3 de enero de 2011, la misma jamás se interpuso contra del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y fue presentada únicamente contra el Ministro de Educación, posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia dispone anular obrados y supuestamente se guía al demandante para que reconduzca su demanda, pero en realidad lo que hizo la parte demandante fue presentar una modificación substancial de su primigenia demanda que se hizo el 11 de abril de 2013, por lo que la presentación formal de la demanda fue en la señalada fecha, no existiendo antes presentación formal de la demanda contra el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. El Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia emitió la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico Nº 036/10 de 14 de septiembre de 2010 que fue notificada en 5 de octubre de 2010 y la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico Nº 037/2010 de 14 de septiembre de 2010 que fue notificada el 5 de octubre de 2010, siendo las fechas de notificación desde cuando se computaba el plazo para la presentación de la demanda contencioso administrativa. El ejercicio de una acción contencioso administrativa está sujeta a un plazo determinado, pero esta facultad no queda pendiente para la eternidad y no se puede alterar la estabilidad administrativa de un acto emitido hace más de 3 años. Al respecto la fijación de un término de caducidad para el ejercicio de la acción contencioso administrativa tiene como fundamento el rodear de estabilidad y firmeza los actos administrativos y establecer el tiempo en el cual el derecho debe ser útilmente ejercitado. Sobre la materia el art. 1514 del Código Civil señala que los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijado para el efecto, asimismo el parágrafo I del art. 1517 del Código Civil dispone que la caducidad solo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho y este acto es la interposición de una demanda. Ahora bien, para que cualquier demanda produzca efectos jurídicos debe contener determinadas enunciaciones y estar revestida de ciertas formalidades que expresamente la ley específica, en este sentido el art. 780 del Código de Procedimiento Civil establece claramente que la demanda deberá interponerse dentro del plazo de 90 días a contar desde la fecha en que se notificare la resolución denegatoria. En tal sentido se tiene que el demandante ha incumplido el plazo establecido para la presentación de la demanda puesto que las resoluciones impugnadas fueron notificadas en fecha 5 de octubre de 2011 y si bien se presentó una demanda contencioso administrativa en fecha 5 de enero del 2011, la misma contenía otra relación procesal y al anularse obrados y procederse a presentar otra demanda supuestamente reformulada se cambió a la parte demandada y por ende se estableció una nueva demanda que se formalizó recién en fecha 11 de abril de 2013. Por último, si hubo una primera demanda el 3 de enero de 2011 que cumplía todos los requisitos y fue admitida, ésta al no tener ningún error de forma debió culminar con la emisión de una sentencia.


  1. Contestación a la demanda en forma negativa: a) La extensa pero insustancial demanda no se refiere al principal presupuesto que debe contener una demanda contencioso administrativa, es decir no dice cuales derechos han sido lesionados por la emisión de las resoluciones impugnadas, prueba de ello es que las resoluciones al anular no ingresaron al fondo del asunto por lo que no contienen ningún elemento que determine oposición entre el interés público y algún derecho del demandante; b) Las resoluciones impugnadas no solo fueron objeto de cumplimiento efectivo sino que el trámite continuó y generó nuevos actos administrativos contra los cuales no hubo reclamación alguna. La Resolución de Recurso Jerárquico Nº 037/2010 de 14 de septiembre que anuló obrados fue objeto posteriormente de otro Recurso Jerárquico Nº 005/2011 de 3 de marzo de 2011 que constituye el único acto de terminación del procedimiento que no fue impugnado en la vía jurisdiccional. Por otro lado, la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 036/2010 que ordenó se proceda a nueva notificación con el Recurso de Revocatoria se ejecutó y se procedió a nueva notificación con el Recurso de Revocatoria DGESU Nº 001/2010 de 22 de marzo de 2010, no habiendo el demandante interpuesto nuevo recurso jerárquico; c) La demanda no establece cuestiones de puro derecho que deban ser materia de litigio, es decir no señala los elementos para realizar el control de legalidad, en tal sentido correspondía al demandante señalar los vicios que afectan las resoluciones de instancia jerárquica, así como los defectos y vicios de los que adolecían los actos administrativos de instancias inferiores. Cabe destacar que la demanda tampoco determina cual es el ordenamiento jurídico vulnerado por la emisión de la resoluciones administrativas impugnadas; d) De acuerdo con el principio de irradiación de la Constitución Política del Estado se tiene que el parágrafo II del art. 77 de la Ley Fundamental el Estado tiene plena tuición sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa, especial y la educación superior, a su vez el art. 94 de la Constitución Política del Estado dispone que las Universidades se regirán por la políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo. Los aspectos anteriores hacen que las decisiones asumidas en el caso de la Universidad CEFI Saint Paul, tengan carácter de interés público por lo cual no constituyen actuaciones aisladas o solo con el fin de perjudicar, la parte demandante argumenta falsamente que se haya tomado decisiones a la ligera, cuando la Universidad ha sido sometida a 2 procedimientos administrativos absolutamente claros y respaldados por normativa en este caso el D.S. 28570 de 22 de diciembre de 2005 y D.S. 28297 de 15 de noviembre de 2006; e) La parte demandante refiere unas actas de entendimiento suscritas entre la Asociación de Universidades Privadas y Autoridades del Ministerio de Educación donde supuestamente se habría acordado diferentes aspectos sobre cuales normas aplicar y cuales no aplicar en los trámites de regulación excepcional de apertura de carreras y subsedes académicas, al respecto ni las Autoridades del Órgano Ejecutivo ni menos los particulares pueden acordar o interpretar ninguna norma o reglamentación del ordenamiento jurídico, asimismo no existe ninguna acta de entendimiento que haya sido aprobada mediante Resolución Ministerial y solo cursa en el Ministerio de Educación un acta de entendimiento de 23 de enero de 2007 que describe la normas vigentes en materia de regulación de sedes y subsedes académicas; f) Las resoluciones ministeriales no fueron producto del capricho o del abuso de poder, así la Resolución Ministerial Nº 610 /09 de 14 de septiembre de 2009 por la cual se rechazó la regularización de la Subsede de Santa Cruz de la Universidad CEFI Saint Paul se fundó en el Informe Legal Nº 1079/09 que establecía que la Universidad no contaba con las mínimas condiciones para su funcionamiento, además se identificó que esta actuó de mala fe porque solicitó la regularización de una subsede académica que nunca funcionó. De la misma forma para la emisión de la Resolución Administrativa Ministerial Nº 962/09 de 31 de diciembre de 2009 mediante la cual se revocó la autorización de funcionamiento de la Subsede Académica de Cochabamba, esta se fundó en el Informe IN:/ME/VES/DGESU Nº 0523/2009 de 20 de septiembre de 2009 que determina la acción de seguimiento y control de las Universidades a cargo del Viceministerio de Educación Superior y que dio por resultado el Informe Técnico IN/ME/VESFD/DGESU Nº 0550/2009 de 20 de octubre de 2009 e informe Legal Nº 1570/09 de 31 de diciembre de 2009 que confirmaron que la Subsede Académica de Cochabamba no estaba funcionando, además de registrar una serie de cambios de sede jamás autorizados; g)La parte demandante busca sustentar su demanda también en supuestos silencios administrativos e incumplimiento de plazos, en tal sentido se debe considerar, la demanda no hace referencia y omite señalar a que tipo de silencio se refiere y que conforme al art. 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo alude al silencio administrativo negativo y que la parte demandante no tenía que hacer ninguna solicitud de silencio administrativo que es un efecto jurídico y por otro lado, conforme al art. 67 de la Ley del Procedimiento Administrativo cuando no se emite la resolución de recurso jerárquico dentro del plazo de ley opera el silencio administrativo positivo. El demandante debió ocuparse de demostrar la indefensión que le ha producido el supuesto incumplimiento de plazos; y h) Otro aspecto que refiere la nueva demanda de 11 de abril de 2013, es que los fallos contenidos en las Resoluciones Administrativas 036/10 y 037/10 habrían infringido los arts. 52, 68 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo, sobre esta infracción, el art. 52 de la Ley del Procedimiento Administrativo nada tiene que ver con el recurso Jerárquico, que se aplica a la autoridad administrativa que en primera instancia resuelve el asunto y por otra parte la parte demandante parece no querer observar que ambas resoluciones impugnadas que resolvieron anular obrados, se encuentran plenamente respaldadas en el inc. b) del art. 125 y 55 del Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo cuando no había certeza de las notificaciones con las resoluciones de los recursos de revocatorias, lo cual implicaba un caso de indefensión.


Que del mismo modo, corrida en traslado la demanda planteada en obrados, el codemandado Ministerio de Educación, responde negativamente a través de sus representantes legales Silvia Raquel Mejía Laura, Juan Alberto Yebara Ortega, José Albano Eguino Medina y Jhonny Daniel Plata Arispe (fs. 831 a 834) con los siguientes argumentos:


  1. El art. 780 del Código de Procedimiento Civil señala que la interposición de la demanda contencioso administrativa deberá ser realizada en el plazo de 90 días a contar de la fecha en que se notificare la resolución, en ese sentido las resoluciones fueron notificadas en fecha 20 de septiembre de 2010 y se tiene que haciendo el cómputo de los 90 días éste se cumplía el 20 de diciembre de 2010 y sin embargo la demanda se presentó en fecha 3 de enero de 2011, es decir 14 días fuera de plazo, puesto que el plazo se cuenta ininterrumpidamente de acuerdo al Auto Supremo Nº 14/2012 de 6 de marzo de 2012. En consecuencia por los fundamentos expuestos no cabe sino pronunciar resolución dando la aplicación a la nulidad a los efectos de estricta observancia del art. 90 del Código de Procedimiento Civil.


  1. De la lectura de la demanda contencioso administrativa y su reconducción, puede inferirse claramente que el demandante pretende la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Administrativas Nº 036/2010 y 037/2010 que disponen la nulidad de obrados hasta los recursos jerárquicos por no haberse notificado al recurrente las resoluciones revocatorias, empero cabe señalar que las referidas resoluciones jerárquicas no han afectado, lesionado o causado perjuicio a los derechos subjetivos o intereses del demandante, más por el contrario con la finalidad de evitar futuras nulidades de actos administrativos y velando por el debido proceso se determinó la nueva notificación con las resoluciones que resolvían los recursos de revocatoria. Es así que el proceso contencioso administrativo instaurado carece de fundamento puesto que no entro al fondo de la pretensión y resulta innecesario acudir a la vía judicial y el Tribunal deberá declarar improbada la demanda por no haberse cumplido con el requisito esencial previsto en el art. 69 inc. b) de la Ley del Procedimiento Administrativo al no haberse resuelto el fondo del presente caso.


  1. De la lectura de la demanda y su reconducción se infiere que se pretende confundir al Tribunal al intentar de manera equivocada y hasta malintencionada que se diluciden argumentos fácticos y situaciones de hecho que por la naturaleza del proceso no debieran ser ni siquiera mencionadas, ya que el contencioso administrativo tiene la finalidad del control de la legalidad.



  1. La demanda presentada no tiene pertinencia alguna, pues la pretendida nulidad de las Resoluciones Administrativas Nº 036/2010 y 037/2010, pues existe la Resolución Administrativa Nº 005/2011 de 3 de marzo de 2011 que habría resuelto la impugnación en cuanto al fondo del caso del ahora demandante.


CONSIDERANDO III: Que, antes de resolverse el fondo de la causa se debe resolver la excepción perentoria de caducidad presentada por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional, en cumplimiento al art. 343.I del Código de Procedimiento Civil.


Que, una vez analizada la excepción perentoria de caducidad, el Tribunal Supremo de Justicia procede a decidir sobre ésta en los siguientes términos:


  1. La parte demanda arguye que la demanda al no estar dirigida contra el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y existir reformulación o reconducción recién fue presentada formalmente, en 11 de abril de 2013, por lo que fue presentada fuera del plazo de 90 días de la emisión de la resoluciones impugnadas, habiendo operado la caducidad prevista en los arts. 1514 y 1517 del Código Civil, además de indicar que el demandante presentó una modificación substancial de su primigenia demanda.


  1. En el caso de autos se debe considerar que el art. 1514 del Código Civil, refiriéndose a la Caducidad de los derechos, establece que "Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijado para el efecto" y que el plazo de caducidad del derecho de accionar transcurre ininterrumpidamente, es decir, de manera permanente y continua; que, según está previsto en el art. 1517 del Código Civil, "la caducidad sólo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho", la inteligencia de la normativa precedentemente expuesta determina que el plazo para que opere la caducidad solamente se interrumpe con la presentación de la acción o demanda judicial respectiva. Por otro lado, es inexcusablemente también examinar el art. 780 del Código de Procedimiento Civil que establece que el plazo fatal para deducir la demanda contencioso administrativa es de 90 días a contar de la fecha en que se notificare la resolución denegatoria de las reclamaciones hechas ante el Poder Ejecutivo.


  1. En el presente caso, antes del Auto Supremo Nº 018/2013 de 7 de marzo de 2013, que dispone la anulación de obrados hasta el decreto de admisión de la demanda, la parte demandante había presentado su demanda dentro del plazo 90 días previsto en el art. 780 de Código de Procedimiento Civil y por tanto había ejercido su derecho a la vía de impugnación contencioso administrativa, porque no se puede alegar ahora que ha operado la caducidad prevista en el art. 1514 del Código Civil.


  1. La parte codemandada alega también que se presentó una modificación substancial de la primigenia demanda, sobre este aspecto se debe considerar que la nulidad procesal es una sanción de ineficacia respecto de los actos jurídicos del proceso debido a la ausencia o la presencia defectuosa de requisitos que condicionan su existencia regular y por otro lado, se debe igualmente considerar, el efecto que tiene la declaratoria de nulidad de obrados que es la desaparición del acto o los actos en relación a su conexión del acto anulado, con estas precisiones se tiene que en caso de autos, el Auto Supremo Nº 018/2013 de 7 de marzo de 2013, fue dictado con el fundamento de que no se dirigió la demanda contra la autoridad que pronunció la Resolución Administrativa, por lo que se cuestionó la legitimación pasiva y se ordenó a la parte demandante reconducir la demanda de acuerdo a lo expresado en la Resolución y en razón a esta anulación de obrados, la parte demandante recondujo su demanda original, que al ser anulados todos los actuados desde la admisión de la demanda, podía ser modificada de acuerdo al art. 332 del Código de Procedimiento Civil.


  1. Acotando a lo ya razonado en el acápite anterior, se debe señalar que la anulación de obrados dispuesto en el Auto Supremo Nº 018/2013 de 7 de marzo de 2013, se fundó en el principio de trascendencia reconocido en la Sentencia Constitucional Nº 0242/2011-R de 16 de marzo de 2011 para las nulidades procesales que significa: “…que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir, demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable”, que en el caso presente, el perjuicio fue la lesión al debido proceso y el derecho a la defensa y por otro lado, la nulidad procesal fue declara de oficio de acuerdo a lo previsto en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial garantizando los derechos del codemandado, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.


  1. Con lo anteriormente expuesto, no habiendo operado la caducidad del derecho y haberse ordenado de oficio la nulidad de obrados de acuerdo al principio de trascendencia que rige en las nulidades procesales, corresponde a este Tribunal declarar improbada la excepción de caducidad presentada por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.


CONSIDERANDO IV: Que antes de resolver el fondo de la presente causa, en cumplimiento de la aplicación directa de la Nueva Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009, dispuesta por la Sentencia Constitucional Nº 1922/2012 de 12 de octubre de 2012 y en aplicación estricta del principio de eficacia procesal previsto en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, que ha sido entendido por la Sentencia Constitucional Nº 0010/2010-R de 6 de abril de 2010 como: El primero de ellos (eficacia) supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material”, se debe mencionar que existen pretensiones de la parte demandante que solo hacen mención a la norma supuestamente violada o infringida sin realizar la correspondiente justificación de cuál ha sido la infracción y que derechos, garantías o procedimientos se habrían infringido y lesionado, por ésta razón y que el Tribunal Supremo de Justicia ha determinado que en estos casos no se puede suplir la capacidad argumentativa de la parte demandante, no se responden estas pretensiones que en la demanda y reconducción de demanda aparecen como: a) Se han vulnerado las siguientes garantías constitucionales, prescritas en los arts. 13 inc. IV, el 14 inc. IV, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado; b) Se incumplieron los arts. 40, 41, 47, 49, 50, 51, 54 y 62 del Procedimiento administrativo; y c) Se han violado los arts. 32, 33 y 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo referido a la notificación en el caso de la Subsede de Cochabamba.


En razón a lo anteriormente señalado, los objetos de controversia a ser resueltos por éste Tribunal son:


  1. Si la Resolución Ministerial 610/09 de 14 de septiembre de 2009 y la Resolución Ministerial 962/09 de 31 de diciembre de 2009 son contradictorias a la resolución de autorización de funcionamiento (Resolución Ministerial 227/2003 de 1 de agosto de 2003) porque en la primera se hace mención a la Universidad Privada Saint Paul y en la segunda se sanciona a la Universidad Privada C.E.F.I. Saint Paul.


  1. Si en el rechazo de la Subsede Santa Cruz, se infringieron los arts. 71 parágrafo 1 inc. c) del Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo y el art. 33 de la Ley del Procedimiento Administrativo, porque esta no se notificó dentro de los 5 días, la sanción no está tipificada y se viola el acuerdo entre el gobierno y las universidades privadas de no imponer doble sanción.


  1. Si la Resolución Ministerial 962/09 de 31 de diciembre de 2009 (Subsede Cochabamba), infringió la notificación al interesado y no se cumplió las previsiones dispuestas en los arts. 33 y 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo, además contra la Resolución Ministerial 962/09 se interpuso silencio administrativo.


  1. Si en la emisión de las Resoluciones Ministeriales Nº 610/09 de 14 de septiembre de 2009 y Nº 962/09 de 31 de diciembre de 2009 se incumplió el debido proceso, precisamente el art. 8 de la de la Convención Americana de Derechos del Hombre.


  1. Se ha violado el principio imparcialidad porque el informe evidencia y denota interés de favorecer a la competencia de la Universidad C.E.F.I. Saint Paul.


  1. Se ha violado el principio de jerarquía normativa porque se vulneró el derecho al debido proceso;


  1. Se ha violado principio de publicidad, ya que el procedimiento indicado fue tramitado a espaldas de la parte interesada en el más completo secreto;



  1. Se ha infringido el principio de proporcionalidad, porque la actuación del ministerio excedió inclusive las instrucciones de las Resolución Administrativa, como el caso de poner precinto de clausura y menos de informar a la comunidad en medios masivos;


  1. Se ha infringido el principio de informalismo, ya que la resolución de revocatoria pide acreditar personería, cuando los documentos de la representación se encuentran dentro de sus oficinas y registrado desde la firma de las principales autoridades de la universidad.



  1. Si la Resolución la subsede Cochabamba, se dejó de pronunciarse sobre la situación de los estudiantes, los depósitos efectuados, la falta de orden de secuestro y retención de información y se ha violado el principio de estabilidad y ejecutoriedad de los actos administrativos establecidos en el art. 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo.


  1. Si existiría un informe técnico positivo de la Subsede Santa Cruz que genera un precedente obligatorio, que existen informes que nunca fueron notificados para ambas subsedes y que existen actas de entendimiento con la Asociación de Universidades, que no fueron consideradas para emitir las sanciones a las Subsedes Cochabamba y Santa Cruz de la Universidad C.E.F.I. Saint Paul.


  1. En las Resoluciones Administrativas Nº 036/10 y 037/10 de 14 de septiembre de 2010 existe o no la ausencia de la formas de resolución previstas en la Ley 2341 en su arts. 61 y 52 y 124 del D.S. 27113



  1. La emisión de la resoluciones administrativas 036/10 y 037/10 que resuelven los recursos jerárquicos se encuentran dictadas fuera del plazo establecido en la reglamentación especial es el D.S. 23113 de 23 de julio de 2003 que es de 60 días.


  1. Existe contradicción en ambos actos administrativos 036/10 y 037/2010 emitidas por la misma autoridad administrativa porque en la Resolución 037/10 se dispone la nulidad hasta el recurso jerárquico y en la Resolución 036/10 se dispone la nulidad hasta el formulario de notificación, lo que implicaría que en la primera resolución estaría vigente el formulario de notificación, ya que este no habría sido anulado, tal como si lo hizo la segunda resolución.


  1. Existen errores esenciales en la parte considerativa de la Resolución Nº 37/10 porque en la página cuarta, primer párrafo, quinta línea, se hace mención a una supuesta persona con el nombre Néstor Pablo Pacheco Revollo quién nada tuvo que ver con el proceso administrativo, siendo que el representante legal acreditado fue Juan Paz Villarroel Rodríguez y se indicada a una jurisprudencia señalada, cuando no se hace mención a la jurisprudencia mencionada y peor aún no existen precedentes administrativos.



Que, una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos:


  1. Sobre los puntos de controversia primero (Si la Resolución Ministerial 610/09 de 14 de septiembre de 2009 y la Resolución Ministerial 962/09 de 31 de diciembre de 2009 son contradictorias a la resolución de autorización de funcionamiento (Resolución Ministerial 227/2003 de 1 de agosto de 2003) porque en la primera se hace mención a la Universidad Privada Saint Paul y en la segunda se sanciona a la Universidad Privada C.E.F.I. Saint Paul); quinto (Se ha violado el principio imparcialidad porque el informe evidencia y denota interés de favorecer a la competencia de la Universidad C.E.F.I. Saint Paul ); sexto (Se ha violado el principio de jerarquía normativa porque se vulneró el derecho al debido proceso); séptimo (Se ha violado principio de publicidad, ya que el procedimiento indicado fue tramitado a espaldas de la parte interesada en el más completo secreto); noveno (Se ha infringido el principio de informalismo, ya que la resolución de revocatoria pide acreditar personería, cuando los documentos de la representación se encuentran dentro de sus oficinas y registrado desde la firma de las principales autoridades de la universidad); y décimo primero (Si existiría un informe técnico positivo de la Subsede Santa Cruz que genera un precedente obligatorio, que existen informes que nunca fueron notificados para ambas subsedes y que existen actas de entendimiento con la Asociación de Universidades, que no fueron consideradas para emitir las sanciones a las Subsedes Cochabamba y Santa Cruz de la Universidad C.E.F.I. Saint Paul), este tribunal no omitió ningún procedimiento porque éstas nulidades no fueron recurridas en el recurso de revocatoria y jerárquico, que son los medios de impugnación reconocidos por la jurisprudencia constitucional para poder ser reclamados en sede administrativa, no pudiendo ya ser impugnados y/o recurridos en otra jurisdicción contencioso administrativa o constitucional, la jurisprudencia constitucional sobre la materia expresamente señala: De acuerdo a las normas transcritas, tanto la nulidad como la anulabilidad de los actos administrativos, sólo pueden ser invocadas mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la ley y dentro del plazo por ella establecido; en consecuencia, en virtud a los principios de legalidad, presunción de legitimidad, y buena fe, no es posible que fuera de los recursos y del término previsto por ley se anulen los actos administrativos, aún cuando se aleguen errores de procedimiento cometidos por la propia administración, pues la Ley, en defensa del particular, ha establecido expresamente los mecanismos que se deben utilizar para corregir la equivocación; por ende, fuera del procedimiento previsto y los recursos señalados por la ley, un mismo órgano no podrá anular su propio acto administrativo (conocido en la doctrina como acto propio), por cuanto una vez definida una controversia y emitida la Resolución, ésta ingresa al tráfico jurídico y por lo tanto ya no está bajo la competencia de la autoridad que la dictó, sino a la comunidad, como lo ha reconocido este Tribunal en la SC 1173/2003-R, de 19 de agosto. Lo señalado precedentemente, es aplicable también para los casos de revocatoria, modificación o sustitución de los actos administrativos propios que crean, reconoce o declaran un derecho subjetivo, ya que éstos sólo pueden ser revocados cuando se utilizaron oportunamente los recursos que franquea la ley, o cuando el acto beneficie al administrado” (Sentencia Constitucional Nº 1464/2004-R de 13 de septiembre de 2004). La anterior jurisprudencia ha sido ratificada por las Sentencias Constitucionales Nº1527/2011-R de 11 de octubre de 2011 y 0249/2012 de 29 de mayo 2012, por lo que se confirma la decisión asumida.


  1. Sobre el segundo punto de controversia relacionado a: “Si en el rechazo de la Subsede Santa Cruz, se infringieron los arts. 71 parágrafo 1 inc. c) del Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo y el art. 33 de la Ley del Procedimiento Administrativo, porque esta no se notificó dentro de los 5 días, la sanción no está tipificada y se viola el acuerdo entre el gobierno y las universidades privadas de no imponer doble sanción”, se deben realizar las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:


  1. Este punto de controversia para su resolución debe ser divido en dos partes, el primero referido al plazo de la notificación y el segundo vinculado a que la sanción no está tipificada y se viola el acuerdo entre el gobierno y las universidades privadas de no imponer doble sanción, sobre la primera parte, este tribunal se pronunciará al haber sido recurrida en el recurso de revocatoria (fs. 210 a 221 del Segundo Cuerpo del Expediente Judicial) y sobre la segunda parte no se pronunciará al no haber sido recurrida conforme a la jurisprudencia constitucional, señalada y explicada en el acápite anterior.


  1. Sobre la notificación de los actos administrativos, existe la prescripción del art. 33. III de la Ley del Procedimiento Administrativo que establece que los actos administrativos deben ser notificados en el plazo máximo de 5 días a partir de la fecha en que hayan sido dictados, este tribunal considera que la parte demandante se refiere a este punto, puesto que el art. 71. I inc. c) del Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo, alude a que cualquier notificación en general, se debe realizar en el plazo de 7 días. Ahora bien, en el caso de autos no cursa la notificación con la Resolución 610/09 de 14 de septiembre de 2009 y por la propia confesión de la parte demandante inscrita en el memorial de recurso de revocatoria (fs. 210 a 221 del Segundo Cuerpo del Expediente Judicial), la Universidad C.E.F.I. Saint Paul se dio por notificada con este recurso, en fecha 1 de marzo del 2010, habiéndose infringido supuestamente el plazo para la notificación de cualquier acto administrativo, sin embargo para la emisión fuera de plazo de cualquier acto administrativo no existe la sanción de nulidad de ésta y las únicas sanciones que dispone el ordenamiento jurídico administrativo, prescritas en el art. 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo, son la aplicación del régimen de responsabilidades previstas en la Ley SAFCO para los servidores públicos y la operación del silencio administrativo negativo.
  2. En conclusión, no se puede declarar nula la Resolución 610/09 de 14 de septiembre de 2009, por haber sido notificada fuera de plazo, porque esta sanción no está prevista en la Ley del Procedimiento Administrativo que prevé como únicas sanciones en su art. 17, la aplicación del régimen de responsabilidades previstas en la Ley SAFCO para los servidores públicos y la operación del silencio administrativo negativo.


  1. Sobre el tercer objeto de controversia relacionado a: “Si la Resolución Ministerial 962/09 de 31 de diciembre de 2009 (Subsede Cochabamba), infringió la notificación al interesado, no se cumplió las previsiones dispuestas en los arts. 33 y 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo, además contra la Resolución Ministerial 962/09 se interpuso silencio administrativo”, se deben realizar el siguiente examen:


  1. En el caso de la notificación fuera de plazo de la Resolución Ministerial 962/09 de 31 de diciembre de 2009 (Subsede Cochabamba), se debe repetir lo señalado en punto de controversia anterior, es decir no se puede declarar nula la Resolución 962/09 de 31 de diciembre de 2009, por haber sido notificada fuera de plazo, porque esta sanción no está prevista en la Ley del Procedimiento Administrativo que prevé como únicas sanciones en su art. 17, la aplicación del régimen de responsabilidades previstas en la Ley SAFCO para los servidores públicos y la operación del silencio administrativo negativo.


  1. Sobre la interposición del silencio administrativo de la Universidad C.E.F.I. Saint Paul, se debe indicar que a la fecha de conclusión de la emisión de la Resolución 962/09 de 31 de diciembre de 2009, la Universidad C.E.F.I. Saint Paul podía interponer los recursos administrativos de Ley, es decir el Recurso de Revocatoria y posteriormente el Jerárquico, puesto que la sanción y efecto previsto en el art. 17. III de la Ley del Procedimiento Administrativo, es la operación del silencio administrativo negativo o que se tiene por denegada la solitud o procedimiento planteado por el administrado.
  1. Sobre el cuarto objeto de controversia vinculado a: “Si en la emisión de las Resoluciones Ministeriales Nº 610/09 de 14 de septiembre de 2009 y Nº 962/09 de 31 de diciembre de 2009 se incumplió el debido proceso, precisamente el art. 8 de la de la Convención Americana de Derechos del Hombre”, se debe efectuar las siguientes disquisiciones legales y de hecho:


Se debe inexcusablemente indicar que el debido proceso conforme a la jurisprudencia constitucional señalada en las Sentencias Constitucionales Nº 0042/2004 de 22 de abril de 2004; 1564/2011-R  de 11 de octubre de 2011; 0450/2012 de 29 de junio 2012 y 0008/2013-L de 15 de febrero de 2013 comprende: a) ser procesado en un proceso justo, igualitario y ante juez natural; b) poder presentar pruebas; c) que las resoluciones sean motivadas; d) el derecho a la defensa y e) el derecho a la impugnación y como en el caso de autos, la impugnación realizada en la demanda y reconducción de demanda es genérica y no precisa cual aspecto específico del debido proceso se está infringiendo o que está contenido en el art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993) y como exige la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo como se ha producido esta infracción, este tribunal no puede suplir la capacidad argumentativa de la parte demandante y por ello se ve imposibilitada de pronunciarse sobre esta controversia.


  1. Sobre el octavo punto de controversia referido a que: “Se ha infringido el principio de proporcionalidad, porque la actuación del Ministerio excedió inclusive las instrucciones de las Resolución Administrativa, como el caso de poner precinto de clausura y menos de informar a la comunidad en medios masivos”, se debe efectuar las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:


  1. De una revisión de la demanda, este punto de controversia se refiere a la Resolución Ministerial Nº 962/09 de 31 de diciembre de 2009, puesto que en ésta al referirse a la Subsede Cochabamba, se hace mención a una intervención con una serie de abusos, incautación de currículos y documentos de los estudiantes y no autorizarse, el secuestro ni clausura de la Universidad. Sobre este punto de controversia, al hacer la revisión de la Resolución Nº 962/09, se evidencia que esta dispone en sus 5 artículos dispositivos: a) La revocatoria de la autorización de funcionamiento de la Subsede Cochabamba de la Universidad C.E.F.I. Saint Paul de las Carreras de Medicina General, Odontología, Enfermería, Ingeniería de Sistemas y Derecho; b) Retiro de Publicidad; c) Se ordena a la Universidad C.E.F.I. Saint Paul expedir y entregar un juego original y fotocopias legalizadas de la documentación académica de cada uno de los estudiantes, certificados de notas, historial académico, los planes y programas de estudios, las resoluciones e informes relativos a la convalidación de materias; d) Se nombrará una comisión técnica para que acompañe al Notario de Fe Pública para realizar el inventario y recojo de documentación: y e) El Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional, a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria queda encargado del cumplimiento y seguimiento de la resolución. Sobre el exceso en estos puntos dispositivos, la parte demandante no presente ninguna prueba que comprueben el exceso en la ejecución de la Resolución Ministerial Nº 962/09 de 31 de diciembre de 2009, sea en el precinto y la información a los medios de comunicación.


  1. En conclusión, al no haberse presentado prueba sobre la infracción del principio de proporcionalidad en la ejecución de la Resolución Ministerial Nº 962/09 de 31 de diciembre de 2009, este tribunal no puede pronunciarse sobre la ejecución ya sea sobre su fin, medio empleado y la relación entre el fin y el medio empleado para verificar el exceso en su ejecución.


  1. Sobre el décimo punto de controversia relacionado a que: “Si la Resolución de la subsede Cochabamba, dejó de pronunciarse sobre la situación de los estudiantes, los depósitos efectuados, la falta de orden de secuestro y retención de información y si se ha violado el principio de estabilidad y ejecutoriedad de los actos administrativos establecidos en el art. 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo”, se debe efectuar el siguiente análisis de hecho y de derecho:


  1. La Resolución de la Subsede Cochabamba, es la Resolución 036/10 de 14 de septiembre de 2010 (Recurso Jerárquico), que dispone la nulidad de obrados hasta la notificación del formulario de notificación de la  Resolución de Revocatoria DGESU Nº 001/2010 de 22 de marzo de 2010 y al disponer la nulidad de obrados no se pronuncia sobre los puntos recurridos, esta forma de resolución se encuentra establecida en el art. 55 del Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo que señala: “…La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”.


  1. En conclusión al disponerse la anulación de obrados en la Resolución 036/10 de 14 de septiembre de 2010 no era necesario pronunciarse sobre los puntos recurridos en el recurso de revocatoria y este tipo de resolución se encuentra prevista en el art. 55 del Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo no infringiéndose los arts. 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo.


  1. Sobre el décimo segundo punto de controversia referido a que: “En las Resoluciones Administrativas Nº 036/10 y 037/10 de 14 de septiembre de 2010 existe o no la ausencia de la formas de resolución previstas en la Ley 2341 en su arts. 61 y 52 y 124 del D.S. 27113”, se debe realizar el siguiente examen de hecho y de derecho:


  1. Las formas de resolución para el recurso jerárquico son conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo (art. 61) y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (art. 124): a) confirmando o aceptando la resolución impugnada; b) revocando total o parcialmente el acto impugnado; y c) Desestimando el recurso, empero como se ha señalado en el acápite anterior en este caso se trata de anulación de obrados en las Resoluciones 036/10 de 14 de septiembre de 2010 y 037/10 de 14 de septiembre de 2010 que se encuentra establecida en el art. 55 del Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo.


  1. En conclusión, el disponer la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional, no infringe ninguna disposición y se encuentra prescrita como facultad de la Autoridad Administrativa en el art. 55 del Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo.



  1. Sobre el décimo tercero punto de controversia relacionado a que: “La emisión de la resoluciones administrativas 036/10 y 037/10 que resuelven los recursos jerárquicos se encuentran dictadas fuera del plazo establecido en la reglamentación especial es el D.S. 23113 de 23 de julio de 2003 que es de 60 días”, se debe efectuar las siguientes disquisiciones legales:


  1. En presente caso se debe aplicar el principio de jerarquía normativa establecida en el art. 4 inc. h) de la Ley del Procedimiento Administrativo, puesto que el art. 67 de la Ley del Procedimiento Administrativo prevé un plazo para la emisión del Recurso Jerárquico  de 90 días y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone un plazo de 60 días para la dictación del Recurso Jerárquico, en ese sentido se tiene que conforme a la prescripción constitucional dispuesta en el art. 410. II de la Constitución Política del Estado, la aplicación de las normas jurídicas se rige por la siguiente prelación: 1) Constitución Política del Estado; 2) Los Tratados Internacionales; 3) Leyes Nacionales; 4) Decretos, Reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. De lo anotado se establece que de acuerdo a prescripción constitucional se debe aplicar primero la Ley sobre el Decreto Reglamentario, por ello el plazo para la emisión de la resolución del Recurso de Jerárquico debe ser de 90 días.


  1. De la revisión de obrados se evidencia que la Resolución de Recurso de Revocatoria DGESU Nº 002/2010 de 6 de abril de 2010 no fue notificada debidamente, sin embargo se interpuso silencio administrativo en fecha 6 de abril (fs. 222 del Segundo Cuerpo del Expediente Judicial) y se interpuso recurso jerárquico el 6 de mayo del 2010 (fs. 223 del Segundo Cuerpo del Expediente Judicial), asimismo independientemente el 30 de septiembre de 2010 se presentó solicitud de corrección de la Resolución de Recurso de Revocatoria DGESU Nº 002/2010 6 de abril de 2010, por lo que no se puede establecer la fecha para que pueda computarse los 90 días para la emisión de la Resolución Administrativa Nº 037/2010 de 14 de septiembre de 2010, que en razón a estas irregularidades anuló obrados hasta notificación con la Resolución de Recurso de Revocatoria DGESU Nº 002/2010 de 6 de abril de 2010. Cabe acotar que al existir tantas irregularidades inclusive existe la interposición de un recurso jerárquico de fecha 27 de octubre de 2010 (fs. 249 del Segundo Cuerpo del Expediente Judicial). Por otro lado, la Resolución Revocatoria DGESU Nº 001/2010 de 22 de marzo de 2010, fue notificada en fecha de 30 septiembre de 2010, empero existe una subnota que aparece en la notificación como si se hubiera recibido la notificación en fecha 20 de octubre de 2010 (fs. 283 del Segundo Cuerpo del Expediente Judicial) y la Resolución Administrativa Nº 036/10 (Resolución de Recurso Jerárquico) tiene fecha de 14 de septiembre de 2010 e igualmente anula obrados hasta el formulario de notificación de la Resolución de Revocatoria.


  1. En el caso de autos en ambos casos (Resolución de Recurso de Revocatoria DGESU Nº 002/2010 de 6 de abril de 2010 y Resolución Revocatoria DGESU Nº 001/2010 de 22 de marzo de 2010 ) se evidencia que existen irregularidades en su notificación y por ello, las Resoluciones de Recurso de Revocatoria 036/10 y 037/10 anularon obrados, empero lo que interesa para la resolución de la controversia es que no existe la sanción de nulidad por emisión de un acto administrativo fuera de plazo para su emisión y las únicas sanciones dispuestas en el art. 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo son las responsabilidades para el funcionario o servidor público de acuerdo a la Ley SAFCO y la operación del silencio administrativo negativo.


  1. Sobre el décimo cuarto punto de controversia relacionado a que: “Existe contradicción en ambos actos administrativos 036/10 y 037/2010 emitidas por la misma autoridad administrativa porque en la Resolución 037/10 se dispone la nulidad hasta el recurso jerárquico y en la Resolución 036/10 se dispone la nulidad hasta el formulario de notificación, lo que implicaría que en la primera resolución  estaría vigente el formulario de notificación, ya que este no habría sido anulado, tal como si lo hizo la segunda resolución”, se debe efectuar el siguiente examen de hecho y de derecho:


De la revisión la Resolución Administrativa Nº 036/2010 esta dispone la nulidad de obrados hasta el formulario de notificación de la Resolución Revocatoria DGESU Nº 001/2010 de 22 de marzo de 2010 y la Resolución 037/2010 dispone anular obrados hasta el Recurso Jerárquico, pero aclara debiendo el Ministerio de Educación realizar la notificación con dicha Resolución de acuerdo a las formalidades establecidas por ley, en razón a ello no existe la supuesta contradicción impugnada por la parte demandante, entre las resoluciones administrativas emitidas, además que al ser independientes por tratarse de 2 diferentes Subsedes de la Universidad C.E.F.I Saint Paul de Santa Cruz y Cochabamba, estas existen independiente y deberían haber sido corregidas de manera independiente si fuera el caso y no ser causar de nulidad la supuesta contradicción.


  1. Sobre el décimo quinto punto de controversia vinculado a: “Existen errores esenciales en la parte considerativa de la Resolución Nº 37/10  porque se señala como fecha de la Resolución DGESU Nº 002/2010 el 6 de enero de 2010 cuando en realidad es el 6 de abril de 2010 y en la página cuarta, primer párrafo, quinta línea, se hace mención a una supuesta persona con el nombre Néstor Pablo Pacheco Revollo quién nada tuvo que ver con el proceso administrativo, siendo que el representante legal acreditado fue Juan Paz Villarroel Rodríguez y se indicada a una jurisprudencia señalada, cuando no se hace mención a la jurisprudencia mencionada y peor aún no existen precedentes administrativos”, se debe realizar las siguientes consideraciones y disquisiciones legales y de hecho:


Se debe inexcusablemente señalar que de acuerdo al art. 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo los elementos esenciales de acto administrativo son los siguientes: “a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico”, ahora bien en el caso de autos si bien se constatan los errores señalados por la parte demandante en Resolución Administrativa Nº 037/2010 de 14 de septiembre de 2010, sin embargo estos por la revisión total de la resolución no son esenciales y más son unos errores en la redacción de la resolución, que no son causal de nulidad o anulabilidad del acto administrativo conforme a los art. 36 y 37 de la Ley del Procedimiento Administrativo.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad  de conformidad al art. 341. I del Código de Procedimiento Civil DECLARA IMPROBADA LA EXCEPCION PERENTORIA DE CADUCIDAD y de acuerdo a los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y los arts. 4 y6 de la Ley Nº 620 declara IMPROBADA la demanda de fs. 295 a 312 y reconducción de demanda de fs. 471 a 475 interpuesta por la Universidad C.E.F.I. Saint Paul representada por Marco Antonio Villarroel Quevedo contra el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma y Ministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez quedando en consecuencia firmes y subsistentes la Resolución Administrativa Nº 036/2010 y Resolución Administrativa Nº 037/2010, ambas de 14 de septiembre de 2010 y emitidas por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena