SALA PLENA


SENTENCIA:                            527/2015

FECHA:                                Sucre, 7 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        8/2011.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Radio Cadena Nacional S.R.L. contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

MAGISTRADO RELATOR:                Antonio Guido Campero Segovia.


Pronunciada en el proceso contencioso-administrativo seguido por Radio Cadena Nacional S.R.L., en el que impugna la nulidad de la Resolución Ministerial N° 306 de 04 de octubre de 2010 emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fojas 189 a 200; la contestación de fojas 232 a 237, la réplica de fojas 241 a 250 y la dúplica de fojas 254 a 258 y los antecedentes de la Resolución impugnada.


CONSIDERANDO I: Que Javier Asbún García, en representación legal de la Radio Cadena Nacional S.R.L., luego del desarrollo de los antecedentes administrativos del caso, en síntesis manifiesta:


a) La nulidad de la Resolución Ministerial N° 306 de 04 de octubre de 2010, porque la misma, al tratarse de un acto de carácter definitivo que pone fin a la vía administrativa, tras haber rechazado el Recurso Jerárquico interpuesto por la parte demandante, por lo que al haberse dado el agotamiento de la vía administrativa, originó la interposición de la presente demanda contencioso administrativa de conformidad de los arts. 94 del Decreto Supremo (DS) N° 27172 y 69 inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y 778 del Código de Procedimiento Civil (CPC).


b) Que la Radio Cadena Nacional S.R.L., no suspendió la prestación del Servicio de Difusión de señales de audio por más de 1 año en la ciudad de Cochabamba, como se señaló en el Informe RCB/UCE/2009/062 emitido por una comisión de la Unidad de Fiscalización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), el cual fue el sustento para la formulación de cargos efectuados, conculcando sus derechos subjetivos e intereses legítimos y determinó la revocatoria de su licencia porque el Informe Técnico DDTL-CGE INF 065/2009 que fundamentó el acto admitido impugnado fue desconocido por la Radio, cuya veracidad y existencia resultan dudosos, por lo que la revocatoria de la licencia de la Radio Cadena Nacional S.R.L. resultaría premeditada.


c) El daño temporal en el transmisor de la Radio demandante para la Difusión de Señales de audio en Cochabamba no implicó el abandono de la frecuencia 104.7 MHz asignada, por lo que no incurrió en la causal de revocatoria de licencia prevista en el art. 60 de la Ley de Telecomunicaciones, y que si bien es evidente que la potencia del transmisor fue disminuida considerablemente a consecuencia del daño hasta 10 Watts, no constituye una interrupción de la emisión de señales de audio y menos configuró el abandono de la frecuencia asignada para operar, por lo que no podían revocar la licencia de la Radio demandante en base a un único instrumento, el Informe RCB/UCE/2009/062.


d) La ATT al emitir la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0123/2010 de Revocatoria de Licencia, lo hizo fuera del plazo establecido por el art. 80. I del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aspecto que no consideraron ni la ATT ni el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por lo que conforme el art. 36 de la LPA demandan la nulidad de la Resolución Ministerial N° 306 de 04 de octubre de 2010, y por haber sido emitida en contravención del art. 4 incs. c), d) y e) de la LPA, constituyéndose en un acto administrativo anulable.


e) La ATT y posteriormente el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, no valoraron los elementos de prueba de descargo presentados por la Radio Cadena Nacional S.R.L., y el mencionado Ministerio no sometió su actuación al principio de la buena fe que rige en el procedimiento administrativo, conforme el art. 4 inc. e) de la LPA al señalar en la Resolución impugnada, que el operador no demostró que no abandonó la frecuencia “ni con el presunto daño del transmisor, ni con el acta notariada que acredita que el 19 de mayo de 2010 la Radio Cadena Nacional S.R.L. se encontraba emitiendo señales en la frecuencia asignada”, revocando la licencia de la Radio demandante solamente por el Informe RCB/UCE/2009/062.


Concluye solicitando se declare probada su demanda contencioso administrativa, y consiguientemente la nulidad de la referida Resolución Ministerial N° 306 de 04 de octubre de 2010, y sea por corresponder en estricto apego a derecho.


CONSIDERANDO II: La Jefe de la Unidad de Recursos Jerárquicos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda responde en forma negativa la demanda señalando lo siguiente:


En cuanto al inc. a) de la demanda, señala que debe hacerse notar que en realidad fue a través del Auto TL-0251/2009 de 28 de septiembre, emitido por la ATT por el que se inició el Procedimiento de Revocatoria de Licencia para prestar el servicio de difusión de señales de audio en Cochabamba, para la frecuencia 104. 7 MHz otorgada a la Radio demandante, y no se fundamentó en el Informe RCB/UCE/2009/062 sino en el Informe Técnico N° DDTL-CGE INF 065/2009 de 16 de septiembre, porque en este, si bien se hizo referencia al mencionado Informe RCB/UCE/2009/062, empero en el mismo se evidenció que la Radio demandante no emitió señales de audio por más de un año, y que además los equipos analizadores de espectro electromagnético del ente regulador, no captaron ninguna emisión de señales de audio por parte de la Radio Cadena Nacional S.R.L., en el periodo de fiscalización que dio lugar al inicio del proceso de revocatoria de licencia, por lo que el operador no logró desvirtuar el hecho que abandonó la frecuencia que le fue asignada por más de un año, por lo que no conculcaron ningún derecho subjetivo o interés legítimo de la Radio mencionada por la ATT, como tampoco por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.


Ahora bien, respecto a la interrogante sobre la veracidad y existencia del Informe RCB/UCE/2009/062 manifestada por la parte demandante, respondió el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que el mismo se encuentra en el anexo del expediente a fs. 266 a 268, y si actuaba con la diligencia que el caso ameritaba, la Radio demandante debió apersonarse para la vista del expediente o solicitar una copia del documento en cuestión, no resultando pertinente su observación en sentido que el regulador pudo haber determinado la revocatoria de la licencia de manera premeditada.


b) Respecto a que el Informe RCB/UCE/2009/062 no fue notificado a la Radio Cadena Nacional S.R.L., manifestó que el demandante al citar el art. 33 de la LPA corrobora que no ameritaba que se notifique con los informes, porque no puede darse a éstos el carácter de acto administrativo, al contrario de lo que sucedió con el Auto TL-0251/2009 que, inició el procedimiento de revocatoria de la licencia otorgada a la Radio mencionada y que fue debidamente notificado el 23 de octubre de 2009, además que, no existe disposición jurídica alguna que establezca que los informes deban ser notificados a los administrados.


c) Respecto a que el transmisor de la Radio demandante sufrió un daño que lo dejó funcionando con una potencia de 10 Watts, pero que no se interrumpió el servicio ni se abandonó la frecuencia de 104.7 MHz, señaló que no puede pretenderse que la licencia estaba siendo utilizada, cuando se transmite con un 10 % de potencia asignada, especialmente si tales emisiones no pudieron ser captadas por los analizadores del espectro electromagnético utilizados por el ente regulador, y que el Auto TL-0251/2009 de 28 de septiembre señaló los cargos imputados al operador, es decir a la Radio Cadena Nacional S.R.L., por el abandono de la frecuencia asignada, los cuales no fueron desvirtuados por la parte demandante ni con el argumento del presunto daño al transmisor, ni con la acta notariada ya que solamente acredita que el 19 de mayo de 2010 Radio Cadena Nacional S.R.L. se encontraba emitiendo señales en la frecuencia asignada, pero no así de los periodos demandados.


d) En relación a que la ATT al emitir la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0123/2010 lo hizo fuera del plazo del art. 80.I.b) del Reglamento de la LPA, y omitió pronunciamiento sobre este aspecto; señaló que, es contradictoria tal afirmación de la Radio demandante porque si bien lo reclamó en su recurso de revocatoria en contra de la mencionada Resolución, sin embargo, en la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0325/2010 de 6 de mayo que resolvió su revocatoria, el ente regulador reconoció la emisión del acto administrativo fuera de plazo, pero la Radio Cadena Nacional S.RL., no aclaró o estableció la forma en que fue vulnerado su derecho, más aún si no se le restringió su derecho a recurrir y no se lo dejo en estado de indefensión a causa de la emisión del acto, además que el propio demandante dio validez al acto administrativo recurrido, pues teniendo la opción de, en su momento interponer el recurso de revocatoria ante el silencio administrativo sobre el plazo para dictar la resolución la ATT, optó por impugnar en el fondo y reconocer la validez de la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0123/2010, y el pronunciamiento del Ministerio al responder el recurso jerárquico lo hizo atendiendo los cuestionamientos planteados por el recurrente y conforme a derecho, por consiguiente no se vulneraron los principios aludidos por el demandante.


e) Respecto a que la ATT y posteriormente el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda no valoraron los elementos de prueba presentados por la Radio Cadena Nacional S.R.L., señaló que respondiendo al Recurso de Revocatoria en relación a los contratos de publicidad presentados, los mismos no acreditaron las operaciones de la Radio demandante en Cochabamba, porque la misma tenía una serie de concesiones y licencias para la prestación del servicio de radiodifusión en distintos puntos del territorio nacional y si bien existen contratos de publicidad durante el periodo que el operador suspendió sus emisiones en Cochabamba, no demuestra que la Radio demandante operara en tal ciudad porque esos contratos tienen otras latitudes del territorio nacional distintas a Cochabamba, y que se corroboró que interrumpió sus operaciones por más de un año, siendo imposible que en ella difundiera publicidad alguna, más si se constató que la Radio “Juturiy” se encontraba en la frecuencia asignada a la radio demandante.


En cuanto a que el consumo de energía eléctrica fue compartido con “Antena Uno Canal 6”, la ATT adecuadamente manifestó que dicho consumo no demuestra que la Radio demandante haya emitido señales de audio en la frecuencia de 104.7 MHz en Cochabamba, y el Ministerio demandado en su Resolución N° 306 de 4 de octubre de 2010 respondió que el ente regulador valoró debidamente la prueba documental aportada por la Radio demandante, la misma que no demostró que el operador utilizó su frecuencia asignada durante el periodo de fiscalización y el ente regulador identificó suspensión del uso del espectro electromagnético por parte del concesionario en los periodos de enero 2008 a diciembre del mismo año, por lo que resulta claro que el Ministerio demandado en ningún momento dejó de someterse al principio de buena fe que rige el proceso administrativo.


Concluyó solicitando que este Supremo Tribunal de Justicia dicte Sentencia declarando improbada en todas sus partes, la demanda contencioso administrativa interpuesta por Javier Asbún García en representación de Radio Cadena Nacional S.R.L.   


CONSIDERANDO III: Que la naturaleza jurídica del proceso Contencioso Administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido a Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y a las Salas Plena de los Tribunales Departamentales de Justicia por mandato de los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los arts. 778 a 781 del CPC, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la Resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar el respectivo control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la ATT y posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.


Ahora bien, la presente controversia se circunscribe en determinar si fue correcta la aplicación del art. 60 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones en la Resolución Ministerial N° 306 de 4 de octubre de 2010, la cual confirmó la revocatoria de la licencia de funcionamiento de la Radio Cadena Nacional S.R.L., destinada a prestar servicios de difusión de señales de audio en la ciudad de Cochabamba, porque no utilizó la frecuencia 104.7 MHz por más de un año.


El 23 de octubre de 2009, la ATT notificó a la Radio Cadena Nacional S.R.L. con el Auto TL -0251/2009 de 28 de septiembre, en el que se consideró el supuesto abandono de la Licencia otorgada a la Radio demandante, iniciando el Procedimiento de Revocatoria de la Licencia otorgada, como también estableció la notificación con el Informe Técnico DDTL-CGE INF 065/2009 de 16 de septiembre emitido por la propia ATT, consignando los extremos del Auto TL-0251/2009; intimando a presentar la documentación pertinente que acredite la emisión de señales de audio en Cochabamba, en la frecuencia 104.7 MHz de la Radio mencionada.


En fecha 30 de octubre de 2009, presentó la parte demandante un oficio destacando la ausencia de notificación con el Informe Técnico DDTL-CGE INF 065/2009 de 16 de septiembre y solicitando un plazo de diez días hábiles administrativos para la presentación de descargos computados a partir de la notificación con el referido informe, a pesar de estar dispuesta su notificación con tal informe por el propio Auto TL-0251/2009.


En respuesta al oficio mencionado, la ATT emitió el Auto TL 0371/2009 de 3 de noviembre notificado a la Radio demandante el 4 de noviembre del mismo año, en el que dispuso que, el cómputo de los diez días sea a partir de la notificación del Informe DDTL-CGE INF 065/2009 extrañado, y fue notificado a la radio demandante tal informe en la misma fecha, que el precitado Auto TL-0371/2009.


La Radio Cadena Nacional S.R.L., presentó ante la ATT el oficio de 17 de noviembre de 2009 adjuntando el Informe Técnico INF-TEC 055/09 de 16 noviembre emitido por el Encargado del Departamento Técnico de la Radio mencionada, en el que establecía que no hizo abandono de la frecuencia 104.7 MHz asignada para operar en Cochabamba, y detalló las dificultades por las que atravesó la radioemisora para continuar conforme a la licencia para la difusión de señales de audio otorgada.


El 27 de noviembre de 2009, la Radio referida fue notificada con el Auto TL-0432/2009 de 26 de noviembre emitido por la ATT, en el que dispuso la apertura de término probatorio de diez días hábiles administrativos a partir de la notificación con el Auto TL-0432/2009 a la Radio, para que demuestre que emitió señales de audio en Cochabamba durante toda la gestión 2008 y los meses de abril, mayo y junio de 2009.


En respuesta al Auto mencionado, la Radio demandante presentó el oficio CITE: D-021-2009 de 11 de diciembre, en el que respondió de manera clara a los puntos establecidos en el Auto que le fue notificado, adjuntando prueba de descargo.


En fecha 14 de enero de 2010 la ATT notificó a la Radio Cadena Nacional S.R.L. con el Auto TL-0011/2010 de 07 de enero que decretaba la clausura del término probatorio y corriendo el plazo de treinta días para que la Autoridad Fiscalizadora declare probada e improbada la comisión de infracción a partir de la notificación con el Auto referido.


El 3 de marzo de 2010 la ATT dictó la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0123/2010, resolviendo declarar probados los cargos formulados en el Auto TL-0251/2009 de 28 diciembre al haber incurrido en la causal de revocatoria de licencia establecida en art. 60 del Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones; y revocando la licencia otorgada por la ex Superintendencia de Telecomunicaciones a la Radio demandante.


Ante dicha Resolución, la Radio planteó el Recurso de Revocatoria a través del memorial de fs. 159 a 165 de obrados, el cual fue resuelto por la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0325/2010 de 06 de mayo, resolviendo rechazar el Recurso interpuesto por no haber demostrado que utilizó la frecuencia asignada para la prestación de Servicio de Difusión de Señales de Audio en Cochabamba.


Contra dicho acto administrativo, la Radio Cadena Nacional S.R.L., interpuso Recurso Jerárquico el 28 de mayo de 2010, que fue resuelto mediante la Resolución Ministerial N° 306, resolviendo rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Radio recurrente.


Establecidos los antecedentes administrativos, y a efecto de resolver la presente demanda contenciosa administrativa; previamente es necesario referirse al art. 60 del Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, el cual determina: “Si una frecuencia o banda asignada no es utilizada por más de un (1) año, habrá presunción de abandono y la Superintendencia de Telecomunicaciones podrá revocar la licencia, salvo planes de instalación aprobados por la Superintendencia de Telecomunicaciones que indiquen lo contrario” (las negrillas son nuestras).


Ahora bien, en cuanto a la vulneración de los derechos subjetivos e intereses legítimos de la Radio demandante porque no suspendió su servicio de difusión de señales de audio; cabe señalar que, el ente regulador realizó monitoreo a las bandas de AM, FM y TV en la ciudad de Cochabamba de manera continuada en las gestiones 2007, 2008 y 2009, cuyos resultados fueron plasmados en el Informe Técnico DDTL-CGE INF 065/2009, estableciendo que la frecuencia 104.7 MHz de titularidad de la Radio Cadena Nacional S.R.L., evidentemente no emitió señales de audio en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2007 y el 26 de diciembre de 2008, como también de los meses de abril, mayo y junio 2009 puesto que el daño temporal de su transmisor y reconocido por la propia Radio, ocasionó que solamente funcione con una potencia de 10 watts por lo que las emisiones que debieron ser generadas desde la perspectiva del servicio público y no pueden ser asimiladas con aquellas que se realicen con un 10 % de la potencia asignada, incurriendo evidentemente en la primera parte del art. 60 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, siendo acertada la decisión de revocar su licencia de la Radio Cadena Nacional S.R.L., porque la Radio no explotó la licencia con la respectiva frecuencia de 104.7 MHz de Cochabamba por más de un año como debió hacerlo durante los periodos señalados líneas arriba, por consiguiente no resulta evidente la vulneración de los derechos subjetivos de la Radio, además que no especificó qué derechos ni en qué medida hubiesen sido afectados los mismos, por lo que resultó correcta la revocatoria de licencia establecida en el art. 60 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones al presente caso.


Respecto a que la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0123/2010, hubiese sido dictada fuera de plazo siendo nula, cabe señalar que en materia de nulidades procesales, es importante establecer que de conformidad a la exigencia inserta en el art. 251 del CPC, y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por Ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio", de tal modo la nulidad resulte útil al proceso, restableciendo derechos procesales que pudieron haberse lesionado, como el derecho a la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia o el derecho a la defensa que en definitiva garantice la justicia del fallo; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.


Sobre el particular la Sentencia Constitucional N° 0731/2010-R de 26 de julio señaló: “Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay nulidad, sin ley específica que la establezca (Eduardo Cuoture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto' (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Couture, op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 'Nulidades Procesales')”; asimismo define: “el principio de congruencia como la conformidad que debe mediar entre la pretensión más la oposición que contornea el thema decidendum, vale decir, que implica la coherencia que la respuesta judicial debe guardar con cada uno de los elementos definidores de la pretensión y oposición, entre los cuales se encuentra la causa de pedir, ósea la explicitación de la razón de la pretensión, dirigida a responder la pregunta de por qué se litiga, está dada en la exposición de los hechos en que se funda la demanda y la oposición a ella” (Gladis E. de Midón “La Casación” Control del juicio de hecho pág. 478); por consiguiente, la solicitud de nulidad de la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0123/2010 de Revocatoria de Licencia, deberá observar los principios antes referidos, a objeto que actúe en el marco de la lealtad procesal y en observancia de los principios de derecho mencionados.


En ese contexto, de la revisión de los antecedentes procesales, se advierte que la Radio demandante tuvo la opción de interponer el recurso de revocatoria respecto al plazo establecido por Ley para dictar la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0123/2010 que revocó su licencia; sin embargo de ello, la Radio optó por impugnar el contenido de fondo de dicha Resolución y no así el aspecto formal del plazo para su pronunciamiento, por lo que el interesado reconoció y consintió dicha circunstancia, dando validez a la misma; además que la nulidad solicitada en su presente demanda contenciosa administrativa no resulta útil al presente proceso porque al haber planteado los recursos que la Ley le franqueaba como consta de los antecedentes administrativos, no se vulneró el derecho a la defensa ni se dejaron indefensos los intereses de la parte actora, y por consiguiente, no es evidente la contravención del art. 4 incs. c), d) y e) de la LPA, porque no se evidenció flagrante vulneración de determinados derechos que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia y el derecho a la defensa, porque fueron claramente ejercidos por la Radio Cadena Nacional S.R.L.


En cuanto a la prueba y su valoración, que es el último agravio expuesto, la Radio demandante manifestó que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda no habría valorado la prueba de descargo, puesto que afirmó que el operador no demostró que no abandonó la frecuencia ni con el presunto daño del transmisor, ni con el acta notariada que acreditaría que el 19 de mayo de 2010, la Radio emitía señales en la frecuencia asignada; sin embargo de ello, tal aspecto no resulta cierto, puesto que de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que tanto la ATT como el Ministerio mencionado, valoraron correctamente las pruebas de descargo y consideraron que no fueron suficientes para demostrar que la Radio Cadena Nacional S.R.L., utilizó la frecuencia asignada en la ciudad de Cochabamba durante el “periodo observado de más de un año”, y precisamente el acta notariada acredita que la emisión de señales en la frecuencia fue en la gestión “2010”, sin embargo, los periodos observados por la ATT estaban comprendidos entre diciembre de 2007 a diciembre del 2008, y los meses de abril, mayo y junio 2009, no habiendo acreditado la emisión de frecuencia correspondiente a dichos periodos. Asimismo el Ministerio identificó la suspensión de la frecuencia 104.7 MHz a través del análisis técnico y de campo, como por monitoreos del espectro electromagnético, los cuales reportaron información del abandono de la frecuencia, la prueba referida por el operador no desvirtuó que en la revocatoria de licencia se haya vulnerado el art. 60 del Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, siendo acertada la revocatoria dispuesta.


De lo expuesto, se concluye que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al confirmar la revocatoria de licencia de la Radio Cadena Nacional S.R.L., en la Resolución ahora impugnada, no incurrió en violación al derecho de defensa, el debido proceso, como tampoco la normativa acusada, toda vez que consideró adecuadamente todo el elenco probatorio, incluida la prueba de descargo, porque se evidenció el incumplimiento en la utilización de la frecuencia o banda asignada al operador Radio Cadena Nacional S.R.L., razón que incumplió el art. 60 del Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, originando su revocatoria de licencia, de manera que este Tribunal ejerciendo el control de legalidad, no advierte que se hubiera incurrido en ninguna vulneración a derechos ni principios que rigen el proceso administrativo como alegó la Radio demandante.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del CPC, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 189 a 200, interpuesta por Radio Cadena Nacional S.R.L., declarándose firme y subsistente la Resolución Ministerial N° 306 de 04 de octubre de 2010 pronunciada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y en su mérito la Resolución Administrativa Regulatoria TL N° 0325/2010 de 06 de mayo.


No suscribe el Magistrado Fidel Marcos Tordoya Rivas por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena