SALA PLENA


SENTENCIA:                            519/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        580/2010.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                Rómulo Calle Mamani.


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital a.i. Potosí  del Servicio de Impuestos Nacionales  contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0362/2010 de 3 de septiembre de 2010.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 145  a 150, la contestación de fs. 178 a 183 vlta, los memoriales  de réplica de fs. 188 a 190 y dúplica de fs. 194 a 195, los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que,  Zenobio Vilamani Atanacio en su condición de Gerente Distrital a.i. Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, en tiempo hábil, interpone demanda contencioso-administrativa contra la Resolución Jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con los siguientes argumentos:


1.-Manifiesta que la Administración Tributaria procedió a depurar notas fiscales no relacionadas con la actividad exportadora respecto al IVA y GA, como ser: Gastos Financieros y Comisiones Bancarias sin detalle del concepto; Gastos por Consultores Auditoría estados financieros, asesoramiento y honorarios profesionales legales que no detallan el concepto del gasto, por compras y consumo de bebidas alcohólicas, gastos  por adquisición de activos sin  comprobantes contables ni registro en activos fijos, gastos que detallan según contrato pero no se adjunta el mismo y sus comprobantes contables no corresponden, gastos por concepto de servicios de transporte internacional, gastos por donaciones de trofeos, artículos de deporte y otros relacionados y fundamentalmente a gastos por restauración en la localidad de San Cristóbal, gastos incurridos en la elaboración del proyecto y la construcción del pueblo de San Cristóbal; observaciones efectuadas en previsión del art. 8 inc. a) de la Ley Nº 843, art. 8 del D.S.  Nº 21530, arts. 12 y 13 de la Ley Nº 1489, art. 3 del DS Nº 25465 y num. 21 y 22 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 como ser: deficiente emisión de facturas, sin importes en dólares americanos, sin fecha o fecha incompleta, RUC incorrecto o sin la consignación de la misma, concluyendo la depuración de 764 facturas, por no haberse demostrado la relación  de gastos  con la actividad exportadora  para su Devolución Impositiva.


Refiere que la Autoridad Jerárquica reconoció el crédito fiscal de facturas relacionadas con gastos de publicidad con el periódico “La Patria” de Oruro y “El Siglo” de Potosí (Facturas 10,13, 484, 20, 24, 31, 33, 35); facturas emitidas por “Boytec Sondajes de Bolivia S.R.L.”(Facturas Nº 28, 31, 43, 47) y las relacionadas con gastos hechos para el “Proyecto Construcción Pueblo Nuevo”, Honorarios Profesionales (Facturas Nº 208 y 212), por Compra de Combustible y flash memory-Facturas  Nº 376, 382, 208, 212, 4372, 803, 821, 961, 694, 472, 2107, 14448, 3853 y 3874 y otras, que en criterio de la Administración Tributaria debió mantenerse incólume la Resolución Administrativa CEDEIMs Nº 23-00672-09 de 17 de diciembre de 2009, toda vez que esta totalidad de facturas no cumple lo previsto por el art. 8 inc. a) del art. 8 de la Ley Nº 843, norma concordante con el art. 3 del D.S. Nº 25465.


Refiere que la autoridad demandada, no debió reconocer el crédito fiscal  de las facturas relacionadas al Proyecto Construcción Pueblo Nuevo (Facturas 91, 90, 1, 3, 10, 249, 3, 94, 5, 8, 15, 20, 28, 19, 30, 35, 37, 41, 1, 2, 14, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 5, 6, 7, 8, 97, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 266, 290, 38 y 45) por Bs.1923.105, 53, en razón, que no debe asumirse estos gastos como relacionados a la actividad gravada del sujeto pasivo, ya que el traslado del pueblo de San Cristóbal S.A. constituye una liberalidad que no puede imputarse para crédito fiscal, cuando estos gastos no han formado ni forman parte de la actividad gravada del sujeto pasivo, por lo tanto se considera que debe revocarse esta parte de la Resolución Jerárquica.


Indica que con relación a las facturas por compra de combustible Nos. 14448, 3853 y 3874, la Autoridad Jerárquica bajo el pretexto de la averiguación de la verdad material de las transacciones, confirmó la resolución de Alzada, con diferente fundamento, por lo que dispone dejar sin efecto la depuración del crédito fiscal emergente de  dichas facturas por un total de Bs. 58.136, debiendo mantenerse la depuración efectuada, por no haberse demostrado y acompañado documentación que respalde el gasto por la compra de combustible.


2.-Por otra parte, indica que las facturas observadas por aspectos formales Nº 4372, 803, 8721, 694, 691, 472 que condujeron a su depuración por el incumplimiento de lo previsto por el num. 129 la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99.


Señala que la Resolución Jerárquica hace referencia al Auto Supremo Nº 812 de 15 de noviembre de 2007, relativo al mal llenado de facturas por error atribuible del vendedor y no al comprador, cuya sanción correspondería al emisor y no así al receptor de la factura. Empero la Administración Tributaria en observancia de sus atribuciones y competencias emitió la RA 05-0043-99 con la finalidad de reglamentar la correcta emisión de notas fiscales para su empleo por parte de los contribuyentes, formalidades o requisitos que hasta la fecha no fue derogada o abrogada por disposición igual o superior, por lo tanto estos requisitos o formalidades son de exigencia totalmente legal y válida, por lo que el citado Auto Supremo no tiene la facultad derogatoria o abrogatoria de las Resoluciones que para la Administración Tributaria se mantiene en vigencia en observancia del art. 5 de la Ley 2492.


Concluyó, solicitando se declare PROBADA la demanda contenciosa administrativa y  deliberando en el fondo, confirme en su totalidad la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-000672 de 17 de diciembre de 2009.


CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersonó   Juan Carlos Maita Michel en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quién por memorial de fs. 178 a 183 vlta contestó en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:


1.- Refiere que el art. 3 del D.S. Nº  25465, dispone que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones, se realiza bajo las mismas normas que rigen para el sujeto pasivo que realizan operaciones en el mercado interno, conforme con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 843, concordante con el art. 8 del D.S. Nº  21530.


Señala que el inc. a) del art. 8 de la Ley 843, establece como requisito de procedencia del cómputo del crédito fiscal IVA, las compras o adquisiciones de bienes por servicios en la medida que se vinculen con la actividad gravada, norma concordante con los arts. 7 y 15 del D.S. Nº 24051, en consecuencia las compras consideradas como gastos, que generan crédito fiscal, deben tener relación con los gastos deducibles para la determinación de la Utilidad Neta Imponible, en ese sentido ante las facturas observadas en el proceso de Verificación, el sujeto pasivo presentó  las notas fiscales originales, que fueron emitidas por los periódicos “La Patria” de Oruro y “El Siglo” de Potosí, por la publicación del Suplemento “Perspectiva Minera”, evidenciándose que tales publicaciones si se encuentran relacionadas con los gastos de publicidad, al tener relación indirecta con la actividad exportadora.


Refiere que conforme previene los arts. 4 y 8 de la Ley Nº 84, las facturas observadas por combustible, no requerían ser sustentada por una Autorización de Sustancias Controladas, al no ser un requisito indispensable para el cómputo del crédito fiscal correspondiente a las Facturas Nº 14448, 3853 y 3874, más aún, cuando los Estados Financieros presentados por MSC muestran que la Cuenta Inventarios incluye el combustible que es utilizado en el proceso de producción y minado, en razón que toda actividad minera para sus operaciones, necesita combustibles para operar su maquinaria y vehículos, por lo que la venta de combustible se encuentra vinculada con la actividad gravada, cumpliéndose lo previsto en el num. 5) del art. 70 de la Ley Nº 2492 y art. 37-II del D.S. Nº 27310 modificado por el art. 12-III del D.S. Nº 27874.


Con relación a la construcción del pueblo nuevo, señala que  en el proceso de verificación, el sujeto pasivo presentó entre otros, documentación consistente: en Informe Final Supervisión Construcción Pueblo Nuevo San Cristóbal, Informe Nº 1 Supervisión Construcción pueblo nuevo San Cristóbal, Acta Pueblo Nuevo, CD(Medio magnético) que contiene información relacionada al traslado del pueblo, advirtiéndose que como la ASC Bolivia LDC, como titular de las concesiones mineras ubicadas en la Primera Sección del Cantón Colcha K de la Provincia Nor Lipez del Departamento de Potosí, desarrolló trabajos de exploración minera, determinado en 1996 la existencia de zinc, plomo y plata de baja ley, que para su viabilidad técnico-económico para su exploración se implementó el Proyecto de Interés Regional y Nacional, requiriéndose el traslado del pueblo nuevo San Cristóbal, para prevenir y evitar serias incomodidades en la vida cotidiana de los pobladores, como fin de la seguridad industrial y conservación del medio ambiente de la zona.


Indica que con relación a las facturas emitidas por TECNOPLAN Constructora SRL, TAURO SRL Empresa Constructora y la  Constructora ALTO-LTDA correspondientes a la gestión 1998, se observa que el detalle de las transacciones consignan pagos del proyecto “Pueblo Nuevo San Cristóbal” de acuerdo a los certificados de pagos, que se hallan vinculados con la actividad exportadora, actividad que demandó la construcción de toda una nueva infraestructura. Además de acuerdo al contrato de obra la Sociedad Accidental TAURO-ALTO TECNOPLAN estuvo a cargo del Contrato de Obra, en merito a ello, debe mantenerse la decisión asumida por Resolución de Alzada con relación a las 20 facturas observadas, por ende se debe reconocer como valido el crédito fiscal. Asimismo las facturas relativas al estudio, relevamiento y diseño eléctrico de la iglesia, (respaldado por el Contrato de obra suscrito entre ASC Bolivia LDC y Carlos Fusi Lema-Contratista) y entre otros, se encuentran vinculadas con la construcción del pueblo nuevo, al estar relacionada con la actividad exportadora.


2.- Por otra parte, manifiesta que las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria por aspectos formales, como la “no consignación del importe literal del precio total”, no corresponde en previsión del num. 22-e) de la RA 05-0043-99, toda vez que este requisito debió ser cumplido por el emisor de la factura, debiendo tenerse en cuenta, que quien registra los datos en la factura es el emisor, por tanto la sanción le corresponde a este, no siendo-por si sola para que MSC no goce del Crédito fiscal, menos cuando la sumatoria de los artículos adquiridos por el sujeto pasivo coinciden con el importe numérico consignado como total, correspondiendo mantener sin efecto la depuración.


Indica que según la resolución de alzada, las facturas Nº 803, 821 y 961 corresponden a la compra de Cartucho HP, Toner Láser, Puntero Láser y Flash memory, insumos que forman parte de los gastos administrativos, por ser material de oficina que constituyen gastos indirectos necesarios para realizar actividades de producción y comercialización, en consecuencia se encuentran vinculadas con la actividad exportadora.


Señala que con referencia a las facturas 472 y 694 refiere que corresponden a la compra de equipos de computación y toner, además que los activos fijos son de carácter permanente y destinado a la producción de bienes y servicios, cancelada mediante cheque y contabilizada en los registros de la MSC.


Declara que los activos fijos mantienen una característica principal, como es la permanencia, caracteristica que los artículos adquiridos según las facturas 803, 821 y 694, no tienen, por cuanto los artículos como cartuchos HP y Toner Laser, son bienes que se consumen en la gestión, resultando que estos artículos comprados, no son activos fijos, por ello no fueron registrados en dicha clasificación, no correspondiendo su observación.

Respecto a la observación efectuada  a la  factura  Nº 961(por la compra de un puntero laser tipo bolígrafo), no es clara, por cuanto se limita  a describir el artículo comprado, aplicándose la observación general por su falta de vinculación con la actividad exportadora; sin embargo dicho medio constituye un elemento importante para la comunicación a grupos humanos dentro de las empresas, no correspondiendo la depuración del crédito fiscal.


La factura Nº 472, emitida por la compra de un servidor a ALPHA SYSTEMS SRL, que según la Administración Tributaria, no habría sido registrado en activos de la Empresa Minera San Cristóbal, empero adjunto a la factura, se presentó la Orden de Pago, fotocopia del cheque, el comprobante Contabilización de Registros, Conversión de Monedas y la Orden de Compra, además en primer término  la empresa minera devengó el pago de la deuda, ya que esta factura fue emitida el 8 de mayo de 2008, posteriormente se emitió la Orden de pago el 11 de noviembre de 2008 y canceló la factura el 24 de noviembre de 2008.


Concluye, solicitando se declare IMPROBADA la demanda contencioso administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/0362/2010 de 3 de septiembre.


CONSIDERANDO III: Que, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por  la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:


De la revisión de los antecedentes cumplidos en sede administrativa, se colige que la Administración Tributaria, emite la Orden de Verificación- CEDEIM Nº 0008OVE0685 de 23 de enero de 2009, misma que es notificada  a la empresa Minera San Cristobal SA (MSC) el 3 de febrero del mismo año, comunicándole la verificación del IVA por el periodo mayo 2008.


Ulteriormente, una vez presentada la documentación solicitada mediante Requerimientos precisados en antecedentes administrativos y previa valoración de las mismas, el ente fiscalizador emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 500900128 y 500900127, con el fundamento de que no se presentó toda la información solicitada y documentación requerida, que además se evidenció que el Libro de Compras IVA presentó errores en el registro de la nota fiscal Nº 591, determinándose la vulneración de los arts. 70-8) y 100-1) de la Ley Nº 2492 y 50 de la RND 10-0016-07, tipificándose la conducta del contribuyente como contravenciones tributarias.


Que previos los informes de actuacion emitidas por la Administración Tributaria y notas de solicitudes  presentadas por el contribuyente, se emitió la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000672-09 de 17 de diciembre de 2009, que resolvió: 1) Establecer como importe a devolver mediante Certificados de Devolución Impositiva al Contribuyente MSC los montos de Bs.12´211.673,00.- correspondiente al IVA y Bs. 4´027.457,00.-correspondiente al GA por el periodo fiscal mayo 2008. 2) Determinar cómo montos no sujetos a devolución las sumas de Bs. 12484.938,31 por el IVA y Bs. 4027.457,00 correspondiente al GA por el periodo fiscal mayo 2008.


La referida resolución es recurrida en recurso de alzada por el contribuyente, que mereció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0064/2010 de 21 de mayo de 2010, que revocó Parcialmente la Resolución, determinando lo siguiente:

RESPECTO AL IVA:


  1. Con referencia a las declaraciones juradas del periodo fiscal enero de 1991 a marzo de 2001,  sobre el traspaso de crédito fiscal de ASC Bolivia LDC a la empresa Minera San Cristóbal, se mantiene los reparos a favor del fisco de Bs. 3492.189,00.


  1. Con relación a las diferencias en el cálculo de planillas y montos por importaciones RITEX de la DUE Nº 2008.543-C-961 presentadas por el contribuyente,  se confirma Bs. 19.125,00.


  1. Sobre el Crédito fiscal IVA. Concepto 1.- De las 764 facturas depuradas por no tener vinculación a la actividad gravada de MSC incumplimiento del proveedor, observaciones por formalidades  y otros Conceptos se estableció: 


c.1) Se reconoce  117 facturas con derecho a crédito fiscal del IVA de Bs. 2769.113,15.


c.2) Se mantiene incólume las facturas indicadas en los Fundamentos técnico jurídico, por no tener vinculación con la actividad gravada de MSC o por no haber probado con medios fehacientes dicha vinculación de Bs. 5039.821,16.


  1. Sobre el Crédito fiscal IVA. Concepto 2.- De 88 facturas depuradas por no estar relacionadas con la actividad exportadora, se reconoció el crédito fiscal de  Bs. 228.874 y se mantiene la depuración del crédito fiscal de Bs. 127.978.


  1. De las 10 Pólizas observadas IVA, por el incumplimiento de formalidades, se mantiene incólume la depuración de Bs. 28.339,00.-
  2. Facturas sin medios fehacientes de Pago. Concepto 4.- Se reconoce el crédito fiscal de Bs. 270.924 (Por 9 facturas observadas) y se mantiene la depuración del crédito fiscal de Bs. 448.515.


RESPECTO DEL GA:


  1. Se mantiene firme, la depuración de 10 Pólizas de Importación de Bs. 15.356,00 respecto al GA.


Ante ello la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, interpuso recurso jerárquico (fs. 329-334 vlta de antecedentes administrativos), y como consecuencia, se pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0362/2010 de 3 de septiembre (fs. 94 a 141 vlta de obrados), que resolvió REVOCAR PARCIALMENTE la resolución de alzada, en relación al IVA observado del periodo  mayo 2008, respecto: a) A las facturas  que no tienen vinculación con la actividad gravada y deficiencias en su emisión de ASC Bolivia LDC; b) Respecto a las facturas que no tienen vinculación con la actividad gravada y deficiencias en su emisión de MSC y por facturas sin medios fehacientes de pago, manteniéndose FIRME lo establecido por resolución de alzada, que confirmó las observaciones a las declaraciones juradas del IVA del crédito fiscal traspasado por ASC Bolivia LDC, diferencias en el cálculo de la DUE Nº 2008-543-C-961 y las observaciones a 10 pólizas de Importación respecto al IVA y al Gravamen Arancelario(GA). En síntesis se CONFIRMA la depuración del Crédito Fiscal por IVA y GA por Bs. 2.395.296.- correspondiendo deducir de la solicitud de CEDEIM del periodo fiscal mayo 2008, de Bs. 24.696.611 por IVA y Bs. 4.042.813 por GA, el importe observado de Bs. 10.089.642 por IVA y Bs. 15.356 por GA respectivamente, por tanto el importe a devolverse a MSC por IVA y GA es de Bs. 18.634.426.


Establecidos los antecedentes de hecho y derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe a los siguientes hechos puntuales:


1.- Que no corresponde dejar sin efecto la depuración de facturas no relacionadas con la Actividad exportadora respecto al IVA y GA.


2.- Si corresponde o no dejar sin efecto la depuración de facturas observadas por aspectos formales.


Del examen de los antecedentes del proceso y de sus anexos e identificado el  punto de controversia, se  establecen los siguientes extremos:


1.- Con relación a la primera controversia, que versa que no corresponde dejar sin efecto la depuración de facturas no relacionadas con la Actividad exportadora respecto al IVA y GA, es menester referir lo siguiente:


El art. 125 del Código Tributario (Ley Nº 2492) establece:La devolución es el acto en virtud del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, la cual establecerá su forma, requisitos y plazos”.


A su vez el art. 126.II de la citada Ley,  establece que la Administración Tributaria revisará y evaluará los documentos pertinentes que sustenten la solicitud de devolución tributaria, revisión que no es excluyente de las facultades que asisten a la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar el comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero responsable.


Es menester referirnos al "principio de neutralidad impositiva”, toda vez, que este principio es aplicado en toda devolución de impuestos mediante certificados (CEDEIM), razón por la cual el D.S. Nº 25465 establece las normas reglamentarias a la devolución de impuestos a las exportaciones, en cumplimiento al principio de neutralidad impositiva, establecido por la Ley Nº 843 y la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993 y las modificaciones efectuadas mediante Ley Nº 1963 de 23 de marzo de 1999.


Asimismo esta disposición legal, expresamente  señala que  los  impuestos a ser restituidos a los exportadores son: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) e Impuesto a los Consumos Específicos(ICE) y del Gravamen Arancelario(GA), siendo condición esencial para que proceda esta devolución, estar vinculados a la actividad productiva de la empresa o tratarse de gastos en que hubiera incurrido el exportador, en relación con la compra o contratación de bienes o servicios que influyan y formen parte de la estructura de costos.


En consecuencia este principio de neutralidad impositiva se encuentra expresado en el art. 12 de la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993, modificado por el art. 1 de la Ley Nº 1963 de 23 de marzo de 1999, que dispone: "En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de Impuestos Internos y de los aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora...", lo que equivale a decir, que se efectuará la devolución de los impuestos y aranceles señalados, en cuanto éstos signifiquen costos que incidan en el proceso de producción, así como gastos vinculados a la actividad exportadora, previo cumplimiento de los requisitos que conllevan al beneficio del crédito fiscal producto de las transacciones que declara el contribuyente, que son: 1) La existencia de la factura, nota fiscal o documento equivalente por la cual se perfecciona el hecho imponible del IVA conforme lo establece el artículo 4. a), concordante con el artículo 8. a), de la Ley Nº 843. Este documento mercantil emitido por quien transfiere el dominio con la entrega del bien o acto equivalente, deberá ser presentado en original2) Que la compra o adquisición tenga vinculación con la actividad gravada de acuerdo a lo establecido en el artículo 8. a), de la Ley Nº 843; y 3) La realización efectiva de la transacción; pues de conformidad al art. 10 de la Ley 843, la devolución del crédito fiscal procederá por periodo fiscal entendiéndose que su determinación será mensual, debiendo analizarse el segundo requisito en el caso de autos, relacionado con las compras o adquisiciones vinculadas a la actividad exportadora, por lo que a continuación se  efectúa un análisis de forma detallada a cada concepto observado:

    1. Facturas  Nº  10, 13, 20,  24, 31, 33 (Facturas emitidas por Abelardo Murilllo, cada una por el importe de Bs. 3.000,00 con un crédito fiscal observado de Bs. 390,00, cursantes a fs. 3126, 3140, 3199, 3212, 3232 y 3244 de antecedentes administrativos) y Factura Nº  35 (Emitida por Abelardo Murillo por el importe de Bs. 6.000,00 con crédito fiscal observado de Bs. 780,00 cursante a fs. 3248 de antecedentes administrativos). Estas notas fiscales se encuentran relacionadas con gastos de publicidad, efectuadas en el periódico “La Patria” de Oruro y “El Siglo” de Potosí, por la publicación de suplementos “Perspectiva Minera”, empero revisados los fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquico, se evidencia que la Autoridad demandada procedió a la revisión, evaluación y análisis de la documentación incursa en antecedentes administrativos, estableciendo que la Administración Tributaria mediante “Cedula de Trabajo Facturas Depuradas ASC Bolivia  LDC (fs. 3017 de antecedentes administrativos c. 15)procedió a su depuración por la falta de presentación de comprobantes contables, resultando el importe de Bs. 24.580,00 con un Crédito Fiscal observado de Bs. 3.195,40 concluyendo que estas facturas no  tiene vinculación a la actividad exportadora. Sin embargo previa verificación y análisis, se tiene que las facturas observadas fueron debidamente verificadas por la Administración Tributaria, en razón que una vez evaluada la documentación presentada por el Contribuyente, el ente fiscalizador consignó en la misma el sello de “ verificación con el original “ de 27 de octubre de 2009, aspecto valorado tanto por la autoridad de alzada y jerárquica, por lo que no corresponde la depuración por falta de descargos, toda vez, que estas facturas comerciales fueron debidamente respaldadas con el original.


Además  toda actividad exportadora o comercializadora que tiene de manera directa o indirecta relación con el desarrollo económico del país o de la región, deberá  acudir a una serie de mecanismos que le permitan difundir la actividad que desarrolla en un determinado momento en pro de su interés económico que emerja de su actividad, por lo que estos gastos efectuados por  publicaciones por la Empresa Minera San Cristóbal SA, forman parte de los gastos administrativos que hacen al  buen desempeño o funcionamiento de la empresa, es decir, tienen  relación de manera indirecta con la actividad exportadora.


Con relación a la Factura Nº 284, emitida por Comunicaciones y Publicidad  de Luis Humberto Vacaflor por concepto de suscripción anual al boletín Informativo “Siglo 21” de 21 de junio de 1999 al 21 de junio de 2000, por el importe de Bs. 580,00 con un crédito fiscal de Bs. 75,40 cursante a fs.  3154 de antecedentes administrativos), se tiene que la Autoridad Jerárquica dio la razón a la Administración Tributaria referente a esta  factura que fue depurada por Bs.  580,00.- fundamentando lo siguiente  “se tiene que esta fue emitida por concepto de una suscripción anual al boletín informativo(….)… empero, la descripción contenida en la misma no explica por sí sola, la necesidad de dicha suscripción y su vinculación con la actividad exportadora, por lo que en este punto debe revocarse la Resolución de Alzada, vale decir, confirmar la depuración de crédito fiscal de Bs. 75,40 efectuado por la Administración Tributaria, en consecuencia, se colige  que la parte demandante  formuló su demanda de manera  confusa e incongruente con los antecedentes administrativos, exponiendo argumentos  de manera general sin identificar que facturas comerciales deben ser depuradas, por lo que habiéndose dado la razón por parte de la autoridad demandada, no corresponde su análisis.


Por consiguiente lo obrado por la Autoridad jerárquica es correcto, debiendo mantenerse la depuración de Bs. 75,40 (Factura 284 por suscripción anual al boletín informativo) y dejar sin efecto Bs. 3.120.- (Por las facturas: 10, 13, 20,  24, 31, 33 y 35 por publicación de Suplemento “Perspectiva Minera”).


    1. Respecto a las Facturas emitidas por Boytec Sondajes de Bolivia SRL, se tiene que estas fueron depuradas por  la Administración Tributaria por encontrarse sin detalle y comprobante contable, por lo que  a continuación  se detalla  cada nota fiscal para que posteriormente se proceda a su análisis:






Estas notas fiscales detalladas precedentemente, fueron primeramente  consideradas por la Autoridad de Alzada (observadas por tener vinculación directa con la actividad gravada de MSC) reconociendo el crédito fiscal de Bs. 633.813,36. Sin embargo en fase jerárquica previo análisis de la documentación incursa en antecedentes administrativos, se concluyó que el crédito fiscal correspondiente a las 4 facturas observadas totaliza a Bs. 222.145 y no así a Bs. 633.813,36, por lo que la autoridad demandada procedió al análisis de acuerdo a los datos consignados  en las 4 facturas.

Consecuentemente corresponde hacer el análisis de acuerdo a los datos reales evidenciados por la Autoridad jerárquica, tomando en cuenta que estas facturas fueron depuradas por la Administración Tributaria por el supuesto incumplimiento de aspectos formales previstos en el art. 22 inc d) de la RA 05-0043-99, que señala:” Al extenderlas Notas Fiscales, se registraran imprescindiblemente los siguientes datos:….”. Sin embargo  se deduce que al  momento de la emisión de estas notas fiscales  el emisor de las facturas no detalló los “servicios prestados”, en consecuencia es responsabilidad de este  y no así del receptor que en este caso es la Empresa Minera San Cristóbal S.A., en razón, que quien registra los datos en la nota fiscal es el emisor, por ende cualquier  sanción emergente de esta contravención afectará al emisor (empresa Boytec), por tanto corresponde a la MSC el goce del crédito fiscal a la empresa recurrente.


Consecuentemente, la no consignación detallada de la compra efectuada en la nota fiscal,  no depende generalmente de la voluntad del receptor, razón por el cual, ésta falencia en la descripción del servicio adquirido conlleva al auxilio y al contraste con la demás documentación presentada en fase administrativa relativos a la operación en observancia al principio de verdad material, motivo por el cual la autoridad demandada señalo los siguientes documentos: “los registros contables, contratos u otros documentos”.


Empero la Administración Tributaria al depurar por el hecho de consignar lo siguiente: “Contratistas en sondajes para la minería”, no tomó en cuenta que la empresa Minera San Cristóbal SA presentó como descargo lo siguiente: Acuerdos de Servicios para perforaciones con Sistema Diamantina, suscrito entre ANDEAN SILVER CORPORATION/ASC BOLIVIA LDC y BOYTEC BOLIVIA SRL (de 1 de diciembre de 1998 y 8 de junio de 1999 de fs. 1-11 y 1-12 del anexo 39 y 40), de estos acuerdos se colige que la ASC BOLIVIA requirió los servicios de BOYTEC a efectos de efectuar perforaciones con sistema diamantina y trabajos relacionados en Bolivia,  conforme al acuerdo de la empresa contratada, a efectos de llevar a cabo los trabajos para ASC BOLIVIA.


Ahora bien, en fase jerárquica en observancia de los arts. 81 de la Ley Nº 2492 y 207 de la Ley Nº 3092, se valoró la prueba presentada por BOYTEC a efectos de demostrar los servicios de sondaje a ASC, empresa que posteriormente se fusionó con la MSC, elementos probatorios que llevan a la convicción de que la primera empresa trasfirió su crédito fiscal acumulado a la MSC, documentación presentada ante la solicitud  a través del Requerimiento Nº 00102578 (fs. 7  Anexo 1), extremo  que es comprobado a través  del Acta de recepción/Devolución de documentos (fs. 24 Anexo 1), que demuestra la presentación de comprobantes contables y otros documentos que acreditaron el detalle de las notas fiscales de la ASC Bolivia correspondiente al periodo de enero a diciembre de 1997, como así el listado del Crédito fiscal traspasado a MSC, nueve empastados  de ASC de notas fiscales de respaldo al crédito fiscal correspondiente a la gestión 1997, más los Libros Diarios y Mayores de ASC Bolivia correspondiente a los periodos octubre 1996 a septiembre de 1997 y octubre de 1997 a septiembre de 1998.-


Por consiguiente  la documentación precedentemente descrita, respaldan la prestación del servicio de perforación, efectuado por la empresa BOYTEC, por lo que el actuar de la autoridad demandada fue correcta al confirmar la Resolución de Alzada determinándose la devolución del crédito fiscal  por el importe de Bs. 222.145. 

      

    1. Facturas  Nº  208 de 20 de mayo de 2008 y 212  de 23 de mayo de 2008 (fs. 2531 y 2532 de antecedentes administrativos). De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que éstas notas fiscales se encuentran relacionadas a conceptos de Honorarios profesionales, mismas que fueron emitidas por Elbio Homar Perez Lopez.


Sin embargo se tiene que la Autoridad Administrativa procedió a la depuración de las referidas facturas, con el argumento que los gastos efectuados por honorarios profesionales no fueron detallados ni en la factura ni el comprobante; sin embargo la  autoridad de alzada determinó que dichas facturas si se encuentran vinculados de manera indirecta con la actividad gravada de MSC, reconociendo  el crédito fiscal de Bs. 10.692.


Ahora bién,  conforme se evidenció en fase jerárquica a través de la “Solicitud de Desembolsos de Fondos “que detalla que los servicios prestados fueron por los siguientes conceptos: Consulta sobre tratamiento tributario Contratos Cobertura y Tratamiento de Quiebra Técnica; Estrategias, Políticas y Proyección de Normativa adecuada para el pago de Regalía Minera, temas vinculados indirectamente con la actividad gravada de MSC “. Asimismo conforme se comprobó en fase  recursiva, que mediante notas BRAS/151/2008 y BRAS/160/2008 (fs. 145 y 196 de los archivos de palanca c.27) el proveedor prestó los servicios profesionales relacionados a lo siguiente: “Estudio y análisis conceptual de las consecuencias jurídico societarias y financiero- contables de la figura de la quiebra técnica prevista por el art.  354 del Código de Comercio y tratamiento tributario aplicable a los contratos de cobertura financiera… (…)” y el “Diseño de una estrategia y acciones a seguir para la proposición de una política específica y proyección de normativa adecuada que permita el pago de regalías mineras y realización de despachos aduaneros para la exportación continua de minerales y en días y horas inhábiles administrativas”.


Asimismo conforme se expuso líneas arriba, el contribuyente presentó             las Solicitudes  de Desembolso de Fondos (fs. 144 y 195 Anexo 27) por Bs. 49.214,70 y Bs. 33.030.- en las cuales se precisó  expresamente el motivo de la contratación del señor Elbio Homar Perez Lopez, que señalan:” Concepto: Honorarios profesionales en consulta sobre tratamiento tributario contratos cobertura y tratamiento quiebra técnica”  y “  Concepto: Honorarios por consulta sobre diseño de una estrategia y acciones a seguir para la proposición de una política específica y proyección de normativa adecuada para el pago de Regalía minera” Estos servicios que fueron prestados a la empresa Minera San Cristóbal S.A. se encuentran vinculados con la actividad exportadora de manera indirecta.


Además  se debe tener presente, que en fase jerárquica, se verificó que ante el Requerimiento 91062 y su Anexo (fs. 4-5 del Anexo 1) la Administración Tributaria de forma expresa, solicitó a la MSC la presentación de los siguientes documentos: Comprobantes de ingresos o egresos con respaldo, mismas que fueron presentadas oportunamente por  MSC conforme se colige del  Acta de Recepción de documentos  cursante a fs. 22 del anexo 1 que acredita la presentación de la documentación pertinente  correspondiente al periodo mayo 2008, en previsión de los arts. 81 de la Ley Nº 2492 y 207 de la Ley Nº 3092, habiéndose demostrado el importe pagado por Bs. 82.244,70 (Importe total de las dos facturas observadas).


En consecuencia queda claro conforme se evidencia de la documentación presentada  e incursa en antecedentes administrativos, que el pago de honorarios profesionales son costos o gastos  indirectos necesarios para la realización de las actividades de producción, comercialización y exportación de minerales, por tanto tienen incidencia en la actividad minera exportadora, por lo que fue  correcto lo obrado por  la autoridad demandada que dejo sin efecto la depuración del crédito fiscal de Bs. 10.692.


    1. Factura Nº 14448 de 14 de mayo de 2008 (Emitida por Bs. 149.600,00 con un crédito fiscal de Bs. 19.448,00  por Tres gigantes Ltda- fs. 2487 antecedentes administrativos), Factura Nº   3853 de 22 de mayo de 2008 y  la factura Nº 3874 de 28 de mayo de 2008 (Emitidas por  Bs. 74.400,00 y Bs. 223.200,00 respectivamente  con un crédito fiscal  de Bs. 9.672,00 y  Bs. 29.016,00 por Colquechoquerive Teodoro-fs. 2584 y 2621 de antecedentes administrativos). 


Estas facturas comerciales  fueron emitidas por el concepto de venta de combustible, empero  la administración Tributaria observó por el hecho de no contar con el “certificado de sustancias controladas”; sin embargo debe tenerse en cuenta que la empresa Minera San Cristobal SA consignó en la Cuenta Inventarios los  gastos  por combustible de Bs. 447.200,00 con un crédito fiscal observado de Bs. 58.136,00.- que conllevo que la Administración Tributaria observó que estas facturas fueron emitidas por un monto a mayor a  Bs. 5.000, procediéndose a la verificación de los egresos superiores a 50.000 UFVs.


Empero la empresa minera observó lo establecido en el art. 37 del D.S. Nº 27310, modificado por el D.S. Nº 27874 de 26 de noviembre de 2004, que estipula:“(MEDIOS FEHACIENTE DE PAGO). Cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importes mayores a CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, a través de medios fehacientes de pago para que la administración tributaria reconozca el crédito correspondiente”, en cumplimiento  al art. 76  de la Ley Nº 2492, a fin  de probar  los hechos  constitutivos, toda vez que la prueba presentada se constituyeron en instrumentos o elementos de convicción, que condujeron a la Autoridad demandada a la demostración de los hechos, base del fundamento para la emisión de la resolución jerárquica, máxime si éstos gastos efectuados por la empresa, fueron debidamente demostrados, cumpliendo lo  previsto por los arts. 4 y 8 de la Ley Nº 843; es decir, esta disposición legal no establece requisito adicional a lo estipulado.


Consecuentemente  estos gastos erogados  por la empresa minera, por lógica a la actividad que desempeña el sujeto pasivo, debe ser entendido como gastos de operación en el proceso de producción y minado, para lo cual, se utiliza una serie de mecanismos que incluyen maquinarias y vehículos, cuyo funcionamiento depende directamente del empleo de combustibles, por lo que estos gastos están vinculadas a la actividad gravada, siendo correcta la decisión asumida  por la Autoridad Jerárquica al confirmar la Resolución de Alzada con diferente fundamento, que dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal de Bs. 58.136.


En cuanto a las Facturas Nos. 376, 382, 4372, 803, 821, 961, 694, 472, 2107, la parte actora de manera superficial hace referencia a las mismas, sin fundamentar a qué gastos o conceptos corresponden las mismas, menos  fundamenta en su demanda el por qué no debió dejarse sin efecto la depuración efectuada por la Autoridad de Impugnación Tributaria, máxime si  señala “y otras”, lo que significa que de manera ultra petita pretende que este Tribunal Supremo de Justicia emita un pronunciamiento referente a dichas facturas y otras, sin observar que debió  fundamentar su pretensión de manera precisa  a qué conceptos se refieren las mismas y por qué corresponde su depuración, no es posible emitir criterio al respecto.


    1. Con referencia a las Facturas  Nº  91, 90, 1, 3, 10, 249, 3, 94, 5, 8, 15, 20, 28, 19, 30, 35, 37, 41, 42, 1, 2, 14, 55, 62, 63, 64, 65, 5, 6, 7, 8, 97, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 266, 290, 38 y 45: De la revisión de antecedentes administrativos, se colige que estas  facturas fueron depuradas por la Administración Tributaria por Bs. 1923.105,53 con el argumento de que éstos gastos no pueden asumirse como gastos relacionados a la actividad gravada del sujeto pasivo empresa Minera San Cristóbal S.A. por lo que no podía imputarse para crédito fiscal.  Al respecto es menester referir que las mismas corresponden al “Proyecto Construcción Pueblo Nuevo”, a lo cual la empresa minera presentó documentación de respaldo inclusive desde el proceso de verificación,  proyecto que significó de interés regional y nacional (trabajos de exploración minera relacionada con el desarrollo económico).


Asimismo, la empresa minera ejecutó el referido proyecto, en cumplimiento  de la Ordenanza Municipal Nº 07/98 (fs. 66-68 de antecedentes administrativos Nº 41) que autoriza la construcción del Pueblo de San Cristóbal en el lugar denominado Ventilla, ubicado en el mismo Cantón.


Además debe tenerse presente, que en toda región donde se realiza una exploración o explotación Minera supone la ubicación de yacimientos mineros, por tanto las operaciones, servicios, compras o adquisiciones que emergen de la prospección y exploración se encuentran previstos en los arts. 4 y 8 de la Ley Nº  843, lo que significa que esos costos y gastos  se encuentran relacionados con las actividades posteriores (explotación y comercialización). En consecuencia los gastos efectuados para la ejecución del “Proyecto Construcción Pueblo Nuevo” fueron cubiertos  por la empresa minera  ante la necesidad e interés regional y de salubridad a fin de prevenir y evitar serios problemas en los habitantes de San Cristóbal. Por ende, todo ello tiene correspondencia con planes de seguridad industrial y de conservación del medio ambiente, misma que debe ser cumplida por toda empresa dedicada a la actividad minera en una determinada región o zona.


Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que la Empresa Minera San Cristóbal ejecutó el Proyecto en cumplimiento al “ Convenio para la consolidación de acuerdos y documentos suscritos con referencia al traslado del pueblo” que fue suscrito entre la Comunidad de San Cristóbal y la ASC Bolivia LDC el 10 de octubre de 1998, lo que significa  que la Comunidad de San Cristóbal avaló dicho proyecto, que dio lugar a la construcción de toda una infraestructura, para cuya ejecución  era necesario la aprobación del proceso de “ Diseño, especificaciones, licitación, selección y contratación de la empresa constructora” (fs. 71-87 del Anexo 41).


En mérito a ello, ASC Bolivia  LDC y la Sociedad Accidental TAURO-ALTO TECNOPLAN suscribieron el Contrato de Obra de 13 de noviembre de 1998, como el “Contrato  de Supervisión de Obra de los sistemas de Infraestructura Básica y de edificaciones del Proyecto San Cristóbal” (fs. 22-26 del anexo 35) suscrito entre ASC Bolivia LDC y PCA Ingenieros. En consecuencia el detalle de las transacciones contenidas en las Facturas Nos. 91, 90, 1, 3,10 y 7 ( emitidas por TECNOPLAN Constructora SRL ), facturas Nos. 249, 3, 94, 5, 8,15, y 20 (emitidas por TAURO SRL Empresa Constructora ) y por ultimo las facturas Nos.  28,  30, 35, 37, 41, y 42 (emitidas por la empresa por A. Constructora ALTO-LTDA) se encuentran vinculados con la actividad exportadora. Sin embargo se debe dejar claro que la Factura Nº 19 a la que hace referencia la parte actora, no fue objeto  de observación y análisis en fase administrativa y recursiva, con lo que una vez más se evidencia que la parte  actora fundamentó de manera imprecisa su demanda, no correspondiendo efectuar análisis alguno referente a ésta nota fiscal.


Con relación a las facturas Nos.  1, 2, 14 (emitidas por Jáuregui & Jáuregui Consultores Asociados SRL e Ing. Fernando Patiño respectivamente), 55, 62, 63, 64, 65, 66 (emitidas por Artesanías Bagolino) y Facturas  Nº 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20 y 23 (emitidas  por Carlos Rua Landa), se tiene que habiéndose ejecutado el Proyecto Construcción Pueblo Nuevo, esta automáticamente derivó en la necesidad en la construcción de una nueva iglesia por parte de la empresa Minera San Cristóbal, que de igual forma fue en cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 07/98 de 8 de octubre de 1998,  que autorizó el traslado y  construcción de la nueva iglesia bajo la supervisión de las Autoridades competentes, por lo que los gastos efectuados  emergieron de la necesidad  de esa construcción de infraestructura que comprendió el “estudio, relevamiento y diseño eléctrico de la Iglesia San Cristóbal”, así como la “instalación de cubierta o techo de la iglesia”, debidamente acreditado por el Contrato de Obra de  20 de abril de 2009(fs. 1015-1018 del anexo 33), que  por lógica  era necesario el “requerimiento de ventanas y puertas”. Asimismo como  complemento de esta construcción, tuvo implicancia la preservación del Patrimonio Cultural del Pueblo, todo ello automáticamente conduce a la necesidad de contratar los servicios de Coordinación y Supervisión de Obras de Restauración de la Iglesia San Cristóbal. Además  todo ello, dio lugar a la difusión de la ejecución del “Proyecto Construcción Pueblo Nuevo” a través de la elaboración de videos documentales, con el fin de demostrar los trabajos efectuados por la Empresa Minera, a fin de respaldar dichos gastos erogados  en la misma, los cuales son evidenciados  mediante las Facturas Nº  266, 290, 38  y 45 emitidas por Informe Consultora de Comunicación SRL.


Consecuentemente las facturas observadas por la Administración Tributaria se encuentran vinculadas con la actividad exportadora, toda vez que la empresa minera San Cristóbal SA dió cumplimiento  a lo previsto en la legislación vigente y otros compromisos adquiridos relacionados con la Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad, como así,  de mantener  canales efectivos de comunicación en todos sus niveles de organización, motivo por el cual, la autoridad demandada obró correctamente en confirmar la resolución de alzada

Con referencia a la factura No. 97 a la que hace referencia la Gerencia Distrital Potosí, de igual forma no corresponde esta nota fiscal al caso de autos, lo que significa que no fue objeto de análisis  y discusión, demostrándose que su demanda fué formulada de manera confusa e imprecisa.


  1. Si corresponde o no dejar sin efecto la depuración de facturas Nº 4372, 803, 8721, 694, 691 y 472 que hubiesen sido  observadas por  el incumplimiento de aspectos formales establecidas en la RA Nº 05-0043-99.


De la revisión de antecedentes administrativos, se colige que la Factura Nº 4372 de 22 de mayo de 2008 (fs. 2373 del anexo 12) fue emitida por  Sociedad Industrial Taunus SA  por el monto de Bs. 63.100,54.- por la compra de diferentes medidas de hierro fundido en barra; sin embargo la Administración Tributaria depuró  dicha nota fiscal, por el motivo de que en la misma no se consignó  el “importe literal del importe vendido”.

Si bien el num. 22 de la RA 005-043-99 señala: Al extender las Notas Fiscales, se registraron imprescindiblemente los siguientes datos: …e) El importe total facturado, debe ser expresado obligatoriamente en moneda nacional, en forma numérica y literal “, esta es clara al señalar “al extender las notas fiscales” hecho que implica al emisor, por lo que  bajo el principio de favorabilidad al contribuyente, el cumplimiento de lo previsto en la resolución citada, recae directamente a Sociedad Industrial Taunus SA  que fue el emisor de la factura quien registra los datos consignados en las notas fiscales y no así del receptor (Empresa Minera San Cristóbal), correspondiendo la sanción al primero, en consecuencia este incumplimiento de formalidades en la factura por parte del emisor, no  es causal de que la MSC no pueda gozar del respectivo crédito fiscal, motivo por el cual, en aplicación del principio de verdad material,  la autoridad jerárquica comprobó previa evaluación de la documentación presentada por la empresa minera,  estableciendo que  la sumatoria total de los artículos adquiridos por MSC  coinciden  con el importe numérico como total de Bs. 63.100, 54.


Por consiguiente la transacción comercial fue realizada efectivamente; la cual se encuentra respaldada con documentación, además de la factura original cuestionada, que cursa en antecedentes administrativos, lo cual permite concluir en el caso de autos, que se cumplió los tres presupuestos esenciales y concurrentes que debe efectuar el sujeto pasivo o tercero responsable para ser beneficiario con el crédito fiscal IVA, que corroboran la eficacia de las facturas observadas por la Administración Tributaria, no obstante de tener errores en el momento del llenado( falta de consignación de manera literal del monto total) esta no puede responsabilizarse  a la empresa minera, en razón de que más allá de la formalidad del cumplimiento de una norma, como juzgadores en caso de duda razonable, estamos obligados a recurrir u observar el principio de verdad material, en busca de la verdad histórica de los hechos, por lo que se establece, que es válido el crédito fiscal pretendido.


Con referencia a las Facturas Nº  803, 821, 961(corresponden a la compra de Cartucho HP, Toner Láser, Puntero Láser y Flahs Memory) y 472 (por la compra de un servidor Alpha SYSTEMS), se tiene que
las mismas no fueron observadas por el incumplimiento de aspectos formales conforme denuncia la Gerencia Distrital Potosí del SIN, que textualmente expone:”…mismas que fueron depuradas por la Administración Tributaria porque no cumplen con las formalidades establecidas en norma específica…. (…), toda vez que de la revisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0362/2010 de 3 de septiembre de 2010 (pág. 72-77 vlta), se evidencia que dichas  notas fiscales fueron depuradas por una parte por el no registró en activos fijos, como así por una observación general (fac. Nº  961); en consecuencia no resulta evidente las denuncias formuladas por la parte actora, toda vez que los fundamentos y motivos para dejar sin efecto la depuración efectuada en dicha facturas, son distintas a las  señaladas en la demanda, máxime si en la resolución impugnada, estas tuvieron como base de sustento, que los dichos gastos son administrativos por la adquisición de material de oficina, que por lo tanto no pueden  constituir activos fijos que puedan merecer registro alguno. Consecuentemente de igual forma no resultan ciertas las denuncias formuladas por la parte actora.


Que del análisis precedente, la Sala Plena del Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución impugnada, no ha incurrido en ninguna conculcación de normas legales, al contrario realizó correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda por la entidad demandante no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos expuestos en la resolución administrativa impugnada, máxime si en la misma se observan argumentos ajenos a la fundamentación de la resolución impugnada.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA  la demanda contencioso administrativa de fs.  145 a 150, interpuesta por la gerencia Distrital a.i. Potosí del SIN, declarando firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0362/2010 de 3 de septiembre de 2010, pronunciada por Autoridad General de Impugnación Tributaria.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán por emitir voto disiente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena