SALA PLENA


SENTENCIA:                                    450/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de octubre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        301/2010.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.   

MAGISTRADO RELATOR:                Fidel Marcos Tordoya Rivas.


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fojas 23 a 25, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0124/2010 de 12 de abril (fojas 2 a 20), la contestación de fojas 48 a 50, el memorial de réplica de fojas 55 a 56 y vuelta, la dúplica de fojas 60 a 61, los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que, Franz Pedro Rozich Bravo, se apersonó por memorial de fojas 23 a 25, acreditando su personería a través de la Resolución Administrativa N° 03-0253-10 de 5 de julio (fojas 21), manifestando que la Administración Tributaria fue notificada con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0124/2010 de 12 de abril, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, derivada del recurso de alzada interpuesto a instancia de Tenerías Cardona SRL., contra la Resolución Administrativa N° 050/2009 de 11 de septiembre, en la que según sostiene, la Autoridad demandada, al revocar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0022/2010, dejó sin efecto un importe considerado de manera correcta por la Administración Tributaria, como indebidamente devuelto al contribuyente por concepto de Certificados de Devolución de Impuestos (CEDEIM), que asciende a la suma de Bs. 14.293,- por lo que impugnó la resolución de recurso jerárquico referida, en base a los argumentos que a continuación en síntesis se describen:


Como antecedentes del proceso, señaló que la Administración Tributaria procedió a la verificación de las obligaciones impositivas de los documentos que respaldan los CEDEIM del contribuyente Tenerías Cardona SRL. (TECA), por las Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva a las Exportaciones (DUDIE), Formulario N° 1137, con número de Orden 2029219041, correspondiente al período fiscal septiembre de 2005.


Agregó que habiéndose comprobado que el exportador no dio cumplimiento a normas preestablecidas, obteniendo la devolución indebidamente, se procedió a la emisión de la Resolución Administrativa N° 050/09 de 11 de septiembre, intimando al contribuyente a la devolución de la suma de Bs. 28.567,- por concepto de impuesto omitido, más actualización e intereses.

Que, en virtud de lo anterior, el contribuyente interpuso recurso de alzada, el que fue resuelto mediante la Resolución ARIT-LPZ/RA 002/2010, la que revocó parcialmente la resolución impugnada, dejando sin efecto el importe de Bs. 1.779,- manteniendo firme y subsistente la suma de Bs. 12.720,- por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) indebidamente devuelto más intereses. Sin embargo, afirmó que en recurso jerárquico, con un criterio absolutamente sesgado y utilizando un método de interpretación contra fiscum, la Autoridad Jerárquica revocó en parte la resolución de alzada, dejando sin efecto todos los montos, reconociendo a favor del Estado Boliviano únicamente un valor de Bs. 206,- vulnerando lo dispuesto en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).


Se refirió luego al numeral xxi. del punto IV 4.3. de la resolución impugnada, en relación con la proporcionalidad en la determinación del crédito fiscal de los insumos utilizados, cuando señaló: “…la normativa tributaria no establece que la incorporación física de los bienes y servicios sea una condicionante para la devolución del IVA  a través de CEDEIM…”, pero que a continuación elaboró un cuadro que resulta contradictorio y “…donde aparecen Gastos de Otro Mes, y Proporcionalidad NO Definida por el Contribuyente…”. (Sic).


Luego de transcribir parte del contenido del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, argumentó que la autoridad demandada expresó en la resolución impugnada, que el exportador tiene la facultad de solicitar la devolución del crédito fiscal por las compras efectuadas en el período aun cuando los insumos cuyas compras originaron dicho crédito fiscal no hubieran sido realizadas en el mes correspondiente, o ni siquiera hayan sido definidos y proporcionados por el contribuyente que solicita devolución, lo que condujo a no considerar adecuadamente lo dispuesto por la Ley N° 1963 de 23 de marzo de 1999, modificatoria de la Ley N° 1489 en su artículo 13.


Refirió que el costo de un bien está conformado por todos los insumos que concurren a la obtención de un producto determinado y que cuando la ley dispone que se devolverá a los exportadores un monto igual al IVA pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, primero se refiere a los costos directamente incurridos en la producción del producto exportado y no a costos correspondientes a otros productos que en muchos casos no fueron exportados cuando se realizó la solicitud del CEDEIM; segundo, que esos gastos deben corresponder al mes de solicitud del CEDEIM, citando al respecto el artículo 15 de la Ley N° 1489, en relación con el artículo 80 de la Ley N° 843.


Continuó manifestado que en virtud de lo anterior, la Administración Tributaria debe verificar los costos y gastos que fueron insumidos en la exportación objeto del CEDEIM solicitado, pues lo contrario significaría validar cualquier factura relacionada con exportaciones aunque no tenga vinculación con el CEDEIM solicitado, lo que llevaría a la devolución de costos no incorporados y menos exportados, por lo que debe aplicarse a cabalidad el Decreto Supremo N° 21530 dentro de los límites establecidos por la Ley N° 1963, modificatoria de la del mismo rango N° 1489.

Concluyó el memorial de demanda expresando que en virtud de lo establecido por el artículo 2 de la Ley N° 3092, del artículo 70 de la Ley N° 2341, de los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil y de la Sentencia Constitucional N° 90/2006, se pronuncie sentencia dentro del presente proceso, declarando la revocatoria total de la Resolución AGIT-RJ 0124/2010 de 12 de abril, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y por consiguiente declare válida y subsistente la Resolución Administrativa N° 050/2009 de 11 de septiembre.


CONSIDERANDO II: Que por providencia de fojas 28 se admitió la demanda contencioso administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, hoy Tribunal Departamental de Justicia.


Cumplida la diligencia señalada el 12 de noviembre de 2010 como consta por el formulario de fojas 39, previa representación y decreto de fojas 38 y 38 vuelta, fue devuelta la provisión citatoria según se verifica con la nota de fojas 40 y recibida según cargo de fojas 42, disponiéndose su arrimo al expediente.


Providenciando el memorial de contestación a la demanda de fojas 48 a 50, se tuvo apersonado a Juan Carlos Maita Michel en representación legal de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud de la Resolución Administrativa AGIT/0045/2010 de 15 de septiembre, documento que cursa de fojas 46 a 47; y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado al demandante para la réplica.

En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por el demandante, la autoridad demandada señaló que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, cabe remarcar y precisar lo siguiente:


Expresó que respecto del proceso de verificación, tanto el sujeto pasivo como la Administración Tributaria proporcionaron elementos suficientes para establecer la vinculación de los gastos con la actividad exportadora, lo que debió ser analizado en alzada, sin limitarse a observar que el sujeto pasivo no proporcionó prueba en esa instancia, que acredite que los químicos son utilizados en los productos que exporta, correspondiendo en este punto revocar la resolución de alzada y analizar la documentación cursante en antecedentes, así como evaluar la prueba de reciente obtención, dado que las mismas no fueron requeridas por la Administración Tributaria ni por la instancia de alzada y cumplen con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 3092.


En relación con lo anterior, añadió que únicamente la compra de thiner, respaldada con la factura N° 329, por Bs. 1.581,79 cuyo crédito fiscal alcanza a Bs. 206,- no cuenta con documentación de respaldo que acredite su vinculación con la actividad exportadora.


Sobre la proporcionalidad alegada por la Administración Tributaria de acuerdo con el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, manifestó que es aplicable en aquellos casos que den lugar al crédito fiscal, destinadas indistintamente tanto a operaciones gravadas por el IVA y operaciones no comprendidas en el objeto de dicho impuesto lo que no ocurre en el caso de autos, pues de acuerdo con lo que dispone el artículo 11 de la Ley N° 843, las exportaciones, sólo para el cómputo del crédito fiscal, se encuentran gravadas por el IVA.


Indicó por otra parte que la normativa tributaria no establece que la incorporación física de los bienes y servicios sea una condicionante para la devolución del IVA a través del CEDEIM, pero que además en el presente caso se verificó la vinculación de los insumos (productos químicos) y servicios (transporte internacional) con la actividad exportadora, por lo que corresponde modificar el importe como indebidamente devuelto, dejándose sin efecto la suma de Bs. 12.517,- asimismo, mantener la decisión de alzada que dejó sin efecto el importe de Bs. 1.776,- como indebidamente devuelto y finalmente mantener firme y subsistente  la depuración de crédito fiscal IVA por Bs. 206,- más intereses, establecida en la Resolución Administrativa N° 050/2009.


Expresó posteriormente, que en virtud de los fundamentos señalados, la demanda interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) carece de sustento jurídico-tributario, sin que exista agravio ni lesión de derechos que se hubieren causado con la resolución de recurso jerárquico que erróneamente impugnó.


Concluyó el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, este Supremo Tribunal de Justicia emita sentencia declarando improbada la demanda, manteniendo en consecuencia firme y subsistente  la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0124/2010 de 12 de abril, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Continuando el trámite del proceso, mediante memorial de fojas 55 a 56 y vuelta, se apersonó Rita Maldonado Hinojosa en representación de la demandante, acreditando su personería a través de la Resolución Administrativa N° 03-0326-10 de 6 de octubre de 2010 (fojas 54), presentando réplica, memorial en el que reiteró el contenido de los términos expresados en la demanda; providenciado el mismo a fojas 58, se dispuso su traslado para la dúplica, que fue presentada por Juan Carlos Maita Michel en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), mediante memorial de fojas 60 a 61; a través de dicho memorial, reiteró lo expresado en el memorial de contestación a la demanda y fue providenciado a fojas 63, por lo que teniéndose por presentada la dúplica y tomando en cuenta el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, se decretó “autos para sentencia”.


CONSIDERANDO III: Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 31 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad, se establece:


Que el motivo de la litis dentro del presente proceso, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido al pronunciar la Resolución Jerárquica hoy impugnada, de acuerdo con lo siguiente: Determinar si la revocatoria parcial de la Resolución de Alzada, ARIT-LPZ/RA 0022/2010 de 1 de febrero se enmarca en el ordenamiento jurídico y en consecuencia, si la Autoridad Jerárquica, al emitir la Resolución AGIT-RJ-124/2010 de 12 de abril, produjo o no agravio o lesión a los derechos e intereses de la Administración Tributaria.


Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se verifica que la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación Externa N° 0007OVE0083 de 20 de junio de 2007 (fojas 4, anexo 1), notificada al sujeto pasivo el 3 de julio de 2007, como consta por el Form. 7533 de fojas 7 del anexo 1.


En virtud del proceso de verificación señalado, se emitió posteriormente el Informe SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF-1507/2009 de 18 de agosto (fojas 593 a 602, anexos 3 y 4), y a continuación se pronunció la Resolución Administrativa N° 0050/2009 de 11 de septiembre (fojas 8 a 14, anexo 5), notificada al contribuyente el 21 de octubre de 2009 como consta a continuación (fojas 15, anexo 5), a través de la cual se determinó, de oficio, por conocimiento cierto la obligación tributaria del sujeto pasivo, por un total de UFV 18.628,- equivalentes a Bs. 28.567,- por concepto de impuestos indebidamente devueltos a través de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), correspondiente al período fiscal septiembre de 2005, devolución efectuada según consta por el Form. 1137, N° de Orden 2029219041, cursante a fojas 204, anexo 2.


Recurrida en alzada la Resolución Administrativa N° 0050/2009 de 11 de septiembre por el contribuyente, se emitió la Resolución ARIT-LPZ/RA 0022/2010 de 1 de febrero (fojas 122 a 128 y vuelta, anexo 5), por la que se revocó parcialmente la resolución impugnada, dejando sin efecto el importe de Bs. 1.779,- más intereses, manteniendo firme y subsistente el importe de Bs. 12.720,- más intereses, por el período fiscal correspondiente a septiembre 2005.


Deducidos los recursos jerárquicos por ambas partes, impugnando la resolución de alzada, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución AGIT-RJ 0124/2010 de 12 de abril, que determinó revocar parcialmente la de alzada, dejando sin efecto el importe de Bs. 12.517,- considerado como importe indebidamente devuelto, manteniendo por otra parte la decisión de alzada de dejar sin efecto el importe de Bs. 1.776,- como indebidamente devuelto, y finalmente, mantener firme y subsistente la depuración de crédito fiscal correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la suma de Bs. 206,- más intereses.


Continuando con lo precedentemente relacionado y respecto de lo expresado por el demandante en sentido que con un criterio absolutamente sesgado y utilizando un método de interpretación contra fiscum, la Autoridad Jerárquica revocó en parte la resolución de alzada, dejando sin efecto todos los montos determinados, reconociendo a favor del Estado Boliviano únicamente un valor de Bs. 206,- vulnerando lo dispuesto en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cabe desarrollar el siguiente análisis:


De las disposiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley N° 843 y en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 21530, se establece que la técnica de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que adopta la legislación boliviana, es la de la integración financiera, pues ambas disposiciones hacen referencia a la actividad exportadora y a la devolución del impuesto, en aplicación del principio de neutralidad impositiva, sin que ninguna de ellas haga mención a la necesidad de identificación y precisión de la materia prima que se adquirió, cómo se utilizó, en qué proporción y para la fabricación de qué bien, que se constituyen en elementos que conducirían a la aplicación de la técnica de integración física.


En consecuencia, queda aclarado el hecho que en Bolivia, respecto del IVA en relación con la actividad exportadora es de aplicación la técnica de integración financiera, tomando en cuenta además de lo señalado en el párrafo precedente, lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley N° 843, que dispone que el crédito fiscal estará compuesto por las adquisiciones, importaciones, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o servicio de cualquier naturaleza, en la medida que se vincule con las operaciones gravadas.

Del mismo modo, se debe considerar lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, que fueron modificados por los artículos 1 y 2 de la Ley N° 1963 de 23 de marzo de 1999, es decir que los exportadores de bienes y servicios, recibirán la devolución de impuestos internos al consumo y aranceles incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora; ello, con el fin de evitar la exportación de impuestos, en aplicación del principio de neutralidad impositiva, de manera tal que no se afecte la competitividad de los productos nacionales en el mercado internacional, correspondiendo en consecuencia la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como impuesto al consumo, de acuerdo con lo que establece el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 843, que señala: “En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de notas de crédito negociables…”


Por otra parte, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 de 23 de julio de 1999, dispone: “El crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de servicios, vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme a las normas del artículo 11 de la ley 843 (…) La determinación del crédito fiscal para las exportaciones, se realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 843. Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare, en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación.”


En la especie, el demandante pretende una interpretación restrictiva de las disposiciones glosadas, pretendiendo la comprensión que el costo de un producto, está conformado por todos los insumos en que se incurren en la obtención de un determinado producto, de donde resultaría que la devolución debe producirse únicamente en un monto igual al pagado por el IVA en relación con lo que fue incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora; no obstante, como acertadamente manifestó la autoridad jerárquica al responder a la demanda, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 es aplicable tanto a operaciones gravadas como a operaciones no gravadas por el IVA, lo que en el caso de autos no sucede, pues de acuerdo con lo que señala el artículo 11 de la Ley N° 843, el crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de exportación, se considerarán como sujetas al gravamen.


Lo anterior encuentra lógica en el hecho que una empresa, cualquiera que fuera el rubro de su actividad, se entiende que adquiere insumos, materiales y materia prima en general, en una cantidad no necesariamente suficiente para cubrir las necesidades de la obtención de un producto o una cantidad determinada de un producto, aun por razones de costo y de comercialización, ya que en muchos casos, se ofertan insumos en cantidades que no pueden ser vendidas al raleo, en envases sellados, más aun como en el caso presente que se trata de químicos en general para el curtido de cueros, por lo que naturalmente parte de ellos quedará en stock para la obtención de un nuevo producto o una cantidad de él, sin que sea necesario que el productor vuelva a adquirir el insumo hasta que éste haya sido consumido por completo. La normativa tributaria establece que las compras y la solicitud de devolución del impuesto en este caso, deben vincularse con la actividad gravada, pero en ningún caso condicionan a que se produzca la identificación física del producto con el bien exportado como pretende la Administración Tributaria en su forzado intento por aplicar la técnica de la integración física, cuando las normas tributarias no lo autorizan.


Sobre lo expresado por la Autoridad Jerárquica en el numeral xxi. del punto IV 4.3. de la resolución impugnada, en relación con la proporcionalidad en la determinación del crédito fiscal de los insumos utilizados al señalar que la normativa tributaria no establece que la incorporación física de los bienes y servicios sea una condicionante para la devolución del IVA  a través de Certificados de Devolución de Impuestos, pero que a continuación elaboró un cuadro que resulta contradictorio, en el que aparecen gastos de otro mes y proporcionalidad no definida por el contribuyente, tal afirmación no es evidente, pues en la fundamentación de la resolución impugnada, numeral xix. del punto IV 4.3. se encuentra la motivación que dio lugar a la interpretación y aplicación de la proporcionalidad reclamada, en aplicación del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530.


En cuanto a los gastos de otro mes, igualmente observados por el demandante, la Autoridad Jerárquica expresó al respecto en el numeral xx. del punto IV 4.3. de la resolución impugnada, que la Administración Tributaria no expresó agravio al respecto al interponer el recurso jerárquico tal como establece el inciso e) del artículo 198 de la Ley N° 3092, sin que hubiera ingresado a su análisis por la razón descrita, no correspondiendo en consecuencia a este Supremo Tribunal de Justicia, pronunciarse sobre tal extremo.


En referencia a lo argumentado por el demandante, en relación con la aplicación del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 por la autoridad jerárquica, lo que condujo a no considerar a cabalidad lo dispuesto por la Ley N° 1963 de 23 de marzo de 1999, modificatoria de la Ley N° 1489 en su artículo 13, el mismo expresa: “Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora…”


La interpretación de la norma citada, en relación con lo que ya fuera fundamentado respecto de ella líneas arriba, encuentra sentido en el entendido que se devolverá a los exportadores, un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, es decir, aquellos costos y gastos en que incurre el exportador en su actividad habitual, sin que ello signifique la aplicación proporcional del impuesto a la cantidad de producto exportado, pues como ya se expresó ut supra, el criterio de proporcionalidad descrito por el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 no es aplicable al caso, en virtud a lo que establece el artículo 11 de la Ley N° 843 en sentido que las exportaciones, sólo para el cómputo del crédito fiscal, se consideran sujetas al gravamen.


En cuanto a que el costo de un bien está conformado por todos los insumos que concurren a la obtención de un producto determinado y que cuando la ley dispone que se devolverá a los exportadores un monto igual al IVA pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, primero se refiere a los costos directamente incurridos en la producción del producto exportado y no a costos correspondientes a otros productos que en muchos casos no fueron exportados cuando se realizó la solicitud del CEDEIM; y segundo, que esos gastos deben corresponder al mes de solicitud del CEDEIM, citando al respecto el artículo 15 de la Ley N° 1489, que incorporó dos párrafos al artículo 80 de la Ley N° 843, los que disponen: “…no se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto, los bienes detallados en el anexo al artículo 79 de esta Ley destinados a la exportación, para lo cual su salida de fábrica o depósito fiscal no será considerada como venta. Los exportadores que paguen este impuesto al momento de adquirir bienes detallados en el anexo al artículo 79 actualizado de esta Ley, con el objeto de exportarlos, recibirán una devolución del monto pagado por este concepto, en la forma y bajo las condiciones a ser definidas mediante reglamentación expresa, cuando la exportación haya sido efectivamente realizada.”


No obstante, debe tomarse en cuenta que el artículo 79 y siguientes de la Ley N° 843, se refieren al Impuesto al Consumo Específico, lo que no encuentra relación alguna con el objeto del proceso en el caso en estudio, tratándose en consecuencia de alegaciones impertinentes e inconducentes.

Debe quedar claro que en el presente caso, todas las facturas, con excepción de la que correspondió  la compra de thiner por la suma de Bs. 1.581,79 y que generó un crédito fiscal de Bs. 206,- de acuerdo con el cuadro que insertó la Autoridad Jerárquica en la resolución impugnada (fojas 35 de 37), luego de efectuar todas las verificaciones y contrastaciones, demuestran que los insumos utilizados por Tenerías Cardona SRL., tienen vinculación con el desarrollo de productos relacionados con el curtido de cueros destinados a la exportación, por lo que se trata de costos incorporados de acuerdo con la técnica de integración financiera, habiéndose aplicado correctamente la normativa sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como aquella que guarda relación con los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), contenida en el Decreto Supremo N° 21530, dentro de los límites establecidos por la Ley N° 1963, modificatoria de la del mismo rango N° 1489, en concordancia con los fundamentos ampliamente expuestos en la presente resolución.


Que, del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), al pronunciarse a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0124/2010 de 12 de abril de 2010, no ha incurrido en ninguna conculcación de normas legales, al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 31 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 23 a 25, interpuesta por Franz Pedro Rozich Bravo, en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ/0124/2010 de 12 de abril de 2010, pronunciada en recurso jerárquico por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena