SALA PLENA


SENTENCIA:                            429/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de octubre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        354/2010.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por la Gerencia Distrital a.i. Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda Contencioso Administrativa de fojas 121 a 125, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0161/2010  de 12 de mayo de 2010, la contestación de fojas 162 a 176 vta., los memoriales de réplica y dúplica, antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I.- Que, la Gerencia Distrital a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales Potosí, representada legalmente por su titular Zenobio Vilamani Atanacio, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa, fundamentando su acción en los siguientes aspectos de orden legal:


I.1. Relación de antecedentes.


Manifiesta que el contribuyente Minera San Cristóbal S.A. solicitó la devolución impositiva de octubre de 2007, dentro del plazo establecido en el art 14 del Decreto Supremo Nº 25465, aprobándose la solicitud por el IVA mediante form. 1137 con número de orden 5032142271, por el monto de Bs. 10.502.220,00 y Bs. 4.039.315,00 por el Gravamen Arancelario.


Que, procedieron a la verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente Minera San Cristóbal S.A., con la finalidad de revisar la documentación presentada por el contribuyente y como producto del trabajo de fiscalización se establecieron observaciones relativas a la documentación, mismas que fueron plasmadas en el respectivo informe de actuación de 30 de abril de 2009, estableciéndose un monto no sujeto a devolución  de Bs. 988.325,00 por el IVA y la suma de Bs. 2.243.920,00 por el Gravamen Arancelario; montos que deben disminuirse del monto inicialmente solicitado por el contribuyente, correspondiendo emitirse CEDEIM´S por el monto de Bs. 9.513.895,00 por el IVA y Bs. 1.795.395,00 por el Gravamen Arancelario, lo cual fue inicialmente aceptado por el apoderado del contribuyente, emitiéndose la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-000432-2009 de 19 de agosto de 2009, que estableció los montos a ser devueltos.


Señala que se resolvió determinar cómo montos no sujetos a devolución, las sumas de Bs. 988.325,00 por el IVA y de Bs. 2.243.920,00 por el Gravamen Arancelario.


I.2. Que una vez interpuesto el recurso de alzada por el apoderado de la Empresa  Minera San Cristóbal S.A. ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, se imprimió el trámite correspondiente hasta la emisión de la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0001/2010 de 08 de enero de 2010, que revoca parcialmente la Resolución Administrativa CEDEIM Previa y con relación al IVA determina que de las ciento un facturas depuradas por no tener vinculación a la actividad gravada de MSC, como por deficiencias en su emisión, reconoce a diecinueve facturas con derecho al crédito fiscal del IVA, cuyo importe asciende a Bs. 118.961,00, manteniendo incólume la decisión de la Administración Tributaria de depurar la restantes ochenta y tres facturas por no tener vinculación con la actividad gravada de MSC o por no haber probado con medios fehacientes dicha vinculación, cuyo importe total asciende a la suma de Bs 309.892,00, bajo el argumento de que las diecinueve facturas corresponden a gastos realizados por el sujeto pasivo en relación a su actividad principal y las notas fiscales se encuentran emitidas conforme dispone la norma tributaria y criterios vertidos por la Superintendencia Tributaria y la Corte Suprema de Justicia, por lo que a decir de la parte actora, deben ser tomadas en cuenta para el crédito fiscal de la Empresa Minera San Cristóbal S.A.


Que de las doce pólizas de importación observadas por corresponder a otro periodo fiscal y adolecer de formalidades, se reconoce el derecho a crédito fiscal respecto del IVA, de cuatro de ellas, ascendiendo a un total de Bs. 32.934,00, con el argumento de que la falta de sello de la Aduana Nacional en las pólizas observadas, no constituye un justificativo legal que permita depurar las mismas y que la Administración Tributaria no cita en sus observaciones, la normativa en que sustenta su proceder y alcance de la depuración, por lo que se mantuvo incólume la depuración de las ocho pólizas de importación, que realizó por la Administración Tributaria, respecto del crédito fiscal IVA que asciende a Bs. 343.680,00; de igual manera, dispone mantener incólume la depuración de la factura Nº 23799 emitida por la Empresa Hergo Ltda. a MSC con un importe de Bs. 8.344,65 que corresponde al 13 % del valor total de la factura respectiva, por no contar con el respaldo de la transacción efectivamente realizada y mantener también incólume la depuración de la factura Nº 43 emitida por la Empresa AEROLIPEZ S.R.L. a MSC con un importe de Bs. 20,985,81 que corresponde al 13 % del valor total de la factura respectiva, por no existir otro medio de pago.


Manifiesta que se mantienen también incólumes las depuraciones de cinco  Declaraciones Únicas de Importación (DUI´s), por el importe total de Bs. 153.527,00, con relación al IVA, al no contar con la debida documentación de respaldo, referido a los medios fehacientes de pago y menciona que con relación al GA, se mantiene firme la depuración de las ocho pólizas de importación que asciende a un total de Bs. 171.092,00, en función a lo dispuesto por el art. 43-I de la RND Nº 10-0016-07 y se reconoce el derecho al crédito fiscal respecto del GA de cuatro pólizas de importación, por un total de Bs. 10.682,00 bajo el criterio de que no se puede exigir la falta de sello fichador en un periodo en que no se utilizaba el mismo.

Refiere que una vez interpuesto el recurso jerárquico, emitió la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0161/2010 de 12 de mayo de 2010 que revoca parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0001/2010 de 8 de enero de 2010, en la parte referida a los puntos 4.2, 4.3 y 4.4 de la fundamentación, por facturas que no tienen vinculación con la actividad gravada y deficiencias en su emisión; manteniendo la depuración del crédito fiscal IVA y GA en los puntos 4.5, 4.6 y 4.7, por Bs. 2.993.746, dejando sin efecto la depuración del crédito fiscal IVA y GA por Bs. 238.499, por lo que corresponde disminuir  de la solicitud de CEDEIM de octubre 2007, Bs. 10.502.220 por IVA y Bs. 4.039,315 por GA, siendo el importe a devolver a la Minera San Cristóbal S.A., por IVA y GA, de Bs. 11.547,789.


Con ese antecedente fundamentó la demanda señalando que la Administración Tributaria depuró notas fiscales  no relacionadas con la actividad exportadora, por ser gastos financieros por transferencia de fondos  y comisiones bancarias, gastos por consultoría y demás, que no se encuentran sustentados por comprobantes que demuestren su vinculación a la actividad de la empresa, además de que los comprobantes contables de la mayoría de las notas fiscales observadas no describen el motivo de la transacción sino que detallan solamente el proveedor, incumpliendo lo dispuesto por el art. 20 del Decreto Supremo Nº 25465; añade que fue considerado el hecho de que la Empresa Minera San Cristóbal S.A. no logró demostrar que las notas fiscales se encuentran dentro de su estructura de costos contraviniendo lo dispuesto por el art. 12 de la Ley Nº 1489 modificado por el art. 1 de la Ley Nº 1963.


Indicó también que la Administración Tributaria observó doce pólizas de importación de otro periodo fiscal, cuya Declaración Única de Importación no se encuentra emitida con las formalidades que señala la norma aduanera, puesto que no tiene el sello de la Aduana Nacional que precise la fecha de despacho; en aplicación del inc. d) de los arts. 4 y 8 de la Ley Nº 843, art. 3 del Decreto Supremo Nº 25465, art. 77 de la Ley Nº 1990 y arts. 121, 123 y siguientes del Decreto Supremo Nº 25870.


Que, se observaron cinco pólizas de importación haciendo notar que el importe corresponde al Gravamen Arancelario pagado y a la prorrata respectiva, además de que la Solicitud de Devolución Impositiva debe estar debidamente respaldada y acompañada de la documental correspondiente, lo cual en el presente caso no se dio, por lo que considera que la Administración Tributaria realizó un trabajo adecuado al verificar la documental presentada por la Minera San Cristóbal S.A., lo cual respalda la determinación adoptada con relación a los montos que corresponden  y no corresponden ser devueltos a la empresa antes mencionada, en base al hecho de que la misma no cumplió con la obligación de presentar la documentación que respalde su crédito fiscal.


En función  a lo expuesto precedentemente, interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0161/2010 de 12 de mayo de 2010 emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria solo en la parte que resuelve dejar sin efecto la depuración del Crédito Fiscal por IVA y GA, por Bs. 238.499,00 que implica la devolución a la Minera San Cristóbal del monto de Bs. 11.547.789, pidiendo se declare probada la demanda y deliberando en el fondo se confirme en su totalidad la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-000432-09 de 19 de agosto de 2009 emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales. 

CONSIDERANDO II.- Que una vez admitida la demanda mediante proveído que cursa a fs. 128 de obrados, fue corrida en traslado a la parte demandada, y de fs. 162 a 176 vta. cursa memorial de contestación a la demanda mediante el cual se apersonó el representante de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, argumentando los siguientes aspectos de orden legal:


Con relación a las facturas observadas por falta de vinculación y errores en su emisión, en función al principio de neutralidad impositiva, los exportadores recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, por lo que con la finalidad de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado devuelve al exportador un monto igual al IVA pagado e incorporado en los costos y gastos vinculados con la actividad exportadora y el art. 3 del Decreto Supremo 25465 dispone que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones se efectuará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno de conformidad al art. 8 de la Ley Nº 843, además que el inc. a) del mencionado artículo, dispone que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota correspondiente a todo consumo, prestación o insumo alcanzado por el gravamen facturado o cargado mediante documentación equivalente, en el periodo fiscal que se liquida y solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, las que están destinadas a la actividad  por la que el sujeto es responsable del gravamen.


Señala que el art. 8 del D.S. Nº 21530 prevé que el crédito fiscal computable al que hace referencia el art. 8 inc. a) de la Ley Nº 843, es que el que se origina en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta a tributo; asimismo enumera tres aspectos que el contribuyente debe cumplir para beneficiarse con el computo del crédito fiscal resultante de las transacciones que declara, los cuales son: 1) Estar respaldado con la factura original, 2) Que se encuentre vinculado con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente, y enfatiza que el segundo caso corresponde al tema en análisis, ya que las compras deben estar vinculadas con la actividad exportadora, como establece el art. 12 de la Ley Nº 1489, modificado por el art. 12 de la Ley Nº 1963.


Manifiesta que en la instancia jerárquica, la Empresa MSC presentó pruebas de reciente obtención, valoradas de conformidad al art. 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) para derivar en el análisis de los conceptos impugnados.


Que de conformidad al Reglamento para la Aplicación de IVA la RA 05-0039-99 de 13 de agosto de 1999 la Empresa MSC computó correctamente el crédito fiscal de Bs. 59.605, tomando en cuenta que permite la utilización del crédito fiscal de las facturas por servicios en la fecha de emisión o en el periodo de pago  de dichos servicios, en diez facturas emitidas por ENTEL S.A. en el periodo octubre 2007, lo cual derivó en la revocatoria de la resolución de alzada en este punto, dejando sin efecto la depuración del crédito correspondiente a las diez facturas observadas, 27245170, 27247106, 27247107, 27247108, 27247109, 27247111, 27247112, 2785057, 27872260 y 27288260.


Que, en lo que respecta al pago de consultorías, se tiene que la Administración Tributaria depuró la factura Nº 155 emitida por Pricewaterhouse  Coopers por Bs. 61.042.96, debido a que los honorarios profesionales por asesoramiento, no se encontrarían vinculados con la actividad exportadora; sin embargo, en la etapa probatoria la Empresa MSC mediante el memorial correspondiente, presentó y aclaró que  la actividad de exportación requiere de la orientación de expertos en materia tributaria, presentando como prueba de reciente obtención, la nota de 10 de marzo de 2010 emitida por Pricewaterhouse  Coopers, en la que señala que según lo consignado en la factura Nº 155 de 5 de octubre de 2007, ésta corresponde a honorarios profesionales relacionados a diversos aspectos impositivos vinculados con la puesta en marcha del Proyecto MSC, prueba que al no haber sido solicitada por la Administración Tributaria, fue valorada en la instancia jerárquica, por lo que se dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal de la mencionada factura, al igual que el Certificado por Prestación de Servicios de 3 de marzo de 2010 que fue presentado en la misma calidad y valorado en la instancia jerárquica, por tratarse de apoyo especializado requerido por la Empresa, razón por la cual se dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal de la factura Nº 9.


Que con relación a la depuración de la factura Nº 4, MSC presentó nota aclaratoria emitida por Durán Sapiencia Ronald Abel explicando la vinculación de la mencionada persona con la Empresa, y en Recurso de Alzada presentó el Contrato de Consultoría MSC 679 y la adenda del mismo, documentos que no fueron solicitados por la Administración Tributaria y al cumplir con lo dispuesto por el art. 81 de la Ley Nº 2492 fueron valorados en la instancia jerárquica; continúa señalando que la Administración Tributaria depuró la factura Nº 1 emitida por José Caballero Lizarazu debido a la falta de vinculación de los servicios de consultoría prestados por el mencionado consultor, pero la Empresa MSC presentó el Contrato de Consultoría  MSC 733 explicando la vinculación de los servicios prestados, con la actividad exportadora, documento que tampoco fue solicitado por la Administración Tributaria.


Continua señalando que similar situación se dio en lo que respecta a la factura Nº 213 que corresponde a una suscripción anual al SILEG, necesaria para que los usuarios tengan una forma de consulta para el desarrollo de sus operaciones; y que procedieron a revocar parcialmente la resolución de alzada con relación a diecisiete facturas cuyo crédito fiscal corresponde al monto de Bs. 79.641 y  también se dejó sin efecto la depuración de la factura Nº 39 de Manufactura Boliviana S.A., por la compra de overoles para los trabajadores de MSC, lo cual responde a lo establecido en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, (DL 16998), además que de conformidad al Requerimiento Nª 91223 y su Anexo, esta prueba fue considerada como de reciente obtención al no haber sido específicamente solicitada por la Administración Tributaria.


Que respecto a las facturas Nos. 99, 92433, 943, 331608, 41741, 368 y 374, se estableció que fueron depuradas por no consignar precio unitario y con relación a las dos últimas se observó que no tienen una actividad declarada, por lo que observadas las causas de la depuración se evidenció que deviene de aspectos formales que debió observar el emisor de la factura, como ser, la no consignación del precio unitario, por lo que la sanción le corresponde al emisor y, para el caso de las dos últimas facturas, el hecho de que el emisor no declarase su actividad, no es sancionable al receptor.


Que respecto a las facturas Nos. 891, 897 y 27 que contienen deficiencias en su emisión, de la revisión efectuada se estableció que la primera fue depurada por ser incorrecto el precio unitario, lo cual resulta ser responsabilidad del emisor; la segunda de las facturas depuradas fue observada por contener corrección en el importe que deriva también en una falta del emisor y la tercera de las facturas, fue sometida a una verificación de la sumatoria obteniendo una diferencia de Bs. 0.54 que no tiene efectos fiscales. Que para el caso de la factura Nº 59 depurada por no haberse cumplido con el débito fiscal, la parte demandada señala que la Administración Tributaria no consignó ningún resultado como efecto de la verificación por lo que se desconoce en qué se basó la Administración Tributaria para efectuar dicha observación.


Manifiesta que con relación a las facturas que corresponden a prestación de servicios y consultoría, se depuraron las facturas 75, 703, 489, 128, 514, 67, 16, 202 y 799 teniendo como resultado su vinculación con las actividades de exportación de MSC, a excepción de  las facturas Nos. 378 y 903 por las cuales se reconoció el crédito fiscal y con referencia a la observación de doce pólizas de importación que corresponden a otro periodo fiscal y DUI que no se encuentra emitida con las formalidades que establece la Aduana Nacional, señala que cinco pólizas fueron observadas por no contar con medios fehacientes de pago, haciendo notar que el importe corresponde al Gravamen Arancelario efectivamente pagado y a prorrata respectiva en el caso de medios de pago parciales del valor FOB exportado; por su parte, en lo que respecta a ocho pólizas de importación (DUI) observadas por corresponder a otro periodo fiscal, se verificó la asignación de la numeración de registro en la documental presentada por la Empresa MSC en originales, que consignan como fechas efectivas, el 13, 14, 25, 28 y 29 de septiembre de 2007, por tanto correspondía la imputación del crédito fiscal, así como del gravamen arancelario en la fecha de emisión del documento, es decir, que el Crédito Fiscal contenido en las Pólizas de Importación correspondía a la liquidación del IVA y GA del periodo fiscal septiembre 2007 y resalta que la Aduana Nacional deja expresa constancia de la notificación oficial al declarante, del inicio del control aduanero durante el despacho, mediante la determinación de canal a la DUI consignada en la casilla Nº 50.

Que la Administración Tributaria depuró cuatro Pólizas de Importación (DUI) observadas, por no contar con el sello de la aduana y del funcionario aduanero, sin embargo la Resolución de Alzada reconoce el crédito fiscal respecto del IVA, en sentido de que la falta de sello no justifica su depuración, siendo que el año 2007 no se utilizaba el mismo, según certifica la Administración de Aduana del Aeropuerto El Alto, Gerencia regional la Paz; sin embargo, los sellos del funcionario aduanero y de la oficina de la Aduana Nacional, no determinan la fecha de imputación del crédito fiscal, por lo que las DUI deben ser imputadas en el periodo fiscal al que corresponda la fecha de emisión de las mismas, consiguientemente, las DUI Nos. C-40193, C-40180, C-42303 y C-42207 consignan como fecha de emisión el 01, 13 y 12 de octubre de 2007, por lo que correspondió imputar el crédito fiscal, al periodo octubre 2007, por lo que en este punto se confirmó la Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0001/2010.   


Indica que las cinco Pólizas de Importación que no contaban con medios fehacientes de pago, fueron observadas por la Administración Tributaria por las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) Nos. 40720, 41077, 41414, 42086 y 4220  y la Empresa MSC presentó pruebas en la instancia jerárquica que no fueron suficientes para que la parte demandada pudiese comprobar el pago al haber presentado fotocopias simples cuyo texto estaba escrito en otro idioma, lo cual significó que se tenga que confirmar la decisión de alzada por las cinco DUI`s.


En virtud a lo expuesto precedentemente, solicita se declare improbada la demanda interpuesta de contrario, manteniendo firme y subsistente  la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0161/2010 de 12 de mayo de 2010.


Que, de la revisión de antecedentes, se evidencia que fueron ejercidos por su turno, la réplica y duplica correspondientes y de fs. 231 a 250 se apersonó la Empresa Minera San Cristóbal por medio de su representante legal, en calidad de tercero interesado, a quien ser tuvo por legalmente apersonado mediante providencia cursante a fs. 251 de obrados.


CONSIDERANDO III.- Que de conformidad a la normativa legal en actual vigencia, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, la tramitación y resolución de la presente controversia, al tratarse de un proceso contencioso administrativo de puro derecho en que no se discuten los hechos, sino más bien la correcta aplicación del derecho a los hechos expuestos, correspondiendo en consecuencia, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En éste contexto, corresponde ingresar al análisis de lo referido por la parte actora, en base a la controversia que radica en establecer si acaso corresponde dejar sin efecto la depuración del crédito fiscal correspondiente al IVA y GA por un monto de Bs. 238.499, lo cual significaría devolver a la Empresa Minera San Cristóbal el monto de Bs. 11.547.789 que estableció la Autoridad General de Impugnación Tributaria y no el monto de Bs. 11.309.290,00 que estableció la Administración Tributaria; por lo que de la compulsa de antecedentes, análisis de los términos de la demanda, contestación, documentación adjunta y normas legales cuya vulneración se acusa, se estableció lo siguiente:


III.1.- De la revisión de antecedentes remitidos a esta instancia judicial, se tiene que de fs. 45 a 50 de la carpeta de antecedentes cursa la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-000432-2009 de 19 de agosto de 2009 que resolvió establecer como importes sujetos a devolución los montos de Bs. 9.513.895,00 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y Bs. 1.795.395,00 por el Gravamen Arancelario, por el periodo fiscal octubre de la gestión 2007 y como monto no sujeto a devolución la suma de Bs. 988.325,00 por el Impuesto al Valor Agregado y Bs. 2.243.920,00 por el Gravamen Arancelario; de fs. 159 a 224 cursa el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/STJR/SDT/Nº 001/2010 de 4 de enero de 2010 que en lo principal resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-000432-2009 de 19 de agosto de 2009 emitida por el SIN Potosí; de fs. 226 a 266 cursa Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0001/2010; de fs. 276 a 354 cursa la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0001/2010 de 8 de enero de 2010; de fs. 355 a 393 cursa memorial de interposición del recurso jerárquico, ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria del Departamento de Chuquisaca;  de fs. 552 a 618 cursa el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ- 0161/2010 y de fs. 619 a 684 cursa la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0161/2010 de 12 de mayo de 2010.


III.2.- Que de la lectura del memorial de demanda, se evidencia que el mismo se circunscribe a efectuar un resumen de los antecedentes y argumentos que sustentan las resoluciones de los recursos de alzada y jerárquico, así como del trabajo realizado por la parte actora; sin embargo, no plantea ningún agravio expreso y concreto, ni siquiera en forma general, que permita delimitar los alcances del agravio sufrido por la parte actora.


Que, no existe referencia alguna o cuestionamiento respecto a facturas especificas cuya depuración hubiera sido revocada por la Autoridad de Impugnación Tributaria en sus dos instancias, motivo por el cual no corresponde analizar ninguna de ellas, por no haber sido debidamente individualizadas, además de no existir expresión correcta de agravios en cuanto a cuales aspectos de la resolución impugnada se consideran equivocados, precisando los errores y omisiones así como los fundamentos que sostengan los extremos de su demanda, incumpliendo así con la carga argumentativa necesaria que permita efectuar el control de legalidad de los actos desarrollados en sede administrativa.


Lo relacionado precedentemente, permite corroborar que no existe vulneración alguna de procedimiento, en sede administrativa, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la autoridad demandada, al pronunciar la resolución impugnada,  no incurrió en vulneración de las normas legales citadas, realizando una correcta valoración e interpretación técnica jurídica que se ajusta derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan fehacientemente los fundamentos de la resolución impugnada.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso-administrativa de fojas 121 a 125, interpuesta por la Gerencia Distrital a.i. Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo en consecuencia, mantenerse firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0161/2010 de 12 de mayo de 2010.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena