SALA PLENA


SENTENCIA:                            420/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de octubre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        353/2010.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Fundación Educativa y Cultural “Centro Boliviano Americano” contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                Antonio Guido Campero Segovia.


Dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Fundación Educativa y Cultural “Centro Boliviano Americano” representado por Jeanette Torres Campos contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 13 a 17, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0144/2010 de 30 de abril de 2010, la respuesta de fs. 43 a 45, los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que, Jeanette Torres Campos como apoderada de Fundación Educativa y Cultural “Centro Boliviano Americano” por memorial de fs. 13 a 17, se apersona fundamentando su demanda que se sintetiza en lo siguiente:


Señala, que en fechas 18 y 19 de agosto de la pasada gestión, la Fundación Educativa y Cultural “Centro Boliviano Americano” filial Sucre, solicitó por intermedio de su Jefatura de Recaudaciones, la prescripción del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de las gestiones 2001 a 2004 correspondiente a la propiedad de la Fundación, asumiendo el compromiso de proceder a la cancelación del referido impuesto, por las gestiones 2005 a 2008, y al haberse cancelado el IPBI del citado inmueble por las gestiones 2003 a 2008, persistió en la solicitud de prescripción del IPBI para las gestiones 2001 a 2002.


La solicitud de prescripción fue rechazada por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, mediante Resolución Administrativa Municipal Nº 110/2009 de 16 de septiembre de 2009, hecho referido a lo dispuestos por el art. 52 de la Ley 1340 del Código Tributario abrogado, pero vigente a omento de haberse producido el hecho generador, ya que el término de la prescripción del caso se hubiera excedido a siete años debido a que la Fundación en su condición de contribuyente no se aproximó no se aproximó por dependencias municipales desde la gestión 2001 para cumplir lo dispuesto por la Resolución Suprema Nº 221187 de 5 de junio de 2002 y Nº 221726 de 12 de mayo de 2003 punto 2.3, valuación de inmuebles de Empresas del anexo I, gestiones 2002 y 2003 con el objeto de interrumpir la prescripción de dichos impuestos.


Ante tales aseveraciones, se formuló el recurso de alzada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, habiéndose dispuesto en primera instancia por Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2010 de 18 de febrero, revocar totalmente la Resolución Administrativa Municipal Nº 110/2009 de 16 de septiembre de 2009, declarando concedida la prescripción impetrada.


En lo que respecta al punto 2.3 del anexo de la Resolución Suprema Nº 221187, cuyo supuesto incumplimiento es erróneo, señala textualmente 2.3 Valuación de Inmuebles de Propiedad de las empresas que declaren activo fijo de sus estados financieros, según el art. 37 del D.S. Nº 24051 tomará como base imponible para el pago del IPB el valor contabilizado de la Resolución Administrativa Nº 190/95 emitida por el entonces Administrador Regional de Impuestos Internos. En fecha 21 de diciembre de 1995, se reconoce al Centro Boliviano Americano Filial Sucre, como institución exenta del pago de impuestos a las Utilidades desde dicha gestión, en consecuencia la institución no se encontraba obligada al cumplimiento de lo dispuesto por el punto 2.3 de la R.S. 221187 y la R.S. 221726, para que la Administración Tributaria pueda contar con la base imponible; de esa manera aclara que no existe incumplimiento tributario a lo previsto por la segunda parte del art. 52 de la Ley 1340; es decir, que el término de la prescripción se extienda a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse.


Además que la citada R.S. 221187 para la determinación del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles por la gestión 2001, establece dos sistemas: el Sistema de Auto Evalúo y el Sistema de Avalúo Fiscal sobre la base de catastro urbano; es decir, que el Gobierno Municipal debió haber procedido a determinar la deuda tributaria tomando como base imponible, lo dispuesto por el art. 54 de la Ley 843, reflejando el valor real del inmueble al 31 de diciembre de 2001, pues a simple solicitud, se procedió a emitir proformas de inmuebles Nº 3234571 por la gestión 2001 y de Bs. 10.474.00 por la gestión 2002 motivo por el que infiere que la Administración Tributaria Municipal contaba con los datos necesarios para determinar la base imponible que permita determinar el IPBI de las gestiones 2001 a 2002, limitándose a tratar de justificar lo injustificable, resultando que el término de la prescripción quinquenal correspondiente a la gestión 2001, con vencimiento en la gestión 2002, comenzó a computarse el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, fecha en que a deuda tributaria quedó prescrita por lo que no operó ninguna de las causales de interrupción prevista en el numeral 1 del art. 54 de la Ley 1340.


Señala que, de la revisión del citado anexo I, la prescripción quinquenal correspondiente a la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, comenzó a computarse el 1 e enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 20087, fecha en la cual la deuda tributaria quedó prescrita y siendo que para ésta gestión también se establece la determinación del impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles, la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano tenía la obligación de presentar ante la Administración Tributaria Municipal sus estado financieros con los que declare y se establezca el valor que tiene el inmueble.


Asimismo, con el fin de determinar la base imponible de IPBI de la gestión 2002 conforme a Ley, excluye del sub numeral 2.3 de su anexo, a las instituciones alcanzadas por el impuesto sobre las utilidades de las empresas, en lo que cabe hacer énfasis en los conceptos empleados y si bien el concepto de empresa se encuentra aún en plena valoración, tanto jurídica como económica, comúnmente se entiende por tal como la organización de los elementos de la producción naturaleza capital y trabajo con un fin determinado; por otra parte, el concepto de Fundación “persona jurídica constituida de acuerdo con las disposiciones de las leyes respectivas y destinadas, según la voluntad expresa de su fundador, al cumplimiento de funciones benéficas, científicas, artísticas, etc.” Queda claro que a propia norma tributaria efectúa una discriminación de lo que es empresa y lo que es Fundación, entendiéndose como principal diferencia el propósito de lucro de lo que es la primera, elemento carente en la segunda.


ade a ello que se trata de una Fundación exenta del IUE y no está obligada a presentar estados financieros, hecho que concuerda con el art. 37 del D.S. 24051, donde para la determinación de la base imponible se debe realizar una evaluación de inmuebles de propiedad de las empresas, en el presente el inmueble al ser de una Fundación, no ingresa a la categoría de empresa.


Concluye solicitando se declare probada la demanda y se declare prescrita la gestión 2001 y 2002.


CONSIDERANDO II: Que, admitida la demanda en fecha 27 de agosto de 2010, es corrida en traslado a la autoridad demandada, siendo citada legalmente el 7 de octubre de 2010, en la persona de Carlos Maita Michel en su representante de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quién se apersonó a éste Tribunal y respondió la demanda, lo que se resumen en síntesis en lo siguiente:


Indica que la Resolución de Recurso Jerárquico se encuentra respaldada con los argumentos técnicos y jurídicos, remarcando que respecto a la gestión 2001, para el pago del IPBI se emitió la Resolución Suprema Nº 221187 y su Núm. 2.3 señala que son alcanzadas las empresas e instituciones; donde, si bien es cierto que es una fundación exenta, no puede desconocerse la Resolución Suprema Nº 221187 anexo 1, del citado 2.3 ya que al ser persona jurídica tenía la obligación de presentar ante la Administración Tributaria Municipal los estados financieros que establezcan el valor del inmueble.


En cuanto a la gestión 2002 para el pago del IPBI, señala que debe aplicarse la Resolución Suprema 221726 anexo 1 numeral 2.3, que de igual manera las instituciones con activos fijos, deben aplicar el art. 37 del D.D. 24051 en la base imponible para el pago del IPBI, estableciendo a éste efecto el valor contabilizado de su registro al 31 de diciembre de la gestión 2002, concluyendo que la Fundación tenía la obligación de presentar los estados financieros.


Solicitando con todo lo expuesto que se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente AGIT-RJ 0144/2010 de 30 de abril de 2010.

CONSIDERANDO III: Que, de la compulsa de los datos procesales como la resolución impugnada, se evidencia los siguientes hechos:


  1. Por memorial de Fs. 2 de antecedentes administrativos el 18 de agosto de 2009, Mery Magdalena Derpic Barja Vda. de Solares, en su calidad de representante legal del Centro Boliviano Americano, presenta memorial al Gobierno Municipal de Sucre, solicitando la prescripción del pago del IPBI, correspondiente a las gestiones 2001, 2002 y 2003.


  1. B) A Fs. 2 a 65 de antecedentes, se encuentra la diligencia de 25 de septiembre de 2009 de notificación personal a Mery Magdalena Derpic Barja Vda. de Solares, con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009 de 16 de septiembre de 2009, en la que resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI, por las gestiones 2001 y 2002, del inmueble situado en la calle Calvo Nº 301, de propiedad del Centro Boliviano Americano, debido a que se incumplió la Resolución Suprema Nº 221187.


  1. A fs. 10 a 12 de antecedentes, se encuentra el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009, el cual una vez tramitado es resuelto a través de la Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2010 de 18 de febrero de 2010, revocando totalmente la Resolución impugnada, por haberse operado la prescripción de la gestión 2001 a 2002.
  2. A Fs. 1 a 9 del expediente, se encuentra el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2010 de 18 de febrero de 2010, el cual una vez tramitado es resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0144/2010 de 30 de abril de 2010, revocando totalmente la Resolución impugnada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009.


En base a lo expuesto en la demanda se tiene que la controversia radica en establecer si corresponde o no la prescripción del pago del impuesto a la IPBI de la gestión 2001 y 2002 del inmueble de propiedad de la Fundación Educativa y Cultural “Centro Boliviano Americano”


Aspecto que pasamos a desarrollar:


CORREPONDE O NO LA PRESCIRPCIÓN DEL PAGO DEL IPBI DE LAS GESTIONES 2001 Y 2002 DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL “CENTRO BOLIVIANO AMERICANO”


Partiendo del instituto de la prescripción debemos considerar la doctrina propuesta por José María Martín que señala “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella”, -(MARTIN José María, Derecho Tributario General, 2º edición, pag. 189)


Asimismo, el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho Financiero, Ediciones De Palma, 5ta Edición, pp. 572 y 573, expresa: “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”, en éste entendido debe verificarse la inactividad de la administración tributaria municipal y si se dieron las causales de interrupción de la prescripción.


De acuerdo a los hechos generadores que corresponden a las gestiones 2001 y 2002, es pertinente aplicar la Ley 1340, en específico el art. 52, indica: “la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable: a no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; c) no declare el hecho generador, c) no presente las declaraciones tributaria; y d) en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho” debiendo a éste efecto verificarse si cumple las prerrogativas para ampliar el plazo de la prescripción.


En cuanto al primer inciso a) no cumplir con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, hecho que no ocurre en el caso de nos ocupa, puesto que de acuerdo con el Formulario de Datos Generales del Inmueble y proformas emitidas por la propia Administración Tributaria, se tiene que la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, se encuentra debidamente registrada en el municipio, con número de inmueble Nº 20829 y con Código Catastral 001-0032-013000.


El segundo y tercer inciso tenemos: b) declarar el hecho generador y c) presentar las declaraciones tributarias; al caso de autos, respecto al IPBI de la gestión 2001, el Poder Ejecutivo emitió la Resolución Suprema 221187, que en su numeral 2.3 Valuación de Inmuebles de propiedad de las empresas, señala: “la base imponible de inmueble para el pago del IPBI gestión 2001, para las empresas o instituciones alcanzadas por el impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que declaren inmuebles en el activo fijo de sus estados financieros, valuados según dispone el art. 37 del DS Nº 24051, tomarán como el valor contabilizado en libros al 31 de diciembre de la gestión 2001”. Con base a lo expuesto la norma establece de modo claro a qué empresas corresponde determinar la base imponible estableciendo como condición a las empresas alcanzadas por el IUE, ya que al estar alcanzadas por éste impuesto están obligadas a presentar estados financieros, dentro de los cuales debe establecerse sus activos fijos y el valor de los mismos, por tanto la Autoridad General de Impugnación Tributaria realiza una interpretación restrictiva sin considerara que se trata de una condición esencial para ingresar a la base imponible al ser alcanzada por el IUE, en el presente al ser una FUNDACIÖN cuenta con exención al IUE, debiendo a éste efecto considerar que un requisito para ser Fundación es que todos los bienes a tiempo de cumplir el fin de la misma sean transferidos a una entidad benéfica o al Estado como establece el art. 65 del Código Civil.


Por otro lado, se debe resaltas que en cuanto a la Determinación de la base imponible del IPBI la Resolución Suprema 221187, en su anexo 1, núm. 2 de valuación del terreno, construcción y determinación de la base imponible específicamente para: 2.1 Inmuebles en Áreas Zonificadas; 2.2 Inmuebles en Áreas Urbanas no Zonificadas; 2.3 Valuación de Inmuebles de Propiedad de la Empresas; 2.4 Valuación de la Propiedad de Inmuebles Dedicados a la Actividad Hotelera”, en éste entendido es importante resaltar que la determinación de la base imponible, nuevamente, está determinada a la valuación de bienes de propiedad de las empresas y no de fundaciones, ya que éstas cuentan con la calidad de no tener fines de lucro, cuyas características son totalmente diferentes a las de una empresa cuyo fin es la rentabilidad lucrativa, en éste entendido la interpretación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, también es errónea y corresponde ser corregida.


Situación similar acontece con la gestión 2002, cuya disposición aplicable es la Resolución Suprema 221726, la cual, en su anexo I, numeral 2.3, señala: “las empresas o instituciones propietarias de bienes inmuebles, registrados como activos fijos según dispone el art. 37 del DS 24051; tomará como base imponible para el pago del IPBI el valor contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de la gestión 2002; evidenciándose de la revisión del citado ANEXO I, que para ésta gestión, también se establece la Determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en el punto 2, que señala: DETERMINACION DE LA BASE IMPNIBLE DEL IPBI.- Criterios de valuación del terreno, construcción y determinación de la base imponible, - específicamente para: 2.1. Inmuebles en Áreas Zonificadas; 2.2 Inmuebles en Áreas Urbanas no Zonificadas 2.3 Valuación de Inmuebles de Propiedad de las Empresas; 2.4 Valuación de la Propiedad Inmueble Agraria y 2.5 Valuación de la Propiedad de Inmuebles Dedicados a la Actividad Hotelera”, que por todo lo expuesto, resulta claro que tampoco es aplicable al establecerse una condición que no persiste en el presente, por lo tanto no le corresponde declarar el hecho generador, ni presentar declaraciones juradas.


Finalmente, con relación a la causal d) en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho, dicha causal no corresponde aplicar en el presente caso, puesto que no existió una determinación de oficio.


En conclusión, no corresponde ampliar el plazo de la prescripción a siete años y dentro de éste marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (Ctb), vigente y aplicable a las gestiones 2001 y 2002, prevé que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.

En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (Ctb), expresa que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el reconocimiento expreso de la obligación de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.


Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (Ctb), el cómputo comienza a partir 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007; para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 12 de enero de 2004 y concluye el 31 de diciembre de 2008.


En base a lo expuesto y por la inactividad existente hasta el 2008 corresponde aplicar la prescripción.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley 620 Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo y arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa y, en su mérito, REVOCA la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0144/2010 de 30 de abril de 2010 y se mantiene la Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2010 de 18 de febrero de 2010.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena