SALA PLENA


SENTENCIA:                            412/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de octubre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        453/2010.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

PRIMER MAGISTRADO RELATOR:     Rómulo Calle Mamani.

SEGUNDO MAGISTRADO RELATOR: Jorge Isaac von Borries Méndez.


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, representada por Jhonny Padilla Palacios, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGILT), representada por Rafael Vergara Sandoval, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0303/2010 de 12 de agosto emitida por la AGIT, que resuelve confirmar la Resolución de Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0042/2010 de 17 de mayo, interpuesta por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Refinación S.A y en consecuencia se dejó nula y sin efecto la Resolución Determinativa No 55/2009 de 10 de junio.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 39 a 41; la contestación  a la demanda de fs. 63 a 66; la réplica y dúplica que cursan de fs. 72 a 73 y 81 a 82 respectivamente; los antecedentes del proceso y emisión de la resolución impugnada y;


CONSIDERANDO I: Que la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos a.i. del SIN, representada por Jhonny Padilla Palacios, interpuso acción contenciosa administrativa contra la Resolución Jerárquica No AGIT-RJ-0303/2010 de 12 de agosto, cursante a fs. 27 a 36, emitida por la AGIT, confirmando la  Resolución ARIT-SCZ/RA 0042/2010 de 17 de mayo, dentro del recurso de alzada interpuesto por YPFB Refinación SA contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, bajo los siguientes fundamentos:


Manifiesta que la AGIT basó su decisión con el fundamento que el presente caso se trata de un procedimiento de Verificación puntual, regulado en los arts. 29 inc. c) y 32 de D.S.27310, que dicho procedimiento se inició con la notificación de una Orden de Verificación, prevista en el art. 104 de la Ley 2492, en consecuencia, se concluye que la causal de suspensión del termino de prescripción prevista en los artículos 62. I de la Ley 2492, es aplicable solo a la notificación que da inicio a la fiscalización, no pudiéndose efectuar una interpretación extensiva a las órdenes de verificación o los procedimientos de control y que por lo tanto se establece que, en el presente caso, no se suspendió el curso de la prescripción, por seis meses más.


Arguye que la AGIT asume una interpretación informal sobre las facultades de la Administración Tributaria, al respecto explica que según el art. 95 de la Ley 2492, para dictar la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria  debe controlar, verificar y fiscalizar o investigar los hechos, actos y datos, elementos por lo que indican que el contribuyente YPFB REFINACIÓN S.A. fue notificado con la Orden de Verificación No 7808 OVE0046, lo cual está dentro de las atribuciones otorgadas por el Código Tributario, y no existe un énfasis conceptual sobre la orden de fiscalización y la orden de verificación que establezca la supuesta diferencia que menciona la Autoridad de  Impugnación Tributaria.


Indica a su vez que el art. 29 del D.S. 27310, establece que la determinación de la deuda tributaria por parte de la administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o  investigación realizados por el SIN, el inc. b) de dicho artículo, establece que se realizaran determinaciones parciales comprendiendo la fiscalización de uno o más impuestos, el inicio del proceso de verificación (por que se hizo la verificación de determinados periodos y no íntegramente) se inició cuando se notificó en fecha 31 de diciembre de 2008 situación legal, por lo que a partir de dicha fecha la prescripción de la gestión 2004 se encontraba suspendida por el lapso de seis meses.


Considera ambos procedimientos concluyen de la misma manera, es decir con un resultado consistente en la determinación de obligaciones tributarias, por lo cual es lógico que para surtir efectos requieran la formalidad de originarse con una orden específica y debidamente notificada, lo que a su vez produce los mismos efectos para extinguir, suspender o interrumpir obligaciones.


Finalmente señala que existe una violación expresa a normas legales vigentes, por lo que interpone demanda contenciosa administrativa en mérito al artículo 184 de la CPE, la S.C. 90/2006 de 17 de noviembre, solicitando se declare probada la demanda y en consecuencia se resuelva revocar totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico No AGIT-RJ-0303/2010 de 12 de agosto, emitida por la Autoridad Tributaria Ex Superintendencia Tributaria General, manteniéndose firme y subsistente la Resolución Determinativa Impugnada.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 44 de 226 de octubre de 2010 es corrida en traslado y siendo citada legalmente la Autoridad General de Impugnación Tributaria, representada por Juan Carlos Maita Michel, quien contesta la demanda con los siguientes argumentos:


Expresa que la Administración Tributaria, en su memorial de demanda, aduce que la AGIT asume una interpretación informal sobre sus facultades, al respecto la Ley 2492, establece que para dictar una Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar fiscalizar o investigar los hechos que integren o condiciones el hecho imponible conforme a las facultades otorgadas por el Código Tributario, por lo que el sujeto pasivo fue notificado con la orden de verificación lo cual ésta dentro de las atribuciones y no existe énfasis conceptual entre la orden de fiscalización y de verificación que establezca la supuesta diferencia, a su vez el art. 29 del D.S. 27310 establece que la determinación de la deuda se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación, además de realizar las determinaciones de la existencia o inexistencia de la deuda, sin embargo no las reviste de consecuencias diferentes a efectos de cómputo de la prescripción del plazo para su ejercicio, interrupción o suspensión. Notas de crédito por no haberse registrado los datos de la transacción original, así como las facturas de la empresa, tal como se advierte del programa de Trabajo IVA Crédito Fiscal.


Continúa señalando que se puede evidenciar que se trata de un procedimiento de verificación puntual, regulado en los arts. 29 inc. c) y 32 del D.S. 27310 y que dicho procedimiento, se inició con la notificación de una orden de verificación, prevista en el art. 104. I de la Ley 2492, en consecuencia, se concluye que la causal de la suspensión del término de la prescripción prevista en el art. 62. I de la Ley 2492, es aplicable a la notificación con la orden de fiscalización que da inicio a la fiscalización, no pudiendo efectuar una interpretación extensiva a las órdenes de verificación o los procedimientos de control, por tanto no se suspendió el curso de la prescripción por seis meses.


Establece que sobre la nota del sujeto pasivo adjunta comprobantes de pago por el crédito fiscal IVA más accesorios, cabe mencionar que si bien se consideran que son reconocimientos de deudas tributarias, que se adecuan a las causales de interrupción del curso de la prescripción, prevista en el art. 61 inc. b) de la Ley 2492, sin embargo, al haber sido realizada después del 31 de diciembre de 2008 ya no surten sus efectos interruptivos del curso de la prescripción.


Indica que no existe ninguna causal de suspensión ni interrupción que se haya suscitado durante el término de la prescripción, se establece que la acción del derecho de la administración tributaria para controlar, fiscalizar, investigar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones para el IVA de los periodos junio y julio de 2004 prescribió el 31 de diciembre de 2008, y la Resolución Determinativa que fue notificada solo el 15 de junio de 2009, ya no surte efectos de interrupción, por estar emitidos y notificados después que se operó la prescripción tributaria. Señala que no existe agravio ni lesión de derechos que se hubieran causado con la Resolución del Recurso Jerárquico, erróneamente impugnado.


Finalmente solicita declarar improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, manteniendo firme y subsistente la Resolución  Jerárquica AGIT-RJ/0303/2010 DE 12 de agosto, emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO III: Que de la revisión de los antecedentes de emisión de la Resolución impugnada, que cursan tanto en el expediente como en los anexos de antecedentes administrativos, se evidencia que:


En principio, El 31 de diciembre de 2008, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, notificó por cédula la Orden de Verificación Externa No 7808OVE0046, con el objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones del contribuyente referente al Crédito Fiscal de las notas fiscales registradas en los libros IVA de los períodos de junio y julio de 2004, bajo la modalidad Código 21. (Verificación Crédito IVA). El procedimiento de Verificación así iniciado, concluyo con el Informe de Verificación Externa IVA Crédito Fiscal Cite SIN/GSH/DFSC/INF No 00168/2009 de 4 de marzo, con una deuda tributaria a favor del fisco de 16.362.316 UFV a la vivienda), equivalentes a Bs. 24.544.045, en base a la cual se emite la Vista de Cargo SIN/GSH/DF/VC/780OVE0046/0018/2009 de 10 de marzo, notificado el 16 de marzo de 2009, estableciendo como reparo el monto previsto en el informe, transcurrido el plazo dispuesto por ley para presentación de descargos, previo análisis de los mismos, se notifica el 15 de junio de 2009, con la Resolución Determinativa 55/2009 de 10 de junio de 2009, estableciendo que por la verificación, se determina una deuda tributaria de UFVS 1.891.294  equivalentes a Bs2.884.110; consecuencia de ello se recurre de Alzada, el mismo que se resuelve mediante Resolución ARIT-SCZ/RA 0042/2010 de 17 de mayo, revocando la Resolución Determinativa 55/2009.


Como consecuencia de ello, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN interpone recurso jerárquico impugnando la mencionada resolución de alzada; por Resolución Jerárquica, AGIT-RJ-0303/2010 de 12 de agosto se dispone confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 0042/2010 de 17 de mayo, dictada por la ARIT de Santa Cruz, en consecuencia se deja nula y sin efecto legal, por prescripción la Resolución Determinativa No 55/2009 de 10 de junio de la Administración Tributaria; por lo que la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, mediante su representante Jhonny Padilla Palacios, interpone demanda contencioso administrativa contra la Resolución Jerárquica No AGIT-RJ-0303/2010 de 12 de agosto.

CONSIDERANDO IV: Que al haberse utilizado el derecho de réplica y dúplica previsto en el art. 354. II del CPC, corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al art. 354. III del Cuerpo Legal citado.

Que en virtud a la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento de resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato de los arts. 4 y 2 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, en concordancia a lo previsto en los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC),  siendo el objeto según veracidad o no del reclamo planteado-conceder o negar la tutela solicitada a la entidad demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales en la fase administrativa con relación a los argumentos expuestos en la demanda y; realizar un control judicial de legalidad sobre los hechos resueltos en recurso jerárquico por la AGIT.

De la revisión de los actuados procesales tenemos que la controversia radica en saber si corresponde o no considerar para el término de la prescripción el art. 62. I de la Ley 2492 Ley de Procedimiento Administrativo, y el art. 29 del Decreto Supremo 27310.

Respecto de si una Orden de Verificación tiene efecto interruptivo del curso normal de la prescripción para las operaciones de determinación impositiva del SIN, es necesario referir que el procedimiento de determinación aplicado por la Administración Tributaria, se encuentra regulado por los arts. 29 y 32 del DS 27310 y que este último artículo determina que dicho procedimiento se inicia con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización, el cual que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización, conforme dispone el art. 104.I de la Ley 2492; en los hechos fue ésta la razón para que la AGIT asuma el convencimiento de que la suspensión del término de prescripción prevista el art. 62.I de la Ley 2492, es aplicable únicamente ante la notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización y que no puede hacerse una interpretación extensiva a las Ordenes de Verificación y que por consiguiente, al entender de la autoridad demandada, la verificación no suspendió el curso de la prescripción por seis meses más.


En ese contexto, el art. 59. I de la Ley 2492, señala que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro años sea para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; estableciendo en su art. 60 que el término de la prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.


De igual forma el art. 61 inc. a) de la Ley 2492, prevé la interrupción de la prescripción con la notificación de la resolución determinativa, sin diferenciar que dicha resolución sea emergente de una orden de verificación o fiscalización; máxime, cuando los procedimientos utilizados para determinar la Orden de Fiscalización y la Orden de Verificación son realizados con las mismas fases, etapas, métodos y tramites; en consecuencia, si ambos procedimientos concluyen con el pronunciamiento de una Resolución Determinativa que interrumpe la prescripción, no es posible colegir que la notificación con la Orden de Verificación no pueda suspender el cómputo de la prescripción.


A su vez, el art. 62.I de la Ley 2492, establece que el curso de la prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, iniciándose este cómputo en la fecha de notificación respectiva y se extiende por seis meses; si bien esta normativa hace referencia simplemente a la suspensión del curso de la prescripción con la notificación de Orden de Fiscalización; sin embargo, ello no imposibilita que esta suspensión también sea aplicada al procedimiento utilizado con la Orden de Verificación.


Por otro lado, si bien los arts. 31 y 32 del DS 27310, establecen los requisitos para el inicio de los procedimientos de determinación total y parcial así como el de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, estableciendo que los mismos se iniciaran con la notificación al sujeto pasivo o sujeto responsable con la Orden de Fiscalización y Orden de Verificación, respectivamente; empero, no debe perderse de vista que ambos procedimientos concluyen en la determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria, tal cual lo establece el art. 29 del mismo Decreto Supremo, cuando señala: “La determinación de la deuda tributaria por parte de la administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados por el servicio de impuestos nacionales, que por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación total que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal. b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos, o de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transaccionales económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar...”.


Del análisis precedente y acorde con la interpretación gramatical, sistemática y finalista del termino fiscalización del art. 62.II del Código Tributario y que los procedimientos de verificación y fiscalización persiguen la misma finalidad de determinación tributaria, se establece que tanto la notificación con la orden de fiscalización y orden de verificación , suspenden el curso de la prescripción por el lapso de 6 meses como establece el art. 62.I de la Ley 2492, en ese entendido se debe verificar si en el caso en cuestión se produjo la suspensión, y si en consecuencia opero la prescripción para los periodos junio y julio de 2004.


Con base en los antecedentes descritos en el acápite anterior y la normativa glosada precedentemente, se puede establecer claramente que no existió inacción de la Administración Tributaria más al contrario procedió a realizar actos tendientes a la determinación de la deuda tributaria como son la Orden de Verificación, no existiendo por lo tanto presupuestos que den lugar a la prescripción respecto a la inacción del titular del derecho; consiguientemente, la Autoridad General de Impugnación Tributaria aplicó erróneamente el art. 62 de la Ley 2492, al establecer que la prescripción se suspende únicamente con la notificación de inicio de fiscalización individualizada al contribuyente.


Así analizados los hechos que motivan el presente litigio, la Administración Tributaria, no sólo tiene atribución para controlar, verificar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos, sino también para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones y ejercer la facultad de ejecución tributaria, en el caso que nos ocupa, habiendo ejercido no sólo la acción de verificación sino la intención de cobro, ciertamente desde el momento de la notificación al contribuyente con la Orden de Verificación, se produjo la suspensión del curso de la prescripción, acorde con la interpretación gramatical, sistemática y finalista del termino fiscalización del art. 62.II del Código Tributario, no desde la fecha de notificación con la Resolución Determinativa, como dispone el art. 61 inc. a) de la Ley 2492, que se aplica para la interrupción de la prescripción de adeudos tributarios. En síntesis, la notificación al contribuyente con la Orden de Verificación, dio lugar al inicio de la exteriorización de la voluntad estatal de ejercer el acto administrativo, lo que suspendió el periodo de la prescripción.


Por lo señalado hasta aquí, se concluye que no operó la prescripción declarada por la AGIT, puesto que con la adhesión de los seis meses de suspensión por la notificación con Orden de Verificación Externa No 7808OVE0046, el plazo para dicha prescripción se cumpliría el 30 de junio de 2009, por lo que la notificación del 15 de junio de 2009, con la Resolución Determinativa 55/2009 de 10 de junio de 2009, interrumpió definitivamente el plazo que tenía la Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente referente al Crédito Fiscal de las notas fiscales registradas en los libros IVA de los períodos de junio y julio de 2004, en consecuencia se tiene que la AGIT realizó una interpretación exegética del art. 62.I de la Ley 2492 y no de manera integral y sistemática de la normativa tributaria y finalista del procedimiento; en consecuencia, la fundamentación precedente efectuada en el marco de la congruencia, con los argumentos fácticos esgrimidos por la Administración Tributaria, permite concluir que la entidad demandante ha justificado y demostrado su pretensión.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 39 a 41, interpuesta por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN; en consecuencia deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0303/2010 de 12 de agosto emitida por la AGIT y por consiguiente la Resolución de Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0042/2010 de 17 de mayo, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa No 55/2009 de 10 de junio.


No suscribe el Magistrado Rómulo Calle Mamani quien se constituyó en primer relator y es disidente a la presente Sentencia, asimismo los Magistrados Pastor Segundo Mamani Villca, Antonio Guido Campero Segovia y Fidel Marcos Tordoya Rivas quienes emiten voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena