SALA PLENA


SENTENCIA:                                    403/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de octubre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        260/2010.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADA RELATORA:        Norka Natalia Mercado Guzmán.


Pronunciada en el proceso contencioso-administrativo seguido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en el que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0085/2010 pronunciada el 5 de marzo de 2010 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fojas 44 a 47, la contestación de fojas 79 a 82, réplica de fs. 102 a 104, dúplica de fs. 116 a 117, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


CONSIDERANDO I: Que en la demanda se solicita la revocatoria total de la resolución impugnada, y al efecto señala que el 24 de agosto de 2007 la Administración Tributaria notificó al contribuyente Molino y Fábrica de Fideos Aurora, con la Orden de Verificación Interna 29072200069 respecto al crédito fiscal IVA del periodo octubre de 2003 y su incidencia en el IUE por la gestión fiscal con cierre a marzo de 2004, y posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0410-2009 de 26 de agosto de 2009, notificada el 11 de septiembre de 2009.


Agregó que la autoridad demandada, al confirmar la resolución de alzada, interpretó erróneamente la aplicación de la prescripción porque consideró inaplicable la ampliación del término a siete años y finalmente, declaró extinguida la obligación porque habiéndose iniciado el cómputo del plazo de cuatro años, el 1 de enero de 2005 concluyó el 31 de diciembre de 2008, habiéndose notificado con la resolución determinativa recién el 11 de septiembre de 2009. Señala que la sola presentación de la declaración jurada del IVA y de los Estados Financieros no constituye conocimiento del hecho, consiguientemente, el criterio de que la Administración Tributaria conocía los hechos a partir de la presentación del documento, no es más que un absurdo que no resiste un mínimo análisis jurídico, pues la ampliación de plazo obedece a que solo tuvo conocimiento de los hechos a partir del operativo de verificación interna, realidad incontrastable a la que se suma la presunción establecida en el art. 69 de la Ley Nº 2492, de que el sujeto pasivo cumplió sus obligaciones impositivas, hasta que en debido proceso, se demostró lo contrario.


Añade que si bien el contribuyente se hallaba registrado en el Padrón de Contribuyentes y presentó sus declaraciones juradas, en ningún momento presentó documentación que demuestre la existencia de una relación comercial con el supuesto proveedor ni respaldó la realización efectiva de la transacción, contraviniendo lo establecido en el art. 8 de la Ley Nº 843, omisiones que solo podían ser identificadas a través de la verificación interna realizada y el hecho de que se haya demorado la notificación con la resolución determinativa, no constituye un elemento que determine la inobservancia del art. 52 de la Ley Nº 1340 por parte de la autoridad demandada.


Señala también que la resolución impugnada, soslayando la ley, se abstrajo de la realidad al considerar que habría operado la prescripción, limitando el plazo de cinco años; es decir, olvidando lo prescrito por el art. 52 de la Ley Nº 1340, cuando se tiene por demás claro que concurren las causales por las que el plazo de la prescripción debe ser extendido a siete años. En el punto, la AGIT, cual abogado del recurrente, utilizó argumentos que no fueron expuestos ni en el recurso de alzada y menos durante la tramitación del proceso de impugnación, lo que devela violación del principio de congruencia.


Agrega que en cuanto que también fue dejada sin efecto, no se consideró que el contribuyente se apropió indebidamente de crédito fiscal por la factura 111 que no es válida, al no haber sido declarada como venta por el proveedor, y no cuenta con medio de pago fehaciente que demuestre la transacción de referencia, determinando así una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, justificando la extensión del término de prescripción a siete años.


Concluye solicitando se declare probada la demanda, manteniéndose firme y subsistente el reparo determinado por la Administración Tributaria de 1.982 UFV.  


CONSIDERANDO II: Que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 9 de noviembre de 2010, señalando que no obstante que la resolución jerárquica está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, cabe remarcar que el art. 52 de la Ley Nº 1340, establece un término de prescripción de cinco años, que puede extenderse a siete años, cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.


En el caso, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidenció que el sujeto pasivo, se encuentra inscrito desde el 18 de marzo de 1987, con NIT 1020199024 y que declaró el hecho generador de la factura Nº  111 cuando presentó la declaración tributaria correspondiente al IVA octubre/2003, tal como se evidencia de la Orden de Verificación 2907220069 en la que se establece que la observación surge del contraste entre la información presenta por los proveedores del sujeto pasivo y las notas fiscales que declaró en el software del Libro de Compras y Ventas IVA, además de evidenciarse que el 13 de noviembre de 2003, presentó ante una entidad bancaria el Formulario 143 con número de orden 9871396, correspondiente al IVA del periodo octubre/2003, por tanto, no es aplicable, la falta de conocimiento del hecho por parte del SIN, debido a que tuvo conocimiento del mismo con la presentación de la declaración jurada y el respectivo crédito fiscal por el periodo observado; consecuentemente, no es procedente la ampliación del término de la prescripción.


Agrega que se debe tener presente que para el IVA del periodo octubre de 2003, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, el sujeto pasivo, el 31 de agosto de 2007, solicitó se deje sin efecto la Orden de Verificación, hecho que suspendió el término de la prescripción por el lapso de tres meses en aplicación del art. 55 de la Ley Nº 1340, extendiéndose el mismo hasta el 31 de marzo de 2009, habiéndose notificado la Resolución Determinativa Nº 17-0410-2009, el 11 de septiembre de 2009, había operado la prescripción.


Con relación a la prescripción del IUE con cierre a marzo/2004, consideró que el hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley 2492, por lo que el término de la prescripción fue de cuatro años, el cual inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, al no haber sido interrumpido o suspendido por ninguna causal.


Concluye su argumentación, solicitando se declare improbada la demanda.


CONSIDERANDO III: En autos, la Administración Tributaria controvierte la decisión de la autoridad demandada de declarar la prescripción de la obligación tributaria, en razón de que considera que el término debió ampliarse a siete años porque recién tuvo conocimiento del hecho generador cuando realizó la verificación que dio origen a los reparos determinados por el IVA y el IUE.


A efecto de resolver la controversia planteada, la revisión de los antecedentes administrativos evidencia lo siguiente: 


  1. Que la verificación realizada por la Administración Tributaria al contribuyente Molino Fábrica de Fideos Aurora S.R.L con relación a la factura Nº 111 de 24 de octubre de 2003, girada por la suma de Bs. 7.569, tuvo como origen que el proveedor Empresa de Transporte Antártica S.R.L. no había presentado la documentación correspondiente a los períodos agosto, octubre y diciembre de 2003, mayo, julio y agosto de 2004 que fuera requerida mediante Orden de Verificación N° 0006 220 1305.


  1. Consecuentemente, el 24 de agosto de 2007 la Administración Tributaria notificó personalmente al representante de la empresa contribuyente con la Orden de Verificación 29072200069, Operativo 220, cuyo alcance comprendió la verificación del crédito fiscal IVA emergente de la indicada factura 111 y su incidencia en el IUE y con la que requirió la presentación de documentación en el plazo de 5 días (fs. 4 y 6 de la carpeta I de  antecedentes.


  1. El 30 de agosto de 2007, la empresa, presentó descargo a la Orden de Verificación, argumentando que la inconsistencia establecida en la factura 111 de la Empresa de Transportes, se debe a que se registró el RUC 9548513 y que la Administración Tributaria, tenía registrado el NIT 126351029; no existiendo diferencias con los demás datos, motivo por el cual, solicitó se deje sin efecto la Orden de Verificación (fs. 9 de la Carpeta I). Posteriormente, aclaró que no contaba con medios de pago por haberse cancelado en efectivo.


  1. Emitida la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/050/2009 de 8 de junio de 2009, y previa presentación de descargos, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Determinativa N° 17-0410-2009, de 26 de agosto de 2009, estableciendo un reparo por el IVA del período octubre 2003 en la suma de 1.507 UFV, equivalentes a Bs. 2.310 y para el IUE de la gestión que cierra a marzo de 2004, un importe de 2.982 UFV equivalentes a Bs. 4.570; asimismo, sancionó la conducta del contribuyente como evasión para el IVA y como omisión de pago por el IUE, aplicando las multas de Bs. 728 y 1.544 UFV equivalentes a Bs. 2.366, respectivamente. (fs. 83 a 89 de la Carpeta I.


  1. Recurrido en alzada el indicado acto administrativo tributario, fue revocado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, dejando sin efecto, por prescripción la deuda tributaria por ambos impuestos, así como las multas por la conducta tributaria (fs. 69 a 73 de la carpeta II).


  1. A su vez, la Administración Tributaria, planteó recurso jerárquico que cursa de fs. 77 a 79, el cual fue resuelto con la resolución impugnada en el presente proceso, confirmando la resolución de alzada y declarando nula la Resolución Determinativa N° 17-0410-2009 de 26 de agosto de 2009,  por prescripción.


Con relación al IVA, siendo que el hecho generador se produjo en vigencia de la Ley Nº 1340, el término de la prescripción es el señalado en su art. 52; es decir, cinco años, que evidentemente puede ser extendido a siete años en los supuestos señalados por la segunda parte de la citada norma; en el caso, la Administración Tributaria, afirma que dicha extensión se justifica porque no tuvo conocimiento del hecho sino hasta que efectuó la verificación.


Por su parte, la autoridad demandada, consideró que dicha previsión no era aplicable, y al efecto verificó todos los supuestos señalados en la norma en análisis, comprobando que el sujeto pasivo Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. inscrito desde el 18 de marzo de 1987, con el NIT 1020199024, había declarado el hecho generador emergente de la factura 111 cuando presentó la declaración tributaria correspondiente al IVA de octubre 2003 (fs. 26 de la carpeta I), criterio que se considera acertado en razón de que la presentación de las declaraciones juradas, es una comunicación a la Administración Tributaria, respecto a la existencia del hecho imponible y a la liquidación practicada que será abonada conforme a la previsión del art. 10 de la Ley Nº 843 “sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal”. A ello se añade, que la norma contenida en el art. 53 de la Ley Nº 1340, es clara cuando señala desde qué momento se computa el término de la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos; es decir, de su derecho de crédito y es a partir de la siguiente gestión, en el entendido de que la liquidación practicada por el contribuyente, es de su conocimiento desde el momento en que se presenta en el plazo y medios señalados por la propia entidad ahora demandante. De lo anterior, se colige que el citado presupuesto legal, se hubiera cumplido si acaso el contribuyente Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L., no hubiera efectuado la antedicha declaración jurada.


Continuando con el análisis, de los argumentos de la demandante, se tiene que afirmó que si bien el contribuyente se hallaba registrado en el Padrón de Contribuyentes y presentó sus declaraciones juradas, en ningún momento presentó documentación que demuestre la existencia de una relación comercial con el supuesto proveedor ni respaldó la realización efectiva de la transacción, omisiones que solo podían ser identificadas a través de la verificación interna realizada y que la demora en la notificación con la resolución determinativa, no constituye un elemento que determine la inobservancia del art. 52 de la Ley Nº 1340 por parte de la autoridad demandada. Sobre el punto, se reitera que la prescripción es un modo legal de extinción de la obligación tributaria por inactividad de la Administración Tributaria, de donde se concluye que no es sustentable lo afirmado. 


Sobre la actuación de la AGIT como abogado del contribuyente, la demandante no precisó los antecedentes fácticos contenidos en la resolución impugnada que hubieran vulnerado el principio de congruencia, motivo por el que no corresponde efectuar mayor análisis.


Se concluye entonces, que en el caso en análisis, el término de la prescripción de cinco años, se inició a partir del 1 de enero de 2004 al tratarse de un tributo cuya determinación es periódica, por ello, inicialmente el término de prescripción señalado concluía el 31 de diciembre de 2008; empero, la empresa contribuyente, con memorial presentado el 31 de agosto de 2007, solicitó se deje sin efecto la Orden de Verificación dispuesta, motivo por el cual, conforme con la previsión del art. 55 de la Ley Nº 1340, el cómputo del término quedó suspendido por tres meses; extendiéndose el mismo hasta el 31 de marzo de 2009. En autos, la Administración Tributaria, notificó la Resolución Determinativa Nº 17-0410-2009 mediante diligencia practicada el 11 de septiembre de 2009 cuando la prescripción había operado, como fue correctamente determinado por la Autoridad de Impugnación Tributaria en sus dos instancias. 


En cuanto a la prescripción del IUE con cierre a marzo/2004, el hecho generador se produjo durante la vigencia del Código Tributario boliviano (Ley Nº 2492) por lo que correspondía aplicar el término de cuatro años señalado por el art. 59 de dicho compilado legal,  el cual, conforme con el art. 60 num. l de la misma norma, se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, en ese marco, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, habiendo sido notificada la Resolución Determinativa N° 17-0410-2009 el 19 de septiembre de 2009, es decir, después de cumplirse el término legal de la prescripción, por tanto, la determinación de la autoridad demandada, es correcta. 


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda, por ello, firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0085/2010 emitida el 5 de marzo de 2010 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena