SALA PLENA


SENTENCIA:                                    402/2015.

FECHA:                                Sucre, 7 de octubre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        65/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Importadora “16 de Julio” S.R.L. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.  

MAGISTRADO RELATOR:                Rómulo Calle Mamani.


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la  Importadora “16 de Julio” S.R.L. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0992/2012 de 15 de octubre de 2012.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 97 a  103, impugnando la Resolución AGIT-RJ 0992/2012 de 15 de octubre de 2012, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 134 a 139 vlta, los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que, Pelagia Martínez de Quisbert en su calidad de representante legal de la Importadora “16 de Julio” S.R.L. en tiempo hábil y en estricta aplicación del art. 778 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso-administrativo contra la Resolución Jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con los siguientes argumentos:


1.- Sobre la ilegalidad del proceso administrativo Contravencional por contrabando, manifiesta que previo a la llegada del embarque que dio origen al acta de intervención Contravencional Nº AN-GRLGR-LAPLI-012-2011, se nacionalizaron las muestras de los cigarrillos que serían importados al país, que luego de haber pasado por el procedimiento para la importación de mercancías de consumo, se procedió al levante de los mismos sin haber tenido ninguna observación; sin embargo al recabar el certificado de IBNORCA se indicó que la mercancía no cumplía con algunas leyendas en las cajas de los cigarrillos, hecho que fue puesto en conocimiento de la Aduana Nacional de Bolivia, la cual no mereció respuesta alguna, por lo que el 8 de febrero de 2011, presentó la boleta de garantía ante la Aduana interior La Paz para el respectivo transito aduanero desde ARICA-CHILE-TAMBO QUEMADO-ADUANA INTERIOR LA PAZ.


Refiere que una vez llegado la mercancía, pasado los pasos para la nacionalización se negó el levante, notificándole con el Acta de intervención Contravencional Nº AN-GRLGR-LAPLI-012-2011,  en mérito al escrito de 27 de diciembre de 2010 y entrega de las muestras de la mercancía el 8 de febrero de 2011, se emitió el Informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011, concluyendo que la mercancía importada que aún no estaba en territorio boliviano no cumplía con los requisitos exigidos por Ley, recomendado el decomiso y destrucción; sin embargo este informe  no fue notificado a la Importadora, violándose el derecho a la defensa, en razón que podía ampararse en la figura del “REEMBARQUE”, tal como refiere la Circular AN-GNNGC-DNPNC-FO120/04 y art. 150 de la Ley 1990.


Señala que conforme el art. 150 de la Ley General de Aduanas, establece el rembarque de las mercancías cuando no se cometió ninguna contravención aduanera y al momento de la emisión del informe antes referido, la mercancía no se encontraba aun en territorio boliviano, por lo que no se cometió ninguna infracción aduanera; sin embargo si bien la mercancía tenía defectos formales, era apto para el consumo humano en razón de que se emitió los Certificados de IBNORCA y de forma dolosa se ocultó la información de que las mercancías estaban prohibidas para la importación al territorio boliviano, al no poner en conocimiento de la Importadora, dejando arribar a territorio boliviano y el pago de tributos por las mercancías, para luego se inicie un proceso administrativo sancionador por contrabando.


Indica que el derecho a la defensa es una garantía constitucional prevista por el art. 115.II de la CPE, en consecuencia al no haberse realizado la notificación con el informe técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011 que concluyó que la mercancía a ser importada no cumplía con la normativa legal, contraria a la nacionalización de la muestra de cigarrillo; sin embargo  si se hubiese notificado con el informe referido, la importadora  podía pedir el rembarque de las mercancías y evitar el inicio del proceso Contravencional por contrabando, por todo ello el procedimiento administrativo Contravencional por contrabando es un proceso nulo.


2.-Por otra parte señala, sobre la nacionalización de las muestras de las mercancías ahora decomisadas, que el 2010 una vez enviado los timbres proporcionados por la Aduana Nacional a la empresa proveedora de la mercancía, este procedió a enviar una caja de cigarrillos de muestra, para que sean revisados en Bolivia, por lo que se procedió a elaborar el DUI, efectuándose al pago del tributo y sorteo de canales, que fue el canal rojo, luego de la revisión física y documental se procede a la nacionalización y LEVANTE de las muestras, confiando en el actuar de la Aduana Nacional se procedió al visto bueno para el envió de la demás mercancía.


Señala que si bien es cierto que en la parte de recepción, refiere a “SAMPLES CIGARETTES”, esto traducido al español significa “MUESTRAS DE CIGARRILLOS”, ahora  si fuera evidente que la marca fuese la primera,  se tiene que al momento de hacer el aforo físico, debió ser decomisado,  en razón que las cajetillas consigna la marca “JAISALMER”, lo que demuestra que las muestras de cigarrillos tienen la mismas características que la mercancía ahora decomisada, dando lugar a la mala fe de la Administración Aduanera al haber procedido a la nacionalización de las muestras para que luego se proceda a la importación de la demás mercadería y se pague los tributos aduaneros, con posterioridad ser decomisada.


Refiere que los procesos administrativos aduaneros están regidos por  el principio de buena fe en previsión del art. 2 de la Ley 1990; sin embargo la Aduana Nacional de Bolivia actuó violando este principio, al haber permitido la nacionalización de las muestras de los cigarrillos que serían posteriormente importados, haciendo caer en error a la Importadora pensando que se cumplía con los requisitos de las normas Bolivianas, más aun cuando se ocultó el contenido del informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011, en la cual se determinó que la mercadería en tránsito de importación que no llegó aun a territorio boliviano, no cumplía con los requisitos para su importación, violando el derecho a la defensa al no haber sido notificado con el informe indicado, permitiéndose el pago de los tributos, sabiendo de forma antelada que dichas mercancías eran prohibidas, lo que dio lugar al inicio del proceso administrativo Contravencional por contrabando, que el mismo se encuentra tachado de nulidad.


Señala que el acto inicial en sede administrativa es el escrito de 27 de diciembre de 2010, que dio origen al informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011, por lo que la falta de notificación con el informe que acarrea la nulidad de todo el procedimiento, es aplicable el art. 55 del Reglamento de Procedimiento Administrativo mediante el art. 21 de la Ley Nº 2492.


Concluye, solicitando se declare PROBADA la demanda contenciosa administrativa, disponiendo la Revocatoria de la Resolución  Sancionatoria  en Contrabando  AN-GRLPZ-SPCCR-581-2012, Resolución de Recurso de Alzada  ARIT-LPZ/RA 0619/2012  y Resolución de Recurso Jerárquico  AGIT-RJ 0992/2012, en consecuencia se deje sin efecto el acta de intervención Contravencional Nº AN-GRLGR-012-2011.


CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersonó Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quién por memorial de fs. 134 a 139, contestó la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:


Refiere respecto a la Declaración anticipada, que el sujeto pasivo mediante escrito de 4 de enero de 2011, antes de la emisión de la DUI C-5163 de 4 de marzo de 2011, solicitó la aprobación de los documentos de importación de los cigarrillos de marca JAISALMER FINEST, CIGARRETTES, de fabricación en la India conforme señala en el Código de Barras en la cajetilla, sin embargo no tienen el logo que indique la procedencia de los mismos, solicitando no se tome en cuenta dicho extremo y se  apruebe la documentación de importación, dando lugar al informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011, que establece que la muestra de cigarrillos no cuenta con algunos requisitos exigidos para su importación conforme determina el D.S Nº 29376 y Resolución Ministerial Nº 0003, sugiriendo su decomiso y destrucción.


Indica que del escrito de 27 de diciembre de 2011, se evidencia que la mercancía al 4 de enero de 2011, ya estaba en tránsito a Bolivia, según el Maersk Line Bill of Lading For Ocean Transport Multimodal Transport, donde se tiene que el embarque de la mercancía fue el 22 de noviembre de 2010, que demuestra que el sujeto pasivo estaba consciente de que las cajetillas de los cigarrillos que estaba importando no cumplía con los requisitos que exige la legislación boliviana, procediendo a importar a territorio boliviano, por lo cual no puede alegar ignorancia de la norma.

Por otra parte, señala que si bien no cursa en obrados la notificación con el informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011 al sujeto pasivo, por el que la Administración Aduanera haga conocer al recurrente, sin embargo de las muestras de tales cigarrillos se advierte que no cumplen con varios requisitos para su importación, sugiriendo su decomiso y destrucción, lo cual no significa que la Administración Aduanera deba aceptar la importación de  la mercancía prohibida por Ley.


Manifiesta que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRLPZ-SPCCR/581-2012, evidencia que se realizó la evaluación de los descargos presentados por el sujeto pasivo y el informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/606/2011, concluyendo que la mercancía aforada en el acta de Intervención incumple la norma legal vigente; sin embargo no se desvirtuó las observaciones respecto a los embarques de las cajetillas de los cigarrillos importados, evidenciándose que el sujeto pasivo en ningún momento desconoce tales omisiones, por el contrario pretende subsanarlos en territorio boliviano, adecuándose la conducta a lo previsto por el art. 181 inc. f) de la Ley 2492, aspectos que determinan que no se vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa.


Refiere que en el caso, se cuenta con la DUI C-19 de 10 de enero de 2006, tramitada por la ADA “AMÉRICA”  que nacionalizó cigarrillos en la cantidad de 560 cajas de cartón de tabaco rubio, empero la nacionalización no concluye con la emisión de la DUI, si no que puede ser sujeto a un control físico posterior, que determine el levante de la mercadería o la determinación de contrabando, por lo que al no existir certeza en cuanto a la importación de la mercancía, no constituye como precedente.


Señala que la parte demandante, interpuso Amparo Constitucional contra la Resolución impugnada bajo los mismos argumentos de la demanda contenciosa administrativo, emitiéndose la Sentencia Constitucional 1872/2013 de 29 de octubre de 2013, la cual resolvió revocar la Resolución 31/2013 emitida por el Tribunal de Garantías del Distrito Judicial de La Paz.


Concluye que, por todo lo expuesto, y dentro el término establecido por ley, contesta negativamente a la demanda contenciosa administrativa, solicitando se declare IMPROBADA, manteniendo firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT RJ 0992/2012 de  15 de octubre de 2012.


Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 146, se corrió traslado a la entidad demandante para la réplica, quien por memorial de fs. 150-151 presentó la réplica, corriéndose en traslado para la duplica presentada a fs. 155 a 156, y finalmente por proveído de fs. 170 se decretó “Autos” para Sentencia.


CONSIDERANDO III: Que, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos  4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:


De la revisión de los antecedentes cumplidos en sede administrativa, se establece que la administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando ASN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/303/2011, resolviendo: 1) Declarar probada la comisión de contravención Aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº AN-GRLGR-LAPLI-012/2011; 2) Dispone la destrucción de la mercancía.


Contra esa resolución, la Importadora “16 de julio” SRL interpuso recurso de alzada que fue conocido y resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  la Paz, que emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0384/2011 de 19 de septiembre de 2011, que confirmó la Resolución Sancionatoria impugnada, la misma que fue objeto de recurso Jerárquico por la parte actora, resuelta por Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0625/2011 de 24 de noviembre, que resolvió anular la resolución impugnada, en consecuencia se anula obrados hasta el vicio más antiguo esto es hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/303/2011 de 6 de junio.


Que, como consecuencia de la nulidad dispuesta, la Administración Aduanera emite la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-SPCCR-581-2012 de 12 de abril (fs. 1 a 3 del Anexo 1), que determinó declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº  AN-GRLPZ-LAPLI-012/11  y su destrucción.

Contra esa resolución, la parte actora interpuso recurso de alzada (fs. 34 a 35 del Anexo 1), resuelto por Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0619/2012 de 30 de julio  (fs. 87 a 96 del anexo 1), que confirmó la resolución impugnada.


La  Importadora “16 de julio” SRL recurrió mediante Recurso Jerárquico (fs. 99 a 104  Anexo 1), emitiéndose la resolución impugnada AGIT-RJ 0992/2012 de 15 de octubre, que determino confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2012 de 30 de julio, consecuentemente mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-SPCCR-581-2012 de 12 de abril.

Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe a los siguientes hechos puntuales:

1.- Si la falta de notificación con el Informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011  infringió el derecho a la defensa de la Importadora “16 de julio” S.R.L. por lo que el procedimiento administrativo Contravencional estaría tachado de nulidad, cuando dicho informe recomienda el decomiso y destrucción de la mercancía que solo tenía defectos formales, sin observar que correspondía recomendar el rembarque conforme dispone la Circular AN-GNNNGC-DNPNC-FO120/04 y art. 150 de la Ley 1990.


2.- Si la Aduana Nacional de Bolivia  hubiese actuado de mala fe, faltando a la verdad y al principio de buena fe, al haber permitido la nacionalización de las muestras de cigarrillos que serían posteriormente importados, en razón que las mercancías cumplían con todos los presupuestos exigidos por las normas bolivianas, máxime si no se puso en conocimiento el informe  Técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011.


Del examen de los antecedentes del proceso y de sus anexos e identificado el punto de controversia, se establecen los siguientes extremos:


1.- De la lectura de la demanda contenciosa administrativa, se colige que gran parte de la misma versa sobre la primera controversia, referente  a la falta de notificación con el Informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011  que hubiese dado a la vulneración del derecho a la defensa de la Importadora “16 de julio” S.R.L. por lo que el procedimiento administrativo Contravencional estaría tachado de nulidad, cuando dicho informe recomienda el decomiso y destrucción de la mercancía que solo tenía defectos formales, sin observar que correspondía recomendar el rembarque conforme dispone la Circular AN-GNNNGC-DNPNC-FO120/04 y art. 150 de la Ley 1990, al respecto es menester referir los siguiente:


De la revisión de antecedentes administrativos se colige, que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1872/2013 de 29 de octubre de 2013, ya emitió criterio respecto a esta primera controversia formulada, con los siguientes argumentos:


  1. Sobre el procedimiento aduanero ante el incumplimiento de formalidades para importación de tabaco; en este punto estableció en observancia al Reglamento de La Ley Nº 3029, de 22 de abril de 2005, el art. 5 que señala: “I. En las cajetillas de cigarrillos, cajas de Cigarros, cajas de puros o bolsas de tabaco para pipas se incluirán imágenes, fotografías o ilustraciones gráficas y frases de advertencia proporcionadas por el Ministerio de Salud y Deportes anualmente. II. Las frases de advertencia, imágenes, fotografías o ilustraciones gráficas deberán ser impresas en un espacio total que ocupe cincuenta (50%) de ambas caras principales expuestas de las cajetillas de cigarrillos, cajas de cigarros, cajas de puros o bolsas de tabaco para pipas. III. Las frases de advertencia son: “CADA SEIS MINUTOS MUERE UN FUMADOR" "¡CUIDADO! ESTOS CIGARRILLOS TE ESTÁN MATANDO" “FUMAR DURANTE EL EMBARAZO DAÑA LA SALUD DEL BEBÉ" “NO DAÑES A TUS HIJOS FUMANDO DELANTE DE ELLOS" "FUMAR PUEDE PRODUCIR CÁNCER, ENFERMEDADES CARDIACAS Y RESPIRATORIAS" "NO EXISTE UN CIGARRILLO QUE SEA MENOS DAÑINO PARA LA SALUD" IV. El Ministerio de Salud y Deportes podrá elaborar nuevas frases de advertencia, las mismas que serán proporcionadas oportunamente a los fabricantes y comercializadores de productos de tabaco. V. Las frases de advertencia, imágenes, fotografías o ilustraciones gráficas deberán ser impresas en forma rotativa durante el año, de acuerdo a reglamentación específica del Ministerio de Salud y Deportes. VI. Constituye inobservancia de la norma si cualquiera de las advertencias dispuestas por el presente artículo se halla impresa en el envoltorio de celofán o polipropileno u otro revestimiento que no sea la cajetilla de cigarrillo, incluidos toda forma de adhesivos o sellos VII. Incluir en una cara lateral expuesta de las cajetillas y bolsas de tabaco para pipas, lo siguiente: "El humo de cada cigarrillo que tu fumas contiene entre otros tóxicos: Alquitrán que provoca cáncer; Nicotina producto que te hace adicto; Monóxido de carbono gas tóxico igual al que sale de los tubos de escape; Arsénico químico utilizado como veneno de ratas".


A su vez del  art. 9 de la referida norma, que estipula:” I Queda prohibida la fabricación, venta e importación de productos de tabaco que no muestren en la forma y la manera prescritas, la información exigida por el presente Reglamento, caso contrario se procederá a su decomiso y destrucción. II. En el caso de productos importados de tabaco, además de las prescripciones del Artículo 4, deberá incluirse el país de fabricación, nombre del productor, el nombre del productor, el nombre del importador y el Número de Identificación Tributaria - NIT de este último; información que deberá estar incluida en la cajetilla desde su impresión original por el productor de los cigarrillos en el extranjero. III. La inobservancia en la normativa de importación señalada en el presente Artículo, supone prohibición de importación de esa mercancía, no pudiendo adaptarse envases, usarse adhesivos, sellos u otros en sustitución”, concordante con el art. 13 IV, que señala: “Queda prohibida la inclusión de palabras como "Light, "Ultrasuaves", Suaves", "Ligero", etc., en la cajetilla, bolsa de tabaco para pipas ú otros empaques de productos de tabaco” y del art. 15.I del D.S. Nº 29376, que señala: “Se prohíbe la importación y/o comercialización de productos de tabaco que infrinjan normas del presente Reglamento así como de los que infrinjan disposiciones tributarias, aduaneras y/o de propiedad intelectual.”, todo ello en concordancia con los arts. 13 y 14 de la Resolución Multiministerial 0003 de 14 de mayo de 2009 (ambas a efectivizar la aplicación  de la Ley 3029), llegando al siguiente criterio: “ …la Ley General de Aduanas, en cuanto al régimen aduanero de importación determina que el ingreso de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio nacional se encuentra supeditado a un conjunto de trámites y formalidades aduaneras, que según el art. 74 de la Ley General de Aduanas, se constituye en el despacho aduanero. Y corresponde resaltar que el inicio y formalización de este procedimiento se produce mediante la presentación de la DUI… cuando en el aforo físico del despacho aduanero de mercancías de tabaco, se compruebe que las mismas no cumplen o más bien, infringen las normas del DS 29376 y por lo mismo las disposiciones tributarias y/o aduaneras, solo procede su decomiso y ulterior destrucción, según los arts. 9.I de la aludida norma y 63 del D.S. 27310; en razón que dicha importación se encuentra expresamente prohibida, de acuerdo al art. 15.I del referido Decreto Supremo


  1. Sobre la falta de notificación con el informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI 221/2011, la Sentencia Constitucional referida, establece lo siguiente:  “….En el caso examinado, el argumento esencial de la demanda de acción de amparo constitucional, se refiere a la índole o naturaleza del Informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI 221/2011; debido a que la empresa accionante, a través de su representante, considera que se ha lesionado sus derecho a la petición, a la defensa y al debido proceso, puesto que su contenido debió ser objeto de notificación forma… En consecuencia es con el acta de intervención Contravencional que se inicia el respectivo sumario y concluye con la correspondiente resolución Sancionatoria Contravencional. En obrados se tiene que la solicitud de 4 de enero de 2011, formulada por Pelagia Martínez de  Quisbert en representación de la Importadora “16 de Julio” S.R.L.  ante la Administración Aduanera se constituye en un acto autónomo, independiente y al margen del proceso Contravencional que se siguió en su contra, que culminó con la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-SPCCR-581-2012. Por consiguiente no existe relación entre el informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI 221/2011  de 8 de febrero, y el referido proceso Contravencional, puesto que este informe, respecto al proceso Contravencional, se configura en los hechos, únicamente como un producto de la actuacion de la administración aduanera. Dicho informe, por lo tanto, representa la evaluación y verificación de un conjunto de muestras que la accionante ofreció a la administración aduanera y cuyo resultado de análisis solo corresponde a esas muestras y de ningún modo podría vincular o influir en un futuro despacho aduanero de mercancías, por más que estas fueran de la misma naturaleza. Ello debido a que el acta de intervención Contravencional solo debe fundamentarse en el aforo físico de la mercancía contenida y señalada en la respectiva DUI….(…)”, lo que demuestra que habiendo sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, este Tribunal Supremo de Justicia no puede acoger las pretensiones formuladas por la parte actora en la demanda en previsión del  art. 203 de la Constitución Politica del Estado, que estipula: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.


Por consiguiente la pretensión de que la ausencia de notificación con el informe Técnico aludido, hubiese causado indefensión, en razón que podía ampararse en la figura del reembarque, en la referida Sentencia Constitucional por su carácter vinculante concluyo lo siguiente:” Por lo tanto, la falta de notificación con el informe técnico AN-GRLGR-LAPLI 221/2011 no puede constituirse en una omisión lesiva o vulneratoria al derecho al debido proceso y a la defensa, dentro el proceso Contravencional….es posible colegir que en la solicitud formulada por Pelagia Martinez de Quisbert, subyace el pleno conocimiento de que su mercancía, en ese momento aun en tránsito hacia territorio aduanero nacional, incumplía formalidades exigidas por las normas que regulan la importación de tabaco…..En efecto, se pretendió con dicha solicitud que prevalezca la importación de mercancías  frente  a la salud pública que corresponde al conjunto de la sociedad. Este Tribunal Constitucional entiende la afectación patrimonial que incumbe a la parte accionante como consecuencia de su inobservancia, pero no es posible que por negligencia particular en las previsiones como sujeto comerciante se deban incumplir normas que atingen a la salud `publica… es posible establecer que la misma tuvo presente que ello fuera una posibilidad”.


En consecuencia quedó establecido que la parte actora presumía que la mercancía de cigarrillos incumplía con normas nacionales para la importación respectiva y que con la notificación oportuna con el Informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI 221/2011 no hubiese permitido a la Importadora “16 de julio” SRL  a realizar el reembarque de la mercadería exhortada en la demanda contenciosa administrativa. Por consiguiente al establecer la Sentencia Constitucional que el referido Informe Técnico no tiene ninguna relación con el proceso Contravencional, la pretensión de la parte actora quedo ya dilucidado y que al constituir la referida resolución Constitucional de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio en previsión del art. 203 de la Constitución Política del Estado y el art. 15 del Código Procesal Constitucional de  5 de julio de 2012, que la misma es de conocimiento pleno de las partes25, no cabe contradecirla ya judicialmente a través de un nuevo análisis y consideración sobre tal aspecto pretendido por la Importadora “16 de Julio”, en razón de que despliega su eficacia, por llevar un mandato implícito de no conocer lo ya resuelto, impidiendo con ello la consideración del mismo asunto, como único medio de alcanzar la paz jurídica, evitando, por una parte, que la contienda sea analizada y considerada en reiteradas causas y por otra, que sobre la misma cuestión puedan recaer resoluciones contradictorias vulnerando  el orden público, lesionando la seguridad jurídica procesal, mandato que se funda en la necesidad de mantener la firmeza y autoridad de lo juzgado y no permitir que las resoluciones judiciales o constitucionales sean ignoradas o no tenidas en cuenta, promoviendo nuevos juicios sobre hechos que ya se haya pronunciado definitivamente la autoridad judicial, en el caso de autos la Autoridad Constitucional.



2.- Respecto a que si la Aduana Nacional de Bolivia hubiese actuado de mala fe, faltando a la verdad y al principio de buena fe, al haber permitido la nacionalización de las muestras de cigarrillos que serían posteriormente importados, en razón que las mercancías cumplían con todos los presupuestos exigidos por las normas bolivianas, máxime si no se puso en conocimiento el informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI Nº 221/2011, es pertinente referir lo siguiente:


El art. 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas  aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000, señala:” Los principios de legalidad, buena fe y transparencia rigen para todas las actividades, procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior, dentro del marco de la seguridad jurídica “, normativa concordante con el art. 2 de la Ley General de Aduanas.


A su vez el art. 46 de la Ley Nº 1990, señala: “El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana, bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, realizará el despacho aduanero y los trámites inherentes al mismo por cuenta de su comitente, consignatario o el consignante de las mercancías… (…)”:


De la normativa precedentemente glosada, se bien el principio de buena rige el actuar tanto de la administración pública y privada (particulares), este no es absoluto porque no puede constituir un eximente de responsabilidad frente a conductas lesivas del orden jurídico. En otras palabras, la ley impone unas obligaciones y el principio de buena fe no puede servir de excusa para desconocer esas obligaciones, so pena de hacer inoperante el orden jurídico.

La argumentación de que la Aduana Nacional, de mala fe hubiese nacionalizado las muestras de cigarrillos (mercancía importada), que en razón a ello, la Importadora procedió a importar la demás mercancía y al pago de tributos aduaneros por un error inducido por la Administración Aduanera, que emergió  una vez concluida la emisión de la Declaración Única de Importación DUI Nº 2011/201/C-5163, el aforo físico y documental de la mercancía, estableciéndose la falta de requisitos, por consiguiente prohibida su importación. Al respecto de igual forma el Tribunal Constitucional emitió el siguiente criterio:”….Dicho informe, por lo tanto, representa la evaluación y verificación de un conjunto de muestras que la accionante ofreció a la administración aduanera y cuyo resultado de análisis solo corresponde a esas muestras y de ningún modo podría vincular o influir en un futuro despacho aduanero de mercancías, por más que estas fueran de la misma naturaleza…. El acta de intervención Contravencional solo debe fundarse en el aforo físico de la mercancía contenida y señalada en la DUI C-5163.…puesto que acta de intervención Contravencional debe ser elaborada tomando en cuenta  únicamente la mercancía declarada…. (…)”. Por consiguiente las observaciones efectuadas por la Administración Aduanera en el aforo físico de 6 de marzo de 2011 de la mercadería contenida en la DUI  C-5163, tiene efecto legal en el acta de Intervención Contravencional AN-GRLGR-LAPLI-012/2011 y no así el resultado de las muestras  exhortadas por la parte demandante, que en todo caso, de igual forma concluyó que la mercadería incumple la normativa legal, dando lugar a la comisión de  contravención aduanera por contrabando en contra de la Importadora “16 de julio” S.R.L inobservando las formalidades exigidas por Ley para la importación de la mercadería, en el caso de autos de 975 cajas de cigarrillos, transgrediendo normas que atingen a la salud pública.


Consecuentemente en asuntos aduaneros también es claro que el principio de buena fe tiene un carácter restringido, pues no puede servir de excusa para desconocer o vulnerar las normas que regulan la importación, exportación, tránsito y almacenamiento de mercancías ni para limitar la potestad de fiscalización, que ejerce la Administración Aduanera para determinar si, por ejemplo, una mercancía ingresó legalmente al país o en su caso cumplieron todas las formalidades y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. En conclusión, si bien el principio de buena fe es exigible a la administración, lo cierto es que su aplicación es restrictiva, en tanto no puede servir de excusa para evadir la responsabilidad por la vulneración de la Ley como pretende la Importadora “16 de Julio” S.R.L. al pretender la importación de la mercadería detallada en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLGE-LAPLI-012-2011 referente al DUI C-5163,  que incumple los requisitos señalados por los arts. 5, 9, 13.IV  y 15.I en el D.S. Nº  29376 que reglamenta  la Ley Nº 3092 concordante con los arts. 13 y 14 de la  Resolución Multiministrial 0003, criterio  que coincide respecto  a este punto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1872/2013, que además de emitir un pronunciamiento  de que la mercancía objeto de importación no cumplía con las formalidades exigidas por Ley, al señalar “que la mercadería aun en tránsito hacia territorio aduanero nacional incumplía las formalidades exigidas por Ley”.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 97 a 103 vlta, interpuesta por la Importadora “16 de Julio” SRL representada legalmente por Pelagia Martínez de Quisbert, declarándose firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0992/2012 de 15 de octubre, pronunciada por  la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena