SALA PLENA


SENTENCIA:                            376/2015.

FECHA:                                Sucre, 21 de julio de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        176/2010.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Verónica Mallea Rada contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

MAGISTRADO RELATOR:                Jorge Isaac von Borries Méndez.


VISTOS EN SALA PLENA:

La demanda contencioso administrativa de fojas 22 a 28, en la que Verónica Mallea Rada impugna la Resolución Ministerial Nº 1000/09 de 1 de diciembre, y Auto de Complementación MT/VMESCyCOOP/DGSC/JRCFP/ACE-009/2009 de 7 de enero de 2010, pronunciada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la contestación de fojas 82 a 86, la réplica de fs. 98 a 101; los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.


I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.


I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.


Ante la denuncia verbal realizada en la Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCC) de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la Presidenta Ejecutiva de ésta institución, instruyó al Coordinador de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA) la intervención al Departamento de Recursos Humanos, realizadas las gestiones se emitió el informe UTIPIC OCI Nº 012/2008 de 5 de marzo; documento sobre el que la autoridad sumariante dicta el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM Nº 22/2009 de 9 de febrero, disponiendo iniciar proceso administrativo interno contra Verónica Mallea Rada por la presunta transgresión de lo dispuesto en: 1) Art. 147 OBLIGACIONES, inc. a) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional. 2) Art. 148 PROHIBICIONES inc. j) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional. 3) El Manual de puestos de la Aduana Nacional, en lo inherente al Jefe de Recursos Humanos, subtítulo Funciones Principales inciso o) Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y documentación; y contra Samuel Calero Collao y Lina Salcedo Jurado. Concluido el periodo de prueba, la autoridad sumariante emitió la Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 150/2009 de 2 de julio, declarando la Responsabilidad Administrativa  de la ex servidora pública Verónica Mallea Rada por haber transgredido lo dispuesto en: 1) Art. 147 OBLIGACIONES, inc. a) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional. 2) Art. 148 PROHIBICIONES inc. j) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional. 3) El Manual de puestos de la Aduana Nacional, en lo inherente al Jefe de Recursos Humanos, subtítulo Funciones Principales inciso o) Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y documentación; por la incorrecta utilización de información considerada como confidencial, calificando la falta en la que incurrió como grave. Declarando además la Responsabilidad Administrativa de Samuel Calero Collao y sin Responsabilidad Administrativa a Lina Salcedo Jurado.


Notificada Verónica Mallea Rada presentó Recurso de Revocatoria, resuelto por la Autoridad Sumariante a través de la Resolución AN-GEGPC-SM Nº 186/2009 de 13 de agosto, Confirmando Totalmente la Resolución recurrida, previa Resolución Nº RA-PE-03-072-09 de 3 de agosto, donde el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional, decide No Avocarse el conocimiento, tratamiento y resolución del recurso de revocatoria interpuesto. Estando en desacuerdo con la resolución, la perdidosa interpone Recurso Jerárquico, resuelto mediante Resolución Ministerial (RM) Nº 1000/09 de 1 de diciembre, por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Confirmando la Resolución de Recurso de Revocatoria, RM ratificada en todas sus partes, por auto MT/MESCyCOOP/DGSC/JRCFP/ACE-009/2009 de 7 de enero de 2010, dictada en respuesta a la complementación y revocación solicitada por la señora Verónica Mallea Rada.


I.2. Fundamentos de la demanda.


Señaló que tanto el Sumariante como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social no exigieron o no generaron las pruebas necesarias para el esclarecimiento del proceso ni valoraron las presentadas, ya que tomaron a pie juntillas los informes AN UTIPC OCI Nº 012/2008 y AN UTIPC OCI Nº 013/2008 ambos de 5 de marzo, que son la suma de declaraciones contradictorias con las que llegaron a conclusiones erradas que no tienen sustento documental que demuestre de manera fehaciente la existencia de acto administrativo ejecutado por la ahora demandante, que hubiere vulnerado la norma citada en el Auto Inicial, vulnerando el derecho y garantía constitucional de presunción de inocencia que garantiza el debido proceso, colocando a la administrada en indefensión.


Refiere que en la vía administrativa el actuar de las autoridades (Sumariante y Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social) fue desigual con relación a la otra coprocesada Lina Salcedo Jurado, incurriendo con relación a la demandante en inobservancia del art. 21 inc. d) del DS Nº 26237 de 29 de junio de 2001 que modifica el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública.


También señala que la Resolución Impugnada al confirmar la Resolución de Revocatoria vulnera el principio de congruencia y seguridad jurídica porque fundamenta la responsabilidad administrativa en la vulneración del art. 45 inc. a) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, referido al carácter confidencial de las fichas personales, normativa no comprendida en el Auto Inicial del Proceso Sumario Interno  AN-GEGPC-SM Nº 022/2009, como supuestamente transgredida.


De igual forma manifiesta que la autoridad recurrida a momento de dictar la Resolución Ministerial Nº 1000/2009 incumple el art. 4 del DS Nº 26319 de 15 de septiembre de 2001, porque no observó el cumplimiento de plazos por parte del Sumariante de la Aduana Nacional determinados en el referido Decreto Supremo, que dictó la Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 150/2009 de 2 de julio, cuando debía hacerlo el 25 de junio de 2009; de igual forma, la Resolución AN-GEGPC-SM Nº 186/2009 la dictó el 13 de agosto de 2009 cuando debía hacerlo el 7 de agosto de 2009; la remisión del expediente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con el Recurso Jerárquico el 8 de septiembre de 2009, cuando debía remitirlo el 2 de septiembre de 2009, incumpliendo el art. 33 parágrafo III del DS Nº 26319.


I.3. Petitorio.


Concluyó solicitando se declare probada la demanda y se anulen anulando la Resolución Ministerial Nº 1000/09 de 1 de diciembre, y Auto de Complementación MT/VMESCyCOOP/DGSC/JRCFP/ACE-009/2009 de 7 de enero de 2010.


II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.


El Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 21 de agosto de 2010, que cursa de fojas 82 a 86, solicitando se declare improbada la demanda y señalando lo siguiente:


El proceso sumario interno seguido contra Verónica Mallea Rada (Jefa del Departamento de Personal) ex funcionaria de la Aduana Nacional de Bolivia concluyó con la determinación de responsabilidad administrativa, calificando su conducta como falta grave, porque ella abusando de su condición de ex funcionaria de la Aduana Nacional obtuvo información de funcionarios públicos de esa entidad, documentación considerada confidencial por el art. 45 inc. a) del DS Nº 26115 (Normas Básicas de Administración de Personal); determinación que se confirmó en la resolución que resolvió el recurso jerárquico, dejándose establecido que, la documentación que se tiene en la Unidad de Recurso Humanos de la Aduana Nacional de Bolivia, es de carácter confidencial, que debe ser protegida y custodiada por la institución, ya que si bien la misma puede ser conocida por cualquier persona, sólo se podrá tener acceso mediante una orden que derive de autoridad competente y no a solo requerimiento verbal de personas ajenas o de la misma institución.


Refiriéndose al incumplimiento de plazos por parte de la autoridad Sumariante, señala que la normativa vigente referida a Responsabilidad por la Función Pública no establece pérdida de competencia del Sumariante por incumplimiento de plazos establecidos; por su parte el Auto Constitucional Nº 118/2004-CA de 3 de marzo, textualmente establece que la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la ley a objeto de establecer nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad; entonces no corresponde nulidad alguna.


Respecto a la vulneración del debido proceso a que hace referencia la recurrente, manifiesta que no es evidente, debido a que la ahora demandante tuvo conocimiento de la Resolución Nº RA-PE 03-072-09 que dispuso que el recurso de revocatoria se tramitaría conforme a los artículos 30 y 31 del D.S. Nº 26319 de 15 de septiembre de 2001, teniendo la ex funcionaria plazo suficiente para presentar sus pruebas y alegatos.

II.1. Petitorio.


La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda, manteniéndose firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.


III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.


A efecto de resolver, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:


1. Ante la denuncia verbal sobre la supuesta sustracción de documentos del Departamento de Recursos Humanos (RRHH) de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la Presidencia Ejecutiva de la  ANB instruyó a la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA) coadyuvado por la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC) realice un operativo de intervención al Departamento de RRHH, con el fin de realizar la revisión y evaluación del manejo de carpetas personales de los funcionarios de la ANB y verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos relativos al registro, custodia y manejo informático de los mismos, emitiéndose los informes AN UTIPC OCI Nº 012/2008 (fs. 15 a 31 del Anexo 1) y AN UTIPC OCI Nº 013/2008 (fs. 76 a 101 del Anexo 1) ambos de fecha 5 de marzo de 2008, que determinaron la presunta transgresión de disposiciones legales por parte de los investigados.


En atención a las recomendaciones establecidas en los informes, el Presidente Ejecutivo de la ANB, el 11 de marzo de 2008 remite a la Dra. Mónica Ramírez, Sumariante de la institución, el informe AN UTIPC OCI Nº 012/2008 para su procesamiento (fs. 104 del Anexo 1), quién por Auto AN-GEGPC-SM Nº 076/2008 de 19 de marzo, se excusa del conocimiento, tratamiento y resolución de la denuncia contenida en el informe de referencia (fs. 111 del Anexo 1), excusa declarada legal por Resolución Nº RA-PE 03-23-08 de 24 de abril, cursante a fs. 121 a 122 del Anexo 1, en la que también, por las atribuciones conferidas por el artículo 26 parágrafo II y IV del DS Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, modificado por el DS Nº 26237 de 29 de junio de 2001, designó al Abogado Raúl Ángel Sandy Méndez dependiente del Departamento de Gestión Legal de la Gerencia Nacional Jurídica de la ANB para que actúe como sumariante dentro de la denuncia contenida en el informe AN UTIPC OCI Nº 012/2008.


A fs. 13 del Anexo 1 cursa Comunicación Interna AN-GNJGC-DGLJC Nº 1677/2008 de 28 de julio, de A. Raúl Sandy Méndez Abogado de la Gerencia Nacional Jurídica, dirigida al Abogado Enrique Jauregui Ortega Gerente Nacional Jurídico de la ANB, donde representa la designación de Sumariante realizada por el Presidente Ejecutivo de la Aduana, por haber presentado y estar a cargo de la acción penal pública contra Verónica Mallea Rada, Lina Lourdes Salcedo Jurado y Samuel Calero Collao por la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 363 ter. (Alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos), 163 (Anticipación o prolongación de funciones) y 293 (Amenazas) del Código Penal.


En fecha 9 de febrero de 2009, el doctor Marco Antonio Solares Castillo Sumariante de la ANB dicta el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM Nº 022/2009 (fs. 123 a 125 del Anexo 1), iniciando proceso administrativo interno contra la ex servidora pública Verónica Mallea Rada en su calidad de ex Jefe del Departamento de RRHH de la ANB  por presuntamente haber transgredido lo dispuesto en 1) Art. 147 OBLIGACIONES inc. a) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional 2) Art. 148 PROHIBICIONES inc. j) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional 3) El Manual de puestos de la Aduana Nacional, en lo inherente al Jefe de Recursos Humanos, subtítulo Funciones Principales inc. o) Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y documentación.


En fechas 20 de marzo y 25 de junio de 2009 presentó descargos.


Mediante Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 150/2009 de 2 de julio, (fs. 181 a 200 del Anexo 1), el Sumariante de la ANB Resolvió declarar probado parcialmente el Auto Inicial del Proceso Sumario Interno, declarando la Responsabilidad Administrativa de la ex servidora pública Verónica Mallea Rada al haber transgredido lo dispuesto en 1) Art. 147 OBLIGACIONES inc. a) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional 2) Art. 148 PROHIBICIONES inc. j) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional 3) El Manual de puestos de la Aduana Nacional, en lo inherente al Jefe de Recursos Humanos, subtítulo Funciones Principales inc. o) Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y documentación; por la incorrecta utilización de información considerada como confidencial, calificando la falta en la que incurrió como grave, a efectos de dejar constancia de sus actuaciones y registro en el archivo correspondiente.


De fs. 205 a 223 del anexo 2 cursa nota de Recurso de Revocatoria, resuelto por Resolución AN-GEGPC-SM Nº 186/2009 de 13 de agosto, que Confirma Totalmente la Resolución recurrida (fs. 229 a 234 del Anexo 2).


Por carta cursante de fs. 237 a 248 del Anexo 2, la ahora demandante interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución adversa, la que previos los trámites de rigor, fue resuelto por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante Resolución Ministerial Nº 1000/09 de 1 de diciembre, Confirmando la Resolución de Recurso de Revocatoria AN-GEGPC-SM Nº 186/2009 de 13 de agosto, únicamente en la determinación de la Responsabilidad Administrativa de Verónica Mallea Rada, dispuesta por la Resolución Final AN-GEGPC-SM Nº 150/2009 de 2 de julio. Resolución que previa solicitud expresa de Complementación (fs. 314 a 319 del Anexo 2), fue Ratificada en todas sus partes por el Auto MT/VMESCyCOOP/DGSC/JRCFP/ACE-009/2009 de 7 de enero de 2010, de fs. 320 a 322 del Anexo 2.


2. En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil.


3. Concluido el trámite se decretó autos para sentencia.


IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.


En autos, la controversia se circunscribe en determinar, si en la tramitación del Proceso Sumario Interno, existió violación al derecho del debido proceso y vulneración a derechos y garantías constitucionales, así como en las instancias recursivas, que ameriten la nulidad del proceso.


V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.


V.1. Entendido el debido proceso en sus tres dimensiones: derecho humano, derecho fundamental y garantía jurisdiccional, constitucionalmente se ha establecido que sus elementos son: derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones. Siendo ésta lista de derechos puramente enunciativa y no limitativa, por el principio de progresividad se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste como medio para asegurar la realización del valor justicia.


La jurisprudencia constitucional ha establecido que la triple dimensión del debido proceso no restringe su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, siendo extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad, como el caso que nos ocupa.


Corresponde también señalar que, siendo el derecho a la defensa un instituto integrante de la garantía al debido proceso, consagrado en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), precepto que alcanza los siguientes ámbitos: 1) el derecho a ser escuchado en el proceso; 2) el derecho a presentar prueba; 3) el derecho a hacer uso de los recursos y 4) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal.


Aplicando al caso concreto todo lo referido líneas arriba y previa revisión del cuaderno procesal, corresponde afirmar que Verónica Mallea Rada desde la notificación con el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno, durante la tramitación del proceso interno hasta la notificación con el auto de complementación y enmienda a la Resolución de Recurso Jerárquico, en ningún momento se vulneró su derecho al debido proceso en ninguno de sus componentes, refiriéndonos concretamente al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, argumentadas por la ahora demandante, ya que consta en obrados actos administrativos que demuestran sin lugar a dudas que la sumariada ejerció su derecho a la defensa durante toda la tramitación de la causa, no otra cosa representa la nota de ofrecimiento de prueba de descargo, notas de fs. 162, 177, Recurso de Revocatoria contra la Resolución Final de fs. 207 a 225, Recurso Jerárquico de fs. 239 a 250, alegatos de fs. 273 a 283, nota de fs. 287 a 288, solicitud de complementación a la Resolución de Recurso Jerárquico de fs. 314 a 319 y notas de fs. 326 y 331 del expediente, que  permiten afirmar que la vulneración al derecho debido derecho, derecho a la defensa, presunción de inocencia e indefensión acusadas por Verónica Mallea Rada no son evidentes y no refleja la verdad de los actos procesales.


V.2. Con relación a la violación del Principio de Congruencia y Seguridad Jurídica argumentada por la recurrente, corresponde señalar que el principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que marca el desarrollo del proceso para llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. Mediante este principio, obliga la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda, en el caso concreto, el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno. Entonces queda claro que el Juez o Tribunal, en autos la Autoridad Sumariante, no puede iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para el curso de la sustanciación del proceso,  cambiar las mismas, o peor, concluir que fueron vulnerados otros preceptos por los que no se inició el proceso, lo que indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentaría contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por dejar en indefensión a la procesada o sumariada quien no podrá asumir su defensa de manera efectiva. El caso que nos ocupa, inició con el proceso administrativo interno contra la ex servidora pública Verónica Mallea Rada en su calidad de ex Jefa del Departamento de Recursos Humanos  de la ANB por presuntamente transgredir: 1) Art. 147 OBLIGACIONES inc. a) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional 2) Art. 148 PROHIBICIONES inc. j) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional 3) El Manual de puestos de la Aduana Nacional, en lo inherente al Jefe de Recursos Humanos, subtítulo Funciones Principales inc. o) Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y documentación. Que luego del trámite establecido en el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública DS Nº 23318-A y DS Nº 26237, mediante Resolución Final, la Autoridad Sumariante declara la Responsabilidad Administrativa de la ex servidora pública Verónica Mallea Rada, por haber transgredido lo dispuesto: 1) Art. 147 OBLIGACIONES inc. a) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional 2) Art. 148 PROHIBICIONES inc. j) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional 3) El Manual de puestos de la Aduana Nacional, en lo inherente al Jefe de Recursos Humanos, subtítulo Funciones Principales inc. o) Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y documentación; por la incorrecta utilización de información considerada como confidencial, calificando la falta en la que incurrió como grave, sea a efecto de dejar constancia de sus actuaciones y registro en el archivo correspondiente. Bajo estos antecedentes, por Resolución de Recurso de Revocatoria, se Confirma Totalmente la Resolución Final y posteriormente resolviendo el Recurso Jerárquico, el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social por Resolución Ministerial Nº 1000/09, Confirma la Resolución de Recurso de Revocatoria, en la determinación de Responsabilidad Administrativa de Verónica Mallea Rada, dispuesta por la Resolución Final del Sumariante de la ANB.


El detalle de actuaciones del Proceso Sumario Interno, nos lleva a la conclusión irrefutable que el sumario contravencional se inició por la presunta transgresión de los arts. 147 inc. a), 148 inc. j) del Reglamento de Personal de la Aduana Nacional e inc. o) del Manual de Puestos de la Aduana Nacional, en lo inherente al Jefe de Recursos Humanos, subtítulo Funciones Principales; articulado que luego fue declarado probado por el Sumariante, y posteriormente confirmado en revocatoria y jerárquico; consecuentemente no existe violación del Principio de Congruencia y Seguridad Jurídica.


V.3. En cuanto al Incumplimiento de plazos reclamado por la demandante, corresponde señalar que la SC 0032/2010 de 20 de septiembre, Recurso Directo de Nulidad, establece que, la falta de resolución en los plazos legales y las Resoluciones tardías dentro de Proceso Sumario Interno no genera pérdida de competencia de la Autoridad Sumariante para emitir los mismos, ya que una vez que opera el silencio administrativo negativo siempre y cuando el afectado no haya impugnado ésta presunción desestimatoria-, no existe óbice legal alguno para dictar Resolución expresa, ya que ésta institución no genera las mismas consecuencias jurídicas que el silencio administrativo positivo.


Considerando que la demandante pide declarar probada la demanda en consecuencia la nulidad de obrados por vicios cometidos a lo largo del proceso y vulneración de derechos reconocidos constitucionalmente; sin demostrar que el acto procesal viciado de le causó gravamen y perjuicio personal y directo, además de haberle colocado en un verdadero estado de indefensión, que el perjuicio sea cierto, concreto, real, grave y demostrable. Además sin probar que los medios de defensa de los que ha sido privado o los que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, tomando en cuenta que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico, pues no es suficiente la invocación genérica de la lesión al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia, habida cuenta que las normas procesales sirven de base para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar o entorpecer la resolución, extremos que en la sub lite la demandante no ha demostrado, más si en las fases recursivas luego de ser invocado con los mismos fundamentos han sido considerados y resueltos.


En atención a lo desglosado anteriormente, éste Tribunal Supremo de Justicia constituido en control de legalidad, llega al convencimiento que no existe ningún acto administrativo anulable por cuanto la contravención al ordenamiento jurídico administrativo general y específico citados por la Autoridad Legal Competente en el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno, no han sido enervados por la demandante en instancia recursiva de revocatoria y jerárquica, mucho menos demostró que los mismos le hubieran ocasionado indefensión o lesione el interés público que importe violación del debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia.


Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Resolución Ministerial Nº 1000/09 de 1 de diciembre, y el Auto Complementario a la Resolución Ministerial de Recurso Jerárquico, fueron emitidos en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulneren derechos constitucionales, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuesto corresponde confirmar la Resolución Ministerial de Recurso Jerárquico.


V.4. Conclusiones.


En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de las pretensiones deducidas en la demanda, se concluye lo siguiente:


En cumplimiento a la normativa citada precedentemente y la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, se evidencia que lo dispuesto por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social en la Resolución Ministerial de Recurso Jerárquico Nº 1000/09 de 1 de diciembre, no vulnera derechos de la ex servidora pública Verónica Mallea Rada.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fs. 22 a 28; en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución Ministerial Nº 1000/09 de 1 de diciembre, dictada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena