SALA PLENA


SENTENCIA:                                    375/2015.

FECHA:                                Sucre, 21 de julio de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        57/2010.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.    

PRIMER MAGISTRADO RELATOR: Jorge Isaac von Boories Méndez.

SEGUNDO MAGISTRADO RELATOR: Rómulo Calle Mamani.


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0371/2009 de 28 de octubre de 2009.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 20 a 24 impugnando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0371/2009, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; la contestación de fs. 58 a 62, los memoriales de réplica de fs. 87 a 88, dúplica de fs. 92 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que David Román Altamirano Salas en representación legal de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en tiempo hábil y en estricta aplicación del art. 778 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso-administrativa contra la Resolución Jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con los siguientes argumentos:


Manifiesta que la Resolución Jerárquica consideró que la Universidad Andina Simón Bolívar es una entidad de derecho público internacional, sometida al Convenio de Sede suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar el 3 de noviembre de 1996 aprobado por Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, que reconoce inmunidades y privilegios especiales a la referida Universidad en nuestro país, al igual que en otros países del Área Andina, otorgándole el privilegio de la exención de impuestos y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, universitarios, aduaneros o de cualquier otra índole, no teniendo la calidad de sujeto pasivo, entre ellos el RC-IVA.


Declara que si bien la Universidad Andina Simón Bolívar es un Organismo Internacional,  no está excluido de estar sujeto a las leyes bolivianas y cumplir sus obligaciones, toda vez que el art. 3 del Convenio de Sede entre el Gobierno de la entonces República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, establece expresamente que esta Universidad está exenta de todos los impuestos, pero el RC-IVA es un tributo que por Ley lo deben cancelar los Funcionarios de todas las instituciones sean estas públicas o privadas incluida la Universidad Andina Simón Bolívar, por lo que esta obligación recae en los funcionarios de dicha institución.

Consecuentemente en previsión del art. 25 de la Ley Nº 2492, la U.A.S.B. se constituye en Agente de Retención, por lo que debe cumplir el Deber Formal que le corresponde como “Agente de Retención RC-IVA” de sus Dependientes, teniendo como fin de retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley, por lo que la U.A.S.B. si tiene la condición de sujeto pasivo y como tal sujeto al cumplimiento de los Deberes Formales que le correspondan, por ende  alcanzado por Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.25 que determina que el uso del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención deberá ser consolidado mediante información electrónica proporcionada por sus dependientes, remitiéndola mensualmente al SIN mediante sitio web www.impuestos.gov.bo  y de no ser así los funcionarios de la U.A.S.B. no cancelarían el RC-IVA, en previsión del art. 71. I. III de la Ley Nº 2492.


Refiere que el uso del Software Da Vinci fue ampliamente difundido a nivel nacional, en varios curso de capacitación brindados por personal de atención al contribuyente de esta Gerencia Distrital del SIN, no siendo responsabilidad nuestra que la U.A.S.B. no envié a su personal a capacitarse en los cursos del llenado de nuevos formularios Da Vinci.


Declara que no es desconocido que las normas supranacionales tienen prelación a otras normas, entre ellas el Código Tributario, inclusive a la CPE, pero este no es el caso, toda vez que la Administración Tributaria no vulneró con su actuación el Convenio de Sede,  en razón de que el art. 3  de la misma, se refiere únicamente a la Universidad como institución exenta del pago de impuestos, empero el RC-IVA es un impuesto que grava a todos los funcionarios dependientes de dicha institución, obligando a los funcionarios que perciben un sueldo superior a Bs. 7.000.00 a presentar Declaraciones Juradas en medio magnético. En consecuencia en ningún momento se pretendió que el impuesto al RC-IVA sea gravada a la U.A.S.B. convirtiéndole en sujeto pasivo, sino se pretende que la misma sea considerada como Agente de Retención y pueda cumplir periódicamente al SIN en los plazos, formas y medios establecidos por normativa específica, lo contario significa una contravención a lo normado por el art. 25 nums. 1), 2), 4) y 5) de la Ley Nº 2492; art. 19 inc. c) de la Ley Nº 843, art. 1 del DS Nº 21531, art. 8 del DS Nº 21531 y la RND Nº 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005.


Indica que la Administración Tributaria no está obligada a notificar normativa tributaria a cada contribuyente individualmente, toda vez, que las disposiciones legales rigen a partir de su publicación conforme prevé el art. 3 de la Ley Nº 2492.


Por otra parte, manifiesta que si bien las remuneraciones que  hace la U.A.S.B. a su personal no son efectuadas con dineros de fuente boliviana; sin embargo el art. 19 de la Ley Nº 843, creo el impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. Además por norma tributaria la U.A.S.B. se convierte en sustituto en observancia de los arts. 22 y 25 nums. 1), 2), 4) y 5)  de la Ley Nº 2492.

Declara que en previsión del art. 2 del DS Nº 21531, establece que el personal contratado ya sea misiones diplomáticas acreditadas en el país, organismos internacionales, gobiernos extranjeros o instituciones oficiales extranjeras, son SUJETOS PASIVOS DE ESTE IMPUESTO, por ende se los considera  contribuyentes independientes, por lo que se dispuso que a partir del 1 de noviembre de 1987 se debió liquidar y pagar el Impuesto al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo al procedimiento establecido por esta norma legal en su art. 9, por lo que  en previsión del art. 7 de la RND Nº 10.0029.25 se informó que la U.A.S.B. tiene planillas correspondientes al periodo fiscal diciembre 2006 de dependientes con ingresos, sueldos o salarios, brutos mayores a Bs. 7.000,00 correspondiendo  la presentación de información Software RC-IVA (Da Vinci) del citado periodo fiscal, debiendo consolidarse  en observancia del art. 4 de la referida Resolución Normativa de Directorio.


Argumenta, que la in formación requerida debió ser presentada  por parte de la U.A.S.B. al SIN en el mes de enero de 2007, es decir, en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada del RC-IVA (Form. 98) de acuerdo a la terminación del ultimo digito de su número de Identificación Tributaria (NIT), configurándose de este modo contravención tributaria por el incumplimiento establecido por el art. 160 num. 5) de la Ley Nº 2492, determinándose la sanción dispuesta por el art. 168. I de la referida Ley.


Menciona que los descargos que fueron rechazados, se debió en observancia del art. 81 num. 1) de la Ley Nº 2492, que originó la conducta u omisión  sancionada por Ley como contravención tributaria al tenor de lo normado por el art. 162. II y 168. I de la referida Ley, concordante con el art. 40 del DS Nº 27310 y la RND Nº 10.0029.25 Anexo A) num. 4 punto 4.3 aplicándose la sanción al Sujeto Pasivo y/o sustituto Universidad Andina Simón Bolívar con una multa de UFV´S 5.000, en mérito a lo expuesto la Resolución Jerárquica es contraria a la disposición legal vigente.


Por otra parte, indica que el art. 10 del Convenio de Sede entre el Gobierno de la entonces República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, establece que en cuanto a los funcionarios nacionales o extranjeros con residencia en Bolivia que ejerzan funciones en la referida Universidad, no gozan, ni se les reconoce ningún privilegio, ni inmunidad.

Concluye solicitando se declare PROBADA la demanda contencioso administrativa y de forma expresa se resuelva REVOCAR totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0372/2009.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 52, fue corrida en traslado y citada la autoridad recurrida, se apersona Ausberto Ticona Cruz en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien por memorial de fs. 58 a 62, contesta en forma negativa expresando que la resolución demandada se encuentra plenamente respaldada en sus fundamentos técnicos-jurídicos, con los siguientes argumentos:


Manifiesta que el art. 1 del Convenio de Sede suscrito entre el Gobierno de la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, ratificado por Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, determinó que esta Universidad goza de privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus objetivos a nivel nacional, reconociendo su calidad de Organismo Público Internacional, por lo tanto, sujeto del Derecho Internacional Público, encontrándose exenta de todo impuesto y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, universitarios, lo que significa que no puede asumir el pago de ningún tributo en forma directa e indirecta.


Refiere que el art. 22 la Ley Nº 2492 considera sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria al contribuyente o sustituto del mismo, quienes están obligados a cumplir con las obligaciones tributarias, que a su vez, el art. 23 de la misma Ley, establece que contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria.

Por otra parte, refiere que el art. 5 de la citada Ley, estipula que el Agente de Retención es un sustituto del contribuyente, por lo tanto, es quien en lugar del sujeto pasivo debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, lo que significa que el sustituto Agente de Retención actúa y responde en defecto del contribuyente, en este caso considerar a la U.A.S.B. como sustituto de Agente de Retención, sería desconocer el efecto del art. 3 del Convenio Sede, que por sus prerrogativas, no puede asumir obligaciones tributarias o de otra índole, ni siquiera en defecto del contribuyente directo que es el empleado dependiente, por lo que no se puede atribuir la calidad de Agente de Retención a la Universidad Andina Simón Bolívar, menos aún asumir obligaciones tributarias materiales ni formales de otros contribuyentes.


Refiere que al ser la referida Universidad sujeto de Derecho Internacional Público por Convenio Internacional, se encuentra exenta de todos los impuestos y contribuciones nacionales, departamentales, municipales, universitarias, estableciéndose que no puede asumir la calidad de Agente de Retención y sustituir al contribuyente en sus obligaciones tributarias.

Por otra parte, señala que respecto al procedimiento y acto sancionatorio la Administración Tributaria se basó en el contenido de la RND Nº 10.0029.25 que reglamenta el uso del Software RC-IVA (Da Vinci) para los sujetos pasivos del Régimen Complementario IVA en relación de dependencia, considerando que la U.A.S.B. por mandato del art. 3 del Convenio de Sede, no es aplicable los arts. 4 y 5 de la RND Nº 10.0029.25 a la referida Universidad y en consecuencia tampoco le corresponde sanción.


Señala que el art. 410 de la Constitución Política del Estado establece que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones se encuentran sometidos a la presente Constitución y que la misma es la norma suprema del Ordenamiento jurídico boliviano que goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa., toda vez que el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos  y las normas de Derecho Comunitario, por lo que el referido Convenio tiene prelación de aplicación sobre las Leyes en materia tributaria.


Señala  que con respectos a los otros argumentos esgrimidos por la parte actora corresponde reiterar que la U.A.S.B.  por mandato del art. 3 del Convenio Sede, no puede asumir la calidad de sustituto de agente de retención, evidenciándose que lo dispuesto en los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 no es aplicable a dicha institución.

Concluye argumentando que por todo lo expuesto, y dentro el término establecido por ley, contesta negativamente a la demanda contencioso administrativa, solicitando se la declare IMPROBADA, manteniendo firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0371/2009 de 28 de octubre.


Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 85, se corrió traslado a la entidad demandante para la réplica, quien por memorial de fs. 90 a 91 presentó la réplica a fs. 87 a 88  y a fs. 92 la dúplica, y finalmente por proveído de fs. 95 se decretó Autos para Sentencia.


CONSIDERANDO III: Que la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos  4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por  la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:


De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 04 de 10 de marzo de 2009, que resolvió sancionar a la Universidad Andina Simón Bolívar con la multa de 5.000 UFV por el periodo diciembre 2006, de acuerdo con lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo de la RND 10-0021-04.


Contra la referida Resolución Sancionatoria la Universidad Andina Simón Bolívar formuló recurso de Alzada, resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0072/2009 de 10 de julio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, que  confirmó la resolución impugnada.


Ante esa resolución, la Universidad Andina Simón Bolívar interpuso recurso jerárquico, resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0371/2009 de 28 de octubre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que resolvió revocar totalmente la resolución impugnada, en su mérito  declaró NULA Y SIN VALOR LEGAL la Resolución Sancionatoria Nº 04 de 10 de marzo de 2009, concluyendo con el razonamiento de que la U.A.S.B. se encuentra exenta del pago de impuestos directos e indirectos y que no puede cumplir con deberes formales como Agente de Retención, en razón de los privilegios reconocidos por el Convenio de Sede suscrito con el Gobierno de Bolivia y aprobado por Ley Nº 1814 de 19 de diciembre de 1997, criterio que es motivo de la presente controversia.

Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe al siguiente hecho puntual:



El 3 de noviembre de 1986, el Gobierno de la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar suscribieron el Convenio de Sede e Inmunidades y  Privilegios, para la puesta en funcionamiento de la Universidad Andina con Sede en Bolivia; mismo que ha sido ratificado por el Estado Boliviano mediante la Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, destacando la condición “Sine Quanon” para la vigencia del Convenio la exención tributaria.


El artículo 1 del indicado Convenio, estipula lo siguiente: “La Universidad Andina gozará en el territorio de Bolivia de la personalidad jurídica y de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus objetivos dentro las previsiones de su Estatuto Orgánico…”, de lo que se colige que la referida Universidad Andina es una organismo de Derecho Público Internacional creado por el Parlamento Andino que forma parte del Sistema Andino de Integración y sus actividades cubren todos los países de la Comunidad Andina del cual el Estado Plurinacional de Bolivia es miembro activo, es por tal motivo que la Universidad Andina goza de inmunidades tributarias señaladas en el Convenio de Sede, es decir, se encuentra exenta de todo impuesto.


En la presente causa, la controversia versa si la U.A.S.B. pueda tener la condición de sujeto pasivo o sustituto de Agente de Retención RC-IVA, al respecto se tiene que el art. 3 del Convenio Sede estipula: “La Universidad Andina estará exenta de todos los impuestos y contribuciones nacionales, departamentales, municipales, universitarios o de cualquier otra índole…”; de este artículo se establece que dicha institución se encuentra  exenta de todo pago directo e indirecto de impuestos, por lo que la pretensión de la parte actora de imputar por incumplimiento de Deberes Formales más propiamente por ausencia de presentación de información  del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención ante la Administración Tributaria  (de funcionarios con remuneración superior a los Bs. 7.000,00) es soslayar esa inmunidad fiscal otorgado por Ley, que conlleva al desconocimiento del principio de Legalidad y Reserva de la Ley, toda vez, que cualquier incumplimiento de la obligación tributaria, por parte de sus dependientes no puede ser imputada a la U.A.S.B.


Consecuentemente no corresponde que dicha institución académica, actué como sustituto de “Agente de Retención” de ningún contribuyente para el cumplimiento de obligaciones tributarias, por no corresponder el pago de ningún impuesto directo o indirecto en virtud de la inmunidad tributaria y los privilegios concedidos por el Estado Boliviano. Dicho Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios, es aplicable en el orden dispuesto por el art. 410. II de la Constitución Política del Estado, en razón de su aprobación legislativa mediante Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, que dispone: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:


1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.


Entendiéndose que ninguna disposición jurídica estará por encima de la Constitución, excepto aquellos Instrumentos Internacionales que se refieren a Derechos Humanos y normas de Derecho Comunitario, cuando declaren derechos más favorables a los contenidos en el texto constitucional.


En ese sentido, deberá tenerse en cuenta que el Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios al otorgar el privilegio de la exención tributaria a la Universidad Andina, esta forma parte del Derecho Internacional tributario, en consecuencia dichas normas internacionales, en nuestro ordenamiento constitucional, al ser aprobados por  el Congreso Nacional (ahora Asamblea Legislativa Plurinacional)  tal como disponía el art. 59 de la abrogada Constitución Política del Estado y ahora por el art. 410. II num. 2) de la actual Carta Magna, tienen aplicación en todo el territorio nacional y, obviamente, en las entidades locales menores como los departamentos y municipios. En consecuencia, la Constitución Política del Estado, encabeza el ordenamiento jurídico boliviano y posteriormente los Tratados o Convenios internacionales, por consiguiente es de aplicación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico. A su vez, el art. 5 de la Ley Nº 2492, señala: “… son fuente del Derecho Tributario  con la siguiente prelación normativa:


1.- La Constitución Política del estado

2.- Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo…”, todo ello, demuestra que nuestra norma tributaria también reconoce la aplicación preferente después de nuestra Carta Magna a los Convenios y Tratados Internacionales, con la exigencia de ser aprobados y ratificados por nuestro país.

Asimismo el art. 10 del Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios, señala: “El Gobierno de Bolivia no reconocerán privilegios o inmunidades a sus nacionales ni a los extranjeros con residencia permanente en Bolivia, que ejercieren funciones o fuesen contratados en la Universidad Andina…”; sin embargo ello, no significa que la Universidad Andina Simón Bolívar pueda sustituir al contribuyente como Agente de Retención, por las siguientes razones: 


El Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA), creado con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, grava entre otros conceptos los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos de  representación y en general, toda retribución ordinaria y extraordinaria, suplementaria o a destajo, quedando sujetos a su pago, la totalidad de los ingresos de fuente boliviana.


Con la Ley Nº 843, se aplica una tasa única del 13% sobre la base imponible,  por lo que mediante este impuesto se permite que los contribuyentes puedan imputar como pago a cuenta, la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y servicios, contratos de obra o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza que debe hacerse constar en la declaración jurada mensual. El art. 33 de la Ley Nº 843, prevé también, la designación de agentes de retención y agentes de información.


En la presente causa, el ente fiscalizador sancionó a la Universidad Andina Simón Bolívar con la multa de 5.000 UFV, en previsión de la Resolución Normativa de Directorio 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, que reglamentó el uso del software RC-IVA (Da Vinci) para los sujetos pasivos del impuesto en relación de dependencia y para los Agentes de Retención, aplicando la sanción por el periodo fiscal diciembre/2006, atribuyendo a la Universidad Andina Simón Bolívar, la obligación contenida en el art. 2 que señala:” Software RC-IVA(Da Vinci) Agentes de Retención el cual permitirá consolidar la información declarada por los dependientes  de cada entidad v o empresa, así como la aprobación de la planilla tributaria”, de esta disposición legal se  tiene  que obliga a los Agentes de Retención a consolidar la información declarada por los dependientes de  toda entidad a  presentar información conforme a lo establecido en el artículo 4 de la citada RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005.


A su vez, el art. 22 del Código Tributario estipula: “Es sujeto pasivo el contribuyente o sustito del mismo, quien conforme dispone este Código y las Leyes”, a su vez el art. 25 de la referida Ley señala: “Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales de acuerdo a las siguientes reglas: 2) Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley…(…)”, esta norma considera sujeto pasivo de la relación  jurídica tributaria al contribuyente o sustituto del mismo, los cuales se encuentran supeditados a cumplir toda obligación tributaria, por tanto,  esta norma legal no  es aplicable para la U.A.S.B. tal como pretende la Administración Tributaria, al sancionarle por contravención Tributaria mediante Resolución Sancionatoria Nº 04 de 10 de marzo de 2009, lo cual significó el desconocimiento del Convenio de Sede, al atribuirle la condición de “Agente de Retención”, sin tomar en cuenta que a la hora de su intervención en la recaudación del impuesto ante el SIN de sus empleados, la Universidad Andina se constituiría en  sujeto pasivo o sustituto al ser acreedor de un abono, recibido por el pago de los sueldos, honorarios, comisiones, dividendos o cualesquiera de otro tipo de remuneraciones gravadas con el impuesto de sus empleados.


Asimismo debe tenerse en cuenta que del cumplimiento o inobservancia de esta obligación que intenta imputar la Administración Tributaria a la U.A.S.B., daría lugar a la tipificación de una “obligación de hacer”, de la cual podría emerger diferentes situaciones de responsabilidad tributaria en contra de dicha institución; toda vez, a que una vez efectuada la retención, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo (contribuyente) por dicho importe.


En mérito a lo precedentemente expuesto, la Universidad Andina Simón Bolívar no puede constituirse en sustituto del Contribuyente  y de Agente de Retención, menos atribuirle responsabilidad tributaria, ya que su responsabilidad llegaría a ser solidaria por el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra la Universidad Andina e incluso sería responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen, lo cual conlleva a desconocer lo suscrito en el Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios.  En consecuencia, se concluye que la Universidad Andina Simón Bolívar no puede adquirir la calidad de “sujeto pasivo o sustituto del mismo o como Agente de Retención”, sustituyendo a terceras personas, que podrían generarle incumplimiento de obligaciones tributarias materiales y formales que conllevaría a ser pasible a sanciones tributarias, conforme determina el art. 5 de la RND 10-0029-05, que señala:” los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de presentar la información del “Software RC-IVA(Da Vinci)Agentes de Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el  art. 162 de la Ley Nº 2492 y el numeral 4.3. del Anexo A de la RN D Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004”.


Sin embargo, el art. 19 de la Ley  Nº 843,  conforme se señaló líneas arriba, creó un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores; constituyendo ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago. En ese sentido, está claro que quienes perciben ingresos como retribución de su desempeño laboral se encuentran sujetos al RC-IVA, en los términos que la Ley y su reglamento establecen. Consiguientemente la Universidad Andina Simón Bolívar al efectuar actividades de Organismos Oficiales de Cooperación Internacional y ser una institución exenta por Convenio Internacional, procede a la contratación de personal local, aspecto que es observado por la Administración Tributaria, empero debe tenerse en cuenta , que ante la exigencia de tal extremo, corresponderá la aplicación del art. 2 del DS N° 21531 de 27 de febrero de 1987-Reglamento del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, que dispone que el personal contratado localmente ya sea por misiones diplomáticas acreditados en el país, organismos internacionales, gobiernos extranjeros o instituciones oficiales extranjeras, son sujetos pasivos de  este impuesto y a este efecto se les considera contribuyentes independientes. Consecuentemente, liquidan y pagan el impuesto de acuerdo con el procedimiento descrito en el art. 9º del indicado Reglamento; es decir, en forma trimestral y mediante presentación de sus declaraciones juradas dentro de los veinte días siguientes al de la finalización del trimestre que corresponda.


Por lo tanto, no corresponde que la Universidad Andina Simón Bolívar ejerza la condición de sustituto de Agente de Retención, por no tener la obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” y menos ser sancionado con la aplicación del art. 162 de la Ley 2492 y el núm. 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto, resolución última que prevé la sanción de 5.000 UFVs.


Consecuentemente, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia no encuentra vulneración a norma expresa que amerite dejar sin efecto la resolución impugnada en la presente acción contencioso-administrativa, correspondiendo desestimar la pretensión deducida por la Administración Tributaria.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 20 a 24, interpuesta por la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Chuquisaca, declarándose firme y subsistente la Resolución  de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0371/2009 de 28 de octubre de 2009, pronunciada por la Autoridad de Impugnación Tributaria.


No suscriben los Magistrados Jorge Isaac von Borries Méndez quien se constituyó en primer relator y es disidente a la presente Sentencia, asimismo el Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena