SALA PLENA


SENTENCIA:                                    372/2015.

FECHA:                                Sucre, 21 de julio de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        55/2010.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.    

MAGISTRADO RELATOR:                Rómulo Calle Mamani.


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0379/2009 de 28 de octubre de 2009.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 21 a 25 impugnando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0379/2009, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; la contestación de fs.  59 a 63, los memoriales de réplica de fs.  90 a 91 y dúplica de fs. 97 a 98 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que David Román Altamirano Salas en representación legal de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en tiempo hábil y en estricta aplicación del art. 778 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso-administrativa contra la Resolución Jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con los siguientes argumentos:


Manifiesta que la Resolución Jerárquica consideró que la Universidad Andina Simón Bolívar es una entidad de derecho público internacional, sometida al “Convenio de Sede” suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar el 3 de noviembre de 1996, aprobado por Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, que reconoce inmunidades y privilegios especiales a la referida Universidad en nuestro país, al igual que en otros países del Área Andina, otorgándole el privilegio de la exención de impuestos y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, universitarios, aduaneros o de cualquier otra índole, no teniendo la calidad de sujeto pasivo, entre ellos el RC-IVA.


Refiere que si bien la Universidad Andina Simón Bolívar es un Organismo Internacional, ello no le excluye de estar sujeto a las leyes bolivianas y cumplir sus obligaciones y que el art. 3 del Convenio de Sede entre el Gobierno de la entonces República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, determina expresamente que esta Universidad está exenta de todos los impuestos, pero el RC-IVA es un tributo que por Ley lo deben cancelar los Funcionarios de todas las instituciones sean estas públicas o privadas incluida la Universidad Andina Simón Bolívar, en consecuencia esta obligación recae en los funcionarios de dicha institución, convirtiéndose por mandato del art. 25 de la Ley Nº 2492 en Agente de Retención, por ende al cumplimiento de Deberes Formales que le corresponden como “Agente de Retención RC-IVA” de sus Dependientes, alcanzado por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.25 que dispone el uso del Software RC-IVA(Da Vinci) Agentes de Retención consolidando información electrónica proporcionada por sus dependientes, remitiéndola mensualmente al SIN mediante sitio web www.impuestos.gov.bo y de no ser así, los funcionarios de la U.A.S.B. no cancelarían el RC-IVA, en previsión del art. 71. I. III de la Ley Nº 2492.


Manifiesta que no es desconocido que las normas Supranacionales tienen prelación a otras normas, entre ellas el Código Tributario, inclusive la Constitución Política de Estado, pero este no es el caso, toda vez que la Administración Tributaria no ha vulnerado  con su actuación el Convenio de Sede, en razón que su art. 3 se refiere únicamente a la Universidad como institución exenta del pago de impuestos y que el RC-IVA es un impuesto que grava a todos los funcionarios dependientes de dicha institución, obligándose a los funcionarios que perciben un sueldo superior a los Bs. 7.000.00 a presentar Declaraciones Juradas en medio magnético, por tanto este impuesto en ningún momento se consideró que grava a la U.A.S.B. convirtiéndole en sujeto pasivo, sino solo como Agente de Retención, obligada a cumplir con informar periódicamente al SIN en los plazos, formas y medios establecidos por normativa específica, lo contario significa  una contravención a lo normado por el art. 25 nums. 1), 2), 4) y 5) de la Ley Nº 2492; art. 19 inc. c) de la Ley Nº 843, art. 1 del DS Nº 21531, art. 8 del DS Nº 21531 y la RND Nº 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005.


Afirma que si bien las remuneraciones que la U.A.S.B.  hace a su personal no son con dineros de fuente boliviana; sin embargo el art. 19 de la Ley Nº 843, creó el impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta  de ambos factores.


Indica que conforme al art. 2 del DS Nº 21531, se tiene que a partir del 1 de abril de 1987 se debió liquidar y pagar el impuesto al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado de acuerdo al procedimiento establecido por esta norma legal, por lo que  en observancia al art. 7 de la RND Nº 10.0029.25 se informó que la U.A.S.B. tiene planillas correspondientes al periodo fiscal marzo 2006 de dependientes con ingresos, sueldos o salarios, brutos mayores a Bs. 7.000,00, por tanto corresponde la presentación de información del Software RC-IVA (Da Vinci) del citado periodo fiscal, consolidándose en previsión del art. 4 de la referida Resolución Normativa de Directorio.


Prosigue argumentando, que debió ser presentada tal información por la U.A.S.B. al SIN el mes de mayo de 2006, en la misma fecha de la Declaración Jurada del RC-IVA (Form. 98) de acuerdo a la terminación del último dígito de su número de Identificación Tributaria (NIT), configurándose de este modo contravención tributaria por el incumplimiento establecido por el art. 160 num. 5) de la Ley Nº 2492, determinándose la sanción dispuesta por el art. 168. I de la referida Ley.

Indica que el rechazo de los descargos presentados por parte del recurrente, se debió en cumplimiento del art. 81 num. 1) de la Ley Nº 2492, por lo que se produjo la conducta u omisión constatada que configura contravención tributaria al tenor de lo normado por el art. 162. II y 168. I de la referida Ley, concordante con el art. 40 del DS Nº 27310 y la RND Nº 10.0029.25 Anexo A) num. 4 punto 4.3 aplicándose la sanción al Sujeto Pasivo y/o sustituto Universidad Andina Simón Bolívar con una multa de UFV´S 5.000, en mérito a lo expuesto, la Resolución Jerárquica es contraria a la disposición legal vigente.


Por otra parte, indica que el art. 10 del Convenio de Sede entre el Gobierno de la entonces República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, establece que en cuanto a los funcionarios nacionales o extranjeros con residencia en Bolivia, que ejerzan funciones en la referida Universidad no gozan ni se les reconoce ningún privilegio, ni inmunidad.

Concluye solicitando se declare PROBADA la demanda contencioso administrativa y de forma expresa se resuelva REVOCAR totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0379/2009.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 53, fue corrida en traslado y citada la autoridad recurrida, se apersona Ausberto Ticona Cruz en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien por memorial de fs. 59 a 63, contesta en forma negativa la demanda contencioso administrativa, expresando que la resolución demandada se encuentra plenamente respaldad en sus fundamentos técnicos-jurídicos, con los siguientes argumentos:


Manifiesta que el art. 1 del Convenio de Sede suscrito entre el Gobierno de la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, ratificado por Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, establece que la referida Universidad en todo el territorio nacional goza de privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus objetivos, reconociendo su calidad de Organismo Público Internacional, por lo tanto, sujeto del Derecho Internacional Público por lo que se encuentra exenta de todo impuesto y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, universitarios, lo que significa que no puede asumir el pago de ningún tributo en forma directa ni indirecta.


Refiere que conforme los arts. 22 y 25 de la Ley Nº 2492, el Agente de Retención es un sustituto del contribuyente, por lo tanto, es quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, lo que significa que el sustituto Agente de Retención actúa y responde en defecto del contribuyente, en este caso considerar a la U.A.S.B. como sustituto de Agente de Retención, sería desconocer el efecto del art. 3 del Convenio Sede, que por sus prerrogativas, no puede asumir obligaciones tributarias o de otra índole, ni siquiera en defecto del contribuyente directo que es el empleado dependiente, por lo que no se puede atribuir la calidad de Agente de Retención a la Universidad Andina Simón Bolívar, por cuanto no puede asumir obligaciones tributarias materiales ni formales de otros contribuyentes.


Refiere que al ser la referida Universidad sujeto de Derecho Internacional Público por Convenio Internacional, se encuentra exenta de impuestos y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, estableciéndose que no puede asumir la calidad de Agente de Retención y sustituir al contribuyente en sus obligaciones tributarias.


Indica que respecto al procedimiento y acto sancionatorio la Administración Tributaria se basa en el contenido de la RND Nº 10.0029.25 que reglamenta el uso del Sotfware RC-IVA (Da Vinci) para los sujetos pasivos del Régimen Complementario IVA en relación de dependencia, considerando que la U.A.S.B. por mandato del art. 3 del Convenio de Sede, no es aplicable los arts. 4 y 5 de la RND Nº 10.0029.25 a la referida Universidad y en consecuencia tampoco le corresponde sanción.


Señala que con carácter preferencial se tiene la Constitución Política del Estado como fuente del Derecho Tributario y posteriormente los Convenios y Tratados Internacionales, por lo que  el referido Convenio tiene prelación de aplicación sobre las Leyes en materia tributaria.


Concluye argumentando que por todo lo expuesto, y dentro el término establecido por ley, contesta negativamente a la demanda contencioso administrativa, solicitando se declare IMPROBADA, manteniendo firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0379/2009 de 28 de octubre de 2009.


Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 85, se corrió traslado a la entidad demandante para la réplica, quien por memorial de fs.  90 a 91 presentó la réplica  y a fs. 97 a 98 la dúplica, y finalmente por proveído de fs. 100 se decretó Autos para Sentencia.


CONSIDERANDO III: Que la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos  4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por  la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:


De la revisión de antecedentes administrativos, se colige que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 13 de 10 de marzo de 2009, resolviendo sancionar a la Universidad Andina Simón Bolívar con la multa de 5.000 UFV, por incumplimiento al deber formal de presentar información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención correspondiente al periodo fiscal marzo/2006 ante el SIN,  en previsión de los arts. 71, 160 núm. 5) y 162. I de la Ley Nº 2492.


Contra la Resolución  Sancionatoria Julio Garret Aillon en representación de la Universidad Andina Simón Bolívar, formuló recurso de  Alzada (fs.  25 a 30 del Anexo 1), que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0081/2009 de 10 de julio de 2009, emitida por la Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria, que confirmó la resolución impugnada.


Ante esa resolución, la Universidad Andina Simón Bolívar interpuso recurso jerárquico (fs. 251 a 257 del Anexo 2), resuelto mediante la Resolución  de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0379/2009 de 28 de octubre ( fs. 288 a 304 Anexo 2), emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que revocó totalmente la resolución impugnada, en su mérito  declaró NULA Y SIN VALOR LEGAL la Resolución Sancionatoria Nº 13 de 10 de marzo de 2009, concluyendo con el razonamiento de que la U.A.S.B. se encuentra exenta del pago de impuestos directos e indirectos y que no puede cumplir con deberes formales como Agente de Retención, en razón de los privilegios reconocidos por el Convenio de Sede suscrito con el Gobierno de Bolivia y aprobado por Ley Nº 1814 de 19 de diciembre de 1997, criterio que es motivo de la presente controversia.


Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe al siguiente hecho puntual:


1.-Si bien la  Universidad Andina Simón Bolívar  es un organismo Internacional de  derecho público, esto no le excluiría de estar sujeto a las leyes bolivianas y cumplir sus obligaciones como el cumplimiento de los Deberes Formales  actuando como Agente de Retención del RC-IVA de sus Dependientes  consolidando ante el SIN  el Software RC-IVA ( Da Vinci) Agentes de Retención, al respecto es menester referir lo siguiente:


Que el 3 de noviembre de 1986, se suscribió entre  el Gobierno de la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, el Convenio de  Sede  e Inmunidades y  Privilegios, para la puesta en funcionamiento de la Universidad Andina con Sede en Bolivia; mismo que ha sido ratificado por el Estado Boliviano mediante la Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, destacando la condición “Sine Quanon” para la vigencia del Convenio la exención tributaria.


A su vez, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1 del indicado Convenio cursante a fs. 8 a 13 del Anexo 1,  se determinó lo siguiente: “La Universidad Andina gozará en el territorio de Bolivia de la personalidad jurídica y de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus objetivos dentro las previsiones de su Estatuto Organico…”, de lo que se colige que la referida Universidad Andina es una organismo de Derecho Público Internacional creado por el Parlamento Andino que forma parte del Sistema Andino de Integración y sus actividades cubren todos los países de la Comunidad Andina del cual el Estado Plurinacional de Bolivia es miembro activo, es por tal motivo que  la Universidad Andina goza de inmunidades tributarias  señalados en el Convenio de Sede.


En el caso de autos, la controversia versa  si  la misma pueda tener la condición de sujeto pasivo o sustituto de Agente de Retención RC-IVA, al respecto  se tiene que el art. 3 del Convenio Sede estipula: “La Universidad Andina estará exenta de todos los impuestos y contribuciones nacionales, departamentales, municipales, universitarios o de cualquier otra índole….”,  de la cual se colige que la U.A.S.B.  se encuentra  exenta de todo pago directo e indirecto de impuestos y pretender imputar por incumplimiento de Deberes Formales por ausencia de presentación de información  del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención ante el SIN (de funcionarios con remuneración superior a los Bs. 7.000,00) es desconocer su inmunidad fiscal otorgado por Ley, lo cual es soslayar el principio de Legalidad y Reserva de la Ley.


Por consiguiente no corresponde que la Universidad Andina Simón Bolívar, actué como sustituto de “Agente de Retención” de ningún contribuyente para el cumplimiento de obligaciones tributarias, en razón que no le corresponde el pago de ningún impuesto directo o indirecto en virtud de la inmunidad tributaria y los privilegios concedidos por el Estado boliviano. Dicho Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios, es aplicable en el orden dispuesto por el art. 410. II de la Constitución Política del Estado, en razón de su aprobación legislativa mediante Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, que dispone: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:


1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.


Entendiéndose que ninguna disposición jurídica estará por encima de la Constitución, excepto aquellos Instrumentos Internacionales que se refieren a Derechos Humanos y normas de Derecho Comunitario, cuando declaren derechos más favorables a los contenidos en el texto constitucional.


En ese sentido, deberá tenerse en cuenta que el Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios al otorgar el privilegio de la exención tributaria a la Universidad Andina, esta forma parte del Derecho Internacional tributario, en consecuencia dichas normas internacionales, en nuestro ordenamiento constitucional, al ser aprobados por  el Congreso Nacional (ahora Asamblea Legislativa Plurinacional)  tal como disponía el art. 59 de la abrogada Constitución Política del Estado y ahora por el art. 410. II num. 2 de la actual Carta Magna, tienen aplicación en todo el territorio nacional y, obviamente, en las entidades locales menores como los departamentos y municipios. En consecuencia la Constitución Política del Estado, encabeza el ordenamiento jurídico boliviano y posteriormente los Tratados o Convenios internacionales, por consiguiente es de aplicación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo  el art. 10 del Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios, señala: “El Gobierno de Bolivia no reconocerán privilegios o inmunidades a sus nacionales ni a los extranjeros con residencia permanente en Bolivia, que ejercieren funciones o fuesen contratados en la Universidad Andina…”.


Al margen de lo señalado, no corresponderá a la Universidad Andina Simón Bolívar sustituir al contribuyente como Agente de Retención, por las siguientes razones: 


El Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA), creado con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, grava entre otros conceptos los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos de  representación y en general, toda retribución ordinaria y extraordinaria, suplementaria o a destajo, quedando sujetos a su pago, la totalidad de los ingresos de fuente boliviana. Toda vez que dicho impuesto permite a los contribuyentes imputar como pago a cuenta,  la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y servicios, contratos de obra o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza que deben hacerse constar en la declaración jurada mensual. El art. 33 de la Ley Nº 843, prevé también, la designación de agentes de retención y agentes de información.


En el caso de autos, la Administración Tributaria, sancionó a la Universidad Andina Simón Bolívar con una multa de 5.000 UFV, en previsión de la Resolución Normativa de Directorio 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, que reglamentó el uso del software RC-IVA (Da Vinci) por los sujetos pasivos del impuesto en relación de dependencia y por los Agentes de Retención, y aplicó la sanción por el periodo fiscal marzo/2006, atribuyendo a la Universidad Andina Simón Bolívar, la obligación contenida en el art. 2 de la indicada resolución normativa que obliga a los Agentes de Retención a consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa y presentar la información conforme a lo establecido en el artículo 4 de la citada RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005.


El art. 22 del Código Tributario estipula: “Es sujeto pasivo el contribuyente o sustito del mismo, quien conforme dispone este Código y las Leyes”, a su vez el art. 25 de la referida Ley señala: “Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales de acuerdo a las siguientes reglas: 2)Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley…(…)”.


De lo precedentemente expuesto, se colige que el ente fiscalizador al sancionar  por contravención Tributaria a la Universidad Andina Simón Bolívar, emerge la importancia del desconocimiento del Convenio de Sede, que radica en que se le atribuye la condición de “Agente de Retención”, sin tomar en cuenta que  a la hora de su intervención en la recaudación del impuesto ante el SIN  de  sus empleados, la Universidad Andina se constituiría en  sujeto pasivo o sustituto al ser acreedor de un abono, recibido por el pago de los sueldos, honorarios, comisiones, dividendos o cualesquiera de otro tipo de remuneraciones gravadas con el impuesto de sus empleados. Además se tendrá presente que del cumplimiento o inobservancia de esta obligación, se tipifica como una “obligación de hacer”, que derivan en diferentes situaciones de responsabilidad tributaria; en razón que efectuada la retención, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo (contribuyente) por dicho importe. Consecuentemente la Universidad Andina Simón Bolívar no puede constituirse en sustituto del Contribuyente  y de Agente de Retención, menos atribuirle responsabilidad tributaria, en razón de que su responsabilidad sería solidaria por el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra la Universidad Andina e incluso sería responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen, lo cual sería desconocer lo suscrito en el Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios.


De lo expuesto, se concluye que la Universidad Andina Simón Bolívar no puede adquirir la calidad de “sujeto pasivo o sustituto del mismo o como Agente de Retención”, sustituyendo a terceras personas, lo cual significaría atribuirle obligaciones tributarias materiales y formales de los mismos.


Sin embargo el art. 19 de la Ley 843, creó un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores; complementa indicando que constituyen ingresos cualquiera fuere su denominación o forma de pago, en ese sentido, está claro que quienes perciben ingresos como retribución de su desempeño laboral se encuentran sujetos al RC-IVA, en los términos que la Ley y su reglamento establecen. Consecuentemente la Universidad Andina Simón Bolívar al efectuar actividades de Organismos Oficiales de Cooperación Internacional y ser una institución exenta por Convenio Internacional contrata personal local, por lo que corresponderá la aplicación del art. 2 del DS N° 21531 de 27 de febrero de 1987-Reglamento del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, que dispone que el personal contratado localmente ya sea por misiones diplomáticas acreditados en el país, organismos internacionales, gobiernos extranjeros o instituciones oficiales extranjeras, son sujetos pasivos de  este impuesto y a este efecto se les considera contribuyentes independientes. Consecuentemente, liquidan y pagan el impuesto de acuerdo con el procedimiento descrito en el art. 9º del indicado Reglamento; es decir, en forma trimestral y mediante presentación de sus declaraciones juradas dentro de los veinte días siguientes al de la finalización del trimestre que corresponda.


Por lo tanto, no corresponde a la Universidad Andina Simón Bolívar ejercer la condición de sustituto de Agente de Retención, por no tener la obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” y menos ser sancionado con la aplicación del art. 162 de la Ley Nº 2492 y el núm. 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto, resolución última que prevé la sanción de 5.000 UFVs.


Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia verificando los actos administrativos sobre los que ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, concluye que corresponde confirmar las resoluciones de recurso jerárquico.


Consecuentemente, esta Sala Plena no encuentra vulneración a norma expresa que amerite dejar sin efecto la resolución impugnada en la presente acción contencioso-administrativa, correspondiendo desestimar la pretensión deducida por la Administración Tributaria.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 21 a 25, interpuesta por la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Chuquisaca, declarándose firme y subsistente la Resolución  de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0379/2009 de 28 de octubre de 2009, pronunciada por la Autoridad de Impugnación Tributaria.


No suscriben los Magistrados Jorge Isaac von Borries Méndez y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano por emitir votos disidentes.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena